Esta alternativa busca ampliar las opciones financieras de la billetera digital, que desde el primero de septiembre de 2026 opera de manera independiente de Bancolombia. La novedad está pensada para quienes quieren organizar sus finanzas y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento por sus ahorros.

Sin embargo, no todos los clientes pueden acceder todavía, pues la herramienta comenzó a habilitarse para personas que reciben el pago de su nómina directamente en Nequi y para algunos usuarios que utilizan la plataforma en sus negocios, comercios o emprendimientos. La incorporación será progresiva, por lo que el resto de clientes tendrá que esperar a que la opción aparezca en sus cuentas.

Cuánto dinero se puede guardar en los bolsillos de Nequi 

Una de las características de los ‘Bolsillos interesantes’ es que el usuario puede escoger cuánto dinero quiere separar y durante cuánto tiempo desea mantenerlo guardado. Los plazos disponibles van desde los 30 hasta los 365 días.

En cuanto a las cantidades, el monto mínimo para abrir uno de estos espacios es de 50.000 pesos, mientras que el límite máximo llega a los 20 millones de pesos. Además, cada persona puede tener hasta 10 bolsillos, destinados a diferentes objetivos de ahorro.

Antes de confirmar la operación, la aplicación muestra la tasa de rentabilidad correspondiente y una proyección de las ganancias que podría recibir el cliente. Esto permite conocer las condiciones antes de comprometer el dinero durante el periodo seleccionado.

No obstante, hay una condición que conviene tener presente: una vez abierto el bolsillo, no se puede aumentar el monto, cambiar el plazo ni retirar una parte del dinero. Sí existe la posibilidad de sacar los recursos antes de la fecha acordada, pero en ese caso el usuario pierde los rendimientos que esperaba recibir.

Cómo saber si tiene habilitada la nueva función de Nequi 

Para comprobar si puede utilizar esta alternativa, debe ingresar a Nequi y dirigirse a la sección de ‘Servicios’. Después, debe seleccionar ‘Finanzas’ y entrar en ‘Bolsillos’. Allí podrá verificar si aparece la opción de ‘Bolsillos interesantes’.

Si tiene acceso, podrá escoger el monto que desea ahorrar, definir el plazo y consultar la rentabilidad estimada antes de confirmar. La disponibilidad depende de la incorporación gradual que adelanta la plataforma, por lo que no todos los usuarios encontrarán todavía esta alternativa en su aplicación.

Una de las implicaciones más importantes de esta propuesta sería un cambio profundo en la manera en que se cobran los servicios públicos, pues también se redistribuirían los subsidios que se entregan a las poblaciones más vulnerables.

Cabe recordar que la medida de eliminar los estratos en Colombia también hizo parte del plan de desarrollo del gobierno Petro, que dejó algunas bases para cambiar los cobros que se hacen en los recibos de energía, acueducto y gas, entre otros.

De esta manera, el primer gran foco estará en que el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fortalezcan y actualicen la estratificación socioeconómica.

¿Cómo cambiaría el cobro de servicios públicos al eliminar estratos en Colombia?

Esto, con miras a potenciar su uso como componente del esquema de focalización del régimen de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo.

“Para ello, optimizarán, diseñarán, validarán y realizarán pruebas piloto de una propuesta metodológica orientada a la articulación progresiva de la estratificación con información socioeconómica de los hogares, registros administrativos, variables catastrales y la información disponible en el Registro Universal de Ingresos, con el fin de mejorar la identificación de las condiciones de ingreso, vulnerabilidad y capacidad de pago de los hogares y fortalecer la focalización y asignación de los subsidios y las contribuciones”, dice el documento sobre eliminar los estratos en Colombia tal como se conocen.

Esto se traduce en que un hogar con ingresos medios o altos, pero ubicado en una zona de estrato dos, no recibiría los subsidios que se entregan mediante los servicios públicos. Al mismo tiempo, para evitar la pobreza oculta, una familia de ingresos bajos pero con una casa en un estrato alto podría ver un alivio en el cobro de estos servicios.

(Vea también: “Vamos a ver si se hunde con él”: sugieren al Pacto que se distancie de Petro por lío con Deicy Jiménez)

La propuesta fue mencionada durante su entrevista en el ‘Boroló político’, de Pulzo, en la que el congresista abordó las alternativas que se discuten para enfrentar la situación fiscal del país.

Acá, la intervención de Forero (28:44):

Forero explicó que la discusión sobre la petrolera no debería limitarse a la posibilidad de vender activos estatales para conseguir recursos. También planteó la necesidad de revisar su gobierno corporativo y buscar mecanismos para evitar que la administración de la compañía quede expuesta a los intereses de los gobiernos de turno.

En ese contexto, mencionó la posibilidad de que otro sector o accionista asuma el control de Ecopetrol, mientras el Estado mantiene una participación del 49 %.

El planteamiento también se relaciona con las críticas que han surgido alrededor de la administración de la empresa durante el Gobierno anterior, particularmente por la controversia que rodeó a Ricardo Roa, quien presidió la compañía.

El Estado tiene actualmente el 88,49 % de las acciones

La alternativa mencionada por Forero implicaría un cambio importante frente a la composición accionaria actual de Ecopetrol.

De acuerdo con la información oficial de la compañía, las entidades estatales tenían el 88,49 % de las acciones a septiembre de 2026, mientras que los accionistas minoritarios concentraban el 11,51 % restante, de acuerdo con la información publicada por la compañía.

Por tanto, llegar a una participación estatal del 49 % supondría vender una parte considerable de las acciones que hoy están en manos públicas y permitir que otros inversionistas tengan una participación mayoritaria.

Las primeras cifras permiten calcular cuánto costaría una hora laboral bajo cada escenario, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. Las reuniones de concertación entre Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores comenzarán el próximo 18 de noviembre.

Para entender el impacto, el salario mínimo vigente en 2026, que quedó en $ 1.750.905, más un auxilio de transporte de $ 249.095. Esto representa un ingreso mensual conjunto de $ 2.000.000 para quienes tienen derecho a ese beneficio.

Con la jornada máxima legal de 42 horas semanales, el cálculo mensual contempla 210 horas ordinarias. De esta manera, el valor actual de una hora de trabajo se ubica alrededor de los $ 8.338, tomando como base únicamente el sueldo básico.

¿Cuánto costaría una hora de trabajo en Colombia con el salario mínimo de 2027?

• Propuesta de empresarios

Si se aprueba el incremento del 8 % que contemplan los empresarios, el salario básico subiría a $ 1.890.977. Al sumar el auxilio de transporte, el ingreso mensual llegaría aproximadamente a $ 2.160.000.

En ese escenario, el costo de una hora ordinaria pasaría a unos $9.005. Si se toma como referencia el incremento de hasta 9 % planteado por Fenalco, el ingreso mensual conjunto se ubicaría cerca de los $ 2.180.000.

• Propuesta de centrales obreras

La cifra cambia considerablemente con la propuesta de las centrales obreras. Si se aprueba el aumento del 38,5 %, el salario básico llegaría a $ 2.425.003 y el auxilio de transporte subiría a $ 344.997. En total, los trabajadores recibirían $ 2.770.000 mensuales.

Con ese incremento, una hora ordinaria costaría aproximadamente $ 11.548, es decir, más de $ 2.500 por encima del escenario empresarial del 8 %.

Las centrales obreras sostienen que los trabajadores han perdido el 32 % de su capacidad de compra y necesitan un ajuste que permita recuperar ese terreno.

Cabe mencionar que estos valores son proyecciones y no tarifas definitivas. El salario mínimo de 2027 deberá quedar definido mediante concertación o decreto presidencial antes del 30 de diciembre de 2026.

En el caso de Colombia, el Black Friday ha experimentado un crecimiento notable durante la última década, modificando significativamente los hábitos de consumo en el país. Según el portal citado, para el año 2026 se espera que la fecha oficial del Black Friday sea el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, la dinámica comercial colombiana suele prolongar este evento durante todo el fin de semana, fenómeno conocido como Black Weekend, permitiendo que las promociones y descuentos se extiendan más allá de las habituales veinticuatro horas.

Adicionalmente, este flujo de ofertas se conecta de forma directa con el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre. Esta fecha se orienta exclusivamente al comercio en internet, consolidándose como un complemento digital al Black Friday que se vive en tiendas físicas y virtuales. Las recomendaciones de los expertos, también recogidas por 90 Minutos, insisten en la importancia de planificar las compras, comparar precios con anticipación y verificar la seguridad de los portales en los que se realizarán las transacciones, lo que resulta clave para aprovechar los descuentos y evitar fraudes.

Durante el Black Friday en Colombia, las categorías que presentan mayores descuentos incluyen tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, artículos para el hogar y paquetes turísticos. En algunos casos, las tiendas y marcas adelantan sus promociones desde mediados de noviembre bajo el nombre de Black Days, modelo que busca facilitar la organización de los consumidores y permitir que las compras sean más planeadas y tranquilas.

Otra característica relevante a tener en cuenta es que, en Colombia, las compras realizadas por internet durante estas fechas están protegidas por el derecho al retracto, lo cual otorga mayor respaldo legal y seguridad al comprador en caso de que se presenten inconvenientes o se desee cambiar de opinión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Black Friday y cuándo se celebra en Colombia en 2026?

El Black Friday, o Viernes Negro, es una fecha comercial que marca el inicio no oficial de la temporada navideña y se celebra el día después del Día de Acción de Gracias estadounidense. En 2026, este evento tendrá lugar en Colombia el viernes 27 de noviembre, pero la mayoría de las promociones se extienden durante todo el fin de semana bajo el nombre de Black Weekend.

¿Qué categorías tienen los mayores descuentos durante el Black Friday en Colombia?

Durante el Black Friday en Colombia, los sectores con mayores ofertas incluyen tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, artículos para el hogar y paquetes turísticos. Muchas tiendas aprovechan esta ocasión para lanzar promociones exclusivas, incluso desde mediados de noviembre en estrategias conocidas como Black Days.

La responsabilidad recae en los senadores David Barguil, del Partido Conservador, perteneciente a la Comisión Tercera, y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, miembro de la Comisión Cuarta. La tarea de ambos será liderar la elaboración de las ponencias para dar paso al debate parlamentario sobre un proyecto que cuenta con mensaje de urgencia radicado por el presidente Abelardo de la Espriella. Según lo reportado por El Espectador, esta situación contrasta con lo ocurrido en la ley de sometimiento, donde coordinadores ponentes del Centro Democrático encabezaron la discusión, mientras que en esta ocasión la colectividad no figura como líder en el trámite legislativo.

Por otra parte, el Partido Liberal manifestó sus inquietudes acerca de los efectos de la nueva ley de ajuste fiscal, denominada Proyecto de Ley 477 de 2026 o Ley de Rescate Económico. Esta bancada, que se posiciona como la segunda más grande dentro del oficialismo, expresó su preocupación tras una reunión sostuvo con el Ejecutivo en Barranquilla. Puntualmente, señalaron "los efectos que el Proyecto de Ley 477 de 2026 podría tener sobre el costo de vida de los colombianos", advirtiendo que la propuesta oficial debe considerar su impacto en los hogares, la producción nacional y el comercio.

La postura liberal se hizo pública apenas tres días después de la reunión en Barranquilla, a la que no asistió el presidente de la República. Además, se conoció que aún no existen consensos dentro del bloque oficialista y que el Centro Democrático prevé presentar alternativas al proyecto. En línea con esto, el presidente del Congreso y senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sostuvo que “los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, defendiendo, no obstante, la necesidad de recortar el tamaño y los gastos del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes lideran la coordinación de las ponencias de la ley de rescate fiscal en el Congreso?

La coordinación de las ponencias para la ley de rescate fiscal está en manos de los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, según lo comunicado por las comisiones económicas del Senado. Este cambio en la coordinación marca una diferencia respecto a proyectos anteriores en los que el Centro Democrático lideró el proceso.

¿Cuáles son las preocupaciones del Partido Liberal frente al Proyecto de Ley 477 de 2026?

El Partido Liberal manifestó inquietud sobre el impacto que el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, tendría en el costo de vida de los colombianos. De acuerdo con El Espectador, pidieron revisar cómo dicha ley podría afectar los hogares, la producción nacional y el comercio, mostrando reservas pese a reconocer la importancia de atender las dificultades fiscales.

Este beneficio fiscal autoriza a los deudores a cancelar únicamente el 15 % del total adeudado por penalidades, liquidando de manera simultánea los intereses moratorios acumulados bajo una tasa preferencial fijada en el 4,5 % anual.

Para aprovechar esta reducción, el ciudadano o representante empresarial debe certificar que las obligaciones fiscales pendientes hayan entrado en estado de mora antes de la fecha límite del 10 de agosto de 2026.

Asimismo, el contribuyente debe efectuar la cancelación total del saldo antes del 19 de noviembre de 2026, fecha definitiva fijada por las autoridades para cerrar formalmente la vigencia de estos incentivos financieros.

La disposición jurídica quedó formalizada en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, instrumento expedido con motivo de la emergencia territorial desencadenada por el terremoto del pasado mes de agosto.

A pesar de que el marco legal prioriza áreas geográficas afectadas por el sismo, los alivios relativos a sanciones e intereses rigen sin distinción territorial en todo el territorio colombiano para créditos tributarios causados.

El impacto del mecanismo obedece al abultado inventario de cartera que gestiona la autoridad recaudadora, con cifras oficiales de la Dian recopiladas por la Organización Impulso Empresarial (OIEM) que superan niveles históricos de mora.

Los registros de la agremiación técnica señalan que alrededor de 200.000 contribuyentes acumulan saldos pendientes por $ 22,9 billones, cifra consolidada en un universo total de 643.332 obligaciones pendientes en los despachos fiscales.

Resulta indispensable aclarar que la administración no contempla condonar el monto principal del gravamen generado. Cada deudor debe cubrir el capital original completo, sumando los intereses rebajados y el porcentaje de penalización aplicable.

Sobre el efecto económico de esta medida, Fernando Bustos, abogado experto en reorganización empresarial y presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial (OIEM), resaltó las ventajas financieras que ofrece el régimen de excepción.

“En la práctica, hay empresas que terminan pagando entre el 20 % y el 30 % de lo que deben. Si alguien debe 600 millones de pesos, con el alivio puede pagar cerca de 200 y quedar al día”, explicó Bustos en entrevista con Portafolio.

La magnitud del ahorro monetario definitivo depende de cómo esté estructurada cada cuenta vencida, pues la exoneración excluye de manera terminante el capital correspondiente al tributo omitido por la persona o compañía obligada.

Uno de los aspectos más favorables del procedimiento radica en la ausencia de trámites burocráticos previos o solicitudes de autorización ante las dependencias oficiales de la Dian para acogerse a los descuentos legales.

El protocolo exige únicamente efectuar la correcta liquidación matemática de las declaraciones tributarias, integrando la tasa de interés reducida y las sanciones con el beneficio concedido, antes de ejecutar la transacción bancaria final.

No obstante, la omisión en el estricto cumplimiento de los parámetros normativos contemplados en el decreto anula automáticamente la validez jurídica del beneficio pretendido por el contribuyente moroso frente al Estado colombiano.

La organización asesora advierte que cometer equivocaciones en la determinación de las tarifas y en los cálculos aritméticos constituye una de las principales fallas que arruinan la aplicación del auxilio financiero otorgado.

Bustos enfatiza la necesidad de corroborar detalladamente las cifras del gravamen original, la mora y las sanciones legales vigentes para eludir requerimientos posteriores de la entidad reguladora de tributos.

“No se equivoquen en el cálculo”, remarcó el especialista, al advertir que una liquidación incorrecta puede provocar problemas incluso después de efectuar el pago.

Cualquier empresa corre el riesgo de suponer que normalizó sus deudas fiscales y comprobar meses después, tras auditorías oficiales, que consignó cifras incompletas, perdiendo la protección normativa concedida por el Gobierno de Colombia.

Asimismo, constituye una equivocación grave realizar abonos parciales sobre deudas puntuales. La normativa exige cancelar el ciento por ciento de cada gravamen particular que se pretenda sanear mediante este esquema especial.

El deudor tiene la potestad de seleccionar qué declaraciones específicas atender con sus recursos disponibles, debiendo cubrir integralmente cada obligación tributaria elegida sin incurrir en fraccionamientos injustificados del pasivo.

En cuanto a facilidades de financiamiento mediante acuerdos de pago previos, la entidad gremial aclara que ciertas flexibilidades territoriales no benefician automáticamente a compañías domiciliadas fuera de las zonas declaradas en desastre.

Por esa razón, se aconseja inspeccionar las cláusulas de convenios suscritos previamente, midiendo el impacto financiero del desembolso inmediato en eventos donde existan pleitos jurídicos o controversias tributarias abiertas ante la justicia.

“Nada le va a rentar más a una empresa que quitarse esa deuda con estos beneficios”, aseguró Bustos, al destacar la importancia de revisar oportunamente las obligaciones pendientes.

El especialista desaconseja postergar la realización de los trámites hasta la fecha de caducidad, advirtiendo que congestiones en plataformas bancarias o demoras informáticas podrían obstaculizar el registro oportuno de las transferencias.

Aunque la emisión de paz y salvos administrativos suele demorarse por la alta afluencia de peticiones, el derecho al beneficio queda blindado al consignar oportunamente los recursos monetarios dentro del término perentorio fijado.

La regularización de estas contingencias impositivas permite igualmente desactivar medidas cautelares, suspender embargos de cuentas corrientes y frenar procesos ejecutivos de cobro coactivo adelantados por las dependencias de fiscalización tributaria.

“Sabemos que en las empresas hay incendios todos los días, pero vale la pena dedicar esfuerzo a buscar la liquidez y acogerse. Que lo tengan como su principal prioridad”, concluyó Bustos.

El 19 de noviembre de 2026 marcará el límite improrrogable para beneficiarse del esquema de condonación de penalidades, debiendo los contribuyentes asegurar la precisión técnica en cada pago ejecutado.

La Fiscalía de Paraguay consiguió ingresar a la habitación de seguridad este martes 10 de noviembre, luego de que durante el primer operativo, realizado el domingo 8, los funcionarios no pudieran superar el sofisticado mecanismo que protegía una de sus puertas. De acuerdo con información de ABC Color, no encontraron dinero en efectivo ni objetos de valor en el interior.

El espacio estaba escondido detrás de una pared falsa y contaba con una doble puerta. La segunda tenía un complejo sistema de seguridad, de procedencia israelí, que dificultó el acceso de los investigadores. Finalmente, la fiscala Silvia González explicó que Peña, por medio de su abogado, indicó dónde se encontraba la llave que permitió abrir el recinto.

#Mundo | La Fiscalía de Paraguay abrió una bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña, investigado por el escándalo de Ueno Bank, y confirmó que estaba vacía.

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Vía: @Lauracifuentesp
https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/VEFeei3RHW

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2026

Según la defensa del exmandatario, el lugar funcionaba como una habitación de pánico. La Fiscalía tampoco había difundido inicialmente imágenes oficiales de lo que había dentro.

El procedimiento también dejó otro movimiento importante: la residencia de verano, ubicada en San Bernardino, pasó a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que asumió su administración.

La mansión, otro foco del escándalo de Ueno Bank

El hallazgo de la bóveda se suma a las investigaciones sobre el patrimonio y los vínculos financieros de Santiago Peña con Ueno Bank, entidad relacionada con el Grupo Vázquez y protagonista de una crisis financiera que terminó con su intervención por insolvencia.

Uno de los puntos que examinan las autoridades es la financiación de la lujosa propiedad. Según ABC Color, la construcción de la residencia tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes y fue financiada mediante préstamos otorgados por Ueno Bank.

Los créditos, concedidos en mayo de 2024, sumaron 3.548 millones de guaraníes y tenían cuotas mensuales de 239 millones, una cifra que equivalía a seis veces el salario presidencial de Peña en ese momento.

Así, aunque la bóveda que despertó tantas preguntas terminó vacía, la mansión sigue en el centro de las pesquisas por los movimientos financieros y el origen de los recursos utilizados para construirla.

Sobre el proyecto se ha dicho de todo: que afectará más a los estratos bajos que a los altos (algo que no es verdad), que se impactará toda la canasta familiar y se desincentivará la inversión. Incluso, ya es utilizado por la oposición para atacar al Gobierno y criticar una reforma que pretende frenar el hueco fiscal que dejó la administración de Gustavo Petro.

Para hacer pedagogía e indagar en la verdadera realidad del proyecto de ley, Pulzo habló con Andrés Escobar Arango, economista y exviceministro de Hacienda, y uno de los expertos que, en su momento, construyó la reforma tributaria que se aprobó en el gobierno de Juan Manuel Santos y que elevó el IVA al 19 %, tarifa que hoy se aplica en muchos productos en Colombia.

En palabras del economista, esta reforma que pretende el gobierno de Abelardo de la Espriella es una de las de más impacto que ha tenido la historia del país.

“El objeto de esta ley es cómo cerrar las finanzas del Gobierno, ajustar mejor los ingresos a los gastos y en ese sentido es buena porque es responsable. Porque tener un hueco muy grande y esos gastos es muy peligroso para el país”, afirmó Escobar en entrevista con Pulzo.

Lo bueno de la reforma tributaria de De la Espriella

Lo que más destaca el economista es que, más allá del contenido de cada impuesto o del ajuste al gasto, la reforma busca ordenar las finanzas públicas y esto hará que a todo el mundo le bajen los costos de endeudarse. “Eso es muy bueno”, dice.

“Yo vuelvo al tema del hueco fiscal del Gobierno, al hueco entre ingresos y gastos. Cuando el hueco es tan grande como el de ahora, es tal vez el más alto que ha tenido el Gobierno nacional en su historia, tiene que pagar muchos intereses y los intereses de todo el mundo suben”, afirma el exviceministro de Hacienda.

Así mismo, ve con buenos ojos que la reforma beneficia en buena parte a los empresarios porque les bajará el impuesto de renta del 35 % al 31 %, algo que es bueno porque Colombia tiene una de las tarifas más altas para las empresas en América Latina.

“Esto les dará un poco más de oxígeno a las empresas para que inviertan, crezcan, generen empleo, etc. Bueno, buenísimo”, afirma Escobar.

Lo malo de la reforma tributaria de De la Espriella

Para el experto, el gran problema que tiene el sistema tributario en Colombia es que no se paga el IVA de manera uniforme y, a la hora de pagar el impuesto de renta, hay gente que debería estar declarando y pagando un poco más, pero no declara.

“Uno podría pensar de pronto que industrias nacientes como la de las apuestas en línea, que se están volviendo muy populares en Colombia, les van a subir durísimo los impuestos. También a los licores les va a subir durísimo”, explica.

También enfatiza en que el comercio electrónico se va a encarecer y la gente va a sentir eso en su bolsillo. “Pero, como le digo, no es pasarme de un mundo en que yo estoy bien a un mundo que me va a salir más caro, sino un mundo en el que ya me está costando que el Gobierno esté desbarajustado. Es hacer algo más responsable, que me va a implicar algo de plata del bolsillo”, advierte.

¿La reforma tributaria golpea más a los pobres que a los ricos?

El exviceministro Andrés Escobar es un convencido de que esta reforma no golpea el bolsillo de los más necesitados en Colombia, sino, por el contrario, los beneficia porque van a tener la devolución del IVA.

“Creo que el Gobierno sí ha pensado muy bien, tanto desde el punto de vista de justicia económica como de política, que la gente de menores ingresos no es la llamada a salir golpeada por una reforma de estas, porque son los que tienen la menor capacidad en su bolsillo de aguantar más impuestos”, afirma.

En contraste, da por hecho que el impacto en el bolsillo lo sentirán, en gran medida, las personas que hacen parte de la clase media en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el impuesto de renta.

“Van a poner a las personas de muy altos ingresos a pagar más nuevamente. Eso no le va a molestar yo creo a nadie, pero a personas que hoy en día declaran renta o están al borde de la renta, pero no pagan porque no puede declarar sin pagar, ahora sí les va a tocar pagar, que también son de la clase media”, explicó.

(Vea también: El lío que se armaría en Colombia con la cerveza en diciembre: ¿a muchos los ajuiciarán?)

Retos de la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella

El exviceministro también hizo pedagogía sobre algunos de los puntos más importantes del proyecto de Ley de Rescate, que podrían considerase retadores en el marco de la negociación.

Por ejemplo, dice, se va a notar mucho el incremento en el IVA para compra de carros eléctricos e híbridos, que serían gravados con el 19 %.

Da por hecho que esto llevará a que el sector tenga un impacto y se reducirán las posibilidades para comprar un carro de estas características en Colombia.

“Los carros a gasolina ya tienen el IVA al 19, entonces lo que va a hacer es nivelar un poquito la cancha. Los vehículos híbridos y eléctricos tienen otros beneficios, como en materias de impuestos y el IVA lo devuelven”, afirma.

Sobre la idea del Gobierno de gravar con IVA del 19 % la medicina prepagada, el economista asegura que sí podría ser viable, entre otras cosas, porque la mayoría de personas que acceden a estos planes tiene poder adquisitivo.

“La prepagada es como un seguro adicional de salud, al que el sistema de salud colombiano provee. Y la salud prepagada la tiene mucha gente, pero la tiene gente de relativamente altos ingresos”, agrega.

Para el exviceministro Escobar, si el Gobierno logra pasar el 80 % del articulado de la Ley de Rescate, esto sería un buen negocio y está en manos de los congresistas, principalmente, del Centro Democrático, definir la suerte del proyecto.

Esta es la entrevista completa con el experto que le da más luces a la población sobre qué tan buena o mala es la reforma que plantea el Gobierno hoy:

El proceso de selección estuvo orientado a identificar un perfil que respondiera a las necesidades institucionales de la organización y del empresariado colombiano.

Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: ANDI.#MásPaísANDI pic.twitter.com/rozFgMNp3S

— ANDI (@ANDI_Colombia) November 10, 2026

Con su llegada, Murgas asumirá la representación del sector privado y tendrá importantes desafíos relacionados con el crecimiento económico y el desarrollo empresarial del país.

Entre sus principales retos estará fortalecer la competitividad de Colombia, impulsar la productividad, promover la inversión y contribuir a la generación de empleo formal.

También deberá defender principios como la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible.

Su gestión estará enfocada, además, en fortalecer el diálogo democrático y la articulación entre el Gobierno y el sector privado, con el propósito de construir una agenda económica, social y empresarial que contribuya al desarrollo nacional.

La nueva presidenta también tendrá la responsabilidad de promover la inclusión social y consolidar el papel de las empresas como motor del crecimiento económico.

Su nombramiento se produce en un contexto en el que el empresariado enfrenta desafíos relacionados con la competitividad, la inversión y las condiciones para generar empleo formal en Colombia.

Este escenario también representa un desafío para las marcas tradicionales, que buscan mantener su participación en un mercado con nuevas tendencias de consumo. Un ejemplo es Quesos Del Vecchio, marca perteneciente a Alquería, que mantiene su certificación internacional como Empresa B, un reconocimiento que evalúa la manera en que una organización integra sus resultados económicos con sus impactos sociales y ambientales.

La certificación, otorgada por B Lab, distingue a las compañías que buscan ser rentables y competitivas, pero que también incorporan criterios relacionados con sus trabajadores, las comunidades y el medioambiente dentro de sus decisiones empresariales.

En términos económicos, este modelo plantea que el crecimiento de una compañía no necesariamente debe estar separado de sus responsabilidades sociales y ambientales. Además, puede convertirse en un elemento diferenciador para las marcas que compiten por consumidores interesados en conocer las prácticas de las empresas detrás de los productos que compran.

Alquería y sus cifras detrás del negocio de los quesos

La apuesta de Quesos Del Vecchio también está relacionada con la cadena productiva de Alquería. Según cifras entregadas por la compañía, durante 2025 acompañó a más de 6.400 productores lácteos y acopió 355 millones de litros de leche, materia prima que sirve de base para la elaboración de sus productos.

Estos datos muestran la dimensión de la relación entre la industria de alimentos y el sector agropecuario, especialmente por el papel que tienen los productores rurales en el abastecimiento de las empresas.

Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería, explicó que mantener la certificación representa la continuidad de un compromiso empresarial en una marca con más de 100 años de historia.

¿Qué evalúa la certificación Empresa B?

A diferencia de otros reconocimientos que pueden estar relacionados con las características de un producto, la certificación Empresa B evalúa la gestión integral de una compañía. Por eso, no representa un sello de calidad o nutricional para los alimentos que comercializa.

El proceso revisa aspectos como las condiciones laborales, los derechos humanos, la relación con las comunidades, la gestión ambiental, la transparencia y la gobernanza. Las empresas deben superar una evaluación y demostrar que estos compromisos hacen parte de sus operaciones.

De acuerdo con el Reporte de Impacto Colectivo 2026 de Sistema B Colombia, más de 10.800 compañías cuentan con esta certificación en más de 100 países y 160 industrias. En Colombia, 133 empresas hacen parte de esta comunidad.

En el caso de Alquería, la organización obtuvo su primera certificación como Empresa B en 2021 y la renovó en 2025 con 116,4 puntos, un resultado 34 % superior al de su evaluación anterior.

Con el mantenimiento de esta certificación para Quesos Del Vecchio, la compañía extiende este modelo a otra de sus marcas y se suma a una tendencia empresarial en la que la rentabilidad, la competitividad y la gestión de los impactos sociales y ambientales buscan ocupar un lugar conjunto dentro de las estrategias de negocio.

Dentro de esta dinámica de transformación, el Centro Comercial Bulevar consolidó un cambio estructural en su esquema operativo al integrar energía solar fotovoltaica para suministrar electricidad a sus zonas de circulación pública.

La ejecución técnica del plan ambiental requirió una inyección financiera de 718 millones de pesos, orientada al montaje integral de 330 paneles solares Longi de 610 W en techos seleccionados del complejo comercial.

La estructura técnica ocupa una superficie de 1.566,90 metros cuadrados, repartida estratégicamente sobre tres cubiertas: la noroccidental con 396 metros cuadrados, la occidental con 774,90 metros cuadrados y la suroriental con 396 metros cuadrados de extensión.

El montaje ofrece una capacidad instalada de 201,3 kWp en corriente continua y 200 kW en corriente alterna, diseñada esencialmente para cubrir la demanda energética básica de pasillos, accesos e iluminación perimetral.

La red fotovoltaica arrancó operaciones el 17 de julio de 2026, alcanzando entre esa jornada inaugural y el 31 de agosto una producción limpia de 31.584 kWh de electricidad para el establecimiento.

Ese volumen inicial significó una reducción de $19’835.666 en la facturación eléctrica de Bulevar Centro Comercial, constatando la viabilidad financiera de las infraestructuras sustentables en el mediano plazo dentro de la capital.

Las proyecciones técnicas estiman que el complejo generará cerca de 217.404 kWh de energía renovable al año, volumen equivalente a cerca del 15 % de su consumo eléctrico habitual en áreas comunes.

Asimismo, los cálculos técnicos indican que este esquema evitará la emisión de 47,3 toneladas de CO₂ equivalente (CO₂e) anuales asociadas a la generación tradicional proveniente del Sistema Interconectado Nacional.

Considerando que los paneles tienen una vida útil estimada de 25 años, el complejo comercial proyecta impedir la emanación de cerca de 1.182 toneladas de CO₂e si las condiciones de generación perduran estables.

La activación del sistema coincide con un momento crítico para la matriz energética colombiana, marcado por advertencias climáticas emitidas por las autoridades meteorológicas sobre fluctuaciones hídricas severas en los embalses nacionales.

El IDEAM confirma que Fenómeno del Niño está presente y continúa fortaleciéndose, con una probabilidad superior al 90 % de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y comienzos de 2027.

Frente a esa contingencia, la instalación de paneles complementa una estrategia integral que abarca el uso eficiente de fluidos, la recolección de aguas lluvias, el manejo técnico de residuos y la economía circular.

En materia de eficiencia lumínica, el complejo renovó sus luminarias por tecnología LED e integró dispositivos inteligentes Lutron en pasillos para calibrar la potencia artificial según la luz solar disponible.

Esta política ambiental obtuvo validación externa el pasado 8 de octubre, fecha en que Global Zero Waste otorgó a Bulevar Centro Comercial el Reconocimiento al Compromiso dentro de sus programas de evaluación.

El galardón acreditó avances sostenidos en el Programa de Certificación del Sistema de Gestión Zero Waste y la aplicación metódica de los postulados de economía circular (9R) y manejo responsable de residuos.

Entre enero y agosto de 2026, el recinto gestionó 244 toneladas de materiales reciclables frente a 187 toneladas del mismo lapso en 2025, evidenciando un crecimiento del 30,5 % en recuperación.

La labor incluyó 134,7 toneladas de residuos orgánicos, además del procesamiento de materiales posconsumo como artefactos eléctricos, aparatos electrónicos, prendas textiles en desuso, aceite vegetal usado, pilas agotadas y tapas plásticas.

Esta evolución marca una nueva etapa operativa para este emblemático punto de encuentro del noroccidente de Bogotá, fundado en 1988 y poseedor de 38 años de trayectoria en el comercio capitalino.

A lo largo de casi cuatro décadas de funcionamiento ininterrumpido, la edificación adecuó sus espacios tradicionales para responder a las nuevas exigencias de consumo responsable demandadas por las comunidades urbanas contemporáneas.

La adopción de tecnologías limpias demuestra que las grandes superficies comerciales pueden transformar sus procesos internos para enfrentar los desafíos ecológicos actuales sin comprometer la continuidad de sus servicios comerciales metropolitanos.

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La decisión del Consejo de Estado vuelve a poner el foco el período de prueba. La corporación suspendió provisionalmente una disposición del Gobierno nacional que establecía que los contratos de aprendizaje no podían tener esta etapa inicial.

El pronunciamiento, fechado el 5 de octubre de 2026, tiene implicaciones para quienes comienzan su etapa productiva y para las empresas que vinculan aprendices. En la práctica, permite que vuelva a contemplarse la posibilidad de pactar un período de prueba bajo las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Pero hay una precisión importante: la decisión no significa que todos los aprendices deban pasar obligatoriamente por un período de prueba ni que se haya restablecido una antigua regla de tres meses. Lo que hizo el Consejo de Estado fue suspender provisionalmente la norma que prohibía establecerlo, mientras resuelve de fondo la demanda contra el decreto.

¿Qué cambió en los contratos de aprendizaje?

Para entender el alcance del fallo hay que revisar los cambios que introdujo la reforma laboral, contenida en la Ley 2466 de 2025. Esta ley modificó el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y estableció que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, sujeto a las normas sustantivas del Código, aunque conserva características particulares por su finalidad formativa.

La modificación también fortaleció las garantías de los aprendices. Durante la etapa lectiva, la empresa debe garantizar su cobertura en salud y riesgos laborales. En la fase práctica, o durante toda la formación dual, el aprendiz queda afiliado al sistema de seguridad social integral y tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral.

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La Ley 2466 de 2025, sin embargo, no estableció un período de prueba obligatorio para esta modalidad ni prohibió expresamente que las partes pudieran pactarlo bajo las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo.

Pese a ello, el Gobierno expidió el Decreto 223 de 2026, que incorporó al Decreto 1072 de 2015 una disposición según la cual el contrato de aprendizaje no tendría período de prueba, debido a su carácter especial y a su finalidad de formación teórico-práctica.

Esa regla fue precisamente la que cuestionaron Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado ante el Consejo de Estado. Los demandantes solicitaron que se anulara parcialmente la disposición y que sus efectos fueran suspendidos mientras avanzaba el proceso judicial.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la norma sobre el periodo de prueba?

La discusión jurídica se centró en determinar si el Gobierno podía prohibir mediante un decreto una figura que, según el Consejo de Estado, podía aplicarse a los contratos de aprendizaje por la remisión que hizo la reforma laboral a las normas sustantivas del Código del Trabajo.

La corporación explicó que el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025 modificó el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y sometió expresamente los contratos de aprendizaje a las normas laborales. Entre ellas están los artículos 76 a 80, que regulan el período de prueba.

Por eso, la Sala consideró que el Gobierno no podía convertir en una prohibición absoluta una posibilidad que la legislación laboral contempla. En su análisis preliminar, concluyó que el Ejecutivo habría excedido su potestad reglamentaria al restringir el alcance de la ley.

El Consejo de Estado explicó que el carácter especial y la finalidad formativa del contrato de aprendizaje no autorizaban, por sí solos, al Gobierno a excluir esa figura. La decisión señala que el decreto «eliminó la posibilidad misma de estipularlo, pese a que el artículo 81 del CST sometió esta modalidad contractual a las normas sustantivas de ese estatuto sin establecer tal excepción».

Por esa razón, la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo decretó la suspensión provisional de los efectos del artículo 2.2.6.3.3.26 del Decreto 1072 de 2015, incorporado mediante el Decreto 223 de 2026.

La decisión es cautelar: no representa todavía una sentencia definitiva que declare la nulidad de la disposición. El Consejo de Estado deberá resolver ese asunto cuando profiera la sentencia que ponga fin al proceso.

¿Cómo funcionaba antes el contrato de aprendizaje y qué podrán hacer ahora las empresas?

Antes de esta decisión, el Decreto 223 de 2026 establecía expresamente que los contratos de aprendizaje no podían tener período de prueba. Por tanto, las empresas no podían incorporar esa etapa bajo la regla reglamentaria. Con la suspensión provisional, deja de producir efectos esa prohibición y vuelve a cobrar relevancia el régimen general previsto en los artículos 76 a 80 del Código Sustantivo del Trabajo.

Esto significa que una empresa y un aprendiz pueden contemplar un período de prueba, pero deben cumplir las condiciones legales. La más importante es que debe quedar pactado por escrito. Si no existe ese acuerdo escrito, el vínculo se entiende regulado por las normas generales del contrato de trabajo, sin período de prueba.

Además, la legislación establece límites a su duración. Como regla general, no puede superar dos meses. En los contratos a término fijo cuya duración sea inferior a un año, no puede exceder la quinta parte del tiempo inicialmente pactado, sin superar esos dos meses.

La decisión tampoco significa que las empresas puedan terminar cualquier contrato de aprendizaje sin justificación durante una etapa de prueba que no haya sido acordada. La posibilidad depende de que exista una estipulación escrita y se respeten las condiciones establecidas por la ley.

Supongamos que un estudiante comienza un contrato de aprendizaje con una empresa y ambas partes acuerdan por escrito un período de prueba de un mes. Durante ese tiempo, la compañía podrá evaluar las aptitudes del aprendiz y este podrá determinar si las condiciones del vínculo corresponden a lo que esperaba. Si alguna de las partes decide no continuar, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo permite terminar unilateralmente el contrato durante el período de prueba, sin previo aviso.

Esto no significa que el aprendiz pierda sus derechos laborales durante esa etapa. El mismo artículo establece que los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones. Por el contrario, si la empresa y el estudiante no pactan por escrito ese período, no podrán asumir que existe automáticamente una etapa de prueba por el simple hecho de comenzar el contrato.

Este punto es especialmente importante para los estudiantes: la decisión del Consejo de Estado no crea una obligación de aceptar un período de prueba en todos los contratos de aprendizaje. Se trata de una posibilidad que puede acordarse dentro de los límites legales.

¿El período de prueba en las empresas vuelve a ser de tres meses?

No. El Consejo de Estado hizo una precisión importante sobre este punto, porque los demandantes también habían invocado el antiguo artículo 88 del Código Sustantivo del Trabajo, que contemplaba que los primeros tres meses del contrato de aprendizaje se presumían como período de prueba.

La corporación explicó que esa disposición no puede considerarse actualmente vigente como fundamento de una regla especial de tres meses. Recordó que la Ley 789 de 2002 reguló integralmente el contrato de aprendizaje y que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-215 de 2007, consideró que los artículos 81 a 88 del Código Sustantivo del Trabajo podían entenderse derogados tácitamente.

Por tanto, el fallo no revive ese antiguo período de tres meses ni establece que todos los contratos de aprendizaje deban incluirlo. Lo que reconoce, en esta etapa preliminar, es que la reforma laboral de 2025 sometió el contrato de aprendizaje a las normas sustantivas del Código y que estas permiten pactar un período de prueba por escrito, con los límites generales establecidos por la ley.

Lea el fallo completo haciendo clic en este enlace.

Este es el enfoque del nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo, formalizado mediante la Resolución CRA 1040 de 2026, que impacta a aproximadamente 42 millones de personas en 273 municipios. Dicha normativa introduce una innovación relevante: conectar la tarifa con resultados verificables en la limpieza urbana, adaptándose a las diferencias entre los territorios. Esto se manifiesta en el concepto de "área limpia", donde la efectividad del servicio se mide en la visibilidad de calles y zonas públicas libres de residuos, relacionando la regulación con la salud pública, la protección del ambiente y el uso responsable de los bienes comunes.

Para verificar estos resultados, se incorporará tecnología vinculada al internet de las cosas (sensores que se conectan e intercambian datos), sistemas de posicionamiento global (GPS) e indicadores de operación. Gracias a estas herramientas se puede rastrear y documentar la frecuencia y calidad del barrido, el lavado de espacios públicos o el mantenimiento de las áreas verdes. Además, la atención de peticiones, quejas o reclamaciones resueltas a favor del usuario permite detectar incumplimientos y activar descuentos, asegurando que la tarifa solo retribuya servicios efectivamente logrados.

La factura, además, se convierte en un elemento esencial para el control social, pues permite al ciudadano desglosar y analizar los distintos componentes y rubros cobrados. Esta transparencia reduce la asimetría de información entre prestadores y usuarios. Por su parte, el Número Único de Identificación permite clasificar correctamente a cada unidad (sea vivienda o comercio) para garantizar una aplicación justa de subsidios y contribuciones. La eficiencia queda protegida a través del reconocimiento de las diferencias entre barrer vías planas y trabajar en áreas exigentes, evaluando el costo-beneficio de cada alternativa.

Un factor fundamental es la corresponsabilidad ciudadana: la separación de residuos en la fuente deja de ser solo una sugerencia y pasa a influir directamente en posibles alivios tarifarios. Las decisiones del usuario afectan el circuito de aprovechamiento de materiales y el costo ambiental del servicio. Así, la estructura tarifaria prioriza el aprovechamiento y reconoce beneficios ambientales y económicos de la transformación de residuos, garantizando que el valor reciba quien aporte efectivamente al bienestar colectivo, y no solo un traslado automático de costos.

Este modelo busca que el ciudadano entienda y supervise el servicio, pero también asuma su rol en la sostenibilidad y limpieza de los espacios comunes. En definitiva, el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo en Colombia busca canalizar la corresponsabilidad de todos los actores para lograr una comunidad más sana, limpia y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo a los ciudadanos en Colombia?

El nuevo marco tarifario permite a los ciudadanos verificar la calidad del servicio, acceder a detalles claros en la factura, obtener descuentos en caso de incumplimientos y participar activamente en el control y la vigilancia del aseo urbano. Así, se fortalece la transparencia y se promueve la corresponsabilidad en la gestión de los residuos, beneficiando tanto a los usuarios como al entorno colectivo.

¿Qué significa realmente la corresponsabilidad ciudadana en el servicio público de aseo?

La corresponsabilidad ciudadana implica que los usuarios no solo sean beneficiarios sino también actores clave en el proceso, a través de la correcta separación de residuos, el respeto a los horarios y la participación en la vigilancia del servicio. Esta colaboración permite que la eficiencia, la calidad y el bienestar público se refuercen en cada fase del servicio de aseo.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.269, es decir, $8 más que la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

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La tasa de cambio arrancó al alza luego de que el DANE informara que la inflación anual a octubre alcanzó el 6,30 %, una leve aceleración que se mantuvo dentro de las expectativas de los analistas del mercado.

Esto mueve al dólar en Colombia

Un informe de JP Tactical señala también que los inversionistas sopesan la decisión de Ecopetrol de colocar bonos a ocho años por US$2.000 millones en el mercado internacional, con un cupón de 7,875 % y un rendimiento de 7,98 %.

“La demanda llegó a cerca de US$6.900 millones (3,5 veces lo ofrecido), la más alta en cinco años según la compañía, con más de 235 inversionistas. Los recursos se destinarán a prepagar US$810 millones de bonos con vencimiento en 2029, que pagan un cupón de 8,625 %, y a refinanciar el crédito con el que compró su participación en Brava Energia. La compañía indica que la operación reemplaza deuda existente sin aumentar su endeudamiento”.

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En el plano externo, y en medio de la dinámica del dólar en Colombia, Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, “dijo que se inclina por un alza de tasas en diciembre aunque el IPC de octubre resulte más bajo de lo esperado. Si la inflación sorprende al alza, plantea considerar un incremento de 50 puntos básicos, y advierte que subir solo 25 pondría en riesgo la credibilidad de la Fed. El mercado descuenta más de 80 % de probabilidad de un alza de 25 puntos básicos en la reunión del 8 y 9 de diciembre, y ninguna de 50”.

El evento tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche. Según datos oficiales de la misma Alcaldía de Cali, se prevé la asistencia de al menos 30.000 personas al estadio Pascual Guerrero. Esta masiva convocatoria genera beneficios para diferentes sectores productivos locales: desde el turismo y la hotelería, hasta el transporte, la gastronomía y el comercio en general. En particular, se calcula que alrededor de 4.500 visitantes llegarán a la ciudad, aportando cerca de 4.000 millones de pesos en gastos durante su estadía. Los rubros más beneficiados serán hoteles, restaurantes, transporte urbano y comercios cercanos al estadio.

Un aspecto destacado es el ingreso que se espera para la ciudad solo por boletería, que se acercaría a los 6.500 millones de pesos. Además, el efecto dinamizador alcanza a los bares y restaurantes, donde, según proyecciones institucionales, las ventas pueden aumentar entre el 30 % y el 50 % en comparación con un día regular.

La secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias, ha enfatizado que el impacto del partido va mucho más allá del ámbito deportivo. Según sus declaraciones recogidas por la Alcaldía, la actividad mueve diferentes cadenas de valor: desde la comercialización de camisetas hasta la logística, el transporte y los servicios de entretenimiento nocturno. Ella señala que el gasto adicional promedio de un residente caleño es de aproximadamente 90.000 pesos, mientras que el de un turista puede llegar hasta los 450.000 pesos. Esto significa que no solo quienes asisten al estadio impulsan la economía, sino también quienes participan en actividades relacionadas antes y después del partido, creando un círculo virtuoso a favor de la ciudad.

De este modo, el encuentro Colombia vs. Chile se presenta como una cita que trasciende el fútbol y contribuye de manera significativa a fortalecer la economía local, respaldado en estimaciones oficiales y declaraciones de sus directivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto económico estimado del partido Colombia vs. Chile en Cali?

El impacto económico esperado a raíz del partido entre Colombia y Chile, según la Alcaldía de Cali, es de 10.500 millones de pesos. Esta cifra incluye ingresos por venta de boletería, consumo de visitantes y residentes en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio, así como el beneficio generado por la activación de cadenas de valor antes y después del evento.

¿Cómo se distribuyen los beneficios económicos por sectores en Cali durante eventos deportivos?

De acuerdo con las cifras aportadas por la Alcaldía de Cali, los beneficios económicos se distribuyen principalmente en hotelería, transporte, gastronomía, bares, restaurantes y comercios relacionados. Por ejemplo, se prevé que los bares y restaurantes aumenten sus ventas entre un 30 % y 50 %, y que la hotelería y el transporte reciban una parte significativa de los 4.000 millones de pesos proyectados por el consumo de visitantes.

De acuerdo con el reporte, entre los principales gastos que podrían experimentar variaciones en 2027 se encuentran los aportes a salud y pensión, que aplican tanto para quienes perciben el salario mínimo como para trabajadores independientes que cotizan sobre esa base. A esto se suman los arriendos comerciales, cuyos incrementos dependen de las condiciones estipuladas en los contratos, pudiendo estar sujetos al IPC o al salario mínimo según lo acordado entre propietarios e inquilinos.

Las cuotas moderadoras de salud, que deben pagar algunos afiliados cuando acceden a consultas médicas y otros servicios, se ajustan con la UVB, por lo que también podrían cambiar. El artículo señala que trámites notariales y registrales —incluyendo autenticaciones, escrituras públicas y la expedición de certificados— están sujetos a revisiones tarifarias, al igual que las matrículas y pensiones de colegios privados, cuyos topes los define el Ministerio de Educación Nacional según cada institución.

Por otra parte, las multas de tránsito también se actualizan a partir de la UVB, por lo que aquellos que deban asumir estos costos deberán estar atentos a posibles incrementos en 2027, de acuerdo con lo que determinen las autoridades competentes.

Es fundamental tener en cuenta que no todos los cobros se ajustan con el salario mínimo. Como se aclara en la fuente, cada obligación tiene su propia regulación o mecanismo de actualización. Así, por ejemplo, mientras los arriendos de vivienda urbana se modifican en función del IPC, el valor del canon para locales comerciales responderá a lo pactado previamente en cada contrato.

Por eso, es clave que los ciudadanos consulten las tarifas oficiales que se publiquen para 2027 y revisen las condiciones de sus contratos y obligaciones, lo que permitirá una mejor planificación financiera y una adecuada adaptación a los nuevos gastos que puedan surgir en el año que comienza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pagos suben con el salario mínimo en Colombia en 2027?

En Colombia, no todos los servicios y trámites aumentan exactamente con el salario mínimo. Entre los pagos que sí suelen ajustarse con base en este se encuentran los aportes a seguridad social para quienes cotizan el mínimo y algunas deducciones salariales. Sin embargo, otros gastos, como arriendos o multas, pueden regirse por el IPC o la Unidad de Valor Básico, según señaló la fuente.

¿Qué es la Unidad de Valor Básico (UVB) y para qué se utiliza en Colombia?

La Unidad de Valor Básico, conocida por sus siglas UVB, es un mecanismo de referencia empleado en Colombia para calcular el valor de ciertos pagos, como multas de tránsito y algunas cuotas de servicios públicos o trámites notariales. Su uso permite que estos valores se actualicen periódicamente sin depender exclusivamente del salario mínimo.

La decisión, tomada el 6 de noviembre, determinó que el acuerdo aprobado en noviembre de 2023 carece de eficacia jurídica porque la compañía no obtuvo las autorizaciones necesarias para garantizar el pago de sus obligaciones pensionales.

El problema está en el mecanismo elegido por Helicol para cubrir las pensiones de sus trabajadores de tierra y de vuelo. La empresa planteó que Valorem S.A.S. asumiera el pasivo de las primeras y que las segundas se integraran con Caxdac.

Sin embargo, nunca presentó la solicitud correspondiente ante la Superintendencia de Transporte y el Ministerio del Trabajo tampoco emitió un concepto favorable.

Por eso, Helicol deberá radicar la solicitud ante la Superintendencia de Transporte en un plazo de 15 días después de que la decisión quede en firme. Luego tendrá dos meses para conseguir la autorización y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.

Si incumple los plazos, no atiende los requerimientos o recibe una respuesta desfavorable, la ineficacia del acuerdo será definitiva y se ordenará su liquidación judicial.

Mientras tanto, deberá continuar pagando salarios, mesadas pensionales y aportes a seguridad social.

Según el Ministerio de Comercio, esta es la mayor inversión que ha llegado al país en los últimos tres meses y permitirá mejorar la conectividad de más de 3 millones de colombianos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó que los recursos impulsarán la red 5G y aumentarán la cobertura 4G en distintas regiones.

Por su parte, Juan Antonio Pungiluppi, presidente ejecutivo de Millicom Colombia, aseguró que la compañía continuará invirtiendo en el país y calificó el compromiso como el mayor de su historia en Colombia.

El directivo también agradeció al presidente De la Espriella y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Amín, por las condiciones y la confianza brindadas para desarrollar nuevos proyectos.

Además, señaló que la seguridad física y jurídica son factores importantes para mantener las inversiones.

La iniciativa busca reducir la brecha digital, mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y contribuir al desarrollo regional.

El Gobierno y la empresa trabajarán conjuntamente para materializar los recursos, mientras la compañía dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas inversiones en los próximos años.

Este pronunciamiento liberal se produjo tras un encuentro clave en Barranquilla, al que no asistió el jefe de Estado Abelardo de la Espriella. Según se supo, persistían desacuerdos dentro de las bancadas oficialistas antes de llevar la reforma al Legislativo, y otros partidos alineados con el gobierno, como el Centro Democrático, anunciaron su intención de presentar alternativas al proyecto. El Partido Liberal, por su parte, afirmó que su participación en el debate busca proponer soluciones fiscales que, además de responder a las necesidades del Estado, protejan el acceso a productos esenciales y la economía de los hogares. Esta postura agrupa a los 41 congresistas liberales (13 senadores y 28 representantes), quienes se han declarado gobiernistas, pero piden que cualquier reforma considere la sensibilidad social que implica gravar artículos de primera necesidad.

Como parte de su análisis, el Partido Liberal alertó que una de las mayores preocupaciones es el impacto que los impuestos tendrían en productos de la canasta familiar como la sal, lentejas, frijoles, tomate, cebolla y café, inquietud que ya había sido debatida desde la presentación del texto de la ley. Al respecto, El Espectador ha informado que dentro de la colectividad también existen dudas acerca del recorte estatal y de la redistribución de la inversión hacia las regiones, así como sobre el verdadero alcance de ciertas exenciones tributarias previstas. El Centro Democrático, a través de Honorio Henríquez, presidente del Senado, subrayó la necesidad de reducir los costos estatales en vez de incrementar la carga impositiva sobre la población, especialmente en la región Caribe, recalcando que "los colombianos no aguantan un impuesto más".

Los liberales remarcaron además su preocupación por la posible modificación del tratamiento tributario sobre insumos agropecuarios, lo cual podría encarecer la producción de alimentos y afectar directamente al consumidor final. También hicieron un llamado a debatir la reducción gradual del impuesto de renta empresarial, exigiendo una revisión cuidadosa de las exenciones antes de trasladar más cargas tributarias al consumo básico. El proceso previo a la discusión legislativa incluye las mesas técnicas entre el gobierno y distintos sectores, donde se intentarán construir consensos antes de agendar el debate formal en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Partido Liberal está preocupado por los impuestos de la ley de ajuste fiscal?

El Partido Liberal expresa preocupación porque los impuestos propuestos en la ley de ajuste fiscal afectarían productos clave de la canasta familiar y los insumos agropecuarios, lo que podría aumentar el costo de vida y trasladar al consumidor final mayores gastos en alimentación. Su postura busca que cualquier ajuste fiscal proteja tanto a los hogares como al sector productivo, priorizando alternativas menos gravosas para la población, según lo informado por El Espectador.

¿Cuáles son los principales puntos de desacuerdo sobre la Ley de Rescate Económico en el Congreso?

En el Congreso, los desacuerdos giran en torno al impacto de los nuevos impuestos sobre productos básicos, la reducción de costos estatales frente al aumento de tributos y la necesidad de revisar exenciones tributarias antes de añadir cargas al consumo. El Partido Liberal y sectores del oficialismo como el Centro Democrático apoyan un recorte del Estado como solución, mientras que cuestionan aumentar impuestos a la canasta familiar, según reportó El Espectador.

Según información de Bloomberg, el Gobierno busca acceder a un acuerdo de derecho de giro (Stand-By Arrangement), que permitiría utilizar los recursos para cubrir obligaciones del Estado y no únicamente mantenerlos como respaldo ante una emergencia.

La cifra definitiva podría ser ligeramente inferior a la inicialmente mencionada, de acuerdo con Reuters. Por ahora, las conversaciones continúan y no existe una aprobación oficial ni un calendario de desembolsos. El Ministerio de Hacienda y el FMI tampoco han entregado detalles públicos.

El acercamiento se produce en medio de un panorama fiscal complejo: el déficit podría llegar al 9,4 % del PIB en 2027 y la deuda pública se aproxima al 60 % de la economía.

El organismo ha insistido en la necesidad de ajustar las cuentas públicas para recuperar la sostenibilidad fiscal.

En paralelo, el Gobierno tramita la Ley de Rescate Económico, que combina recortes de gasto y nuevos impuestos para reducir el déficit.

El FMI calificó esta iniciativa como un paso significativo hacia la recuperación fiscal, aunque su respaldo no significa que haya aprobado el eventual crédito.

Este indicador cobra aún mayor importancia por las alteraciones que puede experimentar, conocidas como depreciación o apreciación. Por ejemplo, la depreciación ocurre cuando la tasa de cambio nominal aumenta, lo que significa que el peso colombiano pierde valor frente al dólar. En la práctica, quienes deseen comprar dólares deben ofrecer una suma mayor de pesos por la misma cantidad de moneda extranjera, encareciendo las importaciones y afectando directamente el costo de vida. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se habla de una apreciación: el peso se fortalece, cada dólar cuesta menos y los productos internacionales resultan más asequibles. Sin embargo, esto puede provocar una disminución en la competitividad de las exportaciones, afectando a empresarios y trabajadores del sector exportador.

Para medir y registrar oficialmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según la información suministrada por 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de las tasas de cambio ponderadas, registradas en todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas por entidades vigiladas—como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Un requisito para que estas transacciones sean incluidas como base en el cálculo de la TRM es que ambas monedas se negocien para cumplir el mismo día. De este modo, se establece una referencia clara y transparente para operaciones oficiales y cotidianas. Actualmente, la TRM se ubica en 3.269,88 pesos colombianos por un dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal el precio de productos importados en Colombia?

Cuando la tasa de cambio nominal aumenta y el peso colombiano se deprecia frente al dólar, los productos importados se encarecen porque se necesitan más pesos para adquirir la misma cantidad de moneda extranjera. Esta situación puede traducirse en un alza de precios para bienes y servicios extranjeros, afectando tanto a consumidores como a empresarios que dependen de insumos importados.

¿Qué entidades participan en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

De acuerdo con 90 Minutos, en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado participan bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Todas estas entidades registran operaciones de compra y venta de dólares para determinar el promedio de la TRM.

Según Credibanco, las ventas durante esta jornada podrían igualar o superar los $2,6 billones registrados en 2025.

Entre las entidades con menores intereses para tarjetas dirigidas a personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos están Lulo Bank, con una tasa promedio de 12,43 %; Bancolombia, con 13,76 %; Banco Falabella, con 14,31 %, y Davivienda, con 14,49 %.

Para ingresos inferiores a ese rango, Ban100 ofrece la tasa más baja, con 12,27 %, seguido de Davivienda (13,89 %) y Banco Falabella (15,67 %).

En contraste, Banco W y Coltefinanciera registran tasas de 28,09 % y 28,30 %, respectivamente, cercanas al límite de usura, que en noviembre quedó en 28,34 % efectivo anual.

Mauricio García, director nacional de ahorro de Fincomercio, recomendó calcular el costo total de las compras, incluidos intereses y plazos, y no fijarse únicamente en el valor de las cuotas.

También aconsejó revisar las deudas existentes, establecer un presupuesto y evitar comprometer recursos destinados a gastos básicos o emergencias. La clave es aprovechar los descuentos sin terminar pagando mucho más por financiar las compras.

Los parques eco-industriales en el país funcionan bajo la figura definida en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6720 de 2023 y se diferencian de una zona franca tradicional porque promueven la gestión integrada de recursos como agua, energía y transporte entre empresas que comparten un mismo territorio. Como ejemplo concreto, César Barahona, experto líder de la ONUDI, explicó que en la zona franca del Cauca y del Pacífico, los desechos plásticos y de empaque provenientes de procesos industriales son recuperados por otras empresas dentro del mismo parque para fabricar productos como escobas, bolsas y accesorios de limpieza, que luego retornan a las empresas usuarias para su propio consumo.

Según participantes del Programa Global de Parques Eco-Industriales (GEIPP Colombia), la zona franca del Pacífico fue la primera en recibir la certificación, seguida de la zona franca del Cauca y, posteriormente, de Cartagena. La certificación, otorgada por ICONTEC, evalúa el manejo administrativo del parque, desempeño ambiental e impacto social. Andrés Ávila, gerente de la zona franca del Pacífico, manifestó que la implementación de este modelo ha permitido reducir costos energéticos en un 15 %, y alcanzar ahorros superiores al 30 % gracias a la simbiosis industrial, evitando además 42,7 toneladas de CO₂ anuales.

El evento, organizado por la zona franca del Pacífico y del Cauca, contó con el respaldo de la ONUDI, el Ministerio de Comercio, Inversiones y Turismo y el Gobierno de Suiza. Su propósito principal fue compartir experiencias de transiciones hacia energías renovables y economía circular, y fomentar alianzas que fortalezcan la integración regional y la sostenibilidad del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos parques eco-industriales certificados existen en Colombia y cuáles son sus logros principales?

Actualmente, según datos de la ONUDI y GEIPP Colombia, en el país existen tres parques eco-industriales certificados: zona franca del Pacífico, zona franca del Cauca y zona franca de Cartagena. Estos espacios han movilizado más de 13 millones de dólares, evitado 19.546 toneladas en emisiones de carbono y generado ahorros económicos y ambientales notables para las empresas participantes.

¿Cuál es la diferencia entre un parque eco-industrial y una zona franca tradicional?

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 6720 de 2023, mientras que las zonas francas tradicionales se limitan a beneficios tributarios y comerciales, los parques eco-industriales gestionan de manera conjunta recursos como agua, energía y residuos entre empresas, priorizando la eficiencia y el impacto ambiental y social colectivo en el interior del parque.

El resultado de inflación estuvo por debajo de las expectativas del mercado financiero, que proyectaba un incremento de 6,38 %, pero mantiene el costo de vida por encima del rango establecido por el Banco de la República.

Según el Dane, los mayores aumentos se registraron en restaurantes y hoteles, con 9,39 %; educación, con 7,44 %; salud, con 7,37 %, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 7,31 %.

Estos sectores, junto con alojamiento, servicios públicos y transporte, explicaron buena parte de la variación de los precios.

La cifra llega en medio de las discusiones sobre cuánto debe subir el salario mínimo para el próximo año. Los gremios empresariales plantean un incremento de entre 8 % y 9,5 %, mientras que las centrales obreras proponen un aumento de 38,5 %.

Con el salario actual de $1.750.905, un alza del 8 % lo llevaría a cerca de $1,89 millones, mientras que la propuesta sindical lo ubicaría por encima de $2,4 millones, con un aumento cercano a $674.000.

El Banco de la República prevé que la inflación cierre 2026 en 7,1 %, aunque el mercado espera que los precios comiencen a moderarse durante 2027. De acuerdo con las proyecciones del Banco de Occidente, la inflación podría terminar el próximo año alrededor de 5,3 %.

La iniciativa fue aprobada en segundo debate en el Concejo de Bogotá y tiene como propósito fortalecer los controles frente a conductas como el estacionamiento indebido, la invasión de carriles y otras prácticas que afectan la movilidad en la ciudad.

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El proyecto de acuerdo, de autoría del concejal Juan David Quintero, establece que la Secretaría Distrital de Movilidad deberá implementar un sistema integral para recibir denuncias ciudadanas. Este mecanismo incluirá una aplicación móvil que permitirá enviar reportes y adjuntar fotografías o videos como material probatorio.

Las evidencias recopiladas servirán de respaldo para que las autoridades analicen cada situación y determinen si procede iniciar los respectivos procedimientos sancionatorios.

La propuesta también contempla el uso de cámaras de videovigilancia pertenecientes a entidades públicas y privadas, incluidos los dispositivos instalados en centros comerciales. El objetivo es aprovechar estas herramientas para identificar vehículos que incumplan las normas de estacionamiento y fortalecer la vigilancia en los corredores viales con mayores problemas de movilidad.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto, el Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos (RECORD), plataforma del Ministerio de Transporte habilitada mediante la Circular Externa 20244000000157 de 2024, permite recibir fotografías y videos relacionados con posibles infracciones, trasladar los reportes a las autoridades competentes y hacer seguimiento a los procedimientos sancionatorios.

¿Cuáles son las localidades donde más se imponen comparendos?

Las estadísticas de la Secretaría Distrital de Movilidad evidencian la magnitud de las infracciones por estacionamiento indebido en Bogotá. Entre enero y octubre de 2025, las autoridades impusieron cerca de 51.000 comparendos por esta conducta.

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Chapinero registró el mayor número de sanciones, con 8.546, seguido de Fontibón, que contabilizó 8.114. En materia de inmovilizaciones, Teusaquillo ocupó el primer lugar con 1.930 vehículos, mientras que en Chapinero fueron inmovilizados 1.799.

Entre los puntos identificados como críticos se encuentra la calle 26, en el tramo comprendido entre la avenida Ciudad de Cali y el aeropuerto El Dorado. También figuran diferentes corredores de Chapinero y el sector delimitado por las carreras 7 y 11 y las calles 111 y 123.

La situación continuó durante enero de 2026. En ese mes, las autoridades adelantaron 1.251 operativos que dejaron como resultado más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

El directivo señaló que la entidad necesita más tiempo para completar sus ajustes tecnológicos y operativos, mientras que el Ministerio de Hacienda solicitó aplazar la implementación hasta enero de 2028 por dificultades presupuestales.

La reforma tendría un costo estimado de entre $15 y $16 billones durante su primer año.

Velasco explicó que la Cámara de Representantes ya volvió a votar las 10 proposiciones que ordenó revisar la Corte Constitucional, pero todavía quedan más de 120 demandas contra el contenido de la Ley 2381.

En paralelo, congresistas del Centro Democrático impulsan una contrarreforma que busca modificar el sistema y recuperar la posibilidad de elegir fondos privados, proteger la propiedad del ahorro pensional y fortalecer la financiación mediante cotizaciones.

El presidente de Asofondos también pidió discutir cambios en la edad de jubilación, las semanas requeridas y los porcentajes de cotización, al advertir que Colombia tiene cuatro cotizantes por pensionado, cuando necesitaría alrededor de siete.

Finalmente, recomendó a los afiliados revisar sus semanas cotizadas: las mujeres con 750 y los hombres con 900 quedarían en el régimen de transición y conservarían las reglas anteriores.

De acuerdo con la USO, las actividades de Ecopetrol no solo generan importantes aportes económicos a la Nación en términos de impuestos, dividendos y regalías, sino que también incluyen funciones clave en la producción, el transporte, la refinación y la comercialización de hidrocarburos. En palabras del sindicato, “Defender a Ecopetrol e impedir su venta es defender la soberanía nacional y el futuro energético del país”.

El sindicato subrayó que, según sus propios cálculos, en los últimos cuatro años el grupo empresarial Ecopetrol ha transferido más de $180 billones al Estado a través de impuestos, dividendos y regalías, lo que evidencia su papel preponderante en el sostenimiento de las finanzas públicas.

La organización sindical expresó preocupación frente a una aparente reducción de inversiones en actividades tradicionales asociadas a la exploración y producción de hidrocarburos, además de señalar retrasos en proyectos de gas en el litoral y en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Según la USO, estos factores han contribuido a aumentar la dependencia de Colombia de las importaciones energéticas, una situación que consideran riesgosa para la seguridad del suministro nacional.

La USO también cuestionó los planteamientos que proponen la entrada de capital privado mediante la venta parcial o total de la empresa, argumentando que esto podría afectar la capacidad de Colombia para administrar de manera autónoma recursos estratégicos. El sindicato afirmó que parte del gas natural, las gasolinas, el diésel y el crudo liviano que requiere el país ya deben ser importados, por lo que insisten en reforzar el negocio original de Ecopetrol para revertir esta tendencia.

El pronunciamiento se produce en medio de discusiones que involucran a diversos sectores políticos y económicos sobre el futuro financiero del país y el rol que Ecopetrol puede desempeñar en este contexto. Finalmente, la USO reiteró su compromiso de defender el carácter público de la compañía y anunció la promoción de acciones de movilización y participación entre trabajadores y comunidades en las zonas petroleras para mantener su postura.

La Unión Sindical Obrera concluyó señalando que cualquier debate relacionado con Ecopetrol debe tener en cuenta su impacto en las finanzas públicas, la seguridad energética y el desarrollo económico de las regiones donde opera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la USO rechaza la venta de Ecopetrol y cuáles serían las consecuencias según su posición?

La USO rechaza la venta de Ecopetrol porque considera que la compañía es un activo estratégico para Colombia, fundamental para los ingresos fiscales y la seguridad energética. Según el sindicato, una eventual venta podría debilitar la capacidad del país para administrar recursos energéticos clave y aumentar la dependencia de importaciones, lo que ponen en riesgo la soberanía nacional y el futuro energético, de acuerdo con su pronunciamiento oficial.

¿Cuánto aporta Ecopetrol a las finanzas públicas según la USO?

De acuerdo con información divulgada por la USO, en los últimos cuatro años Ecopetrol ha entregado más de $180 billones al Estado colombiano por concepto de impuestos, dividendos y regalías. Esos aportes reflejan su importancia en el sostenimiento de las arcas públicas y su rol central en la economía nacional, según la organización sindical.

Tras un análisis exhaustivo del material probatorio, la SIC concluyó que no se hallaron elementos suficientes para atribuir responsabilidad a las empresas ni a las personas investigadas. En especial, la entidad determinó que no existían pruebas que demostraran que los procesos de contratación hubieran sido orientados ilícitamente en favor de Helistar. Al mismo tiempo, descartó que se hubiera producido una coordinación entre las compañías dirigidas a beneficiar a este proveedor de transporte aéreo.

Uno de los puntos que mereció especial atención durante la investigación fue la inclusión de requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves. Según lo señalado por la Superintendencia, estos criterios respondían a razones de índole técnica y operativa, enfocadas en asegurar aspectos fundamentales como la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio ofrecido. Con base en este análisis, la entidad consideró que dichas condiciones no representaban un obstáculo injustificado para la participación de otras empresas interesadas ni constituían un mecanismo para excluir competidores en perjuicio de Helistar.

Adicionalmente, la SIC tomó en cuenta las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación acerca de posibles inconsistencias en el soporte del informe y de eventuales riesgos en la motivación de una decisión sancionatoria. Estas advertencias, junto con la recomendación del Consejo Asesor de Competencia de archivar el expediente, fueron valoradas durante el proceso. Finalmente, la autoridad decidió que el cúmulo de pruebas no reunía el estándar necesario para sancionar a los investigados, lo que resultó en el archivo de la actuación y favoreció a todas las partes involucradas en los hechos analizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la SIC archivó la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en contratos de helicópteros?

La superintendencia archivó la investigación porque, luego de examinar todas las pruebas y documentos recolectados, no encontró elementos que permitieran acreditar que las empresas, como Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, o las personas involucradas, hubieran incurrido en conductas que restringieran la competencia. Las exigencias analizadas, como la antigüedad y disponibilidad de aeronaves, se justificaron por motivos técnicos y no se consideraron obstáculos injustificados al ingreso de otros oferentes.

¿Cuáles eran los requisitos técnicos debatidos en los contratos de transporte aéreo de pasajeros y carga?

Los requisitos técnicos debatidos se referían principalmente a la antigüedad y disponibilidad de las aeronaves utilizadas en los contratos de transporte aéreo. La investigación examinó si estas condiciones podían limitar la participación de otros prestadores del servicio, pero la Superintendencia concluyó que dichas exigencias respondían a necesidades de seguridad, confiabilidad y continuidad en la operación, en vez de buscar restringir la competencia o beneficiar a algún participante específico.

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La diferencia está en el origen de los aportes que aparecen pendientes. No es lo mismo haber dejado de cotizar durante una etapa en la que no se trabajó que haber cumplido una actividad laboral y descubrir que esos pagos nunca llegaron al sistema pensional.

Esta distinción es importante porque existen procedimientos para corregir periodos en los que hubo una obligación de aportar, pero las cotizaciones no se hicieron. La alternativa, por tanto, no consiste en adquirir semanas adicionales sin respaldo laboral, sino en conseguir que la historia pensional refleje los tiempos que realmente correspondían.

¿Se pueden comprar semanas de pensión para jubilarse más rápido?

En Colombia no está permitido pagar por semanas que nunca se cotizaron y que tampoco corresponden a un periodo laboral en el que existiera la obligación de realizar aportes.

Lo que sí contempla la normativa es la posibilidad de corregir omisiones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona trabajó durante determinado tiempo, pero su empleador no pagó las cotizaciones correspondientes, o cuando un trabajador independiente debía realizar aportes y estos quedaron pendientes.

Andrés Mauricio Velasco explicó a La FM que el procedimiento permite ponerse al día con los periodos en los que se omitieron cotizaciones, pero no inventar tiempos laborales para alcanzar el requisito de pensión.

La diferencia también tiene consecuencias legales. Según advirtió el presidente de Asofondos, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Dian realizan controles para detectar irregularidades relacionadas con la incorporación artificial de semanas a las historias laborales.

¿Cómo puede recuperar las semanas que no aparecen en su historia laboral?

El primer paso es revisar el registro de cotizaciones y establecer por qué determinados periodos no aparecen. Si la persona trabajó durante esos meses o años, debe reunir los documentos que permitan demostrar la relación laboral o la actividad económica que desarrollaba.

En el caso de los trabajadores dependientes, puede ocurrir que una empresa haya incumplido su obligación de pagar los aportes. Ante esa situación, el afiliado puede solicitar una explicación al antiguo empleador y acudir al Ministerio del Trabajo si necesita orientación para reclamar los periodos pendientes.

Para los independientes también existe la posibilidad de normalizar cotizaciones omitidas mediante cálculos actuariales. Este procedimiento permite establecer el valor que debe pagarse para cubrir los aportes correspondientes a periodos en los que existía la obligación de cotizar.

La FM explicó que los afiliados pueden consultar la plataforma Soy Actuario para calcular el valor de esos aportes. No obstante, el trámite exige demostrar que los periodos corresponden a una actividad real y que existía el deber de realizar las cotizaciones.

¿Qué trabajadores pueden acogerse al régimen de transición pensional?

Otra condición que deben revisar quienes están cerca de la jubilación es si cumplen los requisitos para permanecer bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, a través del régimen de transición de la reforma pensional.

Según explicó el presidente de Asofondos a La FM, los requisitos de semanas cotizadas para esta condición son 750 en el caso de las mujeres y 900 para los hombres, acumuladas antes del primero de abril de 2025.

Cumplir con ese número de semanas es uno de los criterios para acceder al régimen de transición, pero no significa que cualquier persona pueda comprar los aportes que le hagan falta para alcanzarlo. La historia laboral debe demostrar que las cotizaciones corresponden a periodos efectivamente trabajados y reconocibles.

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El proyecto, radicado ante el Congreso el 29 de octubre de 2026, contempla una amplia reforma tributaria con modificaciones en impuestos, beneficios fiscales y medidas para reorganizar las finanzas públicas. Sin embargo, también ha generado polémica por los posibles efectos de algunas disposiciones sobre los hogares y las empresas.

Entre los cambios planteados aparece uno relacionado con el impuesto al patrimonio, un gravamen que actualmente deben asumir determinadas personas con patrimonios elevados y que el Gobierno propone modificar.

La iniciativa contempla dos modificaciones importantes: aumentar el valor mínimo del patrimonio que genera la obligación de pagar el impuesto y establecer una fecha para su eliminación definitiva.

De aprobarse la propuesta en los términos presentados, el impuesto al patrimonio se mantendría hasta el año gravable 2030 y desaparecería a partir de 2031. No obstante, antes de llegar a esa fecha, algunos contribuyentes podrían dejar de pagarlo desde 2027 gracias al aumento del patrimonio mínimo exigido.

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¿Qué es el impuesto al patrimonio y quiénes lo pagan actualmente en Colombia?

El impuesto al patrimonio es un tributo que se calcula teniendo en cuenta el patrimonio líquido de una persona, es decir, el valor de sus bienes y derechos menos las deudas que tenga.

Por ejemplo, si una persona tiene dos apartamentos, un vehículo, inversiones y dinero en cuentas bancarias, debe sumar el valor fiscal de esos activos y restar las obligaciones financieras que correspondan.

Esto significa que no necesariamente debe pagar el impuesto quien tenga una vivienda costosa o reciba un salario elevado. Lo determinante es que su patrimonio líquido alcance el límite establecido por la legislación y que cumpla las demás condiciones para ser contribuyente.

Actualmente, el impuesto permanente contempla un umbral de 72.000 unidades de valor tributario (UVT). Para entender cuánto representa esa cantidad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó la UVT de 2026 en 52.374 pesos.

Con ese valor, 72.000 UVT equivalen a 3.770’928.000 pesos, aproximadamente 3.771 millones de pesos. Por lo tanto, bajo las reglas generales vigentes, una persona natural que tenga un patrimonio líquido igual o superior a ese monto puede quedar sujeta al impuesto, siempre que cumpla las demás condiciones legales.

La tarifa se calcula de manera progresiva. Esto significa que no se aplica un único porcentaje sobre la totalidad de los bienes, sino sobre los tramos establecidos en la ley.

Para 2026, el esquema general contempla una tarifa marginal del 0,5 % sobre el patrimonio líquido que supere las 72.000 UVT y llegue hasta 122.000 UVT, y del 1 % sobre el excedente de este último límite. Las reglas especiales y transitorias deben revisarse según el año y el tipo de contribuyente.

Reforma del Gobierno elevaría el patrimonio mínimo para pagar el impuesto

La Ley de Rescate Económico propone aumentar el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 a 95.500 UVT a partir del año gravable 2027. Esto representa un incremento de 23.500 UVT frente al límite actual.

Si se utiliza como referencia el valor de la UVT de 2026, el cambio sería el siguiente:

• Umbral actual: 72.000 UVT, equivalentes a 3.770’928.000 de pesos.
• Nuevo umbral propuesto: 95.500 UVT, equivalentes a 5.001’717.000 de pesos.
• Diferencia entre ambos límites: 1.230’789.000 de pesos, calculados con la UVT de 2026.

En otras palabras, el Gobierno propone elevar en más de 1.230 millones de pesos el patrimonio mínimo de referencia para quedar sujeto al impuesto. Esto beneficiaría especialmente a quienes actualmente superan el límite de 3.771 millones de pesos, pero tienen un patrimonio líquido inferior al nuevo umbral de aproximadamente 5.002 millones de pesos.

¿Quiénes se salvarían de pagar el impuesto al patrimonio con la reforma?

Para entender el alcance de la propuesta, se pueden revisar tres situaciones hipotéticas, tomando como referencia los valores de 2026 y suponiendo que las personas cumplen las demás condiciones del impuesto.

Primer caso: una persona con un patrimonio líquido de 3.000 millones de pesos. Actualmente, este contribuyente no alcanza el umbral de aproximadamente 3.771 millones de pesos. Por lo tanto, no queda sujeto al impuesto permanente bajo la regla general. Con la reforma tampoco tendría que pagarlo, porque su patrimonio seguiría por debajo del nuevo límite.

Segundo caso: una persona con un patrimonio líquido de 4.500 millones de pesos. Este es uno de los ejemplos más importantes. Actualmente, una persona con ese patrimonio supera el límite de 72.000 UVT, por lo que puede quedar obligada a pagar el impuesto. Si se aplica la tarifa marginal del 0,5 % sobre la parte que excede el umbral, el impuesto sería de aproximadamente 3’645.360 pesos, antes de considerar los ajustes particulares de la base gravable.

Sin embargo, con la reforma, ese mismo patrimonio de 4.500 millones de pesos estaría por debajo del nuevo límite de referencia de 5.001 millones de pesos. En consecuencia, esta persona dejaría de estar sujeta al impuesto al patrimonio desde 2027, siempre que se apruebe la propuesta y que su patrimonio, medido con la UVT y las reglas aplicables de ese año, permanezca por debajo del nuevo umbral.

Tercer caso: una persona con un patrimonio líquido de 6.000 millones de pesos. En esta situación, el contribuyente supera tanto el límite actual como el propuesto. Por lo tanto, seguiría sujeto al impuesto durante los años en los que continúe vigente. No obstante, podría pagar menos debido a que la reforma elevaría el punto a partir del cual se empieza a aplicar la tarifa.

Utilizando la UVT de 2026, una persona con un patrimonio líquido gravable de 6.000 millones de pesos tendría un impuesto aproximado de 11’145.360 pesos bajo la tarifa marginal general actual. Con los nuevos tramos propuestos, el cálculo se reduciría a aproximadamente 4’991.415 pesos.

¿Qué tarifas tendría el impuesto al patrimonio entre 2027 y 2030?

Además de elevar el patrimonio mínimo, el proyecto propone modificar los rangos de las tarifas. De acuerdo con la iniciativa, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

• Hasta 95.500 UVT: tarifa del 0 %.
• Más de 95.500 y hasta 145.500 UVT: tarifa marginal del 0,5 % sobre el excedente de 95.500 UVT.
• Más de 145.500 UVT: tarifa marginal del 1 % sobre la parte que supere ese límite, más el impuesto acumulado del tramo anterior.

Para tener una referencia en pesos, 145.500 UVT equivalen a 7.620’417.000 pesos con el valor de la UVT de 2026. Es importante entender que una persona con un patrimonio de 8.000 millones de pesos no pagaría el 1 % sobre los 8.000 millones de pesos completos.

Primero se calcularía el impuesto correspondiente al tramo del 0,5 % y después se aplicaría el 1 % sobre la parte que supere el segundo límite. La propuesta mantiene así un sistema de tarifas marginales, en el que el valor a pagar aumenta progresivamente a medida que crece el patrimonio gravable.

¿Cuándo se eliminaría definitivamente el impuesto al patrimonio en Colombia?

Este es uno de los cambios más importantes incluidos en el proyecto de Ley de Rescate Económico. Actualmente, el impuesto al patrimonio tiene carácter permanente. Esto significa que no existe una fecha general de terminación para este tributo bajo el régimen vigente. Sin embargo, el Gobierno propone limitar su aplicación a cuatro años gravables:

• 2027: continuaría el impuesto, pero con el nuevo umbral y las tarifas propuestas.
• 2028: seguiría aplicándose a los contribuyentes que cumplan las condiciones.
• 2029: se mantendría la obligación para los patrimonios sujetos al gravamen.
• 2030: sería el último año gravable en el que se causaría el impuesto.
• Desde 2031: el impuesto al patrimonio dejaría de aplicarse de manera permanente, según la propuesta.

Esto quiere decir que, mientras algunos contribuyentes podrían dejar de estar sujetos al impuesto desde 2027 gracias al aumento del umbral, quienes tengan patrimonios superiores al nuevo límite continuarían pagando hasta 2030.

A partir de 2031, la eliminación beneficiaría a todos los contribuyentes que de otra manera seguirían sujetos al impuesto permanente, siempre que la disposición sea aprobada y no se expidan posteriormente nuevas normas que establezcan otro gravamen.

El evento reflejó tanto el ánimo de concertación como las discrepancias presentes en los sectores políticos. Entre los participantes se evidenció que la voz de la oposición quedó por fuera, ya que actores como el Pacto Histórico no recibieron invitación. El senador opositor Alejandro Ocampo, miembro de la comisión tercera, expresó su descontento por esta exclusión y recalcó la oportunidad perdida para un diálogo abierto entre el Gobierno y todos los sectores representados en el Congreso.

Por parte del Centro Democrático, los planteamientos fueron claros: rechazan cualquier nuevo impuesto que recaiga sobre la canasta familiar y propusieron una reorganización de la estructura estatal mediante la fusión de carteras y entidades del Ejecutivo. Este escenario, según El Espectador, coincide con los planes del Gobierno, que pretende obtener atribuciones legales extraordinarias que permitan transformar el organigrama estatal e incluso crear nuevos ministerios mediante la ley de ajuste fiscal.

Otras propuestas relevantes del partido liderado por Álvaro Uribe incluyen la venta parcial de empresas emblemáticas como Ecopetrol e ISA, el fortalecimiento de sanciones para quienes incumplan sus obligaciones fiscales y la creación de incentivos para quienes decidan regularizar su situación tributaria. Gustavo Moreno, senador de En Marcha, destacó tras la cita el compromiso de establecer mesas de trabajo para construir consensos y hacer frente a problemas estructurales como la evasión, estimada en COP 71 billones, de acuerdo con sus declaraciones.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, remarcó la disposición gubernamental para escuchar contrapropuestas provenientes de varios partidos con el fin de lograr la mejor versión del articulado. Sin embargo, el sector opositor, en voz de la senadora Carolina Corchó, enfatizó que el ajuste fiscal debe focalizarse en los grandes patrimonios, y expresó su negativa frente a la privatización de activos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué posturas tienen los partidos sobre la ley de ajuste fiscal en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, existen posiciones diversas. El Centro Democrático se opone a nuevos impuestos sobre la canasta familiar y promueve la reorganización estatal y la venta parcial de activos públicos. Por su parte, el Pacto Histórico y otros sectores de oposición defienden que el esfuerzo fiscal debe concentrarse en los patrimonios más altos y rechazan la privatización de empresas estatales. El Gobierno busca consensos con los partidos oficialistas y deja por fuera, hasta ahora, a la oposición en los diálogos iniciales.

¿Qué temas principales se discutieron en la reunión sobre la ley de ajuste fiscal?

Según lo reportado, los principales puntos tratados incluyeron la posibilidad de fusionar o eliminar entidades del Estado, la venta parcial de acciones en empresas como Ecopetrol e ISA, sanciones para los evasores fiscales, incentivos para quienes regularicen su situación tributaria, y la ampliación de la base gravable. El Gobierno mostró apertura para modificar el texto de la reforma y establecer mesas de conciliación con los partidos aliados.

La variación mensual fue de 0,20 %, frente al 0,18 % de octubre pasado. Entre enero y octubre, el costo de vida acumuló un aumento de 5,94 %, mientras que en el mismo periodo de 2025 iba en 4,74 %. 

¿Qué está empujando los precios? Los alimentos, las comidas fuera de casa y los gastos de vivienda siguen pesando en el indicador. Según los datos del Dane, alimentos y bebidas acumularon una inflación de 8,20 % en los primeros diez meses del año y aportaron 1,54 puntos porcentuales al resultado total.

Comer por fuera también cuesta más. Restaurantes y hoteles registraron un aumento de 7,64 % entre enero y octubre. En los últimos doce meses, este componente presentó la variación más alta, con 9,39 %. 

La papa sigue por las nubes

La papa fue uno de los productos que más subió en octubre: su precio aumentó 8,25 %. Según el Dane, prácticamente se duplicó frente al de un año atrás. El clima, los costos de producción y los ciclos de cultivo están entre los factores asociados con el alza.

El plátano y los huevos también presionaron el indicador: sus precios aumentaron 6,09 % y 3,10 %, respectivamente. Las alzas en productos de consumo cotidiano ayudan a explicar el impacto de la inflación en el gasto de los hogares.

La iniciativa técnica responde a los desafíos operativos propios de los eventos masivos, donde las aglomeraciones de personas suelen colapsar las redes móviles e impedir la comunicación digital inmediata dentro de los recintos cerrados.

El proyecto de conectividad demandó una inversión cercana a los $ 2.500 millones, presupuesto destinado a soportar el alto consumo de datos derivado de transmisiones simultáneas y la difusión de contenidos multimedia en espectáculos culturales.

La estructura tecnológica implementada por Claro cuenta con una conexión a internet de fibra óptica, soporte central diseñado para proveer estabilidad en la cobertura inalámbrica durante jornadas que concentren miles de usuarios concurrentes.

El público que acuda a Daviarena podrá ingresar a la red WiFi mediante un portal cautivo digital, plataforma sujeta a condiciones operativas que regularán el acceso ordenado de los diferentes dispositivos móviles.

Este despliegue busca evitar desconexiones imprevistas en instantes de alta afluencia, facilitando que el público comparta información, suba videos a plataformas virtuales o coordine aspectos logísticos de transporte sin barreras de señal.

“El entretenimiento hoy también se vive conectado. Nuestra llegada al Daviarena representa una apuesta por Medellín y por ofrecer experiencias en las que la tecnología esté al servicio que lo visiten. Con una inversión cercana a los $2.500 millones, queremos aportar nuestra infraestructura y capacidad para que quienes lleguen a este escenario puedan conectarse, compartir y disfrutar cada momento. Ya tenemos Vive Claro y ahora Daviarena, un espacio que se convertirá en un nuevo punto de entretenimiento para la ciudad y para el país”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Junto al componente de telecomunicaciones, la empresa Claro dispondrá de un área exclusiva para usuarios corporativos, orientada a la gestión de reuniones de trabajo y relacionamiento institucional en el marco de las actividades artísticas.

La modernización del complejo metropolitano busca elevar los estándares técnicos de la capital antioqueña, equiparando su oferta logística a la de importantes arenas internacionales que reciben giras y eventos de alta demanda.

“Con la llegada de Claro a Daviarena estamos elevando la experiencia de los asistentes en nuestros eventos. Queremos que los fans puedan vivir experiencias inolvidables y compartir sus momentos favoritos en tiempo real. Por este tipo de tecnologías es que Daviarena se posiciona a la par de las arenas más emblemáticas del mundo“, afirmó Carlos Leguizamón, VP de Tecnología y Data de BeatHub Entertainment.

La presencia de la compañía de telecomunicaciones en el predio antioqueño complementa acciones similares adelantadas previamente en la capital del país, como su participación técnica en el distrito cultural Vive Claro en Bogotá.

El fortalecimiento de la infraestructura digital en espacios culturales atiende la creciente demanda de usuarios que conciben la asistencia a conciertos como un hecho estrechamente vinculado a la interacción en redes sociales.

La gestión del tráfico de datos a través de portales cautivos modernos optimiza la distribución de ancho de banda, impidiendo que saturaciones aisladas menoscaben el desempeño general de la red durante presentaciones en vivo.

El desarrollo de recintos polifuncionales en Medellín exige sistemas de comunicaciones capaces de sostener transacciones de boletería electrónica, pagos digitales sin efectivo y esquemas de seguridad coordinados mediante enlaces telemáticos en tiempo real.

Esta alianza técnica entre promotores de eventos y el operador busca reducir las dificultades de conexión que históricamente afectaban a los fanáticos al intentar comunicarse o reportar su estado al término de los recitales.

El escenario Daviarena proyecta albergar múltiples espectáculos nacionales y extranjeros, consolidando una oferta cultural que integra condiciones acústicas profesionales con un respaldo tecnológico adecuado para las exigencias de la industria musical.

La digitalización de estos espacios de esparcimiento amplía el alcance de las actividades presenciales, permitiendo que las expresiones culturales se difundan de forma inmediata ante audiencias globales conectadas a internet.

De acuerdo con las declaraciones citadas por el artículo, Petro alertó sobre los efectos negativos originados por el terremoto en la región y cuestionó la ausencia de recursos nacionales para la recuperación. El exmandatario sostuvo que, si bien durante su gobierno se plantearon políticas con la esperanza de reactivar el desarrollo local, el contexto actual muestra lo contrario: obstáculos en la economía, desempleo y falta de dinamismo empresarial. Hizo hincapié en el aumento de peajes y en el déficit en la inversión pública, elementos que han impedido que la región retome su papel como motor económico y social del país.

Petro fue enfático al advertir sobre las posibles consecuencias a largo plazo si no se toman medidas: la falta de inversión podría condenar al Eje Cafetero a una “involución” y una “caída al abismo”, una visión que resalta la urgencia de implementar alternativas que contribuyan a la superación de la crisis regional. Según sus palabras, es necesario proyectar un futuro distinto y más prometedor que evite que la región siga deteriorándose.

El caricaturista Matador, por su parte, llamó la atención sobre el mismo problema y pidió acciones concretas para apoyar el comercio y la industria, especialmente en Pereira, una de las ciudades clave de la zona. Invitó a los colombianos a buscar proveedores y establecer negocios con los empresarios de la ciudad, considerando que esta dinámica puede ayudar a su recuperación. Matador cuestionó directamente el destino de los fondos destinados a la reconstrucción tras el desastre, preguntando: “¿Dónde está la plata de la reconstrucción?”. De acuerdo con las declaraciones citadas en el artículo, el reclamo es claro y busca respuestas prontas de las autoridades responsables.

La discusión evidenció la preocupación por la falta de apalancamiento estatal y la necesidad de compromiso tanto de la ciudadanía como del Gobierno para enfrentar el estancamiento económico de una región históricamente relevante para Colombia.

¿Por qué Petro y Matador cuestionan la inversión para la recuperación del Eje Cafetero?

Gustavo Petro y el caricaturista Matador ponen en duda la inversión destinada a la recuperación del Eje Cafetero debido, según sus intervenciones recogidas en el artículo, a la falta de recursos nacionales, el incremento de peajes y la baja dinámica en el empleo y la generación de negocios. Ambos consideran que la región enfrenta actualmente un deterioro por la ausencia de políticas efectivas y falta de respaldo del Gobierno nacional.

¿Dónde está la plata de la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto?

De acuerdo con los planteamientos hechos por Matador en el artículo, existe un cuestionamiento abierto sobre el destino de los fondos destinados para la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto. El caricaturista demanda claridad sobre el uso de estos recursos, señalando la importancia de que se utilicen en beneficio de la recuperación económica y social de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país quedan cerca de 450.000 tiendas de barrio que venden alrededor de $48 billones al año, de los cuales $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a bebidas no alcohólicas.

Sin embargo, si se aprueba la reforma tributaria en los términos propuestos, estas ventas podrían caer considerablemente. La proyección del gremio apunta a que los ingresos por comercialización de cerveza bajarían a $13 billones, mientras que los de bebidas no alcohólicas se reducirían a $11 billones.

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El impacto estaría relacionado con el encarecimiento de las bebidas y una posible contracción del consumo, lo que afectaría directamente a los establecimientos que dependen de estos productos para sus ingresos.

Una de las estimaciones sobre el efecto en los precios la presentó la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre 49 % y 60 %.

La congresista también señaló que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en el país, por lo que el aumento podría comprometer la sostenibilidad de estos establecimientos.

¿Cómo cambiaría el impuesto a la cerveza?

El proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el pasado 29 de octubre, propone modificar el esquema tributario de las bebidas alcohólicas.

La firma Sectorial explica que actualmente la cerveza paga un impuesto al consumo del 48 %, calculado sobre el precio al que el productor vende al detallista, sin incluir etiquetas ni envases.

Con los artículos 33 a 36 de la iniciativa, este gravamen se transformaría en un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos, certificado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. La cerveza sin alcohol quedaría excluida del cobro fijo por grado de alcohol.

El efecto final sobre el precio dependerá de la graduación alcohólica, la marca y la decisión de los productores y comercializadores sobre cuánto del nuevo gravamen trasladan al consumidor.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el nuevo impuesto a la producción de cerveza permitiría recaudar $7,1 billones adicionales para financiar el aseguramiento en salud. A esto se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores. En total, ambos gravámenes aportarían cerca de $9,2 billones.

No obstante, el Gobierno Nacional también reconoce posibles presiones inflacionarias. Sus cálculos estiman que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, en un escenario en el que el incremento de los impuestos se traslade completamente a los consumidores.

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Desde Sectorial consideran que el cambio recae sobre todo en la cerveza, que concentra casi todo el consumo y $7,1 de los $9,2 billones esperados. El cobro por grado favorece a las cervezas sin alcohol y de baja graduación, y puede llevar a ajustar portafolios y empaques. Para las licoreras departamentales el riesgo es doble: menos ventas y menores rentas para educación, deporte y salud.

El debate también involucra a las regiones. Los gobernadores han manifestado preocupación por el efecto que los mayores gravámenes sobre licores y cerveza podrían tener en sus rentas departamentales, especialmente ante el riesgo de una reducción en las ventas y el consumo.

En ese contexto, el Congreso deberá discutir los cambios propuestos para la tributación de las bebidas alcohólicas y sus posibles consecuencias sobre los precios, la demanda, los pequeños comerciantes y los ingresos de los departamentos.

Según la Gobernación del Valle, los contribuyentes tienen dos escenarios para aprovechar los descuentos. El primero estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual se podrá obtener un descuento del 100 % en intereses y sanciones, siempre y cuando se pague el total de la deuda por concepto de impuesto. El segundo periodo se extiende desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2027, en el cual los ciudadanos podrán acceder a un beneficio del 80 % sobre intereses y sanciones. Sin embargo, en este caso será necesario cancelar el 100 % del impuesto y pagar el 20 % restante de los intereses y sanciones.

Estos alivios fiscales aplican a diferentes obligaciones tributarias como el impuesto vehicular, tributos de registro, estampillas y otros impuestos departamentales que administra la Gobernación del Valle del Cauca. La autoridad departamental hizo énfasis en la importancia de que los contribuyentes consulten su estado de cuenta en el portal institucional y acudan a los puntos de atención autorizados antes del 31 de diciembre para no perder la oportunidad de beneficiarse de la exención total sobre intereses y sanciones.

Respecto a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, la ordenanza prevé alivios especiales. Más de 30.000 vehículos registrados a nombre de personas afectadas y que tengan obligaciones pendientes podrán acogerse al descuento del 100 % en intereses y sanciones. Adicionalmente, quienes hayan perdido sus vehículos a causa del sismo podrán obtener, a partir del 1 de enero de 2027, un descuento del 100 % en el pago del impuesto automotor y tendrán un año para cancelar la matrícula ante el organismo de tránsito correspondiente.

Con esta disposición, la Gobernación del Valle espera recaudar cerca de 220.000 millones de pesos y fortalecer así la recuperación económica y la reconstrucción departamental tras el desastre natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los plazos y descuentos para pagar impuestos en el Valle del Cauca?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, los contribuyentes del Valle del Cauca podrán obtener un descuento del 100 % en intereses y sanciones hasta el 31 de diciembre de 2026 si pagan el total del impuesto adeudado. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2027, el beneficio disminuye al 80 % sobre intereses y sanciones, requiriendo el pago completo del impuesto y del 20 % restante de intereses y sanciones.

¿Qué beneficios reciben los damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Según la Gobernación del Valle, los damnificados por el terremoto del 10 de agosto podrán acceder a un descuento del 100 % en intereses y sanciones de sus impuestos automotores. Aquellos que perdieron sus vehículos tendrán, desde el 1 de enero de 2027, un descuento total en el pago del impuesto y un plazo de un año para cancelar la matrícula en el organismo de tránsito competente.

La divisa abrió en $3.245 y marcó un mínimo intradiario de $3.235. Sin embargo, la constante demanda de coberturas llevó a la tasa de cambio a romper resistencias y escalar hasta un techo de $3.288,50, para finalmente ubicarse en $3.269.

De acuerdo con Credicorp Capital, la dinámica del par respondió al fortalecimiento del dólar acumulado, a los sólidos datos de empleo en EE. UU. y a la aversión al riesgo global.

(Vea también: ¿Cómo reaccionó el dólar en Colombia a derrota de Trump en EE. UU.? Así amaneció la moneda hoy)

Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores destacó que la transacción directa por US$2.000 millones entre el Banco de la República y el Gobierno no generó impacto de flujo spot, situando la atención del mercado en los renovados riesgos fiscales del país.

Por su parte, en los mercados financieros globales, la divisa estadounidense experimentó un leve ajuste correctivo dentro de un entorno de altas tasas de interés. El índice DXY perdió un 0,46 % situándose en 101,83 puntos (tras tocar máximos en 101,88 en el intradiario).

Petróleo se desploma más de un 4 % tras alivio diplomático con Irán

En el mercado internacional de commodities, los precios del crudo extendieron su racha correctiva a la baja perdiendo el soporte de los US$100 por barril.

El petróleo Brent cedió un 4,57 % hasta los US$93,83 por barril (ampliando sus caídas recientes hacia la zona de los US$95,00) y el WTI perdió un 3,38 %, ubicándose en US$87,76 por barril.

La caída en las cotizaciones energéticas respondió al alivio en la prima de riesgo geopolítico, luego de que Donald Trump señalara como poco probable la orden de nuevos ataques masivos en caso de concretarse un acuerdo diplomático sólido con Irán, factor que restó un apoyo clave para el peso colombiano vía términos de intercambio.

MinHacienda advierte necesidad de ley de rescate económico

En el frente de noticias macroeconómicas y fiscales locales, la intervención del Gobierno en el XIII Congreso de Asofiduciarias elevó la cautela entre los analistas.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, advirtió que de no aprobarse una ley de rescate económico para 2027, las necesidades de financiamiento externo escalarían a US$26.000 millones (cinco veces el promedio reciente de US$5.000 millones), escenario que llevaría al país a una depresión económica y a la contracción del PIB.

El funcionario admitió también que el Gobierno no logrará cumplir la meta inicial de recortar $20 billones en el Presupuesto General de este año debido a los imprevistos y al costo derivado del reciente terremoto, por lo que se trabaja en la implementación de un segundo paquete de recortes parciales.

El proyecto contempla gravar con la tarifa general del 19 % del impuesto al valor agregado (IVA) una serie de bienes y servicios que, hasta el momento, han estado exentos o excluidos de este impuesto, incluyendo entre estos categorías como bienes y servicios culturales y recreativos. Con esta modificación, se pretende eliminar la exclusión del artículo 476 del Estatuto Tributario que protege las entradas a los espectáculos públicos de las artes escénicas, incluido el cine, y además los servicios requeridos para el montaje de tales espectáculos.

Gonzalo Castellanos, consultor en políticas y proyectos culturales en América Latina, advierte en diálogo con este medio sobre el impacto directo de este impuesto en los consumidores. Desde su perspectiva, la entrada en vigencia del IVA significaría un aumento automático del 19 % en el precio de las boletas para los espectadores, lo que tendría como consecuencia una disminución de la taquilla, afectando tanto la demanda como las finanzas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Este fondo, instituido por la ley 814 de 2003, se nutre de contribuciones parafiscales generadas por el mismo sector, y financia cada año, de manera no reembolsable, diferentes proyectos cinematográficos en etapas que incluyen desde el desarrollo de guiones hasta la promoción y exhibición.

Catalina Valencia, coordinadora de la Línea de Cultura de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y exsecretaria de Cultura de Bogotá, expresa preocupación sobre la posible pérdida de público, en especial considerando que la industria apenas se recupera del impacto de la pandemia. Aumentar el costo de acceso a estos eventos podría desalentar la asistencia y comprometer la sostenibilidad del sector cultural en general. Además, Castellanos señala el efecto colateral: los costos de producción para otros espectáculos públicos, como música, teatro y danza, también se incrementarían ante la eliminación de la exclusión del IVA en los servicios para sus montajes.

Valora Analitik reporta que para 2025 el precio promedio de una entrada será cercano a los $18.000, pero el valor real pagado ronda los $8.366, lo que acentúa la preocupación por el acceso asequible a la cultura si se aplica el nuevo impuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella el precio de las entradas de cine en Colombia?

De acuerdo con la información de Valora Analitik y las declaraciones de expertos citados en el artículo, si se aprueba la “Ley de rescate económico” tal como está planteada, las entradas de cine pasarían a tener un IVA del 19 %, lo que aumentaría directamente su precio desde el 2028 y podría reducir la asistencia a las salas en el país, comprometiendo también los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

¿Por qué la eliminación de la exclusión del IVA podría afectar la sostenibilidad del sector cultural en Colombia?

Según lo advertido por Gonzalo Castellanos y Catalina Valencia, el aumento en los precios de las entradas y en los costos de montaje de espectáculos significaría una probable caída en el público asistente. Esto afectaría los ingresos del propio sector cultural y la financiación de proyectos, justo cuando el sector apenas empieza a recuperarse de la pandemia y necesita consolidar su público nuevamente.

(Lea también: Pensión en Colombia: ¿puede quedarse sin mesada después de cotizar semanas adicionales?)

La opción quedó reglamentada para la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) mediante la Resolución 1529 del 24 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. La norma creó el tipo de cotizante 76, denominado “Trabajador de tiempo parcial Independiente”, para permitir que quienes cumplen las condiciones realicen aportes obligatorios a pensión y riesgos laborales.

La medida desarrolla lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 34 de la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral. Antes, la Resolución 2064 de 2025 había incorporado el esquema flexible, pero la nueva regulación separó la modalidad para independientes de la que se utiliza para trabajadores dependientes.

La implementación del cotizante 76 en la PILA comenzó a aplicarse en el periodo de cotización de agosto de 2026. Para periodos anteriores, entre julio de 2025 y julio de 2026, el Ministerio de Salud precisó que debía utilizarse el tipo de cotizante 51 a través de la planilla de independientes.

¿Quiénes pueden cotizar pensión si ganan menos de un salario mínimo?

La alternativa está dirigida a trabajadores independientes que realizan actividades remuneradas por días, semanas o durante una parte del mes y cuyos ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente.

Esto puede ser relevante para personas que tienen trabajos ocasionales o actividades por cuenta propia y no logran completar el ingreso mínimo mensual. Por ejemplo, alguien que presta servicios de cuidado, realiza labores domésticas de manera independiente, trabaja en oficios por días o desarrolla actividades informales podría revisar si cumple las condiciones para utilizar este mecanismo.

No obstante, tener ingresos bajos o no contar con un contrato laboral no significa que cualquier persona pueda inscribirse automáticamente. Debe tratarse de un trabajador independiente que cumpla las condiciones de la modalidad y que tenga resuelta su afiliación al sistema de salud.

La cotización del tipo 76 no incluye aportes a salud. Por eso, la persona debe estar afiliada al régimen subsidiado o figurar como beneficiaria del régimen contributivo. No se trata de una alternativa para quedarse sin cobertura médica ni de una autorización para dejar de cumplir las obligaciones de afiliación en salud.

¿Cuánto se debe pagar a pensión según los días trabajados?

Uno de los aspectos centrales de esta modalidad es que el ingreso base de cotización (IBC) para pensión se calcula de manera proporcional, de acuerdo con los días laborados durante el mes.

La Resolución 1529 de 2026 establece cuatro rangos:

• Entre 1 y 7 días trabajados: el IBC para pensión corresponde a la cuarta parte de un salario mínimo.
• Entre 8 y 14 días: corresponde a la mitad de un salario mínimo.
• Entre 15 y 21 días: equivale a tres cuartas partes de un salario mínimo.
• Entre 22 y 30 días: se toma un salario mínimo completo como IBC para pensión.

Esto quiere decir que una persona que trabaja menos de una semana no tiene que cotizar a pensión sobre el salario mínimo completo, sino sobre una base proporcional. La misma lógica se aplica a quienes trabajan dos o tres semanas.

(Puede interesarle: Impuesto al patrimonio tendría nuevo límite: quiénes dejarían de pagarlo con De la Espriella)

Para entenderlo con un ejemplo, si se toma como referencia el salario mínimo de 2026, de $1.750.905, y se aplica la tarifa de pensión del 16 %, los aportes aproximados serían los siguientes:

• Si trabaja entre 1 y 7 días: el IBC sería de $437.726 y el aporte a pensión, de aproximadamente $70.036.
• Si trabaja entre 8 y 14 días: el IBC sería de $875.453 y el aporte a pensión, de aproximadamente $140.072.
• Si trabaja entre 15 y 21 días: el IBC sería de $1.313.179 y el aporte a pensión, de aproximadamente $210.109.
• Si trabaja entre 22 y 30 días: el IBC sería de $1.750.905 y el aporte a pensión, de aproximadamente $280.145.

Estos valores corresponden únicamente al componente de pensión. No representan el total que debe pagarse en la PILA, porque esta modalidad también contempla el aporte obligatorio a riesgos laborales.

Hay un pago adicional por riesgos laborales: así funciona

Este es uno de los puntos que deben tener presentes quienes quieran utilizar el cotizante 76. Aunque el aporte a pensión se calcula según los días efectivamente trabajados, la cotización a riesgos laborales tiene una regla diferente.

La Resolución 1529 establece que para riesgos laborales se deben reportar 30 días cotizados y un IBC equivalente a un salario mínimo, sin importar si la persona trabajó una semana, dos o el mes completo.

Por eso, el valor final no se obtiene sumando únicamente el aporte proporcional a pensión. También debe incluirse el pago a riesgos laborales, cuya tarifa depende de la clase de riesgo de la actividad que realiza el trabajador.

Como referencia, para una persona que cotiza por 30 días a pensión sobre un salario mínimo de 2026, el aporte pensional sería cercano a $280.145. Si se toma como ejemplo una actividad clasificada en riesgo I, el aporte a riesgos laborales sería de aproximadamente $9.140. En ese escenario, el pago conjunto rondaría los $289.285.

Ese cálculo es ilustrativo: el valor puede cambiar según la clasificación de riesgo que corresponda a la actividad. Además, si la persona trabajó menos días, el aporte a pensión baja, pero el componente de riesgos laborales mantiene la base de un salario mínimo por 30 días.

¿Se puede cotizar sin pagar caja de compensación?

El aporte a caja de compensación familiar es voluntario para quienes utilizan el tipo de cotizante 76. La resolución permite elegir entre dos tarifas: 0,6 % o 2 %.

Si la persona decide realizar ese aporte, el IBC para caja se calcula con la misma proporcionalidad establecida para pensión: una cuarta parte del salario mínimo para quienes trabajan entre uno y siete días; la mitad para quienes trabajan entre ocho y 14; tres cuartas partes entre 15 y 21; y un salario mínimo para quienes trabajan entre 22 y 30 días.

Por lo tanto, no es obligatorio pagar caja de compensación para utilizar esta modalidad. El trabajador puede realizar los aportes obligatorios a pensión y riesgos laborales y decidir si también quiere vincularse voluntariamente al sistema de subsidio familiar.

¿La cotización es obligatoria?

No. La Resolución 2064 de 2025 señala que el esquema flexible tiene carácter opcional para los trabajadores independientes que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo. La obligación general de cotizar bajo las reglas ordinarias aplica a quienes perciben ingresos iguales o superiores a ese umbral, de acuerdo con las condiciones legales.

La alternativa busca abrir una puerta para que personas con actividades económicas discontinuas puedan realizar aportes al sistema pensional, en lugar de quedar por fuera de la cotización por no completar un mes de trabajo o no alcanzar el ingreso mínimo.

En todo caso, antes de pagar, es importante verificar con el operador de información de la PILA que se esté utilizando el tipo de cotizante correcto, que la actividad tenga la clasificación de riesgo laboral correspondiente y que la afiliación a salud esté vigente bajo alguna de las modalidades permitidas.

La posibilidad de cotizar por días puede ayudar a construir una trayectoria pensional, pero no significa que el trabajador tenga garantizada una pensión: el reconocimiento de esa prestación dependerá de las condiciones y requisitos que establezca el régimen pensional al que esté afiliado.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los resultados serán presentados el 12 de noviembre, después de que cierre la jornada bursátil. Además, Ecopetrol planea realizar una conferencia virtual el 13 de noviembre. En este espacio, la administración de la petrolera dará detalles sobre el desempeño operativo y financiero registrado entre julio y septiembre, así como responderá a preguntas de analistas e inversionistas que siguen de cerca su evolución.

Hasta ahora, ni las cifras del tercer trimestre ni los motivos específicos detrás del cambio en la fecha han sido revelados públicamente por Ecopetrol. Esta falta de explicación mantiene al mercado a la expectativa, especialmente porque los informes trimestrales permiten analizar indicadores esenciales como operación, producción y comportamiento financiero de la empresa, cuyos movimientos suelen tener efecto directo sobre las finanzas públicas de Colombia y el precio de su acción en bolsa.

El ajuste en el programa implica que quienes participan en el mercado bursátil deberán esperar algunos días adicionales para acceder a la información que suele influir en la toma de decisiones de inversión. De igual modo, la realización de una conferencia tras la presentación de resultados refuerza la importancia de la transparencia y la comunicación entre la empresa y sus principales grupos de interés, como inversionistas, analistas y medios especializados. Según reporta el comunicado de la petrolera, la conferencia ofrecerá un espacio para discutir los resultados y resolver inquietudes sobre el desempeño del tercer trimestre.

Con estos cambios, se evidencia la relevancia que los resultados de Ecopetrol tienen no solo para su propio balance, sino también para la salud financiera del país y la confianza del mercado en su gestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Ecopetrol aplazó la presentación de sus resultados del tercer trimestre de 2026?

Hasta el momento, Ecopetrol no ha comunicado públicamente las razones concretas que llevaron a modificar la fecha de divulgación de sus cifras financieras y operativas para el tercer trimestre de 2026. Según el anuncio oficial citado en el artículo, la empresa solo informó el nuevo cronograma, manteniendo al mercado e inversionistas a la espera de una justificación más detallada sobre esta decisión.

¿Cuándo presentará Ecopetrol los resultados financieros del tercer trimestre y cómo será la presentación?

De acuerdo con lo informado por Ecopetrol, los resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2026 se darán a conocer el 12 de noviembre, después de la jornada bursátil. Además, la dirigencia de la empresa organizará una conferencia virtual el 13 de noviembre para exponer detalles sobre el desempeño y responder preguntas de analistas e inversionistas interesados en el desarrollo de la compañía durante ese periodo.

Según datos del DANE, la inflación anual en septiembre alcanzó el 6,29 % y, de acuerdo con estimaciones recogidas por medios nacionales, el mercado espera que para octubre la cifra anual aumente ligeramente, llegando a 6,38 %. Es relevante mencionar que 20 de las 21 entidades consultadas coinciden en dicha proyección, mientras que la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) plantea una perspectiva más optimista, calculando el indicador en 6,25 %.

Este comportamiento de los precios está vinculado directamente al incremento de ciertos rubros que, de acuerdo con los analistas citados, presionan el costo de vida en el país. Entre estos factores destacan el aumento en las tarifas de la energía, el costo de los arriendos, los alimentos, así como los servicios de restaurantes y hoteles. El dato final que entregue el DANE permitirá entender cómo evolucionó el costo de vida durante el último mes y será un insumo esencial en las conversaciones de política económica que definirán el salario mínimo.

Mientras se esperan los datos oficiales, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) hizo pública su posición frente al incremento salarial. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, expresó que el ajuste real para el salario mínimo no debería sobrepasar el 9 %. Además, solicitó que se retome la fórmula tradicional que considera tanto la inflación como la productividad del año inmediatamente anterior. De acuerdo con Cabal, es fundamental que la decisión final contemple la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero también los costos que enfrentan las empresas para mantener y crear empleo formal.

Aunque la propuesta del 9 % parte de Fenalco, todavía no se define el porcentaje definitivo, el cual se alcanzará en un proceso de concertación que integrará a empresarios, trabajadores y el Gobierno nacional. De esta discusión dependerá el salario base que regirá a partir del primero de enero de 2027 y que impactará a millones de colombianos en su vida diaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se publica el dato oficial de inflación para octubre en Colombia?

Según la información del DANE, el anuncio se realiza el lunes 9 de noviembre a las 6:00 de la tarde. Este dato es esencial para comprender el comportamiento de los precios y orientar las negociaciones sobre el salario mínimo para el 2027 en el país.

¿Qué factores influyen en el aumento de la inflación en Colombia según el DANE?

Los informes citados indican que los principales elementos que inciden en el incremento del costo de vida son los precios de la energía, los arriendos, los alimentos, y los servicios de restaurantes y hoteles. Estos rubros han tenido un comportamiento determinante en las recientes cifras de inflación presentadas por el DANE.

Sin embargo, lo propuesto por el gobierno De la Espriella, al menos en la reforma tributaria que realiza cambios al IVA, los aportes a salud y la renta, entre otros, genera un fuerte rechazo en el marco del Legislativo.

(Vea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

En Barranquilla, el Gobierno socializó el proyecto con las distintas bancadas que hacen parte de las comisiones económicas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

Tiempos límite de la reforma tributaria del gobierno De la Espriella

Si bien el proyecto ya tiene mensaje de urgencia, su aprobación cuenta con unos límites puntuales. Las sesiones ordinarias del Congreso van, para el cierre de este año, hasta el 17 de diciembre.

Un punto clave está en que el gobierno De la Espriella puede llamar a sesiones extraordinarias, por lo que, después del 17 de diciembre, el Legislativo deberá sentarse a debatir los proyectos que indique el Ejecutivo, siendo en este caso la Ley Rescate.

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En ese sentido, las discusiones no pueden extenderse más allá del periodo de receso; finalizan, a más tardar, el día anterior al inicio del siguiente periodo de sesiones ordinarias. La legislatura de inicio de 2027 está prevista para arrancar en febrero.

Aunque mantener estables los combustibles busca proteger el bolsillo de los hogares y contener la inflación, la diferencia entre los precios nacionales e internacionales termina siendo asumida por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Según expertos, el diésel tiene un subsidio cercano a los 8.000 pesos por galón, lo que representa un costo superior al billón de pesos mensuales.

De acuerdo con estimaciones de Lumen Economic Intelligence, este beneficio podría costarle al país unos 13,5 billones de pesos al año. Además, el Fondo podría cerrar 2026 con un déficit acumulado de entre 13 y 14 billones de pesos.

Los analistas advierten que mantener esta política aumenta la presión sobre el presupuesto nacional, pese a que el encarecimiento del petróleo también genera mayores ingresos para Ecopetrol y recaudo tributario.

Para cerrar la brecha, el diésel tendría que pasar de 11.320 a 19.100 pesos por galón, un incremento del 69 %. Sin embargo, los expertos consideran que el ajuste tendría que hacerse gradualmente por su impacto económico.

Esta contingencia financiera surge de un riguroso análisis formulado por la consultora internacional Crowe Co, replicado por Portafolio, que examinó detalladamente los alcances del Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado formalmente ante el Congreso el pasado 29 de octubre.

La iniciativa gubernamental, denominada Ley de Rescate Económico, introduce sustanciales transformaciones en la tabla de deducciones para el sistema de seguridad social, afectando directamente la liquidez mensual de una amplia porción de la fuerza laboral nacional.

El socio líder de Tax & Legal de la firma especializada, Juan Carlos Arbeláez Mesa, coordinó este ejercicio cuantitativo tomando como base el salario mínimo de 2026 fijado en $1.750.905 para estimar los escenarios tributarios del periodo 2027.

Bajo el marco regulatorio vigente, los trabajadores aportan el 4 % sobre su ingreso mensual para salud, pero la reforma proyectada eleva esa contribución obligatoria hasta una tarifa del 5,5 % al superar los topes definidos.

El problema alrededor de la Ley de Rescate radica en que este porcentaje incrementado gravaría la remuneración total y no el excedente, castigando directamente a quienes apenas superan el umbral legal determinado por las autoridades nacionales en el articulado radicado.

Una persona que perciba exactamente dos sueldos básicos suma $3’501.810 y dispone de$ 3’221.665 tras deducir salud y pensión, pero si sube apenas un peso hasta $ 3’501.811 su ingreso líquido baja a $ 3’169.139.

Ese desfase aritmético deja una merma directa de $52.526 mensuales para el empleado, configurando un incentivo negativo frente a los aumentos salariales menores en las empresas colombianas.

“Según el texto radicado, el nuevo aporte del 5,5 % se cobraría sobre todo el salario, no solo sobre la parte que supere los dos salarios mínimos”, explicó Arbeláez.

Para esquivar esta reducción en el poder adquisitivo familiar, el trabajador requeriría un incremento mínimo de $ 58.042, requiriendo alcanzar una asignación de $ 3’559.852 exclusivamente para conservar el ingreso neto que poseía antes de la modificación legislativa.

El diagnóstico advierte sobrecostos adicionales de salud de $ 35.018 al rebasar cuatro mínimos y de $ 87.545 al superar el umbral de diez sueldos básicos.

Registros de la UGPP compilados en julio de 2026 revelan la existencia de 2’431.354 cotizantes dependientes con bases superiores a dos salarios mínimos que quedarían expuestos a estas deducciones.

Sin embargo, los autores del documento técnico subrayan que no todos los trabajadores experimentarían idéntica afectación patrimonial, puesto que la merma real dependerá del rango salarial y las particularidades de cada contrato.

El impacto fiscal se extiende igualmente hacia las compañías contratantes, puesto que una firma actualmente exonerada pagaría $210.109 adicionales mensuales cuando un dependiente pase de dos mínimos exactos a ese monto más un peso.

El salto patronal más fuerte ocurriría al rebasar tres salarios mínimos equivalentes a $ 5’252.715, donde elevar un solo peso la paga generaría un encarecimiento de $ 393.955 al costo mensual laboral.

“Es posible que las empresas respondan con aumentos salariales más moderados, menos contratación formal o más presión hacia la informalidad”, advirtió Arbeláez.

Como alternativa de solución técnica, los analistas sugieren gravar exclusivamente los valores excedentes para suprimir saltos distorsivos en la liquidación de las planillas empresariales.

Estas proyecciones omiten retenciones tributarias adicionales o el auxilio de transporte, permaneciendo a la espera de los debates plenarios del trámite legislativo en el Capitolio Nacional.

¿Qué es la Ley de Rescate Fiscal?

La Ley de Rescate Fiscal constituye una iniciativa legislativa integral orientada a estabilizar las finanzas públicas mediante ajustes tributarios estructurales y un riguroso control del gasto estatal.

El proyecto busca garantizar la sostenibilidad macroeconómica en el corto plazo, reorganizando fuentes de recaudo para cumplir las metas presupuestales frente a las presiones de la deuda soberana.

Entre sus pilares esenciales sobresale la simplificación del esquema impositivo nacional, suprimiendo gravámenes de baja eficiencia operativa para aliviar las cargas administrativas sobre la industria y los contribuyentes.

Asimismo, la propuesta contempla modificaciones en las tarifas de aportes para seguridad social, incrementando contribuciones en determinados rangos salariales para fortalecer el financiamiento del sistema público.

La normativa persigue corregir asimetrías fiscales históricas, eliminando exenciones ineficaces y combatiendo la evasión de capitales mediante herramientas tecnológicas avanzadas en la administración aduanera y tributaria.

Paralelamente, el marco regulatorio establece límites estrictos a la expansión burocrática del Estado, protegiendo al mismo tiempo la inversión en programas sociales focalizados y obras de infraestructura regional.

El debate legislativo en el Congreso evalúa el impacto financiero de las medidas sobre la generación de empleo formal, la competitividad empresarial y la estabilidad del ingreso familiar.

Según la Encuesta de Expectativas de Citi, 20 de las 21 entidades consultadas proyectan que la inflación anual subirá de 6,29% en septiembre a 6,38% en octubre. La única entidad que espera una reducción es Asobancaria, que estima una cifra de 6,25%.

Entre las proyecciones más bajas están las de Skandia y Positiva, con 6,30%, mientras que Itaú calcula 6,33%. En el otro extremo, Aval Asset Management prevé que el indicador llegue a 6,54%.

Las principales presiones sobre los precios vendrían de alojamiento y servicios públicos, especialmente por los incrementos en los arriendos y las tarifas de energía. También influirían los alimentos, las carnes, los lácteos y los restaurantes.

Algunos analistas advierten que el fenómeno de El Niño podría encarecer las cosechas y generar nuevas alzas en los precios de los alimentos.

En contraste, la revaluación del peso favorecería una reducción en los precios de vehículos, electrodomésticos y motocicletas importados, lo que ayudaría a moderar el indicador.

La inflación es uno de los factores determinantes en la negociación del salario mínimo para 2027, pues refleja cuánto ha aumentado el costo de vida y cuánto poder adquisitivo han perdido los trabajadores.

Este indicador, junto con la productividad laboral, sirve como referencia para establecer el porcentaje de incremento salarial que se discutirá entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Por eso, un dato de inflación más alto puede aumentar la presión para negociar un reajuste mayor, con el objetivo de compensar el encarecimiento de los alimentos, los arriendos, los servicios públicos y otros gastos de los hogares.

La Procuraduría citó para este lunes 9 de noviembre al director de la Aerocivil, Arnaud Penent, luego de que una falla en el sistema de visualización dejara al Centro de Control Bogotá sin información de vigilancia durante cerca de dos horas, según los controladores.

El organismo advirtió que ocho de los catorce mecanismos instalados estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones.

La contingencia del 4 de noviembre obligó a suspender despegues, regular el tráfico aéreo y ampliar la separación entre aeronaves.

Latam confirmó la cancelación de ocho vuelos, mientras que Clic reportó diez cancelaciones y Wingo registró demoras. Aunque la Aerocivil calculó la afectación en 45 minutos, los controladores aseguraron que duró varias horas.

La preocupación aumenta porque existen otras fallas en la infraestructura aérea: mecanismos fuera de servicio en Leticia, estaciones ADS-B sin funcionamiento, más de veinte radioayudas VOR/DME afectadas y limitaciones en los sistemas de seguridad de Cali y El Dorado.

La Procuraduría también alertó sobre equipos obsoletos, falta de repuestos y contratos de mantenimiento vencidos, por lo que exigió explicaciones y avances en la modernización tecnológica.

A pesar de los reportes provenientes de medios iraníes acerca de nuevos ataques estadounidenses a objetivos situados en la isla de Qeshm, en el estratégico estrecho de Ormuz, los mercados internacionales del petróleo han continuado con su tendencia bajista. Según lo reportado, la referencia Brent acumuló en la semana previa una reducción cercana al 17%, situándose el viernes anterior en 98,32 dólares por barril. Este comportamiento se da en medio de señales por parte de algunos actores internacionales acerca de próximos avances diplomáticos entre Washington y Teherán, lo que incrementa las expectativas en torno a una posible distensión del conflicto.

Los inversionistas siguen atentos a cualquier dato o declaración proveniente de la región, ya que una porción significativa de la producción y del transporte mundial de crudo depende del flujo en Medio Oriente. No obstante, pese a los riesgos inherentes, la actitud en los mercados ha sido priorizar las señales de moderación en la confrontación, por encima de los riesgos inmediatos relacionados con el suministro de petróleo.

Adicionalmente, las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido seguidas de cerca por los mercados. El mandatario reiteró que no busca intensificar el conflicto con Irán y manifestó su intención de avanzar hacia una solución que disminuya los riesgos en la región. Para Colombia, el desempeño del Brent resulta especialmente relevante, ya que esta referencia marca tanto el valor de buena parte de las exportaciones de petróleo como el ingreso de divisas y el balance fiscal nacional.

La cotización del Brent por debajo de los 95 dólares por barril lleva a los mercados y al país a evaluar constantemente el impacto potencial que la evolución del panorama geopolítico podría causar sobre la oferta y los precios mundiales de la energía.

¿Por qué el precio del Brent es tan importante para Colombia?

El Brent es fundamental para Colombia porque actúa como referencia de las exportaciones de crudo del país. Según la información expuesta, su valor influye directamente sobre los ingresos externos, las cuentas fiscales y la entrada de divisas, impactando en la economía nacional de forma significativa.

¿Qué factores explican la reciente caída en los precios internacionales del petróleo?

La reciente disminución en los precios del petróleo, incluyendo el Brent y el WTI, se encuentra vinculada a la volatilidad por el conflicto Estados Unidos-Irán y a las expectativas de reducción de tensiones geopolíticas. De acuerdo con los reportes citados, señales de posibles avances diplomáticos y declaraciones de líderes como Donald Trump han impulsado al mercado a anticipar una eventual moderación de los riesgos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La iniciativa busca compensar a los hogares de menores ingresos por el impuesto que pagan al comprar productos y servicios, especialmente ante el posible aumento de la tarifa del 5 % al 19 % para algunos artículos de consumo básico.

Según el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, el programa beneficiaría a 35,5 millones de colombianos. De ese total, 19 millones recibirían la devolución total del IVA que pagan, mientras que otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de ese valor.

Uno de los puntos que aclaró la cartera es que no será obligatorio contar con factura electrónica para acceder al beneficio.

Además, las personas que no estén bancarizadas también podrán recibir los recursos mediante giros en efectivo u otras modalidades presenciales.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) administrará el mecanismo y coordinará los pagos, que se realizarían cada 15 días a través de Bre-B, mediante llaves o plataformas como Nequi.

Las transferencias podrían oscilar entre $213.000 y $288.000, dependiendo de los ingresos de cada hogar.

Para las personas en pobreza extrema que no aparezcan con compras en los sistemas oficiales de información, se contempla un monto mínimo de devolución.

Según explicó María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, el 75 % de este presupuesto, correspondiente a cerca de 3,2 billones de pesos, estará dirigido a inversión. Esto implica que la mayor parte de los recursos serán asignados a proyectos y programas de desarrollo regional. Por otro lado, el 19 % del presupuesto, equivalente a 795.000 millones de pesos, se destinará al funcionamiento administrativo, y el porcentaje restante, el 6 %, se empleará en el pago del servicio de la deuda, es decir, en el cumplimiento de obligaciones financieras preexistentes.

Un aspecto destacado del presupuesto 2027 es la inclusión de un apartado específico dirigido al Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del Valle del Cauca (PAER). En ese contexto, María Victoria Machado indicó que se han reorientado rentas por un valor de 116.000 millones de pesos, que se suman a los 550.000 millones de pesos en créditos previamente aprobados por la Asamblea, ambos con destinación exclusiva para los esfuerzos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Por su parte, el diputado Daniel Hoyos, ponente del proyecto, dio a conocer que se prevé un incremento del 9,2 % en los ingresos corrientes del departamento para este periodo. Sin embargo, destacó que los recursos de capital registrarán una significativa disminución del 42,7 %, reduciéndose de 692.000 millones a 328.000 millones de pesos en comparación con la vigencia anterior.

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¿Cómo se distribuirán los recursos del presupuesto del Valle del Cauca para 2027?

De acuerdo con la directora de Hacienda y Finanzas Públicas, el presupuesto departamental de 2027 se orienta mayoritariamente hacia la inversión social y de infraestructura, con cerca de 3,2 billones de pesos designados a estos rubros. El 19 % se utilizará en funciones administrativas y el 6 % cubrirá el servicio de la deuda. Además, una parte específica estará dirigida a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, con recursos propios y créditos previamente aprobados.

¿Qué es el PAER y cuál será su impacto en el presupuesto del Valle del Cauca?

El Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del Valle del Cauca, conocido por su sigla PAER, es una línea especial dentro del presupuesto dedicada a financiar las acciones de reparación y rehabilitación en las zonas impactadas por el reciente terremoto. Según datos suministrados, incluye la reorientación de rentas y créditos que buscan garantizar una atención integral a los daños causados por el desastre.

En términos simples, la tasa de cambio nominal muestra exactamente cuántos pesos colombianos se deben entregar para obtener un dólar. Según la información consultada, las variaciones de este indicador afectan directamente a la economía interna y externa del país. Los movimientos en la tasa de cambio nominal pueden presentarse de dos maneras: depreciación y apreciación del peso. Cuando este indicador sube, se produce una depreciación de la moneda colombiana, lo que significa que se necesita más pesos para adquirir un dólar. Esta situación incrementa el costo de las importaciones, pues los productos comprados en el exterior se vuelven más caros en términos de la moneda nacional.

Por el contrario, si la tasa de cambio nominal baja, ocurre una apreciación del peso colombiano. Eso indica que con menos pesos se puede comprar un dólar, abaratando las importaciones y permitiendo que los productos extranjeros sean más accesibles para los consumidores locales. Sin embargo, esta apreciación puede disminuir la competitividad de los exportadores nacionales, ya que sus productos se encarecen fuera del país.

Para medir de manera oficial estas variaciones, el sistema financiero utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según la información analizada, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de todas las tasas ponderadas en las transacciones de compra y venta de dólares por pesos, realizadas por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras y la Financiera de Desarrollo Nacional, entre otras. Un aspecto clave es que la negociación y liquidación de las transacciones deben hacerse el mismo día para que se incluyan en la TRM. Actualmente, la tasa representativa del mercado señala que 1 dólar equivale a 3.237,83 pesos colombianos.

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¿Cuál es la función principal de la tasa de cambio nominal en Colombia?

La tasa de cambio nominal sirve principalmente para determinar cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir una divisa extranjera, especialmente el dólar estadounidense. Esta cifra es fundamental para definir el valor del peso frente al dólar en operaciones comerciales, de inversión y financiamiento con el exterior.

¿Qué entidades participan en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)?

En el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) participan entidades del sistema financiero bajo vigilancia, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

La compañía estadounidense anunció una investigación independiente para esclarecer si el directivo fue objetivo de servicios de inteligencia extranjeros y si se filtró información confidencial.

Según una investigación de The New York Times, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Alice Huang, una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, trabajaría para Pekín y habría compartido información. La mujer no tiene parentesco con el empresario.

Huang reconoció la infidelidad en un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia y pidió disculpas a su esposa, sus hijos y el personal de la compañía. Admitió que sus acciones causaron daño y aseguró que no tiene excusas.

Por su parte, China rechazó las acusaciones y calificó las versiones sobre una supuesta espía como difamaciones sin fundamento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también respaldó a Huang, lo calificó como un hombre honorable y aseguró que espera que pueda explicar lo sucedido.

Incluso manifestó su disposición a llevarlo en su próxima gira por Asia, que incluye una cumbre con el mandatario chino Xi Jinping.

Durante el encuentro, el senador Gustavo Moreno, del partido En Marcha, confirmó que se llegó al compromiso de instalar mesas técnicas de trabajo. Señaló que el Gobierno está abierto a la negociación, consciente de que el texto original de la reforma no será el que finalmente apruebe el Congreso. Entre los puntos centrales del debate está cómo enfrentar los 71 billones de pesos en evasión fiscal existentes, además de discutir ajustes para ampliar la base gravable, es decir, el número de personas o empresas sujetas al pago de impuestos.

No obstante, El Espectador informó que, más allá de exponer posturas y contrapropuestas políticas, no se logró avanzar significativamente en materia de conciliación. Además, la ausencia del presidente Abelardo de la Espriella en la reunión causó desilusión entre algunos asistentes, que esperaban pautas más claras desde el Ejecutivo. Destaca también la expectativa generada por Alejandro Ordóñez, quien fue percibido como conciliador al acoger inquietudes y propuestas, dando esperanza de una mayor apertura al diálogo en las próximas sesiones.

La reunión marcó otro punto polémico: la ausencia de representantes del Pacto Histórico, principal sector opositor. El senador Alejandro Ocampo, integrante de las comisiones económicas, criticó la falta de invitación y consideró que fue un error del Gobierno excluir a su partido de la discusión. Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) María Carolina Restrepo Cañavera, entre otros altos funcionarios. Por el contrario, la esperada asistencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, tampoco se dio.

De acuerdo con El Espectador, se abre una nueva etapa en la que el éxito de la iniciativa dependerá, en gran medida, de cómo el Gobierno logre incorporar las observaciones de los congresistas y tejer acuerdos políticos efectivos en estos espacios de concertación.

¿Qué cambios propone la ley de ajuste fiscal del Gobierno y por qué preocupa a los congresistas?

La ley de ajuste fiscal presentada por el Gobierno busca, entre otras cosas, ampliar la base gravable y combatir la evasión fiscal, que se calcula en 71 billones de pesos. Los congresistas muestran preocupación ante el alcance de estos cambios y la manera en que se implementarán, ya que podría modificar de manera significativa la carga tributaria para algunos sectores. Además, la falta de consensos iniciales ha generado incertidumbre sobre si la reforma atenderá las inquietudes y contrapropuestas expresadas por los distintos partidos.

¿Qué significa “base gravable” en el contexto de la ley de ajuste fiscal?

En el contexto fiscal, “base gravable” se refiere al conjunto de personas o empresas sobre quienes recae la obligación de pagar impuestos. Ampliar la base gravable implica que más ciudadanos o compañías serían responsables de tributar, lo cual es un tema clave de discusión en la ley de ajuste fiscal, ya que podría implicar un mayor número de aportantes y afectar diferentes sectores de la sociedad colombiana.

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El trámite será contrarreloj, debido a las diferencias entre las bancadas sobre los nuevos impuestos y los recortes al Estado.

El Ejecutivo ya radicó un mensaje de urgencia para acelerar la discusión y espera que las comisiones económicas comiencen esta semana el estudio formal de la iniciativa.

El primer acercamiento con los congresistas se realizó el sábado en Barranquilla, pero no fue una mesa de negociación. En el encuentro, el Gobierno expuso los objetivos del proyecto y los partidos plantearon sus reparos. El Pacto Histórico no asistió.

De acuerdo con el calendario previsto, las comisiones económicas tendrían hasta la cuarta semana de noviembre para aprobar el primer debate.

Posteriormente, el proyecto pasaría a las plenarias de Cámara y Senado, que deberían discutirlo entre finales de noviembre y la primera quincena de diciembre.

El proceso también podría complicarse si ambas corporaciones aprueban textos diferentes, pues sería necesaria una conciliación.

El Gobierno enfrenta así el reto de acelerar el trámite y negociar los apoyos políticos, especialmente frente a quiénes asumirán el costo del ajuste fiscal. Si el Congreso rechaza las iniciativas, no podrán entrar en vigor por decreto.

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y las normas vigentes establecen causales taxativas de despido que impiden calificar la falta de destrezas digitales como una falta grave imputable al dependiente.

Sin embargo, no saber utilizar una nueva tecnología no constituye, por sí solo, una justa causa de despido en Colombia, aclarando el panorama jurídico ante crecientes temores ciudadanos.

De hecho, la Ley 2466 de 2025 contempla una política pública de protección y transición laboral frente a la automatización, que incluye mecanismos de reconversión y empleabilidad.

Dicha normativa fija compromisos concretos para las compañías, además de establecer obligaciones específicas de formación en herramientas tecnológicas para los empleadores de teletrabajadores en el territorio nacional.

Por consiguiente, si una corporación decide prescindir de un empleado únicamente porque carece de destreza operativa con un programa novedoso, incurre en un despido sin justa causa legal.

Esa situación obliga al empleador a desembolsar indemnizaciones económicas sustanciales, al tiempo que abre puertas jurídicas para reclamaciones laborales sustentadas en la falta de capacitación interna previa.

La llegada de sistemas informáticos modifica profundamente el entorno productivo, demandando un esfuerzo conjunto para que el personal adquiera competencias técnicas pertinentes sin arriesgar su permanencia en la empresa.

Esta transformación se extiende a diferentes sectores económicos, modificando tareas cotidianas que anteriormente dependían exclusivamente de destrezas manuales o procesos mecánicos ejecutados durante extensas jornadas presenciales.

En finanzas, por ejemplo, el análisis de datos y la automatización están modificando los procesos operativos habituales de bancos, firmas fiduciarias y entidades aseguradoras del mercado colombiano.

En la industria manufacturera, los sistemas inteligentes están cambiando la gestión de la producción, optimizando los ciclos fabriles y exigiendo supervisiones electrónicas más precisas por parte de los operarios.

En la construcción, las metodologías como Building Information Modeling (BIM), el diseño digital y las plataformas colaborativas están exigiendo nuevas competencias a arquitectos, ingenieros y trabajadores de obra.

La rapidez de estas transformaciones técnicas desafía a los equipos directivos, superando con frecuencia los programas convencionales de aprendizaje dispuestos dentro de las empresas nacionales.

Según un estudio de HubSpot, el 82 % de las empresas colombianas utiliza IA en alguna medida, generando un entorno de alta presión formativa para la nómina dependiente.

De acuerdo con el Work Trend Index 2026 de Microsoft, el 70 % de los usuarios de IA en el país teme quedarse atrás si no incorpora rápidamente esta tecnología.

A esa inquietud generalizada se suma un estudio de Cintel que revela que el 44 % de los colombianos considera que la inteligencia artificial podría afectar su empleo en el futuro.

Frente a esa percepción, los especialistas señalan que los saberes acumulados continúan siendo el activo principal de todo profesional cuando se complementan con destrezas computacionales modernas.

“La transformación tecnológica no significa que la experiencia profesional pierda importancia, sino que debe complementarse con nuevas habilidades para responder a las exigencias del mercado laboral. En construcción, por ejemplo, un arquitecto o ingeniero puede tener más de 20 años de trayectoria, pero si desconoce las herramientas digitales con las que se desarrollan y coordinan los proyectos, tendrá dificultades para acceder a la información, trabajar de manera articulada con otros profesionales y participar en procesos que requieren estas competencias, lo que puede limitar sus oportunidades de vincularse a nuevos proyectos o asumir mayores responsabilidades”, explicó Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.

Según la Hoja de Ruta de Inteligencia Artificial para el Sector Constructor Colombiano, presentada por Camacol en 2026, el 98 % de las empresas analizadas considera que esta tecnología tendrá un impacto alto o transformador.

Ese mismo informe del gremio constructor advierte que apenas el 4% la ha incorporado en procesos críticos y el 31% identifica la escasez de talento especializado como una barrera.

La adopción de software no busca suprimir puestos de manera automática, sino actualizar las funciones desempeñadas por el talento humano en cada área operativa de la compañía.

“La tecnología no debería generar temor entre los trabajadores, sino motivarlos a aprender nuevas formas de desarrollar sus actividades, pues un profesional que combina su experiencia con habilidades digitales puede mejorar su desempeño, asumir nuevos retos y aportar mayor valor a su organización. Para lograrlo, es importante que las empresas comuniquen con claridad cómo estas herramientas transformarán las funciones de sus equipos y qué oportunidades de formación tendrán a su alcance, de manera que puedan reducir la resistencia al cambio y motivar a sus colaboradores a participar activamente en esa transformación”, agrega Zapata.

La legislación nacional resguarda la estabilidad jurídica del trabajador, pero adaptarse mediante capacitación continua resulta determinante para preservar la vigencia profesional en un mercado cambiante.

El evento comenzó sobre el mediodía en la sede alterna de la Presidencia en la capital del Atlántico. Entre los asistentes estuvieron varios congresistas de las comisiones económicas, como Sara Castellanos del partido Salvación Nacional, Álvaro Monedero por el Partido Liberal, David Barguil del Partido Conservador y Cristian Garcés del Centro Democrático. Sin embargo, algunos congresistas de la oposición que también hacen parte de estas comisiones, como Andrea Vargas y María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico, no fueron invitados al encuentro.

Por parte del gobierno asistieron figuras de alto nivel, entre ellos el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; Nicolás Gómez, jefe de despacho presidencial; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín; la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera y la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie. Destacó la ausencia del presidente De la Espriella y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos.

Durante la reunión, el Gobierno expuso los puntos fundamentales del proyecto de ley de ajuste fiscal, que ha sido objeto de cuestionamientos en el Congreso por su impacto en la carga impositiva. Por ejemplo, el Centro Democrático propuso una alternativa que sugiere una reducción significativa del tamaño del Estado, pasando de 18 ministerios a solo seis, eliminando o reestructurando 48 entidades, y mostrando desacuerdo con la posible imposición de impuestos sobre servicios como internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola y fertilizantes. Además, la propuesta del Gobierno propone revisar tributos para empresas y personas naturales y ofrecer incentivos para que los deudores se pongan al día con entidades como la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales).

En palabras de El Espectador, tras las exposiciones sobre el ajuste fiscal y la alternativa del Centro Democrático, varios congresistas plantearon cambios que consideran esenciales para avanzar durante el año electoral. Además, la cita marcó la presentación oficial ante el Congreso del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien ya ha comenzado acercamientos con los partidos de la bancada de gobierno para impulsar la aprobación de la iniciativa, incluso planteando posibles sesiones extraordinarias en diciembre.

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¿Cuáles son los puntos clave de la ley de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno?

La propuesta se enfoca en revisar la estructura impositiva para empresas y personas naturales, proteger beneficios fiscales existentes y ofrecer incentivos para regularizar las deudas con entidades estatales. Además, incluye la posibilidad de vender una mayor participación del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación y simplificar el sistema de impuestos. El objetivo central es mejorar las finanzas públicas, fomentar la inversión privada y reducir o eliminar ciertos tributos para incentivar el crecimiento económico, según información de El Espectador.

¿En qué consiste la reforma alternativa del Centro Democrático frente a la ley fiscal?

La alternativa propuesta por el Centro Democrático plantea una reducción fuerte en el tamaño del Estado, pasando de 18 a seis ministerios y eliminando o reestructurando 48 entidades públicas. Además, rechaza la idea de imponer impuestos sobre servicios y bienes básicos como internet, café o insumos agrícolas, enfocándose más en recortes estatales y menos impuestos como vía para el ajuste fiscal. Todo esto fue presentado en la reunión de Barranquilla, de acuerdo con El Espectador.

Dentro de los principales puntos de la iniciativa alterna, destaca la revisión de impuestos a empresas y personas naturales, la protección de beneficios tributarios y el diseño de incentivos atractivos para deudores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), lo que esperan se traduzca en ingresos adicionales estimados entre COP 10 y 15 billones. Asimismo, plantea la posible venta de una mayor participación estatal en Ecopetrol, el fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación y la oferta de más garantías para incentivar la inversión privada. La simplificación del sistema tributario, la reducción o eliminación de impuestos y el establecimiento de mecanismos alternativos de financiación se configuran como ejes para dinamizar las finanzas públicas y propiciar la inversión.

La propuesta también incluye medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Para ello, proponen la creación de un fondo de créditos a 30 años destinado a propietarios afectados e instaurar tarifas diferenciales que faciliten la reactivación del empleo en las áreas comprometidas. El documento reúne planteamientos técnicos de asesores económicos del Centro Democrático, entre ellos Santiago Pardo, Santiago Montenegro, Lisandro Junco y Andrés Felipe Arias, quienes participaron en la reunión de bancada.

Otra inquietud es el impacto de nuevos impuestos, incluidos posibles aumentos del IVA a bienes y servicios esenciales como internet para los estratos más bajos, café, seguros de salud, turismo, maquinaria agrícola y plataformas de inteligencia artificial, según El Espectador. También advierten del efecto que puede tener sobre las tiendas de barrio la imposición de gravámenes a productos de consumo popular. Para afrontar los retos fiscales, la iniciativa sugiere la reestructuración de 48 entidades estatales, incluso con la posible eliminación de la Agencia Nacional de Tierras y la reducción de 18 a 6 ministerios, lo que representaría ahorros significativos para el Estado.

Finalmente, el documento propone que los empresarios reciban una rebaja real de impuestos y, a cambio, suscriban un bono forzoso por cinco años sobre el 20 % de sus utilidades, que pueda negociarse en el mercado. Estas ideas serán presentadas mediante un encuentro convocado por asesores presidenciales que, además, servirá para que Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior, se presente ante los congresistas. El Gobierno aspira a lograr la aprobación de su proyecto fiscal en sesiones extraordinarias del Congreso antes de finalizar el año.

¿Cuáles son los puntos principales de la propuesta alternativa del Centro Democrático a la ley de rescate fiscal?

La propuesta del Centro Democrático incluye revisar impuestos para empresas y personas naturales, proteger beneficios tributarios, crear incentivos para deudores de la DIAN y la UGPP, considerar la venta de participación del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación, reestructurar entidades del Estado y proponer un bono forzoso para los empresarios como alternativa de financiación estatal, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué impacto tendría el aumento de impuestos a productos y servicios esenciales según la propuesta del Centro Democrático?

Según lo consignado por El Espectador, la bancada advierte que aumentar el IVA a productos y servicios esenciales como internet para estratos bajos, café, seguros de salud, turismo y maquinaria agrícola, puede afectar negativamente a hogares y tiendas de barrio, desestimulando el ahorro, la inversión y perjudicando la economía popular.

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La iniciativa, denominada Reconstrucción por Impuestos, plantea una hoja de ruta para financiar la recuperación de viviendas en los territorios afectados por el terremoto. De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Vivienda, la reconstrucción habitacional requiere una inversión estimada de $19,7 billones, por lo que el Gobierno busca sumar recursos y capacidades del sector empresarial para avanzar en las soluciones destinadas a las familias damnificadas.

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El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, explicó que el programa permitirá que las compañías destinen parte de sus obligaciones correspondientes al impuesto de renta a la ejecución de proyectos habitacionales. De esta manera, los recursos tributarios podrán convertirse en obras de infraestructura residencial y soluciones concretas para los hogares que necesitan recuperar sus viviendas.

¿Cómo serían las modalidades de participación?

La propuesta contempla tres modalidades de participación para las empresas interesadas. La primera corresponde a la construcción de vivienda nueva, mientras que la segunda está relacionada con la edificación de casas en terrenos propios de las familias beneficiarias. La tercera alternativa consiste en ejecutar obras de mejoramiento de viviendas ubicadas en zonas urbanas.

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Con estas opciones, el Ministerio busca ampliar las fuentes de financiación y facilitar la intervención de las compañías privadas en las zonas que requieren atención habitacional. Además, el mecanismo pretende vincular la inversión empresarial con proyectos que respondan a las necesidades de los hogares afectados.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del Ministerio de Vivienda en la red social X, donde se destacó la necesidad de articular esfuerzos entre el Gobierno y el sector privado para atender los requerimientos de reconstrucción.

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Una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral abordó precisamente una de esas situaciones. El caso involucró a una afiliada de Colfondos que había acumulado más de 2.000 semanas cotizadas, pero enfrentaba dificultades para que se completara su historia laboral y se resolviera el reconocimiento de su pensión.

El fallo deja una enseñanza importante para quienes están cerca de la jubilación: tener la edad y superar el número mínimo de semanas no significa necesariamente que la mesada se empiece a pagar de inmediato. También es necesario revisar las condiciones particulares del régimen pensional, la financiación de la prestación y, en este caso, la acreditación del retiro del servicio.

¿Qué pasó con la afiliada que tenía más de 2.000 semanas cotizadas?

El proceso fue promovido por María Lucy Valencia Herrera contra Colfondos, el Departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Ministerio de Hacienda y el Hospital San José de Neira. Según los antecedentes judiciales, la mujer nació el 12 de mayo de 1958 y trabajó para el Hospital San José de Neira desde el 26 de junio de 1979. Durante su trayectoria laboral estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales y, posteriormente, se trasladó al régimen de ahorro individual administrado por Colfondos.

La controversia surgió porque algunos periodos antiguos de su vida laboral no estaban debidamente incorporados en la historia de cotizaciones. En particular, estaban pendientes tiempos correspondientes a 1979 y a junio-diciembre de 1994, cuya financiación debía ser asumida por las entidades responsables.

La situación afectó el trámite de su pensión. Colfondos había señalado que no podía avanzar con el reconocimiento mientras no se resolvieran las inconsistencias relacionadas con el bono pensional y se completara la información necesaria para determinar el capital disponible.

En el expediente se registró que la afiliada tenía 2.073 semanas cotizadas para agosto de 2019 y que, en mayo de 2021, su cuenta individual registraba un saldo de $62.611.580.

¿Por qué tener más semanas no garantizaba el pago inmediato de la pensión?

Para entender la importancia de la decisión es necesario distinguir entre dos conceptos: el reconocimiento de una pensión y el momento desde el cual una persona puede comenzar a disfrutar de ella.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), al que pertenecía la afiliada, existen diferentes formas de acceder a una pensión. Una de ellas es la pensión de vejez financiada con el capital acumulado en la cuenta individual. Otra es la garantía de pensión mínima, que permite completar los recursos cuando el afiliado cumple las condiciones legales, pero el ahorro reunido no alcanza para financiar una mesada equivalente al mínimo.

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El artículo 65 de la Ley 100 de 1993 establece, para la garantía de pensión mínima, requisitos de edad y semanas cotizadas. En el caso analizado, el Tribunal encontró que la mujer superaba ampliamente las 1.150 semanas previstas en esa disposición y ya había cumplido la edad exigida para las mujeres.

Sin embargo, la Sala advirtió que no podía establecer con certeza si el capital disponible alcanzaba para financiar una pensión de vejez bajo las condiciones del artículo 64 de la misma ley. La razón era que todavía faltaba incorporar y financiar algunos periodos de cotización.

Esto no significaba que las semanas adicionales le hicieran perder el derecho. El problema era que la historia laboral incompleta impedía establecer con precisión el ahorro pensional y determinar la modalidad de financiación que correspondía.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la responsabilidad de la administradora de pensiones frente a la reconstrucción de la historia laboral. Colfondos argumentó que las dificultades para reconocer la prestación estaban relacionadas con la falta de documentos y con los periodos pendientes de acreditar por parte de otras entidades. No obstante, el Tribunal recordó que las administradoras deben adelantar las gestiones para obtener los bonos pensionales y hacer seguimiento a esos trámites desde que se concreta la afiliación, no solamente cuando el trabajador solicita su pensión.

La Sala consideró que la afiliada se había trasladado a Colfondos en 1999 y que, por tanto, la administradora había tenido años para gestionar la incorporación de los tiempos necesarios. En la providencia, el Tribunal señaló que no resultaba aceptable que, después de alrededor de 20 años desde el traslado, fuera apenas al momento de la solicitud pensional cuando se desplegaran las gestiones para obtener los bonos pendientes.

Por esa razón, confirmó la decisión de primera instancia que ordenó a Colfondos reconocer provisionalmente la pensión mínima con cargo a sus propios recursos, una vez se acreditara el retiro del servicio de la afiliada. La administradora también debía continuar con los trámites correspondientes ante las entidades responsables de financiar la prestación.

¿Por qué el Tribunal no reconoció intereses por la demora?

Este es uno de los aspectos más importantes para entender el alcance del precedente. La demandante también reclamó intereses moratorios por el tiempo que había transcurrido sin que se reconociera y pagara su pensión. El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 contempla estos intereses cuando existe mora en el pago de las mesadas pensionales.

Sin embargo, el Tribunal no concedió ese reconocimiento. La razón no fue que descartara las demoras de Colfondos en la gestión de la historia laboral, sino que no encontró acreditada una fecha cierta desde la cual la afiliada tuviera derecho a disfrutar de la mesada.

La sentencia de primera instancia había condicionado el pago de la pensión a que se demostrara el retiro del servicio. Para el Tribunal, ese hecho no estaba probado dentro del proceso. Tampoco encontró en el expediente una certificación que demostrara el retiro definitivo de la trabajadora.

En consecuencia, concluyó que no podía establecerse desde cuándo se había configurado la mora en el pago de las mesadas. Por eso, negó los intereses solicitados.

En su decisión del 1 de noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Manizales modificó parcialmente la sentencia de primera instancia. Ordenó que el título pensional correspondiente al periodo entre el 26 de junio y el 31 de agosto de 1979 fuera reconocido con cargo al patrimonio autónomo constituido mediante el contrato de concurrencia 083 de 2001, a través del Departamento de Caldas y la Dirección Territorial de Salud.

La Sala confirmó los demás puntos de la decisión, entre ellos la obligación de Colfondos de reconocer provisionalmente la garantía de pensión mínima una vez se acreditara el retiro del servicio. También mantuvo la responsabilidad de las entidades involucradas en completar los periodos de cotización pendientes, de acuerdo con las obligaciones que les correspondían.

El caso deja varias recomendaciones prácticas para los trabajadores que están próximos a cumplir los requisitos de jubilación. La primera es revisar periódicamente la historia laboral y verificar que aparezcan todos los periodos trabajados. No basta con confiar en que las semanas estén completas: también es importante comprobar que los empleadores y las administradoras hayan registrado correctamente los aportes.

La segunda es solicitar a la administradora que explique cualquier inconsistencia, periodo faltante o bono pensional pendiente. Cuando existen tiempos antiguos sin registrar, es importante identificar qué entidad debe responder por ellos y conservar certificaciones laborales y soportes de cotización.

La tercera es tener presente que el momento de cumplir la edad y las semanas no siempre coincide con la fecha desde la cual comienza el pago de la mesada. En el caso analizado, el retiro del servicio fue determinante para establecer el inicio del disfrute de la prestación.

Por ejemplo, una persona que ya completó las semanas requeridas, pero continúa trabajando y cotizando, no debe asumir que por haber superado ese requisito comenzará automáticamente a recibir una pensión. Debe revisar las condiciones de su régimen y los requisitos para iniciar el disfrute de la prestación.

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La preocupación no es menor: para muchos hogares, el predial representa un gasto importante dentro del presupuesto anual. Por eso, cualquier cambio que pueda elevar el valor de este impuesto genera expectativa, sobre todo cuando se trata de una vivienda que ha sido construida, ampliada o modificada con el paso del tiempo.

Un concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fechado el 16 de septiembre de 2026, explicó en qué situaciones los predios pueden perder el beneficio de los topes establecidos para controlar los incrementos del impuesto predial. La respuesta señala que los cambios en el destino económico del inmueble y las modificaciones en las áreas de terreno o construcción pueden hacer que deje de aplicarse uno de esos límites.

La aclaración es importante porque no todos los aumentos del predial se calculan de la misma manera. La normativa contempla topes diferentes según las condiciones del inmueble, su actualización catastral y el cumplimiento de ciertos requisitos. Además, la administración municipal debe revisar cada predio y cada vigencia antes de determinar qué límite corresponde.

Construir o modificar el área del inmueble puede cambiar el impuesto predial

El artículo 2 de la Ley 1995 de 2019 establece límites al incremento del impuesto predial unificado. Sin embargo, también contempla situaciones en las que esa protección no aplica.

El parágrafo de esa disposición señala expresamente que la limitación no cobija a los predios que hayan cambiado de destino económico ni a aquellos que hayan sufrido modificaciones en las áreas de terreno o construcción.

En su concepto, Hacienda precisó que esa exclusión comprende cualquier cambio en las áreas, tanto los aumentos como las disminuciones. Es decir, no se limita a los casos en los que el propietario construye una habitación adicional, amplía la vivienda o levanta una nueva edificación: también puede involucrar modificaciones físicas que reduzcan el área registrada.

Esto significa que una persona que amplíe su casa o construya una nueva estructura podría quedar por fuera del límite de incremento previsto en la Ley 1995 de 2019, si la modificación física se acredita y se cumplen las condiciones legales para aplicar la excepción.

También puede ocurrir cuando cambia el destino económico del inmueble. Por ejemplo, si un predio que estaba destinado a vivienda pasa a tener un uso comercial, la administración deberá revisar esa modificación para establecer qué reglas tributarias corresponden.

El Ministerio fue claro sobre el alcance de la disposición: la exclusión opera frente a cualquier cambio de área, sin distinguir entre incrementos y disminuciones. Por eso, la autoridad tributaria municipal debe comprobar las condiciones del inmueble antes de aplicar o descartar el límite.

¿Cuáles son los topes en el impuesto precial que pueden proteger al propietario?

Para entender el impacto de esta aclaración es necesario conocer los límites que contempla la legislación colombiana. La Ley 1995 de 2019 establece tres reglas principales para controlar el aumento anual del impuesto predial:

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• Predios actualizados catastralmente: el incremento tiene como límite el IPC más ocho puntos porcentuales, siempre que el inmueble haya sido actualizado y que el impuesto del año inmediatamente anterior se haya pagado con base en esa actualización.
• Predios sin actualización catastral: el aumento no puede superar el 50 % del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior.
• Viviendas de estratos 1 y 2: cuando el avalúo catastral sea de hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el incremento anual no puede superar el 100 % del IPC, siempre que no se configure alguna de las excepciones legales.

Estos topes no se aplican automáticamente a todos los inmuebles. La administración debe verificar las condiciones particulares del predio y establecer si cumple los requisitos.

Por ejemplo, si una vivienda sin actualización catastral pagó $1 millón de impuesto predial el año anterior, el límite del 50 % permitiría que el cobro llegara hasta $1,5 millones en la siguiente vigencia, siempre que se cumplan las condiciones para aplicar esa regla y no opere alguna excepción.

Pero si ese inmueble presenta una modificación física real en sus áreas o cambia su destino económico, podría quedar excluido del límite de la Ley 1995 de 2019. Eso no significa que necesariamente vaya a pagar una suma determinada: la liquidación dependerá de las características del predio, su avalúo y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Uno de los aspectos más importantes del concepto de Hacienda es que la exclusión de un tope no significa que el municipio pueda aumentar el predial sin revisar ninguna otra norma.

El Ministerio explicó que, cuando no resulte aplicable alguno de los límites de la Ley 1995 de 2019, la administración debe estudiar si corresponde aplicar el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, que también contempla restricciones al crecimiento del impuesto.

La entidad hizo una precisión adicional sobre los inmuebles que ya tienen construcciones. Si un predio contaba con un área construida y esta cambia durante una actualización catastral, esa circunstancia no lo excluye, en principio, del límite contemplado en la Ley 44 de 1990. La exclusión prevista en esa norma se refiere a determinados casos de lotes o predios que pasan a incorporar construcciones.

Por eso, cada situación debe analizarse de manera particular. No es correcto concluir que cualquier obra o modificación deja al propietario sin protección frente a todos los límites legales.

Un error en el catastro no debería quitarle el beneficio

El concepto también aborda un escenario que puede afectar a los propietarios: que la información catastral muestre un cambio en el área del inmueble que en realidad nunca ocurrió.

Hacienda indicó que la administración debe comprobar que la variación corresponda a una modificación física real y no a un error, ajuste técnico o inconsistencia en la información catastral.

En palabras sencillas, si el propietario no construyó, amplió ni modificó físicamente su inmueble, pero en el registro aparece un área diferente, puede presentar pruebas ante la administración tributaria municipal para demostrar que se trata de un error.

El Ministerio recordó un criterio del Consejo de Estado según el cual, cuando existe una diferencia entre la información catastral y las características reales del inmueble al momento de causarse el impuesto, deben prevalecer las condiciones efectivas del predio observables al primero de enero.

Por eso, si un ciudadano encuentra que el área registrada no coincide con la realidad, debe revisar la información y presentar los soportes correspondientes durante la discusión del impuesto. La autoridad municipal tendrá que evaluar las pruebas antes de determinar si procede la aplicación del límite.

Los topes del impuesto predial deben revisarse cada año

Otra aclaración relevante es que el hecho de que un inmueble haya recibido un límite al incremento en una vigencia no garantiza que ese mismo beneficio se mantenga automáticamente durante los años siguientes.

Hacienda explicó que la administración tributaria debe revisar cada año las condiciones del predio: si está actualizado o desactualizado, si se pagó el impuesto del periodo anterior con base en el avalúo actualizado, cuál es su valor catastral, su estrato y si existe alguna de las excepciones legales.

Esto quiere decir que un propietario no puede asumir que el porcentaje máximo aplicado en una factura anterior se repetirá necesariamente en la siguiente.

El concepto también explica que, si una actualización catastral entró en vigencia en 2025, para 2026 el límite de IPC más ocho puntos podría aplicarse a los predios que pagaron durante 2025 el impuesto calculado con ese nuevo avalúo, siempre que no estén dentro de una excepción.

Para 2030, si no se realiza una nueva actualización dentro del plazo correspondiente, los predios actualizados en 2025 podrían adquirir la condición de desactualizados. En ese escenario podría entrar a operar el límite del 50 % previsto para esos inmuebles, siempre que tampoco se configure una excepción.

¿Qué debe revisar si considera que su impuesto predial subió demasiado?

La explicación de Hacienda deja varias recomendaciones para los propietarios:

(También puede leer: Impuesto predial: así puede saber si le están cobrando de más)

• Revise el área del inmueble: compare los metros cuadrados registrados en el catastro con las características físicas reales de su vivienda o terreno.
• Verifique el destino económico: compruebe que el uso registrado corresponda a la actividad que efectivamente se desarrolla en el predio.
• Consulte el avalúo catastral: revise si el inmueble fue actualizado y cuál fue la base utilizada para liquidar el impuesto.
• Compruebe los pagos anteriores: para acceder al límite de IPC más ocho puntos de la Ley 1995 de 2019, es necesario haber pagado el impuesto de la vigencia anterior con base en el avalúo actualizado.
• Presente pruebas si hay errores: si el catastro registra una modificación física que no ocurrió, puede aportar documentos y soportes ante la administración tributaria municipal.

De acuerdo con la información suministrada, la respuesta positiva del mercado fue evidente, registrando una demanda total de 371.600 millones de pesos, es decir, 1,86 veces el monto originalmente ofrecido. Esta cifra permitió adjudicar la totalidad de la emisión en condiciones favorables para la empresa.

Los bonos fueron emitidos a plazos de cinco y doce años y están indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), utilizando una tasa efectiva anual del 7,79%. Según indicó ESSA, los recursos conseguidos permitirán la ejecución de su plan de inversiones y la atención de aspectos clave relacionados con la operación diaria, así como la gestión de liquidez que demanda el negocio energético.

José Gregorio Ramírez Amaya, gerente encargado de ESSA, destacó la importancia de esta operación, señalando que proporciona un fortalecimiento significativo para la financiación a largo plazo de la compañía. Este respaldo es fundamental para las inversiones orientadas a la expansión y modernización del sistema eléctrico en la región donde opera la empresa.

ESSA actualmente desarrolla actividades clave en el sector energético, tales como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Su mayor presencia se evidencia en Santander, donde tiene casi el 70% del mercado de comercialización. Asimismo, la empresa mantiene operaciones activas en otros departamentos como Cesar, Bolívar, Antioquia y Boyacá.

Adicionalmente, ESSA cuenta con dos centrales hidroeléctricas, cuya capacidad instalada conjunta alcanza los 21,2 megavatios, opera 82 subestaciones y presta el servicio eléctrico en un área cercana a los 37.000 kilómetros cuadrados. Al cierre del primer semestre de 2026, la empresa reportó más de 973.000 clientes y una cobertura energética del 99% en los municipios bajo su influencia, según datos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la emisión de bonos de ESSA tuvo una alta demanda en el mercado colombiano?

La emisión de bonos de ESSA por 200.000 millones de pesos recibió una demanda de 371.600 millones, lo que indica gran interés por parte de los inversionistas. Según la información entregada por la empresa, este resultado refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de ESSA y en su plan de inversiones para modernizar y expandir el sistema eléctrico, así como en la rentabilidad ofrecida por los bonos indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Qué proyectos e inversiones financiará ESSA con los recursos obtenidos en la emisión de bonos?

De acuerdo con lo informado por ESSA, los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos servirán para respaldar proyectos de inversión, atender necesidades operativas y fortalecer el capital de trabajo. Estos fondos estarán orientados principalmente a la expansión y modernización del sistema eléctrico, apoyando así la cobertura y la calidad del servicio en los departamentos en los que la empresa tiene presencia.

De acuerdo con la información entregada por el DANE, el comportamiento de los precios en este periodo estuvo motivado principalmente por dos sectores clave: minería y agricultura, ganadería y pesca. La minería tuvo una variación anual de 6,38%, mostrando el crecimiento más notorio, mientras que el sector agropecuario experimentó un aumento del 4,57%. En contraste, las industrias manufactureras presentaron un incremento mucho más moderado de apenas 0,52%, lo que sugiere que la presión sobre los precios recae especialmente en el sector primario de la economía.

Al analizar los productos que más influyeron en el aumento del IPP a lo largo de los últimos doce meses, el DANE resaltó que los aceites de petróleo crudo aumentaron 10,42%, las papas subieron 155,92% y los cítricos incrementaron su precio en 34,58%. En conjunto, estos pocos productos concentraron más de dos puntos porcentuales del resultado anual total del índice, mostrando su peso en la dinámica de precios.

No obstante, existen productos que ayudaron a contener el crecimiento del IPP. El café mostró una significativa reducción anual de 32,36%, el café trillado o verde cayó en 19,33% y el alcohol etílico, junto con otros alcoholes desnaturalizados, retrocedieron 27,51%. Estos descensos contribuyeron a que el índice general no aumentara más fuertemente.

En la comparación mensual, el IPP nacional creció 2,20% en septiembre respecto a agosto de 2026, impulsado principalmente por el sector minero con un salto de 12,21%. El sector agropecuario aumentó 2,35% y la industria apenas 0,22%. Productos como los aceites de petróleo crudo, papas y la hulla explicaron gran parte de la variación mensual. Por el contrario, el café experimentó una baja mensual de 7,83%, mientras que las hortalizas de raíz y otros frutos oleaginosos también presentaron reducciones.

En lo que va del año, el IPP acumuló un aumento del 5% frente a diciembre de 2025, destacándose la minería con un 18,25% y el sector agropecuario con 12,03%. Los bienes producidos para exportación reportaron, además, un incremento de 6,02% en septiembre respecto al mes anterior. Así, según el DANE, los precios de los productos mineros y agropecuarios son los principales determinantes de la evolución del indicador, mientras los bienes industriales muestran variaciones moderadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos influyen más en la variación del Índice de Precios del Productor (IPP) en Colombia?

Según el DANE, los productos que más influyen en la variación del IPP en Colombia son los aceites de petróleo crudo, las papas y los cítricos, debido a sus aumentos significativos de precio durante el último año. Estos productos aportaron más de dos puntos porcentuales al resultado anual, por lo que su comportamiento es determinante en la dinámica general del índice.

¿Cómo afecta el sector agropecuario al Índice de Precios del Productor en Colombia?

El sector agropecuario tiene una influencia relevante sobre el IPP, ya que en el último periodo analizado mostró un incremento anual de 4,57%. Este crecimiento, junto con la minería, fue clave en el comportamiento general del indicador. Además, productos como las papas y los cítricos, que pertenecen a este sector, presentaron aumentos destacados, mientras que el café registró caídas que ayudaron a moderar el aumento total del IPP.

Esta medida se enmarca dentro del Plan Energía Ya, un programa impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo propósito es asegurar que las empresas generadoras cumplan con las obligaciones de respaldo energético financiadas por los usuarios mediante el cargo por confiabilidad. Este cargo tiene como función asegurar la disponibilidad de recursos de generación adicionales en el sistema eléctrico en casos donde la producción hidroeléctrica disminuye.

De acuerdo con la Superservicios, las inspecciones están dirigidas a determinar si las plantas térmicas tienen la capacidad de responder efectivamente a las necesidades del sistema eléctrico, especialmente en momentos de baja disponibilidad de agua en los embalses. En caso de detectar incumplimientos durante estas visitas, la entidad advirtió que se darán inicio a las actuaciones administrativas pertinentes según la legislación vigente, lo que podría derivar en sanciones para las empresas involucradas.

Las jornadas de inspección comenzaron el 3 de noviembre en las instalaciones de Gecelca 3, en Puerto Libertador, Córdoba, y Lebsa, en Barranquilla, Atlántico. Posteriormente, el 4 de noviembre, el turno fue para la planta Tesorito, en Sahagún, Córdoba. Para el 6 de noviembre, se visitaron las plantas Termocandelaria en Cartagena y Termoflores en Barranquilla, dentro de un cronograma que integra futuras inspecciones a diversas instalaciones de la región Caribe.

Durante estos recorridos, los funcionarios verifican la operación, disponibilidad y capacidad de respuesta de las plantas; además, revisan el cumplimiento de las obligaciones regulatorias definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). También se examina la situación financiera de las empresas y se monitorea la infraestructura eléctrica y la implementación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este proceso se da en un contexto donde el almacenamiento de los embalses alcanza el 77,87% y el país cuenta con aproximadamente 30 días de lluvias antes del inicio de la temporada seca, según cifras oficiales. Por ello, la Superservicios y la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, han llamado a los usuarios a reducir el consumo, especialmente entre las 6:00 p. m. y 9:00 p. m., recomendando prácticas como apagar luces innecesarias y evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo en esas horas.

El Gobierno reitera su compromiso de verificar que las plantas térmicas cumplan su función de respaldo en el sistema eléctrico, y advierte que los procesos de control y fiscalización continuarán dentro del marco del Plan Energía Ya.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el cargo por confiabilidad en la energía eléctrica en Colombia?

El cargo por confiabilidad es un mecanismo financiero que los usuarios del servicio de energía eléctrica pagan para garantizar que existan plantas de generación disponibles cuando se presenten situaciones de baja producción hidroeléctrica, como ocurre durante el fenómeno de El Niño. Según Superservicios, estos recursos aseguran que el sistema pueda respaldarse con generación térmica u otras fuentes en momentos críticos.

¿Por qué las inspecciones a plantas térmicas en la región Caribe son clave para el servicio eléctrico?

Las inspecciones a las plantas térmicas de la región Caribe resultan clave porque estas instalaciones cumplen una función de respaldo en el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con Superservicios, su adecuado funcionamiento es esencial ante restricciones de generación hidroeléctrica causadas por bajas en el nivel de los embalses, permitiendo así mantener la continuidad del suministro eléctrico para los usuarios del país.

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En Bogotá, esa es la tendencia que muestra el mercado inmobiliario durante el primer semestre de 2026. El arriendo efectivo registró un aumento anual de 4,97 % a junio, una variación inferior a la inflación de la capital, que llegó a 5,98 %, y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, que se ubicó en 6,14 %.

La diferencia es relevante porque indica que, en promedio, los cánones de arrendamiento pagados en la ciudad aumentaron menos que el conjunto de los precios de bienes y servicios. Sin embargo, esto no significa que todos los propietarios hayan aplicado el mismo incremento ni que cada arrendatario vaya a pagar menos.

Los datos hacen parte del informe Dinámica Inmobiliaria del segundo trimestre de 2026, elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La entidad también hizo un llamado a los propietarios para que mantengan incrementos mesurados y tengan en cuenta la capacidad de pago de quienes ocupan sus inmuebles.

Arriendos en Bogotá suben menos que la inflación: ¿qué significa para el bolsillo?

El arriendo efectivo aumentó 4,97 % anual a junio de 2026. En comparación, el IPC de Bogotá llegó a 5,98 %, mientras que el indicador nacional alcanzó 6,14 %. En otras palabras, el costo de los alquileres tuvo un crecimiento más moderado que el promedio de los precios en la economía. Esto puede ayudar a reducir la presión sobre los presupuestos familiares, especialmente en una ciudad donde el pago de vivienda representa uno de los compromisos mensuales más importantes para muchos hogares.

Para entenderlo con un ejemplo, si se toma un arriendo hipotético de $1 millón mensual y se le aplica un incremento de 4,97 %, el nuevo valor sería de $1.049.700. La diferencia sería de $49.700 al mes.

Si ese mismo millón aumentara 5,98 %, en línea con la inflación de Bogotá, el valor sería de $1.059.800. En este ejercicio, la diferencia entre ambos escenarios sería de $10.100 mensuales.

¿Cuánto pueden subir los arriendos de vivienda en 2026?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes viven en alquiler es cuánto puede aumentar el canon cuando llega la fecha de renovación del contrato. Para los contratos de vivienda urbana en Colombia, la Ley 820 de 2003 establece que el reajuste anual no puede superar el 100 % de la variación del IPC del año calendario inmediatamente anterior. Por eso, para los reajustes que corresponden a 2026, el porcentaje máximo es de 5,1 %, que fue la inflación registrada en 2025.

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Esto quiere decir que, si una persona paga actualmente $1 millón de arriendo y cumple un año desde el último reajuste, el propietario podría aumentar el canon hasta $51.000. En ese escenario, el nuevo valor sería de $1.051.000, siempre que se cumplan las condiciones legales para aplicar el incremento.

El ajuste no se realiza automáticamente cada enero para todos los contratos. El propietario puede aplicarlo cuando se cumplen doce meses bajo el mismo precio, de acuerdo con las condiciones del contrato y la legislación vigente.

Por eso, los arrendatarios deben distinguir entre dos cifras: el 4,97 % reportado por la Lonja, que muestra el comportamiento promedio del mercado, y el 5,1 %, que corresponde al límite legal de reajuste para los contratos de vivienda urbana durante 2026.

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá considera que los propietarios deben tener en cuenta la capacidad económica de sus arrendatarios al momento de establecer los incrementos.

La recomendación apunta a mantener relaciones contractuales estables, en lugar de buscar aumentos que puedan llevar a que una persona o familia no pueda continuar pagando el inmueble.

“Un arrendatario que paga oportunamente y cuida el inmueble representa un valor importante para el propietario. Mantener una relación contractual estable, con ajustes mesurados y comunicación clara, puede ser más conveniente que asumir periodos de vacancia, gastos de comercialización y la incertidumbre de encontrar un nuevo ocupante”, señaló Lina María Torrado Rojas, presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

La postura también pone sobre la mesa un aspecto económico para los dueños de vivienda: mantener un inmueble ocupado por un arrendatario cumplido puede resultar más conveniente que enfrentar meses sin recibir ingresos mientras buscan a otra persona.

El arriendo gana terreno frente a la compra de vivienda en Bogotá

El informe de la Lonja también muestra el peso que tiene el alquiler dentro del mercado inmobiliario de vivienda usada. Durante el primer trimestre de 2026, el 58,1 % de las colocaciones de vivienda usada correspondió a arriendos, mientras que el 41,9 % estuvo relacionado con ventas.

La distribución muestra que el alquiler tuvo una participación mayoritaria en las operaciones registradas durante ese periodo. Es decir, dentro de ese seguimiento del mercado, hubo más colocaciones para arrendar que para vender.

Este comportamiento confirma la importancia del arrendamiento como alternativa habitacional para los hogares. También ayuda a entender por qué las variaciones en los cánones tienen un impacto directo en la economía de las familias y en las decisiones de los propietarios.

Los datos del segundo trimestre muestran una diferencia favorable para los arrendatarios en Bogotá, pero no permiten asegurar que la tendencia se mantendrá durante los próximos meses.

Un evento liderado por el Centro Democrático congregó a toda su bancada y a expertos en economía. Allí, el expresidente Álvaro Uribe ratificó que las problemáticas fiscales que enfrenta la nueva administración ya habían sido advertidas cuando el partido era parte de la oposición al gobierno anterior de Gustavo Petro. Según Uribe, existen salidas alternativas al proyecto gubernamental, entre ellas, ajustar su contenido o reemplazarlo por una transformación profunda del sistema fiscal. No obstante, la bancada oficialista muestra ciertas reservas, sobre todo en lo relacionado con los posibles impuestos que, según consideran, afectarían especialmente a las clases medias. De hecho, El Espectador informó que podría presentarse incluso un contraproyecto.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, afirmó la importancia de la ley, pero insistió en que no debe implicar mayores cargas tributarias para los colombianos, particularmente quienes viven en la Región Caribe. Se mostró a favor de una reducción del tamaño del Estado, argumentando que existen funciones y cargos innecesarios que deben suprimirse. Esta colectividad cuenta con una presencia relevante en las comisiones económicas del Congreso.

La posición del Partido Liberal resulta similar. Sus miembros han debatido en torno a la necesidad y conveniencia de recortar gastos estatales y redistribuir recursos hacia las regiones, así como revisar los beneficios de las exenciones tributarias actuales. En este contexto, esperan que una próxima reunión con el Ejecutivo permita precisar propuestas frente a la estructura tributaria esbozada en el proyecto.

Por su parte, el Partido Conservador, encabezado por el expresidente del Senado Efraín Cepeda, realizó sesiones extraordinarias para estudiar el impacto de las medidas anunciadas, enfocándose especialmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los riesgos para las clases medias y la canasta básica. Las colectividades oficialistas manifiestan dudas ante la posibilidad de nuevos impuestos para estos grupos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, hizo un llamado al Capitolio para discutir el proyecto con responsabilidad, resaltando la gravedad del momento y la oportunidad de evitar una crisis fiscal y económica sin precedentes. Sin embargo, la controversia persiste por tensiones recientes entre miembros del gobierno y figuras como el expresidente Uribe.

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¿Cuáles son los puntos clave de la ley de ajuste fiscal propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley de ajuste fiscal busca reducir la burocracia, controlar la contratación y las compras estatales, y modificar o crear nuevos impuestos. Esto implica un impacto directo en el tamaño del Estado y su funcionamiento, además de introducir ajustes fiscales centrados en la redistribución del gasto y la revisión de exenciones tributarias, según el análisis de los partidos y lo reportado por El Espectador.

¿Cómo afectaría la ley de ajuste fiscal a las clases medias en Colombia?

Tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador han expresado preocupaciones sobre el potencial efecto negativo de nuevos impuestos, entre ellos el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta básica. Los partidos consideran que estas medidas podrían perjudicar el bolsillo de las familias de clase media, aspecto que mantiene la discusión abierta y pone en duda el respaldo político necesario para aprobar la iniciativa.

Esta determinación institucional abarca complejos operados por el grupo chileno Parque Arauco, activando simultáneamente montajes de luces, presentaciones artísticas en vivo y ferias comerciales dirigidas a miles de familias colombianas.

La estrategia coordinada involucra a Parque La Colina en Bogotá, Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Bucaramanga y Floridablanca, Parque Fabricato en Bello, Parque Alegra en Barranquilla y Outlet Arauco Sopó en Cundinamarca.

Las administraciones decidieron sincronizar esta apertura con el propósito de convertir cada complejo en un espacio de entretenimiento familiar, adelantando la época navideña tradicional frente al comportamiento actual del consumidor nacional.

El inicio de esta temporada también coincide con un momento estratégico para el comercio colombiano, cuando las marcas buscan dinamizar su inventario antes de las celebraciones principales de diciembre.

De acuerdo con la más reciente información de la Bitácora Económica de Fenalco, durante septiembre de 2026 el 34 % de los empresarios consultados reportó un incremento en sus volúmenes de ventas frente al mismo mes de 2025.

El gremio comercial destacó que las promociones y jornadas comerciales continuas contribuyeron a dinamizar las compras de los hogares, proyectando el fin de año como una etapa decisiva para el desempeño económico.

En Bogotá, la administración de Parque La Colina determinó encender sus luces principales a las 6:30 p. m. del sábado, integrando una presentación coral para ambientar los pasillos comerciales.

Asimismo, el establecimiento programó para el 8 de noviembre el gran encendido de luces y show musical a las 4:30 p.m. con Los Corraleros del Majagual, garantizando entrada libre para los asistentes.

En Pereira, Parque Arboleda fijó su gran encendido a las 5:00 p. m. en el nivel 2, incorporando más de 5.000 metros de iluminación técnica y dinámicas recreativas.

Por su parte, Parque Caracolí programó su evento central a las 7:00 p. m. sobre la autopista, destacando un árbol navideño con más de 15 metros de altura y una iluminación de 360 grados.

La jornada continuará a las 8:00 p.m. en la Zona social al ritmo de la Orquesta Celebration, complementada con DJ en vivo y personajes navideños para interacción del público santandereano.

Este complejo organizará además el Mercadito Sostenible los días 7 y 8 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., promoviendo emprendimientos locales en el segundo piso.

En Antioquia, Parque Fabricato iniciará sus actividades festivas a las 5:00 p. m. del sábado con el sorteo de una motocicleta Nmax, dando paso a recorridos recreativos familiares.

El recinto continuará su cronograma el domingo 8 de noviembre a las 5:00 p. m. con un desfile temático, manteniendo recorridos infantiles con Santa todos los fines de semana de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

En la Costa Caribe, Parque Alegra comenzó actividades desde el 6 de noviembre con la obra musical infantil Allegretto en el primer nivel del complejo comercial barranquillero.

El encendido de su árbol central quedó establecido para el 7 de noviembre a las 5:00 p. m., fecha en la cual el personaje Alegrito y sus duendes recibirán a los compradores.

A partir del 9 de noviembre habilitará su atracción mecánica navideña, sumando talleres gratuitos en el Club de Alegrito Navideño durante los fines de semana de noviembre a las 4:00 p. m.

En Cundinamarca, Outlet Arauco Sopó abrirá su iluminación nocturna el 7 de noviembre para recibir a compradores interesados en anticipar regalos con promociones y descuentos especiales.

El complejo reúne una variada oferta comercial que incluye firmas como Hugo Boss, Pepe Ganga, Casaideas, Le Creuset, TOUS, Under Armour y Timberland, cubriendo calzado, vestuario y artículos para el hogar.

La decisión de los seis centros comerciales consolida una temprana reactivación del consumo minorista mediante atracciones temáticas gratuitas pensadas para reunir a los hogares en torno a las celebraciones decembrinas colombianas.

El Gobierno recuerda que el apartado que busca mejorar el recaudo por el lado de los impuestos es muy importante para sentar las bases que garanticen, en el corto plazo, la estabilidad financiera de los próximos años.

El impuesto en Colombia que se busca eliminar es el que se aplica a los plásticos de un solo uso. Dice el proyecto de ley que, desde su entrada en vigencia, el tributo ha mantenido una participación marginal dentro de los ingresos tributarios administrados por la DIAN.

Cifras oficiales muestran que este gravamen generó ingresos por $ 65.000 millones en 2024 y $ 82.000 millones en 2025. Aunque estas cifras muestran un incremento nominal durante el periodo, su participación en el total de ingresos tributarios fue de apenas 0,02 % en 2024 y 0,03 % en 2025.

“Por otro lado, la pertinencia del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso debe evaluarse considerando que Colombia ya cuenta con un marco regulatorio integral para reducir la producción y el consumo de estos materiales. En particular, la Ley 2232 de 2022 estableció medidas orientadas a su sustitución gradual por alternativas sostenibles y al cierre de sus ciclos, con fundamento en los principios de prevención, precaución, progresividad, responsabilidad compartida y Responsabilidad Extendida del Productor, previstos en sus artículos 1, 2 y 3″, se lee.

Agrega el apartado del proyecto de ley que los artículos 4, 5 y 6 de la norma que regula el impuesto dispusieron la prohibición gradual de introducir en el mercado, comercializar y distribuir determinados productos plásticos de un solo uso, “con plazos diferenciados según las condiciones técnicas requeridas para su sustitución y con excepciones asociadas, entre otras, a razones médicas, sanitarias, de inocuidad y a la inexistencia de alternativas con un menor impacto ambiental”.

Entonces, el gobierno De la Espriella propone eliminar el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, creado por los artículos 50 a 53 de la Ley 2277 de 2022.

“La medida busca corregir las dificultades observadas durante su implementación, simplificar la estructura tributaria, reducir las cargas administrativas y sobre los contribuyentes que genera, fortalecer la competitividad de la industria nacional y evitar la superposición de obligaciones económicas cuya contribución ambiental adicional no ha sido suficientemente demostrada”, dice la Ley Rescate sobre este impuesto en Colombia.

Agrega el documento que su adopción no implicaría el desmonte ni el debilitamiento de la política ambiental dirigida a reducir el consumo de plásticos de un solo uso, “pues permanecerían vigentes las prohibiciones graduales, las metas de sustitución y contenido reciclado, los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor aplicables a envases y empaques, y las obligaciones de recolección y aprovechamiento previstas en la Ley 2232 de 2022”.

La afectación en Colombia se habría producido a través de ITTI, empresa hermana de Ueno Bank. Ambas compañías hacen parte del Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial cuyo principal ejecutivo, el CEO Miguel Vázquez, fue capturado en medio de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la concesión de créditos. Los acontecimientos también sacudieron el panorama político paraguayo, en medio de la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, según la información entregada.

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Los colombianos llegaron a la compañía tecnológica mediante procesos de selección impulsados por líderes técnicos del país, que promovieron la contratación de profesionales nacionales para desarrollar proyectos específicos. Uno de los trabajadores explicó a Portafolio cómo comenzó esa vinculación: “Se empezó a crear como un grupo para un tipo de desarrollo específico (…) había un colombiano que estaba liderando esta propuesta y bueno, y como que regó la oportunidad en algunas personas de Colombia”.

Sin embargo, el cierre de Ueno Bank habría paralizado buena parte de la operación del conglomerado, debido a que la entidad financiera era su principal cliente y uno de los soportes económicos del negocio. Ese escenario dejó a los trabajadores colombianos sin certezas sobre el futuro de sus puestos, pese a que algunos mensajes internos les indicaban que todavía figuraban como empleados de la organización.

La confusión también se extiende al pago de los salarios. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio económico, las comunicaciones de recursos humanos y de los directivos han entregado versiones diferentes sobre la situación contractual. “Por una parte nos han dicho que seguimos vinculados, pero que hay como una suspensión y que nos avisan en los siguientes días. En otros mensajes nos dan a entender que estamos suspendidos y que no se va a pagar octubre”, relató uno de los colaboradores.

La falta de una respuesta definitiva preocupa especialmente a quienes dependen de ese ingreso para cubrir sus obligaciones familiares. El mismo trabajador explicó que varios compañeros contaban con el dinero de octubre para responder por sus gastos y ahora no saben si recibirán ese pago. Mientras tanto, los empleados permanecen a la espera de instrucciones sobre la reanudación de actividades o la definición de sus contratos.

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Aunque el cierre de Ueno Bank tomó por sorpresa a buena parte de la plantilla colombiana, algunos trabajadores habían identificado señales de dificultades desde meses atrás. Uno de los antecedentes fue una reducción de personal en Argentina, donde la nómina habría pasado de aproximadamente 1.200 empleados a cerca de 900 después de una jornada de despidos. “Fue un layoff que se hizo solo en Argentina, pero nos prendió mucho las alarmas”, contó la fuente a Portafolio.

El colaborador también mencionó que antes del cierre hubo cambios en los equipos, movimientos en las áreas administrativas y ajustes en los cargos directivos, situaciones que despertaron dudas sobre lo que ocurría dentro del grupo. Sin embargo, aseguró que nadie esperaba una crisis de esa magnitud. Por ahora, cerca de 200 trabajadores colombianos siguen pendientes de una respuesta sobre sus empleos y el dinero que esperan recibir por el trabajo de octubre.

La propuesta comercial responde a la llegada del penúltimo mes del año, periodo decisivo donde las familias inician la organización de sus presupuestos para cubrir los compromisos navideños y las festividades venideras.

En esta etapa del calendario, la adecuada planeación del mercado doméstico resulta fundamental para mantener abastecida la despensa y amortiguar los incrementos habituales en el costo de los víveres de primera necesidad.

La iniciativa, que se ha hecho en varias ocasiones durante 2026, ofrece beneficios en Jumbo Pesos para acompañar las compras de mercado en una temporada en la que los hogares empiezan a organizar los gastos de fin de año.

Bajo este esquema de ahorro programado, la marca minorista busca conectar dos momentos distintos de consumo mediante el programa de fidelización Puntos Cencosud, permitiendo proyectar compras posteriores sin desbordar los ingresos corrientes.

Del 6 al 8 de noviembre de 2026, los clientes inscritos en Puntos Cencosud podrán comprar productos seleccionados de mercado y recibir el 50 %, 70 % o hasta el 100 % del valor de sus compras en Jumbo Pesos.

Los saldos acumulados por los usuarios podrán redimirse del 14 al 16 de noviembre de 2026, para ejecutar nuevas compras según los términos y condiciones establecidos por la administración de la cadena.

La continuidad del programa durante el presente ciclo operativo evidencia el interés de la compañía por respaldar la economía cotidiana frente al alza generalizada en los alimentos de la canasta familiar básica.

Los analistas comerciales destacan que este tipo de esquemas de reintegro en puntos y saldo digital facilita la administración de las finanzas familiares antes del cierre de la vigencia anual en curso.

La cadena minorista busca consolidar un puente entre el consumo necesario de despensa y los preparativos para las celebraciones decembrinas, combinando variedad de productos con mecanismos de compensación económica directa.

¿Quién es el dueño de Jumbo?

La reconocida cadena de supermercados e hipermercados Jumbo pertenece formalmente al conglomerado multinacional chileno Cencosud, una de las corporaciones minoristas más poderosas de América Latina.

El emporio empresarial surgió bajo la visión directiva del empresario de origen germano Horst Paulmann Kemna, quien fundó la primera tienda Jumbo en 1976 en Santiago.

A partir de ese establecimiento pionero, la compañía consolidó un acelerado proceso de expansión continental que abarcó mercados clave en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.

En el territorio colombiano, la marca minorista Jumbo inició operaciones tras la multimillonaria compra de los antiguos almacenes franceses Carrefour, completada hacia finales del año dos mil doce.

El control accionario y decisorio de Cencosud permanece en manos del grupo familiar de Horst Paulmann, manteniendo el dominio patrimonial de la sociedad a través de sociedades de inversión.

Tras el fallecimiento del histórico patriarca en 2025, la administración institucional continuó bajo la dirección de sus descendientes directos en las juntas directivas del holding comercial.

Su primogénito, Manfred Paulmann Koepfer, asumió la presidencia del directorio del grupo empresarial, sucediendo en el liderazgo ejecutivo a Julio Moura Neto en abril de 2026.

Asimismo, sus hermanos Heike y Peter Paulmann participan activamente en las decisiones estratégicas de la entidad, velando por la sostenibilidad financiera y reputacional de todos sus activos.

Además de la red de hipermercados Jumbo, el conglomerado opera reconocidas marcas comerciales internacionales como supermercados Metro, tiendas departamentales Paris, cadenas Easy y diversos centros comerciales.

La empresa cotiza sus títulos en la Bolsa de Comercio de Santiago, integrando accionistas minoritarios y fondos de pensiones, aunque la familia fundadora retiene la mayoría controladora.

La red de tiendas destaca en el sector de grandes superficies por su robusta oferta de alimentos frescos, marcas exclusivas importadas y programas avanzados de fidelización.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur reconoció a Banco W por su iniciativa para crear conciencia sobre los riesgos del lavado de activos y la importancia de identificar señales de alerta en situaciones cotidianas. La entidad obtuvo el primer lugar entre las 13 organizaciones participantes.

El reconocimiento fue otorgado en el marco del Concurso de Campañas Publicitarias del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2026, que destaca las iniciativas que contribuyen a sensibilizar a la sociedad sobre este delito y a promover una cultura de prevención, transparencia y responsabilidad.

“El lavado de activos es un delito que puede involucrar a personas que desconocen los riesgos de determinadas acciones o situaciones cotidianas, por eso es fundamental generar conciencia y brindar información que permita reconocer posibles señales de alerta. Desde las entidades financieras tenemos la responsabilidad de promover una cultura de prevención que no se limite a los controles internos, sino que también llegue a nuestros colaboradores, clientes y a la ciudadanía en general”, señaló Willian Santos del Río, gerente de Cumplimiento de Banco W.

Banco W recibió esta distinción por su campaña ‘A veces, solo cambia toda la historia’, una iniciativa que muestra cómo detrás de acciones o situaciones aparentemente inofensivas pueden esconderse riesgos asociados al lavado de activos. A través de un video y diferentes actividades de sensibilización dirigidas a públicos internos y externos, la entidad buscó acercar este tema a los ciudadanos mediante mensajes sencillos y fáciles de comprender.

La campaña fue reconocida por su capacidad de llegar a diferentes audiencias, la claridad de su mensaje y su manera cercana e innovadora de abordar un tema técnico, facilitando la comprensión de los riesgos y promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir este delito.

“Recibir este reconocimiento de una organización como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es motivo de orgullo para Banco W y nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestras acciones de sensibilización y prevención. También demuestra la importancia de comunicar estos temas de manera sencilla y cercana, para que cada vez más personas comprendan que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad de todos”, finalizó Santos del Río.

¿Quién es el dueño de Banco W?

La Fundación Grupo Social consolidó su posición como propietaria mayoritaria del Banco W tras adquirir el 51 % de las acciones de la entidad crediticia colombiana.

Esta importante operación financiera formalizó el traspaso accionario concertado con la Fundación WWB Colombia, entidad caleña que conservó el porcentaje restante en la propiedad del banco.

La transacción empresarial recibió la autorización reglamentaria de la Superintendencia Financiera de Colombia, permitiendo la integración estratégica entre dos organizaciones de amplia trayectoria social en el país.

El conglomerado comprador adelantó la transacción mediante sus firmas inversoras, asumiendo el control corporativo para fortalecer los servicios microfinancieros dirigidos a trabajadores independientes e informales de sectores populares.

Pese a compartir la misma matriz propietaria que Banco Caja Social, ambas instituciones financieras continúan operando con autonomía comercial, portafolios separados y redes de atención completamente independientes.

La entidad bancaria nació originalmente en la ciudad de Cali en el año 2011, producto de la transformación institucional liderada por la antigua Corporación Mundial de la Mujer.

Desde sus inicios, la institución concentró sus esfuerzos en facilitar créditos productivos a micronegocios locales que carecían de respaldo crediticio tradicional en el sistema financiero regular.

La llegada del nuevo socio mayoritario inyectó solidez patrimonial a la corporación financiera, garantizando la continuidad de sus programas formativos de inclusión económica y apoyo a microempresarios.

Ambas fundaciones ratificaron su compromiso conjunto de dirigir los excedentes del negocio hacia proyectos de alto impacto comunitario en las principales regiones vulnerables del país.

Esta estrategia corresponde a la segunda fase de ‘Hechos de Colombia’, campaña que Bancolombia puso en marcha para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia. En esta nueva etapa, el programa se concentrará en negocios de Pereira, Dosquebradas, Montenegro, Roldanillo, Cartago y Quimbaya, con el propósito de facilitar su recuperación económica y ampliar sus oportunidades comerciales.

La necesidad de este respaldo se refleja en las cifras de Confecámaras. Según el balance de la entidad, 30.449 empresas y unidades productivas reportaron afectaciones tras el movimiento telúrico. De ese total, el 40,4 % no estaba en condiciones de operar. Además, más del 90 % de los negocios afectados eran microempresas y el 87 % pertenecía a los sectores de comercio y servicios.

Para poner en marcha el proyecto, Bancolombia acompañará a los empresarios seleccionados y les dará visibilidad a través de sus propios canales de comunicación. Mercado Libre, por su parte, ofrecerá capacitación para que los comerciantes puedan abrir sus tiendas digitales, aprender a utilizar las herramientas de la plataforma y desarrollar sus procesos logísticos. La alianza también contempla conectar estos negocios con compradores de todo el país.

Entre los incentivos para los comerciantes se encuentra una tarifa de comisión del 0 % durante cuatro meses, hasta un tope mensual establecido por la iniciativa. A su vez, los clientes de Bancolombia podrán acceder a beneficios como paquetes de Puntos Colombia y envíos gratuitos a nivel nacional. La apuesta es que las compras de los usuarios se conviertan en una fuente de ingresos para los negocios que buscan recuperarse.

“Detrás de cada negocio afectado hay una familia, empleos y una historia construida durante años. Por eso, después de atender la emergencia, nuestro propósito es contribuir a que esas personas recuperen algo fundamental: la posibilidad de volver a generar ingresos y seguir adelante con sus propios negocios”, afirmó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Domenico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, destacó que la plataforma pondrá su ecosistema a disposición de los comerciantes para ayudarlos a recuperar sus ventas y crecer.

La segunda fase de ‘Hechos de Colombia’ se extenderá hasta el 31 de diciembre 2026. Con ella, Bancolombia busca prolongar el apoyo que inicialmente incluyó donaciones, líneas de crédito, ayudas directas de su Fundación y canales para movilizar la solidaridad de los colombianos. La nueva apuesta apunta a que la recuperación no dependa únicamente de la atención inmediata de la emergencia, sino también de que los pequeños empresarios vuelvan a tener clientes y oportunidades para sostener sus negocios.

La operación contempla la adquisición de 47.000 acciones y está pendiente de aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Coopserpark registró ingresos operacionales por $427.107 millones en 2025, mientras que Grupo Gaviria superó los $22.000 millones.

Su integración permitiría ampliar la presencia de Capillas de la Fe en Bogotá y fortalecer su cobertura nacional, pues Gaviria cuenta con 17 salas de velación y alianzas en cerca de 770 municipios.

El sector también muestra perspectivas de crecimiento. Las defunciones proyectadas pasarían de 281.257 en 2025 a 318.674 en 2030, un aumento del 13,3 %.

El mercado podría alcanzar $2,20 billones en 2030. Además, Capillas de la Fe y Recordar concentran el 48,7 % de los ingresos de las empresas analizadas.

En Colombia hay 2.808 empresas funerarias activas y el 55,3 % de los hogares cuenta con planes de previsión exequial.

En cuanto a precios, un servicio funerario básico puede costar entre $3,4 millones y $7 millones. San Andrés registra las tarifas más altas, mientras que la región Pacífica presenta valores más bajos.

(Ver también: Duro golpe a quienes arriendan en Airbnb por decreto que el Gobierno está a punto de firmar)

De acuerdo con un informe de la plataforma, cada viajero gastó en promedio cerca de 1.7 millones de pesos durante sus visitas. Ese dinero se distribuyó entre diferentes actividades económicas, con los restaurantes como uno de los sectores que más recursos recibieron.

En ese segmento, el gasto superó los 2.6 billones de pesos. Por su parte, los establecimientos de entretenimiento recibieron cerca de 1.9 billones de pesos, mientras que las compras en comercios locales representaron más de 1.5 billones.

La distribución también incluyó alrededor de 1.5 billones de pesos en comestibles, más de 1.4 billones de pesos destinados al transporte y cerca de 1.3 billones de pesos en otros bienes y servicios.

El dinero de los turistas llega a los negocios de barrio

Uno de los datos que destaca el informe es que el gasto de los viajeros no se limita al pago del alojamiento. Según las estimaciones de Airbnb, por cada $100 que una persona destina a hospedarse, desembolsa cerca de $450 adicionales en establecimientos de los alrededores.

Además, más del 40 % de ese consumo permanece en el barrio donde está ubicada la vivienda turística. La plataforma también encontró que el 50 % de los viajeros encuestados aseguró que no habría visitado esa zona si no hubiera contado con esta alternativa de alojamiento.

El impacto económico también se refleja en el empleo. Airbnb calculó que la actividad de anfitriones y huéspedes estuvo asociada a cerca de 230.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en Colombia durante 2025.

En total, la contribución económica vinculada a esta actividad alcanzó los 11.5 billones de pesos, según datos internos de la compañía y estimaciones elaboradas con la herramienta IMPLAN.

(Ver también: 250.000 empleos en riesgo: alertan por lo que pasaría con movida del Gobierno contra Airbnb)

Estas cifras permiten observar cómo el consumo turístico se extiende a diferentes actividades comerciales y no se concentra únicamente en los servicios de hospedaje. Sin embargo, los resultados corresponden a la actividad relacionada con Airbnb y no representan el comportamiento de todo el sector turístico colombiano.

La instalación interactiva denominada Imperial Ártico abrirá al público en Plaza Imperial como una propuesta pedagógica que busca alertar sobre el calentamiento global a través del contacto directo con bajas temperaturas extremas.

La iniciativa cobra especial relevancia en un momento crucial para el planeta, pues la Organización Meteorológica Mundial confirmó recientemente que los últimos 11 años corresponden al periodo más cálido desde el inicio de las mediciones históricas.

A partir del sábado 7 de noviembre, los visitantes podrán recorrer Imperial Ártico, una experiencia con más de 180 metros cuadrados de nieve 100 % real mantenida permanentemente a una temperatura de -16 °C.

El montaje opera junto a la entrada principal número 1 del complejo comercial, simulando un entorno gélido inédito en la capital colombiana para incentivar la reflexión sobre los deshielos en las zonas polares.

Para ingresar a esta atracción térmica bajo cero en Plaza Imperial, los organizadores recomiendan a los asistentes llevar prendas térmicas, bufanda y calzado adecuado para prevenir molestias por el impacto del frío ambiental artificial.

La agenda ambiental complementaria incluye la exhibición del Árbol de la Vida en la zona de Plaza Eventos, consistente en una estructura monumental que supera los 15 metros de altura en exhibición.

Dicho monumento prescinde de los tradicionales adornos navideños para difundir mensajes pedagógicos enfocados en el ahorro hídrico cotidiano, la optimización energética y la adecuada separación de residuos sólidos desde los hogares urbanos.

Asimismo, la muestra incorpora dos bicicletas integradas a un sistema mecánico de dinamo que permite a los usuarios producir energía limpia mediante pedaleo directo para iluminar sectores específicos del decorado festivo.

El recorrido pedagógico suma la estación interactiva Escuela Polar, orientada a evaluar conocimientos ecológicos mediante cuestionarios dinámicos con incentivos para los participantes que demuestren destreza en temas de conservación planetaria.

Por su parte, el módulo Huellas de Compromiso ofrece un escenario fotográfico temático donde los asistentes asumen promesas individuales orientadas al cuidado ambiental, buscando afianzar hábitos de vida más sostenibles.

La infraestructura del establecimiento incorporará tres escenografías animatrónicas temáticas alimentadas por el sistema propio de paneles solares fotovoltaicos, minimizando la huella de carbono generada por el alumbrado decorativo de la temporada.

La inauguración oficial de la temporada navideña se programó para el sábado 14 de noviembre desde las 2:00 p. m. en Plaza Eventos, con espectáculos musicales en vivo abiertos a la comunidad.

La jornada artística brindará un tributo sonoro a agrupaciones tropicales tradicionales como Los Hispanos, Los Graduados y Pastor López, marcando el inicio de los eventos culturales de fin de año en la localidad.

Posteriormente, a las 6:00 p. m. tendrá lugar el acto solemne de encendido general de luces, contando con la intervención coral del grupo infantil Coro Imperialito ante el público presente.

Durante el ciclo festivo se habilitarán sorteos para compradores registrados, con una bolsa de premios superior a 50 millones de pesos que incluye motocicletas CR4 125, bicicletas eléctricas y equipos tecnológicos.

¿Qué ropa usar para entrar a temperatura del ártico?

Afrontar temperaturas árticas extremas exige una adecuada técnica de vestimenta por capas para conservar el calor corporal y prevenir cuadros graves de hipotermia o congelamiento dérmico.

La capa interior debe componerse exclusivamente de tejidos sintéticos como polipropileno o lana merino, materiales diseñados para evacuar la transpiración y mantener seca la piel permanentemente.

Expertos desaconsejan utilizar prendas de algodón pegadas al cuerpo, dado que esta fibra retiene humedad con rapidez, enfriando velozmente al individuo bajo condiciones bajo cero.

La capa intermedia cumple la función principal de retener el calor corporal mediante prendas térmicas gruesas confeccionadas en forro polar de alta densidad o pluma natural.

Encima debe vestirse una capa exterior impermeable y cortavientos, fabricada con membranas técnicas que bloqueen el aire gélido mientras facilitan la salida del vapor corporal interno.

Las extremidades requieren protección prioritaria porque pierden calor con mayor facilidad frente a corrientes gélidas continuas dentro de estos entornos hostiles.

Para las manos conviene llevar guantes finos de contacto directo cubiertos por manoplas térmicas gruesas, garantizando aislamiento térmico superior frente a los modelos tradicionales.

El calzado demanda botas de invierno con suela gruesa antideslizante y aislamiento térmico interior, acompañadas por calcetines de lana gruesa sin oprimir la circulación sanguínea.

Finalmente, la cabeza y el cuello demandan pasamontañas de lana o gorros térmicos que cubran las orejas, complementados con gafas protectoras contra el viento blanco.

Aunque la ley establece que deben ser notificados cuando se inicia un procedimiento en su contra, existen herramientas digitales gratuitas para verificar si tienen alguna medida activa.

La consulta se puede realizar a través del portal Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, donde los usuarios pueden buscar información mediante su número de radicación, nombre o razón social, últimas actuaciones, juez o magistrado y clase de proceso.

Otra alternativa es la página de Consulta de Avisos de Notificación de Procesos de Cobro Coactivo.

Allí basta con ingresar el número de documento de identidad y seleccionar la opción de consultar para conocer si existe algún procedimiento vigente.

En cuanto a los embargos salariales, estos se originan principalmente por obligaciones vencidas y exigibles.

Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo establece límites: el salario mínimo legal no puede ser embargado y, sobre el excedente, solo se puede retener una quinta parte.

La excepción aplica para deudas con cooperativas autorizadas y obligaciones alimentarias, casos en los que el embargo puede alcanzar hasta el 50 % del salario.

El seguimiento busca estabilizar la atención y resolver las solicitudes pendientes de los afiliados.

Durante una mesa de trabajo liderada por el superintendente de salud ad hoc para Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco, se revisaron los avances en la dispensación de medicamentos.

Según las cifras entregadas por la EPS, desde el primero de noviembre, cuando comenzó a operar el nuevo dispensador, se han entregado 60.799 fórmulas médicas, lo que representa un cumplimiento del 84 %.

Sin embargo, Sanitas reconoció que durante los primeros tres días hábiles se registró una afluencia inusual de usuarios en algunas de las 29 sedes habilitadas por Colsubsidio, situación que generó congestión.

Por ello, recomendó a los afiliados acudir en la fecha indicada en sus fórmulas médicas.

La entidad también habilitó la posibilidad de solicitar medicamentos a domicilio.

Además, cuando se requieran autorizaciones, los nuevos números serán informados por mensajes de texto y estarán disponibles en la Oficina Virtual y la aplicación de Sanitas.

La Supersalud solicitó actualizar semanalmente las bases de datos de usuarios con entregas pendientes para verificar la normalización del servicio.

La posición de la colectividad fue definida después de una reunión interna con el expresidente Álvaro Uribe y un grupo de expertos en temas económicos y tributarios, incluyendo figuras como Santiago Montenegro, Santiago Pardo, Lisandro Junco, Andrés Felipe Arias y Juan Alberto Londoño. El propósito del encuentro fue analizar las alternativas disponibles para responder al complejo panorama fiscal del país y a los distintos componentes de la reforma financiera presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Forero manifestó su preocupación por el rápido incremento de la deuda pública y el déficit fiscal nacional, atribuyendo parte del deterioro fiscal a las decisiones del gobierno anterior. En ese sentido, reconoció que Colombia acumuló 800 billones de pesos en deuda pública en 200 años, pero en el gobierno de Gustavo Petro esa cifra creció en 400 billones de pesos más en solo cuatro años. Ante esa situación, aunque el Centro Democrático respalda la búsqueda de soluciones, insiste en que la reducción del gasto estatal debe ser más significativa, superando los 12,2 billones proyectados por el Ejecutivo para el primer año. Los expertos consultados por el partido consideran que este recorte puede ser superior, alcanzando hasta 20 billones de pesos.

La discusión sobre los nuevos impuestos, especialmente el aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta familiar, también genera inquietud entre los integrantes del partido. De acuerdo con Forero, no existe suficiente claridad sobre cómo se implementaría la devolución de parte del IVA a los hogares beneficiarios propuesta por el Gobierno, lo que podría impactar negativamente a las clases populares y a la clase media.

Asimismo, durante la reunión se abordó la posibilidad de vender parte de las acciones estatales en Ecopetrol como alternativa para fortalecer las finanzas públicas. No obstante, Forero aclaró que esto aún no es una decisión formal del partido ni hay una propuesta definitiva, ya que cualquier venta que implique perder el control accionario requeriría autorización legislativa. En esa línea, se planteó que los recursos de una posible enajenación deberían destinarse preferentemente al prepago de deuda y no a gastos corrientes. La colectividad también manifestó inquietudes frente al aumento de impuestos al cigarrillo y licores, advirtiendo de su posible efecto en el contrabando y el recaudo.

De acuerdo con el senador, las alternativas serán revisadas antes de consolidar propuestas concretas en futuras reuniones internas y diálogos con representantes del Ejecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del Centro Democrático sobre la Ley de Ajuste Fiscal?

Las inquietudes del Centro Democrático, según lo expresado por el senador Andrés Forero en Mañanas Blu y citado por Blu Radio, se centran en la profundidad del recorte del gasto público, el posible impacto de nuevos impuestos en las clases populares y medias, así como la ausencia de claridad sobre los mecanismos de devolución del IVA en productos de la canasta familiar. Además, advierten sobre los efectos que los aumentos de impuestos al cigarrillo y licores podrían tener en el contrabando y el recaudo fiscal.

¿Qué significa canasta familiar y cómo afecta el IVA a los hogares?

La canasta familiar hace referencia al conjunto de productos básicos que adquieren regularmente los hogares para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con el análisis presentado por el Centro Democrático, el aumento del IVA en productos que hacen parte de esa canasta genera preocupación porque podría aumentar el costo de vida de las familias y, si no se implementa correctamente la devolución propuesta, afectar especialmente a los sectores de menores ingresos.

Según datos oficiales, los embalses del país están actualmente al 77,87 % de su capacidad, mientras que el objetivo del Ejecutivo es superar el 80 % antes del inicio del verano. No obstante, Arboleda advirtió que, pese a las precipitaciones en varias ciudades, los aportes de agua a los embalses no alcanzan los niveles esperados: “De cada 10 litros que deberían llegar en esta época están llegando solo 6”, explicó. Este almacenamiento resulta clave para atender la demanda creciente de energía, ya que, como lo comparó la ministra, los embalses funcionan como una “batería” que debe recargarse para los meses de mayor consumo.

El plan de trabajo articulado por el Ministerio se basa en tres acciones principales: incorporar nuevos recursos de generación y maximizar el almacenamiento hídrico; garantizar la llegada de combustibles, especialmente gas, a las plantas térmicas para que funcionen sin interrupciones; y exigir a los actores del sector eléctrico el cumplimiento de sus compromisos para asegurar el respaldo energético nacional. La ministra también expuso los retrasos encontrados en la infraestructura: de los 4.475 megavatios previstos para ingresar al sistema este año, solo se habían incorporado 730; además, existen 275 proyectos energéticos con demoras superiores a un año.

Entre las medidas implementadas sobresalen la optimización del embalse de Hidroituango, ampliaciones en la terminal de importación de gas en Cartagena y ajustes en los cronogramas de mantenimiento de las hidroeléctricas de Guavio y Chivor. También se habilitaron 210 megavatios adicionales, se declaró de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte y se facilitaron condiciones para el transporte de gas por carretera. En cuanto al Caribe, se respaldó un crédito para Air-e y se iniciaron acciones frente a conexiones ilegales y cartera morosa. Además, ante una contingencia reciente en la terminal de gas de Cartagena, la ministra recalcó que el suministro esencial para hogares, hospitales y colegios no se vio afectado.

Finalmente, el Gobierno invitó a la ciudadanía a disminuir el consumo eléctrico entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., y anunció la implementación de un tablero digital para que cualquier persona pueda monitorear en tiempo real los niveles de embalses y el consumo regional. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas del Gobierno colombiano para enfrentar el fenómeno de El Niño en el sector energético?

Las principales acciones diseñadas por el Gobierno Nacional, según el Ministerio de Minas y Energía, incluyen aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en los embalses, asegurar la disponibilidad de gas para centrales térmicas, incorporar nuevos recursos de generación eléctrica y exigir a los agentes del sector el cumplimiento de sus responsabilidades en respaldo energético. Además, se han hecho ajustes en el mantenimiento de hidroeléctricas y se facilitaron condiciones para el transporte y suministro de gas, especialmente en zonas críticas como la región Caribe.

¿Cómo afecta el bajo aporte hídrico actual a la generación eléctrica en Colombia?

De acuerdo con la ministra María Nohemí Arboleda, el bajo aporte hídrico, es decir, la menor llegada de agua a los embalses respecto a lo habitual, limita la capacidad de almacenamiento y puede comprometer la generación hidroeléctrica, especialmente en temporadas secas. Esto obliga a depender más de la generación térmica y del uso eficiente de los recursos almacenados, haciendo crucial el ahorro de energía y la colaboración de todos los actores del sector y la ciudadanía.

El aumento de solicitudes para abrir cuentas digitales fue tan significativo que los sistemas de la entidad presentaron intermitencias y problemas de funcionamiento.

El banco informó el miércoles 4 de noviembre que su aplicación móvil estaba experimentando dificultades debido al alto tráfico de personas que buscaban vincularse a la entidad.

GNB aseguró que trabajaba para solucionar los inconvenientes y recuperar la normalidad del servicio.

Este movimiento se produce después de que el Banco Central de Paraguay iniciara el 3 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la regulación.

La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes, por lo que la decisión generó incertidumbre entre millones de ahorradores.

En medio de este panorama, Banco GNB aparece como una de las entidades que está recibiendo parte de la demanda de usuarios que buscan nuevas alternativas financieras.

Así, el grupo de Gilinski encuentra una oportunidad de ampliar su presencia y captar nuevos clientes en el mercado paraguayo, aprovechando la coyuntura que atraviesa uno de sus competidores.

También sobresalen las peticiones para cambiar productos, con 51.740 reclamaciones, terminar contratos y eliminar reportes negativos en centrales de riesgo.

Entre los principales motivos de inconformidad figuran las presuntas vulneraciones de los derechos del consumidor, con 109.613 casos; los incumplimientos de garantías, con 103.600, y los problemas de facturación, con 51.335.

Los celulares y teléfonos encabezan las categorías de productos y servicios más reclamadas, con 57.911 registros, seguidos por los paquetes de telecomunicaciones, con 46.308. Además, se reportaron 19.435 casos relacionados con presunta suplantación de identidad.

Desde su creación, SIC Facilita ha logrado cerrar 243.996 reclamaciones mediante acuerdos o soluciones favorables.

Actualmente, cuenta con 186 proveedores vinculados y permite presentar solicitudes gratuitas por internet desde cualquier lugar del país.

El trámite tarda aproximadamente tres minutos y los proveedores tienen 15 días hábiles para responder. La SIC aclara que la plataforma no recibe demandas ni denuncias y que su función es facilitar el diálogo entre consumidores y empresas, sin imponer decisiones.

Las modificaciones en la tasa de cambio nominal tienen efectos notorios sobre el desempeño económico nacional, al reflejar dos fenómenos: la depreciación o la apreciación del peso. En escenarios de depreciación, se presenta un aumento de la tasa de cambio, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor frente al dólar. Esto obliga a los agentes económicos a desembolsar más pesos por cada dólar adquirido, encareciendo así los productos y servicios importados. Por el contrario, una apreciación ocurre cuando se reduce la tasa de cambio, reflejando un fortalecimiento del peso: se necesitan menos pesos para obtener la misma cantidad de dólares, lo que puede abaratar la adquisición de bienes extranjeros, aunque al mismo tiempo puede reducir la competitividad de los exportadores colombianos.

Para medir de manera oficial estas fluctuaciones diarias, el sistema financiero colombiano recurre a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas, resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares por moneda colombiana realizadas por entidades como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa y organismos como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). El requisito para que una transacción sea contabilizada en la TRM es que el intercambio de ambas monedas ocurra el mismo día de la negociación.

En la referencia más reciente proporcionada, la tasa representativa del mercado se sitúa en 3.228,26 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, dato relevante para el análisis y planificación financiera en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal y para qué sirve en la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal indica cuántos pesos se requieren para adquirir un dólar, y es esencial en la economía colombiana porque determina el costo de transar con el exterior, afecta el precio de importaciones y exportaciones, así como la planificación de inversiones.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares por pesos colombianos en el mercado, siempre que el intercambio de las monedas se acuerde para el mismo día. Participan bancos y otras entidades financieras reguladas.

La reunión, prevista para mediodía y programada por asesores de la Presidencia, busca aclarar inquietudes de los parlamentarios sobre esta ley de ajuste fiscal. Están convocados el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y asesores de la Casa de Nariño. Sin embargo, algunos congresistas aseguran no haber recibido invitación formal, lo que añade un tinte de incertidumbre a un encuentro ya políticamente sensible.

El mismo evento puede convertirse en la plataforma oficial para que Alejandro Ordóñez, recién designado ministro del Interior, se presente ante un grupo clave de legisladores. El Gobierno prioriza la aprobación de la reforma antes del final del año, llegando incluso a considerar la convocatoria de sesiones extraordinarias en diciembre para acelerar el trámite y consolidar su agenda fiscal. En ese sentido, las primeras gestiones políticas de Ordóñez han consistido en establecer contacto con las bancadas —como lo confirma su llamada al expresidente Álvaro Uribe Vélez— para sondear el ambiente que dejó su antecesor, Lara, y construir mayorías en favor de la reforma.

La cita entre Presidencia y comisiones económicas se venía gestionando desde hace semanas. Inicialmente, se pensó en un desayuno convocado por Carlos Ríos, pero esta opción fue postergada varias veces antes de concretarse el encuentro actual, que toma la forma de un primer acercamiento formal entre el presidente de la Espriella y quienes decidirán el futuro de la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué causa controversia la ley de ajuste fiscal del Gobierno de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal genera debate porque implica una carga impositiva elevada, que no solo enfrenta resistencia en la oposición sino también entre congresistas que usualmente apoyan al Ejecutivo. Según El Espectador, estas dudas obedecen al temor por el impacto económico y al momento político en el que la reforma se intenta aprobar.

¿Qué papel cumplen las comisiones terceras y cuartas del Congreso en la aprobación de reformas económicas?

Las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República tienen a cargo los proyectos relacionados con temas económicos y fiscales. En esta ocasión, sus miembros son fundamentales porque decidirán el curso de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, conforme al reporte de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La delincuencia informática en el país ha comenzado a implementar programas avanzados capaces de generar documentos falsos, evadir controles de verificación y ajustar sus tácticas de forma autónoma ante cada rechazo.

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Esta alerta pone en evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas de ciberseguridad en bancos y entidades tecnológicas para proteger la información personal y crediticia de los usuarios.

Dimensiones de la suplantación de identidad en el sector financiero

El panorama resulta crítico en el ámbito nacional. Según datos de la banca colombiana, el sistema financiero registró más de 765.000 reclamaciones por fraude durante 2025, sumando pérdidas cuantiosas que superan los $967.000 millones.

Por su parte, las autoridades de industria y comercio reportaron 40.316 denuncias por suplantación de identidad entre 2020 y mediados de 2026. La creación de perfiles sintéticos y el uso de deepfakes facilitan cobros no autorizados, deudas fraudulentas a nombre de terceros y reportes negativos en centrales de riesgo que afectan el crédito de los ciudadanos.

Esta modalidad delictiva evoluciona rápidamente a través del denominado fraude agéntico. Esta técnica permite a los criminales coordinar ataques automatizados en los que el programa aprende del error previo para modificar los datos y volver a intentar la entrada.

Patrones delictivos y soluciones de verificación en tiempo real

Para dimensionar el impacto, analistas de ciberseguridad identificaron en América Latina un caso en el que un solo atacante estuvo asociado con 426 sesiones de verificación, 35 documentos y actividad en 8 plataformas financieras digitales.

“Para una entidad, una solicitud puede parecer correcta porque el documento, la imagen y los datos que recibe son convincentes. Pero, al revisar el contexto, puede encontrar que ese mismo rostro se ha presentado con otros documentos o que un dispositivo se está utilizando para registrar numerosas identidades. Ahí es donde resulta fundamental conectar las señales y entender qué ocurrió antes. En Colombia, fortalecer esa capacidad puede ayudar a proteger a las personas frente al uso indebido de sus datos y a las instituciones frente a ataques que cambian después de cada rechazo. El reto es reconocer esos patrones a tiempo y facilitar, a la vez, el acceso de los clientes legítimos”, afirmó Juan Camilo García, Head de Estrategia y Operaciones para Latam de Incode.

Frente a esta amenaza, los expertos recomiendan analizar no solo la imagen y el documento, sino también la frecuencia de los intentos y la información del dispositivo utilizado.

Asimismo, la implementación de redes interconectadas que analizan señales de riesgo de forma coordinada ha logrado aumentar hasta en un 53% la detección de falsificaciones frente a los modelos tradicionales de seguridad.

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La evaluación continua durante el uso del servicio financiero resulta indispensable para frenar a los delincuentes y garantizar que las personas realicen sus transacciones digitales de forma segura y sin trabas operativas.

La investigación, titulada Trayectorias en el mercado laboral y dinámica de los ingresos en Colombia, analizó los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) entre 2009 y 2024.

El documento encontró que los trabajadores que solo cotizan entre uno y tres meses al año presentan mayores niveles de volatilidad en sus remuneraciones y suelen recibir ingresos cercanos al salario mínimo.

En contraste, quienes permanecen entre ocho y 10 meses en empleos formales tienen ingresos más estables, mayores posibilidades de crecimiento salarial y una probabilidad más alta de trabajar en empresas grandes.

La investigación también identificó que cerca de dos tercios de los trabajadores mantienen trayectorias de vinculación formal persistentemente altas o bajas, mientras que el resto presenta cambios en su participación laboral, incluidos retiros del empleo formal después de la pandemia.

Por otra parte, entre 2009 y 2024 hubo un crecimiento de los ingresos en todos los niveles y una reducción moderada de la desigualdad salarial. Sin embargo, la dispersión se mantuvo relativamente estable.

Los jóvenes y las personas con menores ingresos son quienes enfrentan las mayores fluctuaciones en sus remuneraciones.

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De acuerdo con el documento, una de las mayores presiones fiscales se concentra en la billonaria cifra que demanda la salud para mantener los servicios esenciales.

En ese sentido, son objeto de nuevos descuentos los trabajadores en Colombia, así como los empleadores, salvo aquellos que ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, $3.501.810.

Ahora, para quienes tienen un salario superior a ese límite se propone un esquema de aumento progresivo en lo que se descuenta por salud, con lo que los empleados dependientes, es decir, quienes tienen un contrato laboral, verán incrementos que van desde los $52.527 hasta los $437.000.

Así se darían los mayores descuentos por salud de los trabajadores en Colombia

1. Salario entre $3.501.811 y $5.252.715: cotizarían 5,5 %
2. Pasarían a pagar entre $192.600 y $288.900
3. Aumento: entre $52.527 y $78.791
4. Salario entre $5.252.716 y $7.003.620: cotizarían 6 %
5. Pasarían a pagar entre $210.109 y $280.145
6. Aumento: entre $315.163 y $420.217
7. Salario entre $7.003.621 y $8.754.525: cotizarían 6,5 %
8. Pasarían a pagar entre $455.235 y $569.044
9. Aumento: entre $175.091 y $218.863
10. Salario entre $8.754.526 y $17.509.050: cotizarían 6,5 %
11. Pasarían a pagar entre $569.044 y $1.138.088
12. Aumento: entre $218.863 y $437.726

(Recomendado: Ley de rescate fiscal plantea estabilidad tributaria por 16 años para nuevas inversiones)

Para los trabajadores en Colombia de más altos ingresos, entre los $17,5 millones y los $43 millones, los ajustes se harían con base en cotizaciones de entre el 7 % y el 8 %, por lo que los aumentos por salud variarían entre los $525.000 y los $1,75 millones.

El comportamiento de la confianza no fue homogéneo para todas las entidades del Ejecutivo. Por ejemplo, la confianza en el Ministerio de Minas y Energía presentó un ligero crecimiento, pasando de 35% a 36%, mientras que en el Ministerio de Ambiente se mantuvo en 44%. Esto deja ver una mayor afinidad con la Presidencia en comparación con los ministerios que tienen incidencia directa en las decisiones y regulaciones del sector.

En el ámbito empresarial, las expectativas de inversión muestran un cambio significativo. La proporción de directivos que planea ampliar operaciones en Colombia pasó de 18% en 2025 a 53% en 2026, el nivel más alto desde la creación del Barómetro en 2019. Paralelamente, descendió la cantidad de integrantes del sector que prevé una reducción de operaciones en el país, de 27% a 11%. Esta perspectiva optimista de las empresas, subrayada por el informe, contrasta con el descenso en la percepción ciudadana positiva sobre la industria: mientras en 2025 el 80% de los colombianos veía la actividad como beneficiosa para el país, en 2026 el dato bajó a 70%. Esta caída también se reflejó en los municipios productores, donde la valoración positiva pasó de 83% a 74%.

El estudio resalta además el caso del fracking, técnica de extracción de hidrocarburos que genera debate. Aunque el apoyo general al fracking sigue siendo bajo (de 30% en 2025 a 34% en 2026), el respaldo aumenta cuando se plantea como alternativa para incrementar reservas de gas, alcanzando 38% entre quienes aceptarían su desarrollo en su propio municipio bajo esa condición.

Finalmente, la confianza en Ecopetrol, empresa insignia del sector, experimentó descensos notables: entre los ciudadanos, bajó de 51% a 48%; entre los directivos, de 76% a 44%. De acuerdo con Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, los resultados evidencian una desconexión entre la visión empresarial y la percepción social, planteando retos en legitimidad y presencia territorial de las compañías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la percepción sobre la industria del petróleo y gas en Colombia según el Barómetro Petrolero 2026?

De acuerdo con el Barómetro Petrolero 2026, la imagen positiva de la industria ha disminuido tanto a nivel nacional como en los municipios productores. En 2025, el 80% de los colombianos valoraba favorablemente la actividad, proporción que descendió a 70% en 2026. En las zonas productoras, la percepción bajó de 83% a 74%, lo que representa una caída importante en un año y señala el reto de las empresas para reconectar con las comunidades.

¿Qué resultados arrojó la confianza en la técnica del fracking según la última edición del Barómetro Petrolero?

El Barómetro Petrolero 2026 mostró que el apoyo ciudadano al fracking, técnica de extracción de hidrocarburos, sigue siendo minoritario, aunque aumentó de 30% en 2025 a 34% en 2026. Además, el respaldo creció a 38% si esta actividad se justifica como una forma de incrementar las reservas de gas natural en los municipios, indicando que el propósito atribuido al fracking influye en su aceptación social.

Dangond explicó que este proceso de auditoría incluirá una evaluación técnica y documental minuciosa sobre las operaciones del Fondo Nacional del Ganado. Se buscará identificar posibles sobrecostos, pagos que no estén justificados, gastos sin los debidos soportes, eventuales conflictos de interés y desviaciones en el destino final de los recursos. Así lo informó el propio ministerio, que enfatiza en la vigilancia obligatoria sobre estos dineros, pertenecientes al sector ganadero y lechero.

De acuerdo con el ministro, esta auditoría no responde a señalamientos previos o acusaciones formales en contra del Fondo Nacional del Ganado, sino al deber institucional de conocer, con base en hechos verificables, cómo se han manejado estos recursos. “No partimos de acusaciones, partimos de una obligación, conocer la verdad”, aseguró Dangond durante su declaración.

En caso de que sean identificadas irregularidades durante la auditoría, el Gobierno ha dispuesto que se adoptarán todas las medidas pertinentes para recuperar los recursos comprometidos y remitir los resultados a las autoridades competentes. El ministro aclaró que, bajo ninguna circunstancia, algún tipo de administración quedará por fuera de estos procesos de revisión y que la normativa faculta al Ministerio para ejercer un control fundamental, bajo principios de independencia, transparencia y rigor técnico.

El Fondo Nacional del Ganado se financia por medio de la cuota de fomento ganadero y lechero, que son aportes destinados a fortalecer el desarrollo de estos sectores productivos. Según Dangond, la auditoría no solo garantizará la legalidad en el uso de los recursos, sino que se enfocará también en asegurar que estos, efectivamente, se traduzcan en beneficios directos para los productores, mejorando aspectos como productividad, rentabilidad y competitividad. Recalca el funcionario que los recursos de fomento no pertenecen a quienes los administran, sino a quienes producen, y deben ser empleados exclusivamente para fortalecer el sector involucrado.

Hasta ahora, el Ministerio no ha señalado hallazgos concretos ni ha mencionado nombres de posibles responsables. La auditoría buscará obtener pruebas claras sobre el manejo de los recursos y si su utilización se ha ceñido a la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Nacional del Ganado y para qué sirven sus recursos?

El Fondo Nacional del Ganado es una entidad que gestiona recursos provenientes de las cuotas de fomento ganadero y lechero, los cuales son aportes dirigidos a promover y fortalecer el desarrollo de la ganadería y la lechería en el país. Estos dineros, según lo señaló el Ministerio de Agricultura, deben destinarse exclusivamente a iniciativas que beneficien a los productores y mejoren la productividad y competitividad del sector.

¿Por qué el Gobierno ordenó una auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado?

La decisión de realizar una auditoría forense responde a la necesidad de verificar técnicamente cómo han sido recaudados, administrados e invertidos los recursos del Fondo Nacional del Ganado. De acuerdo con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, el propósito no es investigar a partir de acusaciones, sino cumplir con el deber de garantizar la transparencia y legalidad en la administración de estos fondos y asegurar que cada peso beneficie al sector ganadero y lechero.

La operación despertó interés entre inversionistas institucionales, logrando demandas por 57.000 millones, provenientes de 21 actores, entre los que se encuentran fondos de pensiones, fondos de cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte se fijó en 12,95%. Según la propia CAF, los recursos captados se emplearán en fortalecer el financiamiento en moneda local para proyectos sostenibles y, al mismo tiempo, permitirán diversificar las fuentes de financiación para operaciones en el país. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que estos fondos permitirán apoyar la transición verde sin exponer a sus clientes a riesgos cambiarios.

CAF informó que los recursos obtenidos están destinados a proyectos que cumplan los criterios de su Marco de Finanzas Sostenibles. Entre las principales áreas de inversión mencionadas por la entidad se encuentran energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión eficiente del agua, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad. La emisión forma parte de una estrategia más amplia de financiamiento sostenible, y constituye el segundo bono verde emitido por CAF en 2026, luego de una operación en mercados internacionales por 1.000 millones de euros.

Para Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, esta colocación evidencia la solidez del mercado colombiano para atraer emisores internacionales y dirigir inversiones hacia sectores alineados con la sostenibilidad. Credicorp actuó como agente estructurador y colocador de la operación. Así, CAF vuelve al mercado colombiano de deuda, ampliando su portafolio de herramientas para financiar proyectos sostenibles en la región a través de instrumentos en moneda local.

¿Cuáles proyectos se financiarán con el bono verde de CAF en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada por CAF, los fondos obtenidos con la emisión del bono verde se destinarán a proyectos que cumplan con los requisitos del Marco de Finanzas Sostenibles de la entidad. Estos proyectos incluyen iniciativas de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua, actividades de adaptación al cambio climático y acciones para proteger la biodiversidad.

¿Qué es un bono verde y cómo funciona en el mercado colombiano?

Un bono verde es un instrumento financiero cuyo objetivo es captar recursos específicamente para financiar proyectos sostenibles, es decir, aquellos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, promuevan el uso eficiente de recursos y fomenten la protección ambiental. En el mercado colombiano, este tipo de emisiones permite a emisores internacionales como CAF obtener capital en moneda local e impulsar el desarrollo de iniciativas ecológicas en el país, como evidenció la colocación realizada en la Bolsa de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este rebote de los precios llega tras una fuerte corrección sufrida por ambos contratos el miércoles, cuando los inversionistas interpretaron la amplia victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato como una oportunidad para avances diplomáticos entre Washington y Teherán. Tal percepción redujo parte de la “prima de riesgo” que durante las últimas semanas se había sumado a los precios del crudo. Sin embargo, la recuperación de la jornada siguiente evidenció que el escepticismo persiste con respecto a una pronta solución en el escenario geopolítico global, especialmente en lo que respecta al conflicto con Irán.

Analistas consultados, cuyas declaraciones recoge la misma jornada, advirtieron que aún no existen acuerdos concretos que permitan anticipar una desescalada definitiva de las tensiones. John Kilduff, socio de Again Capital, indicó que “la reacción del mercado ayer fue probablemente un poco precipitada”, subrayando la incertidumbre que aún domina el entorno energético. En ese sentido, Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, argumentó que el resultado electoral solo podría tener impacto sobre las futuras negociaciones, pero aclaró: “Todavía no hay ningún acuerdo”, sugiriendo que cualquier proceso diplomático podría ser más prolongado y complejo de lo calculado inicialmente.

Por otro lado, la situación en el estrecho de Ormuz —una de las rutas esenciales para el comercio global de petróleo— continuó bajo escrutinio. De acuerdo con informes de las fuerzas armadas iraníes, habrían ocurrido incidentes que involucraron buques petroleros y un remolcador en ese corredor marítimo, aunque organismos especializados en seguridad marítima no habían corroborado tales hechos en ese momento.

A pesar del avance registrado el jueves, los precios del petróleo todavía acumulan caídas en el balance semanal. Según las cifras del mercado, el Brent mantiene un descenso cercano al 16% frente a los niveles previos a los recientes hechos políticos y geopolíticos. La evolución de la relación entre Estados Unidos e Irán, así como cualquier noticia relacionada con la seguridad en las rutas de transporte de crudo, continuará influyendo de manera decisiva en el comportamiento de los precios del petróleo durante las próximas jornadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tienen las tensiones entre Estados Unidos e Irán en los precios internacionales del petróleo?

Las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo están fuertemente condicionadas por las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, según la información reportada por el mercado y los analistas. Cualquier expectativa de avance en las negociaciones puede reducir la percepción de riesgo y, por lo tanto, influir a la baja en los precios, mientras que la persistencia de la incertidumbre tiende a provocar alzas por temor a alteraciones en el suministro.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz para los mercados petroleros?

El estrecho de Ormuz es fundamental para el comercio mundial de crudo, ya que por sus aguas transita una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo. Cualquier incidente que afecte la navegación en esa zona, como los reportados por las fuerzas armadas iraníes, puede traducirse en movimientos relevantes en los precios internacionales debido a posibles interrupciones en el suministro.

Durante el encuentro, el análisis se centró en el impacto que la iniciativa gubernamental podría tener sobre empresarios, contribuyentes y las finanzas estatales. Los especialistas señalaron que las dificultades fiscales van más allá del simple incremento de los impuestos. De acuerdo con Santiago Pardo, experto en tributación, el escenario actual exhibe que las tasas de tributación sobre las empresas pueden alcanzar hasta un 72 %. Según su explicación, esta situación genera un peso considerable en compañías de todos los tamaños y se constituye en un obstáculo importante para el desarrollo empresarial. “Ese es el drama de los empresarios en Colombia”, manifestó Pardo, evidenciando la presión tributaria existente.

En cuanto al entorno macroeconómico, Pardo advirtió sobre el elevado nivel de deuda pública y un crecimiento económico que considera insuficiente. Ante ese panorama, sugirió la necesidad de replantear las prioridades fiscales y tomar medidas que contribuyan a un mejor desempeño económico. Entre las alternativas propuestas, destacó la reducción del gasto estatal, el combate a la evasión y el contrabando, además de la importancia de reactivar el crecimiento económico, sugiriendo que el país debería aspirar a tasas de crecimiento superiores a las actuales. “Colombia debe crecer al 7 %, no al 2 %”, enfatizó.

Por otro lado, Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), advirtió sobre los limitados resultados de sucesivas reformas tributarias. En su opinión, el problema fiscal está vinculado sobre todo al manejo del gasto, más que al recaudo. “Cada vez que hacemos una reforma tributaria, el aumento del recaudo es diminuto. La solución no está en más impuestos”, explicó Junco, poniendo de relieve la necesidad de examinar la eficiencia del gasto público.

También participó Santiago Montenegro, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, quien recalcó los desafíos estructurales, como la informalidad y las cargas tributarias sobre quienes sí cumplen con sus obligaciones. Montenegro presentó estimaciones sobre el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento del país para el próximo año, que podrían llegar al 9 % y a los $255 billones, respectivamente.

Este análisis se dio en el marco del debate sobre la propuesta de Rescate Fiscal del Gobierno, en la que ya hay voces que advierten sobre sus impactos en la inversión, el recaudo y el funcionamiento de las empresas. El Centro Democrático, de esta manera, abrió un espacio de discusión plural con expertos, enfocando la atención en el gasto, la evasión, la informalidad y la urgencia de acelerar el crecimiento económico, como factores clave para hacer frente a los desafíos fiscales de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos al proyecto de Ley de Rescate Fiscal en Colombia?

Los principales cuestionamientos al proyecto de Ley de Rescate Fiscal giran en torno a su enfoque en el aumento de impuestos como solución a los problemas fiscales. Expertos como Lisandro Junco y Santiago Pardo, citados en la reunión del Centro Democrático, han destacado que las continuas reformas tributarias tienen un impacto muy limitado en el aumento del recaudo. Además, han señalado que las altas cargas tributarias afectan la competitividad empresarial y que es necesario revisar el manejo del gasto estatal, combatir la evasión y la informalidad y priorizar el crecimiento económico, en lugar de depender únicamente del incremento de impuestos.

¿Qué desafíos enfrenta el sistema tributario colombiano según los expertos participantes?

De acuerdo con los especialistas que intervinieron en la reunión, el sistema tributario colombiano enfrenta desafíos como la excesiva carga fiscal sobre las empresas, altos niveles de evasión de impuestos y una economía marcada por la informalidad. Además, consideran problemático que las medidas adoptadas hasta ahora, como las reformas tributarias, no han logrado mejorar sustancialmente la situación fiscal, debido a que el crecimiento económico sigue siendo bajo y el gasto público elevado. Estos factores combinados ponen en cuestión la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender sus compromisos presupuestales.

Sonia Abuchar Alemán aporta una amplia trayectoria profesional, sumando más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano. De estos, 27 años han transcurrido en ISA y sus filiales, en donde ha ocupado posiciones de alta dirección. Hasta antes de su designación, Abuchar era la vicepresidenta Jurídica de ISA y secretaria de la Junta Directiva, así como también tenía participación activa en distintas juntas directivas. Entre los cargos relevantes que ha ejercido se encuentran directora de Gestión Regulatoria y Jurídica y secretaria general de XM S.A. E.S.P., empresa del grupo.

La ejecutiva cuenta con una sólida formación académica: es abogada graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Comercial, además de estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. De acuerdo con ISA, su experiencia incluye la participación en procesos clave relacionados con el desarrollo organizacional, la consolidación institucional y la toma de decisiones estratégicas.

Durante la misma sesión, la Junta Directiva ratificó como presidente del órgano a Juan Pablo Zárate Perdomo, quien ocupa este rol desde abril de 2025 y mantiene la calidad de miembro independiente. Asimismo, se aprobó la continuidad y designación de los presidentes para los diferentes comités de la compañía: Germán Arce Zapata, en Negocios; Juan Pablo Zárate Perdomo, en Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación; Astrid Martínez Ortiz, en Auditoría y Riesgos; y Ricardo Peláez Restrepo, en Talento Organizacional. Estas decisiones reflejan un proceso de ajuste en la estructura de dirección y gobierno corporativo de ISA, justamente en momentos en que la organización define su liderazgo temporal y la composición de los órganos de apoyo para la supervisión y toma de decisiones estratégicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Sonia Margarita Abuchar Alemán y cuál es su trayectoria en ISA?

Sonia Margarita Abuchar Alemán es una abogada con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, de los cuales 27 los ha dedicado a ISA y sus filiales. Ha ocupado cargos como vicepresidenta Jurídica, secretaria de la Junta Directiva, directora de Gestión Regulatoria y Jurídica y secretaria general de XM S.A. E.S.P. Su formación incluye especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Comercial y estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca.

¿Qué cambios recientes se han dado en la Junta Directiva y comités de ISA?

La Junta Directiva de ISA designó como presidenta encargada a Sonia Margarita Abuchar Alemán y ratificó a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente del órgano. Además, se aprobaron las liderazgos de los comités internos: Germán Arce Zapata liderará Negocios, Juan Pablo Zárate Perdomo estará a cargo de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación, Astrid Martínez Ortiz dirigirá Auditoría y Riesgos, y Ricardo Peláez Restrepo encabezará Talento Organizacional.

(Vea también: Colsubsidio le paga hasta el 90 % del arriendo a estas personas: requisitos para el beneficio)

Dicha operación se habilitó desde la aplicación Mi Colsubsidio y evita que los beneficiarios dependan exclusivamente de los mecanismos tradicionales para retirar el subsidio.

La novedad surgió de una alianza entre la caja de compensación y Redeban, que incorporó la infraestructura necesaria para conectar los recursos de la cuota monetaria con las entidades financieras participantes en Bre-B. De esta manera, el afiliado puede trasladar el dinero a una cuenta de su titularidad y utilizarlo desde allí para sus gastos y movimientos habituales.

La medida está dirigida a quienes reciben la cuota monetaria, un aporte económico que las cajas de compensación entregan a trabajadores afiliados que cumplen los requisitos y tienen personas a cargo que dan derecho al beneficio. No se trata de un cambio para todos los subsidios de Colsubsidio, sino de una nueva modalidad para disponer de este pago familiar.

Según cifras de la entidad citadas por Caracol Radio, a septiembre de 2026 había 408.603 afiliados con derecho a recibir la cuota monetaria. En ese periodo se asignaron más de 5,6 millones de cuotas, con recursos que superaron los 405.000 millones de pesos.

Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio mediante Bre-B

Para utilizar la nueva alternativa, el beneficiario debe tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre. Esa llave debe estar asociada a la cuenta financiera en la que desea recibir el dinero.

El procedimiento se hace desde la aplicación y consta de estos pasos:

1. Ingresar a la aplicación Mi Colsubsidio.
2. Buscar y seleccionar la opción “Retirar saldo”.
3. Escoger Bre-B como método para retirar los recursos.
4. Digitar la llave asociada a la cuenta financiera propia.
5. Completar la validación de titularidad para confirmar que la cuenta pertenece al afiliado.

Después de verificar los datos, Redeban procesa la operación y el dinero se abona de manera inmediata en la cuenta vinculada a la llave. Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante comprobar que la llave esté activa y corresponda a una cuenta del mismo beneficiario.

Qué es Bre-B y cómo funciona para recibir el subsidio

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Su funcionamiento permite enviar y recibir dinero entre diferentes entidades financieras sin necesidad de compartir el número de cuenta, pues utiliza llaves asociadas a datos como el celular, el documento de identidad o el correo electrónico.

La herramienta permite que las transferencias se acrediten de manera inmediata y que las personas muevan recursos entre entidades participantes. En el caso de Colsubsidio, la integración con Redeban facilita que el dinero de la cuota monetaria salga de la aplicación de la caja de compensación y llegue directamente a una cuenta financiera del afiliado.

Con esta opción, los beneficiarios pueden incorporar el subsidio a sus operaciones financieras habituales, como pagos y transferencias, sin tener que retirarlo primero por otros canales. La disponibilidad de la función depende de que el usuario cumpla las condiciones de titularidad y tenga registrada su llave Bre-B.

(Vea también: Congresista dio versión de lo que pasó en caso que reveló Álvaro Uribe sobre hojas de vida)

El expresidente fue el encargado de entregar el balance del encuentro y señaló que el Gobierno debería ampliar los recortes mediante la eliminación de entidades que cumplen funciones duplicadas y la fusión de otras dependencias.

“Hubo un consenso en que el ahorro que propone el Gobierno es muy poco. Hay que aumentarlo eliminando entidades que tienen duplicidad y fusionando otras”, manifestó Uribe.

El pronunciamiento marca una serie de condiciones que el partido llevará a la discusión con el Ejecutivo, en momentos en que se busca respaldo político para la iniciativa fiscal.

#POLÍTICA | “El ahorro que propone el Gobierno es muy poco”. Esta fue la principal conclusión del expresidente Álvaro Uribe y su bancada del Centro Democrático tras la reunión para analizar la ley de rescate fiscal del gobierno De la Espriella.

Vía: @davidortegaso
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Centro Democrático cuestiona el IVA a los alimentos básicos

Otro de los puntos que causó reparos entre los congresistas fue la posibilidad de aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta básica.

Uribe expresó preocupación por el impacto que esa medida podría tener sobre los hogares de ingresos medios y populares.

“Preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y populares”, afirmó el exmandatario.

Las posibilidades de aumentar el IVA se contemplaron para productos como cigarrillos, vapeadores y juegos de azar, de acuerdo con las versiones entregadas por participantes de la reunión, citadas por El Tiempo.

El expresidente también consideró que la propuesta del Gobierno se queda corta en materia de incentivos para estimular la inversión privada en Colombia.

Centro Democrático llevará sus propuestas a reunión con De la Espriella

Las observaciones de la bancada serán presentadas al Gobierno durante una reunión prevista para este sábado en Barranquilla, en la que participarán congresistas de las comisiones económicas y representantes del Ejecutivo.

El encuentro será clave para conocer la respuesta del Gobierno a los reparos del Centro Democrático y establecer qué ajustes podrían plantearse a la ley de rescate fiscal.

La reunión de este jueves fue convocada por Álvaro Uribe en el hotel Grand Hyatt y contó con la participación de congresistas y expertos en asuntos económicos y tributarios.

Entre las alternativas planteadas por el expresidente se encuentra la posibilidad de eliminar entidades públicas que desempeñan labores similares, así como la fusión de dependencias administrativas con el objetivo de disminuir los costos de funcionamiento del aparato estatal. Este enfoque busca, según lo discutido, una gestión más eficiente de los recursos públicos sin afectar la prestación de servicios.

Por otra parte, el Centro Democrático manifiesta preocupación ante el componente tributario del proyecto, en especial por los eventuales cambios propuestos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) y su impacto en los hogares de ingresos medios y bajos. Uribe advirtió sobre el riesgo de trasladar el peso del ajuste fiscal a los ciudadanos con nuevas cargas impositivas, una postura compartida por los integrantes del partido. Desde esa perspectiva, insisten en que el esfuerzo principal debería concentrarse en la reducción del gasto estatal, en lugar de incrementar los tributos para la población colombiana.

El Centro Democrático también evaluó otras limitaciones detectadas en la propuesta del Gobierno, entre las que destaca la falta de incentivos concretos para promover la inversión privada. En opinión de Uribe, el proyecto necesita medidas adicionales que dinamicen la economía y faciliten la llegada de nuevas empresas e inversiones al país. Así, la bancada invita a revisar el enfoque actual y a incluir estrategias que impulsen el crecimiento y la competitividad a través de reformas más profundas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los argumentos de Álvaro Uribe contra la Ley de Rescate Fiscal?

Según declaraciones de Álvaro Uribe Vélez citadas en el mismo encuentro de más de cinco horas, el exmandatario y su partido consideran que el ahorro fiscal propuesto por el Gobierno es insuficiente. Además, critican el enfoque en los impuestos, especialmente en el impuesto al valor agregado (IVA), por su impacto en los hogares de ingresos medios y bajos. Para Uribe y el Centro Democrático, la atención debe centrarse en reducir el gasto del Estado y en evitar que sean los ciudadanos quienes carguen con mayores tributos.

¿Qué propone el Centro Democrático para optimizar la Ley de Rescate Fiscal?

De acuerdo con las observaciones de Álvaro Uribe, el Centro Democrático propone que se revisen y reduzcan los costos de funcionamiento de la administración pública, mediante la eliminación o fusión de entidades y dependencias que tengan funciones similares. También sugieren que el proyecto incluya incentivos concretos para facilitar la inversión privada, con el fin de impulsar la actividad económica y atraer nuevas inversiones al país.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, manifestó tras la reunión que, si bien reconocen la gravedad de la situación económica del país, el partido no está dispuesto a aceptar sin condiciones el texto presentado. Uribe subrayó que desde hace cuatro años la colectividad venía advirtiendo sobre estos problemas y que es momento de buscar soluciones 'aquí', explorando alternativas como un ajuste al proyecto original o la sustitución por una reforma más estructural.

Las discusiones con el Ejecutivo recién comienzan, ya que Uribe y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, sostuvieron su primera conversación telefónica. Sin embargo, la bancada insiste en que aún no se ha tomado una decisión definitiva y esperan una segunda cita para definir la postura final. Entre los principales reparos está el incremento de impuestos, que no consideran negociable, sumado a la percepción de que el recorte estatal propuesto es insuficiente.

Durante el encuentro del partido, también se escucharon voces expertas para enriquecer el análisis. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señaló que el problema central de Colombia radica en el gasto público, más que en los ingresos. Según Junco, "cada vez que hacemos una reforma tributaria, el aumento del recaudo es diminuto. La solución no está en más impuestos". Por su parte, Santiago Pardo, especialista en economía, alertó sobre los riesgos para la estabilidad fiscal causados por el alto endeudamiento y un bajo ritmo de crecimiento económico. Pardo enfatizó la necesidad de ajustar el gasto, combatir la evasión y el contrabando, además de buscar dinamizar la economía, con la meta de crecer al 7 %, no al 2 %.

La resolución del partido y el destino del proyecto dependen ahora de las negociaciones entre el Gobierno y la bancada, que resulta clave para asegurar mayorías en el Congreso y la aprobación de la ley.

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¿Qué propone el proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley impulsado por Abelardo de la Espriella plantea aumentar los impuestos y recortar el tamaño del Estado como medidas principales de ajuste fiscal. Sin embargo, estos puntos han generado resistencias internas, especialmente en el Centro Democrático, donde una parte de la bancada los considera insuficientes o inadecuados.

¿Por qué algunos miembros del Centro Democrático proponen un contraproyecto al ajuste fiscal?

De acuerdo con El Espectador, varios congresistas del Centro Democrático no comparten plenamente el enfoque del proyecto presentado, en particular por las propuestas de aumentar impuestos y el escaso alcance en el recorte al Estado. Por esta razón, contemplan formular un proyecto alternativo que implique reformas de carácter más estructural, atendiendo tanto a las advertencias internas como a las opiniones de expertos convocados por el partido.

(Vea también: David Vélez, en alerta por lo que pasó con Nubank: sufrió su “mayor caída”)

De acuerdo con cifras reportadas por Associated Press, el Nasdaq cayó 5,5 %, el S&P 500 retrocedió 4,4 % y el Dow Jones perdió 1.833 puntos, equivalentes a un descenso del 3,4 %.

La magnitud del desplome también se reflejó en el valor de las compañías que cotizan en el mercado estadounidense. Durante la jornada, las pérdidas de capitalización bursátil llegaron a estimarse en alrededor de 3 billones de dólares.

Nvidia y AMD estuvieron entre las compañías más golpeadas

Las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores encabezaron buena parte de las pérdidas.

Nvidia retrocedió 9,3 %, mientras que AMD sufrió una caída del 17,3 %. También se registraron descensos importantes en compañías relacionadas con la infraestructura energética y tecnológica que necesitan los centros de datos.

El movimiento estuvo relacionado con las preocupaciones sobre el ritmo de expansión de la infraestructura de inteligencia artificial y las posibles restricciones que podrían enfrentar estos proyectos en Estados Unidos.

Los inversionistas también reaccionaron a los resultados de Qualcomm, cuyas ventas de chips para teléfonos inteligentes quedaron por debajo de las expectativas del mercado.

¿Por qué cayó Wall Street este jueves?

Uno de los factores que pesó sobre los mercados fue el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas consiguieron victorias que podrían modificar el panorama político y regulatorio para la industria tecnológica.

Los inversionistas comenzaron a evaluar la posibilidad de que aumenten las restricciones a la construcción de centros de datos, especialmente en territorios donde existe oposición a estos proyectos por su demanda de energía y recursos.

La preocupación tiene consecuencias para las compañías que fabrican procesadores, suministran infraestructura y prestan servicios relacionados con la inteligencia artificial.

El desplome también borró las ganancias que Wall Street había conseguido el miércoles, cuando los mercados reaccionaron positivamente a los resultados electorales.

Por su parte, el Nasdaq quedó 11,9 % por debajo de su máximo histórico de octubre, entrando en territorio de corrección. Aunque la jornada estuvo marcada por pérdidas extraordinarias, no fue la mayor caída de la historia del mercado estadounidense.

Si el Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico que radicó el Ministerio de Hacienda tal y como está, la cerveza pagaría impuestos según cuánto alcohol tenga.

El esquema vigente grava estas bebidas mediante un porcentaje sobre su valor comercial, pero la reforma introduce una tarifa fija complementaria calculada por cada grado alcoholimétrico detectado en la presentación.

El Gobierno espera recaudar más con este cambio, y los comerciantes temen que golpee las ventas de las tiendas de barrio en todo el territorio nacional.

Actualmente, las presentaciones cerveceras asumen un impuesto al consumo del 48 % tasado sobre el valor cobrado por el fabricante al expendedor minorista, excluyendo recipientes y etiquetas del cómputo.

La propuesta legislativa sustituye esa figura tradicional por un gravamen dividido en dos componentes específicos denominados formalmente dentro del articulado como un “impuesto a la producción”.

El primer elemento consiste en una alícuota del 10 % aplicada al valor de venta público final sin tributos, cuyo monto anual determinará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La segunda parte impone un cobro inamovible de $ 330 por cada grado alcoholimétrico presente en recipientes estándares con un volumen de 330 centímetros cúbicos.

El impuesto al valor agregado para el sector cervecero permanecerá inalterado en el 19 %, mientras los demás licores sufrirán un marcado incremento al pasar de una tarifa reducida del 5 % al 19 %.

Aplicando este nuevo esquema impositivo, una botella cervecera de cuatro grados alcoholimétricos asumirá $ 1.320 únicamente por dicho gravamen específico, en tanto que una botella de cinco grados tributará $ 1.650.

Cualquier formato con una capacidad diferente ajustará la tarifa en proporción matemática a su volumen, mientras los productos desprovistos de alcohol quedarán enteramente liberados de esta carga fija.

Dado que la cuota fija resulta idéntica entre bebidas con igual graduación etílica sin discriminar sus precios de mostrador, el ajuste comercial golpeará con diferente intensidad a cada empresa.

El Gobierno calcula que con el cambio recaudaría $ 7,1 billones más por el impuesto a la producción de cerveza, destinando los recursos adicionales para respaldar el financiamiento del aseguramiento en salud pública.

Hacienda prevé que el ajuste completo a las bebidas alcohólicas empiece a regir en 2027, con incrementos periódicos a partir de 2028 equivalentes al índice de inflación más cuatro puntos porcentuales.

El Ministerio reconoce que la reforma presionaría los precios generales, previendo para el año 2027 un alza inflacionaria de hasta 0,6 puntos porcentuales derivada de las modificaciones en tabaco y licores.

Frente a estas estimaciones gubernamentales, la senadora María Clara Posada, congresista del Centro Democrático, publicó proyecciones más severas advirtiendo que los productos cerveceros promedio subirían de $2.400 a rangos entre $3.571 y $3.841.

La parlamentaria subrayó que las pequeñas tiendas barriales concentran el 92% de la comercialización cervecera nacional y el 80% del consumo de gaseosas entre los estratos económicos más populares.

Según los análisis de la legisladora, las familias de estratos 1, 2 y 3 representan el 59% de los consumidores habituales de cerveza, abasteciéndose primordialmente a través de pequeños mostradores comunitarios.

Actualmente, los establecimientos vecinales generan cerca de $48 billones anuales por la venta de estas bebidas, pero afrontarían un desplome calculado entre los $12 billones y los $15 billones anuales.

“La tributaria, como está planteada, podría dejar al borde de la quiebra a 450.000 tiendas de barrio y a 1,75 millones de empleos”, escribió Posada en su pronunciamiento público de alerta social.

Asimismo, la congresista remarcó los costes derivados de la facturación electrónica y la formalización comercial, factores que desplazarían a los compradores hacia grandes superficies donde opera la devolución impositiva.

“Esto es un golpe letal no solo para el tendero sino para las familias enteras que viven de esos ingresos”, agregó la senadora al evaluar la vulnerabilidad económica de los pequeños microempresarios.

La Federación Nacional de Comerciantes, dirigida por Jaime Alberto Cabal, manifestó profunda preocupación por la continuidad de los tributos saludables que afectan las ventas en los pequeños comercios barriales colombianos.

Según el comunicado oficial del gremio, a esa compleja situación comercial “se suma el impuesto a la cerveza, que presionará aún más sus márgenes y pondrá en riesgo la sostenibilidad de muchos pequeños negocios”.

No obstante, Fenalco celebró la adopción del esquema EfectIVA en favor de familias vulnerables y el recaudo impositivo sobre compras menores a US$200 ejecutadas mediante plataformas de comercio chinas.

El presidente gremial dialogó con el presidente Abelardo de la Espriella y con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respaldando la instalación de mesas técnicas orientadas a concertar fórmulas de alivio.

El Ejecutivo insiste en que EfectIVA evitará pérdidas económicas en los hogares pobres, garantizando que 18,9 millones de ciudadanos queden exentos y 16,3 millones obtengan reintegros del 50 %.

La totalidad del documento tributario aguarda intensos debates en las comisiones parlamentarias, donde las bancadas legislativas definirán la viabilidad final de estas controvertidas tarifas al consumo de alcohol.

La compañía tecnológica Symplifica presentó al mercado su nueva herramienta digital Saly, un asistente impulsado por inteligencia artificial diseñado para gestionar la nómina y la seguridad social en negocios.

Esta innovación corporativa marca la evolución de la plataforma, que acumuló años de trayectoria facilitando la formalización contractual y el pago de prestaciones para quienes contratan empleadas domésticas en Colombia.

El nuevo desarrollo permite a los administradores de pequeñas y medianas empresas resolver tareas laborales operativas complejas mediante simples instrucciones escritas, optimizando el tiempo y reduciendo errores en liquidaciones de salarios.

En el contexto legal colombiano, la legislación exige afiliar obligatoriamente a todo trabajador dependiente a los subsistemas de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar desde el primer día.

Asimismo, el Código Sustantivo del Trabajo contempla el reconocimiento puntual de primas de servicios, cesantías anuales, intereses sobre las cesantías acumuladas y periodos de vacaciones proporcionales para el personal contratado.

Para los hogares que vinculan trabajadoras de servicio doméstico por días o tiempo completo, cumplir tales disposiciones suele representar un trámite complejo sujeto a severas sanciones administrativas.

Por esta razón, la empresa consolidó un ecosistema enfocado en generar contratos formales, planillas electrónicas integradas y liquidaciones definitivas que blindan jurídicamente tanto a los empleadores residenciales como a las trabajadoras.

Con el estreno de Saly, la organización traslada esa experiencia técnica hacia los negocios y comercios que enfrentan cuadros de turnos dinámicos, horas extras y novedades constantes de personal.

El aplicativo procesa automáticamente las novedades mensuales, calcula deducciones obligatorias y genera los archivos indispensables para la planilla única de aportes conocida como PILA.

De esta manera, los encargados del talento humano ahorran tiempo administrativo sustancial y garantizan el cumplimiento normativo exigido por las autoridades del Ministerio del Trabajo.

La integración tecnológica representa un salto estratégico que amplía el alcance de la formalización laboral en Colombia desde los hogares hacia el sector productivo formal.

¿Cómo calcular las prestaciones sociales para empleadas domésticas en Colombia?

El cálculo legal de las prestaciones sociales para empleadas domésticas en Colombia demanda la aplicación rigurosa de las fórmulas prescritas por el Código Sustantivo del Trabajo.

La prima de servicios equivale a un mes de salario por cada año laborado o proporcional al tiempo de servicio prestado durante el respectivo semestre calendario.

El empleador liquida este beneficio multiplicando el salario mensual devengado por los días trabajados en el periodo, dividiendo el resultado exacto entre trescientos sesenta días.

La primera cuota vence formalmente el último día de junio y la segunda fracción debe consignarse a más tardar el veinte de diciembre de cada vigencia.

Las cesantías corresponden igualmente a un mes completo de sueldo por cada anualidad laborada y requieren consignarse directamente en el fondo escogido antes del quince de febrero.

Para determinar las cesantías, los contratantes multiplican la remuneración ordinaria mensual por el total de jornadas servidas y dividen la cifra obtenida entre trescientos sesenta.

Sobre el valor acumulado de dichas cesantías corren los intereses legales equivalentes al doce por ciento anual, los cuales deben pagarse a la trabajadora en enero.

La fórmula de intereses multiplica el monto de las cesantías acumuladas por los días laborados y por cero coma doce, dividiendo luego entre trescientos sesenta.

La base salarial empleada para liquidar estos conceptos incluye obligatoriamente el auxilio de transporte vigente siempre que la remuneración no exceda dos salarios mínimos legales.

En contratos por días, los contratantes calculan el promedio de los ingresos diarios efectivamente percibidos, sumando el valor proporcional correspondiente al auxilio diario de movilización.

Respecto a las vacaciones remuneradas, corresponden a quince días hábiles de descanso pagado por cada año completo de actividades o su proporción exacta por meses.

Asimismo, la normativa impone entregar dotación de calzado y vestido de labor cada cuatro meses a quienes devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes.

La DIAN modificó las reglas de información exógena tributaria, es decir, los datos que determinadas personas y organizaciones deben entregar a la autoridad fiscal para que pueda conocer mejor las operaciones económicas de los contribuyentes. Entre los ajustes se encuentra una obligación más detallada para reportar los préstamos, tanto los desembolsos como los pagos y las deudas que continúan pendientes.

La medida quedó establecida en la Resolución 000033 del 30 de octubre de 2026, que modifica la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025. Su alcance es relevante porque amplía la información que recibirá la DIAN sobre las operaciones de crédito y permite identificar con mayor precisión quién presta el dinero, quién lo recibe y cómo se comporta la obligación durante el año.

Sin embargo, hay una aclaración importante para los ciudadanos: la resolución no crea un impuesto nuevo sobre los préstamos ni establece que todas las personas deban reportar directamente sus créditos ante la DIAN La obligación corresponde a los informantes definidos en la regulación.

¿Qué información sobre los préstamos deberá reportarse a la DIAN?

Uno de los cambios centrales está en el artículo 7 de la resolución, que incorpora nuevas condiciones para reportar información de préstamos. La DIAN estableció que los informantes deberán entregar datos que permitan identificar al prestamista y al prestatario, además de las características de la operación. Esto incluye información sobre la relación entre las partes, el tipo de préstamo y los movimientos económicos relacionados con la deuda.

Entre los datos que deberán reportarse están:

• Identificación del prestamista.
• Ubicación del prestamista.
• Tipo de relación entre quien presta y quien recibe el dinero.
• Clase de préstamo.
• Valor de los préstamos desembolsados o de los aumentos de capital durante el año.
• Valores pagados por el prestatario, incluidos los conceptos correspondientes a intereses, comisiones y otros gastos.
• Disminuciones de la deuda por pagos o abonos efectuados.
• Saldo pendiente de la obligación al 31 de diciembre del año que se reporta.
• Información sobre si el préstamo está respaldado por alguna obligación de un tercero.

La clasificación también permitirá distinguir entre préstamos comerciales, de vivienda, microcréditos, educativos y otras modalidades. De esta manera, la autoridad tributaria podrá contar con información más específica sobre el origen y el comportamiento de las obligaciones financieras.

La resolución también contempla identificar el vínculo entre las partes. Por ejemplo, si el préstamo se realiza entre un cliente y un proveedor, entre socios o entre personas con otra relación económica contemplada en las categorías establecidas por la DIAN.

¿Quiénes tendrán que reportar los préstamos?

La obligación está dirigida a las personas naturales y jurídicas, así como a las entidades públicas y privadas que aparecen identificadas como informantes en la regulación de información exógena.

Esto significa que no se trata de una instrucción para que cada colombiano ingrese a la página de la DIAN y registre los créditos que tiene. La responsabilidad recae en quienes, por su condición y actividad, están obligados a suministrar esa información a la entidad.

La diferencia es importante. Una persona que tiene un crédito de vivienda, un préstamo de libre inversión o una obligación con una entidad financiera no debe interpretar automáticamente que ahora tiene que hacer un trámite adicional por cuenta propia.

Lo que busca la DIAN es recibir información más completa de las operaciones realizadas por los sujetos obligados a reportar. Con esos datos puede contrastar la información financiera y tributaria de los contribuyentes.

¿Qué pasa con los codeudores y las personas que respaldan un préstamo?

Otro aspecto que vale la pena tener en cuenta es la identificación de las personas que respaldan una obligación. La DIAN establece que, cuando un préstamo cuenta con varios suscriptores, la información debe permitir identificar a quienes participan en esa operación. Esto incluye los casos en los que una persona aparece como deudora o respalda la obligación junto con otros responsables.

Por ejemplo, si dos personas solicitan un crédito y ambas figuran como responsables de la deuda, el reporte debe permitir identificar a los participantes de la operación, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución.

La disposición también contempla información sobre los saldos de los préstamos al cierre del año. Esto permitirá a la autoridad tributaria tener una referencia de las obligaciones que siguen vigentes, incluso cuando el dinero se haya desembolsado tiempo atrás.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo reporte de préstamos?

Aunque la Resolución 000033 fue expedida el 30 de octubre de 2026, las nuevas condiciones para reportar información sobre préstamos no comienzan a aplicarse inmediatamente.

El artículo 28 establece que las modificaciones relacionadas con los artículos 7, 8, 10 y otros apartados allí enumerados tendrán aplicación a partir del año gravable 2027 y deberán reportarse desde 2028.

Esto quiere decir que la información correspondiente a las operaciones de préstamos del año gravable 2027 será objeto de reporte en 2028, según el calendario y las condiciones que correspondan.

La resolución también modifica otros componentes de la información exógena, como los reportes de gravamen a los movimientos financieros, fondos de pensiones, créditos activos, donaciones, ingresos y pagos. No obstante, el ajuste sobre préstamos es uno de los puntos que puede tener mayor interés para quienes realizan operaciones de crédito o participan en ellas.

Lea la nueva resolución de la DIAN haciendo clic en este enlace.

La iniciativa busca elevar de 72.000 a 95.500 unidades de valor tributario (UVT) el patrimonio líquido mínimo a partir del cual una persona estaría obligada a pagar este tributo. El cambio comenzaría a aplicarse desde el año gravable 2027, siempre que la reforma sea aprobada por el Congreso.

En términos sencillos, el Gobierno propone que quienes tengan un patrimonio líquido inferior a ese nuevo límite no deban pagar el impuesto. Para entender el alcance de la medida, es necesario traducir las UVT a pesos y explicar cómo se calcula el patrimonio de una persona.

(Vea también: Dura noticia para quienes tienen prepagada en Colombia: Gobierno confirmó cuánto subiría de precio)

¿De cuánto sería el nuevo límite del impuesto al patrimonio en Colombia?

Actualmente, el impuesto al patrimonio tiene como umbral las 72.000 UVT. Con el valor de la UVT fijado para 2026 por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), equivalente a $52.374, ese límite representa aproximadamente $3.770 millones.

Si se utiliza como referencia el mismo valor de la UVT de 2026, el nuevo límite equivaldría a cerca de $5.001 millones. Esto significa que el umbral aumentaría en alrededor de $1.230 millones frente al que existe actualmente, tomando como referencia la UVT de 2026.

Hay que tener en cuenta que estas cifras en pesos son aproximadas y sirven para dimensionar el cambio. Como la propuesta empezaría a regir desde el año gravable 2027, la conversión definitiva dependerá del valor de la UVT que establezca la DIAN para ese año.

¿Quiénes podrían dejar de pagar el impuesto al patrimonio en Colombia?

El cambio podría beneficiar a personas cuyo patrimonio líquido se encuentre entre las 72.000 y las 95.500 UVT. Es decir, contribuyentes que superan el límite actual, pero que no alcanzarían el nuevo umbral propuesto por el Gobierno.

Por ejemplo, imaginemos a una persona que tiene bienes, ahorros e inversiones por un valor total de $6.000 millones, pero también registra deudas por $1.100 millones. Al restar sus obligaciones, su patrimonio líquido sería de $4.900 millones.

Con el umbral actual, ese patrimonio estaría por encima de los cerca de $3.770 millones calculados con la UVT de 2026. Sin embargo, si se aprobara la propuesta y se utilizara como referencia el equivalente ilustrativo de $5.001 millones, esa persona quedaría por debajo del nuevo límite y no estaría sujeta al impuesto por ese criterio.

¿Qué es el patrimonio líquido y cómo se calcula?

El patrimonio líquido es el resultado de restar las deudas y obligaciones reconocidas al valor de los bienes y derechos que tiene una persona. En ese cálculo pueden entrar propiedades, vehículos, inversiones, ahorros y otros activos, de acuerdo con las reglas tributarias aplicables. A ese total se le descuentan las obligaciones que correspondan.

(Lea también: Reforma de De La Espriella eliminaría beneficios tributarios de magistrados, jueces y docentes: estos son los porcentajes)

Por eso, una persona que tenga una vivienda de alto valor no necesariamente debe pagar el impuesto al patrimonio. También se deben considerar sus otros bienes, sus obligaciones y el resultado total del cálculo.

La diferencia es importante: el impuesto no se determina únicamente por el dinero disponible en una cuenta bancaria ni por el precio de un solo inmueble, sino por el patrimonio líquido que tenga el contribuyente en la fecha que establezca la norma.

¿Qué pasaría con las tarifas del impuesto al patrimonio?

El proyecto también plantea modificar las tarifas. Actualmente, el esquema contempla tarifas marginales de 0,5%, 1% y una tarifa de 1,5% de carácter transitorio. La propuesta reduciría la estructura a dos tarifas marginales: 0,5% y 1%. Además, establecería un primer tramo de hasta 95.500 UVT con tarifa de cero; uno entre 95.500 y 145.500 UVT con una tarifa marginal de 0,5%; y otro para patrimonios superiores a 145.500 UVT con una tarifa marginal de 1%.

Con el valor de la UVT de 2026, esos dos límites equivaldrían aproximadamente a $5.001 millones y $7.620 millones, respectivamente. De nuevo, se trata de conversiones de referencia y no de los valores definitivos que se aplicarían en 2027.

Es importante aclarar que las tarifas marginales se aplican por tramos. Esto significa que no se debe interpretar que una persona pagaría el porcentaje correspondiente sobre la totalidad de su patrimonio líquido. El cálculo depende de los rangos y de las reglas que finalmente queden aprobadas.

El impuesto al patrimonio tendría fecha de finalización

Otro cambio planteado por el Gobierno es limitar la vigencia del impuesto. Mientras que actualmente tiene carácter permanente, el proyecto propone que se aplique durante los años gravables 2027, 2028, 2029 y 2030.

De aprobarse esa disposición en los términos presentados, el tributo dejaría de aplicarse a partir de 2031. La medida, por tanto, no solo modificaría el límite desde el cual una persona debe pagar, sino también el periodo durante el cual estaría vigente.

Cabe aclarar que los cambios no están vigentes. El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado por el Gobierno ante la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026 y debe surtir su trámite legislativo, que incluye el debate y la votación en el Congreso.

Esto quiere decir que los umbrales, las tarifas y la fecha de finalización todavía pueden cambiar durante la discusión. Por ahora, los contribuyentes deben tener presente que las reglas actuales continúan aplicándose mientras no se apruebe y entre en vigencia una modificación legal.

Lo que está moviendo al dólar

En el plano local, el Banco de la República elevó la proyección de inflación para el 2026, pasando del 6,9 % al 7,1 %.

(Vea también: Dólar en Colombia pegó nuevo salto por lo que pasó con reforma pensional y se acerca a $ 3.200)

El mercado también está atento a la publicación de las minutas de la última reunión del BanRep, misma en la que la autoridad monetaria optó por mantener inalteradas las tasas de interés.

En el contexto internacional, los inversionistas tienen en la mira que el nuevo escenario político podría impulsar un acuerdo con el presidente de los EE. UU., Donald Trump, para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias ante el incremento que viene registrando el petróleo.

En ese contexto, el barril de crudo de referencia Brent se cotiza a esta hora en US$97,55, lo que equivale a un aumento del 2,90 %, mientras que el WTI reporta un alza de 2,73 %, alcanzando los US$90,26.

Su presidente, Jaime Alberto Cabal, reconoció la gravedad de las finanzas públicas del país, pero advirtió que el ajuste fiscal no debe recaer únicamente sobre ciudadanos y empresas.

El gremio respaldó algunas propuestas, como la devolución del IVA a millones de personas y la eliminación de la exclusión de ese impuesto para compras inferiores a 200 dólares en plataformas internacionales.

Sin embargo, cuestionó la continuidad de los impuestos saludables, pues considera que encarecen productos de consumo cotidiano, reducen las ventas de las tiendas de barrio y afectan especialmente a los hogares de menores ingresos.

Otro de sus reparos está relacionado con el aumento del IVA del 5 % al 19 % para vehículos híbridos y eléctricos, medida que, según Fenalco, podría desestimular la compra de tecnologías limpias.

También alertó sobre la eliminación de beneficios tributarios para algunos insumos agrícolas, que elevaría los costos de producción y podría presionar los precios de los alimentos.

Finalmente, propuso un pacto institucional para reducir en 20 % los gastos de funcionamiento del Estado durante cuatro años.

El mandatario hizo pública su instrucción a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que dejó claro que quienes incumplan la directriz serán retirados inmediatamente de sus cargos.

En su publicación, el jefe de Estado calificó la instrucción como una “orden terminante” y señaló que los interventores no podrán reunirse, sostener encuentros ni mantener ningún tipo de interlocución con Urán.

La advertencia busca evitar que los responsables de las intervenciones de las EPS tengan contacto con el funcionario.

De La Espriella fue enfático al señalar que no habrá margen para incumplimientos y que cualquier persona que desatienda la instrucción perderá sus funciones de manera inmediata.

El pronunciamiento generó atención por el alcance de la medida y por las restricciones que establece para los encargados de supervisar las entidades de salud intervenidas.

La decisión fue divulgada públicamente por el mandatario y está relacionada con el caso de Mario Urán, aunque no dio mayores detalles sobre las razones de la prohibición ni sobre posibles consecuencias adicionales.

El estudio evidenció un deterioro en la imagen de las compañías del sector y de Ecopetrol, en medio de la preocupación por la reducción de las reservas de gas natural, el aumento de las importaciones y el riesgo de perder la autosuficiencia energética.

La opinión favorable sobre la industria petrolera cayó del 80 % en 2025 al 70 % en 2026.

En los municipios productores también disminuyó, al pasar del 83 % al 74 %. Por su parte, la imagen positiva de las empresas del sector bajó del 65 % al 59 % a nivel nacional.

Frente a las alternativas para recuperar las reservas de gas, el 31 % de los directivos consultados pidió incentivar la exploración y producción costa afuera, mientras que el 20 % respaldó desarrollar proyectos de fracking.

Esta última técnica también ganó apoyo entre los ciudadanos: pasó del 30 % al 34 %.

El estudio igualmente mostró menor confianza en la capacidad del sector para operar responsablemente con el medioambiente y las comunidades.

La percepción favorable sobre su desempeño ambiental cayó del 71 % al 55 %, mientras crece el debate sobre cómo garantizar el abastecimiento energético del país.

El exitoso desempeño de los activos a nivel regional se reflejó en un aumento del 17,3% en el EBITDA interanual, alcanzando los US $87 millones durante el período evaluado.

Dicho resultado operativo evidenció una notable solidez en sus tres mercados de operación: Chile con 8,6 %, Perú registrando 14,2 % y Colombia liderando la expansión regional con un sobresaliente 44,7 %.

“El aumento de 30,3% en las utilidades, superando los US $37 millones en el período, refleja la rentabilidad y solidez de nuestro plan financiero, a partir de una capacidad operativa que continúa expandiéndose de manera exitosa en la región”, aseguró Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

Asimismo, el margen EBITDA ajustado alcanzó un 77,5%, el máximo trimestral desde 2022, gracias a eficiencias implementadas oportunamente en trimestres anteriores por el equipo administrativo corporativo.

Por su parte, el EBITDA de los últimos doce meses alcanzó los US $335 millones, más que duplicándose respecto al EBITDA pre pandemia (2019) de US $164 millones.

“Los ingresos alcanzaron los US $121 millones, lo que representa un crecimiento de 18,6% interanual, gracias a un sostenido crecimiento en los arriendos a locatarios en todos los países donde operamos, así como a la mayor participación de otros ingresos distintos a arriendos, que continúan expandiéndose a partir de distintas iniciativas estratégicas. Buscamos seguir impulsando este crecimiento con la incorporación de Arauco Chicureo, con una inversión de US $97 millones, Mall Paseo Quilín, con una inversión de US $113 millones y Arauco Premium Outlet Buin, con US $25 millones. Este último se convertirá en el quinto outlet de la compañía en Chile y el noveno a nivel regional”, agregó Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

El anuncio de la adquisición Inmobiliaria Paseo Quilín S.A. en Chile por un valor de US $113 millones, ocurrido durante el trimestre, se concretó formalmente el 30 de Septiembre de este año.

De esta manera, la firma comenzó a consolidar su respectivo flujo de caja operativo de manera directa a partir del primero de Octubre de 2026 en sus balances.

Además, se anunció el ambicioso proyecto de ampliación de Mall Curicó a través de Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A., sociedad controlada en partes iguales por Parque Arauco y Ripley.

Dicha iniciativa de infraestructura comercial contempla una inversión estimada de US $53 millones para robustecer la oferta de espacios y servicios disponibles para todos los visitantes habituales del complejo.

En el período también se inauguró el distrito gastronómico de MegaPlaza Independencia en Perú, que comprende un área total de 11.665 m² de ABL y más de 20 tiendas comerciales.

En este nuevo espacio culinario, la mitad de las marcas seleccionadas ingresan por primera vez a Lima Norte, fortaleciendo el posicionamiento del centro comercial ante los consumidores urbanos.

En materia de transformación digital, Parque Arauco anunció en septiembre la expansión de su nueva aplicación móvil a sus centros comerciales Arauco Maipú, Arauco Chillán y Arauco Premium Outlet Buenaventura en Chile.

Este despliegue tecnológico ocurrió luego de un exitoso debut en mayo pasado en Parque Arauco Kennedy, con alta aceptación entre los usuarios habituales de los diferentes establecimientos minoristas.

La compañía proyecta replicar la aplicación a nivel regional, con proyectos de implementación en Parque La Colina, Colombia y MegaPlaza Independencia, Perú, optimizando la experiencia digital de sus visitantes frecuentes.

En el transcurso del período, la clasificadora Feller Rate elevó la nota de riesgo local de la compañía desde AA hasta AA+, conservando una perspectiva estable de solvencia.

Dicha mejora crediticia ratifica la solidez financiera de la Compañía y su capacidad técnica para honrar compromisos de deuda en el mercado de capitales regional.

De igual manera, en el ámbito de sostenibilidad, la compañía fue destacada como líder del sector Real Estate en la cuarta edición del Ranking de Sostenibilidad Empresarial 2026.

Esta relevante distinción fue entregada por Brinca junto a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, premiando las mejores prácticas ambientales corporativas del holding.

El presidente de Davivienda, Javier Suárez, entregó detalles sobre el proceso de integración con Scotiabank, una operación que, según explicó, lleva “más de un año” de trabajo y que marca una nueva etapa para la entidad financiera. El directivo destacó que la unión permitirá fortalecer la presencia internacional del banco, ampliar su oferta de productos y servicios y generar nuevas oportunidades para los clientes, las empresas y los mercados en los que tiene presencia.

Con esta operación, la entidad fortalece su posición como multilatina global, con activos estimados en $194,9 billones y 25,3 millones de clientes en Colombia, según cifras de agosto de 2026. Suárez aseguró que la integración permitirá conectar mercados, ampliar las oportunidades de financiación y ofrecer nuevas soluciones a personas y empresas.

Entre las principales novedades está la posibilidad de enviar dinero a través de Bre-B utilizando productos de crédito, como tarjetas de crédito, cupos rotativos y adelantos de nómina o pensión.

También lanzó las Cuentas Cero para clientes con nómina o pensionados, que no cobran cuota de manejo, permiten transferencias interbancarias gratuitas hasta por $50 millones y ofrecen retiros ilimitados en su red de cajeros.

Otra de las apuestas es el primer Botón de Seguridad en Colombia, disponible en la aplicación de Davivienda, que permite verificar en tiempo real si llamadas, mensajes, correos electrónicos o visitas corresponden realmente a la entidad y evitar posibles estafas. Además, todas las cuentas de ahorro tendrán bolsillos con rentabilidad.

En el segmento empresarial, el banco incorporó transferencias interoperables en segundos mediante PSE, ACH y Bre-B, además de soluciones para pequeñas y medianas empresas como leasing, renting y factoring.

La oferta internacional también se amplía con cuentas en dólares en Panamá, transferencias hacia Estados Unidos y otros 16 países, recepción de dinero desde más de 160 países y acceso a inversiones internacionales en Colombia, Panamá y Miami.

Finalmente, la integración amplió la infraestructura de atención a más de 2.700 cajeros automáticos, 560 oficinas y 60.000 corresponsales bancarios en más de 1.100 municipios del país.

Según El Espectador, el Centro Democrático ha adoptado una posición de análisis minucioso sobre el llamado rescate fiscal planteado por el gobierno, evitando una oposición declarada, pero tampoco manifestando un respaldo sin reservas. El director del partido, Gabriel Vallejo, fue enfático: “Una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos. Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”, expresó, en referencia específica a la elevación del impuesto sobre productos de la canasta familiar que propone el proyecto.

En este contexto, la colectividad mantiene distancia en los puntos relacionados con posibles incrementos de impuestos a las clases medias, pero apoya iniciativas orientadas a recortar y reducir el tamaño del Estado. Esta dualidad será central en la discusión interna, en la que el partido deberá determinar, entre otros aspectos, cuáles apartados del documento apoyará, cuáles rechazará y qué proposiciones llevará como bancada a los debates siguientes, urgidos por la administración de De la Espriella.

De acuerdo con El Espectador, este ajuste fiscal representa la segunda iniciativa relevante del gobierno De la Espriella frente al Legislativo, tras la ya aprobada ley de sometimiento. Sin embargo, a diferencia de aquella, la reforma tributaria no cuenta, por ahora, con mayorías evidentes, ya que otros partidos oficialistas como el Conservador y el Liberal han mostrado reparos sobre el articulado. Por ejemplo, el Partido Conservador, cuyo líder es Efraín Cepeda, centró el debate en el efecto de eventuales aumentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las clases medias. Entre tanto, el representante liberal Alexander Bermúdez fue rotundo: “Nunca vamos a estar de acuerdo en que se le pongan impuestos a la canasta familiar. Ese tema no está en negociación".

La discusión política, además, está marcada por una tensión palpable: un cruce de declaraciones entre Uribe y el ministro Gómez, derivado de supuestas solicitudes de hojas de vida para cargos públicos. Mientras Uribe pidió evitar cualquier entrega de hojas de vida por parte de sus parlamentarios, Gómez defendió que en sus diálogos con el Congreso no ha recibido exigencias a cambio, recordando la gravedad del panorama económico y la importancia, a su juicio, de la ley de rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ajuste fiscal propuesto por el gobierno De la Espriella y cómo afecta la canasta familiar?

El ajuste fiscal presentado por el gobierno De la Espriella es una reforma económica que busca reorganizar y reducir el gasto público, según explicó El Espectador. Uno de sus puntos más polémicos es el posible incremento de impuestos a bienes de la canasta familiar, lo que ha generado rechazo entre partidos como Liberal y una postura crítica en el Centro Democrático, preocupados principalmente por el impacto negativo en las clases medias.

¿Cuál ha sido la postura del Centro Democrático frente al proyecto de reforma tributaria?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, el Centro Democrático ha mantenido una posición de análisis cuidadoso, sin oponerse abiertamente ni brindar un respaldo total al ajuste fiscal. Si bien apoya las iniciativas para recortar el tamaño del Estado, se distancia de los artículos que incluyen aumentos de impuestos, en especial los relacionados con productos básicos, insistiendo en que no se deben incrementar ni crear nuevos impuestos.

El gravamen avalado por los congresistas contempla un cobro de 7.800 pesos por el componente específico, más un 20 % adicional. La cifra quedó en un punto intermedio entre las propuestas que se discutieron durante el debate, en el que hubo diferencias sobre cuánto deberían pagar estos productos.

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Una de las voces que cuestionó el monto fue la senadora Jennifer Pedraza, quien señaló que la tarifa aprobada quedó por debajo de los 11.200 pesos que había planteado el Gobierno. “No tiene sentido aprobar una tarifa menor a la del Gobierno si en un mes estaremos dando la misma discusión en la tributaria”, manifestó durante la discusión.

En defensa de la cifra acordada, el ponente Juan Fernando Caicedo sostuvo que un impuesto demasiado alto podría incentivar la comercialización ilegal de estos dispositivos. “Buscamos el equilibrio exacto para recaudar y desincentivar sin disparar el mercado ilegal”, explicó al justificar el valor que finalmente recibió el respaldo de la plenaria.

Otro de los argumentos a favor de la iniciativa está relacionado con los recursos que recibirían las regiones. El senador Héctor Olimpo Espinosa destacó que el nuevo gravamen permitiría destinar ingresos adicionales al sistema de salud territorial, un aspecto que fue mencionado entre los beneficios esperados de la medida.

Sin embargo, la propuesta también despertó preocupaciones por sus posibles consecuencias en el comercio ilegal. El senador David Barguil advirtió sobre el riesgo de que el aumento de los impuestos termine favoreciendo a organizaciones criminales y afecte las rentas departamentales. En esa discusión, las bancadas de Cambio Radical y En Marcha insistieron en la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y la vigilancia en las fronteras.

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Aunque el Senado ya dio su aprobación en segundo debate, los consumidores no tendrán que pagar el nuevo impuesto de inmediato. El texto establece que el cobro comenzará seis meses después de la sanción presidencial, de manera que todavía se necesita la firma del presidente de la República para que la iniciativa se convierta en ley.

Con este proyecto se busca modificar las reglas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco para incluir también a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. De completarse el trámite legislativo, estos productos tendrán un nuevo tratamiento tributario en Colombia, con una tarifa que fue objeto de discusión entre los congresistas.

De acuerdo con lo presentado, los vaivenes de la tasa de cambio tienen efectos directos sobre la economía colombiana y pueden generar escenarios de depreciación o apreciación de la moneda nacional. Cuando la tasa de cambio nominal sube, ocurre una depreciación del peso colombiano; este fenómeno implica que se requiere una mayor cantidad de pesos para adquirir un dólar, lo que encarece las importaciones y puede repercutir en el precio final de los bienes y servicios provenientes del exterior. Por el contrario, una disminución de la tasa significa apreciación del peso, permitiendo comprar dólares con menos pesos colombianos. Esto abarata las importaciones, pero puede afectar la competitividad de los exportadores colombianos, ya que sus productos pierden atractivo frente a los compradores internacionales.

Para el análisis oficial de estas fluctuaciones, el sistema financiero utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta tasa corresponde al promedio aritmético simple de todas las tasas ponderadas que resultan de transacciones de compra y venta de dólares por moneda legal colombiana, según las normas del sistema. En estas operaciones participan distintos actores del sector financiero, como bancos comerciales, corporaciones, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Una condición indispensable para sumar estas transacciones a la TRM es que ambas monedas se pacten para el mismo día de negociación. Según la información disponible, la TRM para el momento del artículo indica que 1 dólar equivale a 3.221,19 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal en el costo de las importaciones en Colombia?

La tasa de cambio nominal afecta directamente el precio de los productos importados. Cuando ocurre una depreciación del peso frente al dólar, es necesario pagar más pesos por cada dólar, lo cuál incrementa el valor de las importaciones y puede encarecer bienes y servicios provenientes del exterior.

¿Qué entidades participan en la definición de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)?

Las entidades involucradas en la formación de la TRM incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), de acuerdo con la información presentada en el texto.

Uno de los temas centrales abordados fue la petición elevada por CAXDAC para que se le autorice el uso de los rendimientos generados por sus reservas pensionales. Sobre este punto, el Gobierno mantuvo su posición ya expuesta por los entes de control y sustentada en el artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994. Este artículo es claro al establecer que los fondos de reserva y los intereses o rendimientos que estos generen solo pueden destinarse al cumplimiento de las obligaciones legales referentes a pensiones. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo recalcó que dichos recursos quedan impedidos para ser utilizados con otros propósitos, como por ejemplo, el pago de comisiones de administración que no estén debidamente reguladas.

La viceministra Elianne Forero Pérez subrayó al finalizar la jornada que la preservación de los recursos pensionales constituye la máxima prioridad del Gobierno en esta coyuntura de CAXDAC. “Estamos escuchando a la entidad y evaluando de manera rigurosa la situación de CAXDAC, pero actuamos con estricto apego a la ley y a la Constitución: las reservas pensionales no se pueden tocar para fines no autorizados”, expresó Forero, citada por el Ministerio del Trabajo.

Todo este debate ocurre simultáneamente con el avance de la migración de los afiliados de CAXDAC hacia Colpensiones, proceso que busca garantizar la continuidad y protección de los derechos de los trabajadores pertenecientes al sector aeronáutico. Sobre este asunto, la viceministra Forero agregó que el Gobierno está comprometido con que dicho traslado se realice de manera ordenada, articulada y sin perjuicio para los afiliados, en un esfuerzo conjunto entre varias entidades estatales.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo aseguró que mantendrá su apoyo institucional a lo largo de todo el proceso, procurando la transparencia y el uso correcto de los recursos, así como la puntualidad en el pago de las mesadas a los aviadores civiles del país. Por ahora, la directriz del Gobierno es no permitir la utilización de los rendimientos de las reservas pensionales con fines distintos a los originalmente designados por la ley.

¿Cuál es la postura actual del Gobierno colombiano sobre el uso de los rendimientos de las reservas pensionales de CAXDAC?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la posición del Gobierno es clara: los rendimientos originados en las reservas pensionales de CAXDAC solo pueden utilizarse para atender las obligaciones legales relacionadas con el pago de pensiones. No está permitida su destinación a otros conceptos, como comisiones administrativas no reguladas, conforme al artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994.

¿Por qué se está haciendo la migración de los afiliados de CAXDAC a Colpensiones y cómo garantiza el Gobierno sus derechos?

La migración de los afiliados de CAXDAC a Colpensiones es una medida institucional que busca asegurar la estabilidad del sistema pensional y la protección de los derechos de los aviadores civiles. Según el Ministerio del Trabajo, el proceso se realiza de manera articulada y ordenada para mantener las garantías de los trabajadores y la transparencia en el manejo de los recursos.

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Entre julio y septiembre, ingresaron principalmente proyectos de generación solar, con un total de 39 nuevas instalaciones, acompañados por dos proyectos de tecnología térmica y una pequeña central hidroeléctrica. Estos aportes elevaron la capacidad efectiva neta del sistema a 22.196 MW al 30 de septiembre de 2026, como registró XM. Los 42 proyectos de generación que iniciaron operación comercial presentaron diferentes tipologías: 28 se clasificaron como generación distribuida, tres como autogeneradores y 11 como plantas de generación, de las cuales tres están despachadas de manera centralizada.

La función de XM incluye verificar que los nuevos proyectos cumplan los requisitos técnicos establecidos por la regulación vigente antes de permitir su operación. Este proceso es fundamental para garantizar que tanto los proyectos de expansión de generación como los de transmisión respondan a los estándares exigidos para el buen funcionamiento del sistema eléctrico. En el acumulado de 2026, hasta el último día de septiembre, se habían incorporado 128 nuevas plantas de generación con una capacidad conjunta de 1.038,85 MW, sumadas a 10 proyectos de transmisión para fortalecer la red nacional.

El informe de XM también destacó que, a corte del 30 de septiembre, existían 140 proyectos en fases iniciales de prueba, con una capacidad total de 1.147,97 MW. Estos comprendían 133 proyectos solares, tres eólicos, tres térmicos y uno hidráulico, todos obligados a completar el proceso de verificación técnica antes de su operación comercial.

En cuanto a transporte de energía, los cinco proyectos de transmisión declarados en operación incluyen tres pertenecientes al Sistema de Transmisión Nacional (STN) y dos al Sistema de Transmisión Regional (STR). Entre ellos se encuentra el traslado de dispositivos FACTS en el enlace Santa Marta-Termocol hacia la línea Termocol-Guajira, declarado en operación comercial el 28 de agosto por ISA Intercolombia. Asimismo, el proyecto UPME 03-2023, una nueva bahía en la subestación Nueva Esperanza, entró en operación el 30 de agosto según Empresas Públicas de Medellín (EPM), seguido por la puesta en marcha del segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV por Enel Colombia el 31 de agosto, fortaleciendo así el abastecimiento del área Oriental y reduciendo restricciones existentes.

El desarrollo y entrada en operación de estos proyectos no solo amplía y diversifica la matriz energética colombiana, sino que permite atender el crecimiento de la demanda y proveer mayor confiabilidad y flexibilidad al sistema, en línea con el proceso de expansión integral del SIN.

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¿Cuántos proyectos solares nuevos se incorporaron al Sistema Interconectado Nacional en Colombia durante el tercer trimestre de 2026?

Según XM, en el tercer trimestre de 2026 se sumaron 39 proyectos de generación solar al Sistema Interconectado Nacional. Estas iniciativas representaron la mayor parte de las nuevas incorporaciones en la capacidad de generación eléctrica reportada durante ese periodo.

¿Qué significa que un proyecto de generación sea despachado centralmente?

Un proyecto de generación despachado centralmente es aquel cuya operación y producción de energía es coordinada directamente por el operador del sistema nacional, en este caso XM, lo que permite una gestión más eficiente para responder a la demanda y mantener la confiabilidad energética del país.

La contingencia surgió debido a una reducción momentánea en la capacidad de regasificación de SPEC LNG, una terminal clave que permite introducir gas natural importado al sistema nacional. Cuando se presentó esta situación, fue necesario poner en marcha una serie de medidas extraordinarias y coordinar acciones entre los diferentes agentes del sector, con el propósito de asegurar la administración adecuada del combustible y garantizar que las necesidades prioritarias estuvieran cubiertas.

Durante el tiempo que duró la limitación programada, el Ministerio de Minas y Energía estuvo trabajando de cerca con los agentes del sector, monitoreando permanentemente las condiciones de suministro y transporte. También ejecutó acciones específicas para coordinar la atención de la demanda y mantener el flujo esencial de gas natural, especialmente hacia hogares, hospitales, colegios y otros usuarios prioritarios, tal como detalló la entidad.

La recuperación de la capacidad operativa de la terminal SPEC LNG se alcanzó antes de lo previsto, gracias a la culminación de los trabajos correctivos realizados en la infraestructura. Con esto, se normalizaron las actividades ordinarias de abastecimiento y comercialización de gas natural, poniendo fin a las medidas extraordinarias implementadas durante el periodo crítico.

Ahora que Colombia ha logrado retomar el funcionamiento habitual de su sistema de gas natural, el Ministerio de Minas y Energía anunció que seguirá atento a las condiciones de abastecimiento. El objetivo es mantener la continuidad y la confiabilidad del servicio en todo el país, evitando que vuelvan a requerirse acciones excepcionales similares a las aplicadas mientras se resolvía la contingencia técnica en la terminal de Cartagena.

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¿Por qué se produjo la limitación programada de gas natural en Colombia?

La limitación programada se implementó como respuesta a una disminución temporal en la capacidad de la terminal de regasificación SPEC LNG en Cartagena, que tuvo problemas técnicos y no pudo operar normalmente. Para hacer frente a esa situación, el Ministerio de Minas y Energía coordinó medidas concretas para administrar la disponibilidad y atender principalmente la demanda esencial.

¿Qué medidas adoptó el Ministerio de Minas y Energía durante la contingencia del gas natural?

Durante la contingencia, el Ministerio de Minas y Energía trabajó en coordinación con los agentes del sector para monitorear el suministro y el transporte. Además, implementó acciones que permitieron garantizar el abastecimiento a usuarios prioritarios, como hogares, hospitales y colegios, hasta que culminaron los trabajos y la infraestructura recuperó su capacidad operativa.

Castañeda elaboró su diagnóstico a partir de cifras proporcionadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Destacó que, al cierre del año anterior, los recursos contingentes 3C (recursos que han sido descubiertos y que son potencialmente recuperables) multiplican por seis las reservas probadas de gas natural en Colombia. Además, citó un estudio publicado por la ANH en 2021 —realizado por Mora y otros investigadores— que estima que el desarrollo de yacimientos no convencionales podría cuadruplicar las reservas probadas de petróleo y aumentar en 97 veces las reservas probadas de gas natural. Sin embargo, enfatizó que el reto consiste en transformar estos recursos potenciales en reservas realmente útiles y proyectos comerciales que generen bienestar para la población.

En los últimos años, según expuso Castañeda, Colombia ha experimentado una disminución considerable en su producción de hidrocarburos: la producción diaria de petróleo pasó de cerca de un millón a 730.000 barriles, y la de gas natural bajó de 1.000 millones a 700 millones de pies cúbicos diarios. Esta tendencia ha llevado al aumento de importaciones, superando los 400 millones de pies cúbicos de gas natural, a precios hasta cuatro veces superiores a los de hace una década, lo que afecta la economía de las familias más vulnerables.

El presidente de CAMPETROL atribuyó estos rezagos a la caída sostenida en la exploración, la falta de nuevos contratos desde agosto de 2022, la disminución de taladros (de 60 a 31 entre 2022 y 2026) y la reducción de la inversión, que, de acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), cayó un 25 % frente a 2015. Otros obstáculos señalados incluyen bloqueos sociales y voladuras de oleoductos: 1.363 bloqueos en 2025 frente a 473 en 2015, y 82 voladuras de oleoductos desde 2024.

Este contexto, según Castañeda, supone un riesgo para el abastecimiento energético, especialmente ante el fenómeno de El Niño —declarado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)—, que eleva la demanda de gas para generación eléctrica. Ante el avance de otros países de la región y la competencia por capital extranjero, insistió en la necesidad de mejorar la competitividad y la estabilidad jurídica para atraer inversiones. Respaldó la importancia de los hidrocarburos en la economía nacional: de 2021 a 2025 aportaron cerca de un tercio de las exportaciones, el 17 % de la inversión extranjera directa, el 8 % de los ingresos del Gobierno nacional central y dos tercios de las regalías.

¿Cómo afecta la menor producción de petróleo y gas a la economía y los hogares en Colombia?

De acuerdo con CAMPETROL, la reducción de la producción ha obligado a Colombia a importar más gas natural a precios elevados, encareciendo la canasta familiar. Además, la menor inversión y la caída en la actividad del sector impactan el empleo, los ingresos fiscales y las regalías de las regiones.

¿Qué significa el recobro mejorado de petróleo y por qué es relevante en Colombia?

El recobro mejorado se refiere a técnicas para extraer un mayor porcentaje del petróleo contenido en los yacimientos. En Colombia, incrementar en un punto porcentual la tasa de recobro puede significar aproximadamente 800 millones de barriles adicionales, lo que ayudaría a compensar el declive natural de la producción y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con lo recopilado, con esta jornada negativa, el Brent sumó su tercera sesión consecutiva de pérdidas, retrocediendo además por debajo de la barrera de los 95 dólares por barril. La situación resulta más impactante si se compara con el cierre de finales de octubre, cuando la cotización alcanzó los 117,64 dólares; por consiguiente, se evidencia una caída cercana al 20% en menos de una semana, reflejando la alta volatilidad existente en el mercado energético.

La baja en el precio del crudo Brent estuvo influida principalmente por el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde los demócratas lograron recuperar el control del Congreso. Esta modificación en el equilibrio político de Washington fue interpretada por los participantes del mercado como un indicio de posibles reducciones en las tensiones geopolíticas durante los próximos meses, escenario que favorece una mayor apertura para la negociación internacional y podría conducir a una reducción de riesgos asociados a eventos en Medio Oriente, especialmente aquellos vinculados con Irán.

Esta dinámica responde también a un cambio en la percepción del riesgo que había sido incorporado en las cotizaciones del crudo en semanas previas. Con perspectivas de menor incertidumbre respecto a interrupciones en el suministro global, la prima geopolítica que mantenía elevados los precios comenzó a disiparse. Para Colombia, el movimiento del Brent cobra especial importancia, pues este referente incide de forma directa en el valor de la mayoría de sus exportaciones petroleras, afectando ingresos externos, cuentas fiscales y la disponibilidad de divisas. En adelante, la evolución del mercado petrolero dependerá de la coyuntura geopolítica, decisiones de los países productores y el panorama económico global, variables que seguirán siendo claves para la estabilidad y tendencias del sector.

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¿Cómo afectan los resultados de las elecciones en Estados Unidos a los precios del petróleo Brent?

Los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos, que otorgaron el control del Congreso a los demócratas, han sido interpretados por los inversionistas como un factor de alivio en las tensiones geopolíticas. El mercado estima que este cambio político podría favorecer una mayor negociación internacional y reducir algunos riesgos relacionados con conflictos en Medio Oriente. Esta expectativa de menor incertidumbre influyó directamente en la caída de los precios del crudo Brent, al disminuir la percepción de riesgo sobre interrupciones en el suministro energético.

¿Por qué el Brent es tan importante para la economía colombiana?

El Brent, como referente internacional del precio del petróleo, es clave para Colombia porque determina el valor de gran parte de sus exportaciones petroleras. Esto afecta directamente los ingresos en divisas del país, así como las cuentas fiscales y la estabilidad financiera nacional. Por esta razón, las fluctuaciones del Brent impactan significativamente en la economía colombiana y en su capacidad de maniobra financiera.

El beneficio entrega un subsidio de hasta $21.010.860, equivalente a 12 salarios mínimos, que se distribuye en 48 cuotas mensuales durante cuatro años para reducir el valor del crédito hipotecario o leasing habitacional.

El programa está dirigido a familias cuyos ingresos mensuales no superen los $7.003.620 en 2026.

Además, el jefe del hogar debe ser mayor de edad, ningún integrante puede tener otra vivienda en Colombia y tampoco haber recibido subsidios de vivienda utilizados para comprar otro inmueble o cobertura a la tasa de interés del Gobierno Nacional.

Las postulaciones están abiertas desde el 3 de noviembre de 2026 y deben realizarse directamente en las entidades financieras vinculadas, una vez aprobado el crédito o leasing y antes de su desembolso o inicio.

El dinero no se entrega directamente a las familias, sino que el Distrito lo gira a la entidad financiera para reducir las cuotas mensuales.

Una condición fundamental es que el desembolso del crédito o el inicio del leasing debe realizarse a partir del 15 de diciembre de 2026. Los cupos estarán disponibles hasta agotar las 4.000 asignaciones.

Banco Pichincha lidera el listado con la tasa más alta del mercado bancario, de 13,4 %, seguido por Banco W, con 13,17 %, Itaú, con 12,83 %, y Banco de Occidente, con 12,79 %.

Entre las compañías de financiamiento también sobresalen KOA, con una rentabilidad de 13,17 %, y Credifamilia, con 13,13 %. Por su parte, Iris registra 12,73 %, Crezcamos 12,4 % y Coltefinanciera 11,28 %.

En el grupo de los bancos, otras entidades como Ban100 ofrecen 12,6 %; Banco Unión, 12,55 %; Banco Serfinanza, 12,5 %; y Banco Popular, 12,41 %.

Bancolombia registra 11,79 %, Lulo Bank 11,77 % y Davivienda 11,03 %, mientras que Banagrario tiene la tasa más baja entre los establecimientos bancarios, con 9,75 %.

En las cooperativas financieras, la Cooperativa Financiera de Antioquia encabeza el listado con 11,07 %, seguida por JFK, con 10,81 %, y Cotrafa, con 9,58 %.

Antes de abrir un CDT, es importante comparar no solo la rentabilidad, sino también el monto mínimo de inversión, el plazo, el pago de intereses y las condiciones para retirar el dinero.

(Vea también: Dian anuncia gangazo para quienes tienen deudas pendientes: “Hasta 19 de noviembre”)

La oferta reúne automotores que llegaron a manos del Estado por procesos de decomiso, abandono, aprehensión e incautación. Los interesados pueden conocer las características de cada uno y presentar sus propuestas económicas mediante El Martillo, plataforma del Banco Popular habilitada para este tipo de ventas.

Entre los vehículos que llaman la atención por sus precios de partida está una Chevrolet Luv TFR modelo 1993, cuyo valor inicial es de $8,1 millones. También figura una Chevrolet Captiva Sport de 2014, con una base de $14,6 millones.

El catálogo incluye, además, modelos de marcas de gama alta. Un Audi Q7 3.0 TDI de 2008 aparece con un precio inicial de $32,2 millones, mientras que un Mercedes-Benz C 200 modelo 2020 tiene una base de $77,7 millones.

Estos valores no corresponden necesariamente al monto por el que terminarán vendidos los automotores. Son precios de partida para las pujas, por lo que el costo de adjudicación dependerá de las ofertas que reciban y de las reglas establecidas para cada lote.

¿Qué carros ofrece la DIAN en la subasta de noviembre?

La convocatoria incluye vehículos de diferentes segmentos y años de fabricación. Entre las referencias destacadas por la entidad y divulgadas por Noticias RCN están:

• Chevrolet Luv TFR modelo 1993: precio base de $8,1 millones.
• Chevrolet Captiva Sport modelo 2014: precio base de $14,6 millones.
• Audi Q7 3.0 TDI modelo 2008: precio base de $32,2 millones.
• Mercedes-Benz C 200 modelo 2020: precio base de $77,7 millones.

La lista completa y las condiciones de cada automotor se encuentran en El Martillo del Banco Popular. Allí es posible consultar la información específica de los lotes antes de decidir si se presenta una oferta.

Fechas de las subastas de vehículos de la DIAN

El calendario de noviembre contempla dos convocatorias con horarios de cierre diferentes. La primera abrió el martes 3 de noviembre, a las 12:00 del mediodía, y tiene previsto finalizar el viernes 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana.

La segunda comenzó el miércoles 4 de noviembre, también al mediodía, y permanecerá habilitada hasta el lunes 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

Los interesados deben comprobar en la plataforma a cuál de las convocatorias pertenece el vehículo que les interesa, pues cada lote tiene sus propios tiempos y condiciones para recibir ofertas.

¿Cómo participar en las subastas de la DIAN?

El proceso se realiza por internet, a través de El Martillo del Banco Popular. Para ingresar, los ciudadanos deben contar con un usuario y una contraseña en esa plataforma. También necesitan disponer de una cuenta independiente para efectuar los depósitos requeridos antes de presentar sus propuestas.

Una vez registrados, pueden revisar el catálogo, identificar los vehículos disponibles y consultar las condiciones particulares de cada lote. Antes de ofertar, es importante verificar los datos publicados y los requisitos establecidos para la convocatoria.

La presentación de una oferta no garantiza que el vehículo sea adjudicado al participante. La asignación depende de las reglas de la subasta y de las propuestas económicas recibidas durante el periodo habilitado.

Advertencia para quienes quieran comprar un vehículo en subasta

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los interesados es que los automotores se venden en las condiciones en que fueron encontrados. Esto significa que la DIAN no garantiza que estén listos para circular ni que hayan sido sometidos a reparaciones o acondicionamientos antes de su entrega.

Por esa razón, el precio base no debe ser el único factor para decidir si conviene participar. El estado físico y mecánico del vehículo, los posibles arreglos, su ubicación y los gastos adicionales asociados a la adquisición pueden influir en el costo final.

La recomendación es revisar con cuidado la ficha de cada lote y consultar las condiciones de venta directamente en El Martillo del Banco Popular. También es importante realizar el proceso únicamente por los canales oficiales, sin recurrir a intermediarios que prometan adjudicaciones o precios especiales por fuera de la plataforma.

Para respaldar este apoyo, el Icetex destinará COP 1,07 billones de sus propios recursos. Dichos fondos están orientados a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, dentro y fuera del país, así como a aquellos que acceden a créditos de sostenimiento, lo que evidencia la diversidad de opciones que cubre la financiación. De acuerdo con Richard Caicedo, presidente de la entidad, esta inyección económica constituye un importante esfuerzo que busca garantizar la continuidad educativa a miles de jóvenes en Colombia, y solo es posible gracias al cumplimiento de pago de quienes ya han asumido previamente su compromiso crediticio.

El procedimiento de renovación consiste, en primer lugar, en que los beneficiarios actualicen sus datos a través del portal web del Icetex. Posteriormente, cada estudiante debe presentar el correspondiente formulario en la Institución de Educación Superior (IES) donde cursa sus estudios. Una vez cumplidos estos requisitos, la universidad se encarga de adelantar la renovación ante el Icetex, lo cual permite el desembolso a la institución por concepto de matrícula, o a la cuenta personal del estudiante en caso de tratarse de crédito de sostenimiento.

Un aspecto clave que la entidad enfatizó es la necesidad de que todos los estudiantes, y sus deudores solidarios si aplica, hayan realizado la autenticación biométrica previa al proceso. A quienes aún no lo hayan hecho, se les solicita que acudan presencialmente a los Centros de Atención Presencial o se comuniquen a la línea 333 602 5656. Además, el Icetex subrayó que todos los trámites son gratuitos y se deben gestionar directamente, sin intermediarios, instando a los beneficiarios a no caer en fraudes de tramitadores y a reportar cualquier irregularidad al correo electrónico oficial de denuncias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los estudiantes del Icetex renovar su crédito educativo paso a paso?

Para renovar el crédito educativo, los beneficiarios deben ingresar al sitio web del Icetex y actualizar sus datos. Luego, deben presentar el formulario de renovación en la Institución de Educación Superior donde estudian. Es fundamental haber realizado previamente el proceso de autenticación biométrica, el cual puede completarse presencialmente o por teléfono. Finalmente, la universidad será responsable de tramitar la renovación ante el Icetex, asegurando el desembolso correspondiente.

¿Qué es un crédito reembolsable del Icetex y en qué consiste la autenticación biométrica?

Un crédito reembolsable del Icetex es un préstamo educativo que los estudiantes deben devolver según los términos establecidos. Está diseñado para financiar matrículas de pregrado, posgrado o sostenimiento, dentro y fuera del país. Por su parte, la autenticación biométrica es el proceso mediante el cual el estudiante o deudor solidario valida su identidad con información única, como huella dactilar, para asegurar la transparencia y seguridad en los trámites.