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Los acuerdos que se establecen en los conjuntos residenciales en Colombia dependen del marco jurídico aplicable cuando es necesario intervenir para resolver conflictos de convivencia.
Las reglas de la propiedad horizontal se encuentran principalmente en la Ley 675 de 2001. No obstante, la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dispone que ciertos comportamientos dentro de los conjuntos pueden ser objeto de intervención por parte de las autoridades, de acuerdo con la gravedad de la conducta y sus efectos sobre la tranquilidad de los residentes.
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Uno de los problemas más frecuentes en las copropiedades es el ruido. En ese contexto, la Ley 2450 de 2025, orientada al control del ruido y de la contaminación auditiva, busca fortalecer el orden en la convivencia dentro de los complejos habitacionales.
En conjunto, estas normas —la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal; la Ley 1801 de 2016, que establece las reglas de convivencia ciudadana; y la Ley 2450 de 2025, dirigida a la gestión de la contaminación sonora— pretenden organizar la vida comunitaria en un escenario en el que una proporción significativa de la población urbana reside en este tipo de edificaciones.
Aunque la Ley 2450 no se limita exclusivamente a las copropiedades, sí fija pautas de comportamiento tanto en espacios públicos como privados. A su vez, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana faculta a la Policía Nacional para intervenir cuando se presenten situaciones que perturben la tranquilidad.
En estos casos, las autoridades pueden imponer comparendos, ordenar el cese inmediato de la conducta y, de ser necesario, decomisar los elementos que generen el riesgo o la afectación.
¿De cuánto es la multa por la Ley contra el ruido?
La norma establece niveles máximos de emisión de ruido medidos en decibeles, diferenciados según el horario y el uso del suelo. En consecuencia, la Policía podrá realizar mediciones en tiempo real y aplicar sanciones inmediatas cuando se superen los límites permitidos.
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Además, la ley ordena a los municipios y distritos incorporar medidas acústicas en sus planes de ordenamiento territorial. Entre ellas se contemplan zonas de amortiguación sonora, barreras contra el ruido y sistemas de monitoreo ambiental.
Asimismo, las autoridades podrán suspender o desactivar las fuentes de ruido en los conjuntos —como equipos de sonido o parlantes— y aplicar sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2026, ese monto equivale aproximadamente a $583.630.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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