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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registró un 5,10% al cierre de 2025, según datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este comportamiento ubica la inflación del país, por tercer año consecutivo bajo el mandato de Gustavo Petro, por encima del rango meta que establece el Banco de la República, que se sitúa en el 3%. Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la expectativa de los analistas consultados por el Banco de la República y Fedesarrollo, quienes proyectaban un 5,19%, refleja una tendencia general de moderación en el alza de precios.
Entre los factores que más influyeron en este incremento se encuentran los grupos de gasto ligados a restaurantes y hoteles, educación, salud, bebidas alcohólicas, tabaco y transporte. Contrario a estas presiones, algunos rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas, así como electricidad y otros combustibles, registraron aumentos inferiores al promedio nacional.
Al observar los rubros específicos que más variaciones presentaron en la canasta familiar, destacan la yuca y el café, cuyos precios aumentaron en 54,19% y 52,07% respectivamente. También se notaron alzas importantes en artículos en oro (28,58%), dulces y confites (28,03%), y concentrados para preparar refrescos (23,37%). En los servicios públicos domiciliarios se reportaron incrementos en el suministro de agua (6,95%), recogida de basuras (12,40%), alcantarillado (6,80%) y gas (8,60%), mientras que la electricidad sorprendió con una disminución de -2,53%.
A nivel regional, solo cuatro ciudades superaron el IPC nacional: Bucaramanga (5,78%), Pereira (5,77%), Bogotá (5,41%) y Popayán (5,25%). Por el contrario, ciudades de la costa Caribe como Valledupar, Santa Marta, Montería y Riohacha tuvieron los aumentos más bajos, situándose entre 3,49% y 4,06%. En Medellín, el aumento anual de precios fue del 5,06%, impulsado principalmente por los arrendamientos, las comidas fuera de casa y el transporte urbano, según destacó la directora del DANE, Piedad Urdinola. Entre los productos de menor incremento en la capital antioqueña figuran las papas, la carne de cerdo y el arroz.
Este dato de inflación no es simplemente una referencia estadística; impacta de forma directa el costo de vida de millones de colombianos, especialmente en materia de vivienda. De acuerdo con Corficolombiana, el 40,4% de los hogares en el país reside en arriendo, superando por primera vez al porcentaje de propietarios (20%). La Ley 820 de 2003 estipula que el ajuste anual de los arrendamientos está limitado al IPC del año anterior, por lo que, tras los resultados revelados por el DANE, los contratos de alquiler que cumplan su ciclo anual en 2026 podrán incrementarse hasta un 5,10%.
El aumento en la inflación también impacta a los pensionados. Más de dos millones de personas dependen del sistema pensional colombiano. Quienes reciben el salario mínimo verán un aumento del 23,7% según el ajuste aprobado por el Gobierno Nacional, mientras que aquellos con pensiones superiores a un salario mínimo recibirán un incremento exactamente igual al IPC, es decir, 5,10%. Además, otros servicios y productos, como los peajes vehiculares, tienden a ajustar sus tarifas en línea con la inflación, lo que repercute en costos directos para el transporte de carga y los viajes familiares.
¿Por qué es importante que el ajuste de los arriendos y pensiones esté vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC)?
La relación directa entre el IPC y ajustes en contratos de arriendo y pensiones garantiza que los incrementos reflejen la variación real del poder adquisitivo de los hogares. De esta forma, tanto arrendatarios como pensionados no ven desprotegidos sus ingresos ante el comportamiento de los precios, siempre y cuando la inflación no supere márgenes razonables. Por ejemplo, la ley colombiana busca evitar incrementos arbitrarios por parte de los arrendadores y asegurar que los jubilados mantengan su capacidad de compra en la economía actual.
Este mecanismo es relevante en contextos donde la inflación se aleja del rango esperado, ya que un incremento elevado podría traducirse en dificultades para cubrir los gastos básicos. Por ello, el monitoreo y la regulación de estos ajustes son clave para mantener el equilibrio social y económico, asegurando que los aumentos respondan a necesidades objetivas y no a discrecionalidades del mercado o de actores particulares.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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