En los conflictos armados internacionales y en los no internacionales, los objetivos militares, en lo que respecta a los bienes, se limitan a los que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida. Eso dice el Derecho Internacional Humanitario (DIH), una definición frente a la cual cabe preguntarse si un peaje cumple semejantes condiciones tan precisas.
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Un peaje como el de El Mango (también conocido como peaje de El Bordo), situado en la vía Panamericana entre los municipios de La Sierra y Patía (Cauca), atacado este lunes festivo, a las 6:00 de la mañana, con el uso de un carro bomba. La brutal explosión desintegró el vehículo, destruyó la caseta civil de cobro, lo mismo que 20 viviendas de civiles, y dejó heridas a tres personas civiles. A 200 metros, los atacantes dejaron abandonado un cilindro bomba con un cable para detonar.
Para dar una apariencia de cumplimiento del DIH en cuanto al principio de precaución, y en general para mostrar algún vestigio de ‘humanidad’, los señalados atacantes, miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Mordisco’, habrían intentado despejar previamente el sitio, ubicado en la vereda La Depresión, para evitarles daños a las personas que podrían resultar afectadas. Después activaron los explosivos.
El principal objetivo del ataque fue causar terror
Pero el alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, explicó que el sector es mucho más que un peaje. “Es un centro de comercio”, dijo en Noticias Caracol, y luego explicó que su concepto se refleja “en los restaurantes, en las personas que venden la gaseosa, el agua. Hoy, con la afectación total, [para] la gente que vivía de ese comercio va a haber tragedia económica en sus familias”.
El mandatario local demuestra que los atacantes violaron flagrantemente el otro principio que se debe tener en cuenta en este tipo de acciones: el de proporcionalidad, según el cual está prohibido lanzar un ataque si se prevé que causará muertes de civiles, heridos o daños a bienes civiles que sean excesivos en comparación con la ventaja militar concreta que se espera obtener. Uno de los ejemplos que usa el DIH es el de bombardear una red de comunicaciones que colapse los hospitales civiles solo para cortar el teléfono a un cuartel menor. Eso lo califica de ilegal.
El DIH admite que en muchos manuales militares se afirma que la presencia de personas civiles en el interior o cerca de los objetivos militares no hace que esos objetivos sean inmunes al ataque. Pero es perfectamente claro en qué tipo de instalaciones se trata. Para eso, pone el ejemplo de los civiles que trabajan en una fábrica de municiones, que pueden ser víctimas de un ataque a ese objetivo militar, pero que no son combatientes. Los ataques siguen estando sujetos al principio de proporcionalidad y al requisito de tomar precauciones.
También advierte que, en la práctica de los Estados, suelen citarse, como ejemplo de objetivos militares, los establecimientos, edificios y posiciones que albergan a combatientes enemigos, su material y armamento, así como medios de transporte y comunicación militares, o instalaciones de doble uso, como los medios civiles de transporte y comunicación que pueden utilizarse con fines militares, y hasta objetivos económicos que respalden eficazmente las operaciones militares, siempre y cuando su ataque ofrezca una ventaja militar definida.
De ninguna manera el peaje de El Mango encaja en alguna de esas opciones. La figura ensangrentada de una mujer que llegaba a su puesto de trabajo y resultó herida resume el objetivo de la acción de la estructura encabezada por José Esteban Méndez, alias ‘Felery Ríos’. Y el alcalde de La Sierra volvió a definirlo con precisión: “La comunidad de La Depresión se encuentra con miedo, con zozobra”. Ese es el propósito primario: causar terror. No se perseguía ninguna ventaja militar, lo que le quita cualquier vestigio de legitimidad a ese ataque.
El verdadero mensaje del ataque a El Mango
Desde el primer día de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado, proteger a la población, combatir las economías ilícitas y enfrentar a las organizaciones que recurren al terrorismo y a la violencia para imponer su poder. El ataque contra El Mango está dirigido contra todas y cada una de esas órdenes. El propósito no son las unidades de la Vigesimonovena Brigada del Ejército, basada en Popayán, bajo cuya jurisdicción está el peaje, ni, en últimas, de la Tercera División, basada en Cali.
La acción, terrorista por definición, como todas las demás de su índole que soporta Colombia, busca revertir la sensación de seguridad, control e iniciativa que está construyendo el Gobierno de De la Espriella; impedir que se consoliden los resultados de una política que le da prioridad a la seguridad, a partir de la cual se pueden desarrollar una paz sostenible, la justicia y el progreso en general. Los grupos armados también buscan demostrar que, mientras ellos existan, el Estado no podrá cumplir su responsabilidad constitucional de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional, en el marco del respeto a la ley y a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Otro mandato constitucional que luce imposible de cumplir por parte del Estado con atentados como el perpetrado contra el peaje de El Mango es el de proteger la vida, la libertad y el bienestar de los colombianos. Los muertos y los heridos civiles, y las instalaciones civiles destruidas envían ese mensaje. Por eso, los grupos armados desconocen la primera norma del DIH relativa a los ataques violentos según la cual el objetivo previsto debe ser un objetivo militar. Si bien un objetivo militar es el objetivo, según normas adicionales, el ataque puede, no obstante, volverse ilegal si se prevén daños colaterales excesivos que afecten a civiles o bienes civiles.
No es una ventaja militar frente al Estado la que se busca con este tipo de ataques, ejecutados en puntos vulnerables. Su propósito es, primero, sembrar terror para recordarles a las comunidades quién impone las condiciones. Después, dar la sensación de que el Estado no puede cumplir con sus fines y propósito. El reto para el Gobierno Nacional es complejo, pero ya ha mostrado resultados en apenas dos meses. Las acciones de este tipo allanan el camino también para que avance el proyecto de Estatuto Antiterrorista que está por comenzar su trámite en el Congreso.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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