La guerra del Estado colombiano contra los grupos ilegales se libra ahora desde el aire, aunque de manera asimétrica. Mientras los delincuentes emplean masivamente drones baratos cargados con explosivos —con los cuales causan graves daños indiscriminados, porque, así como afectan a la fuerza pública también perjudican con macabro énfasis a la población civil—, las Fuerzas Armadas están incrementando los bombardeos con aviones cuyos costos de operación resultan gravosos. La situación está reclamando la entrada en operación de los drones MQ-9A Reaper que llegaron al país a finales de octubre.
(Le interesa: ¿Qué clase de objetivo es un peaje dentro del cual y en torno al cual solo hay civiles?)
Si bien el Ejército de Colombia anunció hace un año que pondría en funcionamiento su primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), para atacar y defenderse de los grupos armados ilegales que utilizan esta tecnología, los registros parecieran mostrar una ventaja para los ilegales: desde el primer ataque de este tipo, que se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán (Putumayo), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha reportado un incremento en ese tipo de acciones: 119 ataques en el año 2024, un registro que subió a 277 en el l2025, y a 351 hasta el 2 de noviembre de 2026.
Previsible cambio radical en correlación de fuerzas
Frente a esos reportes, las naves del Ejército, basadas en Tolemaida, dotadas de tecnología como inteligencia artificial y capaces de atacar desde el aire a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, no parecen mostrar resultados que permitan inclinar la balanza a favor del Estado. Las fuerzas oficiales también utilizan sistemas portátiles de guerra electrónica e inhibidores (como el fusil antidrones SkyWiper y pistolas electromagnéticas). Pero las acciones aéreas más determinantes contra los grupos ilegales siguen a cargo de los aviones que bombardean áreas campamentarias, como los Super Tucano y los Kfir.
En ese contexto, el país sigue esperando la entrada en acción de los tres drones MQ-9A Reaper prestados por Estados Unidos. Aunque esas aeronaves son empleadas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) contra organizaciones armadas ilegales y redes de narcotráfico, también se les conoce en algunos contextos como ‘ángeles de la muerte’ por el tipo de armas que portan. Cuando ese poderoso conjunto de capacidades quede dispuesto en los cielos colombianos, quizá la historia de la lucha contra la delincuencia organizada comience ahora sí a cambiar.
Las tres aeronaves llegaron desarmadas al fuerte de Tolemaida, en donde están siendo ensambladas y sometidas a procedimientos de verificación técnica, instalación y preparación para el servicio e incorporación progresiva a las operaciones, asegura el portal especializado Defensa.com. “El proceso inicial será determinante. Antes de declarar plenamente operativos los Reaper, Colombia deberá asegurar personal especializado, mantenimiento, enlaces de comunicaciones, procedimientos de mando y control, y una doctrina clara para convertir los datos recogidos en decisiones efectivas”, añade. Por eso, la cooperación con Estados Unidos facilitará esa transición.
Los reportes indican que, en una primera etapa, las aeronaves podrían ser controladas desde territorio estadounidense, mientras las tripulaciones colombianas reciben instrucción y el país desarrolla su capacidad operativa. Ya en el curso de las operaciones, los MQ-9A Reaper podrán participar en misiones prolongadas de vigilancia, empleando sus sensores electroópticos e infrarrojos, radares y sistemas de comunicaciones que permiten detectar, seguir y caracterizar objetivos desde gran altitud.
Defensa.com considera que, para Colombia, esa capacidad puede transformar la forma en que se enfrentan el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la presencia de grupos armados organizados. En otras palabras, es previsible un cambio radical en la correlación de fuerzas. “En lugar de depender exclusivamente de patrullas terrestres, aeronaves tripuladas o informaciones fragmentadas, las Fuerzas Militares podrán contar con una imagen más continua y precisa de los corredores y zonas de interés”, asegura.
No se trata únicamente de transferir equipo
“El valor principal estará en la anticipación”, sostiene, y explica que un sistema MQ-9A puede observar movimientos de embarcaciones, vehículos, pistas clandestinas, campamentos o rutas logísticas durante largos períodos. Esa información permite orientar mejor las operaciones, reducir riesgos para las tropas y aumentar la probabilidad de intervenir en el momento adecuado. Y remarca que, aunque el MQ-9A es conocido internacionalmente por su capacidad de llevar armamento, la información disponible sobre la entrega a Colombia indica que las aeronaves serán destinadas a labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Según ese medio, la utilidad inmediata para Colombia de los MQ-9A no radica en una capacidad ofensiva, sino en la posibilidad de construir una mejor comprensión del entorno operacional: quién se mueve, por dónde, cuándo y con qué apoyo logístico. “En un país con geografía compleja, selvas extensas, fronteras porosas y actores ilegales que aprovechan la cobertura territorial, la vigilancia persistente es una ventaja sustancial”, sostiene.
“El Reaper podrá apoyar la identificación de corredores de narcotráfico, el seguimiento de estructuras criminales y la detección temprana de actividades ilegales. También podrá contribuir a proteger comunidades, infraestructura crítica y fuerzas públicas al anticipar amenazas antes de que se materialicen”.
Advierte, eso sí, que no se trata únicamente de transferir equipo: implica compartir estándares operativos, entrenamiento, mantenimiento y procedimientos de inteligencia. Eso hace ver todavía un poco lejos la entrada en acción de esos portentos tecnológicos.
“El Reaper será tan valioso como la estructura que lo respalde. Colombia deberá integrar la información generada por los drones con sus unidades terrestres, navales, policiales y de inteligencia”, insiste Defebnsa.com. “La clave no será solamente ver más, sino decidir mejor y actuar con mayor precisión. Eso exige analistas capacitados, enlaces seguros, protocolos de empleo de la fuerza y mecanismos para proteger la información sensible. También requiere mantener la aeronavegabilidad, disponibilidad y sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo, especialmente si Colombia decidiera incorporarlos definitivamente”.
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