El tenso ajedrez político que se desató en Colombia tras el estrecho margen de la segunda vuelta presidencial empieza a chocar contra la rigidez del calendario institucional. Luego de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encendiera las alarmas al anunciar una ofensiva jurídica orientada a la posible impugnación de 33.000 mesas de votación, la autoridad electoral fijó una postura técnica tajante. En una entrevista concedida a Blu Radio, con el periodista Néstor Morales, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Cristian Quiroz, envió un mensaje de tranquilidad al país, pero también de estricta advertencia legal a las campañas: el proceso de escrutinio avanza a paso firme y las ventanas de oportunidad para ciertos reclamos ya están completamente cerradas.
Las cifras presentadas por el jefe del tribunal electoral demuestran que la fase municipal del conteo está prácticamente liquidada, dejando un margen mínimo para la incertidumbre. Según detalló Quiroz, el escrutinio a cargo de jueces y notarios alcanza ya un histórico 99 % de ejecución en todo el territorio nacional. “En este momento ya están escrutadas 117.000 de las 119.000 mesas que había instaladas en Colombia; es decir, queda menos del 1% por escrutar”, precisó el magistrado, ponderando el rigor y la eficiencia con la que la organización electoral ha manejado las horas posteriores al cierre de las urnas.
Frente al masivo anuncio de reparos por parte de la izquierda, el presidente del CNE fue enfático en recordar la naturaleza preclusiva del sistema colombiano, un principio legal según el cual las etapas que se cierran no se pueden volver a abrir por mero deseo de los competidores. Quiroz explicó que el diseño institucional obliga a los testigos electorales a actuar en caliente. “El proceso electoral en Colombia tiene unas etapas preclusivas. Hay algunas reclamaciones que tienen que hacerse ahí en la mesa, porque si no, ya no se podrían atender”, sentenció de manera contundente, desactivando la posibilidad de una revisión masiva y extemporánea de los votos ya consolidados.
Para blindar la legitimidad del sistema frente a las presiones de lado y lado, el magistrado aclaró que el derecho a reclamar está rígidamente codificado y no depende del criterio de los equipos jurídicos. El procedimiento se rige estrictamente por el artículo 192 del Código Electoral, el cual estipula de forma taxativa cuáles son las únicas causales procedentes para abrir una mesa o corregir un dato, tales como errores aritméticos obvios, tachaduras, falta de firmas de los jurados de votación o inconsistencias graves donde los sufragios superen el censo electoral de la mesa. “No es un libre albedrío que tengan los abogados o los testigos; lo que se puede reclamar es taxativo”, argumentó Quiroz, insistiendo en que el sistema estuvo protegido durante todo el domingo por la presencia cruzada de veedores y jurados.
Con el escrutinio municipal al borde del cierre, el camino se desplaza ahora hacia las comisiones departamentales, una instancia que, según el presidente del CNE, sirve para el saneamiento final de los datos y requiere de un soporte probatorio impecable. A modo de precedente de transparencia, Quiroz recordó que durante las audiencias departamentales de la primera vuelta el saldo final fue de cero reclamaciones aceptadas. “Esas son las elecciones más vigiladas en la historia de nuestro país”, concluyó el funcionario, destacando que el equilibrio político está garantizado gracias a que el CNE cuenta con delegados de diversas corrientes ideológicas en cada rincón de la geografía nacional, asegurando que el veredicto final de las urnas sea incuestionable.
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