Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 24, 2026 - 9:11 am
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La reciente controversia en medios nacionales sobre la negativa de un padre a firmar el permiso de salida del país para su hijo, puso nuevamente en discusión la importancia del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). Este documento adquiere cada vez mayor relevancia dentro de los requisitos legales y administrativos en Colombia, especialmente en casos de viajes internacionales de menores, ya que, según informa El Diario, es este registro el que permite la salida de los niños y niñas sin consentimiento del progenitor que incurre en el incumplimiento de cuotas alimentarias, siempre y cuando se haya cumplido el debido proceso.

De acuerdo con la Ley 2097 de 2021, vigente desde hace cinco años, el Redam comenzó a operar con más fuerza hace poco más de dos años, otorgando consecuencias jurídicas directas para los padres o madres que no cumplen con sus obligaciones de manutención. Entre estas consecuencias, destaca la pérdida de potestad para oponerse a la salida del país de los hijos. El certificado es expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). De esta manera, el padre o madre que tiene la custodia puede solicitar a las autoridades migratorias el permiso de salida, incluso sin el consentimiento del deudor alimentario, tras la certificación oficial.

Según el abogado Emmanuel Calle Restrepo, especializado en Derecho de Familia, para que una persona pase a estar inscrita en el Redam, debe presentar un incumplimiento acumulado de al menos tres meses en los pagos de la cuota alimentaria, sean continuos o alternos. El proceso requiere que el afectado solicite la inscripción ante un juez o defensor de familia, quien citará al presunto deudor para que ejerza su defensa. Si se verifica el incumplimiento, se emite una resolución administrativa o judicial que autoriza el registro en el Redam.

La inscripción en el Redam desencadena restricciones como la inhabilidad para contratar con entidades estatales y trabas notariales en trámites de compraventa o enajenación de bienes. También afecta la vida financiera del deudor alimentario, ya que su condición es reportada a centrales de información crediticia, limitando el acceso a créditos bancarios. Incluso en situaciones donde el deudor no tiene bienes embargables o ingresos formales, el registro sigue siendo un mecanismo útil para presionar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Finalmente, el abogado Calle Restrepo explica que el tope máximo legal para fijar cuotas alimentarias es del 50 % del salario del obligado, que debe distribuirse entre todos sus hijos, garantizando un mínimo vital para su propia subsistencia. Cuando el incumplimiento responde a mala fe y capacidad económica comprobada, la Fiscalía General de la Nación puede investigar y sancionar penalmente el delito de Inasistencia Alimentaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Redam y cómo afecta la salida del país de menores en Colombia?

El Redam, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, es un certificado expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que indica si uno de los padres ha incumplido con la cuota alimentaria durante al menos tres meses. Si un progenitor figura en esta lista, pierde el derecho a impedir la salida del país de sus hijos, permitiendo que el padre o madre custodio pueda gestionar el permiso ante las autoridades migratorias sin requerir su consentimiento, siempre y cuando exista respaldo judicial o administrativo del incumplimiento.

¿Cuáles son las consecuencias legales de figurar como deudor alimentario en el Redam?

Quienes son inscritos en el Redam enfrentan varias limitaciones legales: no pueden contratar con el Estado, tienen restringidos trámites notariales como compraventa de bienes y ven afectado su historial financiero, ya que se reporta la condición de moroso a las centrales crediticias. Además, en casos de incumplimiento por mala fe y capacidad de pago, el proceso puede ser investigado penalmente como Inasistencia Alimentaria por la Fiscalía General de la Nación.


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