Petro, de luchador contra corruptos a presidente de uno de los gobiernos más corruptos de la historia
El primer Gobierno de izquierda en la historia de Colombia dejó varias personas en la cárcel, investigaciones por dinero y tráfico de influencias y más.
Durante buena parte de su carrera política, Gustavo Petro construyó su imagen alrededor de una bandera: la lucha contra la corrupción. Desde sus años como congresista, el saliente presidente convirtió las denuncias contra la clase política tradicional, la contratación irregular y la captura del Estado por intereses particulares en uno de los ejes de su discurso.
Como senador, Petro protagonizó algunos de los debates más duros contra sectores políticos señalados por sus vínculos con grupos ilegales y por el manejo de recursos públicos. Su mensaje era que Colombia no solo tenía funcionarios corruptos, sino un sistema diseñado para favorecer a unos pocos. Esa idea fue una de las bases con las que llegó a la Presidencia en 2022.
Durante la campaña presidencial prometió una ruptura con ese pasado. “Voy a derrocar el régimen de la corrupción”, repetía en plazas públicas y debates. Aseguraba que su Gobierno tendría “cero tolerancia” frente a ese fenómeno y que nadie estaría por encima de la ley, incluso si se trataba de personas cercanas a él.
El mensaje volvió a aparecer el día de su posesión. Frente al país, Petro pronunció una de sus frases más recordadas: “Ni familia, ni amigos, ni compañeros ni colaboradores estarán por encima de la ley“. También prometió recuperar los recursos públicos perdidos y convertir la transparencia en una prioridad de su administración.
Pero el Gobierno que llegó con esa promesa terminó marcado por una serie de escándalos que pusieron bajo la lupa precisamente a personas de su entorno político, familiar y administrativo. Aunque muchas investigaciones siguen abiertas y no todos los casos han terminado en decisiones judiciales definitivas, el impacto político fue evidente: la principal bandera con la que Petro construyó su carrera terminó enfrentando su mayor prueba desde el poder.
El caso que más golpeó al Gobierno fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lo que comenzó con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a comunidades de La Guajira terminó convertido en una investigación por presuntos sobrecostos, pagos irregulares y una posible red de corrupción que habría utilizado recursos públicos para obtener apoyos políticos en el Congreso.
El escándalo involucró a funcionarios de alto nivel como Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones; y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI. También alcanzó a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Para un Gobierno que había prometido acabar con las viejas prácticas políticas, que uno de sus principales escándalos involucrara la relación entre contratos públicos y favores políticos representó un duro golpe.
La crisis llegó incluso a la familia presidencial con el caso de Nicolás Petro. La investigación comenzó tras las denuncias de Day Vásquez, quien aseguró que Nicolás habría recibido dinero de empresarios y personas cuestionadas durante la campaña presidencial de 2022. Dentro del expediente aparecieron cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos y nombres como Alfonso “El Turco” Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”.
El episodio obligó a Petro a pronunciarse sobre su propio hijo. En medio de la controversia, el presidente lanzó una de las frases más recordadas de su mandato: “yo no lo crié”, una declaración que generó críticas porque algunos sectores interpretaron que buscaba marcar distancia frente a las actuaciones de Nicolás Petro.
Los cuestionamientos también alcanzaron a funcionarios que fueron considerados parte del círculo más cercano del presidente. Laura Sarabia protagonizó uno de los primeros grandes escándalos del Gobierno después de que se conociera que su exempleada Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de dinero en su residencia y posteriormente se revelaran interceptaciones ilegales.
Aunque Petro inicialmente defendió a Sarabia, ella salió temporalmente del Gobierno y luego regresó a ocupar cargos de máxima confianza, incluso la Cancillería.
Meses después, unos audios de Armando Benedetti con Sarabia abrieron otro frente de crisis. En las grabaciones, Benedetti aseguró que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial y lanzó advertencias sobre información que decía conocer sobre el manejo de esos recursos. Sus palabras generaron dudas sobre la financiación electoral, aunque posteriormente negó que sus declaraciones implicaran la existencia de dineros ilegales.
La campaña presidencial también quedó bajo escrutinio por el papel de Ricardo Roa, quien fue su gerente y posteriormente llegó a la presidencia de Ecopetrol. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación por posibles irregularidades en la financiación electoral y durante su gestión en la empresa estatal surgieron otros cuestionamientos. A pesar de las investigaciones y señalamientos, Petro defendió su permanencia en el cargo hasta los últimos meses de Gobierno.
Otro episodio que puso en discusión la financiación política fue el caso de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado por las autoridades como un presunto articulador de redes de contrabando. La controversia surgió por la denuncia de que habría intentado entregar 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente a través del empresario catalán Xavier Vendrell.
Petro aseguró que ordenó devolver ese dinero cuando conoció su origen y sostuvo que Marín nunca logró infiltrar su campaña. Sin embargo, el caso abrió una disputa interna entre Augusto Rodríguez, uno de sus hombres más cercanos, y Armando Benedetti, además de nuevas preguntas sobre quiénes tuvieron acceso al proyecto político antes de llegar al poder.
El entorno personal del presidente también quedó bajo cuestionamientos. Verónica Alcocer fue objeto de críticas por su influencia política pese a no tener un cargo oficial y por denuncias relacionadas con personas cercanas a ella. Su hijo adoptivo Nicolás Alcocer fue mencionado en una denuncia por presuntas irregularidades en la hidroeléctrica Urrá, junto con Ricardo Roa, aunque ambos negaron las acusaciones y no existe una decisión judicial que determine responsabilidades.
También surgieron cuestionamientos sobre Vanessa Cortés Carmona, la mujer que fue vista junto a Petro durante un viaje a Panamá y cuyo crecimiento patrimonial fue objeto de investigaciones periodísticas. El caso generó preguntas sobre la cercanía de personas sin cargos oficiales con el presidente, aunque no existe una decisión judicial que establezca enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias.
En la recta final del Gobierno, la crisis llegó desde dentro de la propia administración. Angie Rodríguez, una funcionaria cercana al presidente, denunció presuntas irregularidades y cuestionó decisiones relacionadas con recursos públicos, convirtiéndose en una de las voces más críticas del cierre del mandato. Casi al mismo tiempo, nombres como los de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz salían a la luz. Ellas, según fuentes del Gobierno, fueron acusadas de ejercer mucho poder al interior de diferentes entidades bajo la avenencia del presidente, quien, decían las mismas fuentes, les dio autoridad para nombrar personas en cargos públicos. Unos chats filtrados de Guerrero son la prueba más fuerte que hay contra ellos.
Al final, los casos no tuvieron todos el mismo desenlace: algunos llevaron a capturas, condenas o confesiones; otros permanecen en investigación. Pero políticamente dejaron una marca difícil de borrar.
Gustavo Petro llegó a la Presidencia después de construir durante décadas un discurso contra la corrupción y prometiendo que su Gobierno sería diferente a los anteriores. Sin embargo, terminó enfrentando una cadena de escándalos que involucraron a funcionarios, aliados, familiares y personas cercanas a su proyecto político.
La promesa de acabar con “el régimen de la corrupción” terminó siendo una de las mayores contradicciones de su Gobierno: una bandera que lo llevó al poder, pero que durante su mandato quedó cuestionada por los mismos hechos que durante años denunció desde la oposición.
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