Luego de que se confirmara que los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá deberán subsidiar el alumbrado público, ahora vendría otro golpe para los estratos 5 y 6 con otro servicio crucial: el internet.
En Colombia, el acceso a internet no supera el 60 %, cifra muy por debajo del promedio de la Ocde, que alcanza el 80 %. Esta situación refleja una fuerte pobreza digital, estimada en 22 %, que limita las oportunidades de desarrollo, especialmente en familias vulnerables cuyos ingresos apenas cubren necesidades básicas.
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Para enfrentar esta desigualdad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) radicó un proyecto de ley que busca reconocer el internet fijo como un derecho fundamental y garantizar su acceso a los hogares más pobres.
La propuesta plantea que los estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas, paguen un 30 % adicional en sus facturas de internet fijo.
Con esos recursos se subsidiará el servicio en los hogares de estrato 1, priorizando a los que estén registrados en el Sisbén A, tengan energía eléctrica y estudiantes activos. Estos podrían recibir un subsidio de hasta 55 % del valor mensual, lo que permitiría una tarifa cercana a $35.000.
Aunque la medida aún debe ser debatida en el Congreso, ya genera polémica, pues los estratos altos ya financian subsidios en diversos servicios públicos. Además, se cuestiona la pertinencia del sistema de estratificación, que no siempre refleja la verdadera condición económica de los hogares.
Por qué se subsidian servicios públicos en Colombia
En Colombia existen subsidios para los servicios públicos domiciliarios porque el Estado busca garantizar que toda la población, en especial los hogares de menores ingresos, pueda acceder a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, gas natural y saneamiento. Estos servicios son considerados derechos esenciales, pues están directamente relacionados con la salud, la calidad de vida y la dignidad de las personas. Sin subsidios, millones de familias en estratos bajos no tendrían la capacidad económica para pagar las tarifas reales que cubren todos los costos de prestación, lo que generaría desigualdades más profundas.
El modelo colombiano funciona bajo el principio de solidaridad y redistribución. Esto significa que los hogares de estratos altos (5 y 6), junto con los sectores industriales y comerciales, pagan una contribución adicional en sus facturas, que luego se destina a subsidiar parcialmente el consumo de los estratos 1, 2 y 3. De esta manera, quienes tienen mayor capacidad económica ayudan a financiar el acceso de quienes tienen menos recursos. Este esquema no solo promueve la equidad social, sino que también fortalece la cohesión entre diferentes sectores de la sociedad.
Además, los subsidios permiten garantizar sostenibilidad en la prestación del servicio. Si los hogares más vulnerables no pudieran pagar, las empresas tendrían una cartera alta en mora y dificultades para operar, lo que afectaría la calidad y cobertura del sistema. Por eso, el subsidio funciona como un mecanismo que asegura ingresos estables a las compañías y, al mismo tiempo, protege a los usuarios vulnerables.
En conclusión, los subsidios a los servicios públicos en Colombia existen para equilibrar la balanza entre el costo real de los servicios y la capacidad de pago de los ciudadanos. Buscan reducir brechas de desigualdad, promover inclusión social y asegurar que todos los colombianos, sin importar su nivel de ingresos, puedan disfrutar de servicios esenciales para su bienestar.
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