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La iniciativa comenzó el primero de octubre de 2026 y las compañías proyectan proteger a 100.000 colombianos durante su primer año.

La oferta incluye seguros relacionados con diferentes necesidades:

• Tu Vida Protegida.
• Tu Familia Protegida.
• Tu Hogar y Negocio Protegidos.
• Previsión Exequial.
• Microempresarios Protegidos.
• Tu Retiro Protegido.
• Tu Giro Protegido.
• Tu Salud Protegida.

Las coberturas dependen del producto contratado y contemplan situaciones como fallecimiento, accidentes, incapacidad temporal, hospitalización, gastos funerarios, daños al hogar o al negocio, eventos naturales, hurto y contingencias relacionadas con el retiro de dinero o la recepción de remesas.

El valor de 10.510 pesos corresponde a una opción dentro del portafolio, por lo que no significa que los ocho seguros tengan ese mismo precio.

¿Quiénes pueden adquirir los seguros?

Los productos están disponibles para clientes actuales y nuevos de Banco W. Algunos pueden adquirirse al momento de solicitar un crédito con la entidad.

En el caso de Tu Retiro Protegido y Tu Giro Protegido, los interesados podrán adquirirlos a través de las oficinas del banco a nivel nacional, mientras que Tu Salud Protegida será comercializado mediante telemercadeo.

La propuesta tiene un foco especial en empresarios, microempresarios y trabajadores independientes, para quienes una situación inesperada puede afectar directamente los ingresos con los que sostienen su hogar o mantienen funcionando su negocio.

Por ejemplo, una incapacidad temporal puede impedir que una persona trabaje durante determinado periodo, mientras que un daño o hurto en un establecimiento puede representar un gasto adicional para un pequeño empresario.

Los seguros buscan ofrecer una cobertura económica frente a determinados eventos, de acuerdo con las condiciones de cada producto.

¿Qué cubren y cuál es el objetivo de la alianza?

Entre las situaciones contempladas en el portafolio aparecen fallecimiento, accidentes, incapacidades, hospitalización, gastos funerarios, daños al hogar o al negocio, eventos naturales y hurto de pertenencias o de dinero retirado.

También hay una cobertura relacionada con las personas que reciben remesas de colombianos en el exterior.

Las compañías anunciaron además que desarrollarán contenidos de educación en protección financiera, con el propósito de explicar a los clientes cómo funcionan los seguros, cuáles son sus coberturas y qué aspectos deberían revisar antes de adquirirlos.

La alianza tiene cobertura nacional en los territorios atendidos por Banco W y apunta a combinar el acceso a productos financieros con alternativas de protección frente a situaciones que pueden generar gastos inesperados.

El Icetex aclaró que para acceder a este apoyo es indispensable que los estudiantes se encuentren activos en sus programas académicos y estén al día en sus abonos o con mora menor a 30 días. La medida da continuidad a la anunciada en abril de 2026, cuando se destinaron COP 100.000 millones para subsidiar la tasa de interés de 170.000 estudiantes en etapa de amortización, es decir, quienes ya han terminado sus estudios y se encuentran pagando su deuda. En ambos casos, la condición principal es estar al día en los pagos para acceder al beneficio, según precisó el Icetex.

Una vez se terminen los dineros asignados por el Estado, la tasa retornará a lo pactado originalmente entre el estudiante y la entidad, que depende de la línea de crédito elegida. Según el Icetex, estas tasas oscilan entre IPC + 7 % y hasta IPC + 12 %. Es importante entender el contexto de esta medida: en febrero de 2025, la entidad comunicó a sus usuarios que, por la coyuntura fiscal nacional, quienes estuvieran en etapa de pago perderían el subsidio en las tasas de interés. Así, los créditos volvieron a las condiciones establecidas al inicio, afectando a quienes ya habían terminado sus estudios.

Este subsidio empezó a existir en 2010, destinado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 o clasificados en las categorías A, B o hasta C7 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) que tomaban créditos a largo plazo. En estos casos, la financiación inicial era de hasta el 30 % de la carrera y, mientras cursaban sus estudios, pagaban una tasa de interés compuesta únicamente por el IPC. Al perder el subsidio, estos jóvenes se enfrentaron a tasas mucho mayores. Por ejemplo, con una inflación del 13,1 % en 2022, los préstamos podían alcanzar intereses del 25,1 % anual (IPC + 12 puntos), lo que representó una carga considerable para las familias beneficiarias.

¿Cómo afecta la eliminación del subsidio a la tasa de interés del Icetex a los estudiantes?

La eliminación del subsidio implica que los beneficiarios deben pagar tasas de interés significativamente más altas, ajustadas al IPC más varios puntos adicionales según su línea de financiamiento. Esto puede traducirse en cuotas mensuales mucho mayores, complicando el pago de la deuda y aumentando el riesgo de morosidad entre los jóvenes que ya terminaron sus estudios y están en etapa de pago.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio para créditos Icetex en etapa de estudios?

De acuerdo con el Icetex, el beneficio del subsidio a la tasa de interés está disponible para estudiantes activos en sus carreras, que estén al día en sus pagos o que tengan una mora no superior a 30 días. Además, la selección depende de la vigencia de los recursos y está dirigida a quienes están en periodo de estudio, no en la etapa de amortización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En el mercado interbancario, la divisa estadounidense abrió en $3.250, que marcó a su vez el precio máximo de la jornada. A partir de allí, una firme e intensa presión vendedora dominó el mercado hasta llevar la cotización a un piso intradiario de $3.190,11.

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De acuerdo con reportes de JP Tactical, la sesión estuvo caracterizada por un marcado volumen de oferta que perforó los niveles de soporte técnico de corto plazo.

Este comportamiento representó un desacoplamiento frente al panorama internacional, donde el índice dólar (DXY) avanzó un 0,23 % hasta los 102,17 puntos, respaldado por la firmeza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Petróleo cede ante descuentos de Saudi Aramco y liberación de reservas

En los mercados internacionales de materias primas, los precios de los hidrocarburos mostraron moderadas correcciones a la baja debido al incremento en la oferta global.

El petróleo Brent cedió un 1,16 %, cerrando en US$101,06 por barril (manteniéndose a flote sobre la barrera de los tres dígitos) y la referencia WTI cayó un 1,19 % hasta los US$90,03 por barril.

La presión vendedora sobre el crudo respondió principalmente al agresivo descuento de US$5 por barril aplicado por Saudi Aramco para sus clientes en Asia con el objetivo de proteger cuota de mercado, sumado al impacto de la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de las economías del G7.

Sin embargo, el piso de los precios se mantuvo firme gracias a la postura cautelosa de la OPEP+, que decidió mantener inalteradas sus cuotas de producción, y a la continuidad en la operación del oleoducto saudí Este-Oeste.

Exportaciones de Colombia crecieron en agosto impulsadas por hidrocarburos

En el frente macroeconómico local, el DANE reveló que en agosto de 2026 las exportaciones colombianas alcanzaron los US$4.456,2 millones FOB, lo que representó un incremento del 15,1 % frente al mismo mes de 2025 (US$3.871,5 millones).

Las ventas externas estuvieron lideradas por el rubro de combustibles e industrias extractivas, con una participación del 40,1 % del total exportado, seguidas por los bienes agropecuarios, alimentos y bebidas (23,9 %), las manufacturas (20,0 %) y otros sectores (16,0 %).

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Así, entre enero y agosto de 2026, las exportaciones sumaron US$36.880,7 millones FOB, con una expansión del 12,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. En este acumulado, las ventas del sector energético-minero crecieron un 16,9 %, compensando el desempeño negativo del sector agropecuario (-4,1 %) y las manufacturas (-1,5 %).

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,21 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,854 % desde los 12,730 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 13,174 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,110 %.

Banco Falabella lanzó durante octubre una serie de promociones especiales que otorgan descuentos de hasta 40 % a clientes que utilicen sus tarjetas CMR o Débito.

La entidad financiera habilitó estas ventajas de la mano de nueve aliados comerciales estratégicos pertenecientes a diversas categorías de consumo dentro del territorio colombiano.

Estas oportunidades económicas forman parte de la conmemoración por los 21 años de operaciones continuas de la institución bancaria en Colombia.

En el sector gastronómico, la heladería Popsy ofrece un 40 % de descuento en helados todos los días, sin tope máximo y a nivel nacional.

Igualmente, Don Benítez otorga un 40 % de descuento en toda la carta todos los días, sin tope, en sus sedes de Bogotá.

La cadena Pizza Hut se suma con un 40 % de descuento en pizzas todos los días, sin tope y con cobertura nacional.

Para el cuidado personal, Magic Nails dispone de un 40 % de descuento en todos los servicios todos los días, en Bogotá y Medellín.

En el ámbito del acondicionamiento físico, Bodytech brinda un 40 % de descuento en planes trimestrales todos los días a nivel nacional.

La tienda Dislicores concede un 30 % de descuento en vinos y destilados todos los días y a nivel nacional.

Por su parte, Farmatodo brinda un 15 % de descuento utilizando el cupón BFALA, acumulable con otras promociones, de acuerdo con las condiciones de la oferta.

En la categoría de turismo, Viajes Falabella y Despegar ofrecerán 0 % de interés todos los días en vuelos, actividades, paquetes y circuitos.

Este beneficio aplica al pagar con tarjeta CMR a 3 o 6 cuotas dentro de las opciones disponibles.

Adicionalmente, las agencias otorgan un 20 % de descuento los jueves de octubre en paquetes a destinos nacionales e internacionales seleccionados, al pagar con CMR o Débito Banco Falabella.

En el campo del entretenimiento masivo, la entidad invita a sus usuarios a participar por entradas para eventos musicales de alta convocatoria.

Los usuarios deben registrarse en el sitio web de Falabella, ejecutar compras con CMR o Débito Mastercard y sumar transacciones individuales de $20.000 COP.

Quienes acumulen el mayor número de transacciones podrán obtener uno de los 80 pases dobles disponibles para los conciertos del 4, 5 o 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Banco Falabella ha ganado terreno durante los últimos años como el banco del entretenimiento y los conciertos, con más de 80 preventas en el país.

“Durante estos 21 años hemos visto la forma en la que han evolucionado las necesidades de nuestros clientes, pero también cómo disfrutan, compran, viajan y se relacionan con su dinero. Celebrar este aniversario significa seguir creciendo con ellos y encontrar nuevas formas de acompañarlos. Queremos que Banco Falabella siga presente en esos momentos y que encuentren en nosotros un aliado para vivir como siempre lo han soñado”, señaló Agustín Lira, Gerente de División Medios de Pago y Marketing para Banco Falabella.

Esta estrategia comercial responde al comportamiento actual de las familias colombianas dentro del comercio minorista nacional.

El consumo de los hogares colombianos mantiene una dinámica positiva, sustentada principalmente en decisiones de compra marcadas por la búsqueda de valor y un mayor cuidado del presupuesto.

Según el Dane, durante el primer semestre el comercio creció 11,9 %, 0,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

En este contexto, los consumidores buscan cada vez más alternativas que permitan disfrutar de momentos cotidianos y aprovechar mejor su dinero.

Por eso, en el marco de sus 21 años en Colombia, Banco Falabella busca acompañarlos en diferentes momentos de su día a día, con beneficios y experiencias adondequiera que vayan.

Así lo indicó Portafolio, que explicó que el movimiento se produciría apenas dos meses después de su llegada al Gobierno y pondría a Cuello nuevamente del lado empresarial del sector energético, esta vez en la principal compañía petrolera del país.

Su posible arribo a la petrolera estatal ocurriría en uno de los negocios que mayor atención concentra ante los retos de abastecimiento de gas que enfrenta Colombia en la actualidad.

La trayectoria de Cuello tiene precisamente uno de sus principales capítulos en esta industria, habiendo liderado diversas iniciativas corporativas y de infraestructura en el mercado regional.

Antes de llegar al Gobierno, ocupó la gerencia comercial de Promigas Perú y, posteriormente, asumió la gerencia general de la Compañía Energética de Occidente (CEO), empresa del grupo Promigas dedicada a la distribución y comercialización.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Minas y Energía, Cuello es actualmente el viceministro de Energía dentro de la estructura institucional, experiencia que confirma el por qué llegaría para el negocio del gas en Ecopetrol.

Entre las responsabilidades de este despacho están la asesoría al ministro en la formulación de políticas para energía eléctrica, hidrocarburos y biocombustibles, así como asuntos de exploración, producción, transporte y comercialización.

Cuello es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) del IE Business School.

Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el sector energético, acumulando años de labor técnica en diferentes firmas privadas e instituciones estratégicas de la industria.

La información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público señala que se desempeñó como gerente comercial de Promigas Perú entre septiembre de 2021 y febrero de 2025.

Posteriormente, en marzo de 2025, llegó a la gerencia general de la Compañía Energética de Occidente para dirigir sus operaciones en el territorio nacional.

En marzo de 2025, CEO informó oficialmente su nombramiento como gerente general y destacó que Cuello contaba con más de 15 años de experiencia en el sector energético.

La compañía también resaltó su participación en proyectos de expansión de mercados e infraestructura y su experiencia en negocios relacionados con generación a gas y movilidad sostenible.

Ese recorrido es especialmente relevante frente al eventual nuevo destino en Ecopetrol, pues la compañía viene teniendo un papel central en la estrategia de abastecimiento de gas del país.

Lo anterior cobra vigencia mientras Colombia enfrenta el reto de incorporar nuevas fuentes de suministro para atender la demanda requerida por la industria y los hogares.

Cuello llegó al Ministerio de Minas y Energía con el inicio del Gobierno de Abelardo De la Espriella, marcando un hito en la conformación de la cartera gubernamental.

Su nombre fue anunciado para ocupar el viceministerio de Energía junto con Luis Madriñán, quien asumió el viceministerio de Minas en la misma jornada oficial.

Su perfil empresarial marcó entonces una diferencia frente a otros nombres que habían sonado para la cartera energética del país.

La designación lo llevó a pasar de la administración de una compañía energética regional a uno de los cargos responsables de la política pública del sector.

Durante las primeras semanas en el Gobierno, Cuello tuvo que enfrentar precisamente uno de los momentos más complejos para el sistema energético colombiano.

En septiembre, durante el Congreso de Acolgen, advirtió sobre los problemas financieros del sector eléctrico y señaló que Colombia enfrentaba un riesgo de apagón financiero cercano a los $4 billones.

El viceministro también ha participado en la discusión sobre la suficiencia de energía firme, los retrasos en proyectos de generación y transmisión y el abastecimiento de gas.

Ahora, de concretarse su salida del Ministerio, Cuello pasaría nuevamente al sector privado y, específicamente, a Ecopetrol, donde el gas tiene un peso estratégico.

El eventual movimiento ocurre además en un momento en el que el gas se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda energética nacional.

Esta relevancia obedece a la necesidad imperiosa de garantizar suministro continuo para los hogares, la industria y las plantas de generación térmica en el territorio.

Para dar el primer paso en este proceso, se convocó una reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Este es un espacio clave en el que concurren representantes del Gobierno Nacional, miembros de las centrales sindicales y delegados de los gremios empresariales. Allí se empezó a discutir no solo el potencial aumento, sino también otros asuntos laborales de importancia, como el trabajo en plataformas digitales, las condiciones del empleo doméstico, la tercerización, la negociación colectiva y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación en los lugares de trabajo. Así lo consignó El Nuevo Día en su cobertura reciente.

De acuerdo con la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, la intención del Ejecutivo es sintetizada en la frase "escuchar antes de decidir". El Gobierno enfatiza que el diálogo previo permitirá identificar las inquietudes y particularidades de cada sector, buscando que la futura determinación esté respaldada por un estudio cuidadoso de las propuestas y de sus posibles impactos. Para avanzar, se propuso desarrollar mesas técnicas y jurídicas que analicen con profundidad las diferentes posiciones y los efectos que tendrían en el contexto laboral y económico.

En este escenario de concertación hicieron presencia organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional, junto a voceros de las principales centrales sindicales: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), además de delegados de confederaciones de pensionados.

Por el momento, la cifra definitiva del salario mínimo para 2027 permanecen en discusión y serán el resultado del diálogo tripartito, considerando variables como la inflación, la productividad y el comportamiento de la economía. El proceso apenas inicia y el compromiso principal del Gobierno será mantener abiertas las puertas al diálogo antes de definir el nuevo valor.

¿Cuándo se definirá el salario mínimo en Colombia para 2027?

Por ahora no existe una fecha exacta para la definición del salario mínimo en 2027. Las conversaciones y negociaciones apenas empiezan, según la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El monto final dependerá del avance de las mesas técnicas y jurídicas y del consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos.

¿Quiénes participan en la discusión del salario mínimo en Colombia?

En la discusión sobre el salario mínimo participan representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, a través de gremios y centrales sindicales. En particular, organizaciones como ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco, el Consejo Gremial Nacional y centrales como CGT, CTC y CUT tienen voz en el proceso, además de delegados de las confederaciones de pensionados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En palabras de Lafauríe, los agricultores de la región se enfrentaban a desafíos propios de los monocultivos y el desgaste de la tierra por las mismas siembras de siempre. Fue este contexto el que motivó que varios productores se unieran, analizaran el mercado y dieran forma a un plan de negocios enfocado en el marañón. El resultado fue estructurar una propuesta agroindustrial que, al día de hoy, ha conseguido integrar a 79 asociados distribuidos en seis departamentos de la costa Caribe, según datos de Asomarcar.

La iniciativa de los marañoneros consistió en organizarse formalmente para dar más valor a una fruta que antiguamente solo figuraba de forma incidental en la economía regional. Al estructurar el plan de negocios, los agricultores no solo aspiraron a la producción a mayor escala, sino también a posicionar el marañón como protagonista en nuevos mercados, dejando atrás su imagen de fruta 'de patio'. La organización de Asomarcar ha sido crucial en este proceso, al permitir el trabajo colaborativo y la búsqueda de mejores oportunidades de venta y procesamiento a nivel regional.

Actualmente, la apuesta por el marañón en el Cesar es reconocida como una de las propuestas agroindustriales más serias de la región, ya que ha conseguido movilizar voluntades, recursos y conocimiento técnico en torno a un producto que, hasta hace poco, no era valorado como parte significativa del paisaje agrícola. Esta transformación en el enfoque productivo es señalada por Lafauríe como resultado directo de la visión empresarial de los agricultores que, agrupados, apostaron por líneas productivas innovadoras como el marañón, de acuerdo con la información dada por la Asociación de Marañoneros del Caribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se formó la Asociación de Marañoneros del Caribe?

La Asociación de Marañoneros del Caribe (Asomarcar) nació del esfuerzo conjunto de varios agricultores de la costa Caribe que buscaron alternativas a las siembras tradicionales como el algodón y el arroz. Según Juan Pablo Lafauríe, estos productores desarrollaron un plan de negocios y formalizaron su organización, permitiendo reunir a 79 asociados organizados en seis departamentos.

¿Qué beneficios trajo el marañón a la agroindustria del Cesar?

El marañón ha permitido diversificar la economía agrícola en el Cesar, ofreciendo una alternativa real a los cultivos tradicionales que dominaban la región. Al consolidarse como producto agroindustrial, según Asomarcar, el marañón impulsó la cooperación entre productores y abrió nuevas oportunidades comerciales, generando mayor valor para la comunidad agrícola del Caribe.

Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias desarrollado por el gobierno nacional y administrado por Prosperidad Social, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza extrema y moderada en el país. Está dirigido específicamente a grupos poblacionales vulnerables como madres o padres cabeza de hogar, niños menores de seis años, personas con discapacidad y comunidades indígenas. La estrategia busca ofrecer un ingreso que promueva la movilidad social en estos hogares, aliviando su situación económica.

Para recibir el pago correspondiente, los hogares deben tener presente la modalidad que tienen asignada. Aquellos con abonos a cuentas bancarias o billeteras digitales recibirán el monto en el producto financiero registrado previamente en el Gestor de Información Financiera. Por otro lado, quienes tengan modalidad de giro deberán consultar el cronograma oficial y acudir personalmente al punto autorizado de SuRed o SuperGIROS, presentando la cédula de ciudadanía al momento del cobro. Es importante resaltar que la entidad prohibió terminantemente cualquier cambio de titular, poder o autorización a terceros para estos trámites, garantizando así que los recursos lleguen únicamente al beneficiario.

La entrega de estos recursos se efectuará en el municipio previamente asignado y no se realizarán giros posteriores por pagos pendientes; por esta razón, Prosperidad Social insistió en que los hogares deben reclamar la transferencia antes del plazo establecido. Para confirmar si un hogar es beneficiario y conocer la modalidad de pago, Prosperidad Social recomendó utilizar los canales oficiales, como la página prosperidadsocial.gov.co. Allí, los ciudadanos deben ingresar con el tipo y número de documento de identidad, verificar si su hogar está activo o habilitado para el ciclo vigente y consultar el punto o entidad asignada para el retiro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la Renta Ciudadana y cuándo puedo reclamar el pago?

Para consultar si usted es beneficiario de la Renta Ciudadana y reclamar el pago, debe ingresar a los canales oficiales de Prosperidad Social, específicamente en prosperidadsocial.gov.co, usando su tipo y número de documento de identidad. El sistema le indicará si su hogar está activo para el ciclo actual, la modalidad de pago asignada y el punto donde puede retirar el dinero, que debe hacerse antes del 6 de octubre de 2026.

¿Qué es el Gestor de Información Financiera en el pago de la Renta Ciudadana?

El Gestor de Información Financiera es la plataforma a través de la cual los beneficiarios registran el producto financiero donde desean recibir los abonos del subsidio Renta Ciudadana, como una cuenta bancaria o una billetera digital. Esto permite a Prosperidad Social transferir de forma directa y segura los recursos económicos a cada hogar beneficiario.

Según la normatividad vigente, cuando el pensionado recibe la solicitud de revisión, dispone de un plazo de tres meses para presentarse y permitir que se lleve a cabo el examen de su estado de invalidez. En situaciones de fuerza mayor, se contemplan excepciones que pueden justificar la no asistencia en el periodo indicado. No obstante, si la persona no se presenta ni facilita la verificación dentro de los tres meses, la administración de la pensión tiene la facultad de suspender el pago mensual. La consecuencia puede ser aún más grave si transcurre un año completo sin que se haga la revisión requerida: en este caso, la ley contempla la extinción definitiva de la pensión.

Una recomendación fundamental para quienes reciben este tipo de prestación es mantener actualizados los datos de contacto y estar alertas a cualquier comunicación proveniente de la administradora de pensiones. Esto aplica para afiliados tanto a Colpensiones como a fondos privados bajo el régimen de ahorro individual. En este último caso, es el fondo de pensiones correspondiente quien debe realizar la revisión y seguimiento.

La pensión de invalidez está orientada a ciudadanos cuya pérdida de capacidad laboral alcanza los porcentajes que señala la ley. Por tratarse de un beneficio vinculado directamente al estado de invalidez, se prevé la existencia de mecanismos de control que permitan verificar que las causas que justificaron el pago sigan vigentes. Por lo anterior, la citación a revisión debe ser atendida puntualmente para evitar complicaciones que puedan afectar el pago del beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos debe cumplir un pensionado de invalidez para continuar recibiendo su mesada en Colombia?

La normativa exige que el pensionado se someta a revisiones periódicas de su estado de invalidez, cuando la entidad que otorga la pensión lo solicite formalmente. Tras recibir la citación, la persona tiene tres meses para presentarse y realizar el examen. El incumplimiento puede llevar desde la suspensión hasta la extinción del pago de la pensión, salvo que existan justificaciones reconocidas como fuerza mayor.

¿Cuáles son las consecuencias de no presentarse a la revisión periódica de la pensión de invalidez?

De acuerdo con la normativa citada por Bogotá Jurídica, si el pensionado no asiste a la revisión dentro de los tres meses posteriores a la solicitud, la administración puede suspender la mesada. Si pasa un año sin que se haga la revisión, la pensión puede extinguirse de forma definitiva.

Con un aumento del 9 %, el salario mínimo mensual pasaría de los $1.750.905 actuales a unos $1.908.486. Si se tiene en cuenta el auxilio de transporte, que se estima en $271.513, el total de ingresos mensuales llegaría a aproximadamente $2.180.000. Por su parte, si finalmente se pacta un incremento del 10 %, el salario básico escalaría a cerca de $1.925.996 y, sumando un auxilio de transporte calculado en $273.995, el ingreso total se acercaría a los $2.200.000.

Uno de los aspectos determinantes para definir el nuevo salario será el dato de la inflación con el que cierre el año 2026. La previsión usada por Velandia ronda el 7 %, pero advierte que el comportamiento de los precios en los próximos meses podría modificar esa base, lo que terminaría afectando el porcentaje de incremento definitivo. Además, el fenómeno de El Niño aparece como otro factor de peso, ya que puede influir en los precios de la energía y, en consecuencia, en la inflación, haciendo que la mesa de negociación deba revisar constantemente sus proyecciones.

La discusión para determinar el incremento comenzó formalmente el 1 de octubre, cuando se convocó la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Está previsto que a lo largo de octubre continúen las reuniones, incluyendo una cita importante el 13 de octubre, con el objetivo de acercar posiciones entre los sectores involucrados. El primer límite para alcanzar un acuerdo está fijado para el 15 de diciembre. En caso de que no se logre consenso en esa fecha, la decisión quedará en manos del Gobierno, que deberá definir el ajuste antes de que finalice el año. A estas alturas, no existe todavía una cifra oficial; los aumentos del 9 % y 10 % sirven apenas como referencias preliminares mientras avanzan las conversaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en Colombia en 2027?

Según una estimación presentada por Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, el salario mínimo para 2027 podría aumentar entre 9 % y 10 %. Estos valores surgen a partir de proyecciones sobre la inflación y la productividad, aunque la cifra final dependerá de cómo avance el proceso oficial de negociación que aún está en curso.

¿Qué factores afectan la decisión del aumento del salario mínimo en Colombia?

El informe destaca que los principales factores que influyen en la determinación del aumento salarial son la inflación, especialmente la tasa con la que cierre 2026, y el comportamiento de la productividad. Además, fenómenos climáticos como El Niño podrían impactar en el costo de la energía y alterar el dato de inflación, añadiendo presión a las discusiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Una factura de luz de $ 175.000 podría acercarse a $ 227.300 si coinciden una subida de tarifa y un consumo 20 % mayor. Son alrededor de $52.250 adicionales al mes: más de la mitad del dinero que le quedaría a una familia de estrato medio con $ 100.000 disponibles después de sus gastos básicos.

Si la tarifa y ese consumo permanecieran iguales doce meses, el gasto adicional rondaría $627.000, dinero que también podría necesitarse para útiles escolares, compra de medicamentos, comer por fuera o hacer reparaciones locativas, entre otros.

El estudio financiero de Russell Bedford utiliza la tarifa de septiembre de los principales operadores del servicio residencial de energía para estrato tres y cuatro, cercana a $ 875 por kilovatio hora. Parte de un hogar que pasa de 200 a 240 unidades mensuales y supone que producir electricidad se encarece 18,7 %, manteniendo los demás cobros iguales. Eso elevaría la tarifa completa 8,2 %.

El 18,7 % corresponde al aumento mayorista de agosto reportado por XM. Sin embargo, los contratos para atender hogares y pequeños negocios bajaron 0,8 %. El informe permite anticipar gastos bajo esas condiciones, sin anunciar un incremento ya decidido, pues cada región, empresa y estrato tiene tarifas diferentes.

Esta advertencia también vale para quien nunca prende un aire acondicionado porque menos lluvias pueden afectar embalses y cosechas lejos de su ciudad. De hecho, el Ideam estima una probabilidad superior al 90 % de un fenómeno de El Niño muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

“En términos financieros, una familia con poco margen después de pagar el arriendo o la cuota del crédito de vivienda, la alimentación y los servicios públicos puede sentir con fuerza incluso un aumento aparentemente pequeño”, explica Mauricio Serna, socio de Finanzas Corporativas de Russell Bedford.

Pero ojo porque el recibo de la luz podría aumentar todavía más por recargos. La Creg contempla cargos adicionales sobre el consumo que supere el 110 % de la meta individual: 30 % para estratos uno a tres y 50 % para cuatro a seis, sujetos a topes y excepciones. El primer ciclo es pedagógico, sin pago efectivo, pero luego la sanción si recaerá en el bolsillo.

Si cuatro personas alargan diariamente su baño ese tiempo, una ducha eléctrica funcionando a 5.500 vatios añadiría 55 kWh en treinta días. Con la tarifa inicial del ejemplo, serían unos $ 48.100 mensuales, sin contar el gasto del agua ni recargos.

La nevera también merece atención incluso donde hace frío. En la caracterización publicada por la UPME, la refrigeración representa 52 % del consumo eléctrico en clima templado, 49 % en frío y 45 % en cálido.

En otras palabras, dos refrigeradores similares, con consumos ilustrativos de 70 y 30 kWh mensuales, tendrían una diferencia cercana a $35.000 al mes: alrededor de $ 420.000 durante doce meses con la tarifa constante. Esa comparación ayuda a dimensionar el costo de conservar una nevera que gasta más.

Antes de reemplazarla, revise empaques, ventilación y mantenimiento. Recuerde que un equipo en buen estado puede evitar una compra apresurada. Igualmente, tenga en cuenta que los costos de esos aparatos pueden estar incluidos en el incremento del recibo de luz; sumarlos de nuevo haría que un mismo gasto se contara dos veces.

“La eficiencia no debe confundirse con comprar más”, advierte Serna. El experto propone una cuenta que conviene hacer antes de aceptar una promoción para adquirir un nuevo electrodoméstico. Si un aparato eficiente cuesta $ 600.000 más que otra alternativa y permite ahorrar $ 25.000 mensuales, recuperar esa diferencia tomaría 24 meses. A esa comparación hay que incorporar transporte, instalación, mantenimiento e intereses.

Si la financiación absorbe el ahorro, cambiar el equipo puede mejorar el consumo eléctrico y empeorar el presupuesto. Serna además recomienda corregir hábitos de consumo y revisar dos o tres facturas antes de decidir qué vale la pena reemplazar.

Ese margen también tendrá que alcanzar para el mercado. Según el Dane, los alimentos acumularon un aumento de 7,16 % entre enero y agosto, con múltiples causas. Precisamente, Corficolombiana encontró que episodios fuertes de El Niño elevaron históricamente la inflación alimentaria 3,9 puntos porcentuales frente a condiciones climáticas neutras.

El informe traduce ese diferencial: un mercado que costaba $ 1’000.000 al comenzar la comparación anual terminaría $ 39.000 por encima del escenario sin ese efecto. Es una diferencia al final del año, no un recargo por cada compra quincenal.

“Ante una temporada seca prolongada, es prudente separar un pequeño monto para posibles aumentos de servicios, mantenimiento de equipos o reparación de fugas”, aconseja Serna.

Finalmente, revise seis meses de facturas, compare precios por kilo y compre según lo que su familia consume. Separar una reserva puede evitar que el próximo recibo, un arreglo pendiente o el mercado terminen pagándose con tarjeta de crédito.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.242, lo que son casi $30 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

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Varios hechos condicionan el movimiento de la tasa de cambio. En el plano local, dice un informe de JP Tactical, la discusión sobre el salario mínimo de 2027 empieza a tomar forma en Colombia, con estimaciones que apuntan a un aumento cercano al 8 %, considerando una inflación proyectada alrededor del 7 % y un punto adicional por productividad.

Lo que mueve al dólar en Colombia

“Bajo ese escenario, el salario básico pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.890.977 y, si el auxilio de transporte aumentara en la misma proporción, el ingreso mensual total alcanzaría cerca de $2.160.000”, dice el informe.

Al mismo tiempo el Gobierno ha pedido prudencia en la negociación y ha señalado que los incrementos deberían estar alineados con la productividad, mientras analistas advierten que “aumentos excesivos podrían elevar los costos laborales, afectar la contratación y profundizar la informalidad, que actualmente supera el 54 %”.

Del lado internacional, los mercados inician la jornada con un tono ligeramente negativo. “Los inversionistas mantienen la atención sobre el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y comienzan a posicionarse de cara a una nueva temporada de resultados corporativos, en una semana que se anticipa relativamente tranquila en materia de datos económicos”.

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Con esto, según JP Tactical el dólar en Colombia para compras de corto plazo $3.240 – $3.220 y se prevé observar una entrada de compradores importante actuando como soporte inicial “y donde debemos reactivar compras”.

El cálculo técnico inicial estaría cerca del 8%, resultado de una inflación esperada de alrededor del 7% y una productividad de entre 1 y 1,5 puntos porcentuales.

Si en 2027 el salario mínimo aumenta 9 %, pasaría a $1.908.486 y, sumando un auxilio de transporte proyectado en $271.513, el ingreso mensual llegaría a cerca de $2.180.000. En un escenario de aumento del 10 %, el salario sería de $1.925.996 y, con un auxilio de transporte estimado en $273.995, el total alcanzaría aproximadamente $2.200.000 mensuales.

Sin embargo, el aumento podría ser mayor debido a factores políticos y a la tradicional negociación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Velandia considera que un rango de 9% a 10% es una referencia que los empresarios deberían contemplar, aunque advirtió que el resultado final podría ser inferior.

Uno de los principales factores de incertidumbre es el comportamiento de la inflación al cierre de 2026.

El fenómeno de El Niño podría afectar los precios, especialmente por posibles impactos en el sector energético, y modificar la base sobre la cual se calculará el incremento.

La Comisión Permanente de Concertación inició sus reuniones el primero de octubre. Los sectores presentarán comentarios hasta el 9 de octubre y la próxima reunión está prevista para el 13 de octubre.

Por su parte, la CUT plantea incluir en la negociación la brecha existente frente al salario mínimo vital. El acuerdo deberá alcanzarse antes del 15 de diciembre, aunque las conversaciones podrían extenderse hasta el 29 de diciembre.

Los participantes realizan dos rotaciones de seis meses en diferentes áreas de la compañía, entre ellas Lending, Risk, Fraud, Growth, Finance, Product y People.

A diferencia de una pasantía tradicional, el programa busca que los jóvenes asuman responsabilidades reales desde el comienzo y tengan participación en decisiones relacionadas con el negocio.

Durante las rotaciones, los participantes pueden trabajar directamente con equipos y acceder a espacios y documentos que normalmente estarían reservados para profesionales con mayor experiencia.

Uno de los principales elementos del programa es el uso de inteligencia artificial como herramienta cotidiana de trabajo. Addi plantea que la IA está transformando las tareas que tradicionalmente permitían capacitar a los empleados junior, como elaborar hojas de cálculo, realizar análisis iniciales o preparar primeros borradores.

Por ello, el programa busca desarrollar especialmente el criterio de los participantes para determinar cuándo pueden apoyarse en la IA y cuándo es necesario realizar una tarea o tomar una decisión sin delegarla a esta tecnología.

El proceso de selección tiene cinco etapas: aplicación, examen analítico, reto de IA, caso de negocio grupal y entrevistas estructuradas. Históricamente, la tasa de aceptación del programa ha sido cercana al 1%.

Addi también destaca los resultados de sus primeras generaciones. El 30% de los integrantes de la generación de 2022 actualmente dirige equipos dentro de la compañía, de acuerdo con los datos entregados sobre el programa.

Las aplicaciones para la generación de 2027 estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2026. Las decisiones de selección se conocerán antes del 27 de noviembre y el programa comenzará el 11 de enero de 2027.

Al completar los 12 meses, los participantes pueden tener la posibilidad de continuar en Addi con un cargo de tiempo completo.

Durante la operación fueron perforados cinco pozos exploratorios para ampliar el conocimiento sobre el potencial de gas de esta zona del país.

Las compañías destacaron que las actividades se realizaron sin accidentes ni incidentes operacionales, bajo estándares de seguridad, sostenibilidad e integridad.

La campaña involucró una amplia operación logística, científica y marítima. Se realizaron más de 1.000 vuelos en helicóptero y 1.400 horas de vuelo, que permitieron movilizar a más de 16.000 pasajeros.

Además, se trasladaron más de 45 millones de litros de combustible, 147.600 toneladas de carga y se navegaron más de 22.000 millas náuticas.

El proyecto también tuvo un componente social: más de 15.000 personas se beneficiaron de iniciativas de educación, desarrollo económico y fortalecimiento comunitario, incluyendo apoyo al sector pesquero, conexiones de gas domiciliario y proyectos ambientales.

Petrobras, operador del proyecto, tiene una participación de 44,4 %, mientras Ecopetrol posee 55,6 %. Ambas empresas señalaron que continuarán trabajando en actividades costa afuera bajo criterios de seguridad, protección ambiental y responsabilidad con las comunidades.

Las variaciones en la tasa de cambio nominal influyen de manera directa en diferentes sectores de la economía colombiana. Cuando esta tasa aumenta se presenta una depreciación del peso, es decir, el peso colombiano pierde valor respecto al dólar y se necesitan más pesos para acceder a un mismo monto en dólares. De acuerdo con el artículo, este fenómeno encarece las importaciones, pues los productos extranjeros suben de precio para los consumidores y empresas colombianas.

En contraste, una disminución de la tasa de cambio nominal implica una apreciación del peso colombiano. En ese contexto, la moneda nacional se fortalece frente al dólar y se reduce la cantidad de pesos necesarios para conseguir un dólar. Esto genera que los productos importados sean más asequibles, aunque puede reducir la competitividad de los exportadores colombianos al recibir menos pesos por cada dólar obtenido en ventas al exterior.

Para registrar oficialmente estos cambios, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según el texto, esta tasa corresponde al promedio ponderado de todas las operaciones diarias de compra y venta de dólares realizadas entre entidades financieras autorizadas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas y organismos como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex. El cálculo considera únicamente las transacciones donde tanto el pago en pesos como la entrega de dólares ocurre en el mismo día de la negociación.

Actualmente, la tasa representativa establece que un dólar equivale a 3.273,49 pesos colombianos. Este dato actualizado permite tanto a empresas como a ciudadanos tomar decisiones informadas en sus actividades comerciales, de ahorro o inversión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal en las importaciones en Colombia?

De acuerdo con el artículo, cuando la tasa de cambio nominal se incrementa y el peso colombiano se deprecia, las importaciones se encarecen, pues se requiere una mayor cantidad de pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Esto afecta tanto a empresas que necesitan insumos extranjeros como a consumidores que ven productos importados a precios más altos.

¿Qué entidades participan en el cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM se calcula tomando en cuenta las transacciones de entidades autorizadas y vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), según lo explicado en el artículo.

La advertencia está relacionada con la revisión del estado de invalidez, un procedimiento establecido en la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con la norma, las administradoras de pensiones pueden solicitar cada tres años una nueva revisión de la condición de discapacidad del beneficiario.

El objetivo es determinar si se mantiene, modifica o deja sin efecto el dictamen que permitió reconocer la pensión.

Cuando el fondo solicita esta revisión, el pensionado tiene un plazo de tres meses para presentarse y permitir el examen, salvo que exista una causa de fuerza mayor.

Si la persona no cumple con el procedimiento, el pago de la pensión puede ser suspendido.

La situación puede ser más grave si el pensionado continúa sin presentarse. La ley establece que, después de 12 meses desde la suspensión, la pensión puede prescribir.

Quienes consideren que la decisión no corresponde a su situación pueden presentar una manifestación de inconformidad ante Colpensiones o entregar los documentos requeridos por Medicina Laboral.

Si el conflicto persiste y la administradora no reconoce el derecho, el afectado puede acudir ante un juez laboral.

El nuevo tope representa una reducción de 0,65 puntos porcentuales frente al 29,24 % de septiembre y es la segunda disminución consecutiva, después de ubicarse en 29,66 % en agosto.

El ajuste ocurre mientras el Banco de la República elevó su tasa de política monetaria a 12,25 %.

No existe una contradicción entre ambas decisiones, debido a que la usura se calcula con base en el interés bancario corriente, que refleja créditos desembolsados previamente. Para octubre, este indicador quedó en 19,06 %, frente al 19,49 % de septiembre.

La tasa de usura es un techo y no significa que todos los clientes pagarán 28,59 %. Las entidades fijan sus intereses según el perfil de riesgo. Algunas, como Banco Unión, Coltefinanciera y Banco W, estaban cerca o por encima del nuevo límite y deberán ajustar sus condiciones.

La reducción también reavivó el debate sobre el acceso al crédito. David Vélez, fundador de Nubank, cuestiona que un límite muy bajo pueda excluir a personas de mayor riesgo.

Anif, por su parte, propone modificar el cálculo y separar créditos de consumo y ordinarios para ampliar el acceso a financiación formal.

El Ministerio del Trabajo indicó que en la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales participaron los distintos voceros, al tiempo que se establecieron los primeros compromisos.

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El gobierno De la Espriella explicó que, como resultado, se avanzará en una mesa técnica y jurídica para continuar con el análisis de las disposiciones y regulaciones laborales que generan inquietudes entre los sectores, con el fin de fijar el aumento del salario mínimo del 2027.

Uno de los primeros acuerdos se centra en «escuchar antes de decidir», razón por la cual la cartera laboral abrió este escenario para conocer posiciones, preocupaciones y propuestas antes de avanzar en decisiones sobre los asuntos normativos.

Primeros acuerdos para el aumento del salario mínimo del 2027 en Colombia

«El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras. Ese es el diálogo que queremos fortalecer desde la Patria Milagro», afirmó la ministra Natalia López Fuentes.

Además de las primeras discusiones sobre el aumento del salario mínimo del 2027, durante la sesión se abordaron asuntos relacionados con periodistas y comunicadores sociales, inspección laboral, plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación, negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral.

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El gobierno De la Espriella recordó que en el encuentro participaron representantes de la ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional; de las centrales sindicales CGT, CTC y CUT, y de las confederaciones de pensionados CPC y CDP.

Un estudio del Emisor encontró que un incremento inesperado en los tipos de interés reduce la actividad económica, disminuye el empleo y aumenta el desempleo, aunque la intensidad del impacto varía según la estructura productiva de cada territorio.

La Guajira, Meta y Bolívar aparecen como los departamentos más afectados, con contracciones superiores al promedio.

El estudio señala que su fuerte dependencia de la minería y otras actividades extractivas las hace más sensibles a los cambios en la demanda externa, el comercio y las condiciones financieras. Cesar también registra una respuesta pronunciada debido a su dependencia del carbón y su exposición a los precios de las materias primas.

La codirectora del Banco de la República Laura Moisá explicó que factores como el nivel de endeudamiento, la apertura comercial, la informalidad laboral y la especialización productiva determinan qué tanto golpea una subida de tasas.

En contraste, Tolima y Santander presentan impactos más moderados. Santander se beneficia de una estructura productiva más diversificada, mientras que Tolima mostró las menores contracciones entre los territorios analizados.

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Valle del Cauca tuvieron efectos cercanos al promedio nacional.

La cifra llama la atención porque el cálculo estrictamente técnico llevaría a un resultado menor. La referencia utilizada para discutir el incremento toma en cuenta la inflación y la productividad. Con una inflación estimada inicialmente en 7 % y una productividad que podría aportar entre 1 y 1,5 puntos porcentuales, la suma estaría alrededor del 8 %. Sin embargo, esa operación no necesariamente será la que determine el resultado final.

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Velandia explicó que la discusión colombiana suele incorporar factores adicionales a la fórmula económica. El comportamiento histórico de las negociaciones ha dejado aumentos superiores a la combinación de inflación y productividad, algo que el economista identifica como una especie de componente político. Por eso, el escenario que plantea para 2027 se mueve por encima de la referencia técnica.

Hay, además, un dato que todavía podría cambiar completamente las cuentas: la inflación con la que termine 2026. La proyección cercana al 7 % no está cerrada y existe preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño. De acuerdo con Velandia, las condiciones climáticas podrían afectar especialmente al sector energético y terminar presionando los precios por encima de lo que actualmente se espera.

Ese riesgo también explica por qué el economista considera prematuro asumir que el aumento será únicamente del 8 %. “Tenemos un riesgo enorme que el dato de inflación final por el fenómeno de El Niño”, señaló Velandia, según Portafolio. Si la inflación termina siendo mayor, también cambiaría la base desde la cual se empezaría a discutir el incremento del salario mínimo.

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La negociación entre los diferentes sectores, de hecho, ya comenzó oficialmente. El primero de octubre se reunió la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la participación del Gobierno, empresarios y organizaciones de trabajadores. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, planteó que el proceso debe estar sustentado en argumentos técnicos y jurídicos y resumió la posición del Gobierno con la frase “escuchar antes de decidir”.

Por ahora, no existe una cifra oficial para el aumento de 2027. Los participantes de la mesa tendrán hasta el 9 de octubre para entregar sus observaciones, que serán revisadas en una mesa técnica y jurídica antes de la siguiente reunión, programada para el 13 de octubre. Mientras ese proceso avanza, el 8 % aparece como una referencia matemática a partir de inflación y productividad, pero la estimación de 9 % a 10 % planteada por Credicorp Capital muestra que el incremento podría terminar siendo considerablemente mayor.

Sin embargo, el camino no comenzó con la siembra inmediata. Lafauríe destaca que factores como la pandemia y la necesidad de especialización llevaron a los agricultores a estructurar un plan de negocios con cuatro pilares: comercial, financiero, técnico y de negocios verdes. De acuerdo con el presidente de Asomarcar, se establecieron alianzas institucionales con entidades como la Universidad del Área Andina, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y Agrosavia, una organización dedicada a la investigación agrícola. Solo después de determinar los costos reales de siembra y mantenimiento, así como definir la demanda del producto —especialmente la almendra— y establecer clientes como la Compañía Nacional de Chocolates (Nutresa), Manitoba y restaurantes como Crepes & Waffles, los asociados se lanzaron al proyecto.

El proceso de siembra, iniciado formalmente a finales de 2022, ha seguido prácticas técnicas como el uso de injertos con variedades certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Mapiria (de Brasil, amarillo) y Agrosavia Caribe (colombiana, roja). El marañón se adapta bien al suelo y clima de las sabanas del Cesar por su resistencia a la escasez de agua y su raíz pivotante, que le permite sobrevivir con el agua subterránea después del cuarto año. En la etapa inicial, los agricultores pueden intercalar cultivos de ciclo corto para asegurar recursos mientras el marañón madura.

Actualmente, la asociación suma 79 miembros y opera en seis departamentos, con la meta de consolidar la agroindustria y procesar la almendra a escala industrial en 2027. Además, el aprovechamiento del pseudofruto permite desarrollar productos como vinagres, dulces y jabones, diversificando el portafolio de la región. Lafauríe enfatiza que el marañón, por su competitividad, sostenibilidad y proyección comercial, representa una opción sólida frente a los retos del cambio climático y la transformación del agro en el Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el marañón se ha convertido en una opción rentable para los agricultores del Cesar?

De acuerdo con la información proporcionada por Juan Pablo Lafauríe, el marañón se ha consolidado como una alternativa rentable gracias a su resistencia a la sequía, el respaldo técnico en su siembra y la existencia de mercados garantizados para la almendra, su producto más valioso. La asociación con empresas reconocidas y el desarrollo de procesos industriales han asegurado estabilidad en precios y perspectivas a largo plazo para los agricultores asociados.

¿Cuáles son los beneficios ambientales y productivos de cultivar marañón en el Cesar?

El marañón ofrece ventajas ambientales al ser un gran receptor de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Productivamente, se adapta a suelos con baja fertilidad y demanda escasos recursos hídricos después de los primeros años. Además, permite diversificar ingresos gracias al aprovechamiento tanto de la almendra como del pseudofruto, generando nuevas oportunidades para los productores locales.

El plan consiste en utilizar el mineral de alta calidad que Prodeco, filial del grupo Glencore, no explotó tras su retirada en 2021. La salida de esta compañía respondió a motivos de inviabilidad económica y dejó bajo tierra millones de toneladas de carbón, recursos ahora bloqueados por restricciones administrativas que impiden su exportación. Frente a este panorama, los alcaldes propusieron que el Estado nacional asuma el control del mineral, construya una termoeléctrica en el Cesar y produzca energía más económica, un tema urgente dada la actual crisis energética del departamento. Esta crisis se agravó tras la separación del mercado por parte del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), como resultado de cuantiosas pérdidas financieras.

La importancia de esta propuesta se acentúa por la actual coyuntura climática y energética. Colombia depende mayoritariamente de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, el fenómeno climático conocido como El Niño ha reducido notablemente los niveles de agua en los embalses. Ante la menor oferta de energía hidroeléctrica, el país activa el respaldo brindado por las termoeléctricas, que funcionan al quemar carbón o gas para mover turbinas y así producir electricidad. Según relató el presidente en la cumbre con alcaldes y gobernadores, este año la demanda eléctrica creció más de siete por ciento, presionando un sistema ya debilitado por la sequía.

El riesgo de un apagón masivo y su posible impacto social llevó al Gobierno a considerar la crisis energética como un asunto de seguridad nacional. Entre las decisiones adoptadas, se acordó que los proyectos sostenidos por regalías o incentivos deberán incluir paneles solares obligatorios para evitar desfalcos en el presupuesto de educación e infraestructura pública, ya que muchos municipios han debido sacrificar otros gastos básicos para pagar el consumo eléctrico.

Mientras se analiza la viabilidad del proyecto termoeléctrico, los alcaldes tienen el encargo de combatir el hurto de energía, especialmente en asentamientos irregulares, donde la defraudación causa la pérdida de casi un treinta por ciento del recaudo. Además, deberán adelantar campañas de prevención, intervenir barrios subnormales y regular el uso de medidores comunitarios, estrategias que buscan evitar un colapso total del sistema eléctrico del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el carbón de Prodeco no puede exportarse actualmente?

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Codazzi, Hernán Baquero, el carbón de alta calidad dejado por Prodeco tras su retiro en 2021 no puede exportarse debido a actuales restricciones administrativas. Este bloqueo dificulta aprovechar el mineral en mercados internacionales, lo que abre la alternativa de emplearlo internamente para fortalecer el sistema eléctrico del Cesar mediante una nueva termoeléctrica.

¿Cómo funciona una termoeléctrica y por qué es clave en la crisis energética del Cesar?

La termoeléctrica, según se explicó en la reunión entre alcaldes y el presidente, genera electricidad quemando combustibles como carbón o gas, los cuales calientan agua y crean vapor para mover turbinas de gran tamaño. Este mecanismo resulta esencial en el Cesar y a nivel nacional cuando el fenómeno de El Niño reduce la generación hidroeléctrica tradicional, proporcionando una fuente alterna para evitar apagones en medio de la crisis.

Uno de los datos más alarmantes proviene del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En su último informe, el DANE reportó que, para agosto, Valledupar perdió cinco mil puestos de trabajo en un año. De esa cifra, tres mil corresponderían a la rama de alojamiento y servicios de comida. Esto revela el fuerte impacto que reciben quienes dependen de este sector. Además, la inflación —medida en el mismo periodo por el índice de precios al consumidor (IPC)— llegó al 8,90 % solo en restaurantes, siendo el porcentaje más alto alcanzado este año en la ciudad, según el DANE. Así, salir a comer se volvió un lujo cada vez menos asequible, afectando la clientela local.

La presión para los empresarios del sector proviene de tres factores principales, de acuerdo con Arroyo. El primero es el incremento del 23 % en los costos de nómina, producto del aumento del salario mínimo nacional, que recae especialmente en los negocios formales. El segundo factor es el aumento del precio de los insumos, que oscila entre el 6 % y el 25 % en los últimos cinco años; esta situación se complica con las proyecciones sobre el fenómeno de El Niño y el costo adicional del transporte, debido a la ubicación de Valledupar lejos de las principales rutas del país. El tercer y más crítico, según el dirigente de Acodres, es la tarifa eléctrica: “El costo del precio del kilovatio es desbordante… Se pagan tarifas de energía mensuales de 15, de 20 y hasta 30 millones de pesos”, denunció Arroyo, quien cuestiona la viabilidad de subsistir bajo estas condiciones. Los cortes de energía, que pueden durar 4 o 6 horas, aumentan las pérdidas por alimentos dañados y deterioran aún más el servicio.

Hasta antes de la pandemia, este sector reportaba utilidades entre el 40 % y el 50 %. Ahora, esto es un recuerdo lejano. Por eso, Acodres ha solicitado a las autoridades locales y departamentales políticas de alivio, como la reducción de impuestos, especialmente pensando en los pequeños y microempresarios. “Nuestra gastronomía es líder, el turista se alimenta mañana, tarde y noche, pero no sabemos de dónde agarrarnos para echar hacia adelante y seguir generando empleo”, resume Arroyo. No hay que olvidar que la gastronomía es, actualmente, el cuarto sector que más empleo genera en Valledupar.

¿Cuáles son las causas principales de la crisis en los restaurantes de Valledupar?

La crisis del sector gastronómico en Valledupar, según lo reporta Acodres y datos del DANE, se debe principalmente al aumento de la nómina por el salario mínimo, el alza en los precios de los insumos y, de forma especial, a las tarifas elevadas de energía eléctrica, factores que juntos ponen en riesgo la rentabilidad y la generación de empleo.

¿Por qué la inflación afecta tanto al sector gastronómico de Valledupar?

La inflación en el sector de restaurantes de Valledupar llegó al 8,90 % anual, según el DANE, afectando severamente a los consumidores y empresarios. Esto se traduce en un encarecimiento significativo del costo de comer fuera de casa, lo que disminuye la clientela y complica aún más la supervivencia de los negocios locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El ministro, consciente de las condiciones climáticas adversas de la región, propuso considerar cultivos más adaptados, como el marañón, que se ajustan mejor a la disponibilidad hídrica y las características del entorno. La recomendación surgió como respuesta a la preocupación por la sostenibilidad agropecuaria local y la necesidad de buscar alternativas que permitan mayor eficiencia y rentabilidad para los productores.

Sin embargo, el llamado de Dangond suscitó reacciones en redes sociales, donde algunos comentarios cuestionaron su posición. Frente a esto, el propio funcionario se pronunció para aclarar sus declaraciones y contextualizar su mensaje dirigido principalmente a los arroceros de la región. Explicó que lo que no se puede seguir sembrando es arroz en La Guajira, argumentando que en localidades como Fonseca los productores llevan más de cinco quiebras consecutivas, incluso cultivando con agua proporcionada gratuitamente a través del sistema de riego de Ranchería.

El jefe de la cartera agropecuaria justificó su mensaje con datos de producción y rentabilidad, indicando que si no es posible obtener rendimientos de 8 a 9 toneladas por hectárea, y los costos superan los 10 millones, el precio del arroz no alcanza para cubrir tales gastos, lo cual conduce a la quiebra de los agricultores. De acuerdo con Dangond, la eficiencia debe ser la premisa, enfatizando que incluso está apoyando a arroceros en otras regiones como Casanare, que se vieron afectados por situaciones extraordinarias como inundaciones.

Finalmente, Dangond subrayó la importancia de respaldar opciones agrícolas rentables y sostenibles. Mencionó que trabaja en conjunto con los alcaldes locales para definir, de aquí a 2027, qué cultivos se deben incentivar teniendo en cuenta lo que requiera la naturaleza. Remarcó la necesidad de no maltratar los ecosistemas y avanzar hacia proyectos agroforestales y sostenibles que velen por la conservación de las cuencas de los ríos, alineando el desarrollo agrícola con la protección ambiental.

¿Por qué recomendó el ministro de Agricultura no sembrar arroz en La Guajira?

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, recomendó no sembrar arroz en La Guajira porque esta región ha enfrentado repetidas quiebras de productores debido a la baja eficiencia productiva y los altos costos asociados al cultivo, condiciones que según el ministro no permiten que la producción de arroz sea rentable en esa zona.

¿Qué cultivos son recomendados para regiones con problemas de agua como La Guajira?

De acuerdo con las declaraciones del ministro Indalecio Dangond, cultivos como el marañón son recomendables para regiones con escasez de agua, ya que se adaptan mejor a las condiciones climáticas y hídricas locales y ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad y sostenibilidad ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La Contraloría había advertido un déficit superior a $4,2 billones, mientras el Ministerio del Trabajo calcula que se necesitan recursos adicionales para cerrar el año.

El desbalance tiene entre sus principales causas el aumento del salario mínimo, que este año fue de 23 %, muy por encima del 7,5 % previsto al elaborar el presupuesto.

El impacto es mayor porque 60,8 % de los pensionados del régimen público recibe exactamente un salario mínimo.

Economistas también alertan sobre problemas estructurales. El envejecimiento de la población, la menor natalidad y el aumento de la expectativa de vida reducen la cantidad de trabajadores que financian las pensiones de los jubilados.

Además, expertos cuestionan la fórmula actual de cálculo de las pensiones y consideran necesarios cambios en la edad de jubilación, la tasa de reemplazo y el tiempo utilizado para calcular los beneficios.

Aunque recientemente llegaron entre $25 y $30 billones a Colpensiones, advierten que esos recursos solo cubrirían el déficit durante algunos años si el problema se vuelve permanente.

La reforma pensional está prevista para abril de 2027, pero persisten dudas sobre su sostenibilidad fiscal.

En el sorteo número 2717, realizado el 3 de octubre de 2026, un jugador ganó $61.600 millones, convirtiéndose en el nuevo multimillonario del país.

El tiquete ganador fue adquirido en modalidad manual en un punto de venta de la red aliada JER.

Los números seleccionados fueron 03, 10, 14, 26, 31 y la superbalota 10. Se trata de la cuarta caída más grande en la historia de Baloto y del mayor acumulado desde 2017. Además, es la primera vez que el premio mayor cae durante 2026.

El sorteo dejó 40.239 ganadores y entregó premios por más de $61.965 millones.

Desde mayo de 2022, Boyacá es el décimo departamento donde ha caído el gran acumulado, mientras que Bogotá y Santander lo han conseguido en dos ocasiones.

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los requisitos y pasos para reclamar el premio.

Baloto informó que, desde 2022, ha entregado más de $425.617 millones en premios y transferido más de $268.982 millones al sistema de salud colombiano.

El reciente cambio de liderazgo en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) ha reavivado el debate sobre el papel de los gremios en Colombia, especialmente luego de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia del organismo. De acuerdo con la información proporcionada, la administración actual impulsó la “necesidad de un cambio” en la cúpula directiva de la ANDI, algo que varios sectores políticos consideran una victoria del Gobierno nacional en su pulso por el poder dentro de la agremiación.

Bruce Mac Master, quien condujo la ANDI durante 13 años consecutivos, mantuvo posturas que generaron contradicciones con la Casa de Nariño. Finalmente, tal como sucedió en la Cámara de Infraestructura, el Gobierno logró encaminar un ajuste en la dirección del gremio. Este relevo lleva a varios dirigentes a recordar una frase que circula desde hace años y cuyo origen, según el texto, aún permanece incierto: “La ANDI está para cuidar intereses, no para defender valores”. Con este antecedente, se avizoran transformaciones en la relación entre el Gobierno y la ANDI, marcando el inicio de una etapa de redefinición en su interlocución.

Paralelamente, en algunos organismos multilaterales ha surgido preocupación por un tema relacionado con la ejecución del Acuerdo de Paz. Específicamente, la inquietud se dirige hacia el funcionamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan facilitar el tránsito a la legalidad de los exintegrantes de las FARC y atender zonas históricamente excluidas. Según lo consignado, dichos programas se financian parcialmente mediante la modalidad de “obras por impuestos”, un mecanismo dirigido a canalizar recursos privados hacia estos procesos.

No obstante, tras el sismo ocurrido el 10 de agosto y la posterior emergencia económica declarada para enfrentar sus graves consecuencias, se flexibilizó la utilización de “obras por impuestos” para destinarlas a tareas de reconstrucción. La pregunta que inquieta ahora es si el sector privado, tradicionalmente vinculado a estos programas, preferirá redirigir su inversión hacia procesos de reconstrucción, en detrimento del financiamiento de los PDET y los propósitos ligados a la paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios implica la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la ANDI?

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la Asociación Nacional de Industriales marca el fin de una larga gestión y refleja la intención del Gobierno de introducir “un cambio” en la cabeza del gremio, siguiendo el modelo de ajustes visto en otros sectores como la Cámara de Infraestructura. Esto podría transformar la dinámica entre la ANDI y las instituciones estatales.

¿Cómo afecta la emergencia económica a los programas PDET financiados por obras por impuestos?

Con la emergencia económica declarada tras el reciente terremoto, el uso del instrumento “obras por impuestos” se habilitó también para la reconstrucción, lo que siembra dudas sobre si el sector privado inclinará ahora sus recursos a esta nueva prioridad, poniendo en peligro la financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que apoyan la implementación del Acuerdo de Paz.

La campaña de Red Papaz por una alimentación saludable inició en 2017, enfocándose en concientizar sobre los riesgos de los ultraprocesados. La primera política concreta fue el etiquetado frontal de advertencia, aprobada en 2021 e implementada plenamente en 2024. En cuanto al impuesto saludable, creado en la reforma tributaria de 2022, la aplicación empezó con una tasa del 10% en noviembre de 2023 y escalará al 20% en 2025, en un modelo progresivo pensado para adaptarse gradualmente.

Quienes se oponen al impuesto sostienen que su implementación ha encarecido la cesta básica, afectando a los hogares más pobres. Sin embargo, como señala Red Papaz, este argumento es parcial, ya que la mayoría de alimentos frescos y de primera necesidad están exentos y el gravamen recae solo sobre productos ultraprocesados. Consultas como la Encuesta de Calidad de Vida han mostrado que tras el impuesto disminuyó el consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados, en particular entre los estratos bajos, quienes, según estudios científicos internacionales, son más sensibles a los cambios de precio y, por ende, obtienen mejores beneficios sanitarios y económicos al reducir el consumo de esos productos.

Los proyectos para eliminar el impuesto han sido impulsados principalmente por congresistas del partido Conservador y del partido Centro Democrático, como los hermanos Barguil y varios miembros que han recibido financiamiento de la industria. Según fuentes citadas en el medio digital "Vorágine" y confirmadas por Red Papaz, el lobby de las empresas de alimentos ultraprocesados, a menudo realizado a través de gremios, influye en las decisiones legislativas, priorizando intereses comerciales sobre el bienestar general.

La evidencia internacional muestra que los impuestos saludables han resultado efectivos en al menos 21 países, generando reducciones significativas en el consumo de productos gravados y proyectando beneficios de salud pública a largo plazo. El debate en Colombia se enmarca no solo en una cuestión económica, sino también en una discusión ética: ¿deben los sectores vulnerables resignarse al consumo de productos de bajo valor nutricional porque estos sean accesibles, o se deben priorizar políticas que garanticen alimentación real y saludable?

¿Por qué los impuestos a ultraprocesados pueden beneficiar más a la población vulnerable?

Los estudios citados por Red Papaz indican que los hogares de menores ingresos son los que responden con mayor reducción de consumo cuando suben los precios, lo que disminuye la prevalencia de enfermedades como diabetes e hipertensión, así como el gasto en salud. Por lo tanto, aunque el impuesto encarece ciertos productos, los beneficios sanitarios y económicos a largo plazo son mayores para estas poblaciones.

¿Cuál es el argumento de los congresistas que buscan eliminar el impuesto saludable en Colombia?

Congresistas del partido Conservador y Centro Democrático argumentan que eliminar el impuesto aliviaría la carga económica de los hogares vulnerables, ya que los productos gravados serían fuente principal de cereales y proteínas. Sin embargo, como advierte Red Papaz, este enfoque ignora los daños que producen estos alimentos en la salud y perpetúa entornos alimentarios desequilibrados. La posición de la organización es que la prioridad debe ser hacer accesibles alimentos frescos, no debilitar impuestos a productos nocivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Sin embargo, la facilidad para solicitar dinero por Internet también implica riesgos. Además de comparar las opciones disponibles, los usuarios deben verificar cuidadosamente las condiciones del crédito y la legitimidad de la empresa antes de entregar sus datos o aceptar un contrato.

Las fintech, compañías que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros, han ganado espacio en este mercado. Entre ellas está Rapicredit, empresa colombiana que señala que opera bajo un modelo de crédito digital y que sus actividades se encuentran respaldadas por la normatividad vigente.

Pero más allá del nombre de la plataforma, hay varios aspectos que una persona debería revisar antes de aceptar un crédito digital.

1. Verifique quién está ofreciendo el crédito

Antes de entregar información personal, es importante comprobar que la empresa exista legalmente en Colombia y que tenga canales oficiales de atención. También conviene revisar que la página utilizada para hacer la solicitud corresponda realmente a la compañía y no a un sitio creado para hacerse pasar por ella.

2. Revise cuánto va a pagar realmente

No basta con conocer cuánto dinero le van a prestar. El consumidor debe revisar la tasa de interés, los costos asociados, el número de cuotas, las fechas de pago y el valor total que terminará pagando. Si alguna condición no está clara, lo recomendable es resolver la duda antes de aceptar el contrato.

3. Desconfíe de los pagos anticipados

Una señal de alerta puede aparecer cuando una plataforma exige entregar dinero por adelantado para supuestamente liberar un crédito. Antes de hacer cualquier transferencia, el usuario debe verificar directamente con la empresa si ese cobro existe y bajo qué concepto.

4. Revise qué pasará con sus datos

Las solicitudes digitales suelen requerir información personal y financiera. Por eso, es importante consultar las políticas de tratamiento de datos y entender qué información se está autorizando a recopilar, para qué será utilizada y con quién podría ser compartida.

5. Lea el contrato antes de aceptar

Que el trámite sea digital no significa que las condiciones sean menos importantes. Antes de hacer clic en aceptar, el usuario debe revisar el documento contractual completo y conservar una copia de lo acordado, especialmente de las tasas, costos, obligaciones y consecuencias de un eventual incumplimiento.

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La expansión de los créditos digitales puede facilitar el acceso a financiación, pero también exige mayor responsabilidad por parte de los consumidores. La rapidez para recibir una respuesta no debería ser el único criterio para escoger una opción: conocer quién presta el dinero, cuánto costará y bajo qué condiciones se firma el acuerdo puede evitar problemas posteriores.

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En declaraciones a Caracol Radio, Duque calificó como “macabra” la situación fiscal de Colombia y señaló que el país necesita combinar una mayor generación de ingresos con medidas para hacer más eficiente el gasto estatal.

Uno de los principales puntos de su propuesta está relacionado con el impuesto de renta. El exmandatario cuestionó que una proporción reducida de la población contribuya directamente a este impuesto y consideró necesario ampliar progresivamente la base tributaria.

“¿A usted le parece que un país con las necesidades sociales que tiene Colombia puede darse el lujo de que solamente el 5 % de la población pague impuesto de renta?”, afirmó.

Duque también señaló que existe una alta concentración del recaudo empresarial. Según explicó, alrededor de 2.000 empresas representan más del 60 % del recaudo del impuesto de renta, situación que, en su opinión, hace necesario ampliar el número de contribuyentes.

“Entonces, toca —y hablemos de las pensiones— toca ampliar esa base de manera gradual, progresiva, pero toca ampliarla”, sostuvo.

El planteamiento incluye, por tanto, una ampliación gradual de la base tributaria, bajo un criterio progresivo.

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Revisión de beneficios del IVA

Otro de los puntos abordados por Duque fue el IVA. El expresidente propuso revisar los bienes y servicios exentos y excluidos, así como los beneficios tributarios asociados a este impuesto.

“Uno no puede seguir teniendo un régimen donde hay exentos y excluidos, donde hay por lo menos beneficios que superan los 40 o 50 billones de pesos”, afirmó.

Duque sostuvo además que una eventual modificación del IVA debería contemplar mecanismos de compensación para los hogares de menores ingresos. En ese sentido, recordó el esquema de devolución del IVA implementado para población vulnerable.

“Nosotros probamos que se puede hacer una devolución del IVA a los sectores más vulnerables”, señaló.

Finalmente, el expresidente planteó que las diferentes corrientes políticas deberían buscar un acuerdo de largo plazo sobre las finanzas públicas, más allá de las diferencias ideológicas.

“Yo creo que hay que poner el patriotismo frente a las necesidades del país. Más allá de la coyuntura, los sectores —llámelos de izquierda, de derecha, de centro, independientes, todos— deberíamos entender que acá se requiere un pacto fiscal”, afirmó.

Duque comparó esta propuesta con los Pactos de La Moncloa en España y sostuvo que el acuerdo debería abordar tanto los ingresos como el gasto público.

En ese sentido, planteó como objetivos ampliar la base tributaria, recortar gasto y mejorar la eficiencia del Estado, con el propósito de garantizar los recursos necesarios para financiar las obligaciones sociales establecidas en la Constitución.

Este encuentro no solo marcó el inicio formal de las discusiones respecto al aumento del salario mínimo, sino que también estableció la ruta que seguirán las partes durante las próximas semanas. Según el Ministerio del Trabajo, los diferentes sectores contarán con la posibilidad de presentar comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre. Todos estos aportes serán evaluados en mesas técnicas y jurídicas, en un esfuerzo por llegar a consensos que beneficien tanto a los trabajadores como a los empleadores. La Comisión tiene previsto reunirse nuevamente el 13 de octubre para continuar el análisis de los temas planteados en este primer acercamiento.

La agenda del diálogo inicial abarcó más allá de la cifra salarial mínima. Los asistentes también discutieron temas relativos a la inspección laboral, las plataformas digitales, condiciones del trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación. Adicionalmente, se incluyeron asuntos como la negociación colectiva, los pactos colectivos, la tercerización y la intermediación laboral, que serán revisados en las próximas sesiones.

Entre los participantes por el sector empresarial estuvieron gremios como Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia), la Sociedad de Agricultores de Colombia, Acopi (Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas), Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) y el Consejo Gremial Nacional. En representación de los trabajadores, hicieron presencia centrales sindicales como CGT (Confederación General del Trabajo), CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y CUT (Central Unitaria de Trabajadores), además de las confederaciones de pensionados CPC (Confederación de Pensionados de Colombia) y CDP (Confederación Democrática de Pensionados).

Este proceso refleja la participación tripartita que caracteriza a la Comisión y que será fundamental en la definición del nuevo salario mínimo que regirá a partir de 2027. Por el momento, el valor exacto del incremento permanece sin definir y se espera que, a lo largo de octubre, el debate avance mediante la recepción de propuestas y nuevas mesas de concertación.

¿Cuándo se definirá el aumento del salario mínimo para 2027 en Colombia?

El valor del salario mínimo para 2027 aún no está definido. Según lo informado por el Ministerio del Trabajo, el proceso continuará durante octubre, con recepción de observaciones hasta el 9 de ese mes y una nueva reunión de la Comisión prevista para el 13. Las discusiones y análisis técnicos seguirán desarrollándose hasta lograr un consenso entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

¿Qué temas adicionales se trataron en la primera reunión sobre el salario mínimo?

En la primera sesión no solo se abordó el tema del salario mínimo, sino que también se discutieron asuntos como la inspección laboral, regulación de plataformas digitales, condiciones del trabajo doméstico, acoso, violencia y discriminación. Además, se incluyeron temas de negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral que serán analizados en las próximas sesiones.

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Un cliente puede iniciar la apertura de una cuenta desde el celular, continuar el proceso en una página web y terminarlo frente a un ejecutivo. El problema aparece cuando la información de los pasos anteriores no acompaña al usuario hasta la sucursal, pues para la institución cada contacto puede terminar funcionando como una interacción aislada.

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De acuerdo con datos de IDC y McKinsey, una estrategia omnicanal puede llevar a que un usuario tenga hasta 2,5 veces más interacciones con su banco frente a quienes utilizan únicamente una aplicación o una sucursal. La explicación está en que cada contacto también puede aportar información sobre las necesidades del cliente.

El costo también aparece como un punto clave. Según cifras de Numia, una interacción física puede costar hasta 20 veces más que una digital. Además, hasta 75 % del tiempo de los ejecutivos de sucursal podría estar destinado a gestiones que son susceptibles de atención digital o automática.

La inteligencia artificial aparece en este escenario como una herramienta para conectar esos puntos de contacto. La propuesta no sería reemplazar al personal de las oficinas, sino permitir que los ejecutivos reciban más información sobre el cliente y concentren su atención en casos que requieren asesoría o intervención humana.

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Gustavo Lauria, CEO y fundador de Numia, explicó que el reto del sector cambió: “Hoy, el reto es lograr que cada interacción, digital o presencial, forme parte de una misma experiencia”. También señaló que conectar los datos de cada contacto permitiría entender mejor al cliente y anticipar sus necesidades.

En implementaciones de Numia con bancos, se ha registrado hasta 90 % menos intervención humana en consultas, un aumento de 20 % en la capacidad de atención de los ejecutivos y una reducción de 16 % en los tiempos de espera. Son cifras reportadas por la compañía, no indicadores generales de todo el sector bancario.

Así, el debate sobre la banca digital empieza a ir más allá de cuántos trámites pueden hacerse desde el celular. El desafío está en conseguir que la información viaje con el cliente cuando este cambia de canal y que una visita presencial no signifique empezar nuevamente desde cero.

El calendario juega en contra del Ejecutivo: la ley establece como plazo límite el próximo 20 de octubre para que este presupuesto obtenga el respaldo tanto de Senado como de Cámara. Si no se alcanza un consenso para entonces, el presupuesto deberá ser expedido por decreto, una alternativa que ya fue usada reiteradamente durante los últimos años del mandato de Gustavo Petro, aclaró El Espectador. No obstante, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insiste en apostar por el diálogo político y lograr acuerdos dentro del Congreso.

La situación se complica aún más porque en medio de este lapso legal, el Congreso tendrá una semana de receso en la que no habrá actividades legislativas. Este receso impactará la agenda, al dejar menos tiempo para el análisis y debate sustancial sobre el presupuesto, justo cuando se discute cómo ajustar los rubros de múltiples entidades, según destaca el medio citado.

La premura es mayor si se considera que solo quedará una semana hábil para la discusión de fondo, y el debate público aún no inicia de manera decidida. Según El Espectador, existen más de 1.000 proposiciones presentadas por los congresistas que buscan redistribución en ministerios clave como Salud, Deporte o Minas y Energía. Sin embargo, el ministro Gómez ha advertido que cumplir con todas estas solicitudes elevaría el presupuesto en más de COP 150 billones, y no existen recursos para respaldar ese incremento. Incluso el monto actual, cercano a los 635 billones, arrastra ya un déficit, por lo que deberá ser financiado mediante deuda.

Dentro del articulado presentado, se incluyen recortes y traslados presupuestales. Por ejemplo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría una reducción de 170.000 millones de pesos. En Transporte, disminuirían 15.600 millones en los aportes de la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, y Planeación perdería 13.500 millones. Por el contrario, el Ministerio de Salud recibiría un traslado de 2 billones de pesos, junto a partidas adicionales para la Rama Judicial y el Deporte, según El Espectador.

¿Cuál es el plazo para que el Congreso apruebe el presupuesto nacional de 2027?

El Congreso tiene como fecha límite el 20 de octubre para discutir y aprobar el presupuesto nacional de 2027. Si no se logra un acuerdo en ese plazo, el monto presentado será expedido por decreto, como indica la ley y recuerda El Espectador. Este recorte de tiempo se complica por la semana de receso legislativo, lo que deja solo una semana efectiva para el debate.

¿Qué ministerios y sectores tendrían ajustes clave en el presupuesto de 2027?

Entre los principales sectores que tendrían cambios destaca el traslado de recursos al Ministerio de Salud y Protección Social, la adición de partidas al sector judicial y deportivo, así como recortes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, transporte (específicamente la Aeronáutica Civil) y Planeación. El ministro de Hacienda mencionó que no hay financiamiento adicional para nuevos aumentos.

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La organización estima la participación de más de 100 emprendimientos, todos con el objetivo de estimular el consumo local y contribuir a la reactivación económica que lidera la alcaldía. Estos negocios integran productos y servicios que habían visto afectadas sus ventas y operaciones tras el fuerte sismo, buscando no solo recomponer sus economías sino también fortalecer los lazos con los habitantes de Cali. La apertura de la feria se llevará a cabo con una eucaristía dirigida por Joaquín Gómez, párroco de la iglesia Cristo Resucitado del barrio La Flora y director del Banco de Alimentos de Cali, como símbolo de esperanza y fe en el proceso de reconstrucción.

Aunque se trata de un evento privado, desde la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana se han implementado estrategias de difusión amplias para convocar a más personas y potenciar el alcance de la feria. Como expresó Juana Cataño, secretaria de Desarrollo Territorial, “queremos que los caleños conozcan y acompañen estos espacios que contribuyen a mover la economía de nuestra ciudad. Hoy, cuando Cali se está levantando y muchos ciudadanos necesitan recuperar sus ingresos, visibilizar a nuestros emprendedores también es una forma de acompañarlos”.

De esta manera, la novena edición de "Emprendedores al Parque" cobra un profundo sentido de solidaridad, resiliencia y apuesta por el futuro, permitiendo que los sueños de quienes han apostado por el autoempleo sigan en pie, incluso frente a la adversidad.

¿Cuándo y dónde se realizará la feria "Emprendedores al Parque" en Cali?

La feria "Emprendedores al Parque" se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en el parque Senderos, al norte de Cali, exactamente en la avenida 4BN con calle 58, según información oficial de la Alcaldía de Cali.

¿Qué busca la feria "Emprendedores al Parque" tras el terremoto en Cali?

Después del terremoto, la principal intención de la feria "Emprendedores al Parque" es impulsar la recuperación económica de los pequeños negocios afectados, incentivar el consumo local y visibilizar a los emprendedores caleños para que logren recuperar los ingresos perdidos durante la emergencia, de acuerdo con lo divulgado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

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Uno de los cambios clave es que, dentro del nuevo sistema de pilares, Colpensiones asumirá la centralización del reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común.

Lo anterior se aplicará independientemente de que el afiliado que solicite la pensión por invalidez en Colombia mantenga aportes adicionales en el Componente Complementario de Ahorro Individual, administrado por una entidad privada.

Otros cambios clave para la pensión por invalidez en Colombia

Adicionalmente, se establece la financiación mediante un seguro previsional. Esto significa que el valor requerido para financiar la pensión de invalidez se calculará mediante una figura de aseguramiento o una renta temporal, hasta que el beneficiario alcance la edad reglamentaria para acceder a la pensión de vejez.

La pensión por invalidez en Colombia también se incluye en el Pilar Solidario para las personas que no hayan cotizado. Esta prestación se otorgará a quienes tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y no cumplan el requisito de semanas cotizadas.

Asimismo, esta prestación se reconocerá a las personas que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad mediante el acceso a la Renta Básica Solidaria, a partir de los 50 años para las mujeres y de los 55 años para los hombres.

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Entre las instituciones mencionadas aparece Harvey Mudd College, en California, cuya matrícula anual alcanza los 76.879 dólares, de acuerdo con las cifras citadas por el medio. Al sumar gastos asociados a alojamiento y alimentación, el costo total para un estudiante puede superar los 100.000 dólares al año.

Llevado a pesos colombianos, ese valor representa más de 300 millones de pesos anuales, dependiendo de la tasa de cambio. Es una cifra que incluye no solamente el pago por estudiar, sino también otros gastos necesarios para permanecer en el campus durante el periodo académico.

La comparación toma como referencia a la Universidad de los Andes, una de las instituciones privadas de educación superior más costosas de Colombia. En este caso, el valor anual de la matrícula ronda los 53.7 millones de pesos.

La diferencia permite dimensionar cuánto puede cambiar el presupuesto necesario para cursar una carrera dependiendo del país y de la institución escogida. Mientras una matrícula de Los Andes puede superar los 50 millones de pesos por año, en algunas universidades estadounidenses el costo exclusivamente académico ya se acerca o supera los 300 millones al convertirlo a pesos.

El listado reúne instituciones pequeñas y selectivas, principalmente universidades de artes liberales de Estados Unidos, que cobran algunos de los valores más altos del sistema de educación superior de ese país.

Además del precio, estas universidades suelen asociar sus costos con factores como recursos académicos, infraestructura, redes de contactos y procesos de selección altamente competitivos.

Sin embargo, la comparación de El Tiempo deja sobre la mesa una pregunta para quienes evalúan estudiar en el exterior: cuánto pesa el costo frente a los beneficios académicos y profesionales que cada institución ofrece.

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Así, una carrera universitaria en Estados Unidos puede implicar una inversión de cientos de millones de pesos cada año, mientras que en Colombia instituciones como Los Andes manejan valores considerablemente menores, aunque también se encuentran entre las matrículas más altas del país.

En la cita, de acuerdo con lo informado, la agenda se concentró en cuatro propuestas estructurales: la implementación de un día sin IVA como estímulo directo al consumo; la reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA), una medida que podría aliviar la carga fiscal sobre las empresas regionales; la urgencia de destrabar la vía Mulaló-Loboguerrero, considerada estratégica para conectar el Valle; y la iniciativa de convertir al departamento en un piloto nacional para la reducción de trámites empresariales, lo que podría facilitar la apertura y operación de negocios.

Además, el papel del puerto de Buenaventura fue debatido en profundidad por su relevancia en la competitividad de la región. Los asistentes coincidieron en que la eficiencia y fortalecimiento de este puerto son cruciales para consolidar el crecimiento económico y facilitar el comercio.

Según el vicepresidente Restrepo, este tipo de crisis puede ser también una plataforma para el progreso porque fomenta la inversión y refuerza el compromiso productivo del sector empresarial. Restrepo adelantó que las propuestas surgidas de este diálogo serán llevadas al Gobierno nacional, en particular aquellas relacionadas con la atracción de capitales, la simplificación de procesos gubernamentales y la formación de jóvenes en nuevas tecnologías. Este enfoque, recalcó, es fundamental para modernizar el Estado y crear oportunidades para quienes ni estudian ni trabajan.

María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, destacó no solo la exposición de desafíos sino también el potencial de la región, argumentando que en el Valle todo puede crecer si se une la resiliencia del sector privado con el respaldo activo del Gobierno. Esta perspectiva fue compartida por empresarios como Luis Fernando Tascón, gerente general de Santa Anita Nápoles, quien valoró el compromiso estatal para atender los problemas generados por el sismo y la actitud de los empresarios dispuestos a "seguir trabajando y sacando la cara por el Valle y por Colombia".

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¿Cuáles fueron las principales propuestas para la reactivación económica del Valle del Cauca?

Las ideas centrales debatidas entre empresarios y el vicepresidente incluyeron el establecimiento de un día sin IVA para estimular las ventas, la reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA), la priorización de la vía Mulaló-Loboguerrero, y usar al Valle del Cauca como ejemplo piloto para eliminar o disminuir el exceso de trámites en las empresas. Además, se discutió la importancia de potenciar el puerto de Buenaventura.

¿Por qué es clave la reducción de trámites para las empresas en el Valle del Cauca?

La simplificación de trámites fue señalada como elemento estratégico, ya que facilita la creación y operación de nuevas empresas. Para los empresarios regionales reunidos, simplificar estos procesos acelera la recuperación económica y hace más atractiva la región para la inversión, en línea con los objetivos de competitividad expuestos en la reunión.

La próxima reunión está prevista para el 13 de octubre, mientras los sectores presentan sus propuestas y argumentos.

El Gobierno todavía no ha planteado una cifra oficial de aumento. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el incremento debe considerar la inflación y la productividad, y advirtió sobre la importancia de evitar aumentos muy superiores al comportamiento de los precios.

Los empresarios, representados por el Consejo Gremial, también plantean tener en cuenta inflación, productividad, desempeño económico y situación fiscal.

El gremio advierte que un incremento elevado podría generar presiones sobre la inflación, las pensiones, las tasas de interés y la inversión.

La discusión laboral enfrenta además cambios dentro de los principales actores.

En la CUT surgió una nueva correlación de fuerzas, con una mayoría interna cercana al Gobierno de Abelardo De La Espriella, mientras persisten diferencias sobre la dirección de la central sindical.

En el sector empresarial también existe incertidumbre por la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi, después de casi 13 años. Así, la negociación de 2027 comienza con posiciones todavía en construcción.

La cadena de centros comerciales Mallplaza concretó la adquisición de ocho complejos Gran Plaza al fondo inmobiliario Pactia en Colombia, mediante una transacción valuada en $1,17 billones —alrededor de US$ 353 millones— que incrementa a 13 su número de activos en el país.

La finalización de la transacción ocurrió luego de concluir favorablemente la fase de due diligence y obtener la aprobación regulatoria emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sumando el aval de los directorios de Mallplaza y Pactia, replicó Portafolio.

La negociación suma ocho centros comerciales que durante el año anterior registraron un flujo cercano a los 57 millones de usuarios y generaron un Ingreso Operacional Neto (NOI) próximo a los $111.000 millones a lo largo de los últimos 12 meses.

La operación, revelada al público originalmente en julio, reportó un cap rate de 9,4% durante el último año, consolidándose según la empresa como una de las negociaciones más relevantes del mercado nacional por volumen de activos y metros cuadrados.

Al sumar las nuevas instalaciones, la compañía añade cerca de 180.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA), expandiendo la superficie comercial de la marca en territorio colombiano por encima de los 460.000 metros cuadrados.

Esta importante expansión reconfigura la cobertura geográfica del grupo corporativo. La marca desembarcará en cinco ciudades adicionales y administrará tres complejos más en Bogotá, extendiendo su alcance directo hasta aproximadamente 3,6 millones de habitantes.

Previo a esta movida estratégica, el grupo operaba Mallplaza NQS, Mallplaza Cali, Mallplaza Cartagena, Mallplaza Manizales y Mallplaza Buenavista.

Con esta incorporación, la firma escaló al segundo lugar entre los operadores de centros comerciales del país por área disponible.

Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, calificó el cierre como “un hito que marca un antes y un después para Mallplaza en Colombia” y destacó que la operación refuerza la posición de la compañía dentro de la Región Andina.

“Con la incorporación de estos activos, alcanzamos 13 centros urbanos en Colombia, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el crecimiento y desarrollo de este país”, señaló Pulido al anunciar la materialización definitiva de la transacción.

El movimiento comercial eleva considerablemente la relevancia del mercado nacional en la estructura de la corporación.

Posterior al traspaso, Colombia concentra el 18,4% del Área Bruta Arrendable total de la empresa considerando sus operaciones de Chile, Perú y Colombia.

A escala internacional, el conglomerado sobrepasa los 2,5 millones de metros cuadrados de GLA. La directiva sostiene que el negocio afianza su liderazgo como el mayor operador de centros comerciales de la Región Andina tras absorber las propiedades de Pactia.

El elevado tráfico registrado en los ocho centros comerciales adquiridos representa un factor estratégico dentro del proceso de integración operativa.

Las instalaciones aportaron cerca de 57 millones de visitas el año previo, flujo que dinamizará directamente la actividad del grupo.

Los estados financieros destacan que los establecimientos generaron un NOI cercano a $111.000 millones en los últimos 12 meses, cifra equivalente a casi US$33,2 millones de acuerdo con los balances expuestos al término del acuerdo.

El grupo económico mantiene presencia continua en el país desde 2012. Para Pulido, la compra constituye “un paso decisivo” dentro del plan trazado para la nación y fortalece la proyección operacional en nuevas plazas urbanas.

“Trabajaremos para imprimir el sello Mallplaza en estos activos, manteniendo la esencia de cada comunidad”, agregó el gerente general, al explicar cómo espera abordar la incorporación de los centros Gran Plaza adquiridos al fondo inmobiliario Pactia.

La firma remarcó que el traspaso obedece a un esquema de crecimiento continuo orientado a afianzar su rol como socio de marcas e inversionistas, impulsando la transformación económica y social en sus zonas de cobertura.

Luego de recibir el aval gubernamental, la empresa pasó de cinco a 13 complejos en Colombia, ingresó a cinco nuevas ciudades, añadió tres propiedades en Bogotá y superó los 460.000 metros cuadrados arrendables.

El evento tendrá como eje central el concepto “Trascender. Creando organizaciones sin límites”, una propuesta con la que WOBI plantea discusiones sobre los retos que enfrentan actualmente las empresas y sus líderes. La agenda de este año estará marcada por temas como inteligencia artificial, innovación, estrategia, liderazgo, alto rendimiento y transformación empresarial.

Uno de los nombres que más llama la atención es Francis Ford Coppola, reconocido director, productor y guionista de cine. Su participación estará enfocada en las lecciones que pueden trasladarse del mundo cinematográfico al empresarial, especialmente en creatividad, liderazgo, manejo de la incertidumbre, fracaso y storytelling.

Otro de los invitados internacionales será Carl Lewis, una de las grandes figuras del atletismo mundial y ganador de nueve medallas de oro olímpicas. Su intervención estará relacionada con el alto rendimiento y la mentalidad necesaria para mantener resultados durante largos periodos.

La estrategia empresarial tendrá como una de sus principales representantes a Renée Mauborgne, miembro distinguida de INSEAD y coautora de Blue Ocean Strategy. Su conferencia estará centrada en la creación de nuevos mercados, las oportunidades de crecimiento y la innovación más allá de la competencia tradicional.

La agenda también contará con Rita McGrath, profesora de Columbia Business School y especialista en innovación y estrategia. Su intervención estará enfocada en las nuevas reglas que plantea el cambio tecnológico para las organizaciones, los modelos de negocio y las estrategias de crecimiento.

La inteligencia artificial tendrá un espacio destacado con Tricia Wang, CEO de Advanced AI Society y asesora de compañías Fortune 500. Su charla pondrá el foco en la relación entre IA, datos y capacidades humanas, con una mirada que busca ir más allá de la adopción tecnológica. Wang hablará sobre cómo combinar big data y thick data, cómo entender la evolución de la inteligencia artificial y cómo utilizarla para tomar mejores decisiones.

Otro de los temas de la agenda será la disrupción empresarial, a cargo de Scott Anthony, profesor de Tuck School of Business y especialista en innovación disruptiva. Su conferencia buscará explicar cómo interpretar los grandes cambios que atraviesan los mercados y cómo las organizaciones pueden actuar frente a escenarios de incertidumbre.

El componente de liderazgo y desarrollo personal estará representado por Pilar Jericó, empresaria, autora y especialista en liderazgo. Su conferencia se centrará en el Change Mindset y en la gestión del miedo dentro de las organizaciones. Jericó planteará herramientas para superar culturas basadas en el miedo, fortalecer la confianza y la colaboración entre equipos y entender el liderazgo humanista en un contexto marcado por la inteligencia artificial.

La programación se completa con Efrén Martínez, psicólogo colombiano y experto en desarrollo del potencial humano. Su participación estará enfocada en autogestión estratégica, liderazgo, resiliencia y propósito, con temas relacionados con el manejo del estrés, la toma de decisiones y el bienestar de los equipos.

La programación oficial de WOBI confirma que Bogotá será una de las seis ciudades que harán parte del World Business Forum 2026 a nivel internacional. El encuentro tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre de 2026 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El gremio explicó que las estaciones no fijan el precio final de los combustibles, sino que aplican la estructura establecida por el Gobierno y el regulador.

Además, los cambios dependen de la rotación de inventarios y de cuándo cada estación compra combustible.

Con el reversazo, los precios de referencia quedaron iguales a los de septiembre: $16.331 por galón en Bogotá y $16.251 en Medellín.

El incremento inicialmente anunciado correspondía a una actualización del precio reconocido a los productores de etanol, biocombustible que representa el 10 % de la mezcla de gasolina en Colombia. El diésel no estaba incluido en el aumento.

La decisión también genera preguntas sobre quién asumirá el costo de mantener el precio sin el ajuste. Durante el programa se señaló que podrían dejar de destinarse cerca de $15.800 millones mensuales a subsidios mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Somos Uno pidió reglas más previsibles para los precios y recordó que estos dependen del petróleo internacional, dólar, impuestos y biocombustibles.

Para los ganaderos de Cesar y La Guajira, la noticia implica perspectivas de expansión hacia mercados internacionales, lo que podría dinamizar la producción regional. En estas zonas, la ganadería es una actividad económica fundamental, impulsada principalmente por pequeños y medianos productores. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha recalcado procesos de fortalecimiento de la ganadería sostenible en la zona, destacando la transición de 461 productores hacia sistemas silvopastoriles intensivos en casi 1.000 hectáreas, lo cual contribuye a mejorar la sostenibilidad y responder a estándares internacionales de mercado como trazabilidad y manejo sanitario.

Sin embargo, la posibilidad de exportar carne no es inmediata para todos los productores. Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), las exportaciones solo pueden provenir de plantas de beneficio habilitadas y deben acatar requisitos sanitarios nacionales y las exigencias del mercado filipino. Fedegán señala que el 89 % de los ganaderos colombianos posee menos de 100 animales, con un promedio de 21 reses y 25 hectáreas, lo cual plantea retos logísticos y organizativos. Para que estos pequeños productores participen, será esencial la asociatividad y una articulación eficiente de la cadena, permitiendo reunir los volúmenes y cumplir con los parámetros exigidos.

El impacto de la apertura va más allá de las fincas, involucrando frigoríficos, plantas de procesamiento, transportadores y comercializadores. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, entre enero y julio de 2026, Colombia exportó 474,1 toneladas de carne bovina por US$3,3 millones y 199,9 toneladas de carne porcina por US$583.159, cifras aún modestas frente al nuevo escenario filipino. Adicionalmente, esta posibilidad coincide con la reciente autorización temporal de EE. UU. para importar carne bovina colombiana, ampliando el espectro de mercados abiertos a la carne de Cesar y La Guajira.

¿Cuáles son los requisitos para exportar carne colombiana a Filipinas?

Para exportar carne bovina y porcina colombiana a Filipinas, los productos deben proceder de plantas de beneficio autorizadas por Invima y cumplir con los requisitos sanitarios nacionales, así como con los estándares exigidos por el país de destino. Esto incluye condiciones de manejo sanitario, trazabilidad y producción que garanticen la inocuidad del alimento, aspectos fundamentales para ingresar a mercados internacionales como el filipino.

¿Cómo beneficia a los pequeños ganaderos de Cesar y La Guajira la apertura del mercado en Filipinas?

La apertura a Filipinas ofrece a los pequeños ganaderos de Cesar y La Guajira la posibilidad de acceder a un mercado internacional de gran demanda, siempre que logren articularse en asociaciones, reunir los volúmenes necesarios y cumplir con los estándares requeridos. La organización colectiva y la mejora de sistemas de producción sostenibles serán clave para que los productores regionales puedan aprovechar plenamente esta oportunidad.

La ganadería representa una de las actividades más importantes en Cesar y La Guajira. En estas regiones predomina la presencia de pequeños y medianos productores, quienes, gracias a la noticia, ven ampliadas sus expectativas de ingreso a mercados internacionales. Sin embargo, la autorización filipina no implica la exportación directa e inmediata de cualquier productor. El Ministerio de Comercio enfatizó que los agricultores y plantas exportadoras deben cumplir elevados requisitos sanitarios y comerciales, así como responder a las demandas de los clientes y obtener la habilitación correspondiente para poder exportar.

De acuerdo con Fedegán —Federación Colombiana de Ganaderos—, el 89 % de los ganaderos en Colombia posee menos de 100 animales, con un promedio de 21 cabezas y 25 hectáreas por productor. Esta realidad significa que para que los pequeños productores participen en el comercio internacional es fundamental la asociatividad, el fortalecimiento de la cadena productiva y el cumplimiento riguroso de los estándares exigidos por mercados como el filipino. Existen esfuerzos regionales, como el proceso reportado por Fedegán donde 461 productores de Cesar y La Guajira iniciaron la transición a sistemas silvopastoriles en cerca de 1.000 hectáreas, demostrando avances hacia la sostenibilidad, la trazabilidad y mejores prácticas sanitarias.

El impacto de la apertura no solo beneficiaría a los ganaderos, sino a toda la cadena, desde frigoríficos hasta transportadores y comercializadores. Cabe precisar que, en los primeros siete meses de 2026, Colombia exportó 474,1 toneladas de carne bovina y 199,9 toneladas de carne porcina, cifras que exhiben el potencial de crecimiento en comparación con la demanda filipina. Además, este escenario se suma a la reciente apertura temporal del mercado de Estados Unidos, una ventana que, según Fedegán, exige avanzar rápidamente en el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

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¿Cómo beneficia a los ganaderos de Cesar y La Guajira la apertura del mercado de Filipinas para la carne colombiana?

La apertura del mercado de Filipinas representa una oportunidad para diversificar el destino de la carne producida en Cesar y La Guajira, permitiendo que los pequeños y medianos productores aspiren a participar en el comercio internacional. Esto depende del cumplimiento de condiciones sanitarias y organizacionales, además de procesos de fortalecimiento productivo, que pueden mejorar los ingresos y ampliar la cadena de valor regional.

¿Qué requisitos deben cumplir los productores colombianos para exportar carne a Filipinas?

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Colombia, los productores que deseen exportar carne a Filipinas deben cumplir con estrictos requisitos sanitarios y comerciales. Estos incluyen contar con plantas de procesamiento habilitadas, garantizar la trazabilidad del producto y asegurar una oferta que responda a los estándares y volúmenes solicitados por el mercado filipino.

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Durante este horario, las asistentes podrán recibir información sobre las condiciones de acceso, resolver inquietudes y conocer qué documentos deben presentar para iniciar el proceso. La convocatoria está dirigida especialmente a mujeres cabeza de hogar que habiten en alguno de los barrios priorizados de la localidad. Además de encontrarse dentro de las zonas establecidas, las familias interesadas deberán cumplir una serie de requisitos relacionados con las características de la vivienda, los ingresos del hogar y la propiedad o posesión del inmueble.

¿Quiénes pueden postularse a ‘Mejora Tu Casa’ en Rafael Uribe Uribe?

Uno de los principales criterios para participar es que la vivienda esté localizada en un barrio legalizado que haga parte de las zonas priorizadas para esta jornada. También se establece que los ingresos del hogar no superen los cuatro salarios mínimos. Otro de los aspectos que deben acreditar los interesados está relacionado con la vivienda, pues por lo menos uno de los integrantes del hogar debe ser propietario o poseedor del inmueble que se pretende mejorar y demostrar un mínimo de tres años de propiedad o posesión.

En consecuencia, no es necesario que todas las personas que viven en la vivienda sean propietarias. La convocatoria contempla también a quienes tienen la condición de poseedores, siempre que puedan demostrar el tiempo mínimo requerido. Las personas que asistan a la jornada deberán contar con documentos que permitan verificar la información del hogar y la situación del inmueble. Entre los documentos solicitados se encuentra el documento de identidad de la persona que realiza la postulación, así como los documentos de identidad de los demás integrantes del hogar que viven en la vivienda.

Para recibir orientación, las mujeres “deberán llevar su documento de identidad, los documentos de identidad de los integrantes del hogar que viven en la vivienda y los documentos que permitan acreditar la propiedad o posesión del inmueble. En el caso de propietarios, esta condición puede acreditarse con el número del folio de matrícula inmobiliaria. Para quienes son poseedores, también es posible participar siempre que puedan acreditar mínimo tres años de posesión de la vivienda”, indicó la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Qué arreglos cubre el programa Mejora Tu Casa?

El programa contempla diferentes tipos de intervenciones dentro de las viviendas. Entre ellas se encuentran trabajos relacionados con espacios esenciales, superficies y elementos básicos de la construcción. En baños y cocinas se pueden realizar mejoras, adecuaciones o dotaciones, incluyendo intervenciones relacionadas con los lavaderos. También están contemplados trabajos sobre pisos, especialmente aquellos destinados a atender problemas de humedad y mejorar las condiciones de higiene de los espacios de la vivienda.

Otra de las intervenciones corresponde a los pañetes y la pintura de muros y paredes, mientras que las cubiertas y los cielos rasos también pueden ser objeto de reparación o reemplazo, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa. Estos mejoramientos están orientados a atender necesidades específicas de las viviendas que hacen parte de las zonas priorizadas. Además, la convocatoria contempla un amplio listado de barrios y sectores de la localidad. Entre las zonas priorizadas se encuentran:

• Agrupación de Vivienda La Providencia Media
• Alameda Sur Segundo Sector Zona B-1
• Antonio Morales
• Antonio Morales II Sector Carrera 5I y Calle 48 J Sur
• Arboleda
• Arrayanes
• Barrio Carolina
• Barrio La Paz
• Barrio Palermo Sur
• Barrio San Agustín
• Callejón de Santa Bárbara 1
• Callejón de Santa Bárbara II Sector
• Callejón de Santa Bárbara III
• Callejón de Santa Bárbara Sector Mirador 1
• Callejón de Santa Bárbara Sur I y II Sector
• Callejón de Santa Bárbara Sur Oriental
• Carmen del Sol I Sector
• Diana Turbay
• El Bosque de Los Molinos
• El Mirador
• El Mirador (Los Molinos) II Sector
• El Mirador de Marrocos
• El Mirador Sector Molinos del Sur
• El Portal
• El Portal II Sector
• El Puerto La Loma de San Carlos
• El Triunfo del Sur
• Govarova II
• Granjas de San Pablo
• La Arboleda Sur
• La Marqueza
• La Merced Sur
• La Merced Sur San Ignacio
• La Paz (El Cebadal)
• La Reconquista
• La Reconquista Sector Villa Esther
• La Resurrección
• La Resurrección IV Sector
• Los Arrayanes Barrio Palermo Sur Sector Sana Fonseca
• Los Chircales del Sur
• Luis López de Mesa
• Madrid II
• Marco Fidel Suárez
• Marco Fidel Suárez Carmen del Sol
• Palermo Sur
• Palermo Sur (El Triángulo)
• Palermo Sur Los Arrayanes
• Palermo Sur Oswaldo Gómez
• Predio El Recuerdo Barrio San Jorge Alto
• Príncipe de Bochica
• Reloteo Antigua Hacienda Los Molinos
• Resurrección
• Santa Rosita La Cañada
• Urbanización Govarova
• Urbanización Granjas San Pablo
• Urbanización Guiparma
• Urbanización Los Molinos 1er Sector
• Villa Esther 2
• Villa Morales (antes El Emperador)
• Villas del Recuerdo

Previo a repartir una herencia por sucesión en Colombia, dice la ley, es indispensable definir qué pertenecía al fallecido y qué pertenece al cónyuge o compañero permanente.

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De un lado, si los bienes se adquirieron dentro del matrimonio o la unión marital de hecho, el 50 % de esa masa patrimonial pertenece al cónyuge sobreviviente, por lo que no son heredables.

La otra mitad, sumada a los bienes propios que el fallecido tuviera antes del matrimonio, entra a la masa hereditaria para distribuirse por mecanismo de sucesión en Colombia.

La distribución porcentual en una sucesión en Colombia:

1. 50 % – Legítima Rigurosa: Corresponde por ley a los herederos forzosos a partes iguales
2. 50 % – Libre Disposición: El causante puede asignarlo libremente a cualquier persona (familiar o tercero) mediante testamento. Si no hay testamento, este 50 % se suma a la legítima rigurosa y se distribuye íntegramente según los órdenes hereditarios

Prioridades para heredar en una sucesión en Colombia:

1. Hijos (legítimos, adoptivos o extramatrimoniales):

El cónyuge no es heredero directo en este orden; recibe únicamente su 50 % de gananciales. Sin embargo, si el cónyuge no tiene bienes ni gananciales suficientes, puede optar por la porción conyugal, la cual equivale a la cuota que le correspondería a un hijo.

• Segundo Orden: Ascendientes y Cónyuge/Compañero Permanente:

Se activa únicamente si el fallecido no dejó hijos.

¿Quiénes heredan?: Los padres (o abuelos) y el cónyuge o compañero permanente concurren juntos.

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Para este caso, la sucesión dispone que la distribución de la herencia se divida por cabezas en partes iguales entre los ascendientes y el cónyuge.

Durante estos días, Titán Plaza, Plaza Imperial y Plaza de las Américas reúnen experiencias de gran formato que combinan entretenimiento, tecnología, educación y actividades familiares.

La estrategia busca transformar la habitual visita al centro comercial en un plan completo de varias horas sin necesidad de salir de la capital.

Desde viajar 65 millones de años al pasado entre dinosaurios, atravesar portales mágicos inspirados en los cinco elementos de la naturaleza, hasta convertirse en parte de una misión junto a Paw Patrol.

Los tres centros comerciales tienen propuestas dirigidas especialmente a familias que buscan alternativas divertidas para disfrutar durante el receso escolar.

En Titán Plaza, las familias podrán visitar ‘Tierra de Titanosaurios: Una Nueva Era’, una megaexposición que estará disponible hasta el 2 de noviembre.

Esta gran atracción reúne 15 estaciones con dinosaurios, especies prehistóricas, piezas paleontológicas, escenografías y experiencias interactivas de primer nivel.

La propuesta cuenta además con el acompañamiento del Grupo de Investigación en Paleontología Neotropical, Tradicional y Molecular de la Universidad del Rosario.

Durante la semana de receso, los visitantes podrán recorrer la exposición y acceder a actividades complementarias como talleres infantiles y experiencias para toda la familia.

Entre las estaciones se encuentran especies como el Tyrannosaurio Rex, Giganotosaurio, Velociraptor, Titanoboa y Patagotitan Mayorum.

También están disponibles experiencias de pago como la Estación Titano – Piscina de Pelotas y el Parque de Titanosaurios, que incluye tirolesa, túnel, playground y un Spinosaurio.

Por su parte, Plaza Imperial mantiene hasta el 2 de noviembre ‘Imperial Portal Mágico: ven por la magia, quédate por la leyenda’, una experiencia que combina tecnología, animatrónica, educación y entretenimiento.

La propuesta cuenta con cinco escenografías animatrónicas y dos portales gemelos que permiten a los visitantes verse en tiempo real desde diferentes puntos del centro comercial.

El recorrido está inspirado en los cinco elementos de la naturaleza —agua, tierra, fuego, aire y magia— y busca que niños, jóvenes y familias puedan aprender mientras exploran.

Durante los fines de semana también se realizan shows itinerantes de hechiceros, magos y nomos, además de talleres de magia para niños y actividades familiares.

La experiencia incluye además recorridos guiados para colegios, en los que los estudiantes reciben al finalizar una certificación como ‘Experto en Magia’.

En Plaza de las Américas, la protagonista es ‘Encuentro de Patas de Paw Patrol’, la primera experiencia inmersiva oficial de Nickelodeon de esta franquicia infantil en Colombia, disponible hasta el 12 de octubre.

La experiencia cuenta con ocho escenarios interactivos inspirados en Bahía Aventura, en los que los niños deben superar diferentes desafíos mientras desarrollan habilidades.

Estas dinámicas fomentan el trabajo en equipo, la solidaridad, la resolución de problemas y la cultura ciudadana en los pequeños.

La propuesta hace parte de la estrategia del centro comercial de convertir sus experiencias en planes de mayor duración para las familias.

De hecho, Plaza de las Américas reporta un crecimiento del 5 % en tráfico, mientras que más del 60 % de sus visitantes permanece durante más de dos horas.

Asimismo, el consumo en categorías comerciales ha aumentado 20 % frente a años anteriores gracias a esta variada oferta recreativa.

La semana de receso escolar en Colombia se celebra durante la segunda semana del mes de octubre de cada año. Para el año 2026, la pausa académica se extiende oficialmente desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre, empalmando directamente con el festivo del lunes 12 de octubre.

Esta jornada descanso institucional fue creada mediante el Decreto 1373 de 2007 para colegios públicos y privados del país. Consiste en cinco días hábiles de descanso libre para estudiantes de preescolar, básica y media. 

Banco Pichincha lidera la oferta con una tasa de 13,49%, seguido por KOA Compañía de Financiamiento, con 13,09%, y Ban100, con 12,93%.

Entre los bancos también destacan Banco W, con 12,84%; Finandina, 12,74%; Banco Contactar, 12,72%; Bancamía, 12,69%, y Banco Unión, 12,58%.

En las compañías de financiamiento, además de KOA, aparecen Iris, con 12,86%, y Credifamilia, con 12,68%. Nu Colombia ofrece 11% para este plazo.

En las cooperativas, Cotrafa presenta la tasa más alta, con 9,93%, seguida por JFK Cooperativa Financiera, con 9,51%.

La oferta muestra diferencias importantes entre entidades, por lo que comparar puede tener un impacto relevante en el rendimiento final. Sin embargo, la tasa no debería ser el único criterio.

También es importante revisar el monto mínimo de apertura, el plazo, la forma de pago de intereses y las condiciones para mantener el dinero invertido.

Además, se recomienda verificar que la entidad tenga cobertura del seguro de depósitos de Fogafín.

El ministro fue enfático en señalar durante el debate que quienes soliciten mayores fondos para áreas como salud, educación o cultura deben sugerir también qué otros sectores podrían recibir menos recursos, debido a que los fondos públicos son limitados y cualquier redistribución requiere justificación y fuentes claras de financiación. En ese sentido, subrayó la importancia de analizar el gasto público, señalando que muchas veces el desafío no consiste en gastar más, sino en hacerlo mejor. Gómez criticó además que la discusión presupuestal suele ignorar la problemática de la corrupción, apuntando que muchos recursos se pierden por su mal uso o por no cumplir con los objetivos previstos, como lo expuso al mencionar el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afectada por irregularidades.

Otro ejemplo que Gómez presentó fue el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el cual atraviesa un déficit de $2,7 billones, con un costo promedio de atención por maestro de $7,7 millones, frente a los $2 millones que representa un paciente del régimen de salud general. Estos datos, según el ministro, reflejan una ineficiencia que debe ser evaluada a profundidad al destinar recursos presupuestales.

El ministro también centró la atención en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Explicó que, a pesar de haber incrementado su personal de 10.000 a 16.000 funcionarios durante el gobierno anterior, las metas de recaudo no se cumplieron, destacando lo que en teoría tributaria se denomina “fatiga fiscal”: más reformas tributarias no aseguran mayores ingresos. Gómez indicó además que de los 18 impuestos nacionales, solo tres concentran el 95% del recaudo, lo que cuestiona la eficacia de seguir aumentando la cantidad de tributos.

En su intervención hizo hincapié en la revisión de los 62 fondos y los 92 establecimientos públicos del presupuesto, que concentran recursos cercanos al 1% y 1,5% del PIB, respectivamente. Sostuvo que es fundamental determinar si todos siguen cumpliendo su función o requieren ajustes. También mencionó el rubro de “otras transferencias”, que suma cerca de $23 billones y comprende unas 250 transferencias. Propuso que el Congreso analice cuáles deberían mantenerse y cuáles podrían desaparecer o cambiar.

Finalmente, Gómez abordó el tema de la deuda pública, subrayando que el próximo año debe afrontarse el pago de dos vencimientos de corto plazo, por $40 billones, equivalentes al 2% del PIB. Advirtió que decisiones tomadas en el gobierno anterior incrementaron la vulnerabilidad del país al cambiar deuda a largo plazo por títulos de corto plazo con vencimientos inmediatos.

¿Por qué el ministro de Hacienda insiste en revisar el gasto público del Presupuesto General de la Nación?

El ministro de Hacienda sostiene que la revisión del gasto público es clave porque los recursos son limitados y existen evidencias de ineficiencia y posibles casos de corrupción en distintas áreas, como la UNGRD y el FOMAG, según la información expuesta durante la discusión en la Cámara de Representantes y reseñada en X. Además, enfatiza que aumentar el gasto sin control no soluciona los problemas estructurales del presupuesto y puede implicar el uso inadecuado de los fondos públicos.

¿Qué significa “fatiga fiscal” en el contexto tributario colombiano según el ministro Gómez?

“Fatiga fiscal” es un concepto de la teoría tributaria al que aludió el ministro Gómez para explicar que, aunque se implementen más reformas para aumentar los impuestos o el número de funcionarios, no necesariamente se logra incrementar el recaudo. En Colombia, enfrentarlo significa reconocer que existe un límite al aumento de ingresos fiscales únicamente por medio de reformas, y plantea que debe priorizarse la eficiencia en la estructura existente.

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De acuerdo con datos presentados por Fasecolda, solo el 9% de los hogares que podrían estar asegurados contra riesgos catastróficos cuentan con esa protección, mientras que el 91% restante permanece sin ningún respaldo. Morales explicó que este panorama evidencia la necesidad de buscar soluciones adicionales a la contratación individual de pólizas, con el objetivo de cerrar la brecha y ampliar el acceso a los seguros.

En ese contexto, el gremio propuso que el próximo Plan Nacional de Desarrollo contemple la formulación de una política pública orientada a fortalecer la protección de los hogares colombianos frente a desastres. Morales planteó que se evalúe la implementación de asociaciones o programas público-privados, tomando como ejemplo experiencias internacionales, destacando especialmente el modelo aplicado en España y otras referencias en la región. Estas alternativas permitirían que el acceso a la cobertura no dependa exclusivamente del pago directo de primas individuales por parte de cada hogar, sino de esquemas donde la financiación y participación pudieran darse mediante diferentes mecanismos.

La propuesta, según Morales, consiste en que el Gobierno acepte el reto y abra la discusión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, donde se estudien alternativas para que más colombianos puedan estar cubiertos ante eventos catastróficos. Fasecolda insiste en que la política debe diseñarse con base en estándares internacionales y considerar caminos que permitan incrementar la protección sin que todos los hogares asuman el pago individual de primas. Así, se busca involucrar tanto al Estado como al sector privado en la búsqueda de una mayor cobertura que, según Morales, contribuiría significativamente a reducir el impacto de los desastres en el país.

¿Qué plantea Fasecolda sobre el aumento de la cobertura de seguros catastróficos en Colombia?

Fasecolda propone que el Gobierno colombiano incluya en el próximo Plan Nacional de Desarrollo un mandato para diseñar una política pública que fortalezca la protección de los hogares frente a riesgos catastróficos. La propuesta sugiere crear mecanismos adicionales a la contratación individual de pólizas, como asociaciones o programas público-privados, usando como referente experiencias internacionales, para ampliar el acceso y disminuir la brecha existente en el país.

¿Por qué solo el 9% de los hogares en Colombia tiene seguro contra riesgos catastróficos?

Según información de Fasecolda, la baja proporción de hogares asegurados frente a riesgos catastróficos, que llega apenas al 9%, se debe a una amplia brecha en el acceso a este tipo de protección. Esta brecha podría estar relacionada con el modelo actual, que depende principalmente del pago individual de primas, lo que limita la cobertura y motiva la búsqueda de nuevos esquemas para ampliar la protección.

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La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó que, con corte al 25 de septiembre, el número de reclamos llegó a 92.336, frente a los cuales las compañías constituyeron reservas técnicas por 5,75 billones de pesos colombianos, mientras los pagos totales a asegurados sumaban cerca de 400.987 millones. Estas cifras, que siguen en evolución, muestran que el proceso de atención dista de estar cerrado, pues la afectación del sismo abarcó no solo viviendas, sino también comercios, copropiedades y otros bienes protegidos por pólizas.

El impacto del terremoto incluyó 483 municipios de 31 departamentos, con mayor concentración de siniestros en regiones como Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, según Fasecolda. Garduño destacó la rápida intervención estatal y la coordinación entre aseguradoras, la propia Fasecolda y el mercado de reaseguros, situando a Colombia por delante de países vecinos, como Venezuela, en términos de respuesta institucional y capacidad de ajuste.

Sin embargo, la discusión sobre la brecha de protección financiera permanece vigente. Aunque a marzo de 2026 existían 2.681.964 inmuebles asegurados contra terremotos y solo el 9,3 % de las viviendas contaba con seguro de hogar, la diferencia entre el monto de daños económicos y el valor efectivamente cubierto revela una vulnerabilidad estructural. Garduño insistió en que esta brecha también se manifiesta en la comparación regional, siendo mayor en países donde la penetración del seguro es más baja.

Las cifras globales de Swiss Re, que estiman pérdidas económicas de USD 100.000 millones y pérdidas aseguradas por USD 42.000 millones en catástrofes naturales durante el primer semestre de 2026, refuerzan la incertidumbre que rodea a estos fenómenos. El ejecutivo de Swiss Re precisó que el menor número de eventos en algunos periodos no reduce el riesgo inherente, ya que todo depende de las probabilidades y la preparación.

Mientras continúan las etapas de evaluación, ajuste y pago de reclamaciones por el terremoto en Colombia, el debate sobre el aseguramiento de los hogares y la resiliencia financiera ante desastres naturales sigue vigente, consolidando la importancia de estrategias coordinadas entre Estado, aseguradoras y reaseguradores.

¿Cuántos reclamos recibió el sector asegurador en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto?

Según información consolidada por Fasecolda, el sector asegurador en Colombia recibió 92.336 reclamaciones relacionadas con los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto. Estas demandas llegaron desde distintos municipios y abarcaron diferentes tipos de bienes asegurados, lo que obligó a las compañías a destinar reservas técnicas significativas y activar operativos para la atención y pago de los siniestros.

¿Qué desafíos enfrenta el mercado asegurador colombiano frente a catástrofes naturales?

El mercado asegurador colombiano afronta retos como el alto volumen de reclamaciones, la evaluación precisa de daños, la determinación de coberturas y la efectiva coordinación entre todos los actores. Además, la baja penetración de seguros en viviendas amplía la brecha de protección, dejando a gran parte de la población expuesta a eventos catastróficos sin respaldo financiero, de acuerdo con lo reportado por Fasecolda y explicaciones de Swiss Re.

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El proyecto cuenta también con el respaldo de la Comisión Europea, a través de la estrategia Global Gateway, y contempla, además del préstamo, una subvención de asistencia técnica por 1,5 millones de euros. Este respaldo permitirá construir, adecuar y validar una nueva etapa de la planta industrial de VaxThera. Los recursos se emplearán en procesos clave como transferencia tecnológica y actividades de investigación y desarrollo, enfocados en vacunas y medicamentos biológicos, según información divulgada por las entidades participantes.

Uno de los componentes esenciales de la iniciativa es la ampliación de la capacidad productiva, que permitirá a VaxThera alcanzar una producción de hasta 250 millones de dosis anuales en condiciones normales. En situaciones de emergencia sanitaria o pandemia, se estima que podría llegar a fabricar entre 600 y 700 millones de dosis al año. Esto supondría un salto en la autosuficiencia regional, permitiendo tanto la fabricación propia de vacunas —tras obtener las correspondientes autorizaciones regulatorias— como la prestación de servicios de manufactura a desarrolladores externos. En el comunicado, Ambroise Fayolle, vicepresidente del BEI, destacó que la inversión fortalecerá la capacidad de investigación y manufactura de vacunas, y ayudará a la preparación regional para futuros retos sanitarios.

Por su parte, Jozef Síkela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, subrayó que el proyecto está orientado a construir la resiliencia sanitaria mundial desde el ámbito local, a través de inversiones e innovación. Jorge Emilio Osorio, director ejecutivo de VaxThera, señaló que esta alianza permitirá avanzar en infraestructura, investigación y formación de talento especializado, consolidando las capacidades de la compañía.

El fortalecimiento de la biotecnología local también responde a la urgencia de reducir la dependencia de vacunas importadas, opción que se mostró vulnerable durante la pandemia de covid-19 por las restricciones en el suministro global. Finalmente, el proyecto aborda una de las principales dificultades del sector: el acceso a financiación a largo plazo, clave para la investigación, desarrollo y superación de barreras regulatorias, al tiempo que fomenta la generación de empleo y refuerza el ecosistema innovador colombiano.

¿Cómo beneficia el financiamiento del BEI a la producción de vacunas en Colombia?

El financiamiento anunciado por el Banco Europeo de Inversiones está dirigido a fortalecer la infraestructura y capacidades de VaxThera, permitiendo aumentar la producción anual de vacunas en Colombia. Con estos recursos, la empresa podrá completar procesos productivos, ofrecer servicios a terceros y responder mejor ante emergencias, disminuyendo la dependencia de insumos importados y aumentando la autonomía sanitaria regional.

¿Qué retos enfrenta el sector biotecnológico colombiano para producir vacunas?

El sector biotecnológico en Colombia enfrenta barreras como los altos costos iniciales de investigación, la necesidad de financiamiento a largo plazo, largos periodos de desarrollo y riesgos regulatorios. La falta de inversión y asistencia técnica ha sido una dificultad central, que el respaldo europeo busca atender, facilitando así el surgimiento de capacidades locales y fortalecimiento del talento científico.

De acuerdo con los datos, Bogotá mantiene su posición como la ciudad con mayor cantidad de órdenes de café y el ticket promedio más alto, lo que evidencia su poder de consumo. Medellín, por su parte, conserva el segundo lugar a nivel nacional en número de pedidos. Sin embargo, el dato más llamativo del informe se encuentra en la región Caribe. Valledupar experimentó un crecimiento anual de 67,6% en las órdenes de café, pues es la ciudad donde más se aceleró el consumo digital de esta bebida. Barranquilla, la capital del Atlántico, se destacó como la tercera ciudad del país con más pedidos y un aumento del 22,6%. Otras ciudades como Santa Marta y Montería reportaron crecimientos de 33% y 16%, respectivamente, demostrando la expansión de la categoría más allá de los centros económicos tradicionales.

El informe también identificó avances en otras regiones: Cali tuvo un crecimiento del 9% con cerca de 48.000 órdenes, Bucaramanga aumentó 6% (aproximadamente 16.000 órdenes) y Pereira ascendió 5% (unos 8.000 pedidos). Esta dinámica refuerza la idea de que el consumo digital de café se está democratizando en el país.

Otro aspecto relevante es el cambio en las preferencias de los consumidores. De acuerdo con RappiAds Colombia, crecen las compras de cafés de especialidad, tostados, ediciones limitadas y cápsulas. Algunas marcas independientes lograron incluso aumentos de hasta 111% en sus ventas. Sebastián Jaramillo, director de RappiAds Colombia, afirmó que existe una migración hacia productos de mayor valor y variedad, impulsada por el interés en el origen y la trazabilidad del grano, los perfiles de sabor y la diversidad de opciones. Además, las órdenes de mayor valor también subieron: los pedidos entre 50 000 y 100 000 pesos crecieron 43,7%, y los superiores a los 100 000 pesos, 25,4%.

A pesar del auge de nuevos nichos, las marcas tradicionales siguen siendo relevantes, con algunos incrementos superiores al 28%. Esta combinación evidencia que los consumidores buscan tanto innovar como mantener preferencias ya consolidadas. En resumen, el estudio sugiere que, más allá de la concentración en las principales ciudades, el consumo digital de café se expande con fuerza en otras regiones, especialmente en la Costa Caribe, que lideró los ritmos de crecimiento durante 2026.

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¿Cuáles fueron las ciudades de Colombia con mayor crecimiento en pedidos de café en plataformas digitales durante 2026?

De acuerdo con el análisis de RappiAds Colombia, Valledupar destacó con un aumento anual de 67,6% en las órdenes de café, mientras que Santa Marta y Barranquilla reportaron incrementos de 33% y 22,6%, respectivamente. Estas ciudades de la Costa Caribe lideraron las tasas de crecimiento en consumo digital de café durante el período estudiado.

¿Qué factores impulsaron el cambio en las preferencias de los consumidores de café colombiano en 2026?

El informe de RappiAds Colombia señala que los consumidores están cada vez más interesados en productos de mayor valor agregado, como cafés de especialidad, ediciones limitadas y cápsulas. Según declaraciones de Sebastián Jaramillo, factores como el origen del producto, la trazabilidad del grano, la variedad de sabores y la posibilidad de recibir el pedido en minutos han impulsado esta tendencia hacia una mayor diversificación en el consumo de café.

Según un informe de Iara Consulting Group, citado por ese diario, $57,48 billones provinieron del aumento de los pasivos, mientras que $40,40 billones correspondieron al patrimonio. Esto significa que cerca de $6 de cada $10 que aumentaron los activos fueron respaldados por deuda.

Para 2025, el 57,72 % de los activos de la petrolera estaban financiados con préstamos, añadió ese medio.

Expertos advierten que el crecimiento del tamaño de la compañía no necesariamente implica un fortalecimiento financiero y señalan la importancia de revisar conjuntamente activos, patrimonio, ventas, costos y utilidades.

Aunque la rentabilidad de las ventas mostró una evolución positiva durante la década, los costos y gastos crecieron a un ritmo cercano al de los ingresos, lo que genera señales de alerta.

Otro de los retos será garantizar que las nuevas inversiones generen suficiente rentabilidad para aumentar la producción, las reservas y el patrimonio. También se plantea evaluar la venta de activos poco eficientes, siempre que los recursos obtenidos se destinen a negocios con mayor generación de valor.

La nueva administración de Ecopetrol asumirá estos desafíos en un escenario de precios del petróleo cercanos a los US$100 por barril.

El programa hace parte de una inversión de $12.000 millones anunciada por Bavaria y contempla dos tipos de intervención.

Los 500 establecimientos que sufrieron daños graves recibirán apoyo para recuperar su infraestructura, mobiliario y equipos, además de asistencia técnica especializada para volver a operar.

Los otros 3.000 negocios recibirán activos productivos, como mobiliario, elementos de visibilidad comercial, materiales para puntos de venta y equipos necesarios para reactivar sus actividades.

En ambos casos habrá acompañamiento en territorio para identificar las necesidades específicas de cada comerciante.

La estrategia también incluye una ruta de fortalecimiento empresarial enfocada en mejorar aspectos como la gestión del negocio, las finanzas, las ventas, la digitalización y la productividad.

iNNpulsa aportará herramientas de formación y fortalecimiento empresarial, mientras que el programa Emprendedores Bavaria pondrá a disposición su experiencia en capacitación, digitalización e inclusión financiera.

Según Bavaria, este programa ha fortalecido a más de 85.000 negocios desde 2018. Una medición realizada en 2024 señaló que los participantes aumentaron sus ingresos, en promedio, 38,9% después de la intervención.

La iniciativa busca que los comerciantes no solo puedan reabrir sus establecimientos, sino también recuperar sus ingresos y mejorar sus capacidades para sostener y hacer crecer sus negocios.

El programa destaca además el papel de las tiendas y pequeños comercios en las economías locales. Según Fenalco, el Canal Tradicional reúne más de 500.000 negocios en Colombia y genera cerca de 575.000 empleos.

Bavaria señala que, en promedio, cuatro personas dependen de cada tienda, por lo que la recuperación de estos establecimientos también impacta directamente los ingresos de numerosas familias.

La razón inicial de este aumento radicaba en la actualización del precio que se reconoce a los productores de etanol, conforme a la fórmula que regula el costo del combustible. Según informaron las carteras oficiales, este ajuste tenía incidencia automática en el precio final que pagan los usuarios. Sin embargo, tras la directriz del presidente, dicha actualización quedó suspendida para octubre.

A pesar de esta reversión, el reconocimiento económico a los productores de etanol será asumido por el Gobierno Nacional como un subsidio transitorio, calculado en 8.300 millones de pesos para ese mes. De esta manera, los usuarios se benefician directamente porque dicha diferencia no se traslada al precio en las estaciones de servicio, al menos durante octubre.

El precio del ACPM, un tipo de combustible diésel, también permanecerá inalterado, manteniendo la medida adoptada previamente en septiembre tras el terremoto que afectó al país. Los ministerios aclararon que esta reversión es solo una medida temporal mientras se avanza en una solución estructural frente al aumento internacional del petróleo y sus efectos en el valor local de los combustibles.

La decisión fue precedida por una intervención pública de Abelardo De La Espriella, quien relató que, al enterarse del alza, citó inmediatamente a la ministra de Minas y Energía y le solicitó revertir la medida. El mandatario enfatizó que cualquier decisión que toque el bolsillo de los colombianos debe ir acompañada de una explicación clara, transparente y pública, y este criterio regirá futuras medidas.

En la ciudad de Valledupar, el valor por galón de gasolina corriente oscila entre 13.800 y 13.900 pesos, cifra inferior a otras regiones debido a su condición de zona fronteriza con Venezuela, lo que otorga beneficios tributarios y previene el contrabando de combustibles. El Ministerio de Minas y Energía asigna mensualmente un cupo de 4,3 millones de galones a la ciudad, volumen que permite a los consumidores acceder a ese precio preferente hasta agotarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reversó el aumento de la gasolina en octubre de 2026?

El aumento de la gasolina se reversó porque el presidente Abelardo De La Espriella ordenó detener el ajuste que tenía como origen la actualización del precio pagado a los productores de etanol. Tras enterarse del incremento, el mandatario citó a la ministra de Minas y Energía y solicitó anular el alza, argumentando que decisiones con impacto económico deben estar fundamentadas en explicaciones claras y públicas, como informaron el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda.

¿Cómo afecta la reversión del aumento de la gasolina a los consumidores de Valledupar?

La reversión del incremento beneficia especialmente a los habitantes de Valledupar, quienes ya pagan menos por galón debido a los beneficios tributarios de su condición de zona de frontera con Venezuela. Mientras esté disponible el cupo mensual de 4,3 millones de galones asignado por el Ministerio de Minas y Energía, los consumidores mantendrán el acceso a gasolina a precios diferenciados y seguirán protegidos del ajuste que quedó sin efecto para octubre de 2026.

Según Colfecar, en los últimos cuatro años se registraron 2.841 bloqueos, que generaron pérdidas por $12,9 billones para el transporte de carga.

Durante el Congreso Colfecar 2026, los gremios del transporte, comercio exterior, avicultura y carbón pidieron al Gobierno garantizar vías despejadas y mayor seguridad. Solo en 2025 se contabilizaron 833 bloqueos, después de 780 en 2023 y 800 en 2024.

Los costos también preocupan al sector. Colfecar señala que combustible, salarios y peajes representan cerca del 70 % de los costos del transporte.

En cuatro años, el diésel aumentó 25 %, los salarios 79 % y los peajes 40 %, incrementos que terminan trasladándose a los precios de productos y servicios.

Buenaventura concentra buena parte de las dificultades. Los gremios advierten que un día de bloqueo en la vía hacia el puerto puede generar hasta tres días de retrasos para normalizar la operación portuaria.

Fenavi también alertó por el impacto de la inseguridad en el transporte de alimentos, mientras Fenalcarbón señaló una caída de 23 % en las exportaciones de carbón entre 2022 y 2025.

De cara al Plan Nacional de Desarrollo, los gremios pidieron mejorar infraestructura, seguridad, comercio exterior y logística.

(Ver también: Lista de los siete conciertos que habrá en El Campín hasta fin de año y que afectarían al FPC)

Las presentaciones del grupo surcoreano, programadas para este 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín, tendrían un impacto económico estimado de 126.000 millones de pesos, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades distritales.

La cifra, equivalente a unos 34.7 millones de dólares, contempla los recursos que se moverían en la ciudad por cuenta de los espectáculos y la llegada de miles de visitantes. De ese monto, más de 99.000 millones de pesos corresponderían al gasto de los asistentes en actividades como alojamiento, alimentación, transporte y compra de mercancía relacionada con el grupo.

Este movimiento económico beneficiaría a diferentes actividades comerciales, especialmente a los establecimientos hoteleros, restaurantes, comercios y servicios de transporte, que tendrían una mayor demanda durante los días de los conciertos.

BTS en Bogotá: turismo y empleo, entre los sectores beneficiados

Uno de los principales efectos económicos previstos está relacionado con la llegada de visitantes. Las estimaciones apuntan a que los dos conciertos reunirían a cerca de 90.000 asistentes, de los cuales unos 36.000 serían turistas, incluidos viajeros internacionales.

La llegada de este público también tendría efectos en el transporte aéreo. Las proyecciones indican que las reservas de vuelos aumentarían un 46 %, un comportamiento que estaría asociado con los desplazamientos de fanáticos que viajarían a Bogotá para asistir a las presentaciones de la agrupación.

El impacto también se extendería al mercado laboral. Según las cifras proyectadas, los conciertos contribuirían a la creación de 5.244 empleos directos e indirectos, vinculados con la organización de los espectáculos y las actividades económicas que se activarían alrededor de estos.

En ese contexto, el gasto de los visitantes se convierte en uno de los principales factores para calcular el beneficio económico de los eventos. A diferencia de los ingresos asociados únicamente con la boletería, el consumo en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios permite que una parte de los recursos llegue a negocios que no participan directamente en la producción de los conciertos.

Las cifras corresponden a estimaciones previas a las presentaciones, por lo que el impacto económico definitivo dependerá del comportamiento de los asistentes y del gasto que efectivamente realicen durante su estadía en la capital.

(Ver también: Movistar Arena ya no será como los bogotanos lo conocían: comenzó la desmontada del letrero)

Así, los conciertos de BTS se perfilan como un evento de relevancia para la economía bogotana, con efectos proyectados que van más allá del entretenimiento y alcanzan al turismo, el comercio, el transporte y el empleo.

Las variaciones que se presentan en la tasa de cambio nominal generan efectos inmediatos y palpables en la economía nacional a través de los procesos de depreciación y apreciación del peso. Si la tasa se incrementa, se habla de una depreciación de la moneda colombiana, lo que implica que ahora es necesario entregar una mayor cantidad de pesos por cada dólar. Según lo señalado en la información, esta situación encarece las importaciones, ya que los productos provenientes del extranjero resultan más costosos para los consumidores y para las empresas nacionales. Por el contrario, si la tasa disminuye, esto se conoce como apreciación del peso. En este escenario, la moneda nacional gana capacidad de compra frente al dólar, pues menos pesos alcanzan para adquirir una unidad de la divisa extranjera. Esto facilita la importación, abaratando productos internacionales, aunque también resta competitividad a los exportadores colombianos.

Para medir de manera oficial las fluctuaciones de la moneda frente al dólar, el sistema financiero emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Esta tasa, según lo descrito, resulta del cálculo promediado de las cotizaciones de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas con moneda legal colombiana, siempre que ambas monedas se intercambien efectivamente el mismo día de la negociación. Las entidades que participan en este mercado incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, entre otras señaladas en la fuente.

De acuerdo con la cifra más reciente presentada, la TRM indica que un dólar equivale a 3.349,63 pesos colombianos.

¿Qué impacto tiene la variación de la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

Las fluctuaciones de la tasa de cambio nominal afectan los precios de importación y exportación, influyendo en la competitividad de los productos colombianos y en el costo de los bienes extranjeros, tal como lo destaca la información consultada. Esto repercute en el poder adquisitivo y en la balanza comercial del país.

¿Qué es la TRM y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, es el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano, realizadas por múltiples entidades. Solo se contabilizan las negociaciones cuyo cumplimiento de ambas monedas se acuerde para el mismo día, según la fuente revisada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Uno de los casos más recientes es el Gimnasio José Joaquín Casas, institución con 67 años de trayectoria, que anunció que terminará sus actividades el 30 de noviembre de 2026 y no abrirá sus puertas en 2027.

El colegio atribuyó la decisión a las transformaciones que atraviesa el sector educativo, en un contexto marcado por cambios demográficos y una menor demanda de cupos.

Otro caso es el Colegio María Santa Soledad, que cerró sus puertas después de más de 50 años de funcionamiento. La institución enfrentó una disminución de estudiantes que redujo sus ingresos, mientras aumentaban gastos como salarios, arriendo y mantenimiento. El incremento de los costos laborales también fue señalado como uno de los factores que agravaron la situación.

El Colegio Nueva Alianza Integral también dejó de funcionar después de 46 años. La institución tenía capacidad para unos 550 estudiantes, pero solo contaba con 215 matriculados.

La baja ocupación de sus instalaciones y los problemas de cartera afectaron sus ingresos y dificultaron la continuidad del proyecto educativo.

A estos casos se suma el Colegio La Presentación Sans Façon, que anunció en 2024 el cierre de su sede después de más de seis décadas de funcionamiento. La reducción de la matrícula fue uno de los factores que llevó a tomar la decisión.

Estos casos hacen parte de un fenómeno más amplio en Bogotá. El sector de colegios privados advierte que la menor cantidad de niños y jóvenes en edad escolar está reduciendo la demanda de cupos, mientras los colegios deben seguir asumiendo gastos de nómina, infraestructura y funcionamiento.

Algunas instituciones han optado por cerrar y otras por fusionarse para poder continuar operando.

La norma permite utilizar el fondo de imprevistos para financiar gastos de operación y reparaciones. El administrador podrá disponer inicialmente de hasta el 50 % de los recursos disponibles, siempre que cuente con la aprobación del consejo de administración.

Para usar un porcentaje mayor o volver a recurrir al fondo, será necesario el aval de la asamblea general de propietarios.

Además, las copropiedades podrán establecer planes especiales de pago para cubrir las expensas extraordinarias necesarias para rehabilitar, reparar, reforzar o reconstruir las edificaciones, siempre que se mantenga su sostenibilidad financiera.

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá recomendó documentar los daños, priorizar las reparaciones, revisar las pólizas de seguros y definir las fuentes de financiación antes de comprometer recursos.

Las medidas estarán vigentes durante 24 meses, hasta el 17 de septiembre de 2028, en los municipios y departamentos incluidos en la emergencia.

De acuerdo con el artículo 246 del Código Penal, para que exista este delito se debe acreditar un engaño previo o concurrente que induzca a la víctima a actuar bajo error, entregando dinero o bienes y generando un perjuicio económico a cambio de un beneficio ilícito. Al respecto, el abogado Fabio Castro, director de Cafore Abogados, señala que la justicia no castiga el desamor, sino el engaño deliberado: “Durante muchos años estos casos se percibían únicamente como conflictos sentimentales o decepciones personales. Sin embargo, la Corte Suprema ha venido delimitando un criterio muy claro: cuando una persona construye deliberadamente una relación afectiva, promete matrimonio o un proyecto de vida únicamente para obtener dinero, el asunto deja de pertenecer exclusivamente al ámbito privado y puede constituir un delito”.

El rastro judicial de estos casos cuenta con precedentes clave en altas instancias, tales como el fallo que castigó a una mujer que fingió una paternidad compartida para recibir dinero desde el exterior (SP12833-2017), condenas por estafa agravada tras apropiarse de bienes aprovechando la confianza familiar (SP4316-2019), y sentencias contra hombres que cortejaron a personas vulnerables para apoderarse de patrimonios mediante documentos firmados bajo mentiras (Rad. 39054 de 2012). Este fenómeno afecta de manera particular a ciudadanos extranjeros que inician romances durante visitas turísticas o a través de plataformas digitales en ciudades de alta dinámica como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta.

Por su parte, la abogada Valeria Canosa, magíster en derecho penal de Cafore Abogados, advierte que muchos extranjeros desconocen los mecanismos de reparación disponibles en el país: “Muchos extranjeros conocen a su pareja durante un viaje a Colombia o por medio de plataformas digitales y, con el tiempo, comienzan a construir un proyecto de vida que puede incluir el matrimonio. Esa confianza los lleva a entregar dinero, bienes o asumir gastos relacionados con la boda, la vivienda común o los trámites migratorios”. La especialista aclara que, si bien la ley no indemniza el simple incumplimiento de una promesa matrimonial, sí permite exigir la restitución de bienes entregados bajo la condición específica de que la boda se celebraría.

Frente a la gran duda de si es posible recuperar el dinero, la respuesta depende estrictamente del caudal probatorio. Por un lado, el artículo 112 del Código Civil ampara la restitución de cosas donadas bajo la condición de un matrimonio frustrado y habilita demandas por perjuicios si hubo dolo. En contraste, los obsequios tradicionales de una relación —como joyas, viajes o ropa entregados genuinamente como muestra de afecto— no deben ser devueltos. Los expertos recomiendan preservar conversaciones, comprobantes de transferencias, correos y cualquier evidencia que demuestre que el flujo de dinero fue consecuencia directa de la mentira.

El encuentro, encabezado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, estuvo enfocado principalmente en revisar asuntos laborales y jurídicos que impactan la generación de empleo y la formalización.

Entre los temas analizados estuvieron la inspección laboral, el trabajo doméstico remunerado, el acoso, la violencia y la discriminación, así como la negociación colectiva.

También se abordaron la tercerización e intermediación laboral, las condiciones de periodistas y comunicadores sociales y las nuevas dinámicas del trabajo en plataformas digitales.

La ministra planteó crear una mesa técnica y jurídica para estudiar las inquietudes de empresarios y trabajadores y llevar propuestas con respaldo técnico a las próximas reuniones.

En la sesión participaron representantes del Consejo Gremial Nacional, Andi, Fenalco, SAC, Acopi y Asobancaria, además de las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y organizaciones de pensionados.

Los participantes tendrán hasta el 9 de octubre para presentar comentarios sobre los temas discutidos.

Posteriormente, el equipo técnico los revisará antes de la siguiente reunión de la Comisión, programada para el 13 de octubre.

Este incremento en la gasolina responde específicamente a una actualización en el precio del etanol, decisión que, de acuerdo con el Ministerio de Minas, pretende respaldar a los productores de caña del Valle del Cauca afectados por un reciente terremoto. A pesar de este aumento, usuarios de combustibles en Valledupar continúan pagando tarifas considerablemente más bajas frente al promedio nacional.

La causa de esta diferencia radica en el estatus especial que tiene Valledupar como zona de frontera, reconocida oficialmente gracias a su cercanía con Venezuela. Los municipios catalogados bajo esta figura en Colombia reciben exenciones tributarias destinadas a combatir el contrabando de hidrocarburos desde el país vecino, según la normativa vigente. Así, los residentes de la capital del Cesar se benefician de la exclusión de ciertos impuestos en el costo de los combustibles.

Cada mes, el Ministerio de Minas asigna a Valledupar 4.3 millones de galones de gasolina "subsidiados", tal como lo establece un acto administrativo. Sin embargo, una vez agotado este cupo, la ciudad se ve obligada a igualar sus precios con los de otras urbes. Para contextualizar, tras el ajuste, el galón de gasolina en Barranquilla quedó en $16.010, en Cartagena en $15.967, y en Montería alcanza los $16.217, cifras notablemente superiores a las de Valledupar.

En medio de estos movimientos, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, utilizó su cuenta de X para anunciar que citó a la ministra de Minas y Energía con el propósito de exigir la reversión del aumento de 46 pesos en la gasolina para octubre. En el pronunciamiento, De la Espriella argumentó que la directriz busca establecer soluciones permanentes frente al incremento internacional del precio del petróleo.

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¿Por qué Valledupar paga un precio de gasolina más bajo que otras ciudades de Colombia?

Según el Ministerio de Minas, Valledupar goza de precios reducidos en los combustibles debido a su reconocimiento como zona de frontera. Esta clasificación, otorgada por su proximidad con Venezuela, permite la aplicación de exenciones tributarias en el precio de la gasolina y el diésel. El objetivo principal de estas medidas es evitar el contrabando de hidrocarburos desde el país vecino, beneficiando a los habitantes con precios más bajos y asignaciones mensuales subsidiadas.

¿Qué significa el cupo subsidiado de gasolina para Valledupar y cómo funciona?

El cupo subsidiado de gasolina es una medida implementada por el Ministerio de Minas, la cual asigna mensualmente a Valledupar 4.3 millones de galones de combustible a precios reducidos. Este cupo está establecido mediante un acto administrativo, y una vez cumplida la cuota, los habitantes de la ciudad deben pagar las mismas tarifas que se aplican en el resto del país. El propósito de esta estrategia es entregar un beneficio directo a los conductores locales y contribuir al control del contrabando.

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Ese escenario tiene una protección en Colombia, pero hay una precisión importante: haber dedicado años al cuidado de la familia no significa que automáticamente exista una indemnización o que la expareja deba pagar una suma determinada de dinero.

Lo que puede solicitarse, dependiendo de las circunstancias, son alimentos para el cónyuge que necesita apoyo económico. El juez debe revisar la situación particular de quien los pide y la capacidad económica de quien tendría que pagarlos.

La profesora de Derecho de Familia Karen Castellanos explica que la persona que recibe una demanda de divorcio no puede impedir que el matrimonio termine, pero sí puede discutir las condiciones económicas que se definan durante el proceso.

“Lo primero que hay que entender es qué se puede discutir y qué no. La persona que recibe la demanda no puede oponerse a que el matrimonio termine. Lo que sí puede y debe controvertir son las condiciones”, precisó la experta.

¿Qué pasa si una persona dejó de trabajar para cuidar a su familia?

La situación puede ser especialmente compleja cuando durante varios años uno de los integrantes de la pareja tuvo ingresos y el otro se dedicó principalmente al cuidado del hogar.

Ese trabajo no remunerado tiene un peso importante en la economía colombiana. Las Cuentas Nacionales de Transferencia de Tiempo del DANE muestran que las mujeres dedican en promedio 23 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a nueve horas en el caso de los hombres. Para 2024, el DANE estimó el valor económico de esas labores en $340,5 billones.

Sin embargo, ese valor económico no se convierte automáticamente en una indemnización cuando termina un matrimonio. Lo que debe analizarse es si la persona que se dedicó al cuidado quedó en una situación en la que no puede cubrir por sí misma sus necesidades básicas y si su expareja tiene capacidad económica para ayudarla.

La Corte Constitucional ha reiterado que los alimentos entre cónyuges o excónyuges se analizan a partir de tres elementos: la necesidad de quien solicita el apoyo, la capacidad económica de quien debe proporcionarlo y la permanencia de esa necesidad.

¿Puede pedir dinero durante el divorcio?

Sí. Una de las claves es que la persona no necesariamente tiene que esperar a que termine todo el proceso de divorcio para solicitar apoyo. Durante el trámite, el juez puede establecer cuánto debe aportar cada cónyuge para cubrir los gastos de sostenimiento y habitación cuando se cumplen las condiciones legales. Esto significa que una persona que se quedó sin ingresos después de dedicar años al hogar puede solicitar alimentos si demuestra que realmente los necesita.

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Pero estar desempleado no es suficiente por sí solo. “Estar desempleado es apenas un indicio; lo que el juez evalúa es si, en la práctica, esa persona puede o no cubrir su subsistencia por sus propios medios”, señala Castellanos.

Por eso, el análisis puede incluir los ingresos actuales, los bienes que posee la persona, sus gastos y su capacidad real para conseguir recursos suficientes para vivir. Al mismo tiempo, el juez debe revisar la situación económica de la expareja. No se puede establecer una obligación que desconozca su capacidad de pago.

¿Cuánto dinero podría recibir?

Aquí está una de las principales dudas y también uno de los puntos que deben manejarse con cuidado. No existe una cifra fija que se entregue automáticamente a quien dejó de trabajar para cuidar a su familia. La cantidad, si se reconoce una cuota de alimentos, dependerá de las necesidades de quien la solicita y de los recursos disponibles de quien tendría que pagarla.

La Corte Constitucional ha explicado que el monto debe guardar relación con la capacidad económica del obligado y que la obligación puede revisarse si las circunstancias cambian. Es decir, no se trata necesariamente de un pago único ni de una suma calculada simplemente con base en los años que una persona permaneció fuera del mercado laboral.

Incluso la Corte ha estudiado casos de personas que se dedicaron exclusivamente a las labores del hogar y quedaron en una situación de dependencia económica después de la ruptura.

¿Cómo demostrar que dejó de trabajar para cuidar a la familia?

La persona que solicita alimentos debe poder demostrar las circunstancias que explican su situación económica. Por eso, es recomendable conservar documentos que permitan reconstruir la historia familiar y laboral.

Entre las pruebas que pueden resultar útiles están:

• Historia laboral.
• Semanas cotizadas a pensión.
• Certificados laborales.
• Matrículas o documentos relacionados con los hijos.
• Citas y certificados médicos de familiares que estuvieron bajo cuidado.
• Testimonios.
• Mensajes y comunicaciones que evidencien cómo se distribuyeron las responsabilidades dentro del hogar.
• Extractos bancarios.
• Soportes de los gastos de vivienda, alimentación, salud y transporte.

La idea es demostrar no solamente que actualmente no tiene empleo, sino por qué dejó de trabajar, durante cuánto tiempo estuvo fuera del mercado laboral y cuál es su situación económica actual.

En un divorcio pueden aparecer varias obligaciones y derechos económicos que no deben confundirse. Por un lado están los alimentos de los hijos, que buscan garantizar las necesidades de los menores.

Por otro están los alimentos para el cónyuge, que pueden reconocerse cuando una persona no cuenta con recursos suficientes para sostenerse y se cumplen los requisitos correspondientes.

Y existe además la liquidación de la sociedad conyugal, que es el proceso mediante el cual se determina qué bienes hacen parte del patrimonio que debe repartirse: “Son tres asuntos completamente independientes entre sí y conviene no mezclarlos”, advierte Castellanos.

Por ejemplo, que una persona tenga participación en una vivienda no significa necesariamente que tenga dinero disponible todos los meses para pagar mercado, servicios, transporte o gastos médicos. La pregunta que debe responderse es si realmente cuenta con recursos suficientes para garantizar su subsistencia.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 2442 de 2024, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por su sola voluntad. La norma incorporó esta posibilidad como una nueva causal en el Código Civil. Esto significa que una persona no puede impedir que su pareja solicite el divorcio simplemente porque no está de acuerdo con la decisión.

Pero una cosa es la terminación del matrimonio y otra muy distinta son las consecuencias económicas que pueden discutirse durante el proceso. Por eso, la persona que dependía económicamente de su pareja debe prestar atención a las condiciones del divorcio y no asumir que perderá automáticamente cualquier posibilidad de recibir apoyo económico.

Antes de firmar documentos o aceptar una propuesta de divorcio, conviene separar las cuentas. Primero, establecer cuánto corresponde por los gastos y necesidades de los hijos, si los hay.

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Segundo, calcular cuánto necesita la persona que quedó sin ingresos para cubrir sus gastos básicos. Tercero, identificar los bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio y que podrían hacer parte de la sociedad conyugal.

También es recomendable reunir desde el comienzo los documentos laborales, pensionales, bancarios, patrimoniales y familiares que permitan demostrar la situación económica.

(Vea también: Estas son las ciudades con los precios más caros y más baratos de la gasolina en Colombia)

Según un comunicado difundido por Caracol Radio, la decisión quedó confirmada por la cartera junto con el Ministerio de Hacienda, que dejaron sin efecto el incremento previsto para este mes. De esta manera, el precio de referencia de la gasolina corriente se mantiene en el mismo nivel que tenía en septiembre.

El incremento que ahora fue reversado correspondía a una actualización del valor reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes incluidos en la estructura utilizada para establecer el precio del combustible. El Gobierno había explicado que el ajuste buscaba acompañar a los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La reversión se produjo después de que el mandatario pidiera a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, echar atrás el aumento correspondiente a octubre. De la Espriella también planteó que el Gobierno debe buscar alternativas de largo plazo frente al impacto que tiene el precio internacional del petróleo sobre los combustibles.

#ATENCIÓN | El Ministerio de Minas y Energía (@MinEnergiaCo) reversó el aumento del precio de la gasolina de $46 pesos tras la orden del presidente @ABDELAESPRIELLA: “En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y… pic.twitter.com/qe2b4S6Nw8

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

¿Qué decidió el Gobierno sobre la gasolina en octubre?

Con la decisión oficial, la gasolina corriente no tendrá aumento durante octubre de 2026. El ajuste promedio de $46 por galón, equivalente al 0,29 % frente al valor anterior, quedó reversado para este mes.

La cartera de Minas y Energía señaló además que las próximas decisiones relacionadas con los precios de los combustibles deberán estar acompañadas de explicaciones claras y públicas. “En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y pedagógica al país”, señaló el Ministerio.

El ACPM, por su parte, permanecerá sin cambios durante octubre. El Gobierno mantiene así la decisión adoptada en septiembre, cuando el precio del diésel fue congelado en el contexto de las medidas relacionadas con los efectos del terremoto.

Con esta modificación, el incremento que había sido establecido desde el 1 de octubre deja de aplicarse, mientras el Gobierno anuncia que continuará trabajando en una alternativa para enfrentar el efecto de los precios internacionales del petróleo sobre el costo de la gasolina.

En un entorno regional caracterizado por una estrategia de “vuelo hacia la calidad”, en donde se registran transacciones de menor volumen, pero de mayor escala e impacto estratégico, Colombia continúa posicionándose como uno de los actores clave en el mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A) de América Latina.

De acuerdo con el más reciente informe ‘Weathering the storm: Latam M&A and PE activity in HY 2026’, elaborado por Marsh en conjunto con Mergermarket, Colombia contabilizó 38 operaciones en el primer semestre de 2026 por un valor de US$ 5,294 millones de dólares.

Esta cifra representó un incremento del 14% frente al mismo periodo de 2025 (US$4,550 millones). Este desempeño le permitió ubicarse en el cuarto lugar regional por valor transado, por detrás de Brasil, México y Argentina.

Adicionalmente, este comportamiento se alinea con la solidez latinoamericana, donde el valor total de las operaciones alcanzó los US$60,400 millones de dólares en el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por sectores intensivos en capital como infraestructura y tecnología.

Al igual que en el resto de la región, el dinamismo del mercado colombiano ha estado impulsado por transacciones estratégicas de gran envergadura en los sectores de energía, hidrocarburos y consumo.

Dentro del segmento de consumo, la mayor operación en el país se registró en el conglomerado de alimentos Grupo Nutresa, donde la firma panameña Erton Holdings acordó tomar una participación en la compañía valorada en US$ 1,556 millones de dólares como parte de una reestructuración corporativa orientada a fortalecer su estructura de capital.

En el sector petrolero destaca la adquisición del 100 % de SierraCol Energy por parte de la firma filipina Prime Infrastructure Capital por US$1,500 millones de dólares, operación que marcó la salida del fondo de capital privado Carlyle Group.

Asimismo, Ecopetrol protagonizó una de las mayores transacciones transfronterizas de la región al acordar la compra del 51% de la brasileña Brava Energia por US$2,930 millones de dólares.

Este movimiento se suma a su plan de inversiones para 2026 fijado entre 22 y 27 billones de pesos (aproximadamente US$5,400 a US$6,700 millones), el cual continúa apalancando la actividad del sector.

El mercado colombiano ha tenido que navegar un entorno macroeconómico exigente marcado por niveles de inflación persistentes (superiores al 6% a junio) y tasas de interés elevadas, luego de que el Banco de la República fijara la tasa de intervención en el 12%.

Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del PIB de Colombia del 2.3 % para 2026.

Frente a este escenario, los inversionistas mantienen la cautela y enfocan su análisis en la claridad regulatoria, las condiciones de seguridad operativa y la capacidad de ejecución de proyectos en el país.

A pesar de estos factores en contra, la resiliencia de las empresas colombianas y la fortaleza de sus activos estratégicos mantienen el apetito del capital internacional y los fondos de capital privado (PE).

Para cerrar brechas de valoración entre compradores y vendedores y mitigar la volatilidad cambiaria y macroeconómica, los inversionistas en Colombia y la región están recurriendo cada vez más a herramientas sofisticadas de transferencia de riesgo.

“América Latina continúa mostrando un mercado de M&A resiliente y cada vez más sofisticado: pese a un menor número de operaciones, el valor transaccionado creció 14% en el primer semestre de 2026. En este contexto de operaciones más grandes y complejas, el seguro de Representaciones y Garantías (R&W) está adquiriendo un papel cada vez más estratégico para facilitar la ejecución de transacciones, reducir fricciones entre las partes y brindar mayor certeza en la asignación de riesgos.”, señaló Felipe Escallón, líder Private Equity, Fusiones y Adquisiciones para Florida y LATAM.

Se prevé que para la segunda mitad del año y hacia 2027, el sector energético, la transición hacia minerales críticos y el consumo continúen siendo los motores principales de la atracción de capital y ejecución de fusiones y adquisiciones en Colombia.

El argumento central de Colfecar está vinculado directamente a las restricciones que enfrenta el transporte de carga durante los denominados puentes festivos, es decir, aquellos fines de semana prolongados por la presencia de días festivos oficiales. Echeverry subrayó que en el año 2026 existen 19 jornadas festivas y afirmó que, durante cada uno de estos días, las empresas transportadoras pueden perder hasta 24 horas de operación debido a las restricciones impuestas por motivos de movilidad y seguridad. Esta disminución de actividad afecta tanto la productividad como el costo de las operaciones, circunstancias que motivaron al gremio a poner este debate sobre la mesa.

“¿Qué tal si aumentamos cinco días de vacaciones a nuestros trabajadores, a cambio de eliminar cinco puentes festivos?”, preguntó Echeverry durante su intervención, según lo informado en el congreso. El objetivo principal sería que los trabajadores no vean reducidos sus días de descanso, sino que tengan la opción de disfrutar estos cinco días durante su período regular de vacaciones, de acuerdo con la propuesta planteada. Al mismo tiempo, el transporte de carga se beneficiaría de menos restricciones durante el año, impactando positivamente en la dinámica y el rendimiento del sector.

Sin embargo, hasta el momento, Colombia no ha modificado la cantidad de días festivos reconocidos en el calendario laboral. De acuerdo con la Ley 51 de 1983, aún vigente, se establecen los días de descanso remunerado y el traslado de algunos festivos al lunes siguiente para favorecer los fines de semana largos. Cualquier cambio en la normativa requiere de un trámite legal formal, por lo que la iniciativa de Colfecar permanece como un punto de debate a la espera de avances en el ámbito legislativo.

¿En qué consiste la propuesta de Colfecar sobre los festivos y las vacaciones laborales?

La propuesta de Colfecar sugiere eliminar cinco días festivos del calendario colombiano y anexarlos al período de vacaciones de los trabajadores. Esto permitiría mantener el periodo de descanso de los empleados mientras se reducen las restricciones que afectan la operación del transporte de carga, especialmente durante los puentes festivos.

¿Por qué se afectan las operaciones del transporte de carga durante los puentes festivos en Colombia?

De acuerdo con Colfecar, las restricciones a la circulación de vehículos de carga durante los puentes festivos generan al menos 24 horas de operación perdidas por cada jornada, lo que repercute en la productividad y los costos de operación del sector.

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La instrucción del mandatario fue precisa: reversar el aumento correspondiente a octubre mientras el Gobierno Nacional busca soluciones más estructurales para enfrentar el impacto de las variaciones en los precios internacionales del crudo. Así lo dejó claro en su declaración, donde mencionó directamente haberse enterado del ajuste aprobado y su decisión de actuar para proteger los bolsillos de los colombianos frente a los incrementos en productos de consumo cotidiano.

El incremento en la gasolina corriente, anunciado originalmente por los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, respondía a una variación de apenas 0,29 %, tomando como referencia el precio promedio nacional. Según explicó el propio Gobierno, el aumento estaba vinculado a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un biocombustible que forma parte de la mezcla de la gasolina corriente. Además, esta decisión había sido presentada como un respaldo a la industria de la caña de azúcar, sector estratégico en regiones como el Valle del Cauca, especialmente afectadas tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

La actualización de precios propuesta para octubre también buscaba mantener estable el valor del ACPM, combustible empleado especialmente en el transporte pesado y el sector industrial. Sin embargo, la reacción presidencial obligó a revisar la disposición antes de su entrada en vigor a partir del primero de octubre. De la Espriella insistió en la necesidad de un enfoque más coordinado entre las entidades estatales para enfrentar el impacto de las fluctuaciones externas y, además, recalcó la importancia de explicar públicamente cualquier decisión que pueda afectar el gasto de los ciudadanos, subrayando que la transparencia debe primar en las determinaciones difíciles.

¿Por qué el Gobierno había decidido aumentar el precio de la gasolina en octubre?

Según lo informado por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el aumento en el precio de la gasolina corriente tenía como propósito actualizar el valor pagado a los productores de etanol, biocombustible que se mezcla con la gasolina. Esta medida también buscaba respaldar a la industria de la caña de azúcar, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, afectadas recientemente por un terremoto.

¿Qué factores influyen en el precio de la gasolina corriente en Colombia?

El precio de la gasolina corriente en Colombia está determinado principalmente por el valor internacional del petróleo y los costos asociados a los biocombustibles como el etanol. De acuerdo con el Gobierno Nacional, estas variaciones externas, junto con medidas para fortalecer sectores productivos afectados por eventos como el terremoto, son elementos clave al momento de definir los precios mensuales de referencia para los combustibles.

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Durante su pronunciamiento, Mac Master aseguró que Colombia tiene una capacidad que debería aprovechar mejor: la posibilidad de trabajar entre distintos sectores de la sociedad. “A Colombia le harían significativamente mejor si nosotros no nos gastáramos tanto tiempo en las polarizaciones y en las discusiones entre nosotros”, afirmó, en medio de la condecoración que recibió en el Concejo de Bogotá.

Mas Master agregó que, en su opinión, el país podría haber avanzado más si esos esfuerzos se hubieran concentrado en construir acuerdos. “Si nosotros hubiéramos gastado toda esta cantidad de horas o esta cantidad de semanas, de meses y de años durante los últimos años, en lugar de estar discutiendo, peleando y teniendo diferencias, seguramente tendríamos un país muchísimo mejor”, expresó.

#LOÚLTIMO | Bruce Mac Master, expresidente de la ANDI, se pronunció tras su salida de la entidad. Lo hizo desde el Concejo de Bogotá. Esto dijo.

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La salida de Mac Master de la Andi fue anunciada tras más de una década al frente del gremio empresarial. La decisión ocurrió en medio de diferentes lecturas sobre la relación entre la organización y el Gobierno, así como sobre el futuro de la interlocución entre empresarios y el Ejecutivo.

En su intervención, el expresidente de la Andi también destacó algunos de los principios que, según él, deben mantenerse dentro de la institución. “Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi era parte de lo que yo siga siendo de quien en adelante será la defensa de la institución, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro”, dijo.

Mac Master también agradeció el reconocimiento recibido y extendió sus palabras a los trabajadores, afiliados y familias vinculadas al gremio. “Muchas gracias a nombre de todos los funcionarios de la Andi, pero también a nombre de los 1.700 afiliados que tenemos y de sus familias y de los trabajadores y de las regiones y de todo lo que significa el tejido empresarial que nosotros representamos”, manifestó.

Finalmente, el dirigente empresarial insistió en su deseo de que Colombia avance hacia escenarios de mayor cooperación. “Yo sigo empeñándome en que al final nosotros tengamos un país en el cual esto pueda suceder y pueda suceder con más tranquilidad y pueda suceder con muchísimo, sobre todo con más inteligencia colectiva”, concluyó.

Frente a esta situación, el presidente De La Espriella convocó a una reunión urgente con la ministra Arboleda. La finalidad es que las instituciones del Gobierno trabajen de forma conjunta para hallar una salida que evite el alza inmediata. Al mismo tiempo, el presidente indicó que se encuentran en estudio soluciones definitivas para enfrentar el impacto del aumento del precio internacional del petróleo, factor clave en la formación del precio de los combustibles en el país.

En una declaración pública, De La Espriella expresó de forma explícita: “Le he pedido que revierta el aumento correspondiente a octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”. Dicha comunicación fue difundida a través de sus redes sociales, subrayando la relevancia que le otorga el mandatario a este asunto.

El presidente también hizo énfasis en la importancia de que el Gobierno sea transparente al explicar las condiciones del mercado y los factores que inciden en el precio del combustible, antes de tomar cualquier decisión que afecte a los ciudadanos. Sostuvo que “nuestro primer deber es con el ciudadano”, dejando ver que la prioridad será proteger los intereses de la población durante este proceso de evaluación y negociación de precios.

En este contexto, la solicitud presidencial se centra en revertir el aumento previsto para octubre, como una medida temporal mientras el Gobierno estudia alternativas permanentes para estabilizar el precio de la gasolina. La reunión entre el presidente y la ministra será clave para analizar a fondo las medidas que se podrían adoptar frente al precio de los combustibles en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se había anunciado un aumento en el precio de la gasolina en octubre?

Según la información publicada oficialmente por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, el aumento de 47 pesos en el valor de la gasolina para octubre tenía relación con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un insumo fundamental en la mezcla de combustibles en el país. Además, la variación de los precios internacionales del petróleo también influye directamente en el costo final para el consumidor.

¿Qué argumentos usó el presidente para pedir revertir el alza en la gasolina?

El presidente Abelardo De La Espriella argumentó que la prioridad debe ser proteger los intereses de los ciudadanos y pidió que cualquier cambio en el precio de los combustibles venga precedido por explicaciones transparentes sobre las condiciones del mercado. Además, solicitó una revisión articulada entre diferentes entidades del Gobierno para hallar soluciones permanentes ante la volatilidad del precio internacional del petróleo.

Para Viveros, el episodio debe entenderse como un choque entre intereses políticos y gremiales. El consultor sostuvo que “la democracia es una contradicción de intereses” y consideró que en este caso no estaban coincidiendo las posiciones del presidente de la República con las de quien estaba al frente del principal gremio de los industriales.

Desde esa perspectiva, Viveros señaló que el Gobierno estaría buscando un interlocutor diferente para relacionarse con el sector privado. “Un gobierno que quiere hacer mucho énfasis en la empresa privada está queriendo tener un interlocutor diferente”, afirmó el analista, quien también reconoció que esa situación puede tener interpretaciones distintas dependiendo de la posición desde la que se analice.

(Vea también: ¿3 empresas motivaron su salida? Los detalles de la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi)

Cifuentes, por su parte, planteó una lectura crítica frente a la salida de Mac Master. El analista político aseguró que no considera que su retiro sea una buena noticia y explicó que, aunque para la Andi puede resultar difícil mantener en la dirección a una persona sin interlocución con el Gobierno, las diferencias políticas o ideológicas no deberían terminar afectando la independencia del gremio.

El analista destacó además el papel que, según su lectura, tuvo la Andi durante los últimos cuatro años en la defensa de la institucionalidad y la democracia. Por esa razón, insistió en que el gremio debe conservar su autonomía y continuar representando los intereses de las más de 1.600 empresas que hacen parte de la organización.

Uno de los puntos centrales de la intervención de Cifuentes fue precisamente el proceso que deberá seguir la Andi para escoger a su próximo presidente. El analista manifestó su deseo de que esa selección sea “autónoma e independiente” y advirtió que una organización gremial no debería convertirse en “el brazo político del Gobierno”, debido a que su función principal es representar los intereses de sus afiliados.

La Junta de Dirección General de la Andi será la encargada de asumir temporalmente la conducción de la organización y de definir el mecanismo para elegir al nuevo presidente.

La junta tiene como presidente a Rodolfo Castillo y como vicepresidenta a Rosario Gómez, quienes fueron elegidos para el periodo 2026-2027.

Aunque todavía no existe una decisión oficial, tres nombres comenzaron a sonar para ocupar el cargo.

Uno de ellos es Alberto Samuel Yohai, presidente desde 2012 de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). Yohai es economista de la Universidad de Georgetown y cuenta con experiencia en tecnología, negocios internacionales y organismos como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

También aparece María Paula Correa, abogada de la Universidad de los Andes con estudios en gestión pública, Administración Pública y Relaciones Internacionales. Fue cónsul de Colombia en Nueva York y durante el gobierno de Iván Duque ocupó varios cargos en la Presidencia, entre ellos la jefatura de gabinete.

El tercer nombre es María Claudia Lacouture, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, quien estuvo al frente de ProColombia entre 2010 y 2016 y posteriormente fue ministra de Comercio, Industria y Turismo. Actualmente preside AmCham Colombia y Aliadas.

La definición del sucesor de Mac Master se dará en un momento relevante para el gremio, que deberá mantener su representación del sector empresarial y su interlocución con el Gobierno nacional. La Andi, además, ha tenido pocos presidentes en las últimas décadas, por lo que el cambio representa una transición importante para la organización.

En su carta de renuncia, Bruce Mac Master expuso que su determinación obedecía a circunstancias inesperadas y preocupantes, y consideró que la situación podría tener consecuencias negativas para los afiliados, funcionarios y el funcionamiento general de la Andi. El dirigente lamentó no haber podido concretar, junto con la junta y la mesa directiva, una solución que permitiera mantener abiertas las vías de interlocución con el Gobierno nacional. Según sus palabras, esos acercamientos resultaron infructuosos, a pesar de su creencia en la importancia de la inteligencia colectiva y la cooperación entre el Ejecutivo, el sector productivo y las instituciones del país.

Mac Master subrayó que, ante estos desafíos, su primera responsabilidad estaba con la Andi, sus afiliados, colaboradores y el equipo de trabajo. Se mostró convencido de que no podía permitir que factores externos a la Asociación afectaran las libertades, el normal desempeño del gremio, ni su capacidad de representación y gestión frente al sector productivo nacional. Reafirmó que su salida busca evitar que esta situación complique la labor de la Andi y contribuir a restablecer un clima de estabilidad y confianza, tanto dentro del gremio como en la relación con otros actores económicos y estatales.

En la misiva, también reflexionó sobre la necesidad de proteger las libertades, la autonomía institucional y los espacios de participación pública, resaltando que la actividad gremial debe mantenerse íntegra e independiente. Según Mac Master, Colombia enfrenta retos que exigen instituciones sólidas, trabajo armónico y el fortalecimiento de los pesos y contrapesos esenciales para la democracia. Dejó en claro que su decisión está orientada a defender dichos valores y a propiciar un entorno más sano para la actividad empresarial en el país.

¿Por qué renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi?

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) debido a las tensiones y desacuerdos persistentes con el Gobierno nacional en temas como la autonomía empresarial y la relación institucional. Según el propio Mac Master, la situación presentaba riesgos para la estabilidad y el trabajo del gremio, por lo que decidió apartarse para proteger a la Andi y facilitar la continuidad de su labor.

¿Qué efectos podría tener la renuncia de Bruce Mac Master en la Andi y el sector empresarial?

De acuerdo con la información expuesta por Bruce Mac Master en su carta, su renuncia busca evitar consecuencias negativas para la Andi, proteger a sus afiliados y permitir la recuperación del diálogo con el Gobierno nacional. Se espera que esta decisión ayude a estabilizar el ambiente institucional, fortalecer la confianza en el gremio y mantener la autonomía necesaria para la representación empresarial en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La salida de Mac Master ocurre después de varias semanas en las que se hizo evidente el distanciamiento entre el dirigente gremial y la Casa de Nariño. La situación llegó a tal punto que, según versiones conocidas esta semana, el presidente habría pedido a sus ministros que no sostuvieran reuniones con el presidente de la Andi. La posibilidad de extender esa medida a integrantes de la junta directiva del gremio también habría sido analizada.

La versión sobre el supuesto veto fue divulgada por la periodista Vicky Dávila, quien aseguró en X que fuentes del Gobierno le habían confirmado la instrucción. “A partir de ahora, ningún ministro se puede reunir con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Están evaluando ampliar el veto a los miembros de junta”, escribió la periodista.

(Vea también: “No seguiremos su receta”: José Manuel Restrepo frenó en seco a Petro por decisión económica)

El distanciamiento también comenzó a tener consecuencias dentro de la propia Andi. Coca-Cola Femsa tomó distancia del gremio y se retiró de la Cámara de Bebidas, mientras que Incauca, Providencia y Sucroal anunciaron su salida de la Asociación. Estos movimientos alimentaron las advertencias sobre una posible pérdida de afiliados en medio de la falta de interlocución con el Gobierno.

Mac Master respondió públicamente a las versiones sobre la crisis y calificó lo que estaba ocurriendo como una “campaña de acciones malintencionadas” contra la reputación de la organización. En un pronunciamiento del 25 de septiembre, hizo un llamado a detener esas acciones y defendió la independencia de la Andi frente a las presiones externas.

“A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones malintencionadas para afectar la reputación de una entidad que con seriedad, compromiso y dedicación se ha ganado el respeto de una buena parte de la sociedad colombiana”, manifestó entonces el dirigente gremial.

La controversia se reactivó tras las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien sugirió la necesidad de que el país contemple seriamente un posible aumento de la edad de pensión para las mujeres. Según Lenis, esta discusión debe hacerse de manera honesta frente a la ciudadanía, ya que responde a los retos fiscales del sistema pensional colombiano. Actualmente, la normativa establece que las mujeres pueden pensionarse a los 57 años, cinco años antes que los hombres, quienes lo hacen a los 62. Este diferencial ha sido motivo de análisis por parte de expertos y actores institucionales, pues distintos sectores consideran que ajustar la edad podría contribuir a la sostenibilidad fiscal del sistema, aunque la propuesta también genera resistencias y preocupaciones sobre el impacto social que tendría sobre las mujeres trabajadoras.

En paralelo a este debate, existe expectativa sobre los cambios que traerá consigo la reforma pensional impulsada durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Aunque la Corte Constitucional ha solicitado subsanar algunos trámites pendientes, lo cierto es que ya se cuenta con un proyecto de ley de la República sobre la mesa, el cual debe entrar en implementación en el corto plazo. Al respecto, el vicepresidente Restrepo concluyó que “existe ya un proyecto de ley de la República que debe ser implementado y ya veremos cuál es el camino”.

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de subir la edad de pensión para mujeres en Colombia?

El debate sobre el aumento de la edad de pensión para mujeres enfrenta posturas encontradas. Por un lado, algunos consideran que esta medida ayudaría a enfrentar los retos fiscales del sistema, como explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis. Por otro lado, existen preocupaciones sobre el impacto social y laboral que tendría para las mujeres, ya que actualmente la edad de pensión para ellas es de 57 años, frente a los 62 de los hombres, según la normativa vigente.

¿Qué dice el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el aumento de la edad de pensión?

De acuerdo con lo manifestado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella no ha considerado ni discutido en ninguna instancia la posibilidad de aumentar la edad de pensión para mujeres. Restrepo aclara que esta discusión se ha dado exclusivamente en el contexto del Congreso y que el Ejecutivo no tiene dicho proyecto en la agenda, como confirmaron fuentes citadas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El comportamiento de la moneda estadounidense se presenta después de una decisión del Banco de la República que sorprendió a los analistas. La Junta Directiva determinó, por mayoría, aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, que pasó a 12,25 %, su nivel más alto desde marzo de 2024.

El mercado esperaba que la tasa permaneciera estable, por lo que el incremento modificó las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria. Según un análisis de Bancolombia, en las próximas decisiones de la Junta tendrán especial importancia los efectos del fenómeno de El Niño, la recuperación después del terremoto y las medidas relacionadas con la política fiscal.

(Vea también: El Niño amenaza bolsillo de los colombianos: hasta el salario mínimo sentiría golpe en 2027)

Bancolombia señaló en Semana que el aumento de tasas refleja el interés del Banco de la República por mantener la inflación encaminada hacia su meta y preservar la estabilidad macroeconómica. De acuerdo con el análisis, la decisión muestra que la Junta dio mayor relevancia a la persistencia de las presiones inflacionarias que al alivio generado por la apreciación del peso colombiano.

Las tasas de interés más elevadas también pueden influir en el comportamiento del dólar mediante estrategias como el carry trade. En este tipo de operación, los inversionistas buscan financiarse en monedas con tasas relativamente bajas para colocar esos recursos en mercados o activos que ofrecen mayores rendimientos, lo que puede aumentar la demanda por pesos colombianos.

A este escenario se suma el dato de desempleo de agosto, que subió a 9,4 %, un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. AmCham Colombia calificó el resultado como atípico y señaló que el terremoto pudo afectar el empleo en las zonas damnificadas, mientras que la industria registró 240.000 ocupados menos que en agosto de 2025.

(Ver también: Precio de la gasolina aumentaría con la nueva reforma tributaria y galón superaría los $ 17.000)

La solicitud del jefe de Estado se conoció a través de una publicación en la que aparece junto a la ministro, en un escenario oficial y con varios documentos en sus manos. Allí, el mandatario planteó la necesidad de encontrar soluciones desde el Gobierno para evitar que las decisiones relacionadas con los combustibles terminen afectando el bolsillo de los ciudadanos.

He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina.

Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del… pic.twitter.com/P0kPp8KsKu

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026

El incremento de octubre equivale a un 0,29 % frente al mes anterior. Con el ajuste, el precio promedio de referencia de la gasolina corriente en Colombia quedó en 15.933 pesos por galón, mientras que el valor del diésel se mantuvo en 11.320 pesos.

Aunque el aumento es de 46 pesos por galón, la decisión abrió un nuevo debate sobre el costo de los combustibles y sus efectos en los gastos diarios de los colombianos, especialmente de quienes utilizan sus vehículos para trabajar o movilizarse.

De acuerdo con la información conocida sobre el ajuste, el incremento fue atribuido a la actualización del precio del etanol, medida que busca beneficiar a los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, afectados por el terremoto. Este punto deberá tenerse en cuenta en la explicación que entregue el Gobierno sobre las razones del cambio en el precio.

(Ver también: En cuál ciudad está la gasolina más cara y en cuál la más barata, luego de alza de $ 400)

Con su petición, De La Espriella puso sobre la mesa la posibilidad de echar para atrás el aumento que entró en vigor al comenzar octubre. Sin embargo, la solicitud de reversarlo no significa que la medida ya haya sido derogada, por lo que habrá que esperar a conocer las decisiones que adopten el Ministerio de Minas y Energía y las demás entidades involucradas.

Se trata de la implementación de acciones operativas y tecnológicas para atender el incremento histórico en las solicitudes de devolución del IVA asociadas a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos.

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Según la Dian, las proyecciones iniciales para este beneficio se construyeron con base en los comportamientos económicos y de consumo observados en años anteriores.

«No obstante, el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos, así como el aumento de certificaciones expedidas para acceder al beneficio, generó una demanda significativamente superior a la prevista», indicó la entidad.

Cifras de la Dian muestran que mientras que en 2024 el universo de vehículos objeto de este beneficio correspondía a 19 unidades, en la actualidad alcanza cerca de 92.000 vehículos, lo que representa un crecimiento del 484 %.

Otras medidas tomadas por la Dian

«Este incremento extraordinario ha exigido ajustes progresivos en la capacidad institucional para responder a las necesidades de los contribuyentes», se lee en el comunicado.

De esta manera, se están adoptando medidas para atender este tipo de trámites mediante la asignación de cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

«La entidad también avanza en acciones para ampliar la capacidad operativa en las direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga, con el propósito de incrementar el número de citas disponibles en esas ciudades y responder de manera más oportuna a la creciente demanda», explicó.

Adicionalmente, confirmó la modificación del esquema de liberación de citas, las cuales se distribuirán en diferentes franjas horarias a lo largo del día. Esta medida busca impedir que bots o herramientas automatizadas de terceros ocupen los espacios disponibles y afecten el acceso de los ciudadanos al servicio.

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Finalmente, la institución desarrolló un mecanismo que disminuye las inadmisiones asociadas al diligenciamiento incorrecto del Formato 010, a través de un formulario electrónico que debe ser diligenciado por el contribuyente para que el sistema genere automáticamente el documento.

Mallplaza presenta en Colombia UTOOTO durante el mes de octubre, una innovadora escultura interactiva que encabeza las actividades culturales y de entretenimiento para incentivar el reencuentro social en los centros comerciales en todo el país.

La llegada de este proyecto artístico marca el inicio de una novedosa etapa en los espacios comerciales, promoviendo el esparcimiento colectivo y la reconexión presencial mediante instalaciones creativas diseñadas para todo público.

La instalación llega al país como parte de ‘Salir es Vivir’, la causa de Mallplaza que invita a las personas a dejar por un momento las pantallas, salir y volver a encontrarse de manera gratuita.

En esta nueva etapa, la música se convierte en el vehículo para generar conexión entre las personas, bajo una idea sencilla: “Juntos sonamos mejor”.

La compañía presenta esta experiencia en un momento dominado por la tecnología y por la paulatina pérdida de espacios destinados a la interacción humana directa dentro de las grandes ciudades.

Para comprender el origen de la escultura, UTOOTO es una escultura sonora interactiva diseñada por Yuri Suzuki. Su estructura está compuesta por tuberías y más de 100 bocinas o megáfonos que permiten a niños, jóvenes y adultos hablar, cantar, tocar instrumentos, escuchar y crear sonidos de manera colectiva.

La propuesta parte de una idea simple: distintas voces pueden convivir sin perder su identidad y, al escucharse juntas, construir algo común.

De esta manera, la obra convierte el sonido en una metáfora del encuentro entre personas diferentes y materializa el propósito de “Salir es Vivir”: crear razones para salir, compartir y volver a conectarse con otros.

Esta experiencia cultural será gratuita y abierta a personas de todas las edades, reforzando la apuesta de Mallplaza por democratizar el acceso a experiencias culturales y generar nuevas oportunidades de encuentro.

El consumo musical cotidiano ofrece el marco idóneo para esta iniciativa. De acuerdo con IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), las personas dedican en promedio 20,7 horas a la semana a escuchar música.

Adicionalmente, las personas utilizan más de siete formas distintas para relacionarse con ella en sus entornos diarios.

En ese contexto, UTOOTO propone llevar esa conexión un paso más allá: transformar la escucha en una experiencia colectiva que invite a encontrarse, participar y crear junto a otros.

Esta propuesta forma parte de una iniciativa regional que también llegará a Chile y Perú.

El plan busca llevar la propuesta de Mallplaza más allá de sus espacios comerciales, generando nuevas razones para compartir, participar y construir experiencias junto a otros.

La compañía entiende sus centros urbanos como espacios que integran comercio, gastronomía, entretenimiento, servicios, cultura y encuentro, con las personas en el centro de la experiencia.

Los directivos expresan el valor pedagógico y social del montaje en el país, en una obra que va a estar a la vista del público hasta el 25 de octubre.

“En Mallplaza entendemos que hoy generar espacios de encuentro es más relevante que nunca. Con ‘Salir es Vivir’ queremos invitar a las personas a hacer una pausa de las pantallas, salir y reconectarse con otros a través de experiencias que tengan sentido. La llegada de UTOOTO a Colombia materializa ese propósito: una obra participativa en la que la música y el sonido se convierten en un lenguaje común para jugar, escucharnos y construir algo juntos. Porque cuando nos encontramos, juntos sonamos mejor”, afirmó Ximena Rojas, directora de Marketing de Mallplaza en Colombia.

Sobre la llegada de UTOOTO, agrega que “estamos convencidos de que el arte y la música son vehículos capaces de acercarnos, permitirnos jugar sin importar la edad y, sobre todo, volver a escucharnos activamente como sociedad”.

El desarrollo conceptual reúne talentos de amplio reconocimiento internacional. Yuri Suzuki es artista sonoro, diseñador industrial y músico electrónico japonés.

Su trabajo explora la relación entre sonido, tecnología y personas y ha sido reconocido internacionalmente. En 2026 fue nominado a los Premios Grammy por el diseño de And The Adjacent Possible, de OK Go.

Li Saumet, cantante y rapera colombiana y vocalista de Bomba Estéreo, es la imagen de esta nueva etapa de la campaña.

Su propuesta musical fusiona sonidos del Caribe colombiano con electrónica, dub y hip-hop, y representa el componente colombiano de una experiencia que utiliza la música como lenguaje de conexión.

Las obras de Yuri Suzuki forman parte de colecciones y espacios internacionales como el MoMA de Nueva York, el SFMoMA de San Francisco, el Art Institute of Chicago y el Design Museum de Londres.

Con su llegada a Colombia, UTOOTO convierte en una experiencia tangible la invitación de ‘Salir es Vivir’: dejar por un momento las pantallas, ocupar nuevamente los espacios de encuentro y volver a escucharnos.

Más que una obra para observar, es una invitación a participar y comprobar, a través del sonido, que no es necesario pensar ni sonar igual para construir algo juntos.

Según cifras de Fenalco y la ANDI, ambos segmentos sumaron 17.156 matrículas, equivalentes al 50,7 % del mercado automotor.

Los eléctricos registraron 5.895 unidades nuevas, su mayor cifra histórica y un crecimiento de 217,3 % frente a septiembre de 2025.

Los híbridos, por su parte, alcanzaron 11.261 matrículas, con un aumento anual de 58,6 % y también su mejor registro mensual.

El resultado se produjo en un mes especialmente positivo para el sector automotor. En total, se matricularon 33.835 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento de 36,1 % frente al mismo mes del año anterior y la cifra mensual más alta desde 2014.

Entre los modelos más destacados estuvo el Tesla Model Y, que lideró las matrículas de septiembre con 2.220 unidades.

En el segmento híbrido, el Toyota Corolla Cross registró 1.150 unidades, seguido por el Mazda CX-30, con 907. También sobresalieron el Kia Sportage, con 639, y el Nissan Qashqai, con 605.

En lo corrido de 2026, los vehículos electrificados acumulan 114.255 matrículas y representan cerca del 46 % del mercado.

Orozco señaló que cerca de 30 proyectos de infraestructura hacen parte de la cartera que el Gobierno busca ofrecer a inversionistas privados, incluidos fondos de capital privado y de pensiones.

Sin embargo, aseguró que para atraer recursos se necesitan reglas de juego claras y estabilidad en los contratos.

Entre las obras que permanecen pendientes de revisión mencionó El Dorado Max, los nuevos aeropuertos de Cartagena y Palmira, además de proyectos como Oriente Antioqueño y Bogotá-Medellín. También pidió revisar los tiempos de licencias ambientales y consultas previas.

Uno de los principales puntos de preocupación son los peajes. Orozco explicó que estos representan una fuente fundamental de financiación de las concesiones y que, cuando se eliminan sin establecer otra fuente de recursos, los contratos dejan de ser financieramente viables.

Según indicó, esto ha generado demandas, devoluciones de concesiones y deterioro de algunas vías.

La CCI también trabaja con el Gobierno para identificar recursos disponibles en fiducias de ANI e Invías y destinarlos al pago de obligaciones pendientes. Además, tras el terremoto del 10 de agosto, identificó 91 puentes, cinco aeropuertos y 400 centros de salud que requieren reparaciones.

La operación más reciente fue anunciada el 29 de septiembre, cuando la compañía informó que acordó comprar el 100 % de Empaques Industriales de Colombia S. A. S., empresa con sede en Bogotá dedicada a la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado.

El valor de la transacción no fue revelado y el cierre depende del cumplimiento de condiciones suspensivas.

Esta compra se suma a otras operaciones realizadas durante 2026. En julio, Nutresa anunció la adquisición de Industrias Tío Rico, en Venezuela, productora de helados con marcas como Bati Bati, Crema Real y Chocolito.

En junio acordó comprar Universal Sweet Industries, de Ecuador, conocida como La Universal, fabricante de productos de cacao y confitería como Manicho y Cocoa La Universal.

En mayo, el grupo incorporó el negocio colombiano de helados Mimo’s. Además, desde octubre de 2025 controla Inversionista Alcora, sociedad panameña que incluye subsidiarias como Productos Yupi.

Así, Nutresa ha ampliado su presencia hacia negocios de empaques, helados, confitería y snacks en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá.

Este aval permite iniciar el trámite de los permisos de importación ante las autoridades filipinas.

Filipinas representa un mercado de más de 115 millones de consumidores, por lo que el Gobierno considera que la apertura puede generar nuevas oportunidades comerciales para ganaderos y porcicultores nacionales.

La expectativa es que el acceso a este destino contribuya a ampliar las exportaciones, generar ingresos y fortalecer las oportunidades para las familias rurales.

Sin embargo, la aprobación de los certificados sanitarios no significa que Colombia ya esté exportando carne a ese país.

Los establecimientos y productos interesados todavía deben solicitar los permisos correspondientes y demostrar el cumplimiento de las exigencias sanitarias establecidas por Filipinas.

El Ministerio de Agricultura, junto con el ICA, los gremios y los productores, continuará acompañando el proceso para avanzar en las autorizaciones necesarias.

La apertura incluye tanto carne bovina como porcina y hace parte de la estrategia del Gobierno para diversificar los destinos de exportación del campo colombiano.

El siguiente paso será completar los procedimientos administrativos y sanitarios para que los productos autorizados puedan concretar sus primeras operaciones comerciales en Filipinas.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el precio promedio nacional para las 13 ciudades más importantes quedó establecido en $15.933 por galón. Este valor representa un aumento frente a los $15.886 que se habían mantenido hasta septiembre, lo que evidencia la tendencia constante al alza que han experimentado los combustibles en Colombia.

Al detallar cómo quedaron los distintos precios en cada zona, Villavicencio es actualmente la ciudad con el galón de gasolina más costoso, situado en $16.477. Le siguen Cali, con $16.386, y Bogotá, donde el valor está en $16.377. Manizales registra un precio de $16.350 y Pereira se ajustó a $16.322. Por su parte, Medellín queda apenas seis pesos por encima de Ibagué, con un precio de $16.297 por galón.

Después de Ibagué, Montería tiene el galón a $16.217, bucándonos el listado con Bucaramanga ($16.135), Barranquilla ($16.010) y Cartagena ($15.967). Resalta que Cúcuta y Pasto mantienen los precios más bajos: en la primera el galón se ubicó en $14.328, mientras que en la segunda quedó en $13.966.

La mayoría de las ciudades experimentó un aumento de $46 por galón, con excepción de Cali y Cúcuta, donde el incremento fue de $47. Según el Ministerio de Minas y Energía, la causa principal de esta subida es la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. Dicho componente influye directamente en el valor final de la gasolina corriente.

Vale destacar que este ajuste no afecta el precio del ACPM, diésel utilizado frecuentemente por vehículos de carga y transporte público. Para octubre, tanto en Ibagué como en las principales ciudades, el ACPM se mantiene en $11.607 y $11.320 por galón respectivamente, sin variaciones respecto al mes anterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió el precio de la gasolina corriente en Colombia en octubre de 2026?

El precio de la gasolina corriente aumentó principalmente por la actualización del valor reconocido a los productores de etanol, según el Ministerio de Minas y Energía. El etanol es un aditivo fundamental en la mezcla de la gasolina y su precio incide directamente en el costo final para los consumidores. Por esto, cualquier ajuste en este componente afecta de inmediato los valores en las estaciones de servicio.

¿Cuál es el nuevo precio de la gasolina corriente en las principales ciudades de Colombia?

Con el nuevo ajuste, Villavicencio lidera con el precio más alto, de $16.477 por galón; le siguen Cali ($16.386), Bogotá ($16.377), Manizales ($16.350), Pereira ($16.322) y Medellín ($16.297). Ibagué quedó en $16.291 y Medellín en $16.297. Los valores más bajos están en Cúcuta ($14.328) y Pasto ($13.966).

Entre las otras ciudades con precios elevados están Manizales, con $16.350 por galón; Pereira, con $16.322, y Medellín, con $16.297.

En contraste, Pasto y Cúcuta tendrán la gasolina más barata entre las 13 principales ciudades del país.

En Pasto, el galón costará $13.966, mientras que en Cúcuta llegará a $14.328. En ambas ciudades también se aplicaron incrementos frente a septiembre.

Con este ajuste, el precio promedio de la gasolina corriente en las principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón, lo que representa un aumento cercano al 0,29 %.

El incremento responde a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes utilizados para elaborar gasolina.

La medida busca apoyar al sector productor, especialmente en el Valle del Cauca, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Por su parte, el diésel o ACPM mantendrá sus precios estables durante octubre, con un promedio de $11.320 por galón en las 13 ciudades principales. El Gobierno estima que esta decisión representará un ahorro fiscal de $15.803 millones durante el mes.

Entre sus próximos proyectos está la apertura de cuentas para menores de edad.

Desde su creación en 2021, Trii pasó de ofrecer únicamente acciones colombianas a incorporar una oferta más amplia de productos.

Actualmente permite invertir en acciones de la Bolsa de Nueva York desde US$1 y sin comisión, además de fondos mutuos, fondos de inversión colectiva, portafolios gestionados, fondos temáticos, bonos de renta fija y CDT desde $50.000.

La plataforma cuenta con cerca de 850.000 clientes y espera llegar al millón de cuentas al cierre de 2026.

De ellas, unas 400.000 tienen portafolios activos, que representan alrededor de US$600 millones en activos. La meta es terminar el año con al menos US$700 millones.

Torres señaló que uno de los principales retos es que los colombianos conozcan las alternativas para poner a trabajar su dinero y encuentren productos acordes con su perfil.

Para ampliar la asesoría a sus usuarios, Trii también explora herramientas de inteligencia artificial.

Pese a las diferencias conceptuales, Restrepo insistió en que Colombia no debe temerle a crecer y que es posible buscar la sostenibilidad sin caer en “falsos dilemas”. Para el actual vicepresidente, las decisiones tomadas por Petro en su administración llevaron al país a un escenario de bajo crecimiento, amparado en un mayor gasto público y con un nivel de inversión privada sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que, según indicó, es el peor registrado en más de medio siglo. Estas afirmaciones encienden aún más el debate, especialmente por las recientes denuncias sobre presuntos actos de corrupción y “derroche” en el manejo de fondos estatales durante el mandato anterior, acusaciones refutadas insistentemente por funcionarios de ese periodo.

El intercambio evidencia la profunda brecha entre el oficialismo y la oposición liderada por Petro. La confrontación no es aislada, pues desde que el actual Gobierno, dirigido por Abelardo de la Espriella, asumió el pasado 7 de agosto, estas discusiones han ganado protagonismo público. Actualmente, los debates se enfocan en dos frentes clave: el presupuesto nacional para 2027, en el que ya fue aprobado un monto de 634,9 billones de pesos colombianos, y una decisión fundamental del Banco de la República. Este órgano, encargado de la política monetaria, elevó la tasa de interés hasta 12,25 %, medida respaldada por el Ejecutivo, conforme confirmó Miguel Gómez, ministro de Hacienda. Tanto el manejo del presupuesto como la política de tasas de interés se convierten en puntos de tensión permanente entre los sectores enfrentados, según reporta el diario El Espectador.

¿Qué es la teoría económica del decrecimiento que menciona Gustavo Petro?

La teoría económica del decrecimiento, de acuerdo con las declaraciones de Gustavo Petro citadas por El Espectador, busca limitar el consumo suntuario y el uso de recursos derivados de hidrocarburos, pero estaría dirigida centralmente a los países ricos. Esta corriente cuestiona el crecimiento económico constante como objetivo primordial, planteando un enfoque más selectivo y ambientalmente consciente.

¿Por qué la tasa de interés subió al 12,25 % y qué implica para la economía colombiana?

Según información confirmada por Miguel Gómez, ministro de Hacienda y reportada por El Espectador, la junta directiva del Banco de la República aprobó el aumento de la tasa de interés al 12,25 %, con respaldo del Ejecutivo. Un incremento de esta magnitud busca responder a retos como la inflación y otros desequilibrios macroeconómicos, pero también impacta el acceso al crédito y puede desacelerar la inversión privada en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Hasta el momento, las compañías han constituido reservas técnicas por $5,75 billones para atender las solicitudes, aunque el gremio considera que esta cifra podría aumentar debido a que el plazo para presentar reclamaciones se extiende hasta el 9 de agosto de 2028.

Morales señaló que alrededor de 2.100 reclamaciones, equivalentes al 2,2% del total, han sido objetadas por las aseguradoras. Estas solicitudes representan cerca de $25.000 millones en daños que, hasta ahora, no han sido reconocidos.

El dirigente gremial explicó que el terremoto evidenció la amplia brecha de aseguramiento que existe en Colombia.

En el caso de las viviendas, estimó que el 91% no cuenta con seguro, aunque en las zonas afectadas por el sismo la cobertura podría alcanzar cerca del 20%, debido a que buena parte de las infraestructuras afectadas pertenece a sectores formales.

Fasecolda también destacó que el sector asegurador mantiene su solidez y que las reaseguradoras respaldan a las compañías nacionales. Morales aseguró que ninguna aseguradora enfrenta riesgos de quiebra por los efectos del terremoto.

El gremio considera que el desastre también dejó en evidencia la necesidad de fortalecer la protección financiera de las familias y evaluar una mayor participación del Estado en riesgos que no son cubiertos por el mercado.

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Ese escenario ha llevado incluso a que algunos conductores y pasajeros adopten estrategias para evitar problemas durante los controles, como decir que tienen una relación familiar o de amistad. El tema volvió al centro de la discusión luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño anunciara un proyecto de ley con el que busca establecer nuevas garantías para los conductores cuando las autoridades pretendan imponer el comparendo D12.

La propuesta todavía no es una ley ni ha sido radicada formalmente. Briceño anunció que buscará llevar al ámbito nacional algunas de las reglas que ya fueron adoptadas en Bogotá para mejorar el procedimiento relacionado con esta infracción.

¿Qué es el comparendo D12?

El D12 está contemplado en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y sanciona a quien conduzca un vehículo que, sin la debida autorización, sea destinado a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. La infracción tiene una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y contempla la inmovilización del vehículo. Para la primera infracción, la inmovilización es de cinco días; para la segunda, 20 días, y para la tercera, 40 días.

En la práctica, esta disposición ha sido utilizada en procedimientos relacionados con vehículos particulares que son detectados prestando servicios de transporte mediante plataformas digitales.

La dimensión del problema puede verse en Bogotá. Datos presentados por el Concejo de Bogotá registran 8.796 inmovilizaciones asociadas al D12, identificada allí como la infracción relacionada con trabajar para plataformas digitales sin autorización.

Esto ayuda a entender por qué el procedimiento genera preocupación entre los conductores: no se trata únicamente de una eventual multa, sino también de la posibilidad de quedarse sin vehículo durante varios días.

Los cambios que se proponen para proteger a los conductores de plataformas

Briceño plantea que los conductores deben contar con garantías claras durante el procedimiento y que las autoridades no deberían realizar determinadas actuaciones para intentar demostrar que el vehículo está siendo utilizado para prestar un servicio mediante una plataforma.

En un mensaje publicado en redes sociales, anunció: “Esta semana radicaremos un proyecto de ley para darle debido proceso a los conductores de Uber, Cabify, DIDI y otras plataformas cuando les vayan a imponer el comparendo D12”.

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La primera modificación que plantea está relacionada con el celular del conductor. El congresista propone que las autoridades de tránsito no puedan revisar el teléfono para determinar si la persona está utilizando una aplicación de transporte. En su intervención cuestionó específicamente que un agente pueda quitarle el dispositivo al conductor y revisar su contenido durante el procedimiento.

“Un agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular”, afirmó Briceño. Su propuesta busca establecer que la revisión del teléfono o de su contenido no pueda hacerse simplemente como parte del control de tránsito. El alcance jurídico exacto de esta medida deberá conocerse cuando el proyecto sea radicado y se publique su articulado.

El segundo punto planteado por Briceño tiene que ver con las personas que viajan como pasajeros. El representante cuestionó que durante los controles las autoridades puedan preguntarles a los ocupantes cuál es su relación con el conductor o por qué están viajando en el vehículo. Según su planteamiento, esta práctica genera temor entre quienes utilizan las plataformas.

“Tenemos a la gente asustada en todo el país”, afirmó el congresista al referirse a este tipo de procedimientos. El objetivo que plantea es que el proceso para determinar una eventual infracción tenga reglas claras y que los pasajeros no sean sometidos a interrogatorios que, según su argumento, terminan convirtiendo un viaje cotidiano en una situación de tensión.

Este punto ya tiene un antecedente en Bogotá. El Acuerdo 607 de 2024 estableció lineamientos para mejorar las prácticas en la aplicación del D12 y planteó, entre otras medidas, evitar interrogatorios indebidos a conductores o pasajeros. El Concejo de Bogotá señaló que la iniciativa no buscaba eliminar las sanciones, sino garantizar que fueran aplicadas respetando los derechos de los ciudadanos.

Precisamente ese antecedente es uno de los elementos centrales de la propuesta anunciada por Briceño. El congresista aseguró que algunas de las medidas que se implementaron en Bogotá deberían convertirse en reglas nacionales para evitar que los conductores encuentren procedimientos diferentes dependiendo de la ciudad donde estén trabajando: “Lo que vamos a lograr nosotros, nosotros lo hicimos en Bogotá con un acuerdo, pero lo vamos a llevar a nivel nacional”, sostuvo.

La idea, por tanto, no sería eliminar el comparendo D12 ni impedir que las autoridades ejerzan controles. El planteamiento apunta a modificar la forma en que se desarrolla el procedimiento, especialmente en aspectos relacionados con la revisión del teléfono, las preguntas a los pasajeros y las garantías para ejercer la defensa.

De hecho, el propio Acuerdo 607 de Bogotá establece que su propósito no es impedir las sanciones, sino promover buenas prácticas, pedagogía, coordinación entre autoridades y respeto por los derechos de los conductores y usuarios.

¿Qué derechos existen actualmente cuando se impone un comparendo?

El Código Nacional de Tránsito ya establece un procedimiento para la imposición de comparendos. Cuando se presenta una contravención, la autoridad debe ordenar la detención del vehículo y entregar al conductor la orden de comparendo, además de citarlo ante la autoridad competente. La norma también contempla que el conductor pueda nombrar un apoderado y que durante la audiencia se decreten o practiquen las pruebas que solicite.

Por eso, la propuesta de Briceño debe entenderse como un intento de precisar y ampliar las garantías aplicables a los controles relacionados con el D12, no como la creación desde cero del concepto de debido proceso. El proyecto anunciado tendrá que definir jurídicamente cómo se aplicarán esas garantías y cuáles serán las actuaciones permitidas para las autoridades.

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Briceño también planteó el debate desde la perspectiva de quienes utilizan las aplicaciones como fuente de ingresos: “La gente que trabaja en Uber, DiDi y Cabify no son delincuentes, pero son tratados como delincuentes”, afirmó el representante.

En su intervención añadió que, a su juicio, las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en combatir delitos y no en perseguir a personas que utilizan estas plataformas para trabajar: “Tenemos autoridades persiguiendo a gente que está trabajando y está llevando el pan de cada día a sus casas de forma honesta”, dijo.

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Una reciente respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) explica qué puede ocurrir cuando un producto o servicio que utiliza inteligencia artificial termina afectando los derechos de una persona y cuáles son las consecuencias que contempla la legislación colombiana.

Y hay un punto importante: la SIC no está diciendo que utilizar inteligencia artificial sea motivo de una multa. La eventual sanción aparecería cuando el uso de esta tecnología lleve a una empresa o proveedor a incumplir alguna obligación que ya está contemplada en las normas de protección al consumidor.

¿Por qué podrían multar a una empresa que usa inteligencia artificial?

La explicación puede ser mucho más sencilla de lo que parece. En Colombia existe el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, que establece las obligaciones que deben cumplir las empresas cuando ofrecen bienes o servicios.

Esas reglas también pueden aplicarse cuando detrás del producto o servicio hay un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, una empresa podría tener problemas si utiliza IA para promocionar un producto y hace afirmaciones que no puede demostrar, si entrega información falsa o incompleta al consumidor, si ofrece un servicio que no cumple las condiciones prometidas o si utiliza los datos personales de sus clientes de manera indebida.

La propia SIC señala que los consumidores tienen derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que adquieren y los riesgos asociados con su utilización. Esto significa que el problema no es la inteligencia artificial en sí misma, sino lo que una empresa haga con ella y las consecuencias que tenga para el consumidor.

Una publicidad de IA también puede generar problemas

Uno de los ejemplos analizados por la SIC está relacionado con la publicidad. Imagine que una empresa promociona una herramienta de inteligencia artificial asegurando que tiene una “precisión superior”, que entrega “respuestas confiables” o que funciona como una especie de “asistente experto”, pero no puede demostrar esas afirmaciones. Aunque el mensaje haya sido generado o soportado por inteligencia artificial, las reglas sobre publicidad y protección al consumidor siguen aplicando.

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La SIC explicó que actualmente no existe una ley específica que regule exclusivamente la publicidad hecha con inteligencia artificial. Sin embargo, las normas generales del Estatuto del Consumidor sí pueden utilizarse cuando una publicidad resulta engañosa o induce a error. Por eso, una empresa no podría escudarse en que “lo dijo la inteligencia artificial” para evitar su responsabilidad frente al cliente.

La SIC explica que, bajo el régimen de protección al consumidor, las sanciones pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero esto no significa que cualquier incumplimiento vaya a generar automáticamente una multa de ese tamaño.

La autoridad debe analizar cada caso y determinar qué ocurrió, qué tan grave fue la conducta y qué impacto tuvo sobre los consumidores. Entre los factores que puede tener en cuenta están el daño o peligro generado, si la empresa ya había cometido conductas similares, su capacidad económica, el beneficio obtenido y las medidas que tomó para corregir el problema. En otras palabras, existe un techo máximo, pero la sanción concreta depende de las circunstancias de cada caso.

¿Qué cosas debe cuidar una empresa que usa inteligencia artificial?

La respuesta de la SIC plantea varios frentes que las compañías deben tener presentes. Uno de ellos es la información. El consumidor debe saber qué está comprando y recibir información que sea clara y verificable. También está la privacidad. Si un sistema de inteligencia artificial utiliza información de los usuarios, deben respetarse las normas sobre protección de datos personales.

Otro punto es la seguridad. Un producto que utiliza IA no debería representar un riesgo injustificado para las personas. También aparecen la transparencia y la responsabilidad. La SIC señala que las obligaciones de los productores y proveedores pueden estar presentes durante todo el ciclo del sistema: desde su diseño hasta su utilización y comercialización.

Dicho de forma sencilla: no basta con poner una herramienta de inteligencia artificial en el mercado y dejar que funcione sola. La empresa que la ofrece continúa teniendo responsabilidades frente a sus clientes.

¿Y qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca?

La SIC señala que actualmente no existe un listado oficial y público de parámetros técnicos específicos para determinar cuándo un modelo de inteligencia artificial debe considerarse un “producto defectuoso”.

Sin embargo, sí existe una regla general en el Estatuto del Consumidor: un producto es defectuoso cuando, por problemas relacionados con su diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrece la seguridad razonable a la que tiene derecho una persona.

Por eso, si una herramienta de IA forma parte de un producto o servicio que genera un problema al consumidor, el análisis no se limita a preguntar si “la inteligencia artificial se equivocó”. También se debe revisar cómo fue diseñado el producto, qué información recibió el usuario, qué controles existían y qué nivel de seguridad ofrecía.

Si una persona considera que una empresa que utiliza inteligencia artificial vulneró sus derechos, puede acudir a las herramientas previstas en el régimen de protección al consumidor.

La SIC explica que existen dos caminos: presentar una queja o denuncia administrativa, que puede dar lugar a una investigación, o acudir mediante una acción jurisdiccional para reclamar la protección de sus derechos.

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Esto tampoco significa que una denuncia termine automáticamente en una multa. Primero debe adelantarse el procedimiento correspondiente y establecerse si efectivamente existió una infracción.

Este resultado muestra una mejora mínima en la estimación del desempeño económico, aunque al analizar los datos en contexto, la economía británica continúa mostrando signos de desaceleración. En el primer trimestre de 2026, el avance del PIB fue de 0,6%, cifra superior al crecimiento del segundo trimestre ahora reportado, lo que sugiere una menor velocidad en la recuperación o expansión de la actividad económica durante el periodo más reciente.

El principal motor detrás de esta revisión al alza corresponde al sector de servicios, en particular a los ramos profesionales, científicos y técnicos. Según la ONS, el comportamiento favorable de estos segmentos tiene relación directa con la incorporación de datos más actuales obtenidos a través de encuestas empresariales, lo que permitió ajustar las estimaciones previas. En concreto, la producción de servicios registró una variación positiva de 0,6%, una décima más que el 0,5% calculado en la primera versión del informe.

El análisis de la ONS otorga mayor precisión sobre la evolución reciente de la economía del Reino Unido, un factor determinante a la luz de las discusiones y decisiones políticas que el Gobierno debe enfrentar en el marco de la próxima actualización presupuestal. La información revisada permite afinar las estrategias de planificación y las proyecciones para el cierre del año, en medio de un ambiente donde el crecimiento, aunque positivo, refleja fragilidad y la importancia de los servicios como sector clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se revisó al alza el crecimiento del PIB del Reino Unido?

El aumento en la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) británico se atribuye al mejor desempeño de los servicios profesionales, científicos y técnicos, luego de agregar datos más recientes de encuestas empresariales. Esto permitió a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) ajustar sus estimaciones iniciales y reflejar un crecimiento económico ligeramente mayor para el país durante el segundo trimestre de 2026.

¿Qué papel juegan los servicios en el crecimiento económico del Reino Unido?

Los servicios, especialmente los profesionales, científicos y técnicos, han sido el principal motor del crecimiento económico según la ONS. La producción de servicios subió un 0,6%, según los datos revisados, lo que evidencia que este sector es fundamental para el avance del PIB y su evolución incide de forma notable en el desempeño global de la economía británica.

De acuerdo con la información suministrada en el documento oficial, esta autorización se enmarca dentro de los procesos habituales que deben seguir las empresas del sector público cuando buscan contratar créditos internos. Es importante señalar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público actúa como aval para este tipo de operaciones, asegurando que los compromisos financieros de compañías estatales como ISA se ajusten a lo dispuesto en la normativa vigente sobre endeudamiento público.

La Resolución No. 2201 subraya que ISA podrá hacer uso de los recursos provenientes de este empréstito únicamente después de cumplir todos los requisitos de carácter legal y contractual que se exigen para este tipo de procedimientos. Esto implica que existen mecanismos de control y supervisión anticipados por parte de las autoridades, los cuales buscan que tanto los intereses estatales como el correcto manejo de los fondos públicos estén salvaguardados.

La operación financiera autorizada forma parte de la estrategia de la empresa para financiar proyectos de infraestructura eléctrica, un elemento fundamental para el desarrollo y la estabilidad del sector energético nacional. Según la información oficial, este tipo de contratos no solo garantizan el flujo adecuado de recursos para la continuidad de las actividades de ISA, sino que refuerzan la gestión eficiente del financiamiento de la empresa. Esto permite que ISA mantenga la ejecución de sus proyectos y asegure el suministro eléctrico, lo que es esencial tanto para el funcionamiento de la economía como para la calidad de vida de millones de usuarios en el país.

En conclusión, el empréstito interno autorizado a ISA constituye un paso alineado con la normativa y los procedimientos establecidos para las empresas públicas que buscan fortalecer su capacidad de inversión y sostenibilidad.

¿Por qué ISA necesita un contrato de empréstito interno con Bancolombia?

La empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. fue autorizada a suscribir un contrato de empréstito interno porque necesita asegurar el financiamiento de proyectos de infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad de sus operaciones, de acuerdo con la Resolución No. 2201 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este mecanismo permite a la compañía disponer de hasta $400.000 millones para cumplir sus objetivos estratégicos y operativos dentro del marco legal vigente.

¿Qué requisitos debe cumplir ISA antes de disponer de los recursos del empréstito?

Según la Resolución No. 2201 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ISA solo podrá utilizar los fondos del contrato de empréstito interno una vez se hayan cumplido todos los requisitos legales y contractuales. Esto significa que la compañía debe ajustarse estrictamente a la normativa sobre endeudamiento público y cumplir con los procedimientos establecidos para este tipo de operaciones financieras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, subrayó que la coyuntura actual está determinada por la coexistencia de varios desafíos: el Fenómeno de El Niño, que afecta la producción agrícola debido a la variabilidad climática; la revaluación del peso colombiano, que disminuye la competitividad de los exportadores; así como el aumento constante de los costos internos y la imposición de barreras en ciertos mercados internacionales. “El campo y la cadena agroexportadora están recibiendo duros golpes simultáneos”, manifestó Díaz, quien explicó que la conjunción de estos factores reduce los ingresos de los productores mientras los costos no se flexibilizan.

En respuesta, Analdex propuso un paquete de medidas adicionales. Entre estas, pidió congelar cuotas y reprogramar créditos, sin intereses de mora ni reportes negativos en centrales de riesgo, ajustando estas acciones a los ciclos productivos de cada sector. Además, solicitó una línea de crédito de capital de trabajo a tasa cero para financiar procesos claves como siembras, nómina y conservación de productos destinados a la exportación. El gremio sugirió también avanzar en mecanismos para mitigar la volatilidad cambiaria, como la cofinanciación de coberturas a través de entidades estatales como Bancóldex, Finagro y el Banco Agrario.

En términos tributarios, la solicitud incluyó ampliar de forma temporal el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) para más productos agrícolas y acelerar las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores, así como permitir un diferimiento temporal de algunas obligaciones tributarias, sujeto a la preservación del empleo y de las compras a productores rurales. La reducción de costos de producción mediante una revisión de aranceles sobre insumos, así como el fortalecimiento de la logística para productos perecederos y la facilitación del comercio a través de inspecciones conjuntas y mayor interoperabilidad tecnológica entre entidades del Estado, también hacen parte de la propuesta.

Por último, el gremio instó a reforzar la diplomacia comercial con el fin de superar barreras técnicas y sanitarias en mercados prioritarios y pidió apoyo para cumplir requisitos de trazabilidad y estándares sanitarios. De acuerdo con Analdex, este conjunto de estrategias busca sostener la competitividad del agro colombiano en medio de presiones climáticas, cambiarias y de costos que ponen en riesgo las exportaciones y el bienestar rural.

¿Cuáles son las principales medidas solicitadas por Analdex para el sector agroexportador colombiano?

Analdex propuso al Gobierno una serie de acciones adicionales como la congelación de cuotas y reprogramación de créditos ajustados a ciclos productivos, líneas de crédito a tasa cero para actividades agrícolas, cofinanciación de coberturas cambiarias, ampliación del Certificado de Reembolso Tributario (CERT), aceleración de devoluciones del IVA y diferimiento temporal de obligaciones tributarias. También sugirió reducir aranceles para insumos sin oferta nacional, fortalecer la logística para productos perecederos, y reforzar la diplomacia comercial para superar barreras internacionales.

¿Cómo afectan el Fenómeno de El Niño y la revaluación del peso a las exportaciones agrícolas colombianas?

El Fenómeno de El Niño, caracterizado por la variabilidad climática, genera riesgos para las cosechas y disminuye la productividad agrícola. La revaluación del peso colombiano reduce la competitividad, ya que encarece las exportaciones en el contexto internacional y limita los ingresos de los productores frente al aumento constante de los costos internos, afectando la viabilidad de los compromisos comerciales y la generación de empleo rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Mientras que los precios del diésel o del ACPM van a permanecer estables, según lo confirmaron las entidades. A lo que añadieron que el ajuste mencionado es consecuencia de la actualización del precio reconocido a productores de etanol, que es uno de los componentes al interior de los precios de la gasolina.

¿Cómo queda el precio de la gasolina desde el primero de octubre?

El promedio de precios para las trece principales ciudades en la gasolina se ubicó en $15.933. Capitales como Bogotá, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tendrán un costo de la gasolina superior a dieciséis mil pesos, mientras que en Cartagena, Cúcuta y Pasto los precios serían menores.

De otro lado, el diésel se ubicaría en once mil trescientos veinte pesos por galón en las trece principales ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Montería tendrían precios superiores a once mil doscientos pesos por galón, mientras que los más económicos se encontrarían en Cúcuta, con nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos por galón.

En el comunicado hicieron mención de que el etanol es un biocombustible que se produce a partir de la caña de azúcar y que esta es una actividad que se concentra particularmente en el Valle del Cauca, que a su vez es una de las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Con lo cual, lo que se busca, según lo mencionaron las carteras, es generar alivios para que haya una aceleración de la recuperación.

Como se mencionó anteriormente, el diésel no tendrá cambios en octubre. Con lo que el Gobierno extiende por segundo mes consecutivo, desde su mismo inicio, la estabilidad en los precios de este combustible, también bajo el marco de emergencia causado por el terremoto.

“Esta decisión fue posible gracias a la actualización de los componentes que hacen parte de su estructura de precios, que permitió evitar el traslado al consumidor de mayores costos durante el mes”, afirmaron las carteras.

Algo que adicionaron es que se requirieron menos recursos del presupuesto para sostener este precio, lo que, según dijeron, significó un ahorro fiscal de $15.803 millones durante octubre.

#AHORA

El @MinEnergiaCo del gobierno De la Espriella informa aumento en el precio de la gasolina corriente en $46 por galón para el mes de octubre. Mantiene estable el valor del ACPM pic.twitter.com/qqgygJczYZ

— Valora Analitik (@ValoraAnalitik) October 1, 2026

¿Qué pasó con el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles?

Datos de la ANIF señalaron que en septiembre el precio en el exterior se ubicó en $19.820 por galón, mientras que a nivel nacional alcanza cerca de $11.400 por galón.

El precio internacional del diésel se disparó desde julio de 2026. Datos del Centro de Pensamiento Económico Anif revelaron que, mientras se encontraba en enero en $11.900 por galón, pasó a costar en septiembre $19.820, lo que significó un alza de 67%.

Mientras esto sucede en el exterior, los precios a nivel nacional apenas han tenido un alza de 3%, pasando de $11.062 a $11.399. El hecho de que en Colombia haya un precio más barato del diésel es porque este combustible se encuentra subsidiado por el Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC. Con lo cual se evita que el valor del galón internacional se traslade al costo a nivel local.

Iván Arroyave, el economista, manifestó que, con el alza del precio internacional y con el congelamiento de los precios internos, la brecha en el FEPC se amplía, con lo cual hay mayor presión sobre las finanzas públicas que tienen que subsidiar este combustible para mantener sus precios en los niveles mencionados.

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La organización dirigida por David Vélez manifestó que siente confianza y mantiene el foco en consolidar su posición en Brasil, junto con maximizar su escala de negocios en Colombia y México, así como fortalecer su presencia en EE. UU. Y también en otras latitudes a través de Nu Global.

A la fecha de brindar esta afirmación, sus acciones se incrementaron. La compañía agregó que las decisiones para invertir se basan en retornos esperados, alineación estratégica, creación de valor a largo plazo y en la ejecución de prioridades.

“Nu evalúa regularmente oportunidades que puedan respaldar su crecimiento y objetivos a largo plazo, incluyendo alianzas, inversiones y adquisiciones”, concluyó la compañía.

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La decisión permite avanzar en el proceso para que estos productos puedan ingresar al mercado filipino, aunque las exportaciones todavía no han comenzado.

El siguiente paso será solicitar ante las autoridades de Filipinas los permisos de importación correspondientes para los establecimientos y productos que cumplan con las exigencias sanitarias de ese país.

Esto significa que la aprobación de los certificados representa una apertura sanitaria, pero no equivale todavía a la llegada de carne colombiana a los consumidores filipinos.

Los establecimientos interesados deberán cumplir las condiciones establecidas por las autoridades del país asiático antes de obtener las autorizaciones necesarias para realizar operaciones comerciales.

Carne bovina y porcina buscan espacio en un mercado de más de 115 millones de habitantes

El avance involucra a dos sectores de la producción pecuaria colombiana: el bovino y el porcino.

El Ministerio de Agricultura destacó que Filipinas representa un mercado de más de 115 millones de consumidores y señaló que la aprobación de los certificados puede ampliar las opciones comerciales para los productores nacionales.

“Esta es una gran noticia para nuestros ganaderos y porcicultores. Filipinas es un mercado de más de 115 millones de consumidores y hoy Colombia da un paso firme para llevar hasta allí la calidad de nuestras carnes”, afirman desde la entidad.

El Gobierno considera que la posibilidad de acceder a nuevos destinos puede ayudar a diversificar los mercados para los productos del campo colombiano.

El Ministerio también relacionó la apertura de nuevos mercados con mayores oportunidades económicas para los productores y trabajadores vinculados al sector rural.

“Estamos pasando de un campo que produce para sobrevivir a un campo que produce para conquistar mercados”, señalan.

Sin embargo, para que esa expectativa se convierta en ventas efectivas todavía deben completarse los procedimientos establecidos por Filipinas.

¿Cuándo podría empezar Colombia a vender carne en Filipinas?

Por ahora no existe una fecha para el inicio de las exportaciones, debido a que el proceso todavía se encuentra en una etapa previa a las operaciones comerciales.

Con los certificados sanitarios aprobados, Colombia puede avanzar hacia la solicitud de los permisos de importación para los establecimientos y productos que quieran ingresar al mercado filipino.

Las autoridades de ese país deberán revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de autorizar el ingreso de los productos.

El Ministerio de Agricultura señaló que continuará acompañando el proceso junto con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los gremios y los productores.

La meta será completar los procedimientos sanitarios y administrativos para que la apertura pueda traducirse posteriormente en operaciones comerciales.

Según explicó Mauricio Gómez en la información compartida, la norma no establece actualmente un veto para los productos provenientes del sudeste asiático ni de otros países. En otras palabras, los usuarios pueden seguir entrando a estas plataformas y haciendo compras mientras no exista una medida específica que restrinja determinados productos o procedencias.

Qué cambia con ‘apps’ como Temu y Shein con nuevo decreto en Colombia

¿Entonces qué cambia? El decreto le entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) facultades para iniciar investigaciones relacionadas con el posible uso de trabajo forzoso en la fabricación de mercancías que llegan al país. A partir de esas investigaciones, la entidad podría establecer restricciones sobre productos que cumplan con los criterios previstos.

Esto significa que, por ahora, Temu y Shein no tienen prohibida su operación en Colombia por cuenta de esta medida. El escenario podría cambiar si, después de las investigaciones correspondientes, la autoridad determina que determinados bienes deben quedar incluidos en una lista de restricción.

El trasfondo de la decisión también está relacionado con la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. De acuerdo con la explicación compartida, la adopción de medidas contra productos asociados al trabajo forzoso busca responder, entre otros factores, a las condiciones que Estados Unidos ha tenido en cuenta para establecer sus aranceles a Colombia.

La información señala que Colombia estaría pagando actualmente un arancel de 12,5 %, mientras algunos países comparables tendrían una tarifa de 10 %. Por eso, ambos gobiernos ya estarían adelantando conversaciones para buscar modificaciones en las condiciones comerciales.

Además, según lo explicado, la próxima semana podría haber reuniones en Washington para avanzar en esas negociaciones. Una delegación del Gobierno colombiano viajaría a Estados Unidos, encabezada por el ministro de Hacienda, con una agenda que también incluye encuentros con el Fondo Monetario Internacional.

Por ahora, entonces, quienes compran en Temu o Shein no tendrían que dejar de hacerlo por este decreto. La clave estará en las investigaciones que adelante la DIAN y en las eventuales restricciones que puedan establecerse posteriormente sobre productos específicos.

Según la Fiscalía, la investigación fue liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos. Los resultados iniciales apuntan a que Coronado Aragón habría usado tanto sus propias credenciales como las de otros empleados del banco para crear falsas novedades biométricas en el sistema. Esas alteraciones habrían permitido gestionar la reposición no autorizada de tarjetas débito y crédito, así como autorizar la entrega de los nuevos plásticos a terceros no autorizados.

Además, la Fiscalía informó que el funcionario habría cambiado las claves de acceso de algunos clientes, lo que facilitó la transferencia de fondos de las cuentas suplantadas hacia productos financieros controlados por terceros. Este proceder no solo vulneró la seguridad bancaria, sino que también puso en riesgo la confianza de los usuarios en el sector financiero.

En el marco de la investigación, también fueron involucrados Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez. De acuerdo con las autoridades, ambos habrían recibido parte del dinero sustraído en sus cuentas, posteriormente realizando retiros en cajeros automáticos ubicados en Valledupar, Bogotá y Cali, además de efectuar compras en establecimientos comerciales.

Los tres procesados enfrentan cargos por el delito de hurto por medios informáticos agravado, en el contexto de un procedimiento penal especial abreviado. Durante las audiencias preliminares realizadas en Becerril, Cesar, la juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Claudio David Coronado Aragón, validando el requerimiento de la Fiscalía. Por su parte, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal.

¿Cómo operó el fraude informático detectado por la Fiscalía en Valledupar?

La Fiscalía indicó que el fraude consistió en que el principal implicado, empleado del banco, usó sus credenciales y las de otros trabajadores para modificar información biométrica de los clientes. Así, consiguió la reposición no autorizada de tarjetas débito y crédito, que luego fueron entregadas a terceros. Además, alteró claves de acceso, permitiendo transferir los recursos a cuentas de otras personas, quienes los retiraron en diferentes ciudades o hicieron compras con ellos.

¿Qué consecuencias enfrenta Claudio David Coronado Aragón por el presunto fraude bancario?

Según lo determinado en las audiencias, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Claudio David Coronado Aragón. Esto implica que debe permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso penal por hurto por medios informáticos agravado, procedimiento impulsado por la Fiscalía General de la Nación.

La conclusión pactada del vínculo con Telefónica abrió la búsqueda del próximo aliado que bautizará la emblemática arena capitalina de espectáculos en vivo.

El grupo operador BeatHub recibe propuestas formales para rebautizar la estructura, estimando anunciar la nueva marca patrocinadora a comienzos de 2027.

Este instrumento de mercadeo permite a una empresa incorporar su identidad al complejo durante varios años mediante un pago económico periódico, explicó Portafolio al exponer esta figura de negocio.

Sin embargo, dicho desembolso no concede derechos de propiedad sobre el inmueble físico, limitándose estrictamente al aprovechamiento publicitario y comercial.

El Movistar Arena fue pionero nacional en implementar este esquema de patrocinio, en una negociación estimada históricamente en dos millones de dólares.

Hernando Sánchez, fundador de TuBoleta y cofundador de BeatHub Entertainment, confirmó la apertura formal de la licitación privada para elegir al patrocinador, en 2027.

“Estamos en un proceso de convocatoria. No te puedo decir a nombre de quién va a quedar porque estamos precisamente en ese proceso. Normalmente llegan compañías del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones, entre otras”, señaló.

Los derechos de nombre garantizan a la marca asociada un posicionamiento preferencial y altos niveles de recordación en la mente del consumidor.

Para el escenario, el acuerdo representa ingresos financieros estables de largo plazo y el respaldo constante de una corporación multinacional o nacional.

Este modelo publicitario nació en Estados Unidos en 1912 cuando John I. Taylor nombró el estadio de los Red Sox como su inmobiliaria.

Con el tiempo, la estrategia comercial trascendió las fronteras americanas, consolidándose plenamente en estadios, escenarios culturales y recintos deportivos internacionales.

Existen referentes globales como el Allianz Arena en Múnich, donde la aseguradora invierte 7,6 millones de euros anuales para sostener la denominación.

Asimismo, el legendario estadio catalán pasó a llamarse Spotify Camp Nou como parte del millonario patrocinio firmado con la plataforma de transmisión.

En el mundo del entretenimiento resalta el Dolby Theatre en Los Ángeles, recinto famoso por albergar la gala de los Premios Óscar.

Originalmente llamado Teatro Kodak, cambió su denominación en 2012 tras firmar un contrato comercial por dos décadas con la compañía Dolby Laboratories.

En el mercado colombiano, la firma encargada de comercializar esta codiciada alianza es BeatHub, conglomerado dedicado a la producción de espectáculos masivos.

La organización surgió tras la diversificación estratégica de TuBoleta hacia la promoción de conciertos, producción técnica especializada, alimentos y soluciones logísticas.

Actualmente, el grupo integra unidades de negocio representativas como TuBoleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues Snacks dentro de su portafolio comercial.

El 17 de septiembre de 2026, BeatHub adquirió el 50 por ciento que todavía estaba en manos del grupo chileno BeLive Entertainment Group, con lo que pasó a controlar el 100 por ciento de Colombiana de Escenarios, sociedad que opera y administra el Movistar Arena de Bogotá.

Esta adquisición de acciones consolidó el control operacional absoluto del recinto cultural en manos del grupo empresarial de capitales colombianos.

El Movistar Arena surgió tras la remodelación integral del Coliseo El Campín bajo el modelo de Asociación Público-Privada con el Distrito.

El contrato de concesión se suscribió en diciembre de 2015 por 25 años, con dos destinados a la construcción y 23 a la explotación económica.

La vinculación con Telefónica abarcaba inicialmente dos décadas, pero finalizó de mutuo acuerdo tras la reestructuración comercial de la firma tecnológica.

Sánchez aseguró que BeatHub fue pionera en Colombia al llevar este modelo a un escenario de entretenimiento. “Fuimos disruptivos con el Movistar Arena porque en ese momento el naming right no se conocía en Colombia. Fuimos los primeros que bautizamos un escenario bajo este modelo y detrás de ese escenario llegaron y se vincularon muchísimas marcas”, afirmó.

El mecanismo vuelve a activarse formalmente mientras el recubrimiento exterior mantendrá la marca Movistar de forma provisional hasta el 31 de octubre.

Las directivas evalúan ofertas provenientes de los sectores financiero, telecomunicaciones y servicios para cerrar la negociación antes de iniciar el año 2027.

Desde la inauguración oficial, el recinto ha recibido a más de 5,5 millones de asistentes y ha albergado más de 400 artistas internacionales.

Para 2026, la compañía proyecta completar más de 160 eventos, mientras que para 2027 espera mantener una cifra de 160 espectáculos.

Sánchez calcula que la operación del escenario podría generar un impacto económico cercana a $ 500.000 millones en Bogotá, principalmente por el movimiento asociado a conciertos en sectores como hotelería, transporte, restaurantes, gastronomía y alimentos y bebidas.

“Cuando hay más conciertos, la derrama económica a nivel de Bogotá es importante. Se benefician los hoteles, el transporte, los alimentos y bebidas y la gastronomía, entre otros sectores. Son muchos los impactos que genera el funcionamiento del Movistar Arena”, afirmó.

Este dinamismo económico impacta directamente la creación de puestos de trabajo en los diferentes encadenamientos productivos del área metropolitana de Bogotá.

El ecosistema institucional mantiene cerca de 400 empleos directos permanentes, sumando la vinculación masiva de personal técnico durante cada evento programado.

“Cada turno puede involucrar cerca de 700 personas, para un total aproximado de 80.000 turnos de trabajo al año en el Movistar Arena”, explicó.

La visión comercial de BeatHub se expande hacia la ciudad de Medellín con la próxima apertura de la denominada infraestructura DaviArena.

El moderno recinto paisa abrirá sus puertas al público el 14 de noviembre mediante un concierto inaugural encabezado por el cantante Juanes.

Para dicho proyecto en la capital antioqueña, se prevé una movilización de $ 350.000 millones, aportes parafiscales de $15.000 millones y 50.000 turnos laborales.

Con corte al 25 de septiembre de 2026, las compañías de seguros en Colombia han recibido un total de 92.336 reclamaciones por concepto del sismo del 10 de agosto, lo que representa un crecimiento del 8 % respecto al reporte de la semana previa.

Para atender estas obligaciones, la industria ha constituido reservas técnicas por $5,75 billones (un incremento semanal del 11 %). En cuanto a las indemnizaciones efectivamente giradas a los asegurados, el monto alcanza los $400.987 millones, lo que marca una aceleración del 46 % en el ritmo de pagos acumulados respecto a la semana anterior.

El gremio recordó que el impacto del fenómeno natural se extendió a 483 municipios ubicados en 31 departamentos. La distribución de los siniestros y recursos asignados se concentra en el Valle del Cauca (37.679 siniestros reportados, $137.253 millones en pagos realizados), Risaralda (19.706 siniestros, $141.697 millones) y Quindío (10.920 siniestros, $59.018 millones pagados).

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Morales contrastó las estimaciones de reconstrucción, recordando que mientras el Gobierno calculó inicialmente un costo de $30 billones y Fasecolda proyectó preliminarmente entre $4 billones y $6 billones en pérdidas cubiertas por pólizas, análisis recientes de organismos internacionales ubican el costo total de la tragedia en cerca de $42 billones. El presidente de Fasecolda recordó que los asegurados cuentan con un plazo de dos años (hasta el 9 de agosto de 2028) para presentar formalmente sus reclamaciones.

Fasecolda destaca solvencia del sector

El presidente Gustavo Morales transmitió tranquilidad sobre la solvencia del mercado asegurador, afirmando categóricamente que «ninguna aseguradora se va a quebrar por el sismo» y descarto riesgos para la estabilidad del sector, respaldado por la solidez prudencial local y el respaldo del mercado reasegurador internacional.

Sin embargo, señaló que la atención en campo ha enfrentado dificultades logísticas y administrativas, tales como la amplia dispersión geográfica de los daños y restricciones urbanas como el «pico y placa», que inicialmente limitaban la movilidad de los peritos en una misma jornada.

Así mismo, el gremio resaltó la labor de los intermediarios (corredores y agentes de seguros), quienes han actuado en primera línea brindando orientación técnica y acompañamiento anímico a las familias afectadas.

La brecha de protección en infraestructura y vivienda

Fasecolda reveló que en Colombia existen 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, representando un valor asegurado de $2.582 billones. No obstante, a nivel general, solo el 9,3 % de las viviendas en el país cuenta con alguna póliza de hogar, lo que deja una brecha de desprotección del 91 % en el parque residencial.

Para el caso específico del terremoto del 10 de agosto, el gremio estima que la industria logrará responder por cerca del 20 % de los inmuebles afectados (brecha del 80 % al 81 %), una proporción superior al promedio nacional debido a que los daños se concentraron principalmente en áreas urbanas formales de ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

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Además, este anuncio se da unas horas después de que el Dane confirmara que el desempleo en Colombia aumentó en agosto por primera vez en dos años, con lo cual llegó a 9,4 %.

¿Por qué el Banco de la República volvió a aumentar tasas de interés en Colombia?

En su comunicado, el BanRep anotó que la inflación total en Colombia volvió a acelerarse durante agosto al ubicarse en un 6,2 % anual, impulsada principalmente por las presiones en las canastas de alimentos y de servicios regulados, cuyas variaciones interanuales alcanzaron 6,1 % y 6,8 %, respectivamente.

A este comportamiento se sumó el repunte en la inflación del rubro de servicios hasta 7,2 % anual y el incremento de la inflación básica —sin alimentos ni regulados— al 6,1 %, marcando así su registro más elevado en el último año, en medio de alertas por el impacto que la consolidación del fenómeno de El Niño pueda generar sobre los precios al consumidor.

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Este panorama deterioró las expectativas del mercado: según la medición de septiembre, los analistas proyectan que la inflación cerrará 2026 en 6,8 %, mientras que a dos años descendería a 4 %, al tiempo que las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública se mantienen considerablemente por encima de la meta oficial.

En materia de crecimiento, aunque el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado creció 3,4 % anual en el segundo trimestre, los datos recientes reflejan una desaceleración, evidenciada en un Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) que apenas avanzó 1,1 % anual en julio y en una contracción de 2,3 % en la industria manufacturera, pese al buen desempeño del comercio minorista (5,3 %) y de las importaciones en dólares (22,3 %).

Bajo estas presiones y un entorno financiero internacional más restrictivo por la postura de los bancos centrales en economías avanzadas, la Junta Directiva del Banco de la República optó por mantener las tasas de interés en Colombia.

La legislación colombiana no es ajena a la figura de compra de cartera. Ya existen mecanismos previstos para que EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) puedan recurrir a este tipo de acuerdos, concebidos originalmente para mejorar la liquidez y asegurar la continuidad en la atención de los pacientes. La condición fundamental es que la deuda esté reconocida y conciliada; así, los fondos públicos van directamente al prestador correspondiente.

Lo que cambia en el contexto actual es la magnitud y el significado de utilizar esta herramienta en el marco de una crisis más profunda. Según señala la información, surgen preguntas sobre si el Estado, al intervenir financieramente y pagar deudas acumuladas que el sistema no ha podido solucionar, está admitiendo un problema de fondo en la suficiencia y el flujo de recursos. Esta visión se refuerza tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que, en enero de 2025, declaró incumplimientos en el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), advirtiendo que no se podía demostrar su suficiencia para cubrir todos los servicios del plan de beneficios.

Bajo este panorama, la compra de cartera reconocida por el Estado podría entenderse no solo como una ayuda puntual, sino como la asunción de una responsabilidad estructural que el sistema no ha podido resolver. Además, surge la duda sobre lo que recibe el Estado a cambio de asumir estos pagos. Si la intervención pública busca salvar entidades y garantizar la continuidad del servicio, la diferencia entre préstamo, rescate o capitalización se vuelve difusa. La experiencia de Fogafín en las crisis bancarias de las décadas pasadas se cita como ejemplo de participación estatal con reglas y salidas claras.

En conclusión, la compra de cartera puede responder a una urgencia inmediata, pero si existe una insuficiencia estructural, la medida podría no solucionar el problema de fondo. Al final, la verdadera pregunta es quién sostiene financieramente el sistema y quién termina asumiendo ese costo en última instancia.

¿Qué implica para el sistema de salud colombiano la compra de cartera por parte del Estado?

La compra de cartera implica que el Estado asume directamente deudas que las EPS reconocen pero no han pagado a los prestadores. Esto puede verse como una solución a corto plazo ante la falta de liquidez, pero también pone en discusión si el problema de fondo es estructural, como advierte la Corte Constitucional respecto a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación.

¿Cuál es la diferencia entre rescate financiero, capitalización y compra de cartera en salud?

Mientras la compra de cartera consiste en que el Estado paga directamente a los prestadores por deudas reconocidas, el rescate financiero puede significar simplemente prestar recursos para subsanar problemas de liquidez. La capitalización, en cambio, implica que el Estado adquiere una participación patrimonial en la entidad intervenida, estableciendo condiciones para su saneamiento y posible recuperación del capital público invertido.

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Si bien se respetan los derechos adquiridos, se establecen, por ejemplo, algunos nuevos descuentos para las mesadas más altas en el país.

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Los pensionados en Colombia de mesadas medias y bajas no verán nuevos descuentos u obligaciones, pero tampoco alivios como el de reducir el compromiso del pago de la totalidad de la salud.

Los descuentos por salud a los pensionados en Colombia

1. Hoy, Hasta 1 SMLMV: El porcentaje de cotización a salud es del 4 %
2. Superior a 1 SMLMV y hasta 3 SMLMV: El porcentaje de cotización a salud es del 10 %
3. Superior a 3 SMLMV: El porcentaje de cotización a salud es del 12 %

Recurrentemente, los pensionados en Colombia piden a la mesa de concertación revisar la posibilidad de reducir el compromiso sobre el pago para el sistema de salud.

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Lo más probable es que a finales de este año, cuando se instale la mesa de concertación del salario mínimo, se revise esta opción, la cual los jubilados suelen llevar siempre al debate.

Entre enero y agosto, el banco acumuló cerca de $604.480 millones en transacciones mediante APIs, frente a los $220.000 millones registrados entre marzo y diciembre de 2025. Agosto marcó un récord mensual, con alrededor de $107.000 millones, según los datos reportados por la entidad.

La estrategia busca cambiar la relación tradicional entre los usuarios y el banco. En lugar de obligar al cliente a ingresar al portal bancario, las empresas aliadas pueden incorporar los servicios financieros dentro de sus propias plataformas. El aliado administra la experiencia y el Banco de Bogotá se encarga de procesos como validación, aprobación y movimiento del dinero.

Para las empresas, las soluciones incluyen pagos de nómina y proveedores, recaudos, consulta de saldos y movimientos, tesorería y factoring. También permiten que operaciones como el pago de empleados se realicen directamente desde los sistemas donde las compañías administran sus procesos.

En el segmento de personas, el banco ofrece integraciones relacionadas con cuentas de ahorro, financiación de vehículos y vivienda y recepción de remesas. Por ejemplo, un trabajador puede abrir una cuenta desde la plataforma de nómina de su empresa, mientras que un comprador de vehículo puede conocer su cuota y recibir una respuesta de crédito dentro del sistema del concesionario.

Uno de los próximos desarrollos será una solución de tarjeta de crédito que permitirá emitir, evaluar y aprobar el producto desde plataformas de terceros, como comercios electrónicos y billeteras digitales. La intención es evitar redireccionamientos y reducir la necesidad de que el usuario entregue nuevamente información que ya suministró.

Con esta estrategia, el Banco de Bogotá busca aprovechar el crecimiento del Open Finance y llevar sus servicios financieros al entorno digital donde los clientes ya realizan sus actividades.

Según el magistrado, la medida permitiría avanzar hacia una mayor equidad dentro del sistema pensional, aunque reconoció que existen diferencias en las condiciones laborales y en las responsabilidades de cuidado que enfrentan las mujeres.

Lenis señaló que los cambios demográficos, la alta informalidad laboral y las dificultades financieras del sistema hacen necesario discutir reformas estructurales.

También consideró que, ante el aumento de la esperanza de vida, debería analizarse un incremento general de la edad de retiro, debido a que las pensiones tendrían que pagarse durante más tiempo.

El presidente de la Corte sostuvo que elevar la edad de jubilación podría ser una alternativa frente a aumentar las tasas de cotización o el número de semanas requeridas.

Además, advirtió que la informalidad limita la cobertura pensional y propuso avanzar hacia un modelo de cotización más ligado al ciudadano que al empleo formal.

Finalmente, alertó sobre la caída de la natalidad, que reducirá el número de trabajadores jóvenes frente al crecimiento de la población adulta mayor. Por ello, consideró necesario buscar nuevas fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema.

A nivel nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,4%, superior al 8,6% registrado en agosto de 2025. La tasa global de participación fue de 63,3%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 57,4%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En el conjunto de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación llegó a 9,1%, frente al 7,8% observado en agosto de 2025. La participación laboral se redujo a 65,8% y la ocupación a 59,8%, evidenciando un retroceso en comparación con los resultados del año previo.

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El trimestre móvil junio–agosto de 2026 mostró una tasa de desocupación nacional de 8,5%, levemente inferior al 8,7% del mismo periodo de 2025. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación fue de 8,6%, frente al 8,2% del año anterior.

En cuanto a la población ocupada, el total nacional fue de 23,7 millones de personas. Las ramas que más restaron a la variación fueron industrias manufactureras (-240 mil ocupados), actividades artísticas y de entretenimiento (-102 mil) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-91 mil). Por el contrario, sectores como comercio y reparación de vehículos (+150 mil), administración pública y salud (+96 mil) y construcción (+80 mil) aportaron positivamente al empleo.

En términos de posición ocupacional, los descensos más marcados se observaron en jornaleros o peones (-154 mil) y empleados domésticos (-118 mil). En contraste, aumentaron los obreros y empleados del gobierno (+124 mil) y los obreros particulares (+75 mil).

El ranking de ciudades para el trimestre móvil junio–agosto de 2026 mostró las mayores tasas de desocupación en Quibdó (23,8%), Cartagena (14,4%) y Sincelejo (12,9%). Las menores tasas se registraron en Bucaramanga (7,3%), Medellín (7,5%) y Bogotá (7,9%).

Finalmente, la población fuera de la fuerza de trabajo alcanzó 15,1 millones de personas, concentrada principalmente en oficios del hogar (53,9%) y en quienes se encontraban estudiando (23,5%).

Estos resultados reflejan un mercado laboral con señales de presión en las principales ciudades, acompañado de variaciones sectoriales que muestran tanto pérdidas como incrementos en el empleo.

La controversia tuvo su origen en un acuerdo suscrito en noviembre de 2018 entre Saludvida y De la Espriella Lawyers. El contrato establecía un pago de 3.000 millones de pesos por concepto de honorarios, así como una prima de éxito por 15.000 millones, lo que elevó el valor total del contrato a 18.000 millones de pesos, de acuerdo con información reseñada en los reportes del caso.

La firma de abogados argumentó ante las autoridades que sus servicios jurídicos estaban relacionados con la prestación de servicios de salud, motivo por el cual sostenía que debían estar excluidos del cobro del IVA. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que el objeto real del contrato era la defensa jurídica de la EPS y de sus representantes, y que por esta razón los servicios jurídicos prestados sí estaban sujetos al cobro de ese impuesto.

En el desarrollo del proceso, los magistrados refutaron la posición de la firma, descartando que se tratara simplemente de una diferencia de interpretación de las normas tributarias. Por el contrario, acogieron el argumento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad tributaria, e identificaron un “desconocimiento del derecho” por parte de la sociedad. El fallo, consignado en una sentencia de 32 páginas, ratificó la decisión previamente adoptada por la DIAN y mantuvo la obligación de pagar la millonaria sanción impuesta.

¿Por qué la firma De la Espriella Lawyers fue sancionada con una multa millonaria?

De la Espriella Lawyers recibió la sanción de 571 millones de pesos porque el Tribunal determinó que los servicios jurídicos brindados a Saludvida EPS estaban sujetos al IVA, pero la firma argumentó de manera incorrecta que debían estar excluidos. El tribunal y la DIAN concluyeron que hubo un desconocimiento de la ley tributaria en el caso concreto, y por esto se mantuvo la sanción.

¿Qué es el IVA y cómo afecta a los contratos de servicios jurídicos?

El IVA, o Impuesto al Valor Agregado, es un gravamen aplicado en Colombia a la venta de bienes y prestación de ciertos servicios. En este caso, se discutía si los servicios jurídicos prestados estaban o no exentos de dicho impuesto. El Tribunal determinó que, como el contrato era de defensa jurídica, sí debía pagarse el IVA correspondiente.

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La solicitud formal para investigar la incidencia de estos hechos en el trámite de la reforma pensional fue presentada por Simón Molina, vicepresidente de la Cámara de Representantes y miembro del partido Creemos. En un documento de 12 páginas remitido a la Corte Constitucional, Molina pidió determinar si las conductas de Name —descritas en el reciente fallo del Consejo de Estado— tuvieron algún efecto sobre la aprobación de la citada reforma en el Senado. Argumenta que, en al menos 14 de las 16 sesiones más relevantes para el proyecto, Name no estuvo al frente de la dirección integral de las sesiones, o delegó el control a otros miembros de la Mesa Directiva, una circunstancia que, según Molina, habría pasado por alto cuando la Corte aprobó la mayoría del articulado de la Ley 2381 de 2024.

La controversia se agrava debido a que durante el proceso legislativo, según testimonios del caso Ungrd, se habría producido un desfalco de recursos para sobornar a miembros del Congreso, incluidos Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente. Sin embargo, tanto Name como otros implicados han rechazado rotundamente estas acusaciones de ilegalidad.

La Corte Constitucional declaró constitucionales la mayoría de artículos de la reforma pensional, pero ordenó la devolución de al menos nueve artículos a la plenaria de la Cámara por vicios de trámite. De acuerdo con El Espectador, esto significa que la puesta en marcha del nuevo sistema está supeditada a la discusión y aprobación final de esos artículos, la cual debe darse en menos de un mes, antes de una última revisión de la Corte. La decisión está generando intensos debates, y ya circulan diversas propuestas para modificar la estructura de pilares de la reforma impulsada por el ejecutivo.

¿Qué implica la muerte política de Iván Name para la reforma pensional?

La muerte política de Iván Name, determinada por el Consejo de Estado, incrementa el escrutinio judicial y político en torno a la aprobación de la reforma pensional, pues se investiga si sus acciones incidieron en el trámite legislativo. Si se comprueba alguna irregularidad relevante, podría incluso afectar la validez de algunos artículos clave de la reforma.

¿Cuándo y cómo se reanudará el debate sobre los artículos pendientes de la reforma pensional?

La Corte Constitucional ordenó que la Cámara de Representantes discuta y defina, en un plazo máximo de un mes, los artículos que fueron devueltos por vicios de trámite. Solo después de esta sesión plenaria y la revisión final del alto tribunal, la nueva normativa pensional podría entrar en vigencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La operación todavía no está cerrada, pues depende del cumplimiento de condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones. Una vez se cumplan estos requisitos, se podrá formalizar definitivamente la adquisición.

La compra se conoce en un momento de fuerte crecimiento para Nutresa. En mayo de 2026, la compañía superó a Ecopetrol en capitalización bursátil y se convirtió en la empresa con mayor valor en la Bolsa de Valores de Colombia, con cerca de $137,4 billones frente a $96,6 billones de la petrolera.

Nutresa es líder en alimentos procesados en Colombia y cuenta con ocho unidades de negocio, presencia directa en 18 países y ventas internacionales en 82 mercados.

La operación también amplía el portafolio empresarial de Gilinski, quien en los últimos años ha fortalecido su presencia en sectores como alimentos, banca, tecnología financiera, medios, hoteles, inmobiliario e hidrocarburos.

Su grupo tomó el control de Nutresa tras varias operaciones y ofertas públicas de adquisición realizadas desde 2021.

Cada usuario tendrá una meta individual de consumo, calculada con base en su historial. A partir de esa referencia, se determinará si mantiene la tarifa habitual, puede recibir un incentivo o debe pagar un cobro adicional.

Quienes consuman menos del 90 % de su meta serán candidatos a recibir un incentivo al finalizar el programa. Los usuarios que se mantengan entre el 90 % y el 110 % estarán en una zona neutral, sin beneficios ni cobros adicionales.

En cambio, quienes superen el 110 % de su meta deberán pagar un valor adicional, pero únicamente sobre la energía que exceda ese límite.

El recargo será de 30 % para los estratos 1, 2 y 3; 50 % para los estratos 4, 5 y 6; y 70 % para usuarios comerciales e industriales.

La aplicación es automática y no requiere inscripción. La factura mostrará la meta asignada a cada usuario, permitiendo conocer el límite antes de realizar el consumo.

La tasa de cambio nominal se expresa de forma clara al indicar la cantidad de pesos colombianos que se requieren para comprar un solo dólar. El impacto de este indicador va mucho más allá de la simple cotización, ya que sus movimientos afectan directamente diversas áreas económicas dentro del país. Las fluctuaciones en la tasa de cambio repercuten principalmente mediante dos fenómenos: la depreciación y la apreciación del peso.

Cuando la tasa de cambio nominal aumenta, significa que el peso colombiano se está depreciando respecto al dólar. En este contexto, los actores económicos en Colombia deben pagar una cantidad mayor de pesos por cada dólar, lo que encarece la importación de bienes y servicios provenientes del extranjero. En el sentido contrario, si la tasa disminuye, ocurre una apreciación del peso. Esto se traduce en una reducción en la cantidad de pesos necesarios para adquirir un dólar, lo cual puede abaratar productos importados pero al mismo tiempo debilita la competitividad de los exportadores nacionales, que ven sus productos más costosos para compradores internacionales.

Para llevar un registro oficial y transparente de estas variaciones, en el país se utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta tasa corresponde al promedio aritmético simple de las tasas de cambio resultantes de todas las operaciones de compraventa de dólares a cambio de pesos que se llevan a cabo el mismo día. En este proceso participan bancos comerciales, corporaciones financieras y otras entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, de acuerdo con las definiciones del texto. La TRM vigente indica que 1 dólar equivale a 3.349,63 pesos colombianos.

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¿Cómo afecta la depreciación o apreciación del peso colombiano a la economía nacional?

La depreciación del peso colombiano, es decir, cuando la tasa de cambio nominal se incrementa, encarece las importaciones porque se deben entregar más pesos por cada dólar, haciendo que productos y servicios extranjeros resulten más costosos. Por el contrario, la apreciación del peso, reflejada en una disminución de la tasa, abarata las importaciones, pero puede restar competitividad a los exportadores nacionales, pues sus productos serán más caros en el exterior.

¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un promedio aritmético simple de las tasas de cambio resultantes de todas las operaciones de compraventa de dólares frente a pesos que se realizan en un día en entidades autorizadas, como bancos comerciales y corporaciones financieras. Para ser incluidas, las operaciones deben pactar la entrega de ambas monedas en el mismo día de negociación.

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Sin embargo, hay un detalle que muchos usuarios pueden pasar por alto: el subsidio de energía no se aplica sobre todo lo que consume un hogar. Existe un límite de consumo subsidiado y, una vez superado, los kilovatios hora adicionales se cobran sin ese beneficio.

Esta diferencia cobra especial importancia durante las temporadas de mayor calor, cuando aumenta el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos eléctricos. Celsia explicó cómo funciona este mecanismo y qué deben tener en cuenta los hogares para entender mejor lo que aparece en su factura.

¿Quiénes reciben el subsidio de energía?

Los hogares de estratos 1, 2 y 3 pueden recibir un subsidio en la tarifa de energía. Sin embargo, Celsia aclara que esto no significa que los tres estratos tengan exactamente el mismo beneficio.

Cada uno cuenta con un porcentaje de subsidio diferente, por lo que el valor final que paga un hogar depende de su clasificación y del consumo registrado.

Pero existe otro elemento que resulta fundamental: el subsidio tiene un límite de consumo. Este límite es conocido como consumo de subsistencia y corresponde a la cantidad de energía que se considera necesaria para cubrir las necesidades básicas de un hogar. Por esa razón, una familia puede pertenecer a un estrato que recibe subsidio y, aun así, tener parte de su consumo facturado sin ese beneficio.

¿Cuántos kilovatios están subsidiados en la factura de energía?

El límite depende de las condiciones climáticas de la zona donde está ubicado el hogar. Para quienes viven en zonas de clima cálido, el subsidio aplica hasta los 173 kWh al mes.

En las zonas de clima templado o frío, el límite es de 130 kWh mensuales. Esto quiere decir que no existe una única cantidad de electricidad subsidiada para todos los hogares del país. La ubicación y las condiciones climáticas hacen parte de la definición del límite.

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Por ejemplo, una familia que vive en una zona cálida puede tener un consumo mensual de 200 kWh, pero el subsidio no se aplicará sobre los 200 kWh completos. El beneficio llega hasta el límite correspondiente y el consumo que quede por encima tendrá un tratamiento diferente.

¿Qué pasa si consume más de ese límite?

Aquí está uno de los puntos que más puede impactar el bolsillo.Todo consumo que supere el límite de subsistencia se cobra sin subsidio. Es decir, si un hogar supera los 173 kWh mensuales en una zona cálida, los kilovatios adicionales dejan de recibir ese beneficio.

Lo mismo ocurre en las zonas templadas o frías cuando el consumo supera los 130 kWh.Esto no significa que el hogar pierda automáticamente su condición de beneficiario. El punto es que el subsidio tiene un alcance limitado y no cubre indefinidamente todo el consumo registrado en el medidor.

Por eso, revisar la cantidad de kilovatios consumidos durante el mes puede ser tan importante como revisar el valor total de la factura.

El fenómeno de El Niño puede hacer más importante este límite

El consumo de energía también puede cambiar dependiendo de las condiciones climáticas. Durante periodos de mayor calor, los hogares pueden utilizar durante más tiempo ventiladores o sistemas de aire acondicionado. Además, otros electrodomésticos pueden tener un mayor uso durante estas jornadas.

Celsia advierte que esta situación puede hacer que una familia supere con mayor facilidad el límite de consumo subsidiado sin necesariamente darse cuenta. La situación es especialmente relevante para quienes viven en zonas cálidas, donde el límite de consumo de subsistencia es de 173 kWh al mes.

Por ejemplo, si una familia normalmente mantiene su consumo por debajo de ese nivel, pero durante un periodo de temperaturas más altas comienza a utilizar durante varias horas adicionales el ventilador o el aire acondicionado, su consumo puede aumentar y una parte de esos kilovatios podría quedar por fuera del subsidio.

La recomendación de Celsia es revisar el consumo en kWh que aparece en la factura y compararlo con el límite de consumo de subsistencia que corresponde a la zona.

Esta revisión puede ser especialmente útil durante los meses de mayor calor, cuando el uso de determinados electrodomésticos puede aumentar sin que la familia perciba inmediatamente cuánto está creciendo su consumo.

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También es importante identificar cuáles equipos permanecen encendidos durante más tiempo y revisar hábitos cotidianos que puedan elevar el consumo. Para una familia que está cerca del límite, pequeños cambios pueden ayudar a evitar que una parte cada vez mayor de la energía consumida quede por fuera del beneficio.

Según informó el Ministerio de Minas y Energía, la medida fue levantada luego de que finalizaran los trabajos correctivos en la infraestructura, lo que permitió recuperar la capacidad total de regasificación de gas natural licuado (GNL).

Durante la contingencia, el Gobierno aseguró que se garantizó el 100 % de la demanda esencial, por lo que hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios prioritarios no tuvieron afectaciones en el suministro.

Con la culminación de las labores, la terminal recuperó una capacidad de regasificación de 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Esta recuperación permite normalizar las condiciones para atender la demanda contratada mediante gas importado.

El levantamiento del racionamiento preventivo representa el regreso a las condiciones habituales de suministro y comercialización del combustible.

La contingencia había generado medidas para priorizar el abastecimiento de los sectores esenciales mientras se realizaban las reparaciones necesarias en la infraestructura de SPEC LNG.

El Ministerio de Minas y Energía destacó que las acciones permitieron mantener garantizado el servicio durante la emergencia y ahora avanzar hacia la normalización del mercado de gas natural.

Durante su intervención, Petro insistió en que los propietarios de vehículos de alto valor son quienes más consumen gasolina en Colombia. En sus palabras, “los que más gastan gasolina en Colombia son los dueños de los grandes vehículos costosísimos”, señalando así un punto focal en el debate sobre quiénes deberían asumir los costos asociados a la gasolina. Este planteamiento, sin embargo, no se quedó únicamente en los sectores de mayores ingresos. Petro fue más allá y aseguró: “La mayoría del pueblo no tiene vehículo”, además de apuntar que hay quienes ni siquiera cuentan con una motocicleta. Su declaración posicionó una nueva perspectiva sobre la equidad en la distribución de los costos derivados del déficit de combustible.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondiente a 2023 apunta que el 27,2 % de los hogares tenía motocicleta y el 14,4 % contaba con carro particular. Estas cifras respaldan parcialmente la afirmación de Petro, pues reflejan que la mayoría de hogares colombianos no dispone de carro o moto, aunque sí evidencian una presencia significativa de motocicletas en el país.

La discusión planteada por Petro se enmarca dentro de su permanente disputa política con el Gobierno nacional actual, en especial por el manejo de las finanzas públicas y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Petro cuestiona que los costos asociados a ese déficit recaigan sobre toda la sociedad, incluso sobre quienes no consumen gasolina directamente, levantando interrogantes sobre la justicia y pertinencia de las soluciones que se han propuesto.

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¿Qué porcentaje de hogares colombianos tiene carro o motocicleta según el DANE?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2023, un 27,2 % de los hogares en Colombia contaba con motocicleta y un 14,4 % disponía de carro particular, lo que significa que menos de la mitad de los hogares posee alguno de estos medios de transporte.

¿Por qué el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles afecta a quienes no tienen vehículo?

El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles implica que el Estado asume parte de los costos del combustible para evitar incrementos excesivos en los precios. Según el debate planteado por Gustavo Petro, este déficit es cubierto por toda la sociedad, incluyendo a quienes no consumen gasolina directamente, pues se financia con recursos públicos que afectan a todos los ciudadanos, independientemente de si poseen o no un vehículo.

La adición de $2,7 billones al PGN corresponde a lo que el Ministerio de Hacienda espera recaudar a través de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios definidos en el Capítulo III del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026. Estos recursos, de acuerdo con el proyecto de ley, serán orientados exclusivamente al Fondo Milagro, patrimonio autónomo creado para cubrir las necesidades tras el desastre. La intención, según la exposición de motivos, es "conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos" del sismo, que dejó un saldo de 335 fallecidos y más de 4.500 heridos, además de graves daños a infraestructura, de acuerdo con cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los alivios se concentran en tres mecanismos definidos en los artículos 9 al 11 del decreto: acuerdos de pago para quienes estaban en mora, reducción de sanciones tributarias y la posibilidad de conciliaciones administrativas, todo bajo la premisa de que no se condona el capital de la deuda tributaria.

Por otra parte, el traslado presupuestal de $1,2 billones a la SSPD no incrementa el gasto global, pues los recursos se obtienen por contracréditos en partidas existentes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía. La medida responde a la crisis de la empresa Air-e, bajo intervención con fines liquidatorios y con una deuda significativa ante el MEM. De acuerdo con el administrador del sistema, la deuda eléctrica total asciende a $4,06 billones, de los cuales más de la mitad corresponde a generadoras, especialmente térmicas. El aporte estatal tiene como objetivo evitar el colapso inmediato del suministro en la Costa Caribe y mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027, sin que se considere un salvamento empresarial ni implique exoneración de responsabilidades legales en torno al caso Air-e.

La propuesta gubernamental deja claro que estas medidas son transitorias y que el fondo de la crisis deberá discutirse a través de reformas estructurales, las cuales el Ejecutivo se compromete a presentar al Congreso en el futuro próximo.

¿En qué consiste el Fondo Milagro y cuál es su función en la respuesta al terremoto de 2026?

El Fondo Milagro es un patrimonio autónomo creado mediante el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026. Su función principal es administrar los recursos destinados a atender la emergencia derivada del sismo del 10 de agosto, con el objetivo de "conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos". Este fondo se nutre de los recaudos provenientes de alivios fiscales y se utiliza para financiar únicamente gastos transitorios relacionados con la catástrofe.

¿Por qué se realiza un traslado de $1,2 billones al sector eléctrico y cuál es la situación de Air-e en el MEM?

El traslado de $1,2 billones tiene como finalidad cubrir obligaciones impagas en el Mercado de Energía Mayorista, concentradas en la empresa Air-e, intervenida por la SSPD con fines de liquidación. Esta compañía representa una parte significativa del suministro eléctrico en la Costa Caribe y su crisis financiera pone en riesgo la estabilidad del sistema. Los fondos servirán para cumplir compromisos con generadoras y transmisores, sin que esto signifique un rescate empresarial, y buscan mitigar riesgos adicionales ante el Fenómeno de El Niño.

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Durante su intervención, Gómez explicó que esta medida responde a una emergencia de corto plazo y recalcó que no debe entenderse como una solución definitiva a los problemas estructurales que arrastra el sistema eléctrico de la Costa Caribe. El ministro subrayó la urgencia de la aprobación del proyecto como única vía para continuar entregando recursos mientras se superan las dificultades ocasionadas por el fenómeno climático. Gómez fue enfático al advertir que este traslado presupuestal no corregirá las fallas de fondo, sino que simplemente permitirá afrontar los meses más complejos de presión sobre el suministro eléctrico.

El ministro trazó un panorama histórico de la crisis eléctrica en la región y opinó que no se trata de inconvenientes recientes. Recordó las intervenciones estatales a empresas como Corelca y Electricaribe, así como la significativa inversión pública para atender las obligaciones sectoriales, que entre créditos y pasivos asumidos sumaron 7,5 billones en su momento, cifra que podría ubicarse en torno a 11 billones al valor presente. Gómez tomó estos antecedentes para señalar que los créditos de corto plazo no han remediado los problemas de índole financiera y operativa.

De acuerdo con su análisis, los conflictos en la Costa Caribe podrían impactar al sistema eléctrico nacional si no se abordan integralmente. Gómez abogó por una política energética que reconozca la particularidad de la región y la necesidad de aprovechar fuentes de generación térmica, eólica y solar, en especial el potencial de La Guajira, donde varios proyectos han enfrentado retrasos. También cuestionó que los recursos de regalías no se hayan destinado a la modernización de la red eléctrica, lo cual aumentaría la resistencia de la infraestructura frente a condiciones de calor, humedad y salitre propias de la zona.

Finalmente, Gómez enfatizó en la importancia de involucrar a gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe en las soluciones, sosteniendo que la responsabilidad sobre el sistema eléctrico debe ser compartida entre la Nación y los gobiernos territoriales. El proyecto de ley, según precisó, tiene como finalidad atender necesidades inmediatas y deja abierta la discusión sobre futuras reformas estructurales al sistema en el Congreso.

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¿Cuáles son las causas del traslado presupuestal para el sistema eléctrico de la Costa Caribe?

El traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos fue impulsado, de acuerdo con el ministro Miguel Gómez, para enfrentar las necesidades inmediatas del sistema eléctrico de la Costa Caribe durante el periodo de presión provocado por el fenómeno de El Niño. Este traslado se presenta como una medida de emergencia y se justifica en la acumulación de problemas financieros y de infraestructura no resueltos durante años, lo que requiere atención inmediata para evitar interrupciones significativas en el suministro.

¿Por qué el traslado presupuestal no es una solución estructural al problema eléctrico de la Costa Caribe?

El ministro Gómez recalcó que el traslado presupuestal atiende únicamente la coyuntura actual y no representa una solución estructural. De acuerdo con lo expuesto, los fondos permitirán responder a las obligaciones de corto plazo, pero no resolverán los problemas de base, como el financiamiento, la modernización de la infraestructura, la generación de energía y la falta de corresponsabilidad de los entes territoriales. Estos aspectos, consideró, requieren un debate más profundo y reformas de largo alcance en el Congreso.

La directiva confirmó que su último día en la compañía será antes del 6 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará una nueva etapa profesional y se enfocará en algunos proyectos personales.

En su mensaje de despedida, Quiceno agradeció a sus compañeros y colaboradores por los años de trabajo, las conversaciones, los aprendizajes y la confianza construida durante su permanencia en la empresa.

Quiceno cuenta con una amplia trayectoria en áreas de comunicación, reputación y liderazgo corporativo. Antes de llegar a Bancolombia, trabajó en compañías como Visa, Nestlé, Grupo Energía Bogotá, LLYC y Enel.

Es comunicadora social de la Universidad de Manizales y especialista en Gobierno de la Universidad de los Andes.

Además, es autora del libro ‘La voz del líder’, publicación en la que aborda diferentes aspectos del liderazgo y plantea estrategias para fortalecer la comunicación dentro de las organizaciones.

Durante su carrera también se desempeñó como embajadora de Corporate Excellence en Colombia, consolidando experiencia en reputación, comunicación estratégica y liderazgo empresarial.

Durante esta feria, 43 madres cabeza de hogar provenientes de barrios priorizados tuvieron la posibilidad de postularse para acceder a importantes apoyos en el mejoramiento de sus viviendas. Lo novedoso de esta jornada, de acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, fue estar destinada exclusivamente a mujeres, reflejando un enfoque de equidad y reconocimiento de la importancia de acompañar de manera diferencial a quienes enfrentan desafíos particulares en la consolidación de un hogar adecuado.

La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, explicó que esta iniciativa está orientada a fortalecer el vínculo con las familias y entender de cerca sus necesidades. Su objetivo central es facilitar el acceso a subsidios de hasta 26 millones de pesos para intervenciones que transformen los hogares de las beneficiarias, permitiéndoles una mejor calidad de vida. Según sus palabras, es fundamental “estar cerca de las familias, conocer sus necesidades y acompañarlas para que puedan transformar sus hogares y vivir mejor”.

Casos como el de Luz Stella Córdoba, quien manifestó su entusiasmo por la posibilidad de mejorar una vivienda afectada por goteras, ilustran el impacto concreto del programa. Al igual que Luz Stella, muchas otras mujeres participaron con la esperanza de asegurar para sus familias un espacio más digno y adecuado.

La feria tuvo además la participación de 26 familias de las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, quienes ya habían sido habilitadas en jornadas anteriores y aprovecharon el evento para seleccionar directamente al oferente que continuará con la gestión del mejoramiento de sus viviendas. Este mecanismo busca dar autonomía y transparencia a los beneficiarios en la elección, cerrando así un círculo de acompañamiento que va desde la postulación hasta la ejecución de las obras.

La Secretaría Distrital del Hábitat reiteró la importancia de acercar estas oportunidades directamente a los barrios y anunció que la próxima jornada de ‘Mejora Tu Casa’ tendrá lugar el domingo 4 de octubre en Rafael Uribe Uribe, con el mismo propósito de ampliar el acceso a una vivienda digna en Bogotá.

¿Cómo pueden las madres cabeza de hogar acceder al programa ‘Mejora Tu Casa’ en Bogotá?

Las madres cabeza de hogar interesadas en participar en el programa ‘Mejora Tu Casa’ deben presentarse en las jornadas de postulación organizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat en sus respectivas localidades. Allí reciben orientación, pueden inscribirse y acceder a subsidios dirigidos específicamente a mejorar las condiciones de su vivienda.

¿Qué beneficios ofrece la Feria de Mejoramiento de Vivienda a las familias de Bogotá?

La Feria de Mejoramiento de Vivienda proporciona a las familias la posibilidad de postularse a subsidios de hasta 26 millones de pesos para transformar sus hogares. Además, quienes ya fueron habilitados pueden elegir directamente al oferente responsable de las obras, garantizando así mayor autonomía y transparencia en el proceso.

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