El artículo 186 señala que “los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas”. También existe una excepción para profesionales y ayudantes de establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y para quienes trabajan en la aplicación de rayos X, quienes tienen derecho a 15 días de descanso por cada seis meses de servicio.

Pero una de las dudas más comunes tiene que ver con quién decide cuándo llega ese periodo. De acuerdo con el artículo 187, “la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso”.

Además, el empleador debe avisar con al menos 15 días de anticipación la fecha en la que concederá las vacaciones. Esto significa que el jefe sí puede determinar el periodo de descanso si trabajador y empresa no llegan a un acuerdo.

Lo que no puede hacer el empleador es negarle indefinidamente las vacaciones a una persona que ya cumplió el año de servicio. La fecha puede ser acordada entre ambas partes, pero si no existe consenso, el empleador puede fijarla dentro de los términos establecidos por la legislación.

También hay reglas para situaciones particulares. Si existe una interrupción justificada del periodo de descanso, el trabajador no pierde el derecho a reanudar sus vacaciones.

Por otro lado, trabajador y empleador pueden acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que hasta la mitad de las vacaciones sea compensada en dinero. Durante el descanso el empleado recibe el salario ordinario que devenga al comenzar sus vacaciones, con las exclusiones contempladas por la ley.

Esta resolución estratégica marca el final de una alianza comercial ininterrumpida vigente desde 1986, modificando drásticamente el menú de gaseosas disponible para los clientes en las sucursales norteamericanas del restaurante, según replicó Reuters.

El cronograma estipula que la renovación de dispensadores iniciará en enero de 2027, proyectando que la transición operativa concluya plenamente en toda la nación hacia la primavera de 2027. Desde Colombia, los clientes miran con atención si es implica alguna clase de novedad para este mercado.

Lo cierto es que la ruptura representa un revés severo para PepsiCo, dado que la cadena avícola opera actualmente 3.718 sedes estadounidenses, en momentos donde la fabricante busca recuperar terreno en ventas de refrescos.

A la par, el segmento de pasabocas de la multinacional afronta presiones derivadas de precios elevados y tendencias de consumo orientadas hacia alternativas nutricionales mucho más saludables.

El consejero delegado de PepsiCo, Ramon Laguarta, admitió recientemente que restablecer márgenes operativos y acelerar la expansión financiera requiere más tiempo del calculado en las proyecciones presupuestarias iniciales.

La relación empresarial surgió cuando la corporación de bebidas compró la franquicia avícola para fortalecer su presencia alimentaria, manteniendo el suministro tras escindir la compañía en 1997 bajo Yum Brands.

Frente a la coyuntura, Jay Woods, estratega jefe de mercado en Freedom Capital Markets, analizó el impacto bursátil señalando: “Es simplemente una mala imagen para PepsiCo… cuando pierdes a un socio de marca de tanto renombre como ese. Esta podría ser la gota que derrama el vaso en términos de percepción pública”.

El especialista bursátil, cuya firma posee participación accionaria en Coca-Cola, añadió respecto al reacomodo corporativo: “Es muy poco común que dos gigantes de la misma industria tomen rumbos tan marcadamente distintos”.

Asimismo, el fondo activista Elliott Investment Management fiscaliza minuciosamente a PepsiCo, presionando a la directiva para liquidar activos improductivos e impulsar el rendimiento financiero en América del Norte.

Pese al rompimiento en Estados Unidos, Yum Brands y la productora de sodas ratificaron pactos en KFC International y consolidaron un convenio por 10 años para abastecer Taco Bell.

La firma conserva convenios exclusivos con cadenas como Subway, Jersey Mike’s Subs y Pizza Hut, firma que abandonó recientemente el conglomerado matriz tras haber migrado desde Coca-Cola en 2011.

Por su parte, Coca-Cola consolidará su presencia nacional en Estados Unidos al desembarcar en los restaurantes de pollo frito antes de concluir la primavera de 2027, manteniendo en confidencialidad los montos económicos pactados. Este movimiento sucede en la misma época en la que en Colombia hubo cambio en los dueños de Presto.

La incorporación de Coca-Cola fortalece la hegemonía de la marca en comida rápida, donde ya figura como distribuidor principal en gigantes globales del sector como McDonald’s y Wendy’s.

La primicia sobre este histórico traspaso corporativo trascendió inicialmente mediante un reporte emitido por The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

¿Cuántos locales de KFC hay en Colombia?

La cadena multinacional de comida rápida KFC mantiene una sólida expansión operativa en el mercado gastronómico colombiano, alcanzando más de 120 restaurantes activos en el país.

El conglomerado avícola concentra su mayor presencia en Bogotá, ciudad que agrupa cerca de cincuenta sucursales estratégicamente ubicadas en centros comerciales, corredores viales y barrios tradicionales.

Asimismo, la compañía opera establecimientos en otras urbes metropolitanas clave como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Santa Marta y Villavicencio.

La operación de la franquicia en el país depende del grupo empresarial internacional Telepizza, corporación encargada de administrar los puntos de venta y liderar las aperturas locales.

El modelo de negocio combina locales tradicionales con servicio en mesa, áreas de juegos infantiles, ventanillas de auto rápido y una moderna infraestructura orientada a domicilios.

La empresa genera más de dos mil empleos directos e indirectos en Colombia, priorizando la contratación de personal joven y promoviendo esquemas de formación laboral continua.

Para abastecer su red restaurantera, la multinacional adquiere materias primas de proveedores locales, fortaleciendo la industria avícola y agrícola de las distintas regiones productoras del país.

El plan corporativo contempla inaugurar nuevas sucursales durante los próximos meses en ciudades intermedias con alto dinamismo económico y creciente consumo familiar fuera del hogar.

El anuncio fue realizado durante la clausura del Congreso Colombiano de la Construcción 2026.

El Presupuesto General de 2027 quedó fijado en $634,9 billones y fue expedido mediante decreto por el Gobierno Nacional, después de un vicio de trámite en el Congreso de la República. Restrepo señaló que el recorte busca eliminar excesos de gasto y evitar que el país dependa del sobreendeudamiento y el derroche fiscal.

El funcionario también indicó que el ajuste se suma a un recorte de $13,8 billones aplicado al presupuesto de 2026, equivalente al 0,7 % del PIB.

Según Restrepo, el Gobierno busca fortalecer la inversión privada mediante incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica.

Durante su intervención, además, destacó la política de vivienda, con tres líneas de acción: reconstruir, reactivar y crecer. Para atender las zonas afectadas por el reciente terremoto, se dispone inicialmente de $1,7 billones, junto con beneficios tributarios y obras por impuestos.

El Gobierno también plantea alcanzar un crecimiento económico del 6 %, apoyado en eficiencia estatal, talento, energía, inversión y financiación.

El gerente de la institución, Ricardo Hoyos, explicó que el hospital ya entregó información sobre sus obligaciones pendientes a Coosalud y Famisanar, como parte del plan de choque impulsado por el Ministerio de Salud para aliviar la situación financiera de la red hospitalaria.

Sin embargo, hasta ahora el HUS no ha recibido desembolsos mediante este mecanismo. Hoyos aclaró que el proceso no implica el pago inmediato de toda la deuda, sino una revisión de las facturas para determinar cuáles pueden ser reconocidas y posteriormente canceladas.

Según el gerente, una vez surtido el proceso de facturación y revisión, el hospital espera recibir los recursos correspondientes en un plazo aproximado de 40 días.

La expectativa es que estos pagos ayuden a mejorar el flujo de caja y permitan mantener la operación y atención de pacientes.

Aunque la deuda de las EPS representa un desafío financiero importante, Hoyos aseguró que el HUS no ha tenido mayores restricciones en la prestación de servicios.

El hospital ahora espera que el plan de choque avance y que las obligaciones pendientes se conviertan efectivamente en pagos.

Las expectativas sobre fenómenos climáticos de muy alto impacto, indica un informe de Corficolombiana, constituyen las principales variables para la materialización de escenarios complejos.

Con esto, y ante un eventual fenómeno de El Niño acompañado de temperaturas muy elevadas, el precio de los alimentos en Colombia subiría con mayor énfasis en carnes, leche, verduras, frutas y arroz, entre otros productos de muy alto consumo.

Señala el documento que, si bien en alimentos todavía no se evidencia un impacto significativo de El Niño, la mayor intensidad que muestra el fenómeno mes a mes sugiere que sus efectos podrían comenzar a trasladarse a estos precios hacia finales de año.

Esto hará que suba el precio de los alimentos en Colombia

Explica el pronóstico que, en 2027, la inflación se moderaría a 5,5 %, aunque su convergencia a la meta sería lenta, tal como también lo estima el Banco de la República.

“Los choques de oferta empezarían a revertirse por efectos base y por la disipación de El Niño en el segundo semestre, aunque en la primera mitad del año seguirían presionando alimentos y energía”, señala sobre lo que podría pasar con los alimentos en Colombia.

Finalmente, la indexación de precios a la inflación de 6,8 % en 2026, concluye el análisis de Corficolombiana, limitaría el ritmo de descenso.

La entidad gubernamental destinará una inversión total de 669.581 millones de pesos para beneficiar de forma directa a 2’850.685 adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el país.

Para este ciclo de pagos, los participantes inscritos recibirán transferencias monetarias de hasta 230.000 pesos colombianos, dependiendo de las condiciones socioeconómicas y la edad registrada en el sistema.

“El gobierno Petro dejó el programa desfinanciado”, afirmó la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, luego de que se lanzó el anuncio para millones de beneficiados.

En el Distrito Capital de Bogotá, los adultos mayores que no acceden al monto diferenciado recibirán 150.000 pesos gracias a los convenios de cofinanciación suscritos con la administración local.

Para llevar a cabo el cobro del subsidio de Colombia Mayor, los beneficiarios deben acudir personalmente a los puntos autorizados de los operadores postales oficiales SuperGiros y SuRed con su cédula de ciudadanía original.

El personal encargado verificará la identidad del ciudadano en taquilla, registrará la huella biométrica y entregará el dinero en efectivo junto con la tirilla de pago correspondiente.

Los adultos mayores deben exigir su comprobante físico antes de retirarse del punto de atención y verificar que el valor entregado coincida exactamente con la cifra estipulada.

Asimismo, la entidad recordó que las personas con movilidad reducida o problemas de salud severos pueden autorizar a un familiar mediante poder debidamente legalizado ante una notaría pública.

Respecto a este nuevo desembolso, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, entregó un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad de los recursos ante las inquietudes ciudadanas.

La funcionaria pública declaró con firmeza: “Quiero reiterarles a todos los beneficiarios de Colombia Mayor nuestro compromiso con la garantía de estos recursos fundamentales”.

Suárez Pérez puntualizó además que el equipo gubernamental trabaja sin descanso para “responderles con hechos, asegurar la financiación del programa y mantenerlos informados sobre cada avance” institucional.

La directora enfatizó que la administración central encontró serias dificultades presupuestales, pero ratificó el respaldo absoluto del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hacia este sector.

En sus intervenciones públicas, la titular de la entidad remarcó que el Gobierno nacional no abandonará a los adultos mayores bajo ninguna circunstancia durante el presente mandato.

La funcionaria advirtió a todos los ciudadanos que los trámites ante Prosperidad Social son completamente gratuitos y no requieren la intervención de terceros ni cobradores ajenos.

Para evitar caer en engaños o fraudes financieros, recomendó consultar el estado de vinculación ingresando exclusivamente al portal web oficial www.prosperidadsocial.gov.co antes de trasladarse.

La entidad tiene habilitada la línea telefónica (+57) 601 3791088 para celulares, el código de mensajería gratuita 85594 y el conmutador nacional gratuito 01-8000-95-1100.

Igualmente, los beneficiarios pueden consultar las novedades a través de los canales institucionales de mensajería digital y en los despachos de las gerencias regionales habilitadas.

Las personas interesadas en conocer el cronograma específico por municipio deben acercarse a las alcaldías locales o revisar las plataformas digitales oficiales de las administraciones distritales.

Los coordinadores del programa recomendaron planificar los desplazamientos en horarios diurnos para evitar filas extensas y acudir acompañados por personas de confianza en zonas urbanas y rurales.

El Gobierno nacional reiteró que mantendrá los esquemas de transferencias monetarias para apoyar a los hogares colombianos más necesitados que carecen de una pensión formal.

Las jornadas de pago continuarán desarrollándose bajo estrictos controles de seguridad para proteger a los pensionados y evitar aglomeraciones en los locales de desembolso autorizados.

Por otro lado, De la Espriella reveló que el Gobierno nacional desempeñó un papel fundamental al facilitar acercamientos entre Presto y distintos conglomerados empresariales. Según su relato, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, fue quien estableció puentes con varios posibles compradores, entre los cuales Nutresa fue el elegido para concretar la adquisición. El mandatario subrayó que la colaboración entre el Poder Ejecutivo, la Superintendencia de Sociedades y el sector privado permitió que las partes cerraran el negocio en cuestión de horas. Destacó además que el objetivo principal de la operación es salvaguardar cerca de 700 empleos directos y asegurar la continuidad de la marca Presto en el mercado nacional.

Este movimiento corporativo se da en medio de una difícil coyuntura financiera para Presto, empresa fundada en Bogotá en 1981, que recientemente afrontó un proceso de liquidación judicial, ordenado en octubre. Esta medida amenazaba la permanencia de una de las marcas más emblemáticas dentro del sector de comidas rápidas en Colombia, con más de 40 años de trayectoria. La compra por parte del Grupo Nutresa aparece como una salida que permite mantener en marcha los restaurantes y evitar el cierre definitivo provocado por la liquidación.

El Grupo Nutresa, por su parte, consolida su presencia en el competitivo sector de restaurantes y alimentos preparados en Colombia con la incorporación de Presto a su portafolio. Nutresa ya cuenta con otras marcas de relevancia, como El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón, que opera a través de su filial IRCC S. A. S. Se estima que, con Presto, el grupo sumará a su operación más de 156 establecimientos en el país, fortaleciendo así su posicionamiento en el mercado nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Presto fue vendida al Grupo Nutresa?

Presto enfrentó una crisis financiera severa que la llevó a un proceso de liquidación judicial, lo cual amenazaba la continuidad de la marca y ponía en riesgo alrededor de 700 empleos directos. La venta al Grupo Nutresa, gestionada en medio de esta emergencia, permitió mantener la operación comercial de los restaurantes y evitar el cierre definitivo, de acuerdo con la información entregada por la propia cadena y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuáles marcas de restaurantes opera actualmente el Grupo Nutresa en Colombia?

Según lo comunicado en la información oficial, el Grupo Nutresa participa en el mercado de restaurantes y comidas preparadas en Colombia a través de marcas como El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón, las cuales maneja mediante su filial IRCC S. A. S. La incorporación de Presto sumaría más de 156 establecimientos nuevos a la operación de Nutresa en el país.

El debate en torno al salario mínimo no solo gira en torno a una cifra, sino también a una negociación compleja en la que intervienen el Gobierno, los representantes de los sindicatos y los empresarios. Como resalta la información, el porcentaje final que se apruebe dependerá de un proceso de concertación donde se evaluarán factores como la inflación, la productividad del país, el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, la CUT sostiene su planteamiento con el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares colombianos, buscando así un mayor bienestar. Por otro lado, desde el sector empresarial, especialmente entre quienes representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, se ha manifestado preocupación por el impacto que un incremento elevado podría tener en los costos laborales, aspecto que se discute en la mesa de concertación salarial.

Es importante subrayar que, aunque la propuesta de la CUT de elevar el salario mínimo en un 38,4 % ha despertado gran interés, todavía no existe un acuerdo definitivo. La decisión sobre el incremento oficial solo se conocerá una vez se concluya la etapa de negociación entre todas las partes involucradas. Por lo tanto, hasta ahora, los montos que se mencionan en las proyecciones deben considerarse como posibles escenarios, no como cifras aprobadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones afectan el aumento del salario mínimo en Colombia?

El aumento del salario mínimo se define mediante negociaciones que consideran diversos factores como la inflación, el crecimiento económico, la productividad y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, según la información sobre la mesa de concertación salarial entre sindicatos, empresarios y Gobierno.

¿Cuánto sería el salario mínimo en 2027 si se aprueba la propuesta de la CUT?

Si prospera la propuesta de la CUT de un ajuste del 38,4 %, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a alrededor de $2.423.252, y con el auxilio de transporte ajustado en la misma proporción, el total podría acercarse a $2.700.052 mensuales, aunque este cálculo aún no es definitivo.

De acuerdo con el documento técnico de UNIMINUTO, el PESE busca desarrollar competencias clave como pensamiento estratégico, responsabilidad social empresarial, liderazgo e innovación. El modelo está diseñado para que los estudiantes conozcan situaciones reales vividas por empresarios, las analicen y formulen propuestas de fortalecimiento. Entre los retos identificados en el Tolima -donde se concentra la iniciativa- figuran el fortalecimiento del liderazgo directivo, la planeación estratégica, la productividad y el acceso a mercados. La región cuenta con más de 23.000 unidades productivas registradas ante la Cámara de Comercio de Ibagué, de las cuales el 94 % son micro y pequeñas empresas. El PESE se propone conectar el conocimiento universitario con la realidad y necesidades del tejido empresarial local.

La experiencia actual del PESE está orientada a la responsabilidad social de los empresarios. En una primera etapa, estudiantes de posgrado desarrollan trabajos de caracterización y diagnóstico con empresarios, identificando las acciones de responsabilidad social que han implementado y cómo estas han impactado su entorno. Las herramientas empleadas incluyen entrevistas, grupos focales, observación, diarios de campo y otras técnicas de investigación. A partir de esto se construye un diagnóstico y se propone un plan estratégico para fortalecer las acciones existentes.

En una segunda etapa, el componente de Comunicación permite diseñar una estrategia o plan de medios para visibilizar las trayectorias de responsabilidad social de los participantes, contando quién es el empresario, qué acciones ejecuta y cómo se relaciona con su comunidad. Actualmente, dos empresas del Grupo Empresarial del Tolima, que agrupa a más de 40 empresarios locales, están vinculadas a esta primera experiencia.

El PESE articula la formación académica, fortalece la conexión entre UNIMINUTO y el sector productivo e impulsa el desarrollo regional, enmarcándose dentro de tres ejes: pensamiento estratégico, responsabilidad social empresarial y liderazgo transformador. A diferencia del Proyecto Capstone -que tiene una orientación consultiva-, el PESE centra su labor en caracterizar y robustecer la responsabilidad social ya existente de los empresarios participantes, ampliando luego sus alcances a través de estrategias comunicativas.

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¿Qué es la responsabilidad social empresarial y cómo la trabaja el PESE de UNIMINUTO?

La responsabilidad social empresarial (RSE) comprende las acciones que las empresas realizan para contribuir positivamente a la sociedad, el medio ambiente y su comunidad, más allá de sus fines económicos. El PESE de UNIMINUTO se enfoca en identificar, analizar y fortalecer las acciones de RSE ya existentes en los empresarios participantes, proponiendo mejoras y visibilizando sus trayectorias e impactos mediante diagnósticos, planes estratégicos y estrategias de comunicación.

¿Qué diferencia hay entre el PESE y el Proyecto Capstone de UNIMINUTO?

El Proyecto Capstone en UNIMINUTO se basa en una lógica de consultoría, donde el estudiante aborda diferentes áreas de una empresa para aplicar sus conocimientos ante una problemática real. Por su parte, el PESE tiene como eje el liderazgo estratégico y la responsabilidad social empresarial, realizando diagnósticos centrados en las acciones de RSE del empresario para luego proponer planes de fortalecimiento y visibilización, articulando además componentes comunicativos en el proceso.

La situación de Frayco, revelada el 13 de octubre de 2026, daba cuenta de una compleja coyuntura financiera que ya en 2023 había obligado a la compañía a iniciar un proceso de reorganización empresarial, de acuerdo con los datos suministrados en el reporte. Una vez en liquidación, la venta se perfila como un salvavidas para una marca con fuerte tradición en el país, fundada en 1981 y que ha transitado por diferentes manos empresariales a lo largo de 45 años. La operación tiene como fin asegurar la continuidad de Presto bajo un nuevo liderazgo, aunque no se dio a conocer el valor económico del negocio según la información disponible.

La llegada de Presto al portafolio de Grupo Nutresa implica que dos de las cadenas de hamburguesas más reconocidas en Colombia, Presto y El Corral, compartirán ahora casa matriz junto con otras marcas como El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Este movimiento empresarial representa una significativa integración en el sector de la comida rápida nacional. La República informó que, en 2025, El Corral obtuvo ingresos de $791.204 millones, y Presto $108.629 millones, cifras que, al sumarlas, ilustran la relevancia comercial del conglomerado, sin que eso sea un indicativo inmediato de monopolio.

Para clientes y empleados, Grupo Nutresa afirmó que la marca Presto mantendrá su identidad y propuesta característica, dando inicio a una nueva etapa. Jaime Gilinski expresó que se busca potenciar el crecimiento de Presto “de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”. Por su parte, Abelardo De La Espriella indicó en declaraciones que la transacción ayudaría a preservar 700 empleos; sin embargo, esta cifra proviene únicamente de su declaración pública y no implica una confirmación absoluta sobre la continuidad de los puestos de trabajo, lo cual dependerá del proceso de transición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Presto fue vendida al Grupo Nutresa en 2026?

Presto fue vendida debido a que su empresa operadora, Franquicias y Concesiones S. A. S. (Frayco), atravesaba dificultades financieras y tuvo que declararse en liquidación judicial el 13 de octubre de 2026. La situación adversa llevó a la necesidad de un nuevo propietario que asegure la continuidad de la marca y sus operaciones. La adquisición por parte de Grupo Nutresa respondió a esta coyuntura, permitiendo que Presto inicie una nueva etapa empresarial bajo un conglomerado con trayectoria en el sector.

¿Qué significará para Presto y sus empleados estar bajo el Grupo Nutresa?

Estar bajo el control de Grupo Nutresa implica que Presto mantendrá su identidad y propuesta, mientras cuenta con el respaldo operativo y financiero de un gran conglomerado. Aunque el conglomerado afirmó su intención de preservar la esencia de Presto, aspectos como la estabilidad laboral y las condiciones de empleo quedan sujetos a la forma en la que se gestione la transición. Según Abelardo De La Espriella, se buscaría preservar 700 empleos; sin embargo, este dato debe interpretarse como una expectativa y no como un hecho confirmado.

La noticia llega en un contexto tenso, donde los cuestionamientos por el trámite del presupuesto han despertado la atención del país acerca de la transparencia y la exactitud en la elaboración de este documento fundamental para las finanzas públicas. Aunque la periodista Quinn fue quien dio a conocer la noticia, su publicación no incluye los nombres de los funcionarios presuntamente renunciados ni los errores específicos que desembocaron en la crisis dentro de la entidad. Esta falta de información concreta deja abiertos varios interrogantes sobre la dimensión real del problema y la naturaleza de las fallas cometidas en el proceso legislativo.

Por ahora, la única certeza es que la supuesta renuncia, de confirmarse, llegaría en medio de crecientes dudas sobre la gestión presupuestal y el proceder de quienes tienen la tarea de articular el diálogo entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. En ausencia de confirmación oficial por parte del propio ministerio, y sin mayores precisiones en la información divulgada, el tema sigue pendiente de desarrollo y podría tener consecuencias significativas tanto en el interior de la cartera como en el ambiente político nacional. Como suele suceder en estos episodios de incertidumbre, la expectativa de nuevas declaraciones o evidencias oficiales aumenta en la opinión pública y en los escenarios de control político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció el equipo legislativo del Ministerio de Hacienda, según la periodista Darcy Quinn?

De acuerdo con el reporte de Darcy Quinn, el equipo encargado de los asuntos legislativos en el Ministerio de Hacienda habría renunciado a causa de los errores detectados en la aprobación del presupuesto nacional. Sin embargo, la información difundida no precisa quiénes presentaron su dimisión ni especifica la naturaleza exacta de los errores que motivaron esa decisión.

¿Qué errores en el trámite presupuestal generaron la polémica en el Ministerio de Hacienda?

La publicación divulgada por Darcy Quinn no detalla los errores particulares en el trámite del presupuesto que dieron origen a la polémica. Por esta razón, la información disponible se limita a señalar que existieron fallas en el proceso de aprobación, sin esclarecer en qué consistieron ni cómo afectaron el procedimiento legislativo.

(Vea también: Alertan por problema que se daría con el salario mínimo para el otro año en Colombia; ¿de qué depende?)

El directivo se refirió al tema durante el Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol, y defendió que la negociación tenga en cuenta tanto las condiciones económicas del país como la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Su planteamiento consiste en retomar como referencia la inflación y la productividad, con la posibilidad de sumar algunos puntos adicionales. De acuerdo con Mora, el objetivo debe ser compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin perder de vista el contexto económico.

“Compensarles con la sumatoria de la inflación, la productividad y tal vez unos pequeños puntos”, explicó el banquero al referirse a los criterios que, en su opinión, deberían orientar la discusión.

Acá, sus declaraciones:

Alza en el salario mínimo: el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dio una cifra alrededor de la cual debería ser el incremento que defina la mesa de negociación tripartita entre empresarios, Gobierno y sindicatos. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/RugOkgYeMK

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

¿De dónde sale el cálculo de un aumento de hasta 9 % en el salario mínimo?

Mora explicó su estimación a partir de una inflación del 6,29 % y una productividad que ubicó entre el 1,5 % y el 2 %. Al sumar esas variables, el resultado se acercaría al rango de incremento que mencionó.

Sin embargo, ese cálculo corresponde al planteamiento del directivo y no constituye una cifra oficial ni un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. El porcentaje definitivo dependerá de la negociación y de los indicadores que se tengan en cuenta.

El banquero también señaló que el salario mínimo tiene una dimensión social, pues para numerosas familias representa su principal fuente de ingresos. Por eso, consideró que la discusión no debería limitarse a las variables técnicas.

(Recomendado: Las cajas de compensación tienen una opción de crédito que muchos afiliados aún desconocen)

En el encuentro, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que el Gobierno De la Espriella pretende avanzar en los procedimientos necesarios para que las 11 cajas que actualmente se encuentran bajo intervención puedan recuperar su operación ordinaria antes de que termine el periodo presidencial. La funcionaria precisó que el proceso deberá ajustarse a las disposiciones legales y cumplir los requisitos establecidos para cada entidad.

“Esas 11 cajas intervenidas deben lograr su desintervención antes de que finalice este Gobierno”, afirmó López Fuentes durante el panel de apertura, en el que estuvo acompañada por la superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur Mejía.

Proyecto de ley busca fortalecer la vigilancia de las cajas

Otro de los anuncios de la ministra fue la presentación de una iniciativa legislativa destinada a reforzar las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional.

La propuesta plantea diferenciar las medidas cautelares de las sanciones administrativas mediante criterios definidos. También busca establecer causales objetivas para la adopción de decisiones y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las entidades involucradas.

Con estos ajustes, el Gobierno pretende ofrecer mayor seguridad jurídica a las 42 cajas de compensación familiar y establecer condiciones más claras para supervisar la administración de los recursos del sistema, lo que beneficiaría a los trabajadores en Colombia.

Durante el congreso, el Ministerio del Trabajo también destacó la importancia de coordinar acciones con las autoridades competentes y los actores del sector para mejorar el funcionamiento institucional, promover la formalización laboral y proteger los recursos destinados al bienestar de las familias colombianas.

Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, confirmó que los giros iniciarán el próximo miércoles 28 de octubre. Por tanto, los beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales y consultar desde esta fecha el estado del giro. 

“Este miércoles 28 de octubre comienzan los giros a los beneficiarios de Colombia Mayor”, anunció la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez. Recibirán hasta $230.000, para lo cual la entidad invertirá $669.581 millones. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/m66PxqxY8j

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026

El anuncio llega en medio de las preocupaciones por la financiación de los programas sociales. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló de un déficit cercano a los 2 billones de pesos en Colombia Mayor, programa dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

“Sabemos lo importante que son para miles de hogares y desde nuestra llegada a la entidad hemos adelantado todas las gestiones necesarias para continuar con las entregas”, afirmó Suárez Pérez, según la declaración citada por Caracol Radio.

¿Cuánto paga Colombia Mayor en octubre de 2026?

Los montos informados para el programa son los siguientes:

• Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65: 230.000 pesos.
• Resto de beneficiarios: 80.000 pesos.

Cabe recordar que los pagos se han gestionado mediante los operadores SuperGiros y SuRed, cuya red cuenta con más de 31.000 puntos de atención en el país.

Otra alternativa consiste en registrar una cuenta bancaria o billetera digital por medio del Gestor de Información Financiera (GIF), para recibir la transferencia mediante el producto financiero habilitado.

La cifra planteada por Restrepo supone una reducción considerable de los recursos destinados a distintos sectores estatales. El vicepresidente sostuvo que el país necesita un cambio en el manejo del gasto público y cuestionó que el crecimiento económico dependa de un aumento constante de los desembolsos del Estado.

“Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos”, afirmó Restrepo. Durante su intervención, el funcionario insistió en que el país debe abandonar un modelo que, en su opinión, se apoya demasiado en el gasto público.

El vicepresidente también defendió la necesidad de impulsar la inversión privada como parte de la estrategia económica. Restrepo señaló que el país debe evitar que los inversionistas se alejen y buscar condiciones que permitan atraer nuevamente capital.

“Ninguna Nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable”, manifestó el funcionario. En su intervención, añadió que uno de los retos consiste en recuperar la confianza de quienes pueden invertir en Colombia.

El anuncio se conoce después de que el Gobierno decretara un recorte de 13,8 billones de pesos al presupuesto de 2026. Restrepo mencionó esa reducción como un primer compromiso dentro del ajuste fiscal que, a su juicio, debe continuar durante el próximo año.

En conjunto, los sectores enumerados concentran cerca de 5,78 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 42 % del ajuste total.

Los sectores con recorte en 2026

Estos son los recortes previstos para las entidades mencionadas:

• Aeronáutica Civil: $949.143 millones.
• Registraduría Nacional del Estado Civil: $775.000 millones.
• Rama Judicial: $696.496 millones.
• Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): $393.306 millones.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: $366.845 millones.
• Ministerio del Trabajo: $269.814 millones.
• Ministerio del Interior: $261.862 millones.
• Fiscalía General de la Nación: $260.600 millones.

Las cifras muestran que el ajuste de 2026 recae sobre entidades de distintos sectores, entre ellas organismos de control, dependencias del Ejecutivo y la Rama Judicial. Los valores enumerados suman aproximadamente 5,78 billones de pesos y representan una parte importante de la reducción presupuestal decretada.

La discusión de fondo apunta a la dimensión del recorte que debería aplicarse en 2027. Los 70 billones de pesos mencionados por Restrepo corresponden a su planteamiento sobre el ajuste necesario para las cuentas públicas del próximo año, no a una reducción que ya haya sido decretada.

De acuerdo con la información suministrada, el portal le permite a cada joven, tras identificarse con usuario y contraseña, hacer verificaciones de forma personalizada sobre el estado de los incentivos económicos que están destinados a respaldar su formación. Este sistema incluye no solo a estudiantes de instituciones de educación superior, sino también a quienes están matriculados en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo cual da cuenta del alcance del programa en distintas etapas educativas.

Entre las principales ventajas de este portal está la posibilidad de consultar detalles actualizados de las liquidaciones vigentes, revisar cuáles ciclos de pago se encuentran activos y conocer de antemano las fechas de dispersión de los recursos. Cabe destacar que estos incentivos pueden ser entregados a través de abonos en cuentas bancarias o mediante giros postales nacionales, lo cual otorga flexibilidad y diversas alternativas de cobro para los beneficiarios. De esta manera, la plataforma busca asegurar que la información sobre los pagos sea clara y oportuna.

El alcance del portal no se limita a la gestión de los aspectos financieros. La herramienta también está concebida como un mecanismo de autogestión esencial para que los beneficiarios mantengan su permanencia en el subsidio. Los jóvenes tienen la obligación, y a la vez la facilidad, de actualizar sus datos de contacto, cambiar información de residencia y cargar documentos como diplomas de graduación o soportes requeridos en caso de suspensiones. Además, la plataforma permite reportar novedades académicas relevantes, como cambios en el programa formativo o solicitudes de aplazamiento de semestre. Así, el portal funge como un canal directo de comunicación entre los estudiantes y el Gobierno, lo cual contribuye a la transparencia en la entrega de las ayudas dirigidas a la educación.

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¿Cómo funciona el portal de Renta Joven para consultar incentivos y pagos?

El portal de Renta Joven permite a los jóvenes matriculados en educación superior o en el SENA consultar, mediante usuario y contraseña, el estado de sus incentivos económicos, liquidaciones, ciclos de pago y fechas de dispersión de recursos, ya sea por abono bancario o giro postal, según Prosperidad Social.

¿Qué trámites pueden gestionarse en el Portal de Renta Joven?

Los beneficiarios pueden actualizar datos de contacto y residencia, cargar documentos como diplomas, reportar cambios académicos y informar sobre aplazamientos de semestre, funcionalidades que facilitan la gestión autónoma y la permanencia en el subsidio educativo.

El impacto de este decreto se siente especialmente en los departamentos, pues la inversión regionalizada se redujo en 21 de ellos si se compara con lo aprobado para 2026, durante la administración de Gustavo Petro. Atlántico es el territorio más afectado, con una disminución de COP 538.181 millones en inversión, pasando de una asignación de COP 2,7 billones en 2026 a COP 2,2 billones en 2027. Según El Espectador, esta situación resulta paradójica ya que Atlántico ha sido una zona clave en el comienzo del mandato de De la Espriella, quien ha usado Barranquilla como sede alterna de la Presidencia y ha contado con el respaldo político de la familia Char. Antioquia, otro departamento estratégico para el gobierno actual, también experimentó una reducción: la inversión regionalizada bajó de COP 6,8 billones en el último presupuesto del gobierno Petro a COP 6,3 billones bajo De la Espriella.

En total, la inversión regionalizada aprobada para 2027 es de COP 86,9 billones, frente a los COP 94,6 billones que se habían acordado inicialmente antes del error legislativo, según datos de El Espectador. La diferencia de COP 8,36 billones obedece a que el segundo debate había reasignado recursos del servicio de deuda a inversión, adiciones que no pudieron mantenerse en el texto final decretado. La Constitución establece que, en ausencia de acuerdo en el Congreso, entra en vigencia el texto aprobado por las Comisiones Económicas, lo que eliminó los recursos adicionales para las regiones.

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¿Cuáles departamentos tuvieron mayor reducción de inversión regionalizada en el Presupuesto General 2027?

De acuerdo con El Espectador, Atlántico encabeza la lista de departamentos con mayor reducción de inversión regionalizada, perdiendo COP 538.181 millones. Le siguen Antioquia con COP 451.252 millones menos, Bolívar con COP 444.262 millones, Tolima con COP 300.561 millones y Norte de Santander con COP 207.376 millones. Esta disminución afecta significativamente la financiación de proyectos y servicios públicos en estas regiones.

¿Por qué se decretó el Presupuesto General de la Nación 2027 y no se aprobó en el Congreso?

El Presupuesto General de la Nación 2027 fue decretado por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras un error en el trámite legislativo que impidió que el Senado y la Cámara conciliaran el texto definitivo dentro del tiempo reglamentario. Según la información de El Espectador, en estos casos la Constitución establece que se adopta el texto aprobado en Comisiones Económicas, descartando adiciones propuestas en el segundo debate.

Esa misma decisión la agradeció públicamente la marca, y a través de redes sociales publicó un mensaje en que, simplemente, les agradece a ese grupo económico y al presidente de la República por creer.

“Hoy queremos agradecer al Grupo Nutresa por apostar por Presto y abrir una nueva oportunidad para el futuro de esta marca tan querida por los colombianos”, dice la carta que publicó la compañía, que hasta hace pocos días estaba prácticamente en la quiebra en Colombia.

Seguido, les dedicó unos párrafos al mandatario y a parte del equipo de la Supersociedades.

“Al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Alexandra Macías Sánchez, gracias por su apoyo y participación en este momento tan importante para nuestra historia”, señala la empresa.

(Vea también: Sale a flote historia tras Presto: aún busca nuevo dueño para evitar su adiós luego de 45 años)

Presto se salvó en Colombia y agradece el apoyo logrado

La marca, además, destacó que siempre ha tenido claro que su importancia en Colombia va mucho más allá de las hamburguesas.

“Son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer”, sostuvo.

Finalmente, Presto dice estar lista para renovar su esperanza y crecer para seguir siendo una gran empresa, con nuevas oportunidades y que acompañe a los colombianos por muchos años más.

Este es el comunicado completo:

 

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El pacto reúne al Ministerio de Hacienda, la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin), el Banco Cooperativo Coopcentral y la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe).

La iniciativa se suscribió en el marco del 16º Congreso Internacional de Asomicrofinanzas. Parte de un diagnóstico sobre la exclusión crediticia en el país.

Según las cifras citadas por los firmantes, cerca del 63 % de los colombianos no accede a crédito formal. Además, un estudio de ANIF y Colombia Fintech señala que las tasas de interés de los préstamos informales pueden alcanzar el 382,2 % efectivo anual (E. A.) para los hogares y el 666,5 % E. A. para las empresas.

(Vea también: Vicepresidente Restrepo se va contra el gota a gota en Colombia: cobran hasta “720 %”)

Acuerdo busca facilitar el regreso al crédito formal

Uno de los ejes del pacto es la rebancarización de personas y negocios que quedaron excluidos del sistema financiero después de atravesar dificultades económicas, pero que han recuperado su capacidad de pago y endeudamiento.

Las entidades firmantes plantean facilitar su regreso progresivo al crédito formal, dentro del marco regulatorio y de los criterios de gestión de riesgos vigentes.

“Desde Fecolfin creemos que combatir el ‘gota a gota’ implica abrir puertas al crédito formal y dar segundas oportunidades, promoviendo una cultura de pago responsable y protegiendo al deudor de buena fe”, afirmó Freddy Castro Badillo, presidente ejecutivo de Fecolfin.

El directivo agregó que también es necesario fortalecer la tecnología de las cooperativas y avanzar hacia una regulación que tenga en cuenta su naturaleza, tamaño y perfil de riesgo.

Por su parte, Carlos Acero, presidente de Confecoop, destacó la capacidad de las cooperativas para atender a comunidades, trabajadores independientes y pequeños negocios gracias a su presencia territorial y al conocimiento de sus necesidades.

“Las cooperativas cuentan con una amplia presencia territorial y un conocimiento sobre las necesidades de las comunidades, los trabajadores independientes y los pequeños negocios de emprendimiento, lo que se constituye en una fortaleza para construir soluciones que respondan a sus necesidades reales”, señaló.

Educación financiera y tecnología, otros ejes del pacto

Además de ampliar el acceso a la financiación, el acuerdo contempla acciones de educación financiera para mejorar el manejo del endeudamiento, fortalecer la gestión financiera de los negocios y prevenir el fraude.

El tercer componente es el uso responsable de la tecnología y las herramientas digitales para facilitar el acceso y la utilización de servicios financieros formales.

Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de Analfe, señaló que los fondos de empleados también pueden contribuir a este propósito mediante alternativas de ahorro y crédito solidario.

“Nos sumamos a este acuerdo que busca ampliar la inclusión financiera, promover el endeudamiento responsable y brindar nuevas oportunidades a quienes desean recuperar su acceso al sistema financiero formal”, afirmó.

Jorge Andrés López, presidente ejecutivo del Banco Cooperativo Coopcentral, destacó el papel del ahorro y el crédito productivo en la estrategia. “Nuestra razón de ser es promover el ahorro y el crédito productivo, con procesos de integración y escalamientos que faciliten la innovación y tecnología en la prestación de los mismos”, indicó.

El acuerdo busca articular las capacidades del Gobierno nacional, las entidades microfinancieras y el sector cooperativo para ampliar las alternativas formales de financiación, reducir la dependencia de los préstamos informales y facilitar que más personas recuperen el acceso al sistema financiero.

El encuentro, programado entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuenta con la participación confirmada de figuras como la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa; el director general del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Juan Camilo Ostos; la vicepresidenta de Planeación, Riesgo y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Nury Logreira; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, según destaca la organización del evento.

Uno de los temas centrales será la conectividad entre Buenaventura y el interior del país. Entre los proyectos en discusión se encuentra la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la conexión vial entre Buga, Loboguerrero y Buenaventura, así como el fortalecimiento de la infraestructura energética. También se analizará la actualización de las concesiones portuarias y la posible adopción de tecnologías relacionadas con la electrificación de muelles y el uso de combustibles menos contaminantes. En cuanto a otras iniciativas, la agenda incluye la malla vial del norte del departamento, el aeropuerto de la región y el tren de cercanías, consideradas prioridades estratégicas por la directora ejecutiva de la CCI Seccional Occidente, Diana Rojas.

Después del sismo de agosto, la reconstrucción y recuperación son parte fundamental del diálogo. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali presentarán la hoja de ruta para la región. Posteriormente, directivos de entidades como ProPacífico y el Departamento Administrativo de Hacienda de Cali examinarán cómo transformar las necesidades post-sismo en proyectos que puedan financiarse y ejecutarse. En este sentido, los empresarios podrán aportar por medio de esquemas como Obras por Impuestos, buscando ejecutar proyectos de infraestructura social.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el objetivo es fijar prioridades, identificar obstáculos y definir compromisos claros para avanzar en la recuperación y el desarrollo del occidente del país.

¿Cuáles son los proyectos clave de infraestructura que se discutirán en el Valle del Cauca?

El encuentro presentado por la CCI Seccional Occidente pondrá sobre la mesa proyectos como la profundización del canal de acceso del puerto de Buenaventura, la conexión vial Buga-Loboguerrero-Buenaventura, la infraestructura energética, la malla vial del norte, el aeropuerto de la región y el tren de cercanías. Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad y mejorar la conectividad del departamento, según lo enfatizado por los organizadores del evento.

¿Qué significa el esquema "Obras por Impuestos" en la financiación de la reconstrucción regional?

El esquema "Obras por Impuestos" es un mecanismo mediante el cual las empresas pueden destinar parte de su obligación tributaria a la ejecución directa de obras de interés social o de infraestructura. En el contexto del Valle del Cauca, se discutirá cómo este modelo permite al sector privado contribuir de manera concreta a la recuperación y reconstrucción tras el sismo, según lo explicado en la agenda del evento organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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El evento, organizado por FEDEMADERAS y ASOCARBONO, en alianza con la Fundación Santo Domingo, reunirá a representantes del Gobierno, empresas, comunidades, productores, inversionistas, banca, academia y cooperación internacional para analizar oportunidades relacionadas con la conservación, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los mercados de carbono y biodiversidad y el financiamiento climático.

La iniciativa parte de la importancia del capital natural para la economía colombiana. Según los organizadores, el 48 % del PIB depende de los servicios ecosistémicos, mientras que la degradación ambiental podría poner en riesgo el 13 % de este aporte hacia 2030. En este escenario, la bioeconomía y los mercados de carbono aparecen como mecanismos para atraer recursos hacia proyectos que combinen conservación y desarrollo productivo.

Actualmente, la cadena forestal de madera y mobiliario representa el 0,8 % del PIB y genera 210.000 empleos directos e indirectos. Además, 248 proyectos certificados del mercado de carbono han generado reducciones o remociones superiores a 250 millones de toneladas de CO2 equivalente.

FEDEMADERAS considera que, con una política de Estado de largo plazo, la cadena forestal podría superar el 3 % del PIB, mientras que los activos ambientales podrían movilizar más de $200.000 millones anuales hacia las regiones y comunidades.

Durante los tres días habrá conferencias, anuncios, diálogos y espacios para conectar proyectos con inversionistas nacionales e internacionales. También participarán entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia. El objetivo es convertir las conversaciones en acuerdos y acciones concretas que permitan proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades económicas para Colombia.

El reporte indica que la negociación debería tomar como referencia la inflación esperada al cierre de 2026, que, según las proyecciones, sería del 6,8 %, junto con un crecimiento estimado del 1,2 % en la productividad total de los factores.

Bajo estos supuestos, el incremento técnicamente deseable del salario mínimo en Colombia para 2027 sería del 8,0 %, según Corficolombiana, en línea con los analistas locales.

“Un ajuste alineado con esta regla también contribuiría a la estabilidad macroeconómica. En materia de precios, reduciría el riesgo de presiones adicionales derivadas de la indexación y de los costos laborales, facilitando que, junto con la política monetaria, la inflación retome una senda de convergencia hacia la meta del Banco de la República”, agrega el informe.

(Vea también: ¿Salario mínimo en Colombia llegaría a $ 1.856.000 en 2027? Esto ganaría cada trabajador)

El aumento necesario del salario mínimo en Colombia, según los analistas

De esta manera, el ajuste del salario mínimo evitaría añadir presiones innecesarias sobre los costos de contratación y ayudaría a preservar las condiciones para la generación de empleo formal.

“En el frente fiscal, moderaría el aumento de las obligaciones vinculadas al salario mínimo y contribuiría a proteger el margen de maniobra de las finanzas públicas. En suma, el objetivo no es limitar la recuperación de los ingresos de los trabajadores, sino asegurar que sea sostenible”, complementa el documento.

Asimismo, un salario mínimo en Colombia acorde con la inflación y la productividad permitiría proteger el poder adquisitivo y reconocer las ganancias de eficiencia de la economía, al tiempo que reduciría el riesgo de que el aumento de los costos, las presiones inflacionarias y los desequilibrios fiscales terminen erosionando sus beneficios.

“Finalmente, la discusión sobre el salario mínimo debería trascender la magnitud del ajuste anual y abrir espacio para revisar si este continúa siendo una referencia adecuada para las heterogéneas condiciones productivas y laborales del país. Su creciente incidencia sobre la estructura salarial y los costos de contratación plantea la necesidad de evaluar alternativas que permitan conciliar la protección de los ingresos con las diferencias regionales de productividad y costo de vida”, agrega el documento.

Según la encuesta Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al tercer trimestre de 2026, el 47 % de los consumidores entre 30 y 45 años contempla realizar alguna de estas operaciones durante los próximos 12 meses, ocho puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubicó en 39 %.

La generación Z ocupa el segundo lugar, con 39 %, seguida por la generación X, con 35 %. En contraste, solo el 15 % de los baby boomers manifestó intención de solicitar financiación o refinanciar obligaciones.

Entre los consumidores interesados en crédito, el 41 % planea solicitar un préstamo personal y el 28 % considera adquirir una tarjeta de crédito.

Además, el 26 % contempla refinanciar un crédito personal, mientras que el 17 % analiza opciones de compra ahora y pago después y el 12 % piensa financiar un vehículo.

Sin embargo, el costo sigue siendo una barrera importante. El 37 % de quienes desistieron de solicitar crédito afirmó que las tasas o condiciones eran demasiado costosas.

La encuesta fue realizada a 903 adultos colombianos entre el 17 y el 27 de julio de 2026 y muestra que el interés por financiarse aumenta, aunque las condiciones del crédito siguen pesando en las decisiones.

De acuerdo con la entidad, un total de 198.182 contribuyentes de todo el país acumulan 643.332 obligaciones pendientes por $22,9 billones. Estos contribuyentes tienen la oportunidad de normalizar su situación tributaria, aduanera o cambiaria gracias a las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.

“Por monto de las obligaciones pendientes, las cinco ciudades que concentran los mayores saldos son Medellín, con $8,1 billones; Cali, con cerca de $5 billones; Bogotá y Bucaramanga, con $1,1 billones cada una; y Cúcuta, con poco más de $1 billón”, dice la Dian.

Dian: otras medidas para recuperar importantes recursos para el país

En conjunto, estas cinco direcciones seccionales concentran cerca de $16,4 billones de los $22,9 billones correspondientes al saldo total identificado.

“Invitamos a los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad excepcional para normalizar sus obligaciones; además de regularizar su situación con importantes beneficios económicos, contribuirán a este esfuerzo de país para reconstruir los territorios afectados por el terremoto”, dijo el director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

Los beneficios del decreto estarán vigentes hasta el 19 de noviembre e incluyen un paquete de medidas para los contribuyentes, “sin importar su domicilio, y también un bloque de disposiciones que cobijan únicamente a personas naturales y jurídicas, usuarios aduaneros y demás obligados con domicilio fiscal en los municipios afectados por la emergencia”.

Para responder a estos compromisos, EPM adelanta gestiones extraordinarias para conseguir recursos y evitar afectaciones en la prestación del servicio.

Desde que asumió la operación, EPM ha invertido más de $3,6 billones para atender a cerca de 1,8 millones de usuarios.

Aunque Afinia reporta mejoras superiores al 70 % en indicadores de continuidad y frecuencia de interrupciones, sus problemas de liquidez persisten. A septiembre, las entidades oficiales le adeudaban $420.000 millones y su déficit mensual de caja rondaba los $400.000 millones.

Uno de los principales problemas es que Afinia recupera apenas $57 por cada $100 que destina a comprar energía. Las pérdidas eléctricas, el fraude y las conexiones ilegales agravan la situación.

Además, la empresa debe priorizar pagos para cumplir sus compromisos con proveedores y otros agentes del sector.

EPM ha propuesto al Gobierno medidas relacionadas con subsidios, financiación, tarifas y reducción de pérdidas. También reorganizó parte del mercado para concentrar recursos en las zonas con mejores condiciones de recaudo. Sin embargo, considera que se necesitan soluciones estructurales y coordinadas para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

Según la Secretaría, la Semana de la Formación contará con un total de 18 actividades gratuitas y se han dispuesto más de 1.300 cupos, orientados principalmente a emprendedores y empresarios que buscan fortalecer sus negocios, ampliar sus oportunidades y alcanzar nuevas metas. Esta apuesta se articula como una respuesta concreta ante el impacto negativo que dejó el sismo del 10 de agosto en varios barrios de Cali. De acuerdo con fuentes oficiales, la emergencia produjo el cierre de negocios, la pérdida de jornadas laborales y afectaciones a unidades productivas en zonas como Alameda, Tequendama, La Luna y la comuna 9. Así, el eslogan “Cali se reactiva” marca el enfoque de acompañar a quienes dinamizan la economía local.

La programación se diseñó para ajustarse a la realidad de los participantes, quienes en su mayoría no pueden ausentarse varios días de sus labores. Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que “al reunir la oferta en una semana, cada uno completa su ruta de formación en días seguidos y sale con su certificado”.

El evento inicia el lunes 26 de octubre en el Domo de Yawa, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología, con la inauguración y un foro-taller de economía colaborativa para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Desde el martes hasta el viernes, las actividades continúan en el Hotel San Fernando Real, donde se abordan temas como estrategias comerciales y financieras, competencias empresariales, uso de redes sociales, inteligencia artificial para emprendimientos afectados por el sismo, y procesos de formalización para productores y vendedores de la economía popular.

Durante la semana, 300 vendedores participarán en jornadas de construcción de planes de reconversión, mientras que productores rurales y artesanos trabajarán en temas de asociatividad y cadena de valor. El jueves se concentrará en oportunidades de financiación y gestión para asociaciones rurales, y el viernes se dictarán cátedras sobre marco legal y proyectos, culminando con el acto de cierre y entrega de certificados. Todo esto hace parte de la estrategia de reactivación de la economía en Cali impulsada desde la administración local.

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¿Qué actividades incluye la Semana de la Formación en Cali para emprendedores?

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, la Semana de la Formación incluye foros, talleres sobre economía colaborativa, estrategias comerciales y financieras, capacitación en redes sociales e inteligencia artificial, talleres de economía circular y sesiones para elaboración de planes de negocio y reconversión. Además, hay asesoría en gestión y gobernanza, formación sobre financiamiento y apoyo jurídico para proyectos, con actividades dirigidas a MiPymes, vendedores de la economía popular y productores rurales.

¿Cuál es el objetivo principal de la Semana de la Formación organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali?

El objetivo central del evento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, es fortalecer los negocios locales y facilitar la formalización empresarial, en respuesta a los impactos recientes del sismo, ayudando a emprendedores, empresarios y vendedores de la economía popular a superar dificultades, retomar su actividad y acceder a nuevas oportunidades para el crecimiento de sus unidades productivas.

JP Tactical Trading señaló que la apertura en $3.172 mantiene a la divisa dentro de la franja operativa prevista para la jornada.

En el plano global, el índice DXY continúa acumulando volatilidad e interactuando contra el piso clave de 101,60 puntos. Los analistas advierten que la compresión de precios en este nivel aumenta la probabilidad de una ruptura con fuerte dinamismo una vez se resuelva la consolidación.

(Vea también: Dólar en Colombia reaccionó a aprobación del Presupuesto General 2027: pegó subida hoy)

Para Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, en una semana con escasos catalizadores de datos macroeconómicos, la atención de las mesas de dinero se enfocó en las tensiones geopolíticas, el precio del crudo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro y el índice VIX.

Para el experto, la combinación de una nueva escalada geopolítica con decepciones en los resultados financieros de las tecnológicas de Wall Street sobre el retorno de la inversión en Inteligencia Artificial mantiene un entorno adverso para las monedas emergentes, con el potencial de reimpulsar el dólar en Colombia hacia la zona de $3.220 – $3.250.

Brent supera los US$114 tras riesgos en el Golfo

Los precios internacionales de la energía aceleran su tendencia al alza: El Brent registra un incremento diario del 1,4 %, alcanzando los US$114,72 por barril (su nivel más elevado desde mayo) y el WTI se consolida nuevamente sobre la barrera de los US$100 por barril.

El repunte de la materia prima responde al incremento en las presiones geopolíticas en Medio Oriente, de acuerdo con los analistas.

Informes sobre posibles planes militares conjuntos entre EE. UU. e Israel dirigidos hacia infraestructuras estratégicas iraníes mantuvieron la atención de los inversionistas, mientras las advertencias de Teherán sobre eventuales respuestas en la cuenca del Golfo Pérsico tensionan las rutas de suministro.

A esto se sumaron los ataques con drones por parte de milicias hutíes contra objetivos en Arabia Saudí, que llevaron a la estatal Saudi Aramco a ordenar la evacuación preventiva de su sede en Dhahran.

(Lea también: Baja el dólar en Colombia y este precio lo esperaban viajeros y quienes negocian la divisa)

De la Espriella firma decreto con recorte de $13,8 billones para 2026

Tras la expedición por decreto del Presupuesto General de la Nación de 2027 ($634,95 billones), la administración del presidente Abelardo de la Espriella hizo oficial la firma del Decreto 1585, el cual pone en marcha un plan de ajuste sobre el presupuesto de 2026 por $13,8 billones.

De este monto, $3 billones corresponden a gastos de funcionamiento (vía reducción de contratos de prestación de servicios y cancelación de adquisiciones no prioritarias), $4 billones al servicio de la deuda (favorecido por la estabilización en la tasa de cambio) y $6,8 billones a contratación específica sobr5e proyectos con baja ejecución o que no corresponden a las prioridades gubernamentales.

De acuerdo con la información suministrada, la tasa de cambio nominal es enfocada en indicar de forma concreta el número de pesos que se requieren para comprar un dólar. Un aspecto clave de este indicador es su impacto instantáneo sobre la economía: si la tasa de cambio aumenta, esto significa que el peso colombiano se deprecia frente al dólar. Expresado en términos sencillos, los ciudadanos y empresarios deben desembolsar más pesos por cada dólar, haciendo que la importación de bienes y servicios resulte más costosa. Por el contrario, cuando la tasa de cambio disminuye y el peso se aprecia, se necesita una menor cantidad de pesos para la misma cantidad de dólares. Esto puede abaratar los productos importados, aunque también podría afectar la competitividad de los exportadores colombianos, ya que sus productos se encarecen en el exterior.

Para la medición oficial de estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la descripción del procedimiento, la TRM equivale al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las operaciones de compra y venta de dólares versus pesos realizadas en entidades vigiladas. Estas entidades incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es indispensable que estas transacciones se liquiden el mismo día de la negociación para ser incluidas en el cálculo de la TRM. Actualmente, se informa que un dólar equivale a 3.185,01 pesos colombianos (cifra tomada del reporte).

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¿Qué es la tasa representativa del mercado en Colombia y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas surgidas de todas las operaciones de compra y venta de dólares frente al peso colombiano, realizadas el mismo día por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex.

¿Cómo afectan la depreciación y la apreciación del peso colombiano a las importaciones y exportaciones?

Cuando el peso se deprecia frente al dólar, las importaciones se encarecen, pues se requiere más moneda local para adquirir productos extranjeros. Por el contrario, en un escenario de apreciación del peso, importar resulta más barato, pero los exportadores pueden perder competitividad, ya que sus productos se encarecen en los mercados internos y externos.

En la estructura de la lista, cinco postulaciones corresponden a Ecopetrol S.A, tres a fondos de pensiones y cesantías, y una a EPM. Cuatro de los candidatos han sido designados como miembros no independientes, todos propuestos por Ecopetrol: Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo. Por su parte, los cinco miembros independientes son Ricardo Peláez Restrepo (también postulado por Ecopetrol); Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz (por los fondos de pensiones); y Sandra Gómez Arias (por EPM).

Los tres integrantes que permanecen son Arce Zapata, Zárate y Martínez. La hoja de vida de Zárate Perdomo indica que es consultor independiente desde 2022 y presidente de la junta desde abril de 2024, con trayectoria como codirector del Banco de la República, viceministro técnico de Hacienda y miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Arce Zapata, presidente de Asofiduciarias desde 2019 y exministro de Minas y Energía, figura con una amplia experiencia en el sector público y privado, mientras que Martínez Ortiz, economista y doctora en política económica, destaca como investigadora senior de Fedesarrollo y por su papel en comités regulatorios y juntas directivas de empresas públicas y privadas.

Entre los nuevos candidatos no independientes, resaltan perfiles vinculados a Ecopetrol y al sector de hidrocarburos. Gutiérrez Caballero es presidente de Ecopetrol desde septiembre de 2026 según la hoja de vida, mientras que Gutiérrez Dangond y Cuello Navarro cuentan con experiencia como altos funcionarios en compañías energéticas y el sector público. Carreño Acevedo aporta más de 25 años en la industria petrolera, con trayectoria en compañías internacionales pero sin participación previa en juntas directivas.

Peláez Restrepo, postulado como independiente, se distingue por su liderazgo empresarial en sectores inmobiliario, de tecnología e industrias creativas, mientras que Gómez Arias, nominada por EPM, tiene una sólida trayectoria en juntas directivas y liderazgos ejecutivos en banca e inversión.

Las hojas de vida de los candidatos incluyen información detallada sobre formación, experiencia profesional y roles en juntas directivas, especificando la entidad nominadora y si el candidato es independiente o no, lo que da transparencia al proceso de selección, según los documentos oficiales.

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¿Quiénes son los nuevos miembros de la junta directiva de ISA para 2026?

De acuerdo con la información oficial, seis nuevos nombres aparecen entre los nueve candidatos propuestos para la junta de ISA en 2026. Entre ellos figuran directivos y exfuncionarios principalmente de Ecopetrol y el sector energético, como Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond, Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, Ricardo Peláez Restrepo y Sandra Gómez Arias. Sus hojas de vida evidencian trayectorias en cargos ejecutivos, experiencia en juntas directivas y formación en áreas administrativas, ingeniería y economía.

¿Qué diferencia hay entre un miembro independiente y no independiente en la junta directiva de ISA?

El documento oficial presenta como miembros independientes a quienes no tienen vínculos laborales, comerciales o de otro tipo con la empresa que puedan afectar su juicio y objetividad. Los candidatos independientes pueden ser propuestos por fondos de pensiones, EPM u otras entidades, mientras los no independientes suelen estar relacionados de manera directa con las empresas nominadoras, lo que puede influir en sus decisiones dentro de la junta directiva.

El proceso de postulación revela que cinco candidatos fueron presentados por Ecopetrol S.A., tres por los fondos de pensiones y uno por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Atendiendo al perfil de independencia, la nueva lista contempla cuatro postulados como miembros no independientes y cinco como independientes. Los candidatos no independientes —Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo— fueron propuestos por Ecopetrol. Por su parte, Ricardo Peláez Restrepo fue nominado de forma independiente también por Ecopetrol; Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz fueron presentados por los fondos de pensiones, y Sandra Gómez Arias por EPM.

Los nombres que repiten participación en el cuerpo directivo son Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz. Según los documentos consultados, Zárate Perdomo es miembro desde abril de 2024, cargo que también ejerció previamente entre octubre de 2019 y marzo de 2021. Es reconocido como consultor independiente desde 2022, con experiencia en entidades como el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Germán Arce Zapata es miembro desde abril de 2024, con trayectoria como presidente de Asofiduciarias desde 2019, ministro de Minas y Energía y director en entidades del sector hidrocarburos y valores. Astrid Martínez Ortiz integra la Junta desde abril de 2026, destacándose por su trabajo en Fedesarrollo e intervención en juntas de empresas relevantes del sector económico y energético.

Entre quienes podrían incorporarse por primera vez figuran ejecutivos y exfuncionarios vinculados tanto a Ecopetrol como al sector energético. Gutiérrez Caballero, actual presidente de Ecopetrol desde septiembre de 2026, lidera en renglones de esta lista junto con Gutiérrez Dangond, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de la misma empresa. Cuello Navarro, postulado tras desempeñarse como viceministro de Energía, también presenta experiencia directiva en varias firmas del sector. Carreño Acevedo, ingeniera de petróleos, suma una trayectoria de más de 25 años en empresas internacionales de servicios energéticos. Del lado independiente y con perfiles empresariales diversos, resalta Peláez Restrepo, fundador de un grupo empresarial en sectores como inteligencia artificial y comunicación. Por EPM, Gómez Arias, con más de 15 años en juntas directivas y sólida formación en proyectos y banca de inversión, también hace parte del grupo de aspirantes.

Cada uno de los candidatos presenta una hoja de vida detallada que incluye estudios, experiencia relevante y detalle sobre participación en organismos directivos, permitiendo una visión integral de las capacidades y trayectorias de quienes aspiran a guiar la empresa en el próximo periodo.

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¿Quiénes fueron los nuevos candidatos a la junta directiva de ISA en 2026?

Entre los seis nuevos nombres postulados a la junta directiva de ISA en 2026 figuran Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, todos nominados por Ecopetrol S.A.; Ricardo Peláez Restrepo, nominado por Ecopetrol como independiente; y Sandra Gómez Arias, postulada por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Sus hojas de vida presentan experiencia en cargos ejecutivos y directivos, tanto en el sector energético como en áreas corporativas y de inversión.

¿Qué significa ser miembro independiente o no independiente en una junta directiva?

Un miembro independiente en una junta directiva es aquel que no posee vínculos directos ni dependencia respecto a la entidad o sus accionistas, lo que le permite tomar decisiones objetivas y libres de influencia interna. Por el contrario, un miembro no independiente suele estar asociado a la entidad que lo postula, ya sea por vínculos laborales o de representación accionaria, lo que puede implicar intereses alineados con la organización o sus principales accionistas.

Recuerda la entidad que esta iniciativa de ahorro voluntario está orientada a millones de colombianos que buscan proteger su estabilidad financiera futura según sus capacidades económicas actuales.

El modelo BEPS de Colpensiones ofrece flexibilidad en los aportes, permitiendo a los ahorradores destinar montos variables sin tener en cuenta penalidades ni plazos rígidos, democratizando así el acceso a un ingreso vitalicio durante la tercera edad.

Explicó el fondo que las personas que fortalezcan su capital de ahorro podrán acceder a sorteos entre los cuales se destacan bonos de libre inversión por $1.580.000, ideales para, según la entidad, cubrir necesidades inmediatas o consumos personales.

Colpensiones dará más beneficios a sus afiliados

También entregará bonos de vivienda: el programa contempla la entrega de bonos para compra y remodelación de inmuebles valorados en $217.000.000.

(Vea también: Colpensiones dará 217 millones para vivienda, ¿quiénes pueden pedirlos y cómo?)

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los afiliados pueden acceder a un seguro de vida totalmente gratuito, que opera como una red de seguridad económica sin generar costos adicionales sobre el saldo acumulado.

Esta cobertura ampara contingencias para garantizar una compensación monetaria en favor de la familia en caso de diagnóstico de enfermedad grave o fallecimiento del titular.

Las medidas, contempladas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, buscan facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante descuentos y condiciones especiales de pago.

Entre los principales alivios se encuentra una reducción del 85 % en las sanciones por mora y una tasa de interés moratorio del 4,5 % anual.

También se contempla la posibilidad de corregir declaraciones sin pagar intereses y acceder a conciliaciones judiciales con condiciones favorables. Estos beneficios aplican a obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026 y podrán solicitarse hasta el 19 de noviembre de este año.

Según la entidad, los contribuyentes convocados acumulan 643.332 obligaciones pendientes, cuya cartera morosa asciende a $22,9 billones.

Medellín concentra $8,1 billones, seguida de Cali, con cerca de $5 billones. Bogotá y Bucaramanga registran alrededor de $1,1 billones cada una, mientras que Cúcuta supera el billón de pesos.

Adicionalmente, los damnificados por el terremoto podrán acceder a facilidades de pago de hasta 24 meses sin garantía y reprogramar cuotas de acuerdos vigentes hasta por 12 meses.

La Dian invitó a los deudores a aprovechar estos alivios y consultar los requisitos en su página web o puntos de atención.

La duda surgió por la evidente existencia en el mismo sector de Hamburguesas El Corral, que es propiedad del mismo conglomerado empresarial en Colombia.

Precisamente sobre ese aspecto salió al paso una de las figuras directivas, Felipe Baquero, presidente de alimentos al consumidor del Grupo Nutresa, que respondió al tema en dos entrevistas.

El representante indicó en Caracol Radio que se van a manejar de forma independiente los negocios de Hamburguesas El Corral y los restaurantes de Presto. “Nuestra intención es fortalecer la marca”, remarcó.

En ese sentido, lejos de que se contemple una fusión entre ambas cadenas de amplio reconocimiento entre los consumidores, se plantea un reto diferente con cada una.

De hecho, reconoció que él, como muchos colombianos, tiene recuerdos de los 45 años de Presto en Colombia, por lo que soltó múltiples detalles sobre uno de los movimientos claves en el país.

Al ser consultado en Blu Radio sobre el costo de la compra de Nutresa a Presto, Baquero explicó que la transacción “está en trámites”, al remarcar que apenas se dio en la noche del jueves 22 de octubre de 2026.

El directivo resaltó que ese grupo empresarial tiene a su cargo otros productos representativos que se han catapultado en la memoria colectiva, por lo que para este caso se mantiene ese paso.

“Como lo decía, somos operadores de marcas icónicas y cada una tiene su lugar en el corazón de los colombianos que todas sean muy fuertes”, señaló Baquero.

Por esa razón, al declararse un “comedor de hamburguesa profesional”, afirmó que no siente que exista un choque entre los consumidores de El Corral y Presto en el mercado colombiano.

“Cada una tiene su publico y el mundo de las hamburguesas ha crecido tanto que todos somos ‘hamburguesólogos’ y tenemos una favorita”, aseveró en su explicación.

En esa línea, en medio de la situación que llevó a Presto a la quiebra en Colombia, aceptó que desde ya se evalúa “qué tenemos que mejorar y que tenemos que fortalecer”.

Por esa misma razón, es que reconoció que entienden que en el caso de ambas marcas de hamburguesas “nosotros no las vemos como competencia, las vemos como complemento. Tienen sus fanaticadas diferentes, momentos distintos de consumo”.

Sobre la posibilidad de que se cambien los puntos en los que coinciden en centros comerciales y demás, el directivo entendió que esto no es un problema sino que abre la posibilidad a “que se complementen y estén en diferentes momentos de vida de los colombianos”.

Acerca del futuro de los trabajadores de Presto y los cambios que se vayan a contemplar de cara al momento en que se empiecen los movimientos correspondientes fue contundente.

“Estamos tomando la marca tal cual como está operando y trabajando los proveedores que trabajan con ella”, explicó acerca de la posibilidad de nuevos productos en bebidas y demás.

Asimismo, el directivo de Nutresa aclaró que por ahora no se tiene un estimativo actual del dinero que se le va a inyectar a Presto en este nuevo proceso.

En su momento, el conglomerado empresarial Grupo Nutresa oficializó la adquisición total de la cadena Hamburguesas El Corral a finales del año 2014.

La transacción comercial se cerró mediante la compra de Grupo El Elipse, sociedad dueña de la icónica marca de comida rápida colombiana.

El acuerdo financiero se pactó por un valor aproximado de $830.000 millones, consolidando la presencia del grupo en el sector de alimentos.

Con esta importante transacción estratégica, la multinacional antioqueña asumió la operación directa de cientos de puntos de venta en todo el país.

Las centrales obreras, integradas por la CUT, CTC y CGT, plantean un aumento del 38,5 %, que llevaría el salario básico mensual a cerca de $2.424.003, sin incluir el auxilio de transporte.

Los sindicatos argumentan que todavía existe una amplia brecha entre los ingresos de los trabajadores y el llamado salario mínimo vital.

En contraste, Fenalco propone un incremento mucho más moderado, que no supere el 9 %, teniendo en cuenta principalmente la inflación y la productividad. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que se debe avanzar hacia un nivel salarial que sea sostenible para las empresas y los trabajadores.

Centros de análisis y bancos también proyectan un aumento de un solo dígito, entre 7 % y 10 %.

El Ministerio de Trabajo aún no define una cifra y espera datos clave, como la inflación de 2026, estimada entre 6 % y 7 %, y el reporte de productividad del DANE.

Si el aumento del salario mínimo para 2027 fuera solamente del 6 %, pasaría de $1.750.905 a $1.856.959 mensuales, es decir, tendría un incremento de $105.054, sin incluir el auxilio de transporte.

La concertación deberá concluir antes del 30 de diciembre de 2026, para que el nuevo salario entre en vigencia el 1 de enero de 2027.

(Lea también: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador a estas empresas)

La preocupación no es menor. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió que en Colombia se reclaman más de $252 millones diarios por fraudes asociados a llamadas y mensajes de texto. La entidad también encontró que el valor de las reclamaciones pasó de $30.622 millones a $92.235 millones entre 2022 y 2024, es decir, se triplicó en ese periodo.

Una de las dificultades para los usuarios es que los delincuentes ya no dependen únicamente de enviar mensajes desde números desconocidos. Algunas modalidades permiten suplantar a bancos y comercios, falsificar el remitente e incluso hacer que un mensaje fraudulento aparezca dentro de una conversación que parece legítima.

Por eso, antes de abrir un enlace, entregar una clave o compartir un código de verificación, es importante identificar las señales de alerta. Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue para Infobip Latam, advierte que la prevención debe proteger tanto a las personas como a las empresas que utilizan los mensajes de texto para comunicarse con sus clientes.

“La lucha constante del sector de la comunicación es la de reforzar la seguridad para que el bolsillo de los usuarios no se vea golpeado”, afirmó Rodríguez. La vocera también alertó sobre los efectos que estos delitos pueden tener en la estabilidad financiera y la reputación de las empresas, especialmente porque los canales digitales concentran buena parte de la interacción entre marcas y consumidores.

Las seis modalidades de fraude por mensajes de texto que debe reconocer

Infobip identifica seis modalidades que pueden afectar a los usuarios y a las empresas. No todas operan de la misma forma: algunas buscan directamente robar información personal y financiera, mientras que otras manipulan los sistemas de mensajería para generar costos, impedir la entrega de notificaciones o deteriorar la confianza en los remitentes.

Smishing: el mensaje que busca robar sus claves

Esta modalidad consiste en suplantar a una entidad, como un banco o un comercio, mediante un mensaje de texto que incluye un enlace malicioso. El contenido puede advertir sobre un supuesto bloqueo de la cuenta, una transacción sospechosa o un pago pendiente y presionar al usuario para que actúe rápidamente.

Al entrar al enlace, la persona puede terminar en una página falsa que imita la de una entidad legítima y solicita sus contraseñas o datos personales. La señal de alerta: un mensaje inesperado que exige resolver un problema financiero de inmediato o ingresar información confidencial a través de un enlace.

La recomendación es no utilizar ese enlace. Si el mensaje dice que su cuenta está bloqueada, ingrese directamente a la aplicación oficial o comuníquese con el banco mediante un canal que usted ya conozca.

SMS spoofing: cuando el remitente también puede ser falso

En este caso, el delincuente altera la identificación del remitente para que el mensaje parezca provenir de una marca reconocida. Según Infobip, el engaño puede hacer que la comunicación aparezca en el mismo hilo donde el usuario ha recibido mensajes legítimos de esa empresa.

Esto significa que ver el nombre de un banco o encontrar el mensaje junto a otras notificaciones auténticas no es una garantía absoluta de seguridad.

Si recibe una solicitud inesperada de dinero, datos personales o códigos de autenticación, verifique la información por un canal independiente. No responda al mensaje ni utilice los datos de contacto incluidos en él para comprobar si es real.

SIM swapping: perder la señal puede ser una alerta

El SIM swapping ocurre cuando un delincuente consigue transferir la línea telefónica de la víctima a otra tarjeta SIM. Con ello puede intentar recibir códigos de seguridad que algunos servicios envían por mensaje de texto para verificar la identidad del usuario.

Una señal que merece atención es perder repentinamente la señal móvil sin una explicación clara, especialmente si el teléfono deja de conectarse a la red y usted no solicitó ningún cambio de tarjeta.

(Puede interesarle: Devolución de aportes pensionales en Colombia: el error que podría costarle su pensión)

En ese caso, contacte a su operador por sus canales oficiales y consulte si hubo una modificación de su línea. Si sospecha que alguien pudo acceder a sus cuentas, comuníquese también con las entidades financieras involucradas y cambie las contraseñas comprometidas.

SMS pumping: una modalidad que puede disparar los costos de las empresas

No todos los fraudes por SMS buscan engañar directamente a una persona. El SMS pumping utiliza sistemas automatizados para generar grandes cantidades de solicitudes de códigos de verificación hacia números internacionales, sin que necesariamente existan usuarios reales detrás de esas peticiones.

El resultado puede ser un aumento inesperado en los costos de mensajería de una empresa en pocas horas. Rodríguez explica que una señal de alerta para las compañías es observar un incremento repentino en el volumen de mensajes enviados, acompañado de una tasa baja de registros efectivos. En el caso del SMS pumping, la vocera señala que una conversión inferior al 20 % puede indicar un patrón anómalo que requiere revisión.

La especialista recomienda utilizar herramientas de monitoreo automatizado en tiempo real para detectar estos comportamientos y bloquearlos antes de que generen mayores costos o comprometan la seguridad de la operación.

Rutas grises y SMS trashing: mensajes importantes que no llegan

Infobip también advierte sobre las llamadas rutas grises y el SMS trashing, prácticas que pueden deteriorar la calidad de los servicios de mensajería y provocar que notificaciones críticas no lleguen a su destinatario.

Para una empresa, esto puede afectar la entrega de alertas, códigos de verificación y otras comunicaciones que sus clientes esperan recibir. Para el usuario, la consecuencia práctica es que podría no recibir una notificación importante.

Si está esperando un código o una confirmación y el mensaje no llega, evite recurrir a enlaces o números que le envíen terceros para solucionar el problema. Entre directamente a la aplicación oficial o contacte a la entidad por sus canales verificados.

SMS spam: mensajes masivos que saturan los canales

El SMS spam consiste en enviar mensajes no solicitados de forma masiva. Además de saturar las redes, puede afectar la reputación de los remitentes legítimos y hacer más difícil que los usuarios distingan una comunicación auténtica de una fraudulenta.

Si recibe mensajes repetidos sobre premios, promociones que no solicitó o supuestos pagos pendientes, no entregue datos personales ni abra enlaces sin verificar su procedencia. Desconfíe especialmente cuando el contenido prometa beneficios extraordinarios o exija actuar de inmediato.

Las señales que debe revisar antes de abrir un enlace de un mensaje

La CRC recomienda revisar varias señales de alerta en los mensajes sospechosos: errores de escritura, sensación de urgencia, enlaces desconocidos o abreviados y notificaciones inesperadas sobre compras, premios, entregas o transacciones que la persona no reconoce.

Antes de responder un mensaje o abrir enlaces, tenga presentes estas recomendaciones:

• Desconfíe de las amenazas y las urgencias: frases como “última oportunidad” o “actúe ahora” pueden buscar que usted tome una decisión sin verificar.
• Revise los enlaces: si la dirección es desconocida, está acortada o no coincide con la página oficial, no la abra.
• No comparta claves ni códigos: los códigos de verificación pueden permitir el acceso a sus cuentas; no los entregue a quien se los solicite por un mensaje inesperado.
• No confíe únicamente en el nombre del remitente: un mensaje puede aparentar que viene de una empresa conocida.
• Compruebe las transacciones: si recibe una alerta sobre una compra o un pago que no reconoce, ingrese directamente a la aplicación de su banco o comercio.
• Conserve las pruebas: guarde capturas de pantalla y los datos del mensaje si considera que se trata de un intento de fraude.
• Estas señales no prueban por sí solas que exista un delito, pero sí justifican detenerse y verificar la información antes de actuar.

¿Qué debe hacer si ya abrió el enlace o entregó sus datos?

Si abrió una página sospechosa, cierre el sitio y no continúe con el proceso. Si ingresó una contraseña, cámbiela desde la aplicación o la página oficial del servicio y revise si hay actividad que no reconoce.

Si entregó información bancaria o detecta una operación no autorizada, comuníquese de inmediato con su entidad financiera mediante los canales oficiales para reportar lo ocurrido y consultar las medidas de protección disponibles. Si perdió la señal móvil de forma inesperada y sospecha que alguien tomó control de su línea, contacte también a su operador.

(También puede leer: SOAT en Colombia: puede pagar más de $10 millones por un accidente de tránsito si cumple esta condición)

Guarde las capturas de pantalla, el número o remitente que aparece en el mensaje y los comprobantes de cualquier operación relacionada. Estos elementos pueden servir para presentar el reporte ante las entidades competentes.

La CRC también dispone de recomendaciones para identificar mensajes fraudulentos y señala que los usuarios pueden reportar posibles usos indebidos de códigos cortos enviando una captura clara del mensaje y del código remitente a su canal de atención: atencioncliente@crcom.gov.co.

El estudio, basado en información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud, evidencia un deterioro sostenido de las finanzas del sector.

A diciembre de 2025, las EPS analizadas registraban activos por $18,2 billones y pasivos por $35 billones.

La situación continuó empeorando durante 2026: a junio, los pasivos llegaron a $40,3 billones, mientras los activos sumaron $21,7 billones, dejando un patrimonio negativo de $18,6 billones.

El análisis no incluye a Nueva EPS, que dejó de reportar información financiera desde 2023 y cuyos pasivos podrían superar los $10 billones, según estimaciones de Asinfar. Esto impide dimensionar con precisión la deuda total del sistema.

Además, solo ocho de las 24 EPS que reportaron información al cierre de 2025 tenían patrimonio positivo.

El informe advierte que este deterioro puede afectar la capacidad de las entidades para pagar a hospitales, proveedores y otros actores, con posibles consecuencias sobre la continuidad y oportunidad de los servicios de salud.

La iniciativa fue planteada por Aconauto al Ministerio de Hacienda y busca que el menor costo tributario se traduzca en precios más bajos.

Según el gremio, la medida podría generar un alivio de 9,5 % en el precio final de los vehículos y permitir que las ventas superen las 350.000 unidades en 2026, con la posibilidad de llegar a 400.000.

Entre 2021 y 2025, el sector generó $23,55 billones para el Estado por IVA e impoconsumo. Aconauto sostiene que un aumento de las ventas podría compensar parte del menor recaudo directo mediante mayores ingresos por otros impuestos, como rodamiento, renta y el IVA asociado a combustibles, seguros, repuestos y mantenimiento.

La propuesta llega mientras el mercado automotor muestra un crecimiento. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos, 41,2 % más que en el mismo periodo de 2025. De estos, 39.784 fueron eléctricos y 74.471 híbridos.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta el reto fiscal del Gobierno, que proyecta un déficit de 5,3 % del PIB para 2026.

Un simulador del Banco de Occidente, con un plazo de 20 años y financiación de hasta 70% del valor del inmueble, estima que para comprar una vivienda de $300 millones se requieren ingresos de $9,2 millones mensuales mediante crédito hipotecario y $10,2 millones con leasing habitacional.

Para una vivienda de $500 millones, el ingreso sugerido asciende a $15,4 millones con crédito hipotecario y $17 millones con leasing.

En este escenario, la cuota inicial sería de $150 millones y $100 millones, respectivamente. Para una propiedad de $1.000 millones, los ingresos necesarios serían de $30,8 millones con crédito hipotecario y $34,1 millones con leasing, con cuotas iniciales de $300 millones y $200 millones.

Las simulaciones utilizan tasas anuales de 16,19% para crédito hipotecario y 15,54% para leasing.

Las cuotas estimadas van desde $2,7 millones para una vivienda de $300 millones hasta $10,2 millones para una de $1.000 millones.

Expertos recomiendan no elegir vivienda únicamente por el monto que presta el banco. La cuota debería representar máximo 30% de los ingresos familiares, considerando otras deudas y gastos del hogar.

Además, el precio final depende de factores como ubicación, valor del metro cuadrado y características del inmueble.

Un simulador del Banco de Occidente, con un plazo de 20 años y financiación de hasta 70% del valor del inmueble, estima que para comprar una vivienda de $300 millones se requieren ingresos de $9,2 millones mensuales mediante crédito hipotecario y $10,2 millones con leasing habitacional.

Para una vivienda de $500 millones, el ingreso sugerido asciende a $15,4 millones con crédito hipotecario y $17 millones con leasing.

En este escenario, la cuota inicial sería de $150 millones y $100 millones, respectivamente. Para una propiedad de $1.000 millones, los ingresos necesarios serían de $30,8 millones con crédito hipotecario y $34,1 millones con leasing, con cuotas iniciales de $300 millones y $200 millones.

Las simulaciones utilizan tasas anuales de 16,19% para crédito hipotecario y 15,54% para leasing.

Las cuotas estimadas van desde $2,7 millones para una vivienda de $300 millones hasta $10,2 millones para una de $1.000 millones.

Expertos recomiendan no elegir vivienda únicamente por el monto que presta el banco. La cuota debería representar máximo 30% de los ingresos familiares, considerando otras deudas y gastos del hogar.

Además, el precio final depende de factores como ubicación, valor del metro cuadrado y características del inmueble.

La propuesta surge en un contexto de dificultades para el sector de la construcción. Según Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el mercado de vivienda registra una caída significativa en sus principales indicadores, con un retroceso que no se observaba desde octubre de 2011.

(Lea también: Comprar casa en Colombia será más fácil por nueva ley: estos son los beneficios)

De acuerdo con las cifras presentadas por Herrera, los lanzamientos de vivienda disminuyeron más del 17 %, las ventas cayeron cerca del 12 % y las iniciaciones de obra se redujeron un 14 %. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrentan tanto las empresas constructoras como los hogares interesados en comprar vivienda.

En este escenario, el Partido Conservador radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia, especialmente para las familias que no cuentan con los recursos suficientes para reunir el dinero exigido como cuota inicial.

¿Quiénes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial?

La iniciativa contempla beneficios para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el propósito de reducir las barreras económicas que dificultan la compra de vivienda en diferentes regiones del país.

Entre las medidas propuestas se encuentran subsidios de hasta 30 salarios mínimos, destinados a cubrir la cuota inicial y otros gastos asociados con la adquisición del inmueble, incluidos los trámites notariales.

(Recomendado: Tradicional barrio en Bogotá elegido el más cool de la ciudad: Esto cuesta el arriendo en el sector)

Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es la posibilidad de que los trabajadores informales también puedan acceder a estos beneficios. Para ello, podrían demostrar su capacidad de pago mediante soportes como los recibos de arrendamiento y de servicios públicos, en lugar de depender exclusivamente de los documentos laborales y financieros que suelen exigirse para solicitar un crédito hipotecario.

¿De cuánto serían las cuotas mensuales para pagar vivienda?

Uno de los objetivos planteados por el exministro Mauricio Cárdenas es que los beneficiarios puedan asumir cuotas mensuales cercanas a los $700.000. La finalidad es establecer pagos que guarden relación con la capacidad económica de los hogares a los que está dirigido el programa.

Adicionalmente, el proyecto propone que el Estado cubra hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años, como una forma de disminuir el costo de la financiación para quienes adquieran vivienda bajo estas condiciones.

Para las madres cabeza de familia, la iniciativa contempla un apoyo mayor, con una cobertura de hasta seis puntos porcentuales de la tasa de interés. De esta manera, se buscaría reducir el valor de los pagos asociados al crédito hipotecario durante el periodo establecido.

¿Qué población tendría prioridad?

El proyecto también plantea dar prioridad a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos se encuentran las víctimas del conflicto armado, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales y los hogares con menores ingresos.

Ahora, la propuesta deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, los subsidios, las condiciones de acceso y los mecanismos de financiación descritos corresponden a las disposiciones planteadas en el proyecto y no constituyen todavía un beneficio disponible para los ciudadanos.

La propuesta surge en un contexto de dificultades para el sector de la construcción. Según Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el mercado de vivienda registra una caída significativa en sus principales indicadores, con un retroceso que no se observaba desde octubre de 2011.

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De acuerdo con las cifras presentadas por Herrera, los lanzamientos de vivienda disminuyeron más del 17 %, las ventas cayeron cerca del 12 % y las iniciaciones de obra se redujeron un 14 %. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrentan tanto las empresas constructoras como los hogares interesados en comprar vivienda.

En este escenario, el Partido Conservador radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia, especialmente para las familias que no cuentan con los recursos suficientes para reunir el dinero exigido como cuota inicial.

¿Quiénes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial?

La iniciativa contempla beneficios para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el propósito de reducir las barreras económicas que dificultan la compra de vivienda en diferentes regiones del país.

Entre las medidas propuestas se encuentran subsidios de hasta 30 salarios mínimos, destinados a cubrir la cuota inicial y otros gastos asociados con la adquisición del inmueble, incluidos los trámites notariales.

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Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es la posibilidad de que los trabajadores informales también puedan acceder a estos beneficios. Para ello, podrían demostrar su capacidad de pago mediante soportes como los recibos de arrendamiento y de servicios públicos, en lugar de depender exclusivamente de los documentos laborales y financieros que suelen exigirse para solicitar un crédito hipotecario.

¿De cuánto serían las cuotas mensuales para pagar vivienda?

Uno de los objetivos planteados por el exministro Mauricio Cárdenas es que los beneficiarios puedan asumir cuotas mensuales cercanas a los $700.000. La finalidad es establecer pagos que guarden relación con la capacidad económica de los hogares a los que está dirigido el programa.

Adicionalmente, el proyecto propone que el Estado cubra hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años, como una forma de disminuir el costo de la financiación para quienes adquieran vivienda bajo estas condiciones.

Para las madres cabeza de familia, la iniciativa contempla un apoyo mayor, con una cobertura de hasta seis puntos porcentuales de la tasa de interés. De esta manera, se buscaría reducir el valor de los pagos asociados al crédito hipotecario durante el periodo establecido.

¿Qué población tendría prioridad?

El proyecto también plantea dar prioridad a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos se encuentran las víctimas del conflicto armado, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales y los hogares con menores ingresos.

Ahora, la propuesta deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, los subsidios, las condiciones de acceso y los mecanismos de financiación descritos corresponden a las disposiciones planteadas en el proyecto y no constituyen todavía un beneficio disponible para los ciudadanos.

(Vea también: Colombia pone la mira en la energía nuclear: trazan el camino para producir esta tecnología)

El directivo hizo el llamado durante la Audiencia Nacional de Seguridad Energética, realizada en Barranquilla, y señaló que el Gobierno nacional debe ayudar a concretar una salida en un plazo máximo de dos semanas. La empresa, filial del Grupo EPM, enfrenta dificultades para cubrir sus obligaciones y contar con los recursos que necesita para mantener sus redes eléctricas.

“Necesitamos 800.000 millones de pesos”, afirmó Arango, quien agradeció a la ministra de Minas y Energía, al senador Juan Espinal, a la Comisión Quinta del Senado, a la RAP Caribe y a las gobernaciones que han participado en la búsqueda de alternativas.

El grupo EPM está preocupado por el futuro de AFINIA, su filial en la Costa Caribe que necesita más de 800 mil millones antes del 31 de diciembre para poder funcionar. Apagón financiero ronda en la costa como un fantasma. “AFINIA, el peor negocio de EPM en su historia” https://t.co/khpO96ORtn

— IFMNOTICIAS (@ifmnoticias) October 22, 2026

El fenómeno de El Niño aumentó los costos de Afinia

Uno de los factores que más presiona las finanzas de la compañía es el encarecimiento de la energía. Según explicó el gerente, los efectos del fenómeno de El Niño le han representado un sobrecosto de un billón de pesos en la compra de electricidad.

Afinia destina entre $400.000 millones y $500.000 millones mensuales a adquirir energía. Ese gasto reduce el margen de recursos disponibles para atender otros compromisos e invertir en la infraestructura que requiere el servicio.

A las presiones por el costo de la electricidad se suman las dificultades de recaudo. Arango señaló que las entidades oficiales tenían obligaciones pendientes con la empresa por $420.000 millones al cierre de agosto, mientras que las deudas de los acueductos superaban los $180.000 millones.

El hurto de energía y los bajos niveles de pago en las zonas eléctricamente subnormales también afectan el flujo de caja. Estas dificultades limitan la capacidad de Afinia para financiar las mejoras que necesita su red y responder oportunamente a sus obligaciones.

La empresa busca una salida antes de que termine el año

La prioridad es conseguir el dinero que permita mantener la operación durante los próximos meses. Para ello, Afinia ha pedido apoyo al Ministerio de Minas y Energía y a otros actores institucionales, con el fin de acordar mecanismos que alivien su situación financiera.

La advertencia se suma a las dificultades que atraviesa el sector eléctrico en la región Caribe, donde los problemas de liquidez de los operadores conviven con los altos costos de compra de energía y las cuentas pendientes de distintos usuarios.

El plazo planteado por Arango es de una o dos semanas. En ese periodo, la compañía espera que se concrete una solución que le permita llegar al 31 de diciembre sin que la falta de recursos ponga en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

La noticia representa un giro para una marca que apenas el 13 de octubre había recibido la orden de liquidación judicial de la Superintendencia de Sociedades. La operadora Franquicias y Concesiones SAS registró ingresos por 108.629 millones de pesos durante 2025, pero no logró superar sus dificultades de liquidez ni cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Cabe recordar que Presto tenía 156 establecimientos y ocupaba el cuarto lugar entre las cadenas de hamburguesas analizadas en Colombia, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King. Aunque la marca mantenía un fuerte reconocimiento entre los consumidores, la crisis financiera puso en duda la continuidad del negocio.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

https://t.co/74tpxZAsmP

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

Ahora, ese escenario dio un vuelco. Grupo Nutresa informó este 23 de octubre que firmó un contrato de compraventa para adquirir Presto y su unidad económica productiva, que incluye los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

La operación hará que Presto entre al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, donde compartirá espacio con marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Sin embargo, la compañía aclaró que Presto continuará como una marca independiente, con su propia identidad y propuesta de valor.

Uno de los aspectos que más interés despierta es el futuro de los trabajadores. Con la llegada del nuevo propietario, más de 700 empleos quedan vinculados a la continuidad del negocio, mientras los restaurantes seguirán funcionando con normalidad durante esta nueva etapa.

Gilinski destacó que Presto hace parte de la memoria colectiva de los colombianos y aseguró que detrás de la marca existe un equipo que durante 45 años ha construido su historia. El empresario también presentó la compra como una apuesta por el talento nacional y por la industria de restaurantes.

¿Qué dijo Grupo Nutresa luego de compra de Presto?

Luego del acuerdo para adquirir Presto, Grupo Nutresa explicó que busca darle una nueva etapa a la cadena de hamburguesas sin perder los elementos que la han identificado entre los consumidores colombianos.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó el valor de Presto como parte de la historia gastronómica del país. “En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa, se refirió a la intención de conservar los productos y atributos que han acompañado a la cadena durante sus 45 años de trayectoria, al tiempo que se adapta a las expectativas de los consumidores actuales.

Entre los productos mencionados están las hamburguesas clásicas, la salsa de la casa, el sándwich de jamón y queso y el pie de manzana. La estrategia busca aprovechar el reconocimiento de estos productos para fortalecer la marca y acercarla a nuevas generaciones.

Con esta operación, Presto se sumaría al portafolio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, que incluye marcas como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón y Mimo’s. La compañía prevé conservar la identidad de Presto y mantener su operación diferenciada dentro del grupo empresarial.

El futuro de los restaurantes y sus trabajadores es uno de los puntos centrales del proceso, luego de que la empresa que operaba Presto entrara en liquidación judicial. La adquisición busca dar continuidad al negocio, aunque su materialización depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

https://t.co/74tpxZAsmP

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

La noticia representa un giro para una marca que apenas el 13 de octubre había recibido la orden de liquidación judicial de la Superintendencia de Sociedades. La operadora Franquicias y Concesiones SAS registró ingresos por 108.629 millones de pesos durante 2025, pero no logró superar sus dificultades de liquidez ni cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Cabe recordar que Presto tenía 156 establecimientos y ocupaba el cuarto lugar entre las cadenas de hamburguesas analizadas en Colombia, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King. Aunque la marca mantenía un fuerte reconocimiento entre los consumidores, la crisis financiera puso en duda la continuidad del negocio.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

Ahora, ese escenario dio un vuelco. Grupo Nutresa informó este 23 de octubre que firmó un contrato de compraventa para adquirir Presto y su unidad económica productiva, que incluye los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

La operación hará que Presto entre al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, donde compartirá espacio con marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Sin embargo, la compañía aclaró que Presto continuará como una marca independiente, con su propia identidad y propuesta de valor.

Uno de los aspectos que más interés despierta es el futuro de los trabajadores. Con la llegada del nuevo propietario, más de 700 empleos quedan vinculados a la continuidad del negocio, mientras los restaurantes seguirán funcionando con normalidad durante esta nueva etapa.

Gilinski destacó que Presto hace parte de la memoria colectiva de los colombianos y aseguró que detrás de la marca existe un equipo que durante 45 años ha construido su historia. El empresario también presentó la compra como una apuesta por el talento nacional y por la industria de restaurantes.

¿Qué dijo Grupo Nutresa luego de compra de Presto?

Luego del acuerdo para adquirir Presto, Grupo Nutresa explicó que busca darle una nueva etapa a la cadena de hamburguesas sin perder los elementos que la han identificado entre los consumidores colombianos.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó el valor de Presto como parte de la historia gastronómica del país. “En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa, se refirió a la intención de conservar los productos y atributos que han acompañado a la cadena durante sus 45 años de trayectoria, al tiempo que se adapta a las expectativas de los consumidores actuales.

Entre los productos mencionados están las hamburguesas clásicas, la salsa de la casa, el sándwich de jamón y queso y el pie de manzana. La estrategia busca aprovechar el reconocimiento de estos productos para fortalecer la marca y acercarla a nuevas generaciones.

Con esta operación, Presto se sumaría al portafolio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, que incluye marcas como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón y Mimo’s. La compañía prevé conservar la identidad de Presto y mantener su operación diferenciada dentro del grupo empresarial.

El futuro de los restaurantes y sus trabajadores es uno de los puntos centrales del proceso, luego de que la empresa que operaba Presto entrara en liquidación judicial. La adquisición busca dar continuidad al negocio, aunque su materialización depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

(Lea también: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador a estas empresas)

En medio de este panorama, el Gobierno De la Espriella anunció una nueva estrategia para atender las necesidades de empleo en varias regiones colombianas. La iniciativa busca vincular a una población que enfrenta dificultades adicionales para recuperar sus ingresos y retomar sus actividades cotidianas.

La medida está relacionada con el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que provocó una emergencia de grandes dimensiones. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 10 de septiembre, el sismo había afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos. El balance también registró 36.327 viviendas destruidas y otras 201.939 averiadas.

Ante las consecuencias de la emergencia, el Ministerio del Trabajo puso en marcha ‘El Empleo Responde’, un plan que prioriza la contratación formal de personas damnificadas para participar en la recuperación de sus propias comunidades.

La estrategia contempla empleos temporales relacionados con la reconstrucción de viviendas, la recuperación de infraestructura, la adecuación de espacios públicos y el restablecimiento de servicios y ecosistemas locales. Según el Gobierno, los contratos incluirán salario, prestaciones de ley y seguridad social.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo plan de empleo?

El Ministerio del Trabajo señaló que la prioridad será para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El propósito es que las personas afectadas puedan acceder a oportunidades laborales mientras avanzan las obras de recuperación en sus territorios.

La iniciativa se concentra en actividades que contribuyan a restablecer las condiciones de vida de las comunidades. Entre las labores contempladas están:

• Reconstrucción de viviendas: trabajos para recuperar casas afectadas por el sismo.
• Recuperación de infraestructura: labores para rehabilitar instalaciones y espacios necesarios para las comunidades.
• Adecuación de espacios públicos: intervenciones para recuperar lugares de uso colectivo.
• Restablecimiento de servicios y ecosistemas locales: acciones para contribuir a la recuperación de los territorios afectados.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que la recuperación debe hacerse con participación de las propias comunidades y que la emergencia no puede convertirse en una excusa para reducir las garantías de los trabajadores.

“En la Patria Milagro la reconstrucción se hace con la gente y para la gente. La emergencia jamás será una excusa para precarizar el trabajo; por eso, con ‘El Empleo Responde’ garantizamos contratos temporales con salarios dignos, prestaciones de ley y seguridad social integral”, afirmó la funcionaria.

De esta manera, el programa busca atender dos necesidades al mismo tiempo: contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas y ofrecer ingresos laborales a quienes sufrieron las consecuencias de la emergencia.

¿Qué condiciones tendrán los contratos de trabajo?

Uno de los puntos centrales de la estrategia es que los puestos de trabajo serán formales, aunque temporales. Esto significa que, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio, las personas contratadas contarán con salario, prestaciones legales y cobertura de seguridad social.

Las prestaciones corresponden a derechos laborales establecidos por la legislación colombiana, según las condiciones de cada vinculación. La seguridad social comprende las obligaciones aplicables en materia de salud, pensión y riesgos laborales.

Estas garantías son especialmente importantes en las labores de reconstrucción, que pueden incluir actividades físicas y trabajos que requieren medidas de prevención y protección.

Para las familias damnificadas, acceder a uno de estos empleos podría representar una fuente de ingresos mientras recuperan sus viviendas, sus actividades productivas o sus condiciones habituales de vida. Sin embargo, el alcance de ese beneficio dependerá de la cantidad de vacantes, la duración de los contratos y los perfiles que necesite cada obra.

El anuncio inicial del Ministerio del Trabajo no especificó el número total de puestos que se crearán ni el salario correspondiente a cada cargo. Por eso, será necesario conocer los detalles operativos para establecer cuántas personas podrán participar y cuáles serán las condiciones específicas de contratación.

La ministra López Fuentes señaló que el objetivo es que la recuperación deje capacidades para el futuro, además de responder a las necesidades inmediatas: “De la mano del SENA y del Servicio Público de Empleo, la recuperación no solo levantará muros, sino que dejará formación, experiencia y futuro para nuestras comunidades”, sostuvo.

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Para los ciudadanos, los próximos pasos serán conocer las vacantes, los municipios priorizados y los requisitos de acceso. Esa información permitirá establecer el alcance real de la estrategia y cuántas familias podrán beneficiarse de los empleos temporales.

(Vea también: Sale a flote historia tras Presto: aún busca nuevo dueño para evitar su adiós luego de 45 años)

Según un comunicado, Nutresa confirmó que celebró un contrato de compra de activos en estado de unidad productiva con la compañía Franquicias y Concesiones SAS, la cual es dueña de la cadena de comida rápida y está en liquidación judicial tras no lograr reorganizar sus deudas.

De hecho, esta última compañía confirmó esta semana la decisión, luego de que la Superintendencia de Sociedades suspendiera temporalmente algunos efectos del proceso para facilitar su venta como una unidad productiva en marcha.

Detalles del negocio con el que Grupo Gilinski comprará Presto

Ahora, solo dos días después, Nutresa (del Grupo Gilinski) reveló al mercado que, con este negocio, tomará el control de los restaurantes Presto, “conservando la operación del negocio y sus marcas, y con la sustición patronal de los empleados”.

Según la compañía, el cierre de la operación -que se hará con la filial IRCC, que también es dueña de El Corral, El Corral Gourmet, Mimo’s, entre otras- está sujeta al cumplimiento de “las condiciones suspensivas habitaules para este tipo de transacciones”.

La noticia de que el Grupo Gilinski comprará Presto se suma a otras movidas hechas por la familia del empresario Jaime Gilinski, la cual también ha comprado recientemente firmas como Tío Rico de Venezuela, Universal Sweet Industries de Ecuador y la cadena de helados Mimo’s de Colombia.

El decreto comenzará a tener efectos fiscales desde el primero de enero de 2027 y se sustenta en el artículo 348 de la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Estas normas establecen que, si el Congreso no expide el presupuesto antes de la fecha límite, entra en vigencia el proyecto presentado por el Gobierno, junto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

Vea también: ¿Qué hay detrás de la sorpresiva caída del Presupuesto en el Congreso? Dan posibles culpables

Cabe mencionar que el Senado aprobó su versión el 19 de octubre y la Cámara hizo lo propio el 20. Sin embargo, el presidente y el secretario general de la Cámara comunicaron al Ministerio de Hacienda que ambos textos tenían diferencias y no habían sido conciliados. Además, no se alcanzó a conformar la comisión accidental prevista para solucionar el desacuerdo.

Por esa razón el Ejecutivo tomó como base el texto aprobado durante el primer debate por las comisiones económicas de Senado y Cámara el 23 de septiembre. El monto quedó en 634.952.040.871.099 y se conservaron los 90 artículos incluidos en esa versión.

Hacienda confirmó una distribución de 391,38 billones de pesos para funcionamiento, 155,43 billones para el servicio de la deuda y 88,14 billones para inversión. Frente a lo aprobado posteriormente por las plenarias, hay cambios importantes en sectores como salud y energía.

En salud, el decreto contempla 81,56 billones de pesos, mientras que la cifra informada tras la votación del Congreso había llegado a 84,55 billones. En Minas y Energía quedaron 7,51 billones, frente a los 10,51 billones de pesos que había comunicado Hacienda tras las plenarias.

El gasto de funcionamiento pasó de 396,10 a 391,38 billones de pesos y la inversión bajó de 94,8 a 88,14 billones. En contraste, el servicio de la deuda aumentó de 144,07 a 155,43 billones, aunque el monto total del presupuesto permaneció sin cambios.

Además, el decreto permite reasignar saldos no comprometidos para atender territorios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026 y contempla disposiciones relacionadas con subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Finalmente, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió el decreto y aseguró que contiene los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. Hacienda, entre tanto, anunció que prepara una Ley de Rescate Fiscal que será presentada próximamente ante el Congreso.

En cuanto a Energía Atenea, cuyo nombre legal es Energua, el grupo empresarial explicó que esta filial asumió la atención del mercado luego de que Afinia, otra compañía del sector eléctrico, se dividiera. Desde entonces, Energía Atenea atiende a 361.000 usuarios que se distribuyen entre Cesar, Bolívar y Magdalena, cumpliendo un papel central en la región caribeña según la información oficial divulgada por EPM.

El grupo EPM señaló que la decisión de entregar la filial a Latam Energy Distribution Group S.A. responde a una estrategia de enfoque y optimización de recursos, cuyo principal objetivo es “fortalecer su sostenibilidad financiera y gestionar de manera adecuada su perfil de riesgo”. De acuerdo con la comunicación oficial, la venta no solo libera al grupo de una carga operativa importante, sino que también representa una medida para proteger su estabilidad económica de cara a los retos actuales y futuros que enfrenta el conglomerado.

No obstante, la transacción se produce en el contexto de una aguda crisis tanto financiera como operativa. Según la misma fuente, en el departamento del Cesar la filial registraba pérdidas de energía superiores al 41 %. Esta situación ha generado un déficit mensual considerable en la caja de la compañía, lo que motivó a EPM a desprenderse de este segmento del mercado. Así, la operación busca frenar el impacto de estas pérdidas en las cuentas de la empresa antioqueña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos usuarios atiende Energía Atenea en la región Caribe?

Según la comunicación oficial de Empresas Públicas de Medellín, Energía Atenea actualmente atiende a 361.000 usuarios que se encuentran distribuidos entre los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena. Esta cantidad de usuarios evidencia el alcance y relevancia de la filial en el mercado eléctrico del Caribe colombiano.

¿Por qué Empresas Públicas de Medellín vendió Energía Atenea?

La venta de Energía Atenea se produjo por decisión de Empresas Públicas de Medellín con el objetivo de reforzar su estabilidad financiera, enfocar recursos y gestionar el perfil de riesgo del grupo. De acuerdo con la comunicación oficial, la medida fue motivada en gran parte por las pérdidas de energía superiores al 41 % en el departamento del Cesar, lo que generó un millonario déficit mensual en la caja de la filial y afectó negativamente las finanzas de la empresa matriz.

Este subsidio sobre la tasa de interés no representa la condonación del capital adeudado por los usuarios. Su aplicación solamente se mantendrá vigente hasta que se agoten los recursos asignados. La priorización de los beneficiarios se realiza automáticamente, sin intervención de intermediarios, favoreciendo principalmente a quienes tienen un mayor grado de vulnerabilidad, según precisaron funcionarios de la Presidencia de la República.

En detalle, el programa asigna 49.330 millones de pesos a 64.904 usuarios de crédito educativo Icetex en etapa de estudios y otros 51.605 millones de pesos a 170.000 personas que están en la fase de amortización del préstamo. De este modo, el alivio económico se reflejará en los recibos de pago de este mes y beneficiará primero a quienes fueron categorizados en condición de vulnerabilidad desde el momento en que recibieron el crédito.

El Icetex informó que una vez se hayan destinado los 100.000 millones de pesos, la liquidación de los intereses regresará a las condiciones contractuales originales establecidas al inicio del crédito, que varían entre inflación más 7 % e inflación más 12 %, dependiendo de la línea de financiación solicitada.

En febrero de 2025, el Icetex notificó a sus usuarios por medio de una carta que, debido a la situación fiscal del país, las personas en periodo de pago no contarían con subsidio sobre las tasas de interés y los créditos educativos retornarían a las condiciones fijadas inicialmente. Según Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, durante 2026 este subsidio se ha otorgado de manera intermitente. Por ejemplo, en abril se destinaron otros 100.000 millones de pesos para cubrir intereses durante cerca de tres meses a unos 170.000 usuarios, pero el monto fue agotado rápidamente. Soto agregó que existe un proyecto de resolución para definir la prioridad en caso de que los recursos resulten insuficientes.

Quienes deseen obtener información adicional, pueden acudir directamente a los canales oficiales de Presidencia de la República y los del propio Icetex, ya que no es necesario recurrir a intermediarios para acceder al beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el alivio económico de la tasa de interés para usuarios de créditos Icetex?

El alivio económico implica una reducción temporal de la tasa de interés a inflación más 0 % para usuarios de créditos educativos de Icetex, vigente desde octubre y hasta agotar los fondos asignados por el Gobierno Nacional. Está orientado a estudiantes activos y personas en etapa de pago que cumplan con los requisitos de puntualidad, priorizando aquellos en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se seleccionan los beneficiarios del subsidio a los intereses en el Icetex?

La priorización de beneficiarios se realiza automáticamente, favoreciendo a quienes, al momento de acceder al crédito, fueron identificados con mayor grado de vulnerabilidad. No se requiere la intervención de intermediarios y los recursos se distribuyen entre usuarios en etapa de estudios y de amortización.

Titán Plaza encabeza la oferta de entretenimiento de Halloween proyectando la llegada de aproximadamente 300.000 visitantes durante las festividades de esa jornada.

Esta estimación representa un incremento del 30 % en la asistencia de compradores respecto a la misma fecha reportada durante el año anterior.

La administración del establecimiento contempla un aumento cercano al 20 % en las ventas reportadas por los negocios de gastronomía y diversión familiar.

Para enriquecer la experiencia de los clientes, la empresa entregará más de 180.000 dulces y habilitará tres estaciones con música a cargo de profesionales.

“Halloween es una fecha que cada vez cobra mayor relevancia para el comercio porque combina entretenimiento, experiencias y consumo. Este año esperamos recibir cerca de 300.000 visitantes y proyectamos un crecimiento cercano al 20 % en las ventas de categorías como gastronomía y entretenimiento, afirmó Yazmín Lombana Romero, gerente de Titán Plaza.

La ejecutiva puntualizó que la variada programación busca brindar un entorno ameno para que los hogares compartan durante las festividades de la temporada.

En el suroccidente bogotano, Tintal Plaza alista su jornada denominada Aventuras Fantásticas para recibir al público el próximo 31 de octubre.

El complejo comercial instalará cuatro escenarios interactivos para entretener a los niños, esperando superar una asistencia de 45.000 usuarios en sus pasillos.

Dicha meta representaría un repunte del 15 % en el tráfico de compradores frente a las métricas del mismo periodo en 2025.

Paralelamente, otros complejos comerciales afianzan sus operaciones pensando en el ambiente festivo de diciembre para dinamizar la economía local.

Plaza de las Américas estructuró su plan estratégico para el remate del año tras registrar la visita de 2,4 millones de compradores.

Sus registros operativos contabilizan el ingreso de más de 120.000 vehículos y 25.000 bicicletas, marcando incrementos superiores al 2 % en su movilidad.

Las directivas proyectan un crecimiento del 7 % en las ventas generales hacia el cierre de 2026 mediante la implementación de iniciativas comerciales.

Entre sus actividades destacan el evento Sabor a Tarde, un simulacro navideño y la presentación musical de la reconocida Sinfónica Javeriana.

Los festejos de octubre funcionan como un importante termómetro para medir el dinamismo económico que caracterizará las tradicionales compras navideñas.

Los establecimientos buscan prolongar la estancia de las familias mediante una oferta variada que integra vestuario, gastronomía y espectáculos culturales.

Las cifras gremiales de Fenalco respaldan esta tendencia, señalando que aproximadamente el 75 % de los bogotanos participa activamente en estas celebraciones de diciembre.

Asimismo, el reporte indica que el 45 % de los ciudadanos destina entre $ 100.000 y $ 200.000 a la adquisición de indumentaria festiva.

Los canales de compra reflejan diversidad, pues el 34 % de los disfraces infantiles se adquiere en almacenes de cadena y tiendas especializadas.

Por otro lado, el comercio electrónico domina el mercado para adultos y mascotas, concentrando el 57 % de las transacciones totales.

Esta combinación de compras físicas y virtuales ratifica las amplias oportunidades financieras que surgen para los comerciantes antes de finalizar el año.

Los centros comerciales aprovechan esta coyuntura para consolidar la presencia de sus marcas y dinamizar las ventas presenciales en sus instalaciones.

El éxito de la jornada de cierre en octubre fijará las pautas de consumo que continuarán durante las grandes ferias de fin de año.

Las proyecciones optimistas de los centros comerciales auguran un importante repunte económico para el sector minorista de Bogotá antes de culminar 2026.

Esta afectación golpea con particular fuerza a la edificación de vivienda, aunque el funcionario confirmó cautela antes de disponer nuevas rebajas monetarias.

Durante su intervención en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026, el vocero detalló los factores que restringen la flexibilización de la política financiera.

El alza del salario mínimo, el deterioro fiscal y el despegue del consumo interno restan margen de maniobra al órgano emisor del país.

“Quiero empezar por reconocer algo que para mí es absolutamente claro, y es que en el sector de la construcción, y muy particularmente en la construcción de vivienda, las tasas de interés altas son un problema”, declaró Villar ante los empresarios.

A pesar de manifestar su deseo de abatir los costos crediticios con las tasas de interés, enfatizó la urgencia de sostener la estabilidad macroeconómica y prevenir repuntes inflacionarios.

“Me encantaría poder bajarlas, me encantaría estar en una situación en la que eso fuera posible de una manera sostenible”, sostuvo el gerente general.

La meta prioritaria de la cúpula bancaria busca resguardar la capacidad adquisitiva familiar garantizando el cumplimiento del objetivo inflacionario del 3 por ciento anual.

Colombia aplica un indicador meta con un margen de tolerancia fijado en un punto porcentual superior e inferior a la cifra de referencia.

Sin embargo, las autoridades monetarias han enfrentado severos obstáculos para estabilizar dicho indicador en los ciclos económicos más recientes de la nación.

Tras registrar cifras menores al 2 por ciento en 2020, el costo de vida escaló hasta un pico histórico del 13,4 por ciento en marzo de 2023.

Frente a este desbordamiento de precios, el banco central incrementó su tasa de intervención desde un 1,75 por ciento inicial hasta el 13,25 por ciento.

Villar argumentó que esta corrección, calificada como “muy fuerte” e “impopular”, facilitó la desaceleración del costo de vida hasta un 2,8 por ciento a mediados de 2025.

Aquel avance abrió la puerta para iniciar un descenso progresivo en el costo del dinero, situándolo posteriormente en un 9,25 por ciento.

No obstante, el proceso de flexibilización perdió impulso por la aparición de tres eventos determinantes que modificaron la coyuntura financiera del país.

El primer elemento desencadenante consistió en un incremento del 23 por ciento al salario mínimo, decisión catalogada por el directivo como “totalmente inconsistente” con la meta trazada.

Desde la perspectiva del emisor, este reajuste laboral deterioró la confianza del mercado sobre el camino proyectado para el índice de precios.

El segundo componente perturbador radique en la expansión del saldo en rojo fiscal combinado con el desborde del gasto público estatal.

Villar remarcó que, luego del ajuste concretado tras la crisis sanitaria, el déficit primario bajó en 2023 hasta ubicarse prácticamente en cero.

Posteriormente, esa ruta ordenada sufrió un desvío que añadió presiones sobre el escenario macroeconómico, limitando la posibilidad de acelerar los recortes de tasas.

El tercer condicionante analizado por el vocero fue la reactivación de la demanda interna desde mediados de 2025, cuyo dinamismo rozó un 4,8 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

Aunque reconoció que el consumo estimula el comercio a corto plazo, alertó que dicho fenómeno no refleja un crecimiento en la capacidad productiva real.

“El problema es que la demanda interna está impulsada por cosas artificiales, no porque la capacidad productiva de la economía esté aumentando”, afirmó.

El directivo advirtió que la dinámica comercial genera desajustes severos, destacando un déficit récord en la balanza de bienes durante el transcurso de 2026.

Este desequilibrio comercial halla cierto alivio en los ingresos del segmento de servicios y el flujo constante de remesas familiares desde el extranjero.

Sin embargo, el ejecutivo reiteró los peligros de precipitar reducciones en las tasas sin disponer de un entorno económico firme y sostenible.

En consecuencia, el mensaje para el gremio edificador confirma que, pese al impacto del crédito costoso, no habrá rebajas intempestivas en el tipo de intervención.

Villar dejó claro que el Banco de la República resistirá presiones políticas para aplicar recortes que pongan en peligro el avance de la desinflación.

“Las tasas altas son un requisito necesario para que la inflación baje, y con la inflación baja sí será posible tener tasas bajas pero sostenibles”, concluyó.

El banco central reafirma su compromiso de consolidar la caída de los precios antes de acelerar medidas que puedan generar distorsiones mayores en el futuro.

(Ver también: Duro golpe a quienes arriendan en Airbnb por decreto que el Gobierno está a punto de firmar)

De acuerdo con la información difundida por CNN en Español, las nuevas disposiciones eliminan la posibilidad de exigir a los huéspedes determinadas labores domésticas como condición para terminar su alojamiento. La medida entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026 y establece límites sobre las obligaciones que pueden imponer quienes ofrecen sus viviendas mediante el servicio.

Entre las principales restricciones está la prohibición de exigir que los visitantes retiren la ropa de cama, saquen la basura o laven y guarden los platos antes de abandonar el inmueble. Sin embargo, los usuarios sí podrán dejar los utensilios sucios en el fregadero, sin que esto represente un incumplimiento de las condiciones de la reserva.

Otro de los cambios importantes es que los anfitriones no podrán imponer multas a los huéspedes por no cumplir con estas tareas. La decisión busca evitar que las personas se encuentren con obligaciones adicionales al final de su viaje, especialmente cuando consideran que el precio pagado por el alojamiento debería cubrir parte de los servicios asociados con la limpieza de la vivienda.

Airbnb busca reglas más claras para los usuarios

La modificación responde a las críticas de viajeros que han señalado la falta de claridad en las condiciones de algunas reservas. En ciertos casos, las instrucciones de salida incluyen varias tareas domésticas que deben completarse antes de abandonar la propiedad, lo que puede convertirse en una fuente de inconformidad cuando se suman al costo del alojamiento y a otros cargos.

Con las nuevas disposiciones, Airbnb también exigirá que los anfitriones comuniquen sus reglas de manera clara desde el momento de la reserva. Así, los usuarios podrán conocer con anticipación las condiciones de su estancia y evitar sorpresas cuando llegue el momento de entregar las llaves.

El cambio representa un ajuste en la relación entre huéspedes y propietarios, pues delimita las tareas que pueden exigirse al finalizar una estadía. La plataforma busca que las condiciones sean transparentes desde el comienzo y que los viajeros no tengan que asumir obligaciones que ya no estarán permitidas bajo sus políticas.

(Ver también: 250.000 empleos en riesgo: alertan por lo que pasaría con movida del Gobierno contra Airbnb)

La fecha clave será el 20 de noviembre de 2026, cuando comiencen a aplicarse las nuevas reglas. A partir de entonces, los huéspedes tendrán que revisar las instrucciones de salida, pero también podrán identificar cuándo una exigencia del anfitrión supera los límites establecidos por Airbnb.

El programa Renta Joven está dirigido a estudiantes entre los 14 y 28 años que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que actualmente cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales en universidades públicas, así como para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Durante este ciclo, quienes acrediten su permanencia en el sistema educativo recibirán 400.000 pesos. Además, aquellos universitarios que hayan obtenido un promedio de 4.0 o superior en el primer semestre del año serán reconocidos con un incentivo adicional de 200.000 pesos por excelencia académica, sumando hasta 600.000 pesos en total.

Según Prosperidad Social, la inversión de este ciclo específico asciende a 48.374 millones de pesos. Estos recursos se distribuyen entre los conceptos de Permanencia y Excelencia, beneficiando a 95.544 jóvenes matriculados en instituciones de educación superior, así como a 254 aprendices del SENA para los meses de junio y julio de 2026.

En cuanto a la modalidad de entrega de los recursos, el informe de Prosperidad Social detalla que 85.773 jóvenes con cuenta activa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los montos mediante abono directo a su cuenta de ahorros o billetera electrónica. La distribución será escalonada durante tres días, según el último dígito del documento de identidad: el 21 de octubre para quienes terminan en 1, 2 y 3, el 22 de octubre para 4, 5 y 6, y el 23 de octubre para 7, 8, 9 y 0. Por otro lado, 10.025 participantes que no disponen de producto financiero habilitado podrán reclamar el dinero en modalidad de giro entre el 21 y el 28 de octubre en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el país. Prosperidad Social recomienda a los participantes consultar previamente los puntos de atención específicos por municipio a través del portal de SuperGiros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el desembolso del quinto ciclo de Renta Joven en 2026?

El desembolso se efectúa principalmente a través de abonos directos en cuentas de ahorro o billeteras electrónicas para quienes tienen cuenta activa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Aquellos que no tienen producto financiero habilitado pueden reclamar el dinero en modalidad de giro en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, siguiendo el cronograma anunciado por Prosperidad Social para el periodo del 21 al 28 de octubre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a la transferencia monetaria de Renta Joven en Colombia?

Pueden acceder jóvenes entre los 14 y 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, que estén inscritos en programas técnicos, tecnológicos o profesionales de universidades públicas, así como aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia y excelencia académica establecidos por Prosperidad Social.

El convenio se fundamenta en la opción de totalizar y acumular los periodos de cotización no simultáneos que los trabajadores hayan registrado de manera dividida entre los dos países. Esto significa que los aportantes podrán sumar sus semanas y fondos, facilitando así el cumplimiento de los requisitos legales que permiten acceder a prestaciones económicas por vejez, invalidez y sobrevivencia. Según la misma fuente, este beneficio estaba normalmente restringido a quienes cotizaban en un solo sistema, por lo que representa un avance destacado en materia previsional.

Sin embargo, las autoridades diplomáticas tanto de Colombia como de Suiza aclararon que los efectos directos del acuerdo no serán inmediatos. La implementación efectiva queda sujeta a que se cumplan los procedimientos internos de ratificación en cada país y a que el tratado entre en vigor formalmente. La firma presencial estuvo encabezada por el propio ministro colombiano y por Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal y jefa del Departamento Federal del Interior de Suiza.

Más allá del ámbito pensional, la gira diplomática de Bula también sirvió para fortalecer la cooperación estratégica en otras áreas clave. Noticiero 90 Minutos señala que hubo encuentros con altos representantes del gobierno, el parlamento, el sector empresarial y académico, donde se plantearon rutas de colaboración en transformación digital, innovación, comercio, industria y atracción de inversiones extranjeras. Un punto relevante de la agenda fue la reunión con Flughafen Zürich AG, interesada en invertir en concesiones aeroportuarias en Colombia.

Otra iniciativa destacada es la alianza estratégica con la Universidad de St. Gallen, proyectada para impulsar programas de intercambio académico, aceleración comercial y el otorgamiento de becas dirigidas a investigadores de gran potencial en los sectores científico e industrial. Estos pactos reflejan la intención conjunta de ambos países por consolidar un vínculo estable y mutuamente provechoso, trascendiendo lo meramente diplomático para tener impacto concreto en la vida de sus ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el acuerdo pensional entre Colombia y Suiza a los trabajadores?

El acuerdo facilita que los trabajadores que hayan realizado aportes en ambos países puedan sumar los periodos de cotización no simultáneos, permitiéndoles cumplir más fácilmente con los requisitos legales para acceder a pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. Así, ya no será obligatorio completar todos los aportes en un solo país, ampliando las posibilidades de obtener prestaciones económicas para quienes han tenido trayectorias laborales internacionales.

¿Cuándo entrará en vigor el convenio de seguridad social entre Colombia y Suiza?

El convenio de seguridad social firmado entre Colombia y Suiza no tiene aplicación inmediata. Su entrada en vigor depende estrictamente de que ambos países realicen los trámites internos de ratificación correspondientes, proceso que puede variar en tiempos según los procedimientos jurídicos nacionales.

(Lea también: Devolución de aportes pensionales en Colombia: el error que podría costarle su pensión)

En Colombia, esta cobertura es especialmente relevante por el tamaño del parque automotor y la cantidad de vehículos que circulan sin el seguro vigente. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) informó que el país cerró 2025 con 21,3 millones de vehículos activos, de los cuales 13,5 millones eran motocicletas. Además, cerca de 9,9 millones terminaron ese año con el Soat vencido, equivalentes al 47 % del parque automotor registrado.

Por eso, además de mantener la póliza al día, es importante conocer qué cubre el seguro y qué debe hacer una persona lesionada para solicitar una indemnización cuando un siniestro vial le deja secuelas permanentes.

¿Cuánto puede pagar el Soat por pérdida de capacidad laboral en 2026?

La indemnización por incapacidad permanente se calcula con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le califique a la víctima. De acuerdo con la tabla de valores para 2026 .

El Decreto 780 de 2016, establece que la indemnización se calcula con base en una tabla expresada en salarios mínimos legales diarios vigentes y contempla un máximo de 180 salarios mínimos diarios para una pérdida superior al 50 %.

Además, cuando el vehículo involucrado no tiene Soat o no está identificado, el reconocimiento puede corresponder a la ADRES, no a una aseguradora. El monto puede llegar a $10.505.430 para quienes acrediten una pérdida superior al 50 %.

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Los valores aproximados según la norma vigente se distribuyen de la siguiente manera:

• Pérdida de capacidad laboral del 1 % al 5 %: alrededor de $817.089.
• Superior al 5 % y hasta el 10 %: entre $1.021.361 y $1.838.450, aproximadamente.
• Superior al 10 % y hasta el 20 %: entre $2.042.723 y $3.881.173.
• Superior al 20 % y hasta el 30 %: entre $4.085.445 y $5.923.895.
• Superior al 30 % y hasta el 40 %: entre $6.128.168 y $7.966.618.
• Superior al 40 % y hasta el 50 %: entre $8.170.890 y $10.009.340.
• Pérdida superior al 50 %: $10.505.430.

Es importante tener presente que no basta con haber sufrido un accidente, haber recibido atención médica o tener una lesión visible. Para acceder a esta indemnización, la víctima debe acreditar una pérdida de capacidad laboral permanente mediante la calificación correspondiente. El porcentaje reconocido es determinante para establecer el monto que podría recibir.

¿Qué debe hacer para reclamar la indemnización del Soat?

El primer paso es contar con la calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta valoración establece qué tanto afectaron las secuelas del accidente las capacidades de la persona, según los criterios aplicables.

Una vez cuente con esa calificación y con los documentos exigidos, la víctima o quien esté facultado para representarla puede presentar la reclamación ante la aseguradora que expidió el Soat del vehículo involucrado, siguiendo el procedimiento correspondiente.

Conviene conservar la historia clínica, los soportes de la atención médica, los documentos del accidente y el dictamen de pérdida de capacidad laboral. También es recomendable solicitar a la aseguradora la lista de requisitos para el trámite, pues la documentación puede variar según las circunstancias del caso.

(También puede leer: Tribunal aclara qué debe probar un trabajador para reclamar salarios, prestaciones e indemnizaciones aunque no haya firmado contrato)

La indemnización por incapacidad permanente es diferente del pago de los servicios médicos derivados del accidente. Son coberturas distintas: una se dirige a reconocer las secuelas permanentes que afectan la capacidad laboral, mientras que la atención en salud responde a los gastos médicos cubiertos por el seguro dentro de los límites aplicables.

Presto se acogió a la quiebra después de una complicada situación económica y la Superintendencia de Sociedades aceptó que todavía funcionen sus restaurantes, además de dejarle una carta sobre la mesa.

Mónica Alexandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S.A.S., confirmó la determinación mediante una circular institucional enviada el 20 de octubre de 2026 a proveedores, acreedores y arrendadores.

La vocera corporativa anunció a través de un comunicado que se pretende sostener las actividades diarias para salvaguardar las plazas de trabajo vigentes y facilitar la colocación de la marca dentro del mercado gastronómico nacional.

Lo cierto es que esa disposición garantizará “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa Presto en marcha como unidad económica productiva”.

Incluso, el diario La República sorprendió al indicar que “trascendió que ya hay un empresario interesado”, pero en esa misma línea reconoció que “no ha llegado ninguna propuesta formal”.

En ese sentido, apuntó dentro de su explicación que es indispensable “establecer el valor total del negocio, un ejercicio en el que la liquidadora y su equipo están trabajando”.

Con todo ese contexto sobre la mesa como parte de uno de los capítulos más llenos de nostalgia para millones de consumidores durante las más de cuatro décadas de camino, salió a flote la historia de la empresa.

El salvavidas que se busca contra la quiebra abrió paso a conocer los dueños de Presto durante 45 años de recorrido, que la han catapultado como una de las marcas con amplia recordación.

La reconocida marca de hamburguesas Presto inició sus actividades comerciales en 1981 bajo el amparo del Grupo Santo Domingo mediante la corporación Valores Bavaria.

Durante ese ciclo inicial, la empresa experimentó serios contratiempos financieros motivados por la desaceleración económica de finales de los noventa y marcadas discrepancias entre dueños y franquiciados.

Posteriormente, en 2002, la firma Frayco, constituida por antiguos administradores franquiciados, asumió la propiedad definitiva del establecimiento de comida rápida.

Una década más tarde, en 2012, el fondo centroamericano de inversiones Mesoamérica Investment concretó la compra de Frayco, entidad que operaba la célebre cadena.

Lamentablemente, dicha compañía ingresó a un proceso final de liquidación de Presto debido a una acumulación de contingencias que erosionaron gravemente sus ingresos operacionales.

El desplome financiero obligó a Frayco a solicitar la protección contemplada en la Ley 1116 durante 2023, buscando reestructurar sus compromisos comerciales.

Diversos elementos desencadenaron el colapso, destacando la persistente inflación y el incremento de las tasas de interés que elevaron los costos de insumos.

A esta coyuntura desfavorable se sumaron los efectos residuales de la pandemia, los cuales mermaron drásticamente las ventas de la compañía en el mercado.

Adicionalmente, el sostenimiento de más de 100 puntos de venta de Presto generaba gastos fijos insostenibles frente al avance agresivo de marcas rivales como El Corral y McDonald’s.

El crecimiento de los negocios artesanales de hamburguesas estrechó aun más el margen competitivo de la histórica firma en todo el territorio nacional.

Con deudas acumuladas por $104.000 millones y sin capacidad de caja, la compañía recurrió sin éxito a la Superintendencia de Sociedades para intentar un rescate hasta ahora fallido.

Ahora queda esta historia como un impulso para que los empresarios se la jueguen por una marca que es parte de la memoria colectiva de los colombianos, en un capítulo que se espera solo sea un mal recuerdo y una nueva oportunidad para recuperarla de manera exitosa tan rápido como lo dice su nombre.

La herramienta amplía las opciones disponibles en la aplicación del banco, pues hasta ahora estas operaciones se hacían con el dinero disponible en las cuentas.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que facilita el envío de dinero entre entidades financieras y billeteras digitales de manera gratuita y en tiempo real.

Con esta actualización, los usuarios de BBVA podrán enviar dinero a otras personas o pagar en comercios que reciban pagos mediante Bre-B, incluso cuando estos establecimientos no tengan datáfono para aceptar tarjetas de crédito.

El banco explicó que las operaciones realizadas con el cupo de avance aparecerán en el extracto de la tarjeta como un avance a cuenta. Además, los clientes podrán elegir el número de cuotas al que desean diferir el valor de la transacción.

La funcionalidad estará disponible para quienes tengan una cuenta de ahorros o corriente en BBVA, una tarjeta de crédito y cupo de avance disponible. La cantidad de dinero que podrán utilizar dependerá del cupo habilitado al momento de realizar la operación.

Con esta decisión, BBVA fortalece su apuesta por la digitalización y amplía las alternativas de pago para sus clientes en Colombia.

Las posiciones iniciales de trabajadores y empresarios sobre el ajuste parecen estar sustancialmente distanciadas, mientras que el Gobierno mantiene su llamado a un debate con bases técnicas.

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Según las primeras proyecciones, la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia partiría de un 7 %, cifra de inflación con la que se espera que el país cierre este año, más el resultado de la productividad laboral.

Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana aprovecha este debate para proponer un salario diferenciado por regiones, que dependa de la actividad económica de las distintas zonas del territorio nacional.

¿Cómo debería subir el salario mínimo en Colombia?

En concreto, la propuesta se centra en implementar un esquema de salario mínimo diferenciado por regiones, con el fin de que la remuneración de los trabajadores se adapte, de forma más realista, a las particularidades del mercado laboral de cada zona.

Ese análisis también debería tener en cuenta, entre otros factores, el costo de vida y la productividad local, con miras a favorecer la creación de empleo formal.

De momento, ese equipo de investigaciones económicas propone que el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2027 siga estrictamente la regla técnica: una inflación proyectada del 6,8 % más una productividad del 1,2 %, lo que situaría el incremento en un 8 %.

(Recomendado: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador)

El análisis recuerda que los incrementos desproporcionados del salario mínimo tienen un fuerte impacto en la inflación y la informalidad laboral en todo el país, por lo que es necesario tomar medidas para corregir la brecha entre el salario mínimo y la productividad.

Los proyectos contemplan una inversión estimada de $887.000 millones y beneficiarían directamente a 14.380 estudiantes.

En Soacha se proyecta la construcción de seis colegios, entre ellos Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre Colegio 1 y tres instituciones adicionales en Ciudad Verde.

Estas obras tendrían una inversión de $467.000 millones y beneficiarían a 7.680 estudiantes, además de generar un impacto potencial en más de 100.000 personas.

Por su parte, en Cali se contempla la reposición y construcción de siete instituciones educativas, entre ellas los colegios Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-Tres de Julio, Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II y Santo Tomás-Jorge Isaacs. Para estos proyectos se estiman recursos por $420.000 millones, con un beneficio directo para 6.700 alumnos.

Las iniciativas se desarrollarían bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de ampliar la cobertura educativa, mejorar la infraestructura escolar y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar.

Según la ANI, el acuerdo se concretó 15 días después de los compromisos anunciados para estos territorios.

Sin embargo, los recursos y beneficiarios todavía son estimaciones, pues el convenio busca avanzar en la estructuración integral de los proyectos y no representa el inicio inmediato de las obras.

El crecimiento de esta herramienta responde a una tendencia clara en el comportamiento de compra nacional, donde el uso de alternativas sin contacto ya es una costumbre masiva en los establecimientos físicos. De acuerdo con cifras de la industria, más del 93 % de las transacciones presenciales en Colombia se realizan mediante tecnología contactless, una tasa que posiciona al país entre los líderes de América. No obstante, el comercio electrónico históricamente ha tropezado con barreras de fricción, como el abandono de carritos virtuales debido a lo engorroso que resulta rellenar formularios de pago y contraseñas en cada tienda virtual.

Frente a este escenario, Carlos Tovar, vicepresidente de Producto e Innovación para la Región Andina de Visa, destacó el impacto de la cifra alcanzada en el territorio nacional: “Alcanzar cinco millones de tarjetas registradas en Click to Pay en Colombia representa un hito importante en la evolución de los pagos digitales del país. Este logro demuestra cómo la innovación puede simplificar la experiencia de compra en línea, aumentar la seguridad de las transacciones y fortalecer la confianza de los consumidores en el ecosistema digital”, afirmó el directivo al evaluar el comportamiento del sistema.

Desde la perspectiva de los comercios y las tiendas virtuales, la implementación de este tipo de pasarelas simplificadas incide directamente en los indicadores financieros. Según datos revelados por la compañía, el uso de esta tecnología puede reducir de manera significativa el tiempo de pago y elevar en promedio 10 puntos porcentuales las tasas de autorización, lo que se traduce en menos transacciones rechazadas, menor índice de carritos abandonados y un incremento en las ventas concretadas.

En el flanco de la seguridad, uno de los temores más recurrentes de los compradores al navegar por internet, la plataforma introduce barreras tecnológicas avanzadas. La herramienta evita que los datos reales del plástico queden expuestos o se compartan directamente con los comercios en cada operación. Datos de la compañía indican que este blindaje puede disminuir hasta en un 91 % el fraude en transacciones digitales frente al ingreso manual tradicional de los datos. Adicionalmente, el sistema ya integra en el país herramientas como Visa Payment Passkey, que permite certificar la identidad del usuario mediante biometría —ya sea reconocimiento facial o huella digital—, eliminando la necesidad de recordar contraseñas complejas o esperar códigos de un solo uso por mensajes de texto.

La medida establece que los beneficiarios pagarán intereses equivalentes al IPC + 0 %, eliminando el recargo adicional que se aplicaba sobre la inflación.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el ICETEX, anuncia la reducción temporal de la tasa de interés al IPC + 0 % para cerca de 235.000 usuarios de créditos educativos.

Esta medida, respaldada por una inversión superior a los 100.000 millones de pesos,… pic.twitter.com/IH7gIyahAI

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 22, 2026

El beneficio, que representa una inversión superior a $100.000 millones, cobijará tanto a estudiantes que actualmente cursan sus programas académicos como a quienes ya se encuentran en etapa de pago de sus créditos. Para acceder a esta reducción, los usuarios deberán mantener sus obligaciones al día.

Las autoridades aclararon que la medida no significa una condonación del capital adeudado, sino una disminución temporal de los intereses. Además, estará vigente mientras permanezcan disponibles los recursos destinados para financiarla.

La selección de los beneficiarios se realizará de manera automática, sin necesidad de intermediarios, y dará prioridad a las personas que presenten mayores condiciones de vulnerabilidad.

Con esta decisión, el Gobierno busca reducir la presión financiera sobre los estudiantes y sus familias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para acceder a la educación superior.

La medida se presenta como parte de las acciones para ofrecer alivios financieros a los usuarios del ICETEX.

De acuerdo con la información contenida en el documento enviado, uno de los principales argumentos para la prórroga radica en el trámite del presupuesto del año 2027, que la Cámara debió priorizar a causa del calendario legislativo. La corporación aclaró que este proceso tenía un término legal que no dependía de la voluntad de la mesa directiva, sino que correspondía a una obligación constitucional exigida en su momento, y no a causas de preferencia dentro de la agenda legislativa.

La comunicación agrega que la petición no busca justificar un aplazamiento generalizado de decisiones judiciales por el simple hecho de tener otras obligaciones legislativas. Explican que, en esta coyuntura, coincidieron dos deberes constitucionales en el mismo órgano y que su cumplimiento requiere deliberaciones colectivas debidamente verificables. Desde la perspectiva de la Cámara, responder a estos compromisos simultáneos exige un manejo riguroso del tiempo para garantizar que la discusión y votación de la reforma pensional se realice bajo condiciones de transparencia y legalidad.

Además, la mesa directiva destacó el antecedente del año anterior, cuando se corrigieron errores similares en la reforma, y subrayó que el respeto al proceso deliberativo es vital para que toda la actuación legislativa sea válida y legítima. Señalan que someter el nuevo trámite a ritmos acelerados incrementaría el riesgo de repetir deficiencias que ya han sido advertidas por la Corte Constitucional.

El documento precisa que el tiempo adicional solicitado busca permitir un procedimiento ordenado que incluya la correcta identificación de proposiciones, la preparación de documentos, la publicidad de los debates, el tratamiento adecuado de solicitudes de impedimento y la consolidación de los soportes documentales requeridos. En definitiva, sostienen que la gestión racional del tiempo es un componente central para cumplir con las condiciones materiales que demanda la sentencia de la Corte.

La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que determinará si otorga este plazo adicional solicitado en paralelo a otras discusiones relevantes, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de sometimiento y un proyecto de ajuste fiscal aún pendiente. El Centro Democrático también prepara una "contrarreforma" pensional, apuntando a modificar aspectos ya aprobados por el alto tribunal, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cámara de Representantes pidió más tiempo para subsanar los artículos de la reforma pensional?

La Cámara de Representantes solicitó 30 días adicionales para subsanar los artículos de la reforma pensional argumentando que el trámite del presupuesto de 2027 era una obligación constitucional inaplazable que coincidió en el tiempo con la discusión de la reforma. Según la corporación, el manejo ordenado del proceso requiere deliberaciones detalladas y toma de decisiones colegiadas, evitando repetir errores del pasado y garantizando así la validez jurídica de las actuaciones, tal como informó El Espectador.

¿Qué procedimiento propone la Cámara para la discusión de la reforma pensional ante la Corte Constitucional?

La mesa directiva plantea que, durante el periodo adicional solicitado, se lleve a cabo un procedimiento estructurado que contemple la identificación precisa de las proposiciones, la debida preparación documental, la publicidad y convocatoria de las sesiones, análisis individual de solicitudes de impedimentos y consolidación formal de los documentos. Este procedimiento busca cumplir de manera material y formal con los requisitos señalados por la Corte Constitucional.

Los cambios hacen parte de la puesta en marcha del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), cuyo cronograma fue ajustado mediante la Resolución 008863 del 16 de julio de 2026 de la Superintendencia de Transporte. La normativa contempla mecanismos para verificar la identidad de los participantes, comprobar la autenticidad de los documentos y dejar constancia de la asistencia a las sesiones.

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En la práctica, los ciudadanos podrán seguir haciendo el trámite para acceder a los descuentos previstos por la ley. La diferencia estará en los controles que deberán aplicar los centros autorizados, con herramientas tecnológicas que permitan comprobar quién hizo el curso y dejar un registro verificable de cada etapa del proceso.

“Lo importante es que exista una huella digital de principio a fin del proceso. El ciudadano debe tener la certeza de que está realizando su curso en un establecimiento autorizado y que su participación queda correctamente registrada”, explicó Cleyton Clark, director de negocios a cargo del SICOV en OlimpIA. Según el directivo, estos mecanismos buscan reforzar la seguridad del trámite y la confianza de los ciudadanos y las instituciones.

El sistema también permite registrar datos como la fecha, la hora y el lugar donde se realiza la capacitación, además de identificar al instructor responsable. Esta información facilita la supervisión de los cursos y permite a los centros y a las autoridades verificar que se cumplan los procedimientos establecidos para los conductores que buscan acceder al beneficio.

La implementación del SICOV en los Centros Integrales de Atención comenzó en agosto de 2026. Por su parte, los organismos de tránsito que ofrecen cursos para infractores avanzan en la adopción del sistema según el cronograma de la Superintendencia de Transporte. La entrada en producción de la versión integral está prevista para enero de 2027.

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OlimpIA, empresa de tecnología del Grupo Colpatria, participa en la implementación de estas herramientas y reportó más de 11,6 millones de validaciones de identidad durante 2026. La incorporación del sistema busca fortalecer los controles y la trazabilidad de los cursos, aunque los conductores deberán seguir cumpliendo los requisitos legales para acceder a los descuentos en sus multas.

Este dato cobra mayor relevancia cuando se analiza el impacto de sus variaciones sobre la economía nacional. Según el mismo medio, existen dos escenarios principales derivados del comportamiento de la tasa de cambio: la depreciación y la apreciación de la moneda local. Cuando el valor de la tasa de cambio aumenta, el país atraviesa una depreciación, lo cual significa que el peso pierde valor en comparación con el dólar estadounidense. En la práctica, esto obliga a pagar más pesos por cada dólar, lo que encarece las importaciones y puede tener repercusiones en el costo de bienes y servicios provenientes del exterior.

Por otro lado, una disminución de la tasa de cambio indica una apreciación de la moneda colombiana. Esta situación permite que los agentes económicos necesiten menos pesos para comprar la misma cantidad de dólares, abaratando la adquisición de productos extranjeros. Aunque este fenómeno beneficia el consumo de importaciones, puede generar desventajas para los exportadores, quienes encuentran menos competitiva su oferta en el exterior debido al fortalecimiento del peso.

Para entender y oficializar estas variaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta se define, según lo informado, como el promedio simple de las tasas ponderadas derivadas de las transacciones diarias de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso. En este proceso participan entidades como bancos comerciales, sociedades comisionistas, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex, entre otras. Solo se tienen en cuenta aquellas operaciones en las que ambos lados del intercambio se cumplen el mismo día. Así, la TRM facilita una medición transparente y confiable de las tendencias cambiarias del país.

Actualmente, según la última referencia publicada, la tasa representativa del mercado establece que un dólar equivale a 3.191,47 pesos colombianos, reflejando la cotización oficial vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal al precio del dólar en Colombia?

La tasa de cambio nominal determina cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un dólar estadounidense, impactando de forma directa el precio oficial de la divisa en el país según lo monitoreado por la Tasa de Cambio Representativa del Mercado. Esta relación influye tanto en las importaciones como en las exportaciones y en el valor final que pagan los agentes económicos por la moneda extranjera.

¿Qué significa depreciación y apreciación del peso colombiano frente al dólar?

La depreciación del peso colombiano frente al dólar ocurre cuando aumenta la tasa de cambio nominal, es decir, cuando se necesitan más pesos para comprar un dólar, encareciendo las importaciones. La apreciación, por el contrario, se manifiesta cuando la tasa de cambio disminuye y se necesitan menos pesos por dólar, lo que favorece la compra de productos extranjeros pero puede restar competitividad a los exportadores.

Para esta temporada de 2026, los hábitos de consumo entre los colombianos han mostrado giros interesantes. De acuerdo con análisis del sector comercial, aunque los chocolates y los dulces tradicionales siguen vigentes, los sabores ácidos, picantes e intensos —asociados al gusto de las nuevas generaciones— han ganado terreno considerable en las bolsas de dulces. Asimismo, las familias buscan alternativas de empaques que permitan elegir desde formatos pequeños para consumo familiar hasta presentaciones de gran volumen de dulces duros que van desde los 70 gramos hasta los 5 kilos.

En materia de ahorro y servicio al consumidor, la oferta comercial para este año incluye mecanismos para que los compradores no tengan que ser grandes mayoristas para acceder a precios de fábrica. Cadenas como Makro habilitaron en sus tiendas del país más de 300 referencias de dulces con opciones de compra escalonadas —donde el precio por unidad baja a partir de tres bolsas— y descuentos que alcanzan hasta el 30 % en referencias seleccionadas. Esta modalidad le permite a un hogar o a la tienda de barrio comprar desde una sola bolsa hasta bultos completos ajustados a su capacidad de pago.

Para quienes están planeando sus compras de la semana, los expertos en consumo recomiendan calcular con anticipación la cantidad aproximada de niños que suelen transitar por la zona o el conjunto residencial y revisar el tipo de empaque individual que trae cada paquete. La combinación entre variedades tradicionales (chocolates y masmelos) y golosinas ácidas o masticables se perfila como la estrategia ideal para armar los paquetes de dulces sin gastar de más en las fechas previas al festejo.

El Gobierno nacional avanza en esta agenda mediante un memorando de entendimiento con Estados Unidos y un grupo de trabajo para desarrollar conocimiento y capacidades en esta tecnología.

A este proceso se sumó Empresas Públicas de Medellín (EPM), que firmó un convenio con el Ministerio de Minas y Energía para acompañar la exploración de la energía nuclear y evaluar su posible papel en el sistema eléctrico colombiano.

La empresa considera que esta fuente podría complementar la generación solar, eólica e hidroeléctrica gracias a su capacidad de producir electricidad de manera continua y con bajas emisiones de CO2.

Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología tomaría varios años. EPM estima que el proceso podría tardar unos 15 años, debido a las necesidades de reglamentación, formación técnica y creación de instituciones especializadas. Entre las tareas pendientes está la creación de una Agencia de Energía Atómica.

El Gobierno tampoco ha definido aún qué tipo de reactores se utilizarían, cuánto costarían o cuándo entrarían en operación.

Por ahora, la apuesta está enfocada en construir las bases regulatorias, técnicas e institucionales para una eventual incorporación de la energía nuclear.

Los consejos de administración de ambas compañías ya habrían formado comités especiales para estudiar el acuerdo, aunque Musk reconoció que no puede participar directamente en las discusiones por su conflicto de intereses.

La unión integraría negocios de vehículos eléctricos, baterías, cohetes, satélites, inteligencia artificial, centros de datos y robots humanoides.

La estrategia estaría enfocada en aprovechar la conexión entre estas tecnologías para desarrollar sistemas de IA, vehículos autónomos y servicios de computación espacial.

El interés por la operación aumentó después de que SpaceX reportara resultados superiores a las expectativas.

La compañía registró ingresos netos de US$ 4.400 millones en el trimestre terminado en septiembre, un crecimiento de 161% interanual. Su negocio de inteligencia artificial alcanzó US$ 7.560 millones y Starlink llegó a 13,6 millones de suscriptores.

Una eventual fusión elevaría a Tesla y SpaceX hasta el quinto lugar entre las empresas más valiosas de Estados Unidos, solo detrás de Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft.

Analistas e inversionistas consideran que la integración permitiría a Musk consolidar bajo una misma compañía buena parte de sus apuestas tecnológicas.

La iniciativa pretende eliminar una de las principales barreras para comprar casa: reunir la cuota inicial.

El proyecto contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos, que podrían utilizarse para cubrir parte de la cuota inicial y gastos de notaría, registro o garantías. También propone créditos de hasta 30 años y una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años.

La propuesta busca beneficiar especialmente a trabajadores informales, quienes podrían demostrar su capacidad de pago mediante alternativas como el historial de arriendo, pagos de servicios públicos y movimientos financieros.

También se priorizaría a mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales.

Para las mujeres cabeza de hogar se plantea una cobertura adicional de un punto porcentual. Además, el Fondo Nacional de Garantías podría respaldar hasta el 70 % del crédito.

La iniciativa también permitiría que algunos beneficiarios de Mi Casa Ya soliciten su traslado al nuevo esquema. Su aplicación dependerá del trámite legislativo y de las condiciones que finalmente sean aprobadas.

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Sin embargo, tomar esa decisión sin revisar primero la historia laboral podría salir caro. En algunos casos, todavía es posible completar las semanas, recuperar aportes que un empleador no pagó o encontrar periodos trabajados que no aparecen registrados. También puede haber alternativas para obtener un ingreso durante la vejez sin retirar todos los recursos en un solo pago.

El error es solicitar la devolución sin comprobar antes si todavía existe una posibilidad de pensionarse. La advertencia la hace Flora Feijoo, asociada de Holland & Knight, quien señala que estas prestaciones no deben entenderse como un trámite automático al cumplir la edad de pensión, sino como alternativas para quienes realmente no pueden acceder a ella.

La decisión es especialmente importante porque recibir el dinero puede tener consecuencias sobre el uso posterior de las semanas o los recursos que ya fueron reconocidos. Antes de aceptar una devolución, por tanto, conviene comprobar cuánto tiempo se ha cotizado, qué salario aparece registrado, si existen aportes pendientes y qué reglas pensionales aplican a cada persona.

¿Qué es la devolución de aportes pensionales y quién puede solicitarla?

En Colombia, las opciones cambian dependiendo de si la persona está afiliada a Colpensiones o a un fondo privado. Aunque ambas alternativas buscan atender la situación de quienes no reúnen los requisitos para obtener una pensión, no funcionan de la misma manera.

Si está afiliado a Colpensiones cuando una persona cumple la edad de pensión, pero no reúne las semanas exigidas, puede evaluar distintas opciones:

• Seguir cotizando hasta completar las semanas necesarias, si tiene la posibilidad de hacerlo.
• Revisar si cumple los requisitos para una pensión familiar, que permite sumar las semanas de una pareja bajo condiciones específicas.
• Solicitar la indemnización sustitutiva, si manifiesta que no puede continuar cotizando y cumple los requisitos aplicables.

La indemnización sustitutiva no equivale a recibir de vuelta, peso por peso, todo lo que la persona aportó durante su vida laboral. Su cálculo se realiza mediante una fórmula prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que considera factores como el salario base de liquidación, las semanas cotizadas y los porcentajes aplicados a los aportes.

Si está afiliado a un fondo privado, la alternativa se conoce como devolución de saldos. Puede incluir el dinero acumulado en la cuenta individual, sus rendimientos financieros y el bono pensional, cuando corresponda.

Pero tampoco es la única opción. Una persona podría continuar cotizando para reunir el capital necesario para financiar una pensión. Además, si cumple la edad —57 años para las mujeres y 62 para los hombres— y acredita al menos 1.150 semanas, puede tener derecho a la garantía de pensión mínima cuando el capital acumulado no alcanza para financiar una mesada de un salario mínimo.

También puede evaluarse una pensión familiar si la pareja cumple las condiciones legales para sumar sus recursos y semanas. Por eso, antes de solicitar la devolución, es importante determinar si existe alguna de estas posibilidades.

El cambio que debe tener presente con la reforma pensional

La decisión también depende del momento en que se haga la solicitud y de las reglas que le correspondan al afiliado. De acuerdo con la experta, la Sentencia C-264 de 2026, adoptada el 25 de agosto de ese año, declaró exequibles las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 que fueron aprobadas válidamente y levantó la suspensión ordenada en el Auto 841 de 2025.

No obstante, la entrada en vigor de las normas que conforman el nuevo sistema pensional está prevista para el 1 de abril de 2027. Hasta el 31 de marzo de ese año, las solicitudes de indemnización sustitutiva y devolución de saldos continúan rigiéndose por la Ley 100 de 1993.

La reforma contempla, además, un pilar semicontributivo para determinados grupos de personas que no logren acceder a una pensión contributiva, pero hayan realizado aportes durante su vida laboral.

En términos generales, la ley prevé que personas que no estén cubiertas por el régimen de transición, que cumplan las edades establecidas y que hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas puedan acceder a una renta vitalicia, siempre que reúnan las demás condiciones. Para las mujeres se contempla una edad de 60 años o más y para los hombres, de 65 años o más.

Esta renta es un beneficio económico periódico, pero no equivale jurídicamente a una pensión. La especialista señala que su monto total no puede superar el 80 % de un salario mínimo mensual legal vigente. Además, a diferencia de una pensión que puede generar protección para determinados familiares, la renta semicontributiva no es heredable ni sustituible por muerte.

Estas condiciones hacen necesario revisar si la persona está cobijada por el régimen de transición, cuántas semanas tiene realmente y qué prestación podría recibir antes de decidir retirar sus recursos.

¿Qué puede perder si acepta la devolución de aportes pensionales?

La consecuencia más importante es que, como regla general, las semanas o el capital que sirvieron para liquidar una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos no pueden volver a utilizarse como si nunca se hubiera recibido esa prestación para reclamar otra por el mismo riesgo de vejez.

Esto no significa que la persona quede automáticamente impedida para seguir trabajando o cotizando. La jurisprudencia citada por Holland & Knight aclara que recibir la devolución no autoriza a la administradora a bloquear nuevas cotizaciones. Si la persona vuelve a trabajar y debe aportar al sistema, puede continuar vinculada, aunque debe distinguirse entre efectuar nuevos aportes y reutilizar las semanas o recursos que ya fueron indemnizados.

La especialista también advierte que existen situaciones excepcionales en las que podría discutirse posteriormente el derecho a una pensión. Entre ellas están los casos en que el derecho ya se había causado antes de reconocerse la devolución, cuando se aplicó un requisito inconstitucional o una norma que no correspondía, o cuando la persona no cobró efectivamente el dinero y siguió cotizando hasta completar los requisitos.

Sin embargo, estos escenarios dependen de las circunstancias particulares y pueden requerir reintegros o compensaciones. Por eso, no conviene tomar la decisión pensando que siempre será posible recuperar después las semanas o los recursos retirados.

Imagine a una persona que llega a la edad de pensión y cree que no tiene las semanas suficientes. Al revisar su historia laboral, descubre que le faltan 50 semanas, equivalentes aproximadamente a un año de cotización.

Si puede seguir aportando, completar ese tiempo podría ser una alternativa más valiosa que recibir un pago único. Pero si solicita la devolución sin verificar sus semanas, los periodos trabajados y las opciones disponibles, podría renunciar a una posibilidad que no había identificado.

Diez puntos que debe revisar antes de retirar sus aportes pensionales

Flora Feijoo recomienda analizar varios aspectos antes de solicitar una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Entre los más importantes están:

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1. Historia laboral completa: comparar los registros de Colpensiones o del fondo privado con certificados laborales, planillas y comprobantes de pago.
2. Semanas faltantes: establecer cuántas semanas necesita y si realmente puede completar los requisitos.
3. Aportes omitidos por el empleador: revisar si hubo periodos trabajados en los que no se pagaron correctamente las cotizaciones.
4. Tiempos en el sector público: comprobar si existen periodos de servicio que no se han incorporado o que pueden generar un bono pensional.
5. Traslados entre regímenes: verificar que las semanas y los recursos estén correctamente registrados entre Colpensiones y los fondos privados.
6. Régimen de transición: establecer si se aplican las reglas de la Ley 100 de 1993 o las del nuevo sistema pensional.
7. Pensión familiar: comprobar si la pareja puede sumar semanas o capital y si cumple las condiciones legales.
8. Convenios internacionales: revisar si los periodos cotizados en otros países pueden ayudar a completar los requisitos, según el convenio aplicable.
9. Reglas especiales para las mujeres: verificar la reducción gradual de semanas en el régimen de prima media y las demás disposiciones que puedan resultar aplicables. Los beneficios relacionados con hijos contemplados en la reforma requieren especial cuidado, pues su vigencia depende del trámite legislativo y constitucional descrito por la especialista.
10. Comparación económica y familiar: calcular cuánto podría recibir con una pensión, cuánto le entregarían en un pago único y qué efectos tendría cada alternativa sobre su ingreso y la protección de sus familiares.

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La fábrica logró reactivar cerca del 30 % de su capacidad durante las semanas posteriores al sismo, principalmente en las líneas de productos wafer y chocolatería. Sin embargo, la recuperación sigue siendo parcial y la empresa continúa revisando el estado de las instalaciones con la aseguradora y firmas contratistas.

El impacto también se refleja en la situación de los empleados. Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de la compañía, indicó que actualmente hay 220 trabajadores activos y 146 con contratos suspendidos, de un total de 365 vinculados a la empresa. La cifra contrasta con las denuncias de trabajadores, quienes han señalado que serían 221 las personas afectadas por la medida.

A las dificultades operativas se suma la preocupación por el futuro de la planta y la posibilidad de que la producción sea trasladada a otro país de Suramérica. Esa alternativa ha sido mencionada en reportes sobre la incertidumbre que rodea a la fábrica, aunque no se ha confirmado como una decisión definitiva de la compañía.

🔴Acompañamos el justo reclamo de los trabajadores de comestibles La Rosa de @Nestle, a través del sindicato Sinaltrainal. Solicitamos a @mintrabajo se instaure de manera inmediaga la mesa de diálogo social con presencia de @DefensoriaCol, para prevenir una masacre laboral y agudizar la crisis humanitaria que hoy vive el departamento de Risaralda.

👉🏽Son más de 220 empleos suspendidos en su planta de Dosquebradas.
¡Nos la jugamos por las y los trabajadores!

— Maria Eugenia Londoño- Senadora (@MariaEugeniaLo) September 18, 2026

¿Qué soluciones plantea Comestibles La Rosa para los trabajadores?

Frente a la situación laboral, Gómez, en diálogo con Caracol Radio, explicó que la empresa primero concedió dos semanas de permiso remunerado y luego vacaciones pagadas. Tras finalizar esos periodos, suspendió los contratos de los empleados que no podía mantener activos con la operación reducida.

El gerente también señaló que la compañía identificó a 50 trabajadores cuyas viviendas o las de sus familiares resultaron afectadas por el terremoto. Según indicó, a esas personas les entregaron una ayuda equivalente a dos salarios mínimos y habilitaron acompañamiento psicológico, además de apoyo para tramitar reclamaciones ante las aseguradoras.

Sobre las conversaciones con los empleados, Gómez aseguró que han sostenido más de 11 reuniones con la organización sindical desde el sismo y que tuvieron un encuentro con el Ministerio del Trabajo el 30 de septiembre. Una nueva reunión quedó prevista para el 28 de octubre.

“Entonces nuestro interés es buscar las mejores soluciones para darle el mejor manejo a esta contingencia en pro de todos los trabajadores que hacemos parte de esta compañía”, afirmó el gerente en entrevista con Caracol Radio.

¿Qué productos fabrica Comestibles La Rosa y cuál es su relación con Nestlé?

La fábrica Comestibles La Rosa, ubicada en Dosquebradas, Risaralda, se especializa en la elaboración de galletas, chocolates, productos tipo wafer y confitería.

Entre los productos más conocidos de su portafolio están las galletas Saltinas, los wafers Cocosette, las Morenitas, los Deditos y el Beso de Amor. También fabrica cereales de la marca Milo.

La compañía hace parte de Nestlé, multinacional suiza de alimentos. La relación comenzó en 1971, cuando Nestlé adquirió una participación del 51 % en Comestibles La Rosa, y en 1984 pasó a tener el 100 % de la empresa, según la historia corporativa publicada por la multinacional. Actualmente, La Rosa produce alimentos para marcas del portafolio de Nestlé.

Según informó Caracol Radio, la petición se conoció este miércoles 21 de octubre, cuando falta poco más de una semana para que venza el plazo inicialmente establecido por el alto tribunal. La solicitud busca disponer de más tiempo para completar el trámite legislativo de las disposiciones que fueron devueltas al Congreso.

Según la información oficial de la Cámara de Representantes, el plazo vigente vence el próximo 29 de octubre de 2026. Este comenzó a contarse después de la notificación de la Sentencia C-264 de 2026, realizada el 17 de septiembre, mediante la cual la Corte ordenó subsanar las irregularidades identificadas.

Para adelantar este proceso, la Cámara conformó una Comisión Accidental de Mediación, coordinada por los representantes Simón Molina y Jhonatan Pineda. Esta instancia debe estudiar los artículos afectados y presentar una propuesta a la plenaria para su discusión y votación.

¿Qué falta por corregir en la reforma pensional de Petro?

La Sentencia C-264 de 2026 declaró ajustada a la Constitución buena parte de la Ley 2381 de 2024, por los vicios de procedimiento examinados. Sin embargo, identificó irregularidades relacionadas con proposiciones presentadas durante el debate legislativo que no fueron discutidas ni votadas.

Las correcciones pendientes abarcan nueve artículos o apartes de la reforma y una proposición para incorporar un artículo adicional. Entre los temas involucrados están la administración de recursos pensionales, las condiciones de los fondos de pensiones y disposiciones relacionadas con el sistema de protección para la vejez.

La Corte determinó que la Cámara debe tramitar las proposiciones pendientes, garantizando las condiciones de deliberación y votación exigidas por la Constitución. Este procedimiento no implica volver a discutir toda la reforma, pues las disposiciones que superaron el examen constitucional no pueden modificarse libremente.

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Una vez concluido el trámite, la Cámara deberá remitir a la Corte Constitucional un informe con las actuaciones adelantadas y los documentos correspondientes, para que el tribunal evalúe si las irregularidades fueron corregidas.

Por ahora, la solicitud de 30 días adicionales no ha sido aprobada. La decisión corresponde a la Corte Constitucional y, mientras no exista un pronunciamiento que modifique el calendario, continúa vigente el plazo del 29 de octubre.

El cambio comenzó el pasado 12 de octubre en Colombia y México, con la incorporación de las categorías hogar, entretenimiento e infantil. Allí los usuarios pueden encontrar y publicar artículos como productos para la casa, libros, música, videojuegos, juguetes y productos para niños.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, durante la primera semana se publicaron más de 30.000 artículos nuevos. De esa cifra, 13.300 corresponden a Hogar, 9.500 a Entretenimiento y 8.300 a Infantil. La empresa espera que el inventario de estas categorías supere los 250.000 productos al finalizar 2026.

La decisión de ampliar el catálogo, según explicó Ana Jiménez, Country Manager de la plataforma en Colombia, responde a una demanda que ya se estaba presentando entre los usuarios. La compañía señaló que algunas personas intentaban vender artículos de estas categorías pese a que anteriormente no estaban permitidos.

Para definir qué productos incorporar, la empresa aseguró que consultó a más de 1.000 usuarios. Según los resultados mencionados en el comunicado, los artículos para el hogar fueron la categoría que más interés despertó.

La expansión no terminaría allí. Entre las próximas categorías que contempla la plataforma está la electrónica, aunque el comunicado no precisa una fecha para su incorporación.

El cambio supone una ampliación del negocio que hasta ahora estaba principalmente asociado con la compraventa de moda entre personas. Según las cifras entregadas por la compañía, a septiembre de 2026 contaba con más de 4 millones de usuarios registrados, más de 16 millones de productos publicados y más de 3 millones de artículos vendidos entre México y Colombia.

Con las nuevas categorías, los usuarios podrán realizar dentro de la misma plataforma operaciones de compra y venta de artículos que van desde objetos para el hogar hasta libros, videojuegos y juguetes. La compañía también indicó que mantendrá integrados en el proceso aspectos como la publicación, el pago y la logística.

En medio de esa premura, los ministros del Interior y de Hacienda enfocaron sus esfuerzos en cerrar acuerdos políticos, descuidando los detalles esenciales del trámite. Dicha falta de atención llevó a la aprobación de dos textos distintos de un mismo artículo, el 65: mientras en el Senado se avaló tal como venía en la ponencia, en la Cámara se añadió una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, que realmente no había sido adoptada previamente por el Senado. Este descuido pasó inadvertido y se votó el proyecto con esta diferencia sustancial, contraviniendo lo estipulado en la ley quinta, que exige conformar un comité de conciliación para resolver discrepancias de texto entre las cámaras. Dado que el tiempo era insuficiente para cumplir este procedimiento, no se logró culminar el proceso, lo que provocó la caída del proyecto según informaciones de El Espectador.

Con el hundimiento del trámite en el Congreso, el Estatuto Orgánico solo deja una salida: que el Gobierno apruebe el presupuesto por decreto, pero debe hacerlo usando el texto aprobado en las comisiones conjuntas, sin poder incluir las modificaciones ni acuerdos adoptados en plenaria. Esto implica la eliminación de partidas adicionales, recortes y facultades extraordinarias para el presidente, así como acuerdos regionales pactados en última instancia. Por ejemplo, caerían COP 3 billones adicionales destinados a EPS, varios recortes presupuestales propuestos y la posibilidad de redistribuciones discrecionales de recursos.

Las consecuencias de este presupuesto por decreto se traducen en ajustes significativos en los sectores clave del gasto público: reducción de recursos para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el sector ambiental y las partidas dedicadas a consolidar la paz y la reparación de víctimas. Muchos acuerdos con políticos regionales quedaron sin respaldo legal alguno, lo cual constituye una derrota para el gobierno y muestra la importancia de respetar los procedimientos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un error de trámite en el Congreso afecta la validez del Presupuesto General de 2027?

Un error de trámite implica que no se cumplieron los pasos legales necesarios para aprobar una ley, como conciliar las diferencias entre los textos de Cámara y Senado. Esto viola lo exigido por la ley quinta y, en consecuencia, el proyecto queda sin validez legal, evitando que el presupuesto con las modificaciones recientes entre en vigor.

¿Qué significa que el presupuesto de 2027 deba aprobarse por decreto y cuáles son sus implicaciones?

Que el presupuesto sea aprobado por decreto implica que el Gobierno solo puede validar la versión del texto que fue avalada por las comisiones conjuntas del Congreso, sin aceptar cambios posteriores o acuerdos regionales. Esto restringe la flexibilidad en la asignación de recursos y deja sin efecto recortes, aumentos o facultades especiales que se agregaron en las plenarias, afectando a sectores como EPS, Sena y el ambiental.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio declaraciones pocas horas después del anuncio y minimizó el impacto del error, afirmando que "no pasó nada", pues "alrededor del 90 %" del presupuesto seguiría la misma línea que había convenido Senado y Cámara. Además, Lara aclaró que su papel en esta coyuntura fue asegurar los respaldos necesarios, y se abstuvo de atribuir responsabilidades al titular de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció tras la ola de críticas de la oposición, remarcando que tanto Senado como Cámara habían discutido y aprobado la mayoría del articulado, y desestimó que el trámite estuviera "hundido" o "tumbado", según citó El Espectador.

La raíz del conflicto está en las discrepancias surgidas por la tramitación del artículo 65, el cual fue retirado en Senado por el senador Juan Fernando Caicedo pero sí fue aprobado en Cámara debido a un error del equipo asesor del Ministerio de Hacienda. Esto generó versiones diferentes del presupuesto en ambas cámaras, lo que, según la normativa, obligaba a una etapa de conciliación. Sin embargo, esa instancia nunca se desarrolló, pues la estrategia de "espejo" —aprobar textos iguales por separado para evitar conciliaciones— no funcionó y los tiempos legislativos tampoco permitieron corregir el desliz.

Ante esto, la salida legal es que el Ejecutivo expida el Presupuesto General de la Nación de 2027 mediante decreto, respaldándose en el último texto avalado por las comisiones conjuntas, pero sin poder incluir posibles ajustes logrados en los debates finales. Según El Espectador, esto implica que modificaciones recientes quedarán por fuera, profundizando la controversia política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Presupuesto General de la Nación 2027 deberá salir por decreto?

De acuerdo con la información de El Espectador, el presupuesto tendrá que ser expedido mediante decreto debido a un error en el trámite legislativo: al aprobar versiones diferentes en Cámara y Senado, era obligatoria la conciliación, pero esta etapa no se cumplió y los tiempos no permitían corregir la situación conforme a la ley.

¿Qué es el Presupuesto General de la Nación y por qué es relevante su aprobación en el Congreso?

El Presupuesto General de la Nación es el documento legal que define cómo se distribuirán y gastarán los recursos públicos en Colombia durante el próximo año fiscal. Su aprobación en el Congreso es fundamental, ya que garantiza que el uso del dinero público responda a consensos democráticos y al control legislativo.

La norma establece que el aumento del salario mínimo aplica para los jubilados que perciben hasta dicho monto, mientras que a quienes reciben un valor superior se les ajusta según la variación de la inflación.

Colpensiones podría subir mesadas entre 8 % y 10 % en 2027

Colpensiones se prepara para este ajuste en ambos frentes, pero enfoca su atención principalmente en el comportamiento del salario mínimo, cuyo incremento proyectado se situaría entre el 8 % y el 10 %.

El grueso de los analistas y empresarios señala que este ajuste debe ser lo más moderado posible, con el fin de evitar presiones adicionales sobre los costos empresariales y la inflación.

Adicionalmente, la ministra del Trabajo, Natalia López, expuso ante el Congreso de la República que Colpensiones enfrenta un déficit presupuestal directo proyectado de $4,84 billones para el año 2027, asignado a sus gastos de funcionamiento y aseguramiento para el pago de las mesadas.

Un punto clave para Colpensiones en la definición del aumento de las mesadas se centra en la elevada proporción de pensionados que devengan un salario mínimo, la cual se calcula en aproximadamente el 60,8 %.

(Vea también: Colpensiones desmiente rumores sobre cambios en pagos de pensiones y aclara otro tema clave)

Datos del fondo público muestran que esta situación provoca que los incrementos en el salario mínimo por encima de la inflación prevista eleven automáticamente el pasivo pensional a cargo del Estado.

El enredo surgió por la proposición del artículo 65, impulsada por el senador Juan Fernando Caicedo del partido Centro Democrático, enfocada en rubros de hidrocarburos. Esta fue retirada en el Senado para facilitar el proceso, pero asesores del Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez, la incorporaron entre las proposiciones avaladas y enviadas a la Cámara. Sin embargo, como confirmó el secretario del Senado, Diego González, el texto remitido por esa corporación no incluía la proposición. Esta discrepancia fue identificada inicialmente por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien advirtió el riesgo político que sobrevino después: ¿podía el Gobierno sancionar el presupuesto aprobado el 20 de octubre, o debía ceñirse al texto del primer debate?

Al día siguiente, el vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró que, conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se decretaría el texto aprobado en primer debate, lo que garantiza tanto el monto como la distribución y las facultades de traslado y reorientación presupuestal. Restrepo subrayó que, si bien todo el articulado recibió respaldo parlamentario, el error en la conciliación obligó a recurrir a esta figura, facultando además adiciones presupuestales, por ejemplo, para salud o emergencias como el terremoto del 10 de agosto.

No obstante, persisten dudas y resistencias. El senador Caicedo recalcó que la doble votación era clave para aprobar los cambios propuestos y lamentó el desajuste. Desde la Cámara, John Édgar Pérez, coordinador ponente, señaló que el impasse fue una falla de comunicación. En contraposición, el senador David Racero, del Pacto Histórico, anunció que demandará el decreto alegando que facultades extraordinarias requieren aprobación expresa del Congreso, discusión que el oficialismo rechaza al apoyarse en la Constitución y el trámite en comisiones económicas.

Al interior del Congreso, tanto Diego González (Senado) como Miguel Ángel Sánchez (Cámara) insistieron en que el Ejecutivo debía decidir, y reconocieron la falta de conciliación entre textos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, restó gravedad al asunto y señaló que en la práctica el presupuesto y las facultades permanecen inalterados. Sin embargo, la dinámica política, especialmente la distancia que de la Espriella ha marcado con partidos tradicionales, mantiene tensas las relaciones en vísperas de nuevas elecciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentó un error en el trámite del presupuesto 2027 en el Congreso?

El error se produjo porque, durante el trámite del presupuesto en el Congreso, la proposición del artículo 65 relacionada con hidrocarburos fue retirada en el Senado pero incluida accidentalmente por asesores del Ministerio de Hacienda cuando el texto pasó a la Cámara de Representantes. Esta discrepancia nunca se concilió formalmente, generando confusión y debilitando la validez del proceso legislativo, según confirmaron las secretarías del Senado y la Cámara.

¿Cuáles son las facultades de traslado y reorientación presupuestal y por qué generan debate?

Las facultades de traslado y reorientación presupuestal permiten al Gobierno reasignar y modificar partidas aprobadas en el presupuesto sin requerir un nuevo debate legislativo. Este mecanismo ha generado discusión porque algunos sectores, como el senador David Racero, consideran que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo que solo pueden aprobarse mediante ley del Congreso, mientras que el oficialismo argumenta que su inclusión y aprobación en comisiones económicas es suficiente.

La iniciativa busca simplificar los trámites para acceder a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales mediante un mecanismo que permita centralizar la afiliación.

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De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, actualmente se adelanta una ruta técnica para evaluar alternativas que faciliten estos procedimientos y mejoren la articulación entre las entidades y plataformas que intervienen en el sistema.

La propuesta contempla establecer una afiliación única a salud, pensión y riesgos laborales, con el propósito de reducir las gestiones administrativas y hacer más sencillo el acceso de los trabajadores a estos componentes de la seguridad social.

Como parte de este proceso, la cartera laboral informó que se realizó una mesa de trabajo con actores técnicos del sistema y la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante el encuentro se identificaron oportunidades para fortalecer la interoperabilidad entre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y los sistemas de afiliación.

Según el Ministerio, también se revisaron alternativas para mejorar la calidad de los datos y aprovechar las capacidades tecnológicas que ya existen, con el fin de avanzar hacia un modelo más articulado.

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¿Qué sigue para la posible afiliación única a seguridad social?

El Ministerio del Trabajo señaló que uno de los siguientes pasos será estructurar un plan de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social. La hoja de ruta deberá contemplar aspectos relacionados con la reglamentación, la evaluación de alternativas tecnológicas y la coordinación necesaria para desarrollar la propuesta.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa de análisis y estructuración técnica. Por lo tanto, todavía no se ha confirmado una fecha de implementación ni se han definido todos los detalles del mecanismo que permitiría unificar los procesos de afiliación.

El Gobierno determinó que regirá el texto aprobado en primer debate, por lo que no se tendrán en cuenta los cambios incorporados durante el segundo debate en las plenarias.

Esto significa que quedaron por fuera varios traslados presupuestales aprobados posteriormente. Entre ellos está una adición de $3 billones para el sector salud, una reducción cercana a $11 billones en el servicio de la deuda y un aumento de casi $8 billones para inversión.

El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que la decisión se tomó con base en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, debido a que una diferencia entre Senado y Cámara no alcanzó a ser conciliada.

Según el Gobierno, el presupuesto mantiene las facultades para realizar traslados y reorientaciones durante su ejecución.

De los $634,9 billones, $392,6 billones serán para funcionamiento, $155 billones para servicio de la deuda y $86 billones para inversión. Salud recibirá $79 billones, Educación $78,7 billones y Trabajo $58,8 billones.

El Gobierno calificó el proyecto como un presupuesto que incorpora los gastos sociales y el ajuste fiscal requerido.

El piloto contempla recorridos de hasta 22,4 kilómetros por el corredor del río Medellín y conecta cuatro dronepuertos estratégicos ubicados en el Valle de Aburrá.

Los equipos podrán transportar encomiendas comerciales e insumos de hasta 20 kilogramos, con especial interés en entregas que requieren rapidez.

Uno de los principales usos previstos es el traslado urgente de medicamentos, muestras de sangre y órganos vitales entre centros hospitalarios, lo que podría reducir tiempos de transporte en situaciones críticas.

La prueba utiliza dos tipos de aeronaves: el ALT6D, fabricado en Colombia por Aerialoop, y el FlyCart de DJI. Por ahora, no se contempla un despliegue comercial inmediato.

La iniciativa busca evaluar la seguridad y operación de esta tecnología y, al mismo tiempo, impulsar oportunidades en desarrollo de software, mantenimiento aeronáutico, investigación y empleo especializado.

El proyecto busca posicionar a Medellín como referente latinoamericano en innovación logística y pruebas de nuevas tecnologías.

De acuerdo con la información proporcionada, la plenaria está orientada a fortalecer el trabajo colaborativo entre diferentes universidades y centros educativos, lo que permite compartir experiencias, desafíos y buenas prácticas para el desarrollo de proyectos emprendedores en el ámbito universitario. Asistir a esta plenaria implica asumir el compromiso de avanzar en la promoción de capacidades emprendedoras, la actualización de conocimientos y la creación de una red de contactos que facilite la articulación entre la academia y el sector productivo.

La Red Universitaria de Emprendimiento de ASCUN (REUNE) representa un espacio estratégico para impulsar iniciativas que fomenten el espíritu emprendedor en los estudiantes y docentes, además de promover la investigación en temas relacionados con la creación de empresas y el desarrollo de ideas innovadoras. Durante este encuentro, las instituciones participantes discuten y proponen estrategias para integrar mejor la formación académica con el ecosistema emprendedor regional y nacional, poniendo en perspectiva la importancia de generar alianzas que permitan el crecimiento y la sostenibilidad de nuevas iniciativas empresariales nacidas en las universidades.

La participación de la UDES en este evento destaca su interés por consolidar una cultura innovadora y dinámica en la región del Cesar, así como contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, vinculado directamente con los resultados de la formación universitaria y la investigación aplicada. Así, la plenaria nacional de REUNE se posiciona como una oportunidad para que las instituciones de educación superior, como la UDES, trabajen en conjunto por una educación más pertinente y conectada con las necesidades actuales del sector productivo y de la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca la Red Universitaria de Emprendimiento de ASCUN (REUNE) en sus plenarias?

La Red Universitaria de Emprendimiento de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), también conocida como REUNE, busca fortalecer el trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior y promover tanto el emprendimiento como la investigación universitaria. En sus plenarias nacionales, REUNE fomenta la articulación entre la academia y el ecosistema emprendedor, incentivando alianzas que apoyan la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales nacidas en el entorno universitario.

¿Cómo contribuye la Universidad de Santander (UDES) al emprendimiento universitario desde su campus Valledupar?

La Universidad de Santander (UDES), a través de su campus Valledupar, impulsa el emprendimiento universitario participando activamente en encuentros como la plenaria nacional de REUNE. Su intervención refuerza el compromiso institucional de fomentar una cultura emprendedora entre estudiantes y docentes, promover la investigación aplicada y crear sinergias con el sector productivo, con el fin de fortalecer la integración entre la formación académica y las necesidades del entorno empresarial regional.

El plan fabril busca modernizar los procesos tecnológicos de la planta local y dinamizar las ventas hacia múltiples destinos comerciales en América Latina durante los próximos años, indicó el diario Portafolio.

Presentada en la franja inicial de los 100 días del mandato de De La Espriella, la propuesta procura robustecer la competitividad industrial articulando fabricantes, cadena de insumos y plataformas de exportación.

Las proyecciones institucionales estiman impactos positivos sobre 29 compañías del segmento autopartista, dinamizando el tejido productivo en siete zonas geográficas e impulsando puestos de trabajo especializados en la cadena de valor.

Pese al optimismo del anuncio, la iniciativa permanece en etapa de consolidación. El despacho ministerial omitió detallar la referencia del auto, la fecha de ensamblaje o los desembolsos efectivamente ejecutados del monto estimado.

El objetivo central pretende expandir la infraestructura productiva de Renault-Sofasa e implementar métodos tecnológicos avanzados en sus líneas operativas habituales.

Desde el Ministerio de Comercio remarcan que el capital proyectado busca afianzar la manufactura interna y transformar a Colombia en un epicentro estratégico para el despacho de automóviles en el continente.

El jefe de la cartera comercial, Mauricio Gómez Amín, resaltó la trascendencia de articular la inversión corporativa con la generación de puestos de trabajo y el dinamismo empresarial.

“Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones”, aseveró el funcionario al socializar el proyecto.

Asimismo, Gómez Amín enfatizó los requerimientos institucionales necesarios para respaldar las apuestas industriales de gran calado a futuro.

“Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, manifestó el titular de la cartera.

Aunque el trabajo conjunto avanza de manera sostenida entre el Ejecutivo y la ensambladora, la entidad rectora del comercio no define todavía la hoja de ruta financiera ni el cronograma operativo final.

El fortalecimiento del ecosistema de proveeduría nacional destaca como uno de los ejes fundamentales contemplados dentro de la estrategia industrial planteada.

El reporte oficial remarca que la estrategia abarcará a 29 firmas proveedoras, impulsando encadenamientos productivos regionales y garantizando la participación de empresas locales en la confección de piezas.

Finalmente, la hoja de ruta proyecta elevar los estándares técnicos de dichas organizaciones mediante la asimilación de tecnología y transferencia de conocimientos para consolidar la competitividad sectorial.

¿Dónde queda punto de fabricación de Renault en Colombia?

El principal y único punto de fabricación de vehículos Renault en Colombia se encuentra ubicado en el municipio de Envigado, perteneciente al departamento de Antioquia.

La histórica infraestructura industrial opera exactamente sobre la Carrera 49 número 39 Sur 100, en un sector estratégico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este complejo fabril abarca una extensión aproximada de 198.541 metros cuadrados, sirviendo como sede central para el ensamblaje de automóviles y la administración corporativa.

En estas instalaciones de la filial Renault-Sofasa operan las áreas directivas, financieras, comerciales, jurídicas y los talleres de montaje industrial de la compañía automotriz.

La fábrica inició formalmente sus operaciones de ensamblaje en 1970, convirtiéndose con el paso de las décadas en un pilar económico para la región antioqueña.

Desde este punto estratégico se coordinan las líneas de producción para modelos icónicos que abastecen tanto el mercado interno como diversos países latinoamericanos.

Adicionalmente, el complejo de Envigado alberga laboratorios de pruebas técnicas, centros de formación especializada, almacenes de repuestos y zonas logísticas de despacho comercial.

La cercanía a importantes corredores viales como la Autopista Sur facilita la conexión del centro manufacturero con las principales rutas nacionales y puertos marítimos.

La planta consolida el liderazgo industrial de Antioquia en el sector metalmecánico, generando miles de empleos directos e indirectos en la cadena de suministros.

El Gobierno Nacional e inversionistas internacionales continúan proyectando ampliaciones en esta sede para fortalecer la fabricación de modelos con tecnologías eficientes de exportación.

Según el Ejecutivo, la decisión se tomará conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto e incorporará las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

¡Colombia tiene un presupuesto de la verdad para 2027! 🇨🇴

El Gobierno Nacional aclara que el Presupuesto General de la Nación NO fue hundido ni rechazado por el Congreso. Conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se expedirá por decreto por un monto de… pic.twitter.com/xyTaWLZfPJ

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 21, 2026

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella aseguró que el presupuesto responde a las necesidades reales del Estado y contempla los compromisos relacionados con el gasto social y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Además, defendió que la propuesta se fundamenta en criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.

El Ejecutivo sostuvo que este mecanismo permitirá avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas, recuperar la confianza de los inversionistas y contribuir a la estabilización de la economía colombiana. También señaló que la próxima presentación de la denominada Ley de Rescate será otro paso dentro de su estrategia económica.

Con estas medidas, la administración busca impulsar nuevas oportunidades para los ciudadanos y fortalecer la gestión de los recursos públicos.

El Gobierno presentó la expedición del presupuesto por decreto como una decisión orientada a garantizar la continuidad de las obligaciones estatales y avanzar en sus objetivos fiscales para 2027.

La administración insistió en que su apuesta se centra en mantener las cuentas claras, promover la responsabilidad fiscal y tomar decisiones para cumplir sus compromisos económicos y sociales.

Si la propuesta fuera aprobada, el sueldo básico mensual pasaría de $1.750.905 a $2.424.003, sin incluir el auxilio de transporte. Esto representaría un incremento de $673.098 al mes.

La iniciativa fue expuesta por Fabio Arias, expresidente de la CUT, quien señaló que la petición busca avanzar hacia un salario mínimo vital que permita cubrir las necesidades de los trabajadores.

Según el dirigente, existe una brecha entre los ingresos actuales y los recursos necesarios para garantizar mejores condiciones de vida.

Sin embargo, el porcentaje todavía no es una propuesta definitiva. El Comando Nacional Unitario deberá revisar la cifra antes de que los representantes sindicales la presenten formalmente en la mesa de concertación, donde negociarán con los empresarios y el Gobierno nacional.

Mientras tanto, un informe de Moore Colombia contempla escenarios más moderados, con incrementos del 6,29 %, 8 % y 10 %. Bajo esas posibilidades, el salario básico quedaría entre $1.861.037 y $1.925.996, sin auxilio de transporte.

La negociación tendrá en cuenta factores como la inflación al cierre de 2026 y la productividad. Si no se alcanza un consenso entre las partes, el Gobierno deberá definir el ajuste antes del 30 de diciembre.

Por otra parte, JP Tactical Trading destacó que el índice global del dólar (DXY) sigue haciendo respetar la zona de soporte clave ubicada en los 101,60 puntos.

La divisa se encuentra en una fase de consolidación a nivel global, a la espera de nuevos catalizadores macroeconómicos que impulsen un rompimiento definitivo. En la región, las monedas emergentes muestran un comportamiento estable tras el rango de volatilidad observado en sesiones previas.

Petróleo sostenido al alza por tensiones en el Golfo

Los precios internacionales del crudo ganan terreno a primera hora de este miércoles. El Brent sube un 0,6 % hasta los US$109,48 por barril y el WTI avanza en la misma proporción hasta los US$98,46 por barril.

Este impulso responde a las persistentes fricciones en Medio Oriente —que continúan involucrando ataques hutíes y tensión entre Irán y Arabia Saudí—, a lo que se suman los datos semanales de la industria en Estados Unidos que reflejan un descenso en los inventarios comerciales de crudo, apretando la oferta física en el mayor consumidor mundial de energía.

Foco fiscal en Colombia: El PGN 2027 en vilo por vicios de trámite

El ámbito local enfrenta ruido político tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Según denuncias, habría una discrepancia jurídica debido a que la Cámara de Representantes aprobó dicho artículo incorporando modificaciones/parágrafos que no fueron votados en el Senado. Al no haberse realizado el trámite de conciliación antes del límite legal del 20 de octubre, la oposición y analistas sostienen que el texto final estaría viciado.

De confirmarse que el trámite legislativo quedó incompleto, la administración del presidente Abelardo de la Espriella se vería obligada a expedir el PGN 2027 mediante decreto, tomando como referencia el borrador ajustado y aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció un pronunciamiento a las 7:00 de la mañana, pero hasta el momento no se ha dado.

Esta iniciativa está dirigida a personas que no cuentan con ingresos suficientes para asumir el pago total de sus aportes y busca facilitar su acceso a la protección social durante la vejez.

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El programa opera mediante un esquema de financiación compartida. Según el grupo al que pertenezca el beneficiario, este debe pagar entre el 60 % y el 80 % del valor de la cotización, mientras que el porcentaje restante es cubierto por el Estado a través del Fondo de Solidaridad Pensional.

Entre las poblaciones que pueden acceder al subsidio se encuentran los trabajadores independientes, las personas desempleadas, las madres sustitutas o vinculadas al programa FAMI, las personas con discapacidad, los ediles y los concejales. Quienes ingresan al programa cuentan con cobertura frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En caso de fallecimiento del afiliado, sus sobrevivientes pueden acceder a las prestaciones correspondientes, incluido el auxilio funerario, de acuerdo con los requisitos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio pensional?

Las condiciones de acceso varían según la población solicitante. En el caso de los trabajadores independientes y las personas desempleadas, se requiere tener entre 35 y 65 años, acreditar al menos 300 semanas cotizadas al sistema pensional, estar afiliado al sistema de salud y demostrar que no se cuenta con los recursos suficientes para asumir la totalidad del aporte.

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Para realizar la solicitud, estas personas deben presentar una copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %, la historia laboral de Colpensiones expedida durante los últimos tres meses y el certificado de afiliación al sistema de salud, con una antigüedad máxima de un mes. Los trabajadores independientes que cotizan también deben adjuntar el historial de pagos a su entidad de salud.

Por su parte, las madres sustitutas y las personas vinculadas al programa FAMI deben ser mayores de 18 años y menores de 65, acreditar su vinculación a esta modalidad de atención y estar afiliadas al sistema de salud, ya sea como cotizantes, beneficiarias o integrantes del régimen subsidiado. Si cotizan como trabajadoras, sus ingresos no pueden superar un salario mínimo mensual legal vigente. Además, deben presentar una certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o de la asociación correspondiente, expedida dentro de los tres meses anteriores a la solicitud.

Las personas con discapacidad deben cumplir las condiciones de edad, semanas cotizadas y afiliación al sistema de salud. Asimismo, deben acreditar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, mediante un certificado expedido durante los últimos tres años.

En cuanto a los ediles, deben demostrar su condición mediante la credencial E26 de la Registraduría, una certificación expedida por la Secretaría del Concejo y su historia laboral. En el caso de los suplentes, también es necesario presentar la resolución de posesión.

El principal foco de la discordia fue el artículo 65, que aborda operaciones de cobertura fiscal para reducir los riesgos derivados de las fluctuaciones del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio. Mientras el Senado aprobó la versión original tras el retiro de una propuesta de modificación por parte del senador Juan Caicedo, la Cámara de Representantes sí incluyó la modificación propuesta por Caicedo, la cual contó con el aval y la firma del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, de acuerdo con información publicada en canales oficiales del Senado y la Cámara.

Al encontrarse aprobadas dos versiones diferentes del mismo proyecto, la ley exige la conformación de una comisión de conciliación, cuyo objetivo sería unificar el texto final antes de la votación definitiva. Sin embargo, la falta de tiempo para conformar y convocar dicha comisión provocó la imposibilidad de realizar la conciliación, dejando el trámite inconcluso. De acuerdo con la Ley 5 de 1992, ningún proyecto de ley puede ser aprobado si no se surte la etapa de conciliación cuando hay diferencias entre los textos de las cámaras.

Las consecuencias de este error recaen ahora en el Gobierno Nacional, que, de acuerdo con la normatividad vigente, podría expedir el presupuesto mediante decreto presidencial, tomando como referencia el texto aprobado en el primer debate por las comisiones económicas conjuntas. Esto mantendría el monto global cercano a los 634,9 billones de pesos, aunque dejaría por fuera precisiones y adiciones posteriores que beneficiaban a sectores claves como salud y educación.

Expertos y sectores políticos han manifestado, según los comunicados oficiales y reportes del Senado, que la omisión en la conciliación podría afectar solo los artículos en conflicto o llegar a invalidar el proyecto en su totalidad, dependiendo de la interpretación constitucional. Como alternativa, se plantea la posibilidad de que el presidente convoque sesiones extraordinarias en enero de 2027 para tramitar un nuevo proyecto de adición y traslado presupuestal, con el objetivo de garantizar las asignaciones a rubros estratégicos que pudieron quedar por fuera.

Por ahora, la definición sobre el futuro del presupuesto seguirá dependiendo de las certificaciones que expidan los secretarios generales del Senado y la Cámara sobre los textos votados, los cuales serán fundamentales para las decisiones del Ejecutivo que permitirán asegurar el funcionamiento financiero del Estado colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias puede tener la falta de conciliación en el Presupuesto General de la Nación 2027?

La ausencia de una conciliación entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impide la sanción del proyecto de presupuesto, obligando al Gobierno Nacional a expedirlo por decreto con base en la versión aprobada en primer debate, lo que puede dejar fuera ajustes posteriores relevantes para sectores como salud y educación. Este procedimiento puede ser impugnado según distintas interpretaciones constitucionales, afectando el alcance y la validez total o parcial de la ley.

¿En qué consiste exactamente el artículo 65 del Presupuesto General de la Nación?

El artículo 65 del Presupuesto General de la Nación contempla las operaciones de cobertura fiscal, que son mecanismos financieros destinados a minimizar los riesgos derivados de las fluctuaciones en los precios del petróleo, combustibles líquidos y la tasa de cambio. Este punto específico fue el origen del desacuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes, ya que cada corporación aprobó una versión diferente de su redacción.

En términos concretos, este indicador señala de manera directa la cantidad de pesos que necesita usted para tener un solo dólar en su poder. Este valor no solo facilita el comercio internacional, sino que también es fundamental para quienes hacen inversiones o transacciones financieras en el exterior.

Las fluctuaciones de la tasa de cambio nominal generan un impacto inmediato en la economía nacional, reflejando situaciones de depreciación o apreciación del peso colombiano. Una depreciación ocurre cuando el valor de la moneda local disminuye frente al dólar, obligando a consumidores y empresas a gastar más pesos por cada unidad de dólar. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este escenario encarece las importaciones y puede elevar el costo de vida, pues muchos bienes y servicios dependen de productos traídos del exterior. Por el contrario, una apreciación ocurre cuando el peso se fortalece, permitiendo gastar menos pesos por cada dólar, lo que facilita la adquisición de bienes extranjeros, pero podría restar competitividad a los productos colombianos destinados a la exportación.

El sistema oficial que mide estas variaciones es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), que representa el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas obtenidas en todas las operaciones de compra y venta de dólares hechos por bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es fundamental que estas transacciones sean pactadas para el cumplimiento de ambas monedas en el mismo día de negociación, requisito indispensable para que sean incluidas en la TRM.

De acuerdo con la información, la tasa representativa del mercado actualmente se ubica en 3.163,76 pesos colombianos por cada dólar, reflejando así el estado del mercado cambiario y su impacto en las operaciones diarias de ciudadanos y empresas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la depreciación del peso colombiano frente al dólar a la economía nacional?

La depreciación del peso colombiano implica que se necesita una mayor cantidad de pesos para comprar un dólar, lo que encarece las importaciones y puede aumentar los precios internos de productos y servicios que dependen de insumos provenientes del exterior. Además, afecta directamente a empresas y consumidores que deben comprar moneda extranjera para cumplir sus obligaciones internacionales.

¿Qué significa la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja el valor promedio del dólar estadounidense frente al peso colombiano, basado en las transacciones diarias entre entidades vigiladas. Es utilizada como referencia para operaciones comerciales, inversiones y otras transacciones financieras que involucran monedas extranjeras.

En estaciones de Vanti, el metro cúbico pasó de $4.200 a $5.000, un incremento del 19 % en un solo día. Por su parte, las estaciones Gazel, de Organización Terpel, fijaron el precio en $4.749 por metro cúbico.

El aumento está relacionado con una menor disponibilidad de gas natural importado a través de la regasificadora de Cartagena, que actualmente concentra todas las importaciones del país.

Restricciones registradas en esta infraestructura redujeron la oferta y presionaron al alza los precios para los consumidores. El Consejo Nacional de Operación incluso pidió al Gobierno una auditoría a Spec por el aumento de las indisponibilidades forzadas en la terminal.

El mercado del GNV opera bajo libertad de precios, por lo que las distribuidoras pueden establecer sus tarifas.

Sin embargo, el incremento ocurre en medio de una crisis de abastecimiento de gas en Colombia.

Las importaciones ya representan 41 % del consumo nacional, mientras la producción interna cayó cerca de 30 % en tres años y la de Ecopetrol disminuyó 37 %. Si mejora la oferta, los precios podrían bajar en los próximos días.

La conclusión está consignada en el Concepto 100208192-1997, emitido el 19 de octubre de 2026 por la Subdirección de Normativa y Doctrina, en respuesta a una consulta sobre el tratamiento tributario de los animales domésticos y los criterios para determinar su valor patrimonial.

(Lea también: DIAN: el requisito que se debe cumplir para evitar cobros de IVA, según el Consejo de Estado)

Según la entidad, que un animal sea considerado un ser sintiente, forme parte del entorno familiar o no genere ingresos no significa que quede excluido automáticamente de las disposiciones tributarias aplicables a los bienes susceptibles de valoración económica.

El pronunciamiento se fundamenta en el artículo 261 del Estatuto Tributario, que define el patrimonio bruto como el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero que posee el contribuyente al último día del año o periodo gravable. Por su parte, el artículo 263 establece que la posesión fiscal está relacionada con el aprovechamiento económico, potencial o efectivo, de un bien.

¿Cómo se calcula el valor patrimonial de una mascota?

En el caso de los animales adquiridos mediante compra, la DIAN indicó que su valor patrimonial debe establecerse, en principio, a partir del costo fiscal, conforme a los artículos 61, 69 y 267 del Estatuto Tributario.

Este valor incluye el precio de adquisición y los costos directamente atribuibles hasta que el animal esté disponible para el uso previsto. Sin embargo, los gastos posteriores relacionados con su cuidado no pueden incorporarse automáticamente al costo fiscal.

La entidad explicó que cada desembolso debe tener una relación directa con la adquisición o con la disponibilidad inicial del animal. Por ello, corresponde al contribuyente evaluar y justificar cuáles gastos cumplen estas condiciones.

La disponibilidad inicial se refiere al momento en que la mascota puede ser recibida y mantenida legalmente para la finalidad prevista. Esto no implica que dicho periodo se extienda necesariamente hasta completar todos los tratamientos, registros o entrenamientos que el propietario considere convenientes.

¿Qué tratamiento reciben las mascotas adoptadas?

El concepto también contempla los animales recibidos mediante adopción, donación, herencia u otros mecanismos gratuitos. En estos casos, la valoración depende del título jurídico por el cual se obtuvo el animal y de las disposiciones tributarias aplicables.

La DIAN advirtió que la denominación de adopción no define por sí sola el tratamiento fiscal. Es necesario establecer si hubo una transferencia gratuita de la propiedad o si el animal fue entregado únicamente para su custodia y cuidado.

(Vea también: Cursos de conducción en Colombia deberán incluir IVA desde 2026: cambios que impactarán el costo para nuevos conductores)

Cuando no existe un precio de adquisición ni costos iniciales susceptibles de incorporarse fiscalmente, el costo fiscal de la mascota puede ser cero. No obstante, esta conclusión depende de las circunstancias de cada caso, que el contribuyente debe estar en capacidad de demostrar.

Asimismo, la entidad aclaró que no es procedente establecer voluntariamente un costo fiscal mediante un avalúo comercial cuando la adquisición fue gratuita y no existen conceptos que permitan determinar dicho valor.

Según un estudio del Observatorio Logístico de Santander de la UPB, los viajes registrados pasaron de 10,28 millones a 13,24 millones, un crecimiento de 28,8 %, mientras el peso movilizado aumentó 11,6 %, hasta 151,52 millones de toneladas.

El análisis, basado en más de 8,1 millones de registros del RNDC, también muestra que la distancia promedio por viaje disminuyó de 328,3 kilómetros en 2022 a 277,2 kilómetros en 2025.

Al mismo tiempo, la tarifa promedio por tonelada aumentó de $124.668 a $158.275, aunque las cifras no están ajustadas por inflación.

El informe advierte además un fuerte desbalance en los flujos de carga entre departamentos.

En 2025, el 34,7 % del tonelaje interdepartamental correspondió a cargas sin un volumen equivalente en sentido contrario. El corredor Valle del Cauca-Bogotá registró la mayor brecha.

Valle del Cauca fue el principal departamento despachante, seguido por Cundinamarca y Antioquia, que juntos concentraron 46,1 % del peso transportado.

Uno de los puntos más álgidos del debate se concentró en la distribución de los recursos para la Justicia Especial para la Paz (JEP), entidad encargada de temas fundamentales derivados del Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con la información, la discusión se profundizó sobre las modificaciones a los fondos destinados a la JEP, pero no se limitó exclusivamente a esta institución. El sector de la paz, pieza central para la política pública en la materia, también involucró a otras seis entidades relevantes. De acuerdo con los detalles expuestos en la sesión, los recursos para estos organismos suelen tener implicaciones en frentes tan diversos como la justicia ordinaria, el impulso al deporte y, muy especialmente, la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Los ajustes realizados generaron controversia, ya que la oposición rechazó enérgicamente las reducciones y reasignaciones presupuestales.

En datos precisos referenciados en el artículo, las siete entidades directamente ligadas a los asuntos de paz iban a sumar este año cerca de COP 8 billones. No obstante, la nueva administración formalizará una cifra inferior: COP 850.377 millones menos en comparación con lo prometido inicialmente. El recorte impacta, entre otras instituciones, a la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Estos organismos juegan un papel clave en la implementación de los acuerdos y en el desarrollo rural, así como en el fortalecimiento institucional y la atención a la ciudadanía más afectada por la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto aumentó el Presupuesto General de la Nación en el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Presupuesto General de la Nación aprobado para el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella fue de COP 634,9 billones, lo que representó un incremento del 10 % respecto a los COP 575 billones previstos por la administración anterior, según la información recogida durante el debate legislativo.

¿Qué entidades asociadas al sector de paz tuvieron reducción en el presupuesto y cuánto fue el recorte?

Las entidades vinculadas al sector de paz que experimentaron reducción presupuestal fueron la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entre otras. El recorte global sumó COP 850.377 millones menos frente al monto inicialmente previsto para estas instituciones, de acuerdo con los datos discutidos en el Congreso.

(Destacado: Gobierno De la Espriella busca radical cambio a multas de tránsito en Colombia: Se acabarían los cobros en estos casos)

Durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, advirtió que el Estado no continuará subsidiando a sectores con capacidad económica, en detrimento de los recursos necesarios para sostener la infraestructura vial.

Criterios y exclusiones en las tarifas diferenciales para peajes del Eje Cafetero

De acuerdo con la funcionaria, los equipos técnicos se encuentran terminando de pulir las condiciones del acto administrativo para evitar los errores de decretos anteriores, los cuales dejaron por fuera a veredas enteras que requerían el beneficio.

La ministra fue enfática en que el acceso al cobro preferencial estará condicionado a un censo estricto: «Lo que no puede pasar es que un vehículo de alta gama se aproveche de una tarifa diferencial de una comunidad», dijo.

Y añadió: “Tampoco puede pasar que queden comunidades y veredas por fuera como ocurrió en el decreto anterior. Y tampoco puede ocurrir que el Estado termine financiando una tarifa diferencial para una familia que tiene una casa de recreación; el que tiene para pagar una segunda casa, tiene para pagar el peaje”.

Noguera explicó que blindar la focalización de las tarifas diferenciales para peajes del Eje Cafetero resulta indispensable para garantizar el equilibrio financiero de la red vial concesionada, dado que el menor recaudo en las casetas debe ser asumido por los excedentes de la propia concesión.

En ese sentido, la titular de la cartera aseguró que el Gobierno está muy cerca de expedir la norma definitiva para cumplir los compromisos pactados con los habitantes del Eje Cafetero, asegurando que el descuento llegue exclusivamente a los residentes habituales que transitan por razones de trabajo, estudio o transporte de productos agrícolas.

Fuentes confirmaron que las dos plenarias habrían aprobado versiones distintas del proyecto. En ese escenario, el procedimiento exigía una comisión de conciliación que revisara las diferencias y estableciera un texto único antes de que venciera el plazo constitucional para aprobar el presupuesto.

El punto que habría provocado el problema está en el artículo 65, relacionado con la estabilización del precio de los combustibles. La diferencia surgió a partir de una proposición presentada por el senador Juan Caicedo, que fue retirada durante el trámite en el Senado, mientras que en la Cámara sí quedó incluida al momento de la votación.

Esa diferencia entre los textos implicaba que el Congreso debía acudir a una comisión de conciliación para resolver el desacuerdo antes de la medianoche de este martes 20 de octubre, fecha límite para aprobar el Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, ese paso no se cumplió. Por ello, el proyecto que había sido aprobado por las plenarias quedó bajo cuestionamiento y no completó correctamente el trámite legislativo exigido.

El primer y más significativo contrato se suscribió con el Banco de Bogotá el 9 de octubre de 2026, por $35.000 millones. Bajo la modalidad de cartera ordinaria, el alcalde Leo Hernández comprometió las regalías que llegan al municipio por el Sistema General de Regalías (SGR) en la línea de Asignación Directa. El pago de este crédito está previsto en un plazo de seis años, a través de 24 cuotas trimestrales sin periodo de gracia y una tasa de interés variable fijada en IBR (Indicador Bancario de Referencia) + 2.1%. Esta operación implica que el futuro mandatario municipal encontrará limitaciones en las inversiones futuras con las regalías directas, ya que estos ingresos han sido pignorados hasta por un 130% del monto del préstamo. El destino específico de estos recursos será la edificación, mejoramiento y dotación de la nueva sede del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres. El contrato estipula, además, una sanción financiera del 3.0% si se realiza el pago anticipado antes de cumplirse la mitad del tiempo establecido.

Por otra parte, el segundo préstamo se concretó el 22 de septiembre de 2026 con el Banco BBVA, por $9.000 millones. Este crédito combina recursos propios y una línea de redescuento a través de Finagro, con un plazo de pago de 10 años y un periodo de gracia de dos años para el pago a capital. Los recursos estarán garantizados con el recaudo de la totalidad de la sobretasa a la gasolina y se dividirán en tres proyectos de infraestructura: mejoramiento de colegios urbanos y rurales, así como la intervención en la planta de beneficio animal.

La legalidad de estos movimientos se encuentra bajo observación judicial, pues Edier Vera Ramírez, exsecretario de Hacienda y opositor, interpuso una demanda de nulidad señalando posibles irregularidades en el proceso de aprobación del Concejo Municipal. Según el expediente, la aprobación se habría dado sin estudios fiscales y técnicos que sustentaran la capacidad de endeudamiento del municipio, lo que llevó al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar a solicitar la documentación pertinente. Si se llegara a suspender el acuerdo, el contrato con el Banco de Bogotá establece que el desembolso de los recursos quedará automáticamente detenido o aplazado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el municipio de La Jagua de Ibirico pignoró sus regalías y la sobretasa a la gasolina?

El municipio decidió pignorar, es decir, garantizar el pago de sus préstamos utilizando ingresos futuros de las regalías directas y la sobretasa a la gasolina, para poder asegurar un respaldo sólido ante las entidades bancarias y financiar proyectos de infraestructura como la nueva sede del hospital y el mejoramiento de instituciones educativas y plantas de beneficio animal, según lo informado por EL PILÓN.

¿Cuáles son las condiciones de los préstamos adquiridos por La Jagua de Ibirico en 2026?

El préstamo con el Banco de Bogotá es por $35.000 millones, a seis años, con pago trimestral, tasa de interés IBR + 2.1% y pignoración del 130% de regalías; el del BBVA es por $9.000 millones, a diez años, con periodo de gracia de dos años, garantizado con recursos de la sobretasa a la gasolina y dirigido a tres proyectos específicos de infraestructura municipal.

La estrategia, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y respaldada por entidades como ProColombia y el Ministerio de Comercio, hace parte de la llamada “Misión Crecer”. Esta política busca un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, con una meta clara del 6 % anual, propósito que ha marcado la administración de Abelardo de la Espriella. En el marco de la “Milagro Week”, el vicepresidente informó que se presentará un ambicioso banco de proyectos por más de USD 57.000 millones en el territorio nacional. Restrepo enfatizó que se trata de propuestas “estructuradas, financiables y listas para atraer inversión, generar empleo y aportar socialmente al futuro crecimiento” de lo que denominan la ‘Patria Milagro’.

Según la oficina de la vicepresidencia, hay 53 proyectos listos para negociaciones o procesos de financiación, mientras que, en total, existen más de 133 proyectos públicos que suman cerca de USD 120.000 millones. El evento contará con la presencia de importantes entidades internacionales como J.P. Morgan, Citi, Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, facilitando espacios de negociación directa entre el gobierno colombiano y estos actores clave.

Las funciones de Restrepo, delimitadas en el decreto 1373 de 2026, incluyen coordinar el crecimiento económico, así como la competitividad, productividad y estabilidad macroeconómica. Además, se le asignó la tarea de promover tanto la inversión nacional como extranjera y fortalecer la integración de Colombia en el entorno internacional, siguiendo la línea diplomática dictada por el presidente De la Espriella.

Durante septiembre, Restrepo reunió a los ministros del Interior, Vivienda, Agricultura, Hacienda y Ambiente para definir la hoja de ruta de “Misión Crecer”. En ese mismo mes, aprovechó su participación en la Asamblea de Naciones Unidas para dar inicio a reuniones orientadas a la atracción de inversión extranjera. Como resultado de estos esfuerzos, el gobierno destacó que se multiplicó por seis la suma histórica de proyectos ofrecidos internacionalmente, pasando de USD 9.000 millones a los más de 57.000 millones actuales, en menos de 70 días.

Este enfoque en la atracción de inversión privada y el crecimiento económico ha sido un pilar del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca consolidar a Colombia como un “país milagro” capaz de brindar más oportunidades de desarrollo a su población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la “Milagro Week” y para qué sectores busca atraer inversión extranjera en Colombia?

La “Milagro Week” es un evento impulsado por la vicepresidencia de Colombia que se realizará en Nueva York con el objetivo de atraer inversión extranjera a sectores como infraestructura, energía, minería, tecnología, agroindustria y turismo. Según la información divulgada por la vicepresidencia y El Espectador, este encuentro forma parte de una estrategia nacional para dinamizar el crecimiento económico sostenible.

¿Cuál es la meta de crecimiento de la economía colombiana que busca la “Misión Crecer”?

La “Misión Crecer”, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, se propone alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia del 6 % anual. Esta meta, según lo informado por la oficina de la vicepresidencia, se fundamenta en una articulación entre el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional, en coherencia con las metas del presidente Abelardo de la Espriella.

El beneficio está dirigido a los hogares de estratos 1, 2 y 3 que hayan sufrido daños o pérdidas como consecuencia del movimiento sísmico. Su propósito es aliviar temporalmente los gastos de los servicios públicos de las familias damnificadas en los municipios incluidos en la emergencia.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos en los servicios públicos?

Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir dos requisitos principales. El primero es estar inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD), instrumento utilizado para identificar a las personas afectadas por el desastre.

(Vea también: Conjuntos residenciales y copropiedades podrían tener cobros adicionales en la factura de la energía)

El segundo requisito consiste en verificar las condiciones de conexión de los servicios públicos en el inmueble. Esta evaluación permite determinar si la vivienda cumple los criterios establecidos para recibir la reducción en la factura.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda será responsable de definir las zonas en las que se aplicará la medida, los porcentajes de descuento y los periodos de vigencia, de acuerdo con las disposiciones del decreto.

¿Cómo se aplicarán los descuentos en las facturas?

La reducción se calculará de manera diferente según el servicio público. En acueducto y alcantarillado, el beneficio cubrirá el cargo fijo y el consumo básico o de subsistencia. En el caso del aseo, se aplicará sobre el valor del subsidio correspondiente a la tarifa.

La normativa también establece un límite para la acumulación de ayudas. La suma de los subsidios vigentes y el nuevo beneficio no podrá superar el 100 % del valor facturado en el periodo correspondiente.

Asimismo, el descuento no cubrirá el consumo complementario, las deudas de facturas anteriores, los intereses, las sanciones por mora ni las obligaciones derivadas de acuerdos de pago o financiación.

¿Durante cuánto tiempo se aplicará el alivio económico?

El decreto contempla que el beneficio se aplique durante un máximo de seis facturas para los usuarios con cobro mensual. En los casos de facturación bimestral, la reducción podrá extenderse hasta tres recibos.

De esta manera, los hogares que cumplan los requisitos podrán recibir el alivio durante un periodo equivalente a seis meses de facturación. Su aplicación dependerá de las condiciones y los plazos que se establezcan para cada territorio.

Banco Davivienda, una de las grandes entidades financieras a nivel nacional, soltó una alerta a través de sus espacios digitales sobre un eventual engaño que surge por medio de un sistema tan frecuente como el telefónico.

“Si le llama un ‘supuesto asesor de Davivienda’ para hacer una transacción, termine la llamada, ¡puede ser un fraude!”, indicó la compañía para evitarles dolores de cabeza a sus usuarios.

A pesar de que parece una recomendación simple y muchas personas han demostrado su precaución para no caer en estos engaños, la advertencia es el reflejo de un periodo marcado por la alta cantidad de estafas.

Por ejemplo, Banco de Bogotá emitió un aviso similar en Colombia, lo que sirve como referencia para entender que estas organizaciones se han convertido en un camino para los delincuentes.

Davivienda alcanza más de 27,6 millones de clientes, sumando sus usuarios en Colombia (incluyendo la neobanca DaviPlata) y sus operaciones en Centroamérica.

Además, a partir de noviembre de 2026, el banco incorpora formalmente cerca de 3,5 millones de clientes adicionales procedentes del negocio bancario de Davibank en Colombia (Scotiabank Colpatria), elevando significativamente su escala de atención en el país.

Parece pertinente recordar que esta compañía tiene múltiples canales para ejecutar sus transferencias, por lo que el mecanismo telefónico no es necesariamente el indispensable para los movimientos.

Lo cierto es que la vía telefónica es la más común, pero la recomendación para el uso de este medio es acudir a los número oficiales para encontrar la respuesta más certera y segura.

Los teléfonos de atención de Banco Davivienda en Colombia son: la línea nacional gratuita personas 01 8000 12 3838, desde celular #338, Bogotá (601) 338 3838, Medellín (604) 251 5253, Cali (602) 889 0574, Barranquilla (605) 351 1922, Bucaramanga (607) 633 3334, Eje Cafetero (606) 338 7200, la línea para empresas 01 8000 91 9561 o (601) 327 8360, y para atención internacional desde Estados Unidos +1 (833) 957 3443 o desde España +00 8000 338 3838.

Eso sí, el aumento de estafas telefónicas en Colombia en 2026 explica el llamado de atención por que el que resulta clave conocer los pasos a seguir en caso de verse afectadps.

¿Qué hacer si es víctima de llamada de estafa a nombre de Davivienda?

Ser víctima de un intento de estafa telefónica a nombre de Davivienda exige actuar con extrema rapidez para evitar la pérdida indeseada de dinero.

La primera medida obligatoria consiste en interrumpir de inmediato la comunicación con los supuestos asesores y evitar entregar cualquier tipo de información personal.

Los delincuentes suelen ejercer presión psicológica afirmando que existen movimientos sospechosos o bloqueos de cuenta para exigir códigos de verificación, claves dinámicas o transferencias.

Bajo ninguna circunstancia comparta contraseñas ni haga transferencias hacia supuestas cuentas seguras, pues el banco jamás solicita claves o dinero por teléfono.

Si desafortunadamente entregó información sensible o nota movimientos no autorizados en su cuenta, comuníquese inmediatamente con las líneas oficiales de la entidad bancaria.

Marque desde su teléfono móvil al numeral directo #338 o llame a la línea gratuita nacional 018000123838 para reportar la novedad cometida.

Solicite la cancelación de sus tarjetas de crédito o débito y el bloqueo preventivo de sus productos financieros junto con los accesos digitales asociados.

Posteriormente, cambie de inmediato las contraseñas de su portal web, aplicación móvil y correo electrónico desde un dispositivo completamente seguro y personal.

Inicie de forma paralela la denuncia formal ante las autoridades competentes para dejar constancia legal sobre el delito informático o la suplantación sufrida.

Ingrese a la plataforma virtual de denuncias de la Policía Nacional de Colombia e informe detalladamente lo ocurrido ante el CAI Virtual disponible.

Conserve todas las pruebas posibles, como registros de llamadas, números telefónicos, mensajes de texto y comprobantes de transacciones recibidos durante la estafa perpetrada.

Notifique igualmente el incidente mediante la Línea de Transparencia del banco para cooperar con las investigaciones internas de seguridad cibernética institucional.

Mantener la calma, dudar de llamadas alarmantes y verificar siempre directamente con la entidad financiera protegerá eficazmente sus ahorros e integridad patrimonial.

Esta iniciativa tiene como eje central el fortalecimiento de la economía de las familias campesinas que dependen de la comercialización de sus cosechas y productos. Además, el mercado campesino busca no solo fortalecer la relación comercial, sino también—según el propio medio— sensibilizar a los caleños sobre la importancia de respaldar la producción rural y conocer cómo incide en el desarrollo alimentario de la región. La dinámica permite una interacción directa entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen, eliminando intermediarios para que el reconocimiento y el apoyo lleguen de manera más eficiente a los agricultores.

Durante la jornada en Unicentro Cali, los visitantes encontrarán una variedad de productos cultivados en la zona rural de la ciudad, los cuales son el resultado del esfuerzo de las familias campesinas. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, citada por 90 Minutos, para los productores estos espacios han representado una auténtica vitrina que no solo les permite dar a conocer su trabajo, sino también ampliar su base de compradores, impulsando el crecimiento de sus ingresos familiares.

Así, la celebración del mercado campesino en Cali se consolida como una alternativa responsable y solidaria para quienes desean llevar alimentos frescos a sus hogares mientras fortalecen la economía local y reconocen la labor de quienes cultivan la tierra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el mercado campesino a los productores rurales de Cali?

El mercado campesino permite a los productores rurales de Cali contar con una vitrina para ofrecer sus productos directamente al consumidor final. Esto se traduce en mayores oportunidades de venta, una mejor visibilidad de su trabajo y posibilidades de encontrar nuevos compradores, lo que contribuye al fortalecimiento de sus ingresos y al apoyo a la economía familiar campesina, de acuerdo con 90 Minutos y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali.

¿Qué productos se pueden encontrar en el mercado campesino de Unicentro Cali?

Según 90 Minutos, en el mercado campesino que se realiza en Unicentro Cali, los visitantes pueden adquirir una amplia variedad de alimentos frescos provenientes de la zona rural del municipio. Estos productos reflejan la diversidad y el esfuerzo de las familias campesinas dedicadas a la agricultura local.

Durante una sesión maratónica del Congreso, que se extendió por más de 19 horas, se dio un plazo de 90 días al Ejecutivo para que radique el proyecto de ajuste fiscal, contados desde el momento en que el presidente sancione la ley de presupuesto. Según El Espectador, el articulado del ajuste fiscal ya fue revisado por el presidente y, en una reunión reciente, tanto el vicepresidente José Manuel Restrepo como el mandatario estuvieron presentes, afinando los últimos detalles de la iniciativa. Aunque no se descarta la presentación de una reforma tributaria, el gobierno ha preferido evitar ese término, consciente del ambiente tenso y la dificultad para consolidar una mayoría suficiente en el Congreso para abordar nuevos tributos, como admiten sectores oficialistas y queda evidenciado en el cubrimiento del medio citado.

El monto aprobado, de 634,9 billones de pesos colombianos, supera el presentado por el expresidente Gustavo Petro para la misma vigencia. Esta cifra fue centro de críticas, principalmente debido a que el presupuesto aún no tiene una definición clara de cómo se obtendrán los recursos para su financiación, especialmente en medio de una crisis fiscal. Dentro de los escenarios de ajuste, el gobierno ha empezado por disminuir contratos de prestación de servicios y considerar la ampliación de deuda pública, en línea con la atención a emergencias como la ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, según reportó El Espectador. El objetivo señalado por funcionarios es reducir el gasto en un 2,2 % del producto interno bruto (PIB). En paralelo, Miguel Gómez y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, liderarán la discusión legislativa sobre el ajuste, mientras avanzan los proyectos clave de la agenda, como las leyes de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley ‘antimermelada’ y la propuesta para designar a Barranquilla como capital alterna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de ajuste fiscal anunciado por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El ajuste fiscal planeado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, según El Espectador, busca regular el gasto estatal para enfrentar la crisis fiscal actual. Incluye acciones como reorganizar la inversión pública, recortar contratos de prestación de servicios y ampliar la deuda pública si es necesario. Todo esto con la meta de reducir el gasto en un 2,2 % del PIB y asegurar la financiación del presupuesto aprobado para 2027.

¿Por qué el gobierno evita hablar de reforma tributaria en el ajuste fiscal?

El Ejecutivo ha evitado el término “reforma tributaria” debido al ambiente político complejo y la dificultad de conseguir mayorías en el Congreso, según El Espectador. Aunque no se ha descartado completamente esa opción, se priorizan otras estrategias por la resistencia que genera debatir nuevos impuestos, especialmente en tiempos de crisis y ante las críticas por la falta de certezas sobre la obtención de recursos.

(Ver también: ¿Cuántos locales le quedan a Presto en Colombia? En Bogotá no pasan de 40)

La decisión quedó consignada en el auto 2026-01-759994 del 19 de octubre de 2026 y fue comunicada por Mónica Alejandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa propietaria de Presto. Según el documento, la autorización se extenderá hasta 20 días hábiles después de que quede en firme la aprobación de la calificación y graduación de créditos.

Esto significa que, por ahora, los restaurantes y la planta de producción pueden continuar abiertos, mientras los trabajadores siguen desempeñando sus funciones. La prioridad de la liquidación es encontrar una alternativa que permita vender la compañía en marcha, como una unidad económica productiva, en lugar de cerrar sus operaciones y vender sus activos por separado.

¿Qué pasará con los empleados de Presto?

La continuidad de la operación representa una oportunidad para proteger los puestos de trabajo, aunque no significa que los empleos estén garantizados de manera indefinida. El futuro de la planta de personal dependerá de lo que ocurra durante el proceso judicial y de las posibilidades de concretar la venta de la empresa.

La autorización también establece que los contratos de los puntos de venta y de las unidades de apoyo que continúen operando permanecerán vigentes durante el periodo autorizado, siempre que la compañía cumpla oportunamente con las nuevas obligaciones que adquiera.

En cuanto a los pagos, los productos, servicios, cánones y demás compromisos causados desde el 14 de octubre de 2026 se cubrirán como gastos de administración, con preferencia sobre otros créditos, a partir de los ingresos de la operación.

¿Por qué Presto entró en liquidación?

La compañía llegó a esta instancia después de incumplir el acuerdo de reorganización de deudas que había suscrito en abril de 2026, por cerca de 31.000 millones de pesos, en medio de dificultades de flujo de caja y pagos pendientes.

Ahora, la apuesta consiste en encontrar un comprador que mantenga la operación y preserve el valor de la marca. Aunque se ha reportado el interés de un empresario colombiano en adquirirla, todavía no hay una venta confirmada.

(Ver también: ¿Quiénes son los dueños de Presto? La organización detrás de la cadena que entró en liquidación)

Por eso, el futuro de los trabajadores dependerá en buena medida de que Presto consiga mantenerse en funcionamiento y encuentre un inversionista dispuesto a continuar con el negocio.

La Superintendencia de Sociedades facultó a la compañía para mantener abiertas sus sedes de atención al público y su centro industrial de procesamiento, evitando el cierre definitivo de sus instalaciones.

Mónica Alexandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S.A.S., confirmó la determinación mediante una circular institucional enviada el 20 de octubre de 2026 a proveedores, acreedores y arrendadores.

El fallo de los juzgados mercantiles quedó formalizado en el Auto 2026-01-759994 emitido el 19 de octubre de 2026, abriendo un margen temporal para sostener el flujo operativo del negocio.

La vocera corporativa puntualizó que sostener las actividades diarias busca salvaguardar las plazas de trabajo vigentes y facilitar la colocación de la marca dentro del mercado gastronómico nacional.

En el comunicado titulado “¡Presto sigue operando!“, Macías Sánchez sostuvo que dicha disposición garantizará “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva”.

A través del informe replicado por Portafolio, la representante enfatizó que esta alternativa representa el mecanismo más efectivo para sanear el pasivo financiero acumulado con las distintas partes interesadas.

El aval concedido por el organismo fiscalizador regirá hasta 20 días hábiles posteriores a la firmeza jurídica de la calificación y graduación de créditos en los estrados.

Esta etapa operativa no suspende el trámite de disolución iniciado cuando concluyó sin éxito la reestructuración corporativa previa.

El trámite de liquidación comenzó formalmente mediante el Auto 2026-01-747813 del 13 de octubre de 2026, momento en que las autoridades ordenaron la terminación del acuerdo de reorganización empresarial.

Ante dicho panorama, la administración temporal solicitó el 19 de octubre frenar parcialmente ciertos efectos jurídicos para preservar el funcionamiento continuo de los locales clave.

Entre las medidas planteadas figuraron la comercialización continua de existencias, la protección de contratos estratégicos y la contratación de un perito calificado para valorar financieramente la empresa.

Paralelamente, la representante legal planteó esquemas para sufragar pequeñas acreencias de carácter laboral y contratar al personal indispensable durante la contingencia.

Respecto a los pasivos acumulados, las facturas generadas a partir del 14 de octubre de 2026 contarán con prioridad de pago catalogándose directamente como gastos de administración.

Los recursos para cubrir estos gastos saldrán de las ventas registradas en los puntos gastronómicos, abarcando alquileres, insumos y servicios adquiridos en este periodo.

En contraste, los cobros causados con anterioridad al 13 de octubre deberán radicarse formalmente en el expediente judicial respetando los cronogramas normativos del proceso.

Los contratos de arrendamiento y suministros de las sedes activas seguirán vigentes mientras la marca cumpla con sus nuevos compromisos económicos de manera oportuna.

Esta contingencia empresarial marcará el futuro inmediato de una de las marcas de comida rápida más tradicionales del país en su intento por resurgir en el mercado.

¿Cuántos restaurantes tiene Presto en Colombia?

La icónica cadena de comida rápida Presto cuenta actualmente con 104 establecimientos habilitados en el territorio nacional.

El directorio de la compañía confirma la existencia de estas sedes comerciales distribuidas estratégicamente en más de 20 ciudades del país.

Bogotá concentra la mayor proporción de los puntos operativos de la marca de hamburguesas, registrando un total de 37 locales activos.

La firma llegó a operar históricamente hasta 180 puntos de venta, pero ajustó su presencia comercial debido a complejas dificultades financieras.

Recientemente, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial para la sociedad operadora Franquicias y Concesiones S.A.S.

Pese al proceso legal en curso, las autoridades comerciales autorizaron la operación continua de las sedes para buscar un comprador estratégico.

De este modo, los restaurantes continúan prestando atención al público en centros comerciales, sectores bancarios y corredores viales clave del país.

La red nacional de atención mantiene su infraestructura logística para garantizar el suministro regular a cada uno de los puntos habilitados.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.174, casi $34 menos frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

El dólar abrió al alza luego de que el Congreso de la República aprobara el presupuesto del gobierno De la Espriella para 2027, cercano a los $635 billones, tras la falta de consenso con algunas bancadas legislativas.

(Vea también: Dólar hoy amaneció más cerca de $ 3.100: explican por qué tuvo otra caída en Colombia)

Lo que mueve al dólar en Colombia

El mercado está atento al ajuste fiscal que necesitará Colombia en los próximos meses, así como a los detalles de las negociaciones sobre el financiamiento que obtendrá el país de la banca internacional.

En el plano externo, los precios del petróleo avanzaron con fuerza, con el Brent en máximos de cinco meses, mientras el mercado incorpora una mayor prima de riesgo geopolítico por los ataques de los hutíes contra la infraestructura saudí y los reportes de agresiones a embarcaciones en el Golfo.

“El Brent llegó a US$111,05 por barril y el WTI, a US$104,94, en medio de crecientes temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético regional. La tensión aumentó después de que los hutíes afirmaran haber atacado objetivos como instalaciones de Aramco, aeropuertos y campos petroleros en Arabia Saudita, mientras se reportaron ataques contra al menos 18 embarcaciones en las últimas dos semanas”, señala un informe de JP Tactical.

En estos casos, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) puede estar obligada a asumir las prestaciones correspondientes.

La decisión se tomó tras estudiar el caso de una mujer que reclamaba la pensión de sobrevivientes para ella y sus dos hijas, luego de que su esposo falleciera en un accidente ocurrido a las afueras de su lugar de trabajo, poco antes de iniciar sus labores.

Inicialmente, la ARL fue condenada a reconocer y pagar la prestación, pero un Tribunal Superior revocó esa decisión.

Por ello, el proceso llegó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, que finalmente respaldó a la familia y reconoció su derecho a recibir la pensión.

El alto tribunal señaló que el concepto de accidente laboral no debe limitarse exclusivamente a los hechos ocurridos durante la jornada o dentro de las instalaciones de la empresa.

También deben considerarse las circunstancias y la relación del suceso con el trabajo.

Además, la Corte advirtió que los trámites y formalismos administrativos no pueden convertirse en obstáculos para que los beneficiarios accedan a las prestaciones derivadas de un accidente laboral.

Dentro del total de la deuda pública, la mayor parte correspondió a obligaciones internas, con $835,33 billones equivalentes al 65,6 %, mientras que la deuda externa fue de $438,18 billones, es decir, el 34,4 %. El crecimiento de la deuda total fue de 8,3 %, explicado en gran medida por el aumento de $147,23 billones en las obligaciones internas, lo cual compensó la reducción de $49,46 billones en la deuda externa. Como porción del producto interno bruto, conocido como PIB, la deuda pasó de representar el 68,6 % a situarse en el 68,7 %.

El Gobierno Nacional Central asumió el principal peso de este endeudamiento, con un saldo de $1.060,41 billones, lo que equivale al 57,2 % del PIB del país. Según la Contraloría, el incremento en las obligaciones de este sector fue el factor determinante del crecimiento de la deuda pública en 2025. Este aumento se debió en gran parte a la emisión de títulos de tesorería (TES B), cuyo saldo subió $141,10 billones, en un contexto de mayor necesidad de financiamiento.

Por otro lado, aunque la deuda externa del Gobierno Nacional Central en pesos disminuyó $41,76 billones, a causa de la apreciación del peso colombiano frente al dólar, en términos de dólares estadounidenses subió, pasando de USD 81.695,33 millones a USD 84.759,40 millones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Entre las estrategias de manejo de deuda externa, la Contraloría resaltó operaciones de recompra de bonos y solicitud de créditos a organismos multilaterales.

En agosto de 2026, la deuda bruta del Gobierno nacional se situó en $1.068,33 billones, de acuerdo con cifras de la Contraloría citadas por El Tiempo. En ese momento, el financiamiento interno representaba el 76,6 % del total, mientras que la deuda externa alcanzaba el 23,4 %. Además, la proyección de un déficit fiscal del 9,4 % del PIB para 2027 plantea retos adicionales para el país en términos de financiación y sostenibilidad.

La Contraloría subrayó que es crucial mantener una estrategia que modere el crecimiento de la deuda, teniendo en cuenta que factores como el costo de los intereses, el crecimiento económico, el déficit primario y la tasa de cambio inciden directamente en la dinámica de la deuda pública. De acuerdo con el organismo, si los intereses superan de manera sostenida el crecimiento económico, el endeudamiento podría continuar en aumento, aun si se logran superávits primarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto representa la deuda pública de Colombia frente al PIB?

Según la Contraloría General de la República, la deuda pública de Colombia pasó de representar el 68,6 % del producto interno bruto (PIB) al 68,7 % al cierre de 2025. Además, la deuda neta del Gobierno Nacional Central en 2025 se ubicó en el 58,5 % del PIB, cifra inferior al 61,3 % proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para ese año.

¿Cuál es la diferencia entre deuda interna y deuda externa en Colombia?

La deuda interna se refiere a las obligaciones adquiridas en el mercado nacional, y al cierre de 2025 sumaba $835,33 billones equivalentes al 65,6 % de la deuda total. Por su parte, la deuda externa corresponde a préstamos y compromisos contraídos con acreedores fuera del país y alcanzó $438,18 billones, lo que representa el 34,4 % del total, de acuerdo con los datos presentados por la Contraloría General de la República.

Según la Secretaría Distrital de Integración Social, más de 190.000 hogares recibirán recursos mediante los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación.

Además, más de 270.000 personas acceden a estos apoyos a través de las líneas dirigidas a jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

El programa también contempla a víctimas con pertenencia étnica que cumplan los requisitos establecidos.

Para este ciclo, el Distrito destinó más de $45.000 millones, mientras que la inversión acumulada durante 2026 supera los $435.000 millones.

Entre los beneficiarios priorizados están los hogares en pobreza extrema, especialmente los clasificados en el grupo A del Sisbén IV, familias con niños de 0 a 6 años y hogares con menores de 7 a 19 años que cumplan las condiciones del componente educativo.

Sin embargo, pertenecer a un grupo del Sisbén no garantiza automáticamente el acceso al subsidio.

Los pagos se realizan de manera escalonada mediante billeteras digitales como Nequi, DaviPlata, dale!, MOVii y Bancamía, además del Banco Caja Social y giros en puntos Efecty.

Para verificar si una persona es beneficiaria, puede consultar los canales oficiales de Integración Social o llamar al 601 380 8330, opción 6. Las autoridades recomiendan verificar la información y revisar las notificaciones enviadas por mensaje de texto.

Del total de la deuda, $835,33 billones corresponden a obligaciones internas, lo que representa un 65,6 % de la deuda bruta, mientras que los $438,18 billones restantes corresponden a deuda externa, equivalente al 34,4 %. El crecimiento del endeudamiento, que fue del 8,3 % con respecto al año anterior, se explicó principalmente por el aumento de $147,23 billones en las obligaciones internas. Este crecimiento fue suficiente para compensar la reducción de $49,46 billones en las obligaciones externas, evidenciando la preferencia por financiamiento interno en ese periodo. En términos del producto interno bruto (PIB), la deuda representó un leve incremento, pasando del 68,6 % en 2024 al 68,7 % en 2025.

El Gobierno Nacional Central destacó como el principal motor de este endeudamiento, con un saldo de $1.060,41 billones, valor que equivale al 57,2 % del PIB. Según la Contraloría, el mayor aumento se observó en los títulos de tesorería (TES B), que crecieron $141,10 billones, impulsados por una estrategia del Ministerio de Hacienda para ampliar las emisiones y financiar distintas obligaciones públicas. Paralelamente, la deuda externa de esta entidad cayó $41,76 billones, aunque esta disminución se explicó por la apreciación del peso colombiano frente al dólar, ya que cuando se mide en moneda extranjera, el saldo pasó de USD 81.695,33 millones a USD 84.759,40 millones. En la administración de estos compromisos, el Ministerio de Hacienda recurrió a la recompra de bonos y a créditos con organismos multilaterales para diversificar riesgos y gestionar vencimientos.

En materia de sostenibilidad fiscal, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicó en el 58,5 % del PIB en 2025, inferior al 61,3 % proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, el Plan Financiero de 2026 anticipa un aumento moderado hasta el 58,7 %. Pese a estos datos, la Contraloría advirtió que factores como un menor crecimiento económico, tasas de interés reales más altas o una depreciación del peso podrían provocar que la deuda neta supere el 60 % del PIB. El organismo enfatizó la importancia de contener los intereses de la deuda y mantener en equilibrio el déficit primario, pues si los intereses reales superan el crecimiento económico de forma sostenida, la deuda pública continuará incrementándose, incluso si se consigue un superávit primario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo está compuesta la deuda pública de Colombia entre obligaciones internas y deuda externa?

Según datos de la Contraloría General de la República, al cierre de 2025 la deuda pública colombiana estaba conformada en un 65,6 % por obligaciones internas, alcanzando los $835,33 billones, mientras que la deuda externa representó el 34,4 %, equivalentes a $438,18 billones. Este perfil refleja una mayor dependencia del financiamiento interno durante el año analizado.

¿Por qué la Contraloría General de la República advierte riesgos sobre el endeudamiento del Estado?

La Contraloría General de la República advierte que una combinación de factores como un crecimiento económico por debajo de lo estimado, el aumento de tasas de interés reales o una depreciación del peso colombiano puede elevar el déficit y ocasionar que la deuda neta supere el 60 % del PIB. Ante esto, el organismo subraya la importancia de mantener los intereses de la deuda y el déficit primario en niveles sostenibles para proteger la salud fiscal del Estado.

El académico calcula que el incremento sumaría 0,55 puntos porcentuales del PIB al déficit, que pasaría de una proyección de 9,4% a un nivel cercano al 10%.

El impacto estaría relacionado con mayores gastos del Estado en pensiones y personal, además de una posible reducción del recaudo del impuesto sobre la renta.

A estas presiones se sumarían riesgos para la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico.

David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, advirtió que un ajuste de esa magnitud podría aumentar las presiones inflacionarias y limitar la capacidad del Banco de la República para reducir sus tasas.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, señaló que las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar dificultades para asumir los mayores costos laborales, lo que incentivaría la informalidad y reduciría la contratación formal.

Como alternativa, Corficolombiana plantea un aumento del 8%, calculado con base en una inflación proyectada de 6,8% para 2026 y un crecimiento de la productividad de 1,2%.

La negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos deberá equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad fiscal y económica del país.

De manera sencilla, la tasa de cambio nominal señala cuántos pesos colombianos se necesitan entregar para obtener un solo dólar estadounidense. Así, esta referencia se convierte en una herramienta muy relevante para ciudadanos, empresas y autoridades, al influir directamente en el costo de productos importados y la competitividad de los bienes exportados por el país.

Los movimientos en la tasa de cambio nominal tienen efectos inmediatos sobre la economía nacional por dos causas principales: la depreciación y la apreciación. En el primer caso, un aumento en la tasa supone una depreciación del peso colombiano. De este modo, los colombianos deben entregar una mayor cantidad de pesos para adquirir cada dólar, encareciendo el costo de importar bienes y servicios. Por otra parte, una reducción de la tasa señala una apreciación del peso, es decir, se necesitan menos pesos para adquirir un dólar. Este fenómeno facilita la adquisición de productos extranjeros al ser más baratos, aunque puede desventajar a los exportadores colombianos, al reducir su competitividad fuera del país.

Para dar seguimiento oficial a estos movimientos, Colombia emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la explicación expuesta, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas derivadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares efectuadas por entidades vigiladas, incluyendo bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia). Una condición esencial para que las operaciones sean incluidas en el cálculo es que tanto el pago en pesos como en dólares se pacten para el mismo día. De acuerdo con el reporte, la TRM se ubicó en 3.156,32 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal en Colombia y cómo se utiliza?

La tasa de cambio nominal en Colombia indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense, y es la medida principal para establecer el valor de la moneda nacional frente a la divisa extranjera predominante. Su uso es fundamental para calcular precios de importaciones, exportaciones y también para operaciones financieras internacionales.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares hechas por entidades vigiladas. Estas transacciones deben liquidarse el mismo día de su negociación para ser consideradas en el cálculo de la TRM.

Durante su intervención, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recalcó que "este presupuesto no es un cheque en blanco" y enfatizó el compromiso de vigilancia para asegurar que los recursos se inviertan de manera adecuada. En esa línea, el presidente de la República indicó que tras la aprobación del Presupuesto, el Gobierno nacional radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal.

Entre los cambios destacados, se sumaron 5 billones de pesos adicionales para el sector salud y 6,4 billones para el Ministerio de Defensa. El presupuesto de 2027 prevé un crecimiento del 16,09 % respecto a 2026, destinando una parte considerable a cubrir los gastos de funcionamiento del Estado. Por su parte, el documento incluye una reducción de 11.000 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según los detalles compartidos.

Gracias a los ajustes en la Cámara y el Senado, se logró disminuir en $8,36 billones los fondos asignados a la amortización de la deuda, lo que permitió aumentar la inversión en cerca de $7,74 billones. Así, el presupuesto para el pago de obligaciones financieras queda en $147 billones, mientras la inversión asciende a $94,6 billones. También se garantizó la adición de 100.000 millones para educación y 3 billones para el sector de Minas y Energía, incrementando así el presupuesto de ese ministerio de 7,5 billones a 10,51 billones.

El proyecto obliga al Gobierno a presentar informes trimestrales sobre la caja y los gastos de la Nación en 2027. Otros rubros específicos incluyen 100.000 millones para la Registraduría y la Rama Judicial, 11.400 millones para indemnizaciones a familias de soldados fallecidos en combate, y 30.000 millones para funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de Ambiente dispone de 26.500 millones para esterilización de perros y gatos, y 70.000 millones asignados al gas licuado de petróleo. El Instituto Nacional de Vías (Invías) tendrá 100.000 millones para la variante de San Gil y el Departamento para la Prosperidad Social recibirá 7.000 millones, según lo aprobado. Tanto el ministro de Hacienda como el del Interior, Rodrigo Lara, agradecieron al Congreso y a la oposición por su dedicación en los debates, algunos de los cuales se extendieron por cerca de 19 horas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se divide el Presupuesto General de la Nación de Colombia para 2027?

El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2027 contempla un total de $634,9 billones de pesos. De este monto, se destinan $147 billones al pago de obligaciones financieras y $94,6 billones a inversión. Sectores como salud y defensa contarán con incrementos significativos, y se incluyen asignaciones relevantes en educación, energía, ambiente, justicia y programas sociales, de acuerdo con la información presentada en el Congreso.

¿Qué controles tendrá el Gobierno sobre el gasto del Presupuesto General 2027?

El proyecto aprobado en el Congreso incluye una exigencia para que el Gobierno nacional presente informes trimestrales sobre el dinero disponible y los gastos realizados durante 2027. De esta manera, se busca dar seguimiento y control sobre el uso de los recursos públicos, tal como lo señaló el presidente del Senado y según lo estipulado en el propio texto del presupuesto.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó públicamente su gratitud al Congreso de la República, destacando el compromiso y patriotismo de quienes apoyaron la iniciativa. A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó: "Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos".

Desde la Cámara, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, también valoró el resultado, reconociendo la seriedad y el esfuerzo del Legislativo durante el proceso. Asimismo, felicitó al equipo liderado por su par en la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, por lo que calificó como una "impecable presentación" del articulado del presupuesto. Gómez, por su parte, resaltó la dificultad de este proyecto específico y extendió un reconocimiento incluso a la oposición, valorando la fuerza y claridad con la que expusieron sus argumentos, a pesar de las diferencias evidentes en las posturas.

El jefe de la cartera económica destacó el contexto particular que vive el país y subrayó que el respaldo parlamentario representa una señal importante para la orientación de la política económica. Además, consideró que la aprobación del presupuesto constituye el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad económica y la búsqueda del crecimiento y la prosperidad.

En la votación final, la Cámara registró 112 votos a favor, en tanto que el Senado, en una sesión realizada sobre las 10:00 p. m. del lunes, registró 57 apoyos. Sin embargo, la oposición decidió retirarse en protesta por lo que consideró como un procedimiento lesivo y por los ajustes en los recursos destinados a 24 departamentos y sectores como Minas y Agricultura.

Ahora, al haberse aprobado el mismo texto tanto en Senado como en Cámara, no será necesario un proceso de conciliación. No obstante, el Congreso estableció un plazo de 90 días desde la sanción presidencial para que el Gobierno presente un proyecto de ajuste fiscal. El ministro de Hacienda anticipó la pronta radicación de una llamada "ley de rescate", cuyo objetivo es ejecutar un ajuste fiscal a través del gasto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el resultado de la votación del presupuesto de 2027 en el Congreso?

La aprobación del presupuesto de 2027 contó con 112 votos favorables en la Cámara de Representantes y 57 apoyos en el Senado. La oposición se retiró de la sesión, argumentando desacuerdo por la reducción de recursos a determinados departamentos y sectores, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué es un ajuste fiscal y por qué el Gobierno debe presentarlo en 90 días?

El ajuste fiscal es una medida que busca equilibrar las finanzas públicas, principalmente a través del control del gasto. El Congreso determinó que el Gobierno tiene 90 días, contados desde la sanción del presupuesto, para presentar un proyecto que busque este objetivo, lo que en el caso colombiano se denomina una "ley de rescate", según lo explicado por el ministro de Hacienda en su intervención en la plenaria.

La compañía inició operaciones en 1981 con su primer restaurante en Chapinero, Bogotá, y contribuyó a consolidar el mercado de comidas rápidas en el país. Sin embargo, su reconocimiento no fue suficiente para garantizar su estabilidad financiera.

En 2025, su operadora, Franquicias y Concesiones SAS, registró ingresos por $108.629 millones, pero no logró cumplir sus obligaciones con los acreedores ni superar sus problemas de liquidez.

Por esta razón, la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación judicial el 13 de octubre de 2026. Pese a la decisión, los restaurantes continúan funcionando mientras se estudian alternativas para preservar el negocio.

En el mercado colombiano, Presto ocupa el cuarto lugar entre las cadenas analizadas, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King.

Aunque cuenta con 156 establecimientos y una marca reconocida por varias generaciones, los expertos advierten que su popularidad no garantiza rentabilidad.

La principal esperanza está en la llegada de inversionistas interesados en adquirir la marca, sus activos o la operación completa.

No obstante, la viabilidad dependerá de las causas de la crisis, el manejo de las deudas, los costos y las condiciones para mantener los restaurantes en funcionamiento.

El sector salud fue el más beneficiado con los ajustes realizados durante la discusión, al recibir $3 billones adicionales, que, sumados a los $2 billones contemplados previamente, elevan a $5 billones los recursos destinados a atender sus necesidades.

El sector Trabajo contará con más de $70 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para cumplir obligaciones pensionales.

Por su parte, Minas y Energía recibió $3 billones para financiar subsidios de energía y gas. También se asignaron $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

En educación superior pública se reconoció una brecha cercana a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades.

Asimismo, el presupuesto contempla $82,8 billones para seguridad y $7,8 billones para la Fiscalía, que recibió $100.000 millones adicionales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones, recursos trasladados principalmente al Ministerio de Defensa.

Otro cambio importante fue el aumento de la inversión pública, que pasó de $86,9 billones a $94,8 billones, de los cuales cerca de $69 billones se destinarán a las regiones.

La aprobación evitó que el Gobierno tuviera que expedir el presupuesto por decreto.

El primero fue producido por Olmes García, caficultor de Caldas, y adquirido por la empresa Amor Perfecto, que pagó US$ 13.860 por un lote de 33 libras.

El segundo perteneció a María Nilsa Garzón Díaz, productora del Cauca, cuyo café se vendió a US$ 400 por libra a Café 18 (Banexport), en el concurso Colombia, Tierra de Diversidad.

El café de García corresponde a la variedad Castillo Rosario, procesado de manera natural y cultivado a 1.550 metros sobre el nivel del mar. Su sabor dulce y afrutado, con notas de frutos rojos y acidez equilibrada, despertó el interés de los compradores.

Además, el caficultor trabajó en el mejoramiento del producto junto a su hijo, estudiante de ingeniería de sistemas.

Según Luis Fernando Vélez, CEO de Amor Perfecto, los precios extraordinarios responden a la calidad, el origen, los procesos de producción y la historia detrás de cada productor, además de la competencia y la emoción durante las subastas.

En el concurso Colombia, Tierra de Diversidad participaron 1.048 lotes, de los cuales 25 fueron seleccionados para la subasta internacional.

Amor Perfecto considera estas compras una inversión en mercadeo para visibilizar cafés excepcionales y destacar el potencial de la caficultura colombiana.

Según un informe de la entidad, el incremento recomendado responde a una inflación proyectada de 6,8 % al cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2 %.

César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que el ajuste debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios económicos.

El análisis advierte que un aumento del 38,5 %, como el propuesto por sectores sindicales, podría elevar los costos laborales, impulsar la inflación y obligar al Banco de la República a mantener o incrementar las tasas de interés. Esto encarecería los créditos y frenaría el consumo y la inversión.

Además, mayores costos de contratación podrían afectar la generación de empleo formal, especialmente para trabajadores con menor productividad.

El gasto público también aumentaría por las obligaciones pensionales y las remuneraciones del sector estatal, lo que presionaría el déficit fiscal.

Corfi recordó que Colombia tuvo salarios mínimos diferenciados por regiones y sectores en décadas anteriores. Por su parte, Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, respaldó aplicar criterios técnicos para definir el ajuste salarial.

Los artículos 8, 10, 21, 27, 28, 60, 65, 83 y 86 contienen disposiciones relacionadas con apropiaciones presupuestales, asignación de recursos, modificaciones y ejecución por parte de las entidades públicas.

El artículo 71 fue objeto de propuestas de modificación durante el debate, mientras que los artículos 79 y 80 están enfocados en el seguimiento del gasto.

El 79 busca fortalecer la administración del presupuesto orientado a resultados, con participación de Hacienda y el DNP, y el 80 establece mecanismos de trazabilidad para identificar y hacer seguimiento a recursos destinados a objetivos específicos.

Un punto diferente corresponde a los artículos 84 y 85, que fueron separados para una discusión particular y no hacen parte de los 12 aprobados en el segundo bloque.

Estos generaron cuestionamientos porque podrían otorgar al Gobierno facultades para realizar movimientos presupuestales relacionados con el Fondo Milagro sin una nueva autorización del Congreso.

En conjunto, el debate define cómo se podrán ejecutar y administrar los $634,9 billones previstos en el Presupuesto 2027, mientras que el Fondo Milagro concentra la mayor controversia por el manejo de recursos destinados a la recuperación tras el terremoto.

Uno de los capítulos que se modificaría es el relacionado con los repartidores independientes que trabajan a través de plataformas digitales. La propuesta mantiene el esquema de distribución de los aportes a seguridad social: las empresas asumirían el 60 % de las cotizaciones a salud y pensión, mientras que los trabajadores pagarían el 40 %. Los riesgos laborales seguirían a cargo de la plataforma en su totalidad.

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El borrador aclara que ese 40 % corresponde a la participación del repartidor en los aportes, no a un descuento equivalente sobre el total de sus ingresos.

La principal modificación estaría en la base de cotización. En lugar de utilizar rangos de ingresos para determinar cuánto debe aportar cada trabajador, como establecía el decreto anterior, se tomaría el 40 % de los ingresos reales obtenidos en la plataforma.

Así, si un repartidor trabaja con varias aplicaciones, las cotizaciones se calcularían sobre los ingresos recibidos de cada una, sin duplicar el cobro sobre un mismo ingreso. El cambio busca ajustar el cálculo de los aportes a lo que efectivamente gana cada trabajador, sin modificar la proporción que deben asumir las plataformas y los repartidores.

La propuesta también elimina el programa de incentivos a la formalización. Además, precisa que el plazo de 12 meses establecido por la ley para exigir estas obligaciones comenzaría a contar cuando el Gobierno termine de reglamentar la medida y ponga en funcionamiento los sistemas necesarios para aplicarla.

Frente a posibles fallas tecnológicas que impidan cumplir las obligaciones, el Ministerio evaluaría cada caso de manera individual, sin establecer una exención general para las empresas.

En el caso de los periodistas, el Ministerio del Trabajo propone simplificar la reglamentación y limitarla a disposiciones que desarrollen lo establecido en la ley.

El nuevo texto plantea que la naturaleza de la relación laboral se determine por las funciones que efectivamente desempeña la persona y no por el nombre del cargo o el tipo de contrato. Cuando se pruebe la prestación personal del servicio, operaría la presunción de una relación laboral.

La propuesta también señala que el tiempo que el periodista dedica, bajo las órdenes del medio de comunicación, a preparar, producir o grabar contenidos debe contabilizarse dentro de la jornada laboral. Si no puede disfrutar de su día de descanso, tendría derecho a recibir otro.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el medio de comunicación sería responsable de suministrar los elementos de protección, en lugar de trasladar esa obligación a la administradora de riesgos laborales (ARL).

Estos ajustes contrastan con el decreto anterior, que incluía medidas adicionales como subsidios para pensión, incentivos a la formalización y programas de las ARL para atender el estrés y el agotamiento de los periodistas que cubren hechos violentos.

El paquete de proyectos también modifica las reglas sobre las medidas preventivas que pueden adoptar los inspectores de trabajo. Estas pasarían a definirse como órdenes de aplicación inmediata, sin carácter sancionatorio y vigentes mientras persista el riesgo que buscan controlar.

La solicitud podría ser presentada por un trabajador, un comité de seguridad y salud en el trabajo, un comité de convivencia o un sindicato. Para imponerlas, los inspectores tendrían que sustentar la decisión en hechos verificados. Las medidas que ya estén vigentes se revisarían individualmente, sin que el proyecto ordene levantarlas de manera general.

En materia de acoso, la propuesta separa los regímenes de acoso laboral, acoso, violencia de género y discriminación. También aclara que la reglamentación no crea presunciones de responsabilidad.

Cuando una víctima de acoso solicite medidas de protección, el empleador tendría un plazo de cinco días hábiles para adoptarlas. Además, se mantendría la protección de seis meses contra posibles retaliaciones.

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Las empresas también tendrían que publicar cada semestre cifras anonimizadas sobre las quejas recibidas y las sanciones impuestas. Por su parte, la multa por despido retaliatorio relacionado con acoso seguiría en un rango de entre uno y 5.000 salarios mínimos diarios.

Aunque el tamaño de la empresa se tendría en cuenta al evaluar la sanción, no se establecerían rangos diferenciados según esa variable. El proyecto también contempla la participación de la víctima en el proceso.

De acuerdo con Ecopetrol, el problema de abastecimiento ya había sido advertido en el Balance de Gas Natural 2017-2026, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), documento que preveía un posible desbalance entre oferta y demanda a partir de 2024. Según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) citadas por la empresa, las reservas probadas de gas natural pasaron de 2.817 gigapies cúbicos al cierre de 2022 a 1.717 gigapies cúbicos proyectados para 2025, reflejando una reducción del 39%. Además, en el mismo periodo, la producción comercializada bajó de 392 a 290 gigapies cúbicos, lo que equivale a una disminución del 26%.

Ecopetrol atribuyó parte de estas limitaciones a decisiones tomadas por el gobierno anterior, como la no firma de nuevos contratos de exploración y producción, lo que redujo la capacidad de incorporar reservas nuevas mientras los campos existentes disminuían su producción. También se vio afectada la exploración en áreas no convencionales debido a la imposibilidad de avanzar en los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) y la suspensión del pozo exploratorio Komodo, iniciativas que buscaban ampliar la frontera exploratoria.

En respuesta, Ecopetrol evaluó ofertas para la importación de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, concluyó que las propuestas recibidas no cumplían con los criterios de competitividad, rentabilidad y exposición al riesgo. Los precios internacionales propuestos no estaban debidamente respaldados por compromisos de compra de los clientes locales, lo que habría hecho necesario asumir obligaciones de compra a largo plazo sin garantizar su venta en el país. Esta diferencia de condiciones podría trasladar mayores costos a los usuarios finales, por lo que la empresa decidió declarar desiertos los procesos y no adjudicar contratos.

Ecopetrol sostiene que cualquier decisión para asegurar el abastecimiento debe considerar la viabilidad comercial de los contratos y la posibilidad de recuperar los costos. Por ello, continuará explorando opciones de importación de gas bajo escenarios más favorables, al tiempo que impulsa proyectos nacionales como Sirius para ampliar la producción local. Esta estrategia integral busca asegurar tanto el suministro inmediato como la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas del déficit de gas natural en Colombia, según Ecopetrol?

El déficit de gas natural en Colombia, de acuerdo con Ecopetrol, está relacionado principalmente con la disminución de las reservas y la caída de la producción comercializada, situaciones que han sido agravadas por decisiones políticas del gobierno anterior. Entre los factores mencionados se encuentran la ausencia de nuevos contratos de exploración y producción, la restricción a desarrollar proyectos en yacimientos no convencionales y la suspensión de iniciativas exploratorias clave. Todas estas medidas limitaron la incorporación de nuevas reservas mientras los campos existentes reducían su capacidad de producción.

¿Qué implica importar gas natural licuado (GNL) para Colombia y por qué Ecopetrol es cautelosa al respecto?

La importación de gas natural licuado (GNL) para Colombia implica afrontar mayores costos debido al transporte marítimo, la regasificación y la dependencia de los precios internacionales, además de la competencia con compradores de otras regiones como Europa y Asia. Ecopetrol es cautelosa porque las ofertas recibidas no cumplen sus requisitos de competitividad y rentabilidad, ya que los compromisos de compra de los clientes locales no permiten cubrir los costos, lo que podría trasladarse a los usuarios finales. Por ello, la empresa prioriza alternativas de importación que no representen riesgos financieros injustificados.

Según las cifras del DANE, el índice de actividad económica pasó de 127,31 puntos en agosto de 2025 a 127,27 puntos en agosto de 2026. Cuando se considera la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, la variación anual alcanza -0,11%. Este ajuste permite una lectura más precisa, eliminando distorsiones propias del calendario o temporadas.

El resultado negativo de agosto estuvo fuertemente influenciado por el comportamiento de las actividades primarias y secundarias. El conglomerado conformado por agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras mostró un desplome anual de 3,19%. En paralelo, las industrias manufactureras y la construcción experimentaron una reducción de 3,03%. De acuerdo con el informe oficial, en conjunto estos grupos restaron 0,84 puntos porcentuales al indicador ISE, explicando la mayor parte del retroceso económico observado.

No obstante, las actividades del sector servicios ayudaron a moderar la caída. Destacaron la administración pública, educación, salud, actividades artísticas y otros servicios, con un incremento de 2,25% y una contribución de 0,57 puntos porcentuales al indicador. Además, el suministro de electricidad, gas y agua registró un importante crecimiento de 4,74%, aportando 0,22 puntos porcentuales.

Otros servicios se mantuvieron en crecimiento, aunque con avances modestos: actividades inmobiliarias (1,87%), profesionales, científicas, técnicas y de apoyo (1,02%), y financieras y de seguros (0,82%). Sin embargo, sectores como comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y expendio de comida decrecieron 0,95%, mientras que el rubro de información y comunicaciones cayó 1,87%.

Al observar las grandes ramas económicas, el DANE destacó que las actividades terciarias, mayoría en servicios, crecieron 1,10% anual en agosto, pero no lograron contrarrestar las disminuciones de los otros sectores. También se identificó una desaceleración en comparación con meses previos: en la medición mensual ajustada por estacionalidad, el ISE bajó 3,11% frente a julio, con descensos en los tres grupos de actividades.

En síntesis, el informe del DANE evidencia cómo el debilitamiento de los sectores agropecuario, minero, manufacturero y de la construcción ha frenado el crecimiento económico colombiano, contrarrestando el aporte positivo, aunque limitado, del sector servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la economía de Colombia tuvo su primer dato negativo en agosto de 2026?

El primer resultado negativo del Indicador de Seguimiento a la Economía en 2026 se debió principalmente a la caída de las actividades primarias —como agricultura, ganadería y minería— y de las actividades secundarias —industria y construcción—. Según el DANE, estos grupos bajaron 3,19% y 3,03% respectivamente, restando significativamente al desempeño económico mensual y no pudieron ser compensados del todo por el sector servicios.

¿Qué actividades ayudaron a compensar la caída de la economía colombiana en agosto?

De acuerdo con los datos del DANE, los avances más destacados en agosto provinieron de actividades de servicios, como administración pública, educación, salud, actividades artísticas y suministro de electricidad, gas y agua. Estas áreas experimentaron crecimientos de 2,25% y 4,74%, respectivamente, contribuyendo de manera importante, aunque insuficiente, al indicador económico general.

La estrategia contempla tres líneas principales de trabajo: por un lado, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas; en segundo lugar, el fortalecimiento de capacidades institucionales, técnicas y productivas; y, finalmente, el desarrollo de espacios de formación, capacitación e intercambio académico en temas de innovación y productividad agropecuaria. Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, enfatizó que la meta es acercar a empresarios y productores al conocimiento científico para enfrentar desafíos y generar nuevas oportunidades. A través de esta cooperación internacional, la Cámara espera contribuir a la competitividad del agro en Córdoba.

El Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN), según lo expuesto, es una institución pública brasileña dedicada a la investigación científica y tecnológica en campos como energía, ambiente, materiales avanzados, biotecnología y aplicaciones radiológicas, especialmente orientadas a fines pacíficos. Entre las actividades previstas destaca una agenda en Brasil en la que participarán Mapagro, Sinergia Energy y Agromazorca, empresas de innovación en el sector productivo. Mapagro aporta experiencia en fumigación, fertilización y topografía con drones, reportando más de 250.000 hectáreas mapeadas y 50.000 hectáreas fumigadas en Colombia. Sinergia Energy ofrece conocimiento en energía solar, movilidad eléctrica y eficiencia energética, con más de 300 proyectos solares ejecutados en el Caribe colombiano. Por su parte, Agromazorca busca conocer aplicaciones tecnológicas e isotópicas para mejorar el manejo de suelos, la nutrición y la productividad de cultivos.

La propuesta de la Cámara de Comercio también incluye visitas técnicas al Centro de Energía Nuclear en Agricultura de la Universidad de São Paulo, con el objetivo de aprender sobre prácticas como irradiación de alimentos y uso de isótopos para la sostenibilidad agrícola. En resumen, este acercamiento internacional aspira a ampliar las conexiones de Córdoba y llevar la ciencia al servicio de las necesidades del sector agropecuario local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la cooperación entre la Cámara de Comercio de Montería e IPEN al sector agropecuario de Córdoba?

La cooperación busca facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias científicas, con el objetivo de identificar soluciones tecnológicas innovadoras para los desafíos del agro en Córdoba. Empresas y productores del departamento podrán acceder a formación, transferencia de tecnologías y oportunidades que fortalezcan la competitividad y sostenibilidad del sector, aprovechando la experiencia del Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN).

¿Qué aplicaciones pacíficas de la energía nuclear se están explorando para la agricultura en Córdoba?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Montería, las aplicaciones pacíficas que se están considerando incluyen la irradiación de alimentos, el uso de isótopos para la sostenibilidad agrícola y tecnologías asociadas que mejoren la productividad y el manejo de suelos. El proyecto propone aprovechar la experiencia científica de Brasil para evaluar alternativas que impulsen la innovación agraria en el departamento.