El Consejo de Estado dejó en firme la decisión que anuló el decreto mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro designó a la primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial ante el Vaticano. Con esta determinación, la alta corporación ratificó el fallo emitido en abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había considerado ilegal ese nombramiento.
En el expediente judicial ya aparece la anotación de que se confirmó la nulidad del decreto, aunque hasta el momento no se conocen los argumentos completos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, debido a que la providencia aún no ha sido publicada con las firmas de los magistrados. La decisión pone fin al proceso que cuestionaba la legalidad de la designación de Alcocer para asistir a una audiencia con el papa Francisco.
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La demanda fue presentada por el abogado Harold Sua, quien sostuvo que el nombramiento vulneró el artículo 126 de la Constitución Política. Esa norma prohíbe que los servidores públicos designen en cargos oficiales a personas con quienes tengan vínculo por matrimonio o unión permanente, argumento que también fue respaldado en su momento por la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público concluyó que el presidente Gustavo Petro infringió esa disposición constitucional al nombrar a su compañera permanente como embajadora en misión especial. En contraste, el Departamento Administrativo de la Presidencia defendió la legalidad del decreto, señalando que la Constitución le otorga al jefe de Estado la dirección de las relaciones internacionales y que este tipo de designaciones son temporales y específicas.
El Tribunal de Cundinamarca ya había advertido que el decreto desconocía la prohibición constitucional y también cuestionó la amplitud de las funciones asignadas a la primera dama. Según esa decisión, el texto permitía que desarrollara actividades que ella misma “estimara convenientes”, una expresión que, a juicio de los magistrados, vulneraba el principio de legalidad al no definir con claridad el alcance de sus funciones públicas.
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El caso también tuvo repercusiones internacionales. Durante esos viajes oficiales, Verónica Alcocer recibió el estatus de embajadora en misión especial y estuvo acompañada por una amplia comitiva. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mencionó este antecedente al incluirla en la denominada lista Clinton, recordando que un tribunal colombiano había anulado su nombramiento por considerar que contrariaba el artículo 126 de la Constitución.
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