El modelo de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que fue suspendido por el Ministerio de Transporte, contemplaba un aumento de hasta $800.000 en el costo para obtener la licencia de conducción.
De haberse implementado bajo las condiciones previstas, el trámite habría pasado de cerca de $1,4 millones a unos $2,2 millones, debido a las tarifas de los nuevos exámenes, aportes, impuestos y otros cobros.
El examen teórico estaba fijado en aproximadamente $108.589, mientras que la prueba práctica para una licencia de carro particular, categoría B1, tendría un costo de entre $502.512 y $582.221. Las tarifas se establecían en Unidades de Valor Básico (UVB), por lo que estaban sujetas a incrementos anuales.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte suspendió durante tres meses la entrada en operación de los CALE mediante la Circular 0317, firmada el 28 de agosto por la ministra Elsa Noguera. La decisión se produjo apenas 17 días antes de que el nuevo sistema se volviera obligatorio.
Durante este periodo, el Gobierno revisará la estructura de los centros, la legalidad del contrato firmado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la pertinencia de los cobros previstos.
El Ministerio señaló que busca determinar si las nuevas tarifas eran necesarias y si realmente contribuirían a mejorar la seguridad vial.
El contrato interadministrativo CI-760-2025 fue firmado el 31 de diciembre de 2025 y tenía una vigencia de 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2045.
Aunque fue registrado por cero pesos y no contemplaba transferencias presupuestales del Ministerio a la UNAD, la universidad recibiría los ingresos provenientes de las tarifas pagadas por los aspirantes.
Según el Ministerio, el esquema podía movilizar cerca de $20 billones durante las dos décadas. La UNAD quedó como operador principal después de un proceso en el que diez instituciones manifestaron interés.
Varias fueron descartadas por no cumplir requisitos como cobertura nacional, mientras que la UNAD fue seleccionada por contar con 73 sedes en 29 departamentos y una cobertura estimada del 98 % del territorio.
El proceso también generó cuestionamientos. La Universidad Surcolombiana anunció una acción de tutela para solicitar la revocatoria del contrato y que la operación pudiera abrirse a otras instituciones. Ahora, con la suspensión, el Gobierno deberá definir si mantiene, modifica o replantea el modelo de los CALE.
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