Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, uno de los temas que más marcó la agenda laboral fue el aumento sostenido del salario mínimo y la implementación de cambios que fortalecieron los derechos de los trabajadores.
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Entre 2023 y 2026, el Ejecutivo impulsó incrementos superiores al promedio histórico, argumentando que era necesario recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y mejorar las condiciones de millones de empleados que devengan el salario mínimo. Al cierre del mandato, el 7 de agosto de 2026, este será uno de los principales legados económicos y sociales de la administración.
El salario mínimo pasó de $1.160.000 en 2023 a $1.300.000 en 2024; luego, a $1.423.500 en 2025; y finalmente, a $1.750.905 en 2026, equivalente a $2 millones mensuales incluyendo el auxilio de transporte. Los incrementos fueron de 16 %, 12,07 %, 9,54 % y 23 %, respectivamente, siendo este último el mayor aumento en más de tres décadas.
Para el Gobierno, estos ajustes representaron una política de redistribución del ingreso y un mecanismo para estimular el consumo interno. Petro defendió que un mayor ingreso para los trabajadores dinamizaría la economía, impulsaría el comercio y reduciría las brechas sociales. Además, sostuvo que el crecimiento de los salarios debía superar la inflación para garantizar una mejora real en la calidad de vida de los hogares.
Sin embargo, la estrategia también generó fuertes críticas. Gremios empresariales, analistas y centros de investigación advirtieron que aumentos tan elevados incrementaban los costos laborales, especialmente para pequeñas y medianas empresas, lo que podría traducirse en menor contratación formal, mayores niveles de informalidad y presiones sobre la inflación. También señalaron que muchas prestaciones, aportes y multas están indexadas al salario mínimo, por lo que cada incremento tenía efectos sobre numerosos costos de la economía.
Los cambios para los trabajadores no se limitaron al salario. Durante el cuatrienio avanzó la reducción gradual —que ya se había aprobado desde antes de que Petro llegara a la Casa de Nariño— de la jornada laboral hasta llegar a 42 horas semanales en julio de 2026, sin reducción salarial. Lo que sí cambió fue producto de la reforma laboral: elevó progresivamente el recargo por trabajo dominical y festivo, que alcanzó el 90 % desde julio de 2026 y llegará al 100 % en 2027, fortaleciendo la remuneración por estas jornadas.
En balance, el gobierno de Gustavo Petro termina con un mercado laboral que ofrece mayores ingresos y mejores beneficios para quienes conservan un empleo formal, pero también deja abierto el debate sobre la sostenibilidad de estas medidas. Hasta el momento, los efectos no han sido visibles en la economía nacional, aunque sí se han dado a conocer casos de despidos de empleados en empresas que tuvieron que ajustar su nómina para poder responder a estas nuevas obligaciones.
Mientras el Ejecutivo defendió que los incrementos mejoraron el bienestar de millones de trabajadores, sus críticos sostienen que el reto para el próximo gobierno será mantener el poder adquisitivo sin afectar la competitividad empresarial, la generación de empleo y la formalización laboral.
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