El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella propuso modificar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia para que deje de hacer seguimiento internacional a la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016.
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La propuesta fue presentada este lunes 12 de octubre por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante la sesión en la que se expuso el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.
Aunque el Gobierno manifestó que respalda la continuidad de la misión, planteó concentrar su trabajo en dos componentes: la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y las garantías de seguridad para los firmantes de paz y las comunidades.
“Quiero ser claro en relación con lo que nos reúne hoy: el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Nuestro compromiso permanece intacto”, afirmó Bula.
La propuesta deberá ser evaluada por el Consejo de Seguridad, organismo encargado de decidir si prorroga el mandato y bajo qué condiciones. La vigencia actual termina el 31 de octubre de 2026.
¿Por qué el Gobierno quiere excluir la reforma rural de la misión de la ONU?
Durante su intervención, Bula argumentó que la reforma rural integral tiene características diferentes de los compromisos relacionados con la reincorporación y las garantías de seguridad de los antiguos integrantes de las Farc.
Según el canciller, se trata de una política pública estructural y de largo plazo, cuya ejecución debe quedar integrada en las instituciones permanentes del Estado colombiano.
“La Reforma Rural Integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la Misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo”, señaló.
El canciller agregó que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado.
El Gobierno sostiene que Colombia cuenta con los instrumentos normativos e institucionales necesarios para continuar con las políticas de acceso a tierras y desarrollo productivo, incluso si la misión internacional deja de verificar ese componente.
Bula también aclaró que la propuesta no pretende modificar unilateralmente las resoluciones de Naciones Unidas ni desconocer las obligaciones del Estado derivadas del Acuerdo de Paz.
¿Qué seguiría verificando la Misión de la ONU en Colombia?
La propuesta del Gobierno es mantener el seguimiento internacional a dos componentes del Acuerdo de Paz de 2016.
El primero es la reincorporación política, económica y social de los antiguos integrantes de las Farc, relacionada con su transición a la vida civil. El segundo corresponde a las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo, sus familias y las comunidades y organizaciones presentes en los territorios.
La reforma rural integral fue incorporada al mandato de la misión en 2023. Entre los asuntos que abarca están el acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales para la reforma rural.
Por ahora, estos componentes continúan bajo el mandato vigente. La eventual exclusión de la reforma rural dependerá de la decisión que adopte el Consejo de Seguridad.
¿Cuándo se decidirá la prórroga de la misión de la ONU?
El Consejo de Seguridad deberá definir la continuidad y el alcance del mandato antes de que termine su vigencia actual, el 31 de octubre de 2026.
La intervención de Bula marca la posición que el Gobierno de De la Espriella lleva a esa discusión: mantener la verificación internacional en asuntos de reincorporación y seguridad, pero trasladar el seguimiento de la reforma rural a la institucionalidad colombiana.
La decisión no depende exclusivamente de Colombia. El Consejo de Seguridad deberá examinar la propuesta y determinar si la incorpora a la resolución que establezca las condiciones del nuevo mandato.
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