La medida impactaría a cerca de 118.000 trabajadores que aprovecharon la ventana de oportunidad creada por la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro para cambiarse del régimen privado al público.
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Los recursos corresponden a afiliados de fondos como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia que, al estar a menos de 10 años de pensionarse (o en edad de jubilación) y cumplir con semanas mínimas cotizadas, decidieron trasladarse a Colpensiones.
Sin embargo, la Ley 2381 estableció que, aunque el afiliado pudiera cambiar de régimen, su ahorro debía seguir administrado por el fondo privado hasta que se consolidara la pensión integral de vejez. Es decir, el traslado no implicaba mover inmediatamente el dinero. El nuevo decreto cambiaría esa lógica: Colpensiones tendría acceso inmediato a esos recursos.
Asofondos rechaza plan para mover ahorros a Colpensiones
El primero en reaccionar fue Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), quien rechazó la iniciativa.
“Esos recursos deben ser ahorrados y trasladados solo a la edad de pensión al fondo de ahorro del Banco de la República. Trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que gobierno podrá utilizar para otros fines”, señaló.
Velasco fue más allá y advirtió que el decreto “busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”.
Desde el gremio hicieron un llamado al Ministerio de Trabajo para revisar la iniciativa, al considerar que modifica en la práctica lo aprobado por el Congreso.
El abogado Andrés Pérez Velasco, de la Corporación Excelencia por la Justicia, explicó en El Tiempo que obligar a un traslado inmediato de los recursos “podría interpretarse como un desbordamiento de las facultades del Gobierno, al alterar mediante un acto administrativo de inferior jerarquía (un decreto) el destino y la custodia de los recursos fijados por el legislador”.
El experto recordó que la reforma pensional sigue en estudio de la Corte Constitucional, por lo que introducir cambios vía decreto podría causar más incertidumbre jurídica.
Además, advirtió que, desde la óptica del derecho a la propiedad privada la medida “genera inseguridad jurídica”. Según explicó en el periódico, los recursos de las cuentas individuales tienen protección constitucional reforzada por ser propiedad de los afiliados.
Por su parte, el abogado Mauricio Restrepo calificó el borrador como “preocupante”. En el citado medio, expresó: “Un decreto no puede modificar una ley. Pero, más allá de eso, ¿qué pretende el Gobierno? Muy seguramente pagar subsidios pensionales. Eso es muy grave, porque puede dejar una crisis a mediano y largo plazo para futuros Gobiernos en el pago de pensiones. Y no olvidar que estamos en época electoral. El Gobierno quiere liberar caja para utilizar esos recursos en cosas que no van a ser para estos pensionados”, afirmó.
La crítica central apunta a que el traslado anticipado podría aliviar presiones de caja en el corto plazo, pero trasladar riesgos al futuro del sistema.
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