El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
Mucho se ha debatido sobre si las políticas orientadas a limitar la participación de grandes inversores inmobiliarios pueden aliviar el acceso a la vivienda. En Países Bajos, conocida también como Holanda, esta discusión dio lugar a la implementación de la ley Opkoopbescherming (protección de compra). Esta medida prohibió a los inversores adquirir viviendas de precio medio y bajo con el fin de destinarlas al alquiler, bajo la premisa de que así los precios de compra bajarían y más personas podrían acceder a una vivienda propia, según información de El Colombiano.
La evidencia sobre los efectos de dicha política fue recopilada en el estudio “Comprar para vivir vs. comprar para alquilar: El impacto de los inversores inmobiliarios en los costos de la vivienda y los barrios”, realizado por Marc Francke, Lianne Hans, Matthijs Korevaar y Sjoerd van Bekkum, investigadores de las universidades de Ámsterdam y Rotterdam. El análisis de estos expertos demostró que si bien la prohibición logró disminuir notablemente la compra de viviendas por parte de inversores —en ciudades como Rotterdam cayó un 75%—, no se evidenció un descenso perceptible en los precios de venta.
El estudio profundiza en esta aparente contradicción, señalando que los particulares sustituyeron rápidamente a los inversores, manteniendo una disposición a pagar similar por las viviendas. Se destaca que la norma, aunque sí elevó el acceso a la propiedad para hogares de ingresos medios en 14 puntos porcentuales, no alteró significativamente el valor del mercado inmobiliario.
Por otro lado, la medida tuvo un impacto considerable en el segmento de la vivienda de alquiler. El informe revela que la oferta para arrendar viviendas se redujo drásticamente. Esta disminución de unidades disponibles provocó que los precios del alquiler en áreas reguladas subieran un 4% más respecto a otras zonas donde no se implementó la medida, afectando principalmente a quienes dependían del mercado de alquiler privado.
El fenómeno no se limita al ámbito económico, sino que también alteró la composición social de los barrios. Según el estudio, los principales afectados tras la aplicación de la ley fueron los jóvenes, personas con menores ingresos y quienes tenían antecedentes migratorios, grupos que tradicionalmente dependían del alquiler. Los nuevos propietarios resultaron ser en promedio mayores y con mayores recursos económicos, incrementando así el desplazamiento de poblaciones vulnerables y generando una dinámica de gentrificación, es decir, un cambio poblacional hacia habitantes de ingresos más altos.
Como concluye el informe, restringir la capacidad de compra de los inversores no resuelve la raíz del problema si el inventario de viviendas disponibles sigue siendo insuficiente. En vez de solucionar la falta de acceso, la política cambió quién podía quedarse en los barrios, beneficiando a los más acomodados y desfavoreciendo a los sectores más vulnerables.
¿Qué consecuencias sociales puede traer la gentrificación promovida por políticas de vivienda?
La gentrificación, definida como el desplazamiento de población de menores ingresos por sectores socioeconómicos más altos, adquiere gran relevancia cuando las políticas públicas dirigidas a regular el mercado inmobiliario alteran el tejido social de los barrios. Como se vio en el caso de Países Bajos, al restringir el acceso de ciertos actores económicos sin aumentar la oferta de vivienda, los cambios demográficos pueden marginar aún más a quienes ya tienen menos opciones de alojamiento.
Explorar estas consecuencias sociales es esencial para comprender los efectos colaterales de las regulaciones del mercado de vivienda. Si el objetivo es mejorar la asequibilidad y diversidad social en los barrios, resulta necesario analizar cómo estas políticas pueden rediseñar el equilibrio social y dificultar el arraigo y la inclusión de poblaciones tradicionalmente más vulnerables.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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