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La nueva normativa obliga a las plataformas online a eliminar el contenido considerado dañino y a los usuarios a identificarse para acceder a contenido para adultos. Muchos usuarios la ven como una invasión de su privacidad. Washington dice que coarta la libertad de expresión.
“El otro día, al intentar entrar a una publicación de Facebook, me pidieron que adjuntara mi documento de identidad o que me identificara con una foto”, explica Ángela, una mujer de 53 años que reside en Londres. Entonces Ángela no sabía que había entrado en vigor la nueva ley de seguridad en línea británica que limita el contenido dañino en internet (como terrorismo, abuso sexual infantil, fraude, discurso de odio) y exige la identificación de los usuarios, especialmente ante contenido de pornografía o material relacionado con el suicidio, las autolesiones o los trastornos alimentarios. A Ángela le pedía el pasaporte o carnet de conducir o le ofrecía escanear su rostro con tecnología de reconocimiento facial para estimar su edad.
“Ni tan siquiera recuerdo en qué página de Facebook había entrado -prosigue Ángela-. Por supuesto no di ningún dato personal, bastante controlados nos tienen como para que ahora demos documentos de identidad para entrar a internet. Yo creo que es una excusa que han encontrado para controlarnos un poco más”.
Como Ángela, mucha gente sintió que era invasión de su privacidad. La ley fue implementada el pasado 25 de julio y desde entonces se ha disparado la contratación de servicios de VPN para no ser detectado en internet. “Entiendo que la gente no quiera dar sus datos para entrar a una página de porno”, añade Ángela, que tiene una hija y dice que no si su hija quiere ver porno lo verá igualmente”.
El principal argumento del gobierno para implementar la ley es proteger a los menores. “Ya sé que mis hijos verán porno si quieren, pero al menos esta ley permite que no sea tan fácil para ellos -confiesa Lizzy, madre de dos niños de doce y diez años-. Me preocupa que puedan acceder a todo tipo de contenido en la web”. Y Lizzy va más allá: “Creo que esta ley intenta poner límites a los mensajes de la ultraderecha y a la desinformación”.
Esta ley cambia por completo las reglas de juego y afecta también a las plataformas de contenido online obligándolas a limitar el contenido que se publica restringido por edad, o sea, las obliga a monitorizar constantemente lo que se publica y establecer mecanismos de verificación de los usuarios con multas para los infractores de 18 millones de libras (unos 23 millones de dólares) o el 10% de la facturación global de la empresa, lo que sea mayor. Algunas plataformas como Reddit y Bluesky ya han contratado servicios de terceros para realizar la verificación.
¿Competencias en el extranjero?
Pero la ley no se queda aquí, sino que traspasa fronteras. Tiene o puede tener una influencia global ya que incluye medidas para bloquear a los sitios web fuera de Reino Unido. El regulador británico (Ofcom) tiene la autoridad para obligar a terceros, como servicios de pago o tiendas de aplicaciones, a dejar de operar con estos sitios. Por ejemplo, si un sitio web con sede en Estados Unidos infringe esta ley, Ofcom tendría competencias allí. Esto ha provocado una confrontación con el gobierno de Trump y la Primera Enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
Una delegación de la Cámara de Representantes estadounidense viajó al Reino Unido la semana pasada para debatir el posible impacto de la ley en el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión y en las numerosas plataformas tecnológicas en Estados Unidos, que perciben la ley como un tipo de censura.
En Reino Unido, Nigel Farage el líder del partido populista y trumpista británico Reform, ha definido las nuevas reglas como una “supresión estatal de la auténtica libertad de expresión” y ha prometido que si gana las próximas elecciones (ahora mismo tiene mayoría en los sondeos) eliminará la ley.
“Yo nunca he votado ni votaré a la derecha ni a la extrema derecha, pero tienen razón, creo que esta ley entra en la intimidad de las casas y esto me da miedo”, concluye Ángela. La ley pretende redefinir los límites de internet y cuestiona si un país puede fijar los estándares de la libertad de expresión en la red más allá de sus límites territoriales.
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