El encuentro abordó diversas iniciativas estratégicas, como la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la construcción de un tren de cercanías, la vía Mulaló-Loboguerrero y el dragado necesario para el puerto de Buenaventura. Según la CCI, también se discutieron alternativas para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, cuando el departamento debe no solo enfrentar los estragos de la emergencia, sino también mantener su competitividad e impulsar obras clave.

Sobre la modernización aeroportuaria, Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI, enfatizó que las iniciativas privadas permiten adelantar ampliaciones sin recursos estatales directos, pues los proyectos recaen financieramente sobre los privados. Diana Rojas, directora ejecutiva de la CCI Occidente, subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transporte para destrabar el proceso y lograr que la terminal opere, bajo las condiciones previstas, al cierre del próximo año.

En cuanto al puerto de Buenaventura, Liborio Cuéllar, gerente de la Sociedad Portuaria Regional, manifestó que la limpieza y el dragado del canal de acceso siguen siendo esenciales ante los desafíos financieros y regulatorios que enfrenta el proyecto. Las obras viales como la variante interna de Buenaventura, presentadas por Juan Carlos Ruiz, gerente general de Unión Vial Camino del Pacífico, ya alcanzan aproximadamente un 33 % de avance, centradas en mejorar la circulación y transporte de carga.

El director de Operaciones de TCBuen, David Martínez, propuso establecer un plan maestro logístico a largo plazo, coordinando inversiones públicas y privadas para responder a las necesidades futuras del puerto. Además, se mencionó la posibilidad de electrificar muelles, utilizar combustibles de bajo carbono y revisar el régimen de concesiones.

La reconstrucción tras el terremoto fue otro asunto primordial. De acuerdo con Christian Garcés, presidente del Bloque Regional y Parlamentario, la inversión inicial requerida oscilaría en los 15 billones de pesos entre 2026 y 2027, con una proyección de 50 billones durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El comunicado de la CCI detalla que, para obtener estos recursos, se analizarán mecanismos como Obras por Impuestos y estrategias que articulen al Estado, la empresa privada y los gremios.

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¿Qué retos enfrenta la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el Valle del Cauca?

La modernización del aeropuerto enfrenta retos principalmente en el financiamiento y en la coordinación entre las entidades privadas, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el Ministerio de Transporte. Las iniciativas privadas buscan evitar el uso de fondos estatales, pero se requiere destrabar procesos administrativos y cumplir con los tiempos previstos para que la obra entre en funcionamiento según lo señalado por sus directivas.

¿Cuáles son las principales obras de infraestructura discutidas para el Valle del Cauca y cómo serán financiadas?

Las principales obras incluyen la ampliación del aeropuerto, el dragado del puerto de Buenaventura, nuevas vías como Mulaló-Loboguerrero y proyectos de conectividad logística. Para financiarlas, se contemplan mecanismos privados, la figura de Obras por Impuestos, y recursos públicos, en especial para la reconstrucción post terremoto, según lo que se discutió en el encuentro convocado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Victoria Castillo González fue seleccionada por la Junta Directiva, luego de que se diera por terminado el contrato laboral de Carlos Hernando Enciso Pérez, quien ocupaba el cargo de presidente ejecutivo desde el 30 de julio de 2024. El proceso para elegir a la nueva directiva incluyó criterios de selección y meritocracia que, de acuerdo con lo expuesto por la entidad, fueron adelantados en 2024 por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).

En cuanto a la trayectoria profesional de la nueva presidenta, destaca su experiencia en el sector público, donde ejerció roles como la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima y desempeñó diferentes cargos en el departamento y otras regiones del país. Estos antecedentes fueron relevantes para que la Junta Directiva optara por su perfil, valorando su conocimiento y gestión en ámbitos públicos y administrativos.

La elección de Castillo González ocurre en un momento crucial para la Cámara de Comercio, institución reconocida por su acompañamiento constante a comerciantes, emprendedores y empresarios. Además, tiene una función esencial en la promoción de programas e iniciativas que buscan fortalecer la actividad económica de Ibagué y del departamento del Tolima. A partir de este nuevo liderazgo, la Junta Directiva enfatizó la voluntad de continuar como aliado estratégico del sector empresarial, haciendo énfasis en valores como la transparencia, la firmeza gerencial y la puesta en marcha de proyectos que aporten al desarrollo de la región.

Finalmente, la entidad también manifestó gratitud a Carlos Hernando Enciso Pérez por su entrega y trabajo durante el periodo en que estuvo al frente de la organización, deseándole éxito en sus nuevos desafíos personales y laborales. De este modo, la llegada de Victoria Castillo González representa el inicio de una nueva etapa administrativa, con grandes retos de cara a los empresarios locales, quienes esperan acciones que propicien competitividad y desarrollo económico en la capital tolimense.

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¿Quién es Victoria Castillo González y qué experiencia tiene en cargos públicos?

Victoria Castillo González es ingeniera y ha trabajado previamente en entidades públicas, destacándose por su liderazgo en la Fábrica de Licores del Tolima y por su desempeño en diversos cargos dentro del departamento y en otras regiones. Esta experiencia fue uno de los factores principales para que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué la designara como nueva presidenta ejecutiva, según la información oficial de la entidad.

¿Por qué es relevante el cambio en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué?

El nombramiento de Victoria Castillo González como presidenta ejecutiva es relevante porque representa la primera vez en los 103 años de historia de la Cámara de Comercio de Ibagué que una mujer asume el cargo en propiedad. Además, se produce en un momento clave para la institución, que busca fortalecer su papel en el acompañamiento al sector empresarial y en la generación de proyectos para el desarrollo económico del Tolima, de acuerdo con las declaraciones de la Junta Directiva.

Dos proyectos anunciados en Barranquilla e Ibagué incorporarán conjuntamente 72.210 metros cuadrados de construcción, fortaleciendo la oferta de comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios. Mallplaza Buenavista proyecta una ampliación de 40.000 m2, mientras La Estación Ibagué desarrollará una segunda etapa de 32.210 metros cuadrados. Ambas iniciativas reflejan la confianza de los desarrolladores inmobiliarios en el potencial del consumo regional y en la capacidad de los centros comerciales existentes para atraer nuevas inversiones y marcas.

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos del desarrollo inmobiliario comercial en Colombia. En esta oportunidad, Mallplaza Buenavista, ubicado en el norte de la ciudad, prepara una ampliación de 40.000 m2 que fortalecerá su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales del Caribe colombiano y que, según sus promotores, podría convertirlo en el complejo comercial de mayor dimensión del país.

El anuncio fue realizado por Jorge Segebre socio de AS Construcciones S.A.S., firma desarrolladora de los centros comerciales Buenavista, quien confirmó que el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevos niveles sobre el sector donde actualmente funciona Homecenter, incorporando una propuesta arquitectónica moderna y una oferta comercial orientada a atraer marcas que todavía no tienen presencia en Barranquilla.

De acuerdo con el empresario, las obras comenzarían en junio de 2027, tendrían una duración aproximada de 14 meses y permitirían inaugurar la ampliación hacia finales de 2028. La inversión representa una nueva apuesta por el desarrollo económico de la capital del Atlántico y tendría capacidad para generar más de 1.000 empleos durante sus diferentes etapas.

Uno de los principales componentes de la ampliación será el fortalecimiento de la oferta gastronómica y de entretenimiento, dos actividades que han ganado participación dentro de la propuesta de valor de los centros comerciales. Esta orientación responde a una transformación en los hábitos de consumo, donde los visitantes buscan experiencias que trasciendan las compras tradicionales y encuentren en estos espacios alternativas de encuentro, recreación y esparcimiento.

La incorporación de marcas que actualmente no operan en Barranquilla representa otra de las oportunidades estratégicas del proyecto. Para los retailers nacionales e internacionales, la capital del Atlántico constituye un mercado relevante por su actividad empresarial, crecimiento urbano y capacidad de atracción sobre consumidores de otros municipios del departamento y de la región Caribe.

La ampliación también plantea un escenario de mayor competencia comercial en el norte de Barranquilla, donde se concentra una parte importante de la oferta de centros comerciales de la ciudad. El reto consistirá en convertir los nuevos metros cuadrados en mayor tráfico, crecimiento de las ventas y productividad para los establecimientos, evitando que la expansión represente únicamente una redistribución del consumo existente.

Uno de los anuncios más ambiciosos de Segebre es que, con la ampliación, Buenavista podría convertirse en el centro comercial más grande de Colombia. Esta afirmación deberá analizarse una vez se conozcan las cifras definitivas del área construida y del área comercial arrendable (GLA), indicador utilizado internacionalmente para comparar la dimensión comercial de estos activos inmobiliarios.

Desde la perspectiva de Mall & Retail, el proyecto constituye una muestra de cómo los centros comerciales consolidados pueden continuar creciendo mediante la incorporación de nuevas superficies, categorías comerciales y experiencias de consumo. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será exclusivamente su dimensión física, sino la capacidad para incrementar las ventas, fortalecer la ocupación y mejorar la rentabilidad de los comerciantes.

En la capital del Tolima, el Centro Comercial La Estación prepara una nueva etapa de expansión que transformará su dimensión inmobiliaria y fortalecerá su participación dentro del mercado comercial regional. Después de 15 años de trayectoria, el complejo desarrollará una ampliación de 32.210 metros cuadrados de construcción, con una propuesta que integrará nuevos establecimientos comerciales, gastronomía, entretenimiento y servicios hoteleros.

El proyecto permitirá incrementar el área construida del centro comercial de 57.819 a 90.029 metros cuadrados, equivalente a un crecimiento del 55,7 %. Paralelamente, el número de locales comerciales pasará de 266 a 376 establecimientos, mediante la incorporación de 110 nuevas unidades que representan un aumento del 41,4 % en su inventario comercial.

La ampliación contempla igualmente la construcción de 313 estacionamientos adicionales, que se sumarán a los más de 1.000 actualmente disponibles, así como un nuevo nivel destinado a gastronomía y entretenimiento. Las dos etapas estarán conectadas mediante un enlace peatonal climatizado de 600 metros cuadrados, facilitando la circulación de visitantes y la integración comercial de todo el complejo.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto será la incorporación de un hotel de 102 habitaciones, una decisión que permitirá diversificar las fuentes de tráfico y fortalecer la relación del centro comercial con actividades distintas al consumo tradicional. Esta integración responde a una tendencia internacional de desarrollo de complejos de usos mixtos, donde comercio, entretenimiento, alojamiento y servicios se complementan para aumentar la permanencia de los visitantes.

La decisión de ampliar La Estación encuentra respaldo en sus actuales indicadores operacionales. Según información del centro comercial, el complejo recibe aproximadamente 7,5 millones de visitantes anuales, equivalentes a un promedio de 625.000 personas mensuales, mientras la ocupación de su primera etapa se ha mantenido por encima del 98 % durante los últimos 12 meses.

Adicionalmente, más de 100 marcas han manifestado interés en participar en la nueva etapa, incluyendo empresas que actualmente operan en el establecimiento y buscan ampliar sus superficies comerciales, así como compañías que proyectan ingresar por primera vez al mercado de Ibagué. La mayoría de los espacios disponibles tendrá áreas entre 60 y 100 metros cuadrados, dimensiones que responden a los requerimientos de diferentes formatos comerciales.

La trayectoria de La Estación ha estado vinculada con la llegada de reconocidas marcas al mercado tolimense. El complejo incorporó a la ciudad operadores como Cine Colombia, McDonald’s, Pepe Ganga y SAO, contribuyendo a ampliar la oferta comercial y a modificar los hábitos de compra y entretenimiento de los consumidores. Actualmente, reúne 30 marcas que, según sus promotores, cuentan con presencia exclusiva

Augusto Salazar López, arquitecto y constructor de La Estación Ibagué, ha señalado que la ampliación responde a la confianza de las marcas y a la evolución comercial del establecimiento. Su planteamiento resume la transformación experimentada por el complejo desde sus primeros años, cuando el desarrollo surgió sobre un terreno que posteriormente se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Para Mall & Retail, uno de los principales atributos de esta ampliación es que parte de una demanda comercial identificada, sustentada en elevados niveles de ocupación y en el interés de nuevos operadores. No obstante, la incorporación de 110 locales exigirá mantener el equilibrio entre la oferta y la capacidad de consumo de la zona de influencia, especialmente para garantizar que el crecimiento de la superficie comercial se traduzca en mayores ventas y no solamente en una distribución diferente del tráfico existente.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el ajuste que se defina para 2027 debe proteger a las empresas y los comercios del país, sin dejar de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

(Vea también: Alertan por problema que se daría con el salario mínimo para el otro año en Colombia; ¿de qué depende?)

Para el presidente de Fenalco, no es viable considerar otro aumento del salario mínimo en Colombia tan alto como el decretado para este año, al que atribuyó la inflación y la pérdida de puestos de trabajo.

Con base en lo anterior, el líder de los comerciantes propone que el incremento no supere el 9 %, mientras que analistas y otros empresarios del país consideran que el límite debería ser del 8 %.

Este sería el salario mínimo en Colombia con un aumento del 9 %

Si se aceptara la propuesta de un aumento del 9 %, el salario mínimo quedaría en $1.952.086, lo que representaría un ajuste cercano a los $162.000, sin incluir el incremento del auxilio de transporte.

“La inflación producto del incremento del 23% al salario mínimo está en los niveles que está, y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido”, señaló Cabal.

El dirigente gremial pidió retomar un ajuste salarial que, aunque resulte políticamente costoso para el Gobierno, “para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”.

(Lea también: Con esta propuesta, salario mínimo en Colombia podría quedar muy cerca de los $2.500.000)

Se prevé que la discusión sobre el salario mínimo en Colombia para el año entrante comience a mediados de noviembre, con la participación del Gobierno, los empresarios, los trabajadores y los pensionados.

Los fondos de inversión son fundamentales para transformar el ‘retail’. Además de aportar capital para adquisiciones y expansión, introducen disciplina financiera, gobierno corporativo, tecnología, economías de escala y mayor capacidad de negociación. Su objetivo es elevar la productividad y el valor de las compañías. Pero disponer de recursos y experiencia en compras empresariales no garantiza el éxito: cuando el crecimiento no produce rentabilidad, también corresponde examinar las decisiones de quienes financiaron y supervisaron la estrategia.

Fundada en 1996, Mesoamérica ha invertido en alimentos, energía, telecomunicaciones y servicios, con resultados diversos. En 2019 adquirió el 35 % de Alquería, para fortalecer las finanzas de la compañía láctea. En restaurantes, el balance es menos favorable: OMA, incorporada desde 2011, enfrentó dificultades y una reorganización; Presto, adquirida en 2012, llegó a liquidación judicial. En Chile, Unifood, operadora de Pedro, Juan & Diego, Pollo Stop y heladerías Savory, sufrió reorganizaciones, liquidaciones y ventas de activos.

Mesoamérica compró el 75 % de Unifood en 2016 y luego completó su participación. El estallido social chileno de 2019, la pandemia, el aumento de los costos y las obligaciones financieras golpearon una extensa red de restaurantes. En 2023 se iniciaron reorganizaciones por pasivos cercanos a 45.000 millones de pesos chilenos. En 2026 entraron en liquidación sociedades vinculadas a Pedro, Juan & Diego y Savory, mientras Pollo Stop fue vendido. El caso plantea preguntas sobre deuda, productividad y adaptación, sin demostrar responsabilidad legal del accionista.

Presto: de símbolo nacional a empresa en crisis

Presto nació en 1980 por iniciativa de Valores Bavaria, vinculada al Grupo Santo Domingo, como parte de su diversificación. Durante décadas se convirtió en una referencia de las hamburguesas en Colombia, con una marca reconocida por generaciones. Más tarde, Presto y Burger Station pasaron a inversionistas privados relacionados con franquicias, antes de incorporarse al portafolio de Mesoamérica.

En 2012, el fondo adquirió Frayco, propietaria de Presto y de conceptos como Tacos & Bar-BQ y BBQ. La operación reunía más de 150 establecimientos y prometía una plataforma gastronómica con mayor escala, eficiencia y expansión. Junto con OMA, consolidó su apuesta gastronómica. Pero cada local debía vender lo suficiente para cubrir arriendos, nómina, insumos y administración.

De acuerdo con el Mapa del Retail, elaborado por Mall & Retail desde 2016, Presto alcanzó su mejor desempeño comercial en 2019, cuando registró ingresos por $139.007 millones. Sin embargo, después de la pandemia, la cadena no logró recuperar su escala de ventas y, en 2025, su facturación se situó en $108.629 millones, cifra que representa una contracción del 21,9 % frente a 2019.

Más preocupante aún es el comportamiento de su rentabilidad: durante los últimos diez años, la compañía acumuló pérdidas cercanas a $67.000 millones, lo que evidencia que sus dificultades financieras no respondían exclusivamente a los efectos de la pandemia, sino a problemas estructurales de rentabilidad y sostenibilidad de su modelo de negocio. Esta combinación de menores ingresos y pérdidas recurrentes terminó debilitando su capacidad financiera y comprometiendo la viabilidad de su operación.

La presión competitiva se intensificó con nuevas cadenas internacionales, hamburgueserías especializadas y propuestas gastronómicas que disputan ocasiones de consumo. También pesaron los cambios de hábitos, los costos y la sensibilidad al precio. Para una red de establecimientos físicos, sostener locales con productividad insuficiente puede erosionar el flujo de caja aun cuando la marca conserve reconocimiento y tráfico.

Una reorganización que no consiguió salvar el negocio

En julio de 2023, la sociedad operadora de Presto ingresó a un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. El mecanismo buscaba renegociar deudas, recuperar capacidad de pago y preservar la actividad. En abril de 2026 se confirmó un acuerdo apoyado por el 81,39 % de los acreedores reconocidos, con obligaciones por aproximadamente $31.000 millones tras los ajustes pactados. El acuerdo ofrecía una salida, pero dependía de generar caja suficiente para cumplir pagos y financiar la operación diaria.

Ese equilibrio no se alcanzó. Las dificultades de liquidez y los incumplimientos llevaron a solicitar la liquidación judicial, decretada en octubre de 2026. La decisión cerró el intento de reorganización, aunque no supone necesariamente el cierre inmediato de cada restaurante: el proceso puede buscar la continuidad de la unidad productiva o su venta a un tercero. Presto conservaba cerca de 88 puntos de venta, un formato móvil y alrededor de 700 empleos directos, cuyo futuro depende del proceso y de posibles compradores.

La responsabilidad empresarial de Mesoamérica

El desenlace exige revisar el papel de Mesoamérica, sin confundir una inversión fallida con una culpa demostrada. Para medir su influencia deben revisarse accionistas, juntas, expansión, aportes y deuda. La pandemia y la competencia influyeron, pero no explican por sí solas una década de pérdidas. También importa establecer qué medidas adoptaron accionistas y administradores cuando los indicadores comenzaron a deteriorarse.

La coincidencia de dificultades en Presto y OMA, junto con la crisis de Unifood, plantea una pregunta legítima: ¿las economías de escala prometidas se convirtieron en ventajas operativas reales o se mantuvieron estructuras costosas que la generación de caja no podía sostener?

Alquería muestra que los resultados varían según el sector. Precisamente por eso, cada caso requiere cifras, contexto y responsabilidades diferenciadas.

Presto no perdió su valor histórico ni su reconocimiento entre consumidores; perdió la capacidad financiera para sostener la operación bajo su estructura anterior. La lección para el ‘retail’ global es contundente: comprar marcas, abrir locales y movilizar capital no basta. El éxito de un fondo debe evaluarse también por la rentabilidad, la competitividad y la perdurabilidad de las empresas que acompaña.

De acuerdo con la normativa, esta transferencia se reconoce como una de las mesadas que reciben los jubilados durante el año.

(Lea también:

Los pensionados en Colombia, según indica la norma, reciben un pago más alto que el de las mesadas regulares, toda vez que sobre este no se deben aplicar descuentos.

¿Quiénes reciben la prima de Navidad entre los pensionados en Colombia?

Según la norma, a diferencia de las mesadas ordinarias de los 12 meses del año, para las cuales el aporte a salud es obligatorio y varía entre el 4 %, el 10 % y el 12 %, según el valor total del ingreso, la mesada adicional de fin de año no está sujeta a descuentos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud ni para el Fondo de Solidaridad Pensional.

Hay que tener en cuenta que esta prima de Navidad se entrega a los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, comúnmente denominada sustitución pensional o pensión heredada, así como a quienes reciben una pensión por invalidez.

(Recomendado: Así se definirá el aumento en el pago de las mesadas de los pensionados en Colombia para 2027)

La ley recuerda que, si la entidad pagadora efectúa alguna retención por salud sobre el valor correspondiente a la prima navideña de los pensionados en Colombia, el jubilado puede presentar una reclamación directamente ante la administradora para solicitar la devolución.

Fundado en 1982 en Chía por Andrés Jaramillo y María Stella Ramírez, Andrés Carne de Res evolucionó de un restaurante especializado en carnes a un concepto que integra gastronomía, música, baile y espectáculos, convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento gastronómico colombiano.

Su expansión comenzó en Bogotá, con la apertura de Andrés D.C. en 2009, y continuó en Medellín en 2018, con un establecimiento de aproximadamente 2.500 metros cuadrados en el centro comercial Río Sur. En noviembre de 2020 llegó a Cartagena, al centro comercial La Serrezuela, consolidando su presencia en uno de los principales destinos turísticos del país.

En 2026, la cadena anunció una nueva etapa de crecimiento con su llegada a Cali, mediante un restaurante de más de 1.200 m² en Cenco Limonar, sumado a esta nueva apuesta en Barranquilla

La llegada de Andrés Carne de Res a Barranquilla tiene un componente inmobiliario especialmente relevante. Su establecimiento estará ubicado en Vive Río, frente al Gran Malecón y junto al centro de eventos Puerta de Oro, en un sector que se ha transformado en uno de los principales corredores turísticos, gastronómicos y recreativos de la ciudad.

Vive Río es un complejo inmobiliario de uso mixto. El proyecto contempla una inversión originalmente estimada en $300.000 millones y cerca de 104.000 metros cuadrados  de construcción.

Su diseño comprende dos torres de 34 pisos, inspiradas en las velas de las embarcaciones, con 760 apartamentos de entre 36 y 133 metros cuadrados. La propuesta combina vivienda permanente, alojamiento turístico, oficinas, comercio y servicios, conformando un ecosistema que genera diferentes oportunidades de consumo.

Uno de sus componentes es Gastro Río, una plataforma comercial de aproximadamente 7.090 metros cuadrados y 36 locales, destinada a restaurantes, cafeterías, entretenimiento y comercio de conveniencia. Su localización permite aprovechar tanto la demanda de residentes y huéspedes como el flujo de visitantes del Gran Malecón.

Entre las marcas anunciadas para el complejo figuran Andrés Carne de Res, Farmatodo, Happy Wine y Nori Hand Roll. La incorporación de operadores reconocidos busca posicionar el desarrollo como un destino comercial y gastronómico, más allá de su función residencial.

La importancia del proyecto radica en su capacidad de integrar diferentes actividades económicas. A diferencia de un centro comercial tradicional, Vive Río puede captar consumidores provenientes de la vivienda, el turismo, las oficinas, los eventos y el espacio público circundante.

La llegada de Andrés Carne de Res representa una apuesta por el creciente mercado de entretenimiento de Barranquilla. La empresa busca trasladar al Caribe colombiano su propuesta de gastronomía y espectáculo, caracterizada por una ambientación temática, música y presentaciones artísticas.

La apertura contempla alrededor de 100 oportunidades laborales para cocineros, meseros, músicos, bailarines y actores, reflejando la importancia del componente cultural dentro de su modelo de negocio.

Para Gastro Río, la presencia de Andrés puede convertirse en un factor de diferenciación comercial. Una marca con reconocimiento nacional tiene potencial para generar visitas propias, ampliar la permanencia de los consumidores y beneficiar indirectamente a otros establecimientos del complejo.

Sin embargo, esta incorporación también plantea desafíos. El Gran Malecón ya cuenta con una oferta gastronómica y de entretenimiento que compite por el gasto de residentes y turistas. Andrés deberá demostrar que su experiencia justifica una mayor frecuencia de visitas y logra construir una clientela recurrente.

Desde la perspectiva inmobiliaria, el desempeño del restaurante deberá evaluarse por su capacidad de generar tráfico incremental, productividad por metro cuadrado y complementariedad con la mezcla comercial de Gastro Río.

La expansión de Andrés Carne de Res coincide con importantes cambios en el gobierno corporativo de Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), sociedad controlada mayoritariamente por la familia Robayo Ferro, mientras su fundador, Andrés Jaramillo, conserva una participación minoritaria.

Según información publicada por Halcones y Palomas, Douglas Roy Hewson, vinculado al fondo Portland Private Equity, salió de la junta directiva y fue reemplazado por Laura Carolina Tarazona Raguá. Asimismo, Laura María Medina Peláez asumió la gerencia general y Alfonso Vargas Rojas ingresó como suplente en reemplazo de Robert Wilfred Almeida.

Esta reorganización se produce después de las desinversiones reportadas en Kokoriko y Mimo’s, lo que sugiere un cambio de estrategia: pasar de un grupo gastronómico diversificado a una estructura empresarial más concentrada en Andrés Carne de Res, su marca de mayor reconocimiento. La salida de representantes vinculados a fondos de inversión también plantea interrogantes sobre la evolución de la estructura de propiedad, aunque no constituye evidencia de modificaciones accionarias.

En 2025, IGA registró ingresos por $246.000 millones, utilidades netas de $23.000 millones y una planta de 1.192 trabajadores, cifras que reflejan su dimensión empresarial. Los cambios directivos coinciden con la expansión hacia Cali y Barranquilla, que exigirá mayores capacidades de gestión, control de costos y eficiencia operativa.

El desafío de esta nueva etapa será transformar el posicionamiento de Andrés Carne de Res en un crecimiento rentable y sostenible, demostrando que la concentración en su marca insignia puede generar mayor valor para los accionistas y fortalecer su competitividad en la industria gastronómica colombiana.

La propuesta de Bogotá resalta por su concepción de la vivienda no solo como acceso a un inmueble, sino como un motor de cambio socioeconómico que busca transformar barrios y fortalecer la inclusión social. Según datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa ha entregado más de 38.000 subsidios de vivienda de un objetivo de 75.000 para el cuatrienio, dirigidos especialmente a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos (76,7 % de los beneficiarios) y a mujeres cabeza de hogar (64,4 % de los subsidios). Este enfoque busca atacar las desigualdades y ofrecer oportunidades concretas a quienes tradicionalmente han enfrentado más obstáculos para acceder a una vivienda digna.

De fondo, la estrategia de ‘Mi Casa en Bogotá’ está alineada con la revitalización urbana, pues la llegada de nuevas viviendas impulsa mejoras en calles, servicios y espacios públicos. Según la SDHT, en los barrios donde se han asignado subsidios, el Índice de Revitalización Urbana pasó de 0,41 a 0,46 en promedio, lo que refleja avances en la calidad del entorno para las familias beneficiarias.

En la competencia, proyectos como el de Curitiba, Brasil, relocalizan a familias de áreas riesgosas a barrios con servicios, mientras que en Urla, Turquía, se busca aprovechar viviendas de temporada para crear soluciones habitacionales permanentes mediante ecosistemas compartidos y movilidad sostenible. En Grecia, la apuesta pasa por la remodelación y codiseño de edificios con participación comunitaria. El programa de Bogotá resalta así por su combinación entre subsidios focalizados, empoderamiento de la mujer y mejoramiento del entorno urbano.

Con la nominación y la participación en el Congreso, Bogotá no solo espera obtener el premio, sino también establecer alianzas y cooperación técnica con otros actores internacionales, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La validación por parte de jurados internacionales refuerza la relevancia de este modelo para debatir globalmente sobre el acceso a vivienda digna. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, llegar a la final representa un logro que va más allá de cualquier trofeo: inscribir a Bogotá como referente en la conversación mundial sobre vivienda adecuada.

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¿Por qué el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ fue nominado a los World Smart City Awards 2026?

La nominación de ‘Mi Casa en Bogotá’ se debe a su modelo innovador que integra subsidios de vivienda focalizados hacia hogares de menores ingresos y mujeres cabeza de hogar, asociando el acceso a vivienda con procesos de inclusión social y revitalización urbana. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, este enfoque ha permitido mejorar tanto el entorno físico como socioeconómico de los beneficiarios y transformar barrios completos, lo que ha sido destacado por el jurado internacional.

¿Qué es el Índice de Revitalización Urbana y cómo impacta el programa ‘Mi Casa en Bogotá’?

El Índice de Revitalización Urbana es una herramienta utilizada para medir el desarrollo y mejoramiento de las condiciones urbanas en barrios o sectores específicos. De acuerdo con la información de la SDHT, gracias al programa ‘Mi Casa en Bogotá’, este indicador aumentó de 0,41 a 0,46 en zonas donde residen los beneficiarios, lo que significa que la llegada de nuevas viviendas se ha traducido en mejores calles, servicios públicos y espacios de convivencia, beneficiando la calidad de vida en la ciudad.

Mientras los representantes de los trabajadores defienden un incremento de dos dígitos, académicos advierten que la discusión debe considerar otros factores económicos y laborales.

Nelson Alarcón, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que la organización buscará un aumento de dos dígitos durante las negociaciones con el Gobierno y los empresarios.

Según explicó, el ajuste debe garantizar un salario mínimo vital que permita cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

El dirigente sindical también señaló que la negociación debe abordar aspectos como la distribución del ingreso, la productividad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

Además, pidió alcanzar un acuerdo que reconozca la contribución de los trabajadores al desarrollo económico y empresarial.

Por su parte, Giovanni González, profesor de derecho laboral e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, planteó que el debate no debe limitarse a la inflación ni a un porcentaje de incremento.

También propuso analizar la competitividad de las empresas y las diferencias económicas entre regiones, incluso mediante la posibilidad de establecer salarios mínimos regionales.

El académico advirtió que la negociación se concentra en los trabajadores formales, por lo que considera necesario tener en cuenta a los independientes y otros sectores afectados por las decisiones salariales.

El foco de los inversionistas permanece en las posibles consecuencias económicas del nuevo periodo presidencial de Lula da Silva, así como en la manera en que el Gobierno comunicará su estrategia en materia fiscal y presupuestal para los próximos años. Según lo reportado, el principal índice de la Bolsa de São Paulo comenzó el día con una tendencia en alza, logrando recuperar parcialmente las pérdidas experimentadas en la sesión anterior, donde se observó uno de los descensos más marcados en los años recientes. Por otro lado, varias compañías brasileñas listadas en bolsas de Estados Unidos evidencian también un comportamiento positivo, lo que sugiere que la reacción inicial tras el resultado electoral ha dado paso a una mayor estabilidad.

El fortalecimiento del mercado no se limita solo a las acciones. Los títulos de deuda soberana brasileños registran valorizaciones moderadas, al tiempo que disminuye la percepción de riesgo asociada al país frente a los parámetros previos a esta sesión, según se indicó en el informe. En el ámbito cambiario, la moneda local, el real brasileño, logra recuperar terreno frente al dólar estadounidense, que el día anterior había alcanzado niveles máximos no vistos desde inicios de 2025. Esta apreciación del real evidencia la volatilidad inherente a los procesos políticos e ilustra cómo los inversionistas reaccionan a los cambios en la incertidumbre respecto a las políticas económicas del nuevo Gobierno.

Durante la jornada previa, la demanda por dólares se disparó y la moneda brasileña registró una de sus depreciaciones más agudas en tiempos recientes. De acuerdo con los analistas citados, el futuro comportamiento de los mercados dependerá de la capacidad del Gobierno para comunicar con claridad sus prioridades en el manejo de las cuentas públicas, la deuda nacional y el fomento del crecimiento económico. Aunque la recuperación que muestran los mercados es solo parcial, la atención sigue puesta en los próximos anuncios del Ejecutivo y en cómo puedan incidir en las expectativas sobre el rumbo de la economía.

¿Cómo reaccionaron los mercados financieros de Brasil tras la reelección de Lula da Silva?

Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, los mercados financieros de Brasil vivieron una jornada de recuperación en sus principales indicadores. El índice principal de la Bolsa de São Paulo subió después de fuertes caídas, tanto el mercado accionario como el de deuda mostraron señales de mayor estabilidad, y el real brasileño recuperó terreno frente al dólar tras una depreciación significativa previa.

¿A qué se debe la volatilidad en el mercado cambiario brasileño luego de unas elecciones?

La volatilidad en el mercado cambiario brasileño después de las elecciones se relaciona principalmente con la incertidumbre sobre las decisiones económicas que pueda tomar el nuevo Gobierno. Los inversionistas evalúan posibles cambios fiscales, presupuestarios y de manejo de la deuda, lo que influye directamente en el valor del real brasileño frente a monedas extranjeras.

Según la cotización registrada durante la jornada de este lunes, los títulos de Nu Holdings alcanzaron un precio de 12,46 dólares estadounidenses por acción; esto representó una variación diaria negativa del 17,79 %, lo que se tradujo en una pérdida de 2,69 dólares por acción. Este desplome ocurrió en un contexto de elevada volatilidad para los activos brasileños. De acuerdo con la información proporcionada, la Bolsa de São Paulo tuvo que activar mecanismos de protección tras las marcadas caídas en el mercado de acciones, mientras que el real brasileño sufrió una depreciación importante frente al dólar estadounidense tras el anuncio del triunfo de Lula.

Las expectativas antes de la elección eran otras: muchos inversionistas habían incorporado en los precios de los activos brasileños la previsión de una victoria de Flávio Bolsonaro y la continuidad de políticas consideradas más afines a los intereses del mercado y de la inversión privada. Por ello, el resultado fue un choque para quienes esperaban una mayor estabilidad. En consecuencia, la reacción negativa del mercado no se limitó a Nu Holdings, sino que se extendió a acciones de otros sectores clave, como el financiero, el energético y el de consumo, con pérdidas importantes durante la misma jornada, como reporta la fuente original.

Aunque la caída de Nu Holdings coincidió con la tendencia general del mercado, su magnitud resaltó debido al peso que la entidad tiene en el sector tecnológico y bancario latinoamericano. Nubank, que ha consolidado una base de clientes en países como México y Colombia, sigue teniendo a Brasil como su principal fuente de ingresos y operaciones, lo que intensifica la vulnerabilidad de su cotización ante cambios de percepción sobre el futuro económico local.

Analistas de mercado citados en la información explicaron que, tras eventos políticos de alto impacto, es común ver ventas masivas cuando los resultados se apartan de lo que se preveía. Bajo este escenario, la atención de los mercados internacionales estará dirigida a las primeras señales económicas y políticas de la administración de Lula, especialmente en aspectos de política fiscal, gasto público y regulación financiera.

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¿Por qué cayeron las acciones de Nu Holdings tras las elecciones en Brasil?

Las acciones de Nu Holdings sufrieron una fuerte caída después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, ya que los inversionistas reaccionaron a la incertidumbre generada por el inesperado resultado electoral. De acuerdo con la información proporcionada, muchos en el mercado esperaban la continuidad de políticas más favorables para la inversión privada. La reacción adversa se reflejó tanto en el descenso de la Bolsa de São Paulo como en la depreciación del real brasileño.

¿Cómo afecta el contexto político de Brasil a empresas como Nubank?

El ambiente político de Brasil influye directamente en empresas con alta exposición al país, como Nubank, cuya operación y niveles de ingreso dependen en gran medida del mercado brasileño. Por esto, cambios políticos que aumentan la percepción de riesgo o incertidumbre, como una elección inesperada, tienden a afectar su cotización bursátil de manera más pronunciada que el promedio del mercado, como se evidenció en la jornada posterior a las elecciones.

El eje principal de esta expansión es la nueva planta destinada a la producción de resina reciclada EKO®PET, elaborada a partir de botellas posconsumo y apta para aplicaciones que exigen contacto con alimentos. Esta instalación tendrá la capacidad de producir 16.500 toneladas por año. La apuesta responde al crecimiento anticipado en la demanda de resina reciclada de grado alimenticio dentro del mercado nacional y busca asegurar el suministro para compañías sujetas a metas regulatorias y compromisos de sostenibilidad, especialmente en cuanto al uso de materiales reciclados en sus productos, de acuerdo con información de Enka.

Asimismo, la iniciativa impactará la cadena de aprovechamiento de residuos; el incremento de capacidad requerirá mayores volúmenes de botellas PET recuperadas. Según datos suministrados por la firma, esto podría beneficiar económicamente a unas 200.000 familias que dependen del reciclaje en Colombia. Sobre esto, Álvaro Hincapié, presidente de Enka, explicó que la economía circular —modelo que busca reutilizar materiales y maximizar los recursos— necesita inversiones tangibles: "La economía circular requiere inversiones que conviertan los compromisos en acciones concretas. Con este proyecto consolidamos un modelo que genera beneficios para toda la sociedad, contribuimos a que millones de botellas sean recolectadas y recicladas en lugar de terminar contaminando calles, ríos y mares".

Enka también aseguró que la nueva infraestructura le permitirá abastecer a empresas que deben cumplir la normativa colombiana sobre plásticos de un solo uso. Por otro lado, la compañía avanzará en la implementación de un proyecto de energía solar para abastecer parcialmente sus plantas de reciclaje, reduciendo las emisiones asociadas a la producción. Esta acción se suma a otras adoptadas anteriormente, como el reemplazo de materias primas vírgenes por materiales reciclados y la disminución del consumo de recursos naturales.

Así, la firma busca consolidar su posición en el reciclaje de PET y avanzar en la integración de fuentes renovables a su sistema energético, alineándose con exigencias legales y corporativas cada vez más estrictas en gestión de residuos y reducción de la huella ambiental.

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¿Cuál es el impacto de la nueva planta de reciclaje de Enka sobre la economía y el medioambiente en Colombia?

La nueva planta de reciclaje de Enka tendrá un efecto directo al aumentar la demanda de botellas PET recuperadas, lo que podría beneficiar a cerca de 200.000 familias involucradas en el reciclaje, según cifras de la empresa. Además, incrementará la producción de resina reciclada apta para contacto con alimentos, ayudando a las empresas a cumplir normativas y metas de sostenibilidad, y reduciendo la cantidad de residuos plásticos en el entorno colombiano.

¿Cómo contribuye el uso de energía solar en las plantas de reciclaje de Enka a la sostenibilidad?

El uso de energía solar en las plantas de Enka permitirá reducir las emisiones generadas por los procesos industriales, de acuerdo con la información de la compañía. Esta medida refuerza su compromiso ambiental, sumándose a la sustitución de materias primas vírgenes por materiales reciclados, y contribuye a aumentar la participación de fuentes de energía renovable dentro de la matriz energética de la firma.

Superservicios explicó que fortalecerá las medidas que ya venía adoptando para revisar los deberes de las empresas generadoras, en especial aquellas que reciben recursos provenientes del cargo por confiabilidad. Este cargo es un mecanismo incluido en las facturas de energía que pagan las personas usuarias, y tiene por objetivo asegurar que el país cuente con electricidad en momentos de alta demanda o cuando el sistema lo requiera. La entidad señaló, además, que se enfocará en analizar si las empresas que reciben estos ingresos realmente cumplen los compromisos que derivan de ello.

Si durante este proceso la Superintendencia detecta posibles incumplimientos, adelantará las acciones de control e implementará las medidas que estén dentro de sus competencias. La supervisión es especialmente relevante, ya que la disponibilidad de la energía y la capacidad de respuesta del sistema eléctrico constituyen puntos clave que deben ser observados por las autoridades del sector. Por esta razón, la entidad no solo verificará el cumplimiento formal de obligaciones, sino que también hará seguimiento a la efectividad de la energía disponible y buscará anticipar posibles situaciones que puedan afectar la continuidad del suministro.

Según Superservicios, desde el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella ya se realizaban inspecciones, mesas de seguimiento y otras acciones de vigilancia a las empresas generadoras para evaluar tanto el cumplimiento de sus obligaciones legales como la correcta aplicación del cargo por confiabilidad. Ahora, con las nuevas directrices presidenciales, estas actividades se incrementarán con el fin de identificar posibles fallas y tomar las acciones pertinentes. Sin embargo, la entidad no precisó cuáles empresas serán revisadas ni mencionó sanciones específicas hasta la fecha.

Adicionalmente, Superservicios comunicó que se sumará a la campaña nacional orientada al ahorro de agua, energía y gas, impulsada por el presidente. Este esfuerzo colectivo involucra a hogares, empresas e instituciones públicas, para promover el consumo responsable, considerando que el uso eficiente de estos servicios es una responsabilidad compartida. Las estrategias propuestas incluyen acciones prácticas que buscan reducir el consumo y proteger la disponibilidad de los recursos para todos los usuarios.

Con la suma de estas acciones, Superservicios ratificó su compromiso de ejercer la vigilancia sobre los servicios públicos domiciliarios, priorizando tanto la calidad y continuidad del suministro como la protección de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué es el cargo por confiabilidad en las facturas de energía?

El cargo por confiabilidad es un mecanismo incluido en las facturas de energía, que buscan asegurar la disponibilidad de electricidad en el territorio nacional. Consiste en un pago que realizan los usuarios y que se destina a garantizar que las empresas generadoras cuenten con la capacidad de proveer el servicio en condiciones exigentes o de alta demanda, como lo explicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

¿Por qué la Superservicios revisa a las empresas generadoras de energía?

La entidad realiza estas revisiones para verificar que las empresas que reciben incentivos económicos cumplan efectivamente con sus obligaciones y puedan garantizar el suministro de energía eléctrica al país, siguiendo las instrucciones impartidas por el presidente y en el marco de la importancia que tiene la continuidad y calidad de los servicios públicos para la sociedad.

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Esta operación utiliza la modalidad conocida en la industria como wet lease o ACMI, cuyas siglas en inglés corresponden a “aeronave, tripulación, mantenimiento e seguro”. En este esquema, Avianca se encarga de proporcionar los aviones, la tripulación, el mantenimiento y el seguro asociados al servicio, mientras que Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, es responsable de vender los tiquetes y gestionar la relación directa con los viajeros. Así, Avianca pone a disposición de su socio emiratí toda su capacidad operativa para vuelos de largo alcance.

La alianza detrás de esta operación se formalizó en julio de 2026, durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, en el Reino Unido, donde Grupo Abra —al que pertenece Avianca— y Etihad Airways anunciaron una cooperación estratégica con la idea de fortalecer la conectividad entre América Latina, Medio Oriente y Asia, utilizando las redes integradas de ambas compañías. Según el comunicado oficial, el acuerdo permite que “la capacidad de Avianca se aproveche para respaldar el desarrollo de sus aliados”, mientras que las compañías exploran diferentes formas de generación de valor para los viajeros gracias a la complementariedad de sus recursos.

Durante el periodo de un año que contempla este contrato, Avianca estará a cargo de todos los servicios operativos en la ruta entre Barcelona y Abu Dabi, mientras que Etihad mantendrá la gestión comercial de los vuelos hacia los pasajeros. De acuerdo con la empresa colombiana, el acuerdo no solo permite a Avianca participar en nuevas geografías, sino que también representa una muestra de cómo las aerolíneas pueden colaborar para expandir sus alcances sin necesidad de comercializar los vuelos bajo su propio nombre o código.

La operación es uno de los primeros resultados tangibles de la alianza anunciada por Grupo Abra y Etihad Airways, y pone en marcha una fórmula de cooperación en el que cada parte aporta sus fortalezas. Así, Avianca da un paso importante fuera de sus rutas tradicionales, con un rol protagonista en el desarrollo de conexiones internacionales clave para el sector aéreo.

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¿En qué consiste la modalidad wet lease o ACMI en la industria aérea?

La modalidad wet lease, conocida también por las siglas ACMI (aeronave, tripulación, mantenimiento e seguro, en inglés), es una forma de alquiler en la que una aerolínea proporciona el avión junto con su personal, mantenimiento y seguro, pero la comercialización de los vuelos corre a cargo de la aerolínea contratante. Este esquema es clave en acuerdos entre compañías que buscan aumentar su capacidad operativa sin comprar o arrendar directamente aviones.

¿Cómo se beneficiará Avianca de la alianza con Etihad Airways para operar la ruta Barcelona-Abu Dabi?

Avianca aprovechará su experiencia y recursos en vuelos de largo alcance para operar la ruta entre Barcelona y Abu Dabi. La alianza con Etihad Airways le permite ingresar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos y posicionarse fuera de sus rutas habituales, utilizando un modelo que maximiza el uso de su flota y tripulación, al tiempo que fortalece la conectividad entre distintas regiones a través de la red del Grupo Abra.

Según los datos reportados por el sector asegurador, hasta la fecha mencionada se habían reportado 102.370 avisos de siniestros provenientes de 519 municipios distribuidos en 31 departamentos de Colombia, lo que evidencia la extensión del daño causado por el movimiento telúrico. Los informes también señalan que el costo total de las reclamaciones consolida tanto los daños reportados hasta ahora como las reservas que las compañías de seguros han tenido que destinar para atender pagos próximos a ejecutarse.

En comparación con el balance presentado una semana antes, las indemnizaciones aumentaron en aproximadamente $163.770 millones, reflejando un incremento del 18%. Esta semana adicional también sumó 1.237 nuevos avisos de siniestro y el valor estimado de las reclamaciones pasó de $6,8 billones a $7,1 billones. Sin embargo, solo 26.915 siniestros, cerca del 26% del total, han recibido al menos un pago por parte de las aseguradoras hasta ahora.

La totalidad de los datos evidencia que las mayores afectaciones económicas se concentran en el suroccidente del país. Valle del Cauca reporta las reservas más altas, por $3,14 billones asociados a 41.947 avisos de siniestro, seguido por Risaralda, con $2,39 billones y 21.693 reclamaciones. Quindío y Caldas también presentan afectaciones importantes, con reservas que superan los $400.000 millones en cada caso.

A nivel municipal, Cali y Pereira encabezan las estimaciones de pérdidas aseguradas, aunque es Pereira la que lidera en desembolsos, con pagos por $362.297 millones entre 15.130 siniestros. Cali, Dosquebradas, Armenia y Manizales completan el listado de municipios con mayores pagos, cada uno con decenas de miles de millones ya desembolsados.

En cuanto a los tipos de cobertura, la mayor parte de los pagos han correspondido a pólizas de terremoto con cobertura de incendio, que alcanzan los $927.030 millones para 74.293 siniestros. Le siguen los seguros de hogar, las coberturas por lucro cesante, seguros de automóviles y pólizas de vida grupo.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), instó a los Consejos de Administración y administradores de edificios y conjuntos residenciales a mantener el contacto con las aseguradoras para agilizar los pagos. Morales enfatizó la importancia de entregar toda la información y cumplir con los requisitos para avanzar con los procesos de indemnización, recordando que propietarios, administradores y representantes pueden consultar el estado de sus reclamaciones y verificar los pasos pendientes con sus propias aseguradoras.

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¿Cuánto dinero han pagado las aseguradoras en indemnizaciones tras el terremoto en Colombia?

Según el más reciente seguimiento del sector asegurador, hasta el 23 de octubre las aseguradoras habían desembolsado $1,08 billones en indemnizaciones a personas, empresas y copropiedades afectadas por el terremoto, aunque el valor total pendiente estimado supera los $7,1 billones.

¿Qué tipo de seguros recibieron más reclamaciones luego del sismo en Colombia?

La mayor parte de las reclamaciones y pagos corresponde a las pólizas de terremoto con cobertura de incendio, con 74.293 siniestros y $927.030 millones pagados, seguidos de los seguros de hogar, coberturas por lucro cesante, automóviles y pólizas de vida grupo.

La diferencia entre la entidad con la tasa más baja y la más alta alcanza 15,84 puntos porcentuales.

Davivienda registra el promedio más bajo, con 12,75% E.A., seguido por Banco Popular, con 13,13%. También aparecen entre las tasas más competitivas Serfinanza, con 15,25%, y Banco Coopcentral, con 16%.

En el extremo contrario, Finandina presenta la tasa promedio más alta, con 28,59% E.A. Le siguen Banco de Bogotá y Bbva, ambos con 28,56%; Financiera Juriscoop, con 28,50%, y Banco AV Villas, con 28,48%.

Las entidades también manejan tasas mínimas inferiores a sus promedios. Davivienda ofrece desde 12,98% E.A. y Banco Popular desde 13,15%. Banco Pichincha parte de 15,26%, mientras Bancolombia y Banco de Occidente tienen tasas desde 16,77%.

Antes de trasladar una deuda, los usuarios deben comparar la tasa actual con la nueva, pero también revisar el plazo, el valor de las cuotas y el costo total del crédito.

Una cuota menor no necesariamente implica un ahorro, especialmente si se extiende el periodo de pago y aumentan los intereses totales.

La agenda para atender este debate presentó dificultades debido a la coincidencia con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. Tal como señala la Mesa Directiva en su solicitud a la Corte Constitucional, la Cámara argumentó la necesidad de ampliar el plazo para el trámite de pensiones, justificando que debe responder simultáneamente a requisitos constitucionales de alta prioridad. Sin embargo, a pesar de que se alcanzó el plazo inicialmente previsto para el presupuesto, este finalmente tuvo que ser adoptado por decreto gubernamental a raíz de errores de procedimiento.

Además del análisis de los artículos devueltos, se planea el estudio de un nuevo apartado que tenía pendiente su incorporación en anteriores debates bajo la administración Petro. Paralelamente, se suma una contrarreforma introducida por el senador Andrés Forero, perteneciente al partido Centro Democrático, lo que da cuenta de la complejidad política y la multiplicidad de propuestas que rodean la estructura pensional del país.

Esta nueva etapa de deliberación se produce en medio de un proceso de transición en la cartera del Interior, pues Alejandro Ordóñez, quien asumiría esta responsabilidad, aún no ha tomado posesión del cargo debido a compromisos pendientes en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Entretanto, hay voces de reserva en la Casa de Nariño respecto de varias de las disposiciones validadas por la Corte y se prevé la intervención de altos funcionarios como los ministros de Interior, Hacienda y Trabajo, así como de la directora de Colpensiones. En el mismo contexto, el Gobierno presentará una ley de ajuste fiscal que apunta a recortar cerca de COP 45 billones del gasto, considerada crucial para la hoja de ruta financiera tras la expedición del presupuesto por decreto.

¿Cuáles son los nueve artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional devolvió al Congreso?

La Corte Constitucional envió nuevamente al Congreso los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 de la reforma pensional del gobierno Petro, señalando vicios de trámite en su aprobación. Estos apartados deberán ser debatidos y subsanados para que puedan ser incluidos en la reforma; de lo contrario, quedarán excluidos y la nueva normativa avanzará sin ellos.

¿Qué significa "vicio de trámite" en el debate de la reforma pensional?

El término "vicio de trámite" se refiere a errores o irregularidades ocurridos durante el proceso parlamentario que impiden cumplir con los requisitos formales o constitucionales para la aprobación de una ley. En este caso, la Corte Constitucional identificó esos fallos en el trámite de varios artículos, lo que obliga al Congreso a corregirlos si se quiere mantenerlos dentro de la reforma.

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En ese panorama, la atención médica también está bajo presión. Los planes de salud que las empresas ofrecen a sus trabajadores tendrían un incremento del 9 % en Colombia durante 2027, una variación que supera la inflación general proyectada para el país. El aumento podría representar un mayor costo para los empleadores que financian estos beneficios y poner sobre la mesa decisiones sobre coberturas, prevención y uso de los servicios médicos.

La proyección hace parte del Global Medical Trends Report 2027, elaborado por la firma de servicios profesionales Aon. El análisis se concentra específicamente en los costos de los planes de salud y beneficios médicos patrocinados por empresas para sus colaboradores; por tanto, no significa que todos los servicios médicos, las EPS o los planes de medicina prepagada vayan a subir exactamente 9 %.

¿Cuánto subirían los planes de salud empresariales en Colombia en 2027?

Según Aon, la tasa de tendencia médica proyectada para Colombia se ubicaría alrededor del 9 % en 2027. Aunque representa una moderación frente al año anterior, el incremento seguiría por encima de la inflación general estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la firma sitúa en 5,2 % para el país.

Al descontar esa inflación, la tasa médica neta proyectada para Colombia sería de 4,1 %. En términos sencillos, esto indica que el aumento previsto de los costos médicos empresariales no se explicaría únicamente por el encarecimiento general de la economía: también habría presiones propias del sector de la salud.

María del Pilar Manzanera, Advisory & Specialty Leader of Human Capital para Hispanic South America en Aon, señaló que la moderación de la tendencia no elimina las dificultades para las organizaciones: «Aunque observamos una tendencia hacia la moderación con una proyección cercana al 9%, la presión en los costos de los beneficios médicos sigue siendo un reto mayúsculo para los empleadores en Colombia. El incremento continúa superando a la inflación general», afirmó.

Para entender el impacto, una empresa que paga un plan médico de $1 millón por trabajador al año tendría, si ese costo aumentara exactamente 9 %, un gasto de $1,09 millones por ese mismo plan.

La proyección tampoco establece que el trabajador necesariamente deba pagar más de su bolsillo. El efecto dependerá de cómo cada empresa financie el beneficio y de las condiciones que acuerde al renovar sus planes.

¿Por qué están aumentando los costos de salud?

Aon identifica tres grupos de enfermedades que ejercen una presión importante sobre los costos de los planes médicos empresariales en Colombia: el cáncer y el crecimiento tumoral, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones infecciosas.

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El cáncer y los tumores representan el principal factor de costo asistencial señalado por el análisis. La presión está asociada con tratamientos de alta complejidad, medicamentos oncológicos de última generación y terapias biológicas avanzadas, que pueden elevar el valor de la atención.

En segundo lugar están las enfermedades cardiovasculares, que pueden requerir exámenes diagnósticos recurrentes, intervenciones quirúrgicas y tratamientos prolongados. La necesidad de atención continua puede representar un gasto sostenido para los planes de salud.

El tercer grupo corresponde a las enfermedades infecciosas, con exclusión del VIH/SIDA e inclusión de la COVID-19. Según Aon, estas afecciones generan un volumen relevante de consultas ambulatorias, atenciones prioritarias e incapacidades laborales, con efectos tanto en el gasto médico como en la productividad de las empresas.

El análisis también advierte sobre factores de riesgo que han ganado importancia en la región, entre ellos la inactividad física, la hipertensión arterial y la obesidad. Estas condiciones pueden favorecer la aparición temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y aumentar las necesidades de atención a largo plazo.

La presión sobre los costos médicos no es exclusiva del país. A nivel global, Aon proyecta una tendencia médica bruta promedio de 9 % para 2027, inferior al 9,8 % previsto para 2026.

En América Latina y el Caribe, la proyección promedio es de 10,4 %, por encima del 9 % estimado para Colombia. El informe ubica al país en un rango de incremento menor que el previsto para Brasil, donde la tasa llegaría a 11,1 %, y Argentina, con 29,5 %.

Chile registra una proyección de 7,5 %, mientras que México presenta una dinámica que Aon describe como alineada con los esfuerzos de contención de costos. El informe no precisa en este apartado una cifra para México.

Estas comparaciones muestran que Colombia tendría una variación inferior al promedio regional, aunque eso no elimina el reto para las empresas que deben financiar beneficios médicos por encima de la inflación general.

Ante las presiones previstas para 2027, Aon señala que las organizaciones están revisando la forma en que diseñan y administran sus programas de salud. El objetivo es controlar los costos sin deteriorar la atención que reciben los trabajadores.

Entre las estrategias identificadas está la inversión en prevención y programas de bienestar, que busca intervenir factores de riesgo antes de que se conviertan en enfermedades que requieran tratamientos costosos. Aon reporta que el 87 % de los países evaluados a nivel global utiliza este tipo de iniciativas.

Las empresas también pueden recurrir a herramientas como copagos, deducibles, redes médicas preferenciales y auditorías clínicas para administrar la utilización de los servicios.

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Manzanera advirtió que las compañías deben anticiparse a la renovación de sus pólizas y analizar las necesidades de salud de sus trabajadores: «Frente al escenario que proyectamos para 2027, las compañías no pueden esperar a la renovación de sus pólizas para reaccionar. Anticipar las tendencias, entender la epidemiología interna de la empresa y apostar decididamente por la prevención permite proteger los balances financieros y, al mismo tiempo, blindar el bienestar y la productividad de los colaboradores en Colombia», concluyó.

En términos prácticos, la tasa de cambio nominal indica la cantidad exacta de pesos que usted necesita para adquirir un solo dólar. De acuerdo con el mismo medio, esta dinámica no solo sirve para conocer la fortaleza o debilidad transitoria de la moneda local, sino que también tiene efectos evidentes sobre los bienes y servicios importados y exportados por Colombia.

El comportamiento de la tasa de cambio tiene consecuencias directas sobre la economía nacional a través de fenómenos como la depreciación y la apreciación del peso. Por un lado, la depreciación ocurre cuando el valor de la moneda local cae frente al dólar, pues se necesita una mayor cantidad de pesos para comprar dicha divisa. Esto encarece los productos importados, afectando tanto a empresas que dependen de insumos extranjeros como a consumidores finales. Por otra parte, si el peso se aprecia, es decir, disminuye la tasa de cambio, se fortalece frente al dólar y disminuye el costo de los productos importados. Sin embargo, esto puede representar una desventaja para las empresas nacionales que exportan, ya que sus productos se vuelven menos competitivos en el extranjero debido a un mayor valor relativo.

Para analizar y reportar formalmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según Noticiero 90 Minutos, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares por moneda colombiana hechas en el mismo día por entidades financieras autorizadas. Entre estas entidades se incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia.

Actualmente, la TRM reportada equivale a 3.157,94 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, una cifra que refleja el valor oficial de intercambio y el resultado de la actividad cambiaria en el mercado legal colombiano.

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¿Qué es la tasa de cambio nominal y cómo afecta la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal es el indicador que define cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar, una cifra que se modifica según las condiciones del mercado. Su importancia radica en que determina el costo de las importaciones y exportaciones, impactando directamente en los precios de los productos importados y en la competitividad de los exportadores. Por eso, una variación en la tasa de cambio puede encarecer o abaratar la economía nacional, dependiendo de si ocurre una depreciación o apreciación del peso.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos, realizadas por entidades financieras autorizadas en un mismo día. Solo se incluyen aquellas transacciones donde se pacta el cumplimiento para el mismo día de negociación.

El mandatario aseguró que la revisión comenzó en la propia Presidencia, donde ya fueron terminados 32 contratos.

Según el balance presentado, esas OPS representaban un costo de $2.200 millones para el Estado, cifra que De La Espriella calificó como “una locura”. El Gobierno busca que cada gasto público tenga una justificación y un resultado verificable.

La Presidencia también informó que pretende ahorrar más de $192.000 millones de su presupuesto mediante ajustes en contratos y gastos de funcionamiento.

Las reducciones incluyen entidades adscritas al DAPRE, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y otras entidades.

La medida tendrá un alcance mayor desde el 1 de enero de 2027. Los ministerios y entidades nacionales deberán reducir en 75 % el número de contratos de prestación de servicios, tomando como referencia los suscritos durante 2025 y 2026. Solo podrán programar hasta el 25 % de esa base.

La Contraloría contabilizó 501.423 OPS en entidades nacionales y territoriales a enero de 2026, por lo que el ajuste podría afectar a cientos de miles de contratistas.

La propuesta plantea dos alternativas. La primera consiste en un pago único equivalente al faltante actuarial de las reservas que deben constituir las aseguradoras.

La segunda contempla pagos anuales para cubrir las diferencias de las mesadas y, al mismo tiempo, crear o actualizar una reserva matemática a cargo de la Nación.

El borrador también propone cambiar el parámetro utilizado para calcular este riesgo y retomar el esquema basado en el crecimiento real de la productividad, con el objetivo de reducir el costo de las rentas vitalicias y facilitar su oferta.

Hacienda señala que el esquema vigente podría elevar el capital necesario para financiar pensiones de un salario mínimo y desincentivar la emisión de nuevas rentas vitalicias.

Según sus cálculos, mantener el parámetro anterior habría generado un beneficio potencial de $4,1 billones, tomando como referencia 107.000 rentas inscritas al cierre de 2025.

Sin embargo, el proyecto todavía es un borrador y sus medidas no constituyen reglas definitivas ni compromisos de pago aprobados.

En junio el crecimiento fue de 3,43 % y en julio de 1,06 %, mostrando una desaceleración progresiva. Además, el ISE cayó 3,11 % frente a julio en la serie ajustada.

Expertos atribuyen parte del resultado de agosto al terremoto del 10 de agosto, que afectó la actividad productiva en 16 departamentos y más de 400 municipios, y al inicio del ajuste del gasto público por el cambio de gobierno. El desempleo también subió a 9,4 %, frente al 8,6 % de un año atrás, con unos 126.000 ocupados menos.

Para evitar que la desaceleración se convierta en una tendencia, los analistas plantean fortalecer la inversión privada, mantener un ajuste fiscal creíble y reducir la incertidumbre.

También recomiendan destrabar proyectos de infraestructura, vivienda, energía y agua, además de facilitar nuevas inversiones.

La inversión representa actualmente cerca del 16 % del PIB, uno de sus niveles más bajos en dos décadas.

Sectores como minería y construcción reclaman reglas claras, menos trámites y condiciones que permitan materializar proyectos y recuperar el empleo.

El incremento está relacionado con la renovación de contratos de suministro y el fuerte aumento de la referencia internacional del gas.

Según expertos, el precio local del gas pasó de unos US$6 a más de US$13 por millón de BTU en los últimos cinco años.

Además, la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz elevaron la cotización internacional hasta cerca de US$30 por millón de BTU, encareciendo las importaciones.

Hasta septiembre, Colombia había comprado externamente 420 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a casi 40 % de la demanda nacional. El impacto del aumento varía según los contratos de cada comercializador, aunque las regiones del centro del país serían de las más afectadas.

Los expertos advierten que los precios podrían seguir subiendo por la prolongación del conflicto y la menor producción nacional.

La producción de gas cayó cerca de 30 %, mientras la de Ecopetrol disminuyó alrededor de 37 %. Además, existe el riesgo de un déficit de 124 millones de pies cúbicos diarios en marzo de 2027 si nuevas plantas de importación no entran a tiempo.

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La normativa también contempla beneficios tributarios para determinados proyectos. Sin embargo, sus efectos dependerán de las características de cada inmueble, por lo que los propietarios de apartamentos, oficinas y locales comerciales ubicados en edificios y conjuntos residenciales deberán revisar las condiciones que determinan sus obligaciones.

Sobretasa al predial: ¿qué propietarios estarían sujetos al cobro?

Según informó El Tiempo, la aplicación de la sobretasa para financiar el alumbrado público dependerá de la clasificación y las condiciones establecidas en la norma. Por tanto, el gravamen no se aplicaría de manera uniforme a todos los inmuebles de la ciudad.

En el caso de las viviendas, la medida contempla predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como determinadas propiedades de estratos 1, 2 y 3. Entre estas últimas figuran tiendas de menos de 30 metros cuadrados que funcionen en inmuebles residenciales, siempre que cumplan las condiciones previstas.

Este cambio podría representar una nueva obligación tributaria para algunos propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Por ello, resulta necesario verificar la clasificación y la destinación de cada predio antes de establecer si le corresponde asumir el cobro.

Propiedad horizontal: diferencias entre viviendas y locales comerciales

En los edificios de uso mixto pueden coexistir apartamentos, oficinas profesionales, establecimientos comerciales y espacios destinados al alojamiento. Aunque estas unidades formen parte de una misma copropiedad, sus características y usos pueden determinar tratamientos tributarios distintos.

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En consecuencia, los administradores y consejos de administración deberán identificar las obligaciones particulares de cada inmueble y diferenciarlas de los gastos comunes de la copropiedad. La presencia de un establecimiento comercial dentro de un conjunto residencial no implica que todos los apartamentos deban asumir automáticamente la misma carga fiscal.

También será importante revisar las disposiciones aplicables a los inmuebles de interés cultural y a aquellos destinados a actividades específicas, pues sus condiciones podrían incidir en el tratamiento tributario correspondiente.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, junto con Colpensiones (el fondo público de pensiones), han presentado solicitudes formales a la Corte Constitucional para que se prorroguen los plazos previamente contemplados. Las razones principales para estos pedidos de ampliación son, en primer lugar, la insuficiencia de tiempo para discutir y modificar los artículos que la Cámara de Representantes debía subsanar, tal como lo requirió la Corte Constitucional. Además, resaltan la falta de recursos económicos previstos en el Presupuesto General de la Nación para cubrir los requisitos que demanda la entrada en vigencia de la reforma.

Por su parte, Colpensiones ha expresado al alto tribunal que el plazo inicialmente otorgado es insuficiente, dado que debe realizar ajustes complejos a su plataforma tecnológica para poder atender a más de 10 millones de cotizantes, cifra que implica una transformación profunda en su operación cotidiana y en la administración del sistema de pensiones. En paralelo, el Congreso de la República ha argumentado que no ha tenido el tiempo necesario para corregir los errores advertidos por la Corte Constitucional durante el estudio del trámite legislativo de la reforma, pues sus debates más recientes se han centrado en el Presupuesto para el siguiente año.

Mientras la Corte Constitucional decide si accede o no a ajustar el calendario que ya estaba definido, el nuevo modelo de sistema pensional permanece suspendido en sus aspectos centrales. La propuesta de transición hacia el esquema de pilares, una de las características más relevantes de la reforma, no ha conseguido avanzar y se mantiene congelada. Toda esta situación evidencia la complejidad técnica y financiera para cumplir en los plazos estipulados, lo que afecta los avances reales en la transformación del sistema pensional colombiano.

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¿Por qué el inicio de la reforma pensional en Colombia podría postergarse?

El inicio de la reforma pensional en Colombia podría retrasarse debido a solicitudes de prórroga presentadas por el Ejecutivo, el Legislativo y Colpensiones ante la Corte Constitucional. Argumentan principalmente falta de tiempo para corregir artículos señalados por la Corte, la ausencia de recursos financieros en el presupuesto nacional y la necesidad de realizar ajustes tecnológicos que permitan atender a más de 10 millones de cotizantes.

¿Qué implica el ajuste de la plataforma tecnológica de Colpensiones para la reforma pensional?

El ajuste de la plataforma tecnológica de Colpensiones es clave para la reforma pensional, ya que debe adaptarse para atender y gestionar a más de 10 millones de cotizantes. Esta transformación requiere inversiones significativas y tiempo adicional para garantizar que el sistema pueda operar con la eficiencia y cobertura necesarias para el nuevo modelo previsto en la reforma.

La admisión se produjo después de que la entidad revocara un rechazo emitido el 16 de octubre. Según la información del caso, una falla técnica en el sistema de gestión documental impidió visualizar a tiempo los documentos con los que la empresa había subsanado los requisitos exigidos. Una vez revisada esa situación, la Superintendencia dio vía libre al trámite.

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Entre las razones que sustentan la solicitud están las obligaciones vencidas por más de 90 días con dos o más acreedores, que suman $2.673 millones y representan el 11 % del pasivo total. A esto se agregan al menos dos procesos ejecutivos vigentes que reclaman pagos por $3.579 millones. Con corte al 31 de julio de 2026, Legis reportó activos por $34.180 millones.

La compañía ha sido conocida por la edición y comercialización de libros, revistas y otros contenidos especializados. Sin embargo, en los últimos años amplió su actividad hacia el sector tecnológico, con servicios que incluyen desarrollo de software, inteligencia artificial, automatización de procesos, comercio electrónico, minería de datos y administración de plataformas digitales. La reorganización busca proteger la continuidad de la operación y preservar los empleos.

El panorama financiero también incluye obligaciones prioritarias por $2.909 millones en retenciones fiscales, $533 millones en aportes a la seguridad social y $44 millones correspondientes a descuentos realizados a trabajadores. La Superintendencia advirtió que las deudas fiscales y de seguridad social deben pagarse por completo antes de que se apruebe un eventual acuerdo de reorganización. Mientras avanza el proceso, la empresa tendrá restricciones para pagar obligaciones anteriores, vender activos por fuera de su actividad habitual, constituir nuevas garantías o modificar sus estatutos sin autorización.

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Con la admisión al trámite, las nuevas demandas ejecutivas contra Legis quedan prohibidas y los procesos de cobro que ya están en curso deberán incorporarse a la reorganización. El representante legal tendrá dos meses para actualizar el inventario de activos y pasivos, presentar la clasificación de créditos y entregar una proyección de flujo de caja que permita evaluar las posibilidades de recuperación financiera. La admisión no significa que la empresa haya superado sus dificultades, sino que inicia un procedimiento formal para buscar una solución con sus acreedores.

El volumen negociado durante la sesión alcanzó los US$1.197 millones a través de 1.552 transacciones, mientras que la tasa representativa del mercado previa se ubicó en $3.157,57.

El comportamiento a la baja se dio a pesar de que la moneda abrió al alza a la espera del debate de la ley de rescate económico impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Bonos internacionales y por qué el dólar en Colombia cae con fuerza este lunes

El apetito por activos locales estuvo respaldado por la salida del Ministerio de Hacienda a los mercados externos para colocar su primera emisión de bonos soberanos en dólares de la actual administración.

A nivel internacional, el índice DXY —que compara al dólar frente a una cesta de seis monedas duras— operó prácticamente plano en torno a las 101,65 unidades.

Los operadores mantuvieron la cautela ante la agenda de política monetaria de la Reserva Federal, lo que permitió que factores locales guiaran las monedas de la región andina.

En el caso de Brasil, por ejemplo, los mercados reaccionaron con tensión tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial, así como al anuncio de este último de no reconocer los resultados por polémicas como la reapertura de urnas ayer en la tarde.

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La Bolsa de São Paulo (Bovespa) sufrió caídas de doble dígito que activaron suspensiones temporales de operaciones, al tiempo que el real brasileño se depreció más del 8 %.

Por su parte, el sector energético operó en terreno negativo y limitó mayores ganancias para las divisas de economías exportadoras de crudo. El barril de petróleo Brent cayó 0,86 % hasta cotizarse en US$110,7, mientras que la referencia estadounidense WTI perdió casi 1,5 % para ubicarse en US$101,7 al cierre de las operaciones.

En el eje central del evento, Mario Hernández Zambrano, figura emblemática de la industria de la marroquinería de lujo colombiana, compartió su visión sobre la verdadera naturaleza del éxito empresarial. Hernández subrayó la importancia de la disciplina, la diferenciación y la calidad como principios innegociables. Desde su experiencia, resaltó que no existen recetas mágicas: el camino implica rigor, preparación y, sobre todo, humildad para aprender en cada etapa. Su mensaje se basó en la constancia y el conocimiento profundo del negocio como claves para consolidar marcas con valor agregado y vocación internacional.

El componente tecnológico estuvo a cargo de Jefferson Riveros, conocido como 'Soy El Jef', quien se centró en los beneficios de la adopción de inteligencia artificial (IA) y la automatización para mejorar la productividad. Según Riveros, implementar herramientas de IA en procesos como la atención al cliente y la gestión comercial permite optimizar los tiempos de respuesta e incrementar los resultados comerciales. Remarcó la importancia de pasar de la teoría a la acción, instando a los directivos a trazar rutas de aplicación inmediata que mantengan viva la visión empresarial.

La jornada también integró espacios de networking B2B (sigla en inglés para 'business to business', es decir, negocios entre empresas), en los cuales asistentes como Isaac Lozano, creador de la marca Camisas y Pantalones Monarca, valoraron la oportunidad de nutrirse con experiencias de líderes que apuestan por la innovación continua. El cierre, a cargo del actor y empresario cafetero Óscar Borda, aportó una reflexión sobre la importancia de la introspección y la coherencia entre cultura organizacional y propósito personal dentro de las empresas.

La Cámara de Comercio de Ibagué y Servicompetentes S.A.S. consolidaron, así, una alianza que refuerza la resiliencia empresarial de Tolima. Según la información del evento, esta fue la segunda edición de Visión 360, superando el balance positivo de su primera versión, celebrada el 2025 con más de 170 asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales temas tratados en el evento Visión 360 en Tolima?

Durante la segunda edición del evento Visión 360 en Tolima, los principales temas tratados incluyeron el desarrollo empresarial con enfoque en disciplina, diferenciación y calidad, la importancia de la internacionalización de las marcas, así como la adopción de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y la automatización en la gestión operativa y comercial. Además, se promovió el networking B2B y se abordó la dimensión humana y el propósito en la toma de decisiones corporativas, según información proporcionada por la Cámara de Comercio de Ibagué y testimonios de líderes asistentes.

¿Qué aportes hizo Mario Hernández sobre el éxito empresarial durante Visión 360?

Mario Hernández Zambrano enfatizó, durante el conversatorio central de Visión 360, que el éxito empresarial no depende de fórmulas sino de trabajo constante, disciplina y compromiso. Destacó la importancia de empezar desde la base, entender cada aspecto de la operación y tener la humildad necesaria para aprender en todas las etapas. Hernández recalcó que la diferenciación y la calidad son pilares esenciales para lograr empresas duraderas y con valor agregado en los mercados actuales.

Cabe mencionar que la reforma pensional del gobierno Petro fue aprobada en su estructura principal por la Corte Constitucional, aunque el alto tribunal devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite y la Cámara solicitó 30 días hábiles adicionales para corregirlos.

La contrarreforma plantea tres modificaciones principales: libertad para elegir quién administra los ahorros pensionales, devolución de saldos para quienes no cumplan los requisitos para pensionarse y mayores garantías para proteger los recursos y asegurar el pago de las mesadas.

La FM conoció el texto completo de la iniciativa, liderada principalmente por la senadora Claudia Margarita Zuleta, junto con los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal.

Libertad para escoger fondo

La propuesta elimina la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones sobre los ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos. En su lugar, los afiliados podrán elegir entre el fondo público y uno privado para administrar sus aportes correspondientes a ese rango salarial.

El proyecto también permitiría trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría obligatoria. Entre fondos privados, los cambios podrían realizarse cada seis meses.

La posibilidad de elegir también cobijaría a quienes actualmente están afiliados a Colpensiones y no pertenecen al régimen de transición.

“Las personas que, a la entrada en vigor de la presente ley, se encuentren afiliadas a Colpensiones y no estén cobijadas por el régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024 podrán elegir libremente entre Colpensiones y una Administradora del Componente Básico de Ahorro Individual”, señala el parágrafo transitorio del artículo 4.

Para quienes cotizan sobre ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, la iniciativa establece un plazo de seis meses para elegir la administradora de los aportes que excedan ese umbral. Si no lo hacen, se les asignaría un fondo de manera aleatoria.

Devolución de saldos

Otro de los cambios permitiría que las personas que lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos para acceder a una jubilación elijan entre distintas alternativas, incluida la devolución total de sus ahorros con rendimientos.

La propuesta contempla opciones como la devolución de saldos, la indemnización sustitutiva, una mensualidad vitalicia, una prestación anticipada, un beneficio económico periódico o una pensión familiar, según las condiciones aplicables a cada afiliado.

El artículo 5 del proyecto establece que quienes coticen en el pilar contributivo y no cumplan los requisitos para obtener una pensión integral de vejez podrán optar por alguna de estas alternativas.

Propiedad del ahorro y Estado como garante

La contrarreforma también establece que los recursos de las cuentas individuales serán patrimonio autónomo de los afiliados y estarán separados del patrimonio de las administradoras.

Además, plantea que los fondos inviertan los recursos con el objetivo de obtener la mejor mesada pensional posible, con una reducción gradual del riesgo a medida que el afiliado se acerque a la edad de jubilación.

El proyecto también señala que el Estado será el garante final de todas las pensiones y podrá exigir responsabilidades a las administradoras que incumplan sus obligaciones.

“El Estado es el garante final de todas las pensiones, en particular cuando circunstancias ajenas a la gestión de las administradoras pongan en riesgo la financiación de las mismas”, indica el artículo 8.

El mismo apartado establece que, cuando las administradoras incumplan sus obligaciones, el Estado podrá actuar contra su patrimonio y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno.

El Centro Democrático prevé presentar el proyecto esta semana ante el Congreso de la República. Entretanto, los sectores políticos están a la espera de conocer la posición del Gobierno Nacional frente a la iniciativa, en medio de las expectativas por su apoyo.

Las especificaciones técnicas de estos títulos públicos constan detalladamente en el suplemento del folleto informativo oficial, donde el despacho económico perfiló las pautas regulatorias para esta operación de financiamiento externo multilateral, según expuso el diario Portafolio.

El folleto institucional determina formalmente las características operativas de los instrumentos crediticios, los esquemas de desembolso de cupones, las cláusulas de redención anticipada y las mayorías decisorias requeridas para cambiar sus acuerdos contractuales.

En cuanto al compromiso crediticio, los papeles representarán obligaciones directas a cargo de la República de Colombia, contando con el respaldo pleno de su fe y crédito para tranquilidad de los inversores globales.

Pese a divulgar los aspectos normativos iniciales, las autoridades de la cartera económica omitieron todavía publicar la cuantía global de la colocación y el cupón de rentabilidad definitivo aplicable a la transacción crediticia.

Ambos indicadores financieros resultan completamente indispensables dentro del mercado bursátil para calcular el verdadero costo del endeudamiento fiscal y anticipar el volumen real de capital fresco que captará el país suramericano.

El cronograma estipulado por el Ministerio de Hacienda ratifica que estos instrumentos vencerán exactamente en 2056, permitiendo colocaciones fraccionadas en denominaciones mínimas de US$ 200.000 y sumas adicionales mediante múltiplos enteros de US$ 1.000.

La estructura contractual prevé cancelaciones periódicas de cupones de interés, si bien el borrador gubernamental accesible aún exhibe pendientes los intervalos cronológicos precisos y el calendario definitivo para efectuar los giros monetarios.

Dentro del perfil legal de la deuda externa nacional, estos papeles calificarán con estatus de compromisos directos, generales, incondicionales, no garantizados y enteramente no subordinados frente a otras obligaciones del tesoro público.

De igual manera, gozarán de un respaldo absoluto sustentado en la fe y crédito de la nación, ratificando el compromiso inquebrantable asumido por el Estado frente a los inversionistas tenedores de los bonos.

La estructuración garantiza además que los títulos mantendrán idéntica jerarquía y tratamiento paritario frente a cualquier otro compromiso externo de crédito no garantizado ni subordinado contratado con anterioridad por el país.

No obstante, esta equivalencia legal de prelación no obliga a la nación a ejecutar desembolsos proporcionales inmediatos respecto a otras deudas foráneas cada vez que atienda el servicio regular de estos títulos.

Entre las facultades contractuales reservadas por el emisor sobresale la potestad discrecional para amortizar los bonos de forma adelantada a la fecha de vencimiento sin penalidades legales gravosas.

La nación podrá aplicar este rescate previo de manera global o parcial en cualquier instante, notificando dicha determinación con una antelación formal situada dentro de un margen de 10 a 60 días.

Asimismo, la regulación contractual aclara taxativamente que los valores emitidos carecerán de un fondo de amortización específico para responder por su extinción progresiva antes del plazo convenido institucionalmente.

Por otra parte, el documento contempla salvaguardas operativas muy exigentes al momento de alterar cláusulas esenciales o modificar condiciones reservadas que impacten a una serie individual de la emisión.

Cualquier ajuste estructural sobre una única serie demandará la aprobación formal y expresa de acreedores que concentren más del 75% del capital principal total pendiente de pago en dicho segmento.

Cuando las alteraciones pretendidas involucren varias emisiones conjuntas, los inversionistas deberán respaldar la votación superando más del 75 % del valor consolidado o alcanzando el 66,67 % agregado junto al 50 % por serie.

La estrategia contempla radicar solicitudes de listado en la Bolsa de Luxemburgo para transar en el mercado Euro MTF, complementando el ingreso al Mercado Internacional de Valores (ISM) de Londres.

El expediente aclara que el mecanismo ISM no constituye un mercado regulado conforme a la Directiva 2014/65/UE, conocida como MiFID II, advirtiendo que la solicitud tampoco garantiza el inicio automático del comercio bursátil.

Los agentes del mercado aguardan la publicación de los datos faltantes sobre tasas, plazos y montos definitivos para medir el impacto fiscal que asumirá la economía colombiana con esta ambiciosa operación.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega a los $3.145 lo que son $13 más frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

El mercado está pendiente de lo que puede ser la ley de rescate anunciada por el gobierno De la Espriella y que tiene como foco sanear las finanzas del país.

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Lo otro que mueve al dólar en Colombia

Analistas locales aseguran que es necesario un ajuste sobre la carga impositiva, buscando mayores y mejores fuentes de ingresos a través de impuestos.

Adicionalmente, está pendiente el mercado de la definición de las tasas de interés a manos del Banco de la República. La Junta se llevará a cabo este viernes y se prevé un nuevo aumento.

El dólar en Colombia, en el plano internacional, sopesa los efectos sobre la inversión en la región luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil, al tiempo que el gobierno de Estados Unidos podría volver endurecer su postura frente a Irán.

La iniciativa busca facilitar su recuperación, proteger empleos y evitar el deterioro del tejido empresarial colombiano.

Entre las compañías vinculadas a procesos de reorganización o reestructuración en Colombia se encuentran actualmente Canacol Energy, Audifarma, Almacenes Flamingo, Ingenio La Cabaña y Monómeros Colombo Venezolanos.

Sin embargo, no todas atraviesan la misma etapa. Canacol adelanta un proceso de insolvencia transfronteriza, mientras que Audifarma tiene un acuerdo para normalizar más de $2,7 billones en obligaciones durante 12 años. Flamingo, por su parte, busca reorganizar cerca de $339.700 millones en pasivos en un plazo de 10 años.

Monómeros también cuenta con un acuerdo confirmado, mientras que el estado actualizado del proceso de Ingenio La Cabaña requiere verificación.

En otros asuntos empresariales, el mandatario destacó la compra de Presto por parte de IRCC S. A. S., filial de Grupo Nutresa, operación que permitirá conservar cerca de 700 empleos y garantizar la continuidad de la cadena de restaurantes.

En materia energética, pidió investigar a generadoras que presuntamente incumplieron compromisos de entrega de energía firme durante el fenómeno de El Niño.

Finalmente, aseguró que las donaciones privadas al Fondo Patria Milagro superan el billón de pesos para atender a los afectados por el terremoto.

La iniciativa busca reducir las diferencias entre las obligaciones fiscales de restaurantes independientes, franquicias y establecimientos acogidos al Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

Actualmente, las franquicias pagan, por regla general, un IVA del 19 %, con posibilidad de descontar los impuestos que cumplen los requisitos legales.

Los restaurantes independientes están sujetos al impuesto nacional al consumo del 8 %, sin el mismo mecanismo de descuentos tributarios. En el caso de los negocios inscritos en el SIMPLE, el impuesto al consumo se integra a la tarifa de ese régimen, según las condiciones aplicables.

El Proyecto de Ley 454 de 2026 Cámara plantea unificar estas reglas con una tarifa del 5 % de IVA y permitir el descuento de impuestos pagados en compras relacionadas con la actividad.

Para los contribuyentes del SIMPLE, propone integrar el impuesto a la tarifa de ese régimen.

La iniciativa, respaldada por gremios como Acodres, Asobares y la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, también contempla un Certificado de Inversión Gastronómica para financiar proyectos aprobados y utilizar esos aportes como pago parcial del impuesto de renta.

Además, propone crear una ventanilla única para centralizar trámites y permisos, con un plazo máximo de 30 días hábiles para responder cuando se cumplan los requisitos. Sin embargo, los cambios dependerán de la aprobación del Congreso.

Uno de los casos más representativos es el de Francisco José de Caldas, quien fue astrónomo, geógrafo, naturalista, botánico e ingeniero. La imagen de este sabio neogranadino apareció por primera vez en el billete de 20 pesos en 1953, un valor con el que, en ese momento, se podían cubrir necesidades básicas como el mercado, el calzado familiar o el alquiler de vivienda. Posteriormente, en 1981, Caldas repitió en la denominación de 20 pesos, con una imagen donde no solo figuraba su rostro, sino detalles como un compás en su mano izquierda y la derecha simulando sostener un globo terráqueo. Además de su labor científica, Caldas fue periodista y luchó en la independencia de Colombia, lo que lo llevó a ser fusilado. En su honor, en 1968, se estableció el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” (Colciencias).

José Celestino Mutis, sacerdote y botánico español, es otro caso destacado. Su rostro apareció en el billete de 200 pesos para conmemorar el bicentenario de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, la cual dirigió. Aunque no era colombiano de nacimiento, su legado en la ciencia local le valió este reconocimiento. El billete de 200 pesos fue sustituido en 1992 por una moneda de igual denominación.

Julio Garavito Armero, ingeniero, astrónomo y matemático colombiano, hizo parte de este selecto grupo desde 1996, figurando en el billete de 20 mil pesos. Su trabajo al frente del Observatorio Astronómico Nacional y su estudio de cuerpos celestes como el cometa Halley y la Luna fue tan trascendental que la Unión Astronómica Internacional bautizó con su nombre cinco cráteres lunares. Este aporte también se refleja en la presencia de la luna dentro del diseño del billete.

Desde diciembre de 2016, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda aparece en el billete de diez mil pesos. Reconocida por sus estudios sobre la familia colombiana y la antropología de la salud, su producción intelectual ha influido en políticas gubernamentales en torno a la familia. Su inclusión en la moneda nacional representa un reconocimiento a las ciencias sociales en la memoria colectiva.

Según el texto, estos billetes tendrán un valor especial como piezas de museo en el futuro, brindando una forma adicional de recordar los grandes aportes de la ciencia colombiana y mundial.

¿Cuáles son los científicos colombianos que aparecen en los billetes y por qué fueron seleccionados?

Los científicos destacados en billetes colombianos, según el texto, son Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis, Julio Garavito Armero y Virginia Gutiérrez de Pineda. Fueron seleccionados por sus contribuciones en astronomía, botánica, matemáticas, antropología y por su impacto duradero en el desarrollo científico y social del país.

¿Qué es Colciencias y qué relación tiene con Francisco José de Caldas?

Colciencias, denominado oficialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, fue fundado en 1968 para promover la investigación científica en Colombia. Su nombre rinde homenaje al sabio Francisco José de Caldas, reconocido por sus múltiples aportes a la ciencia y la independencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así lo muestran las cifras de KOA, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, cuyo CDT digital superó los 18.000 ahorradores y 28.500 certificados durante su primer año, con inversiones acumuladas por más de $435.000 millones.

El producto ya tiene presencia en 410 municipios de 31 departamentos. El 54 % de sus clientes pertenece a los estratos 1, 2 y 3, el 35 % tiene 35 años o menos y el 49 % vive fuera de Bogotá, evidenciando una mayor participación de regiones y segmentos que tradicionalmente han tenido menor acceso a inversiones.

El CDT puede abrirse desde $250.000 de manera completamente digital y fija una tasa de interés desde el momento de la apertura. Durante el primer año, los ahorradores recibieron más de $14.242 millones en intereses.

La digitalización también permite abrir certificados fuera del horario bancario: el 43 % se constituyó en esos horarios y el 29 % de los clientes ya tiene más de un CDT.

Los productos ofrecidos por entidades inscritas en Fogafín cuentan con el Seguro de Depósitos.

El acercamiento surgió después de que la compañía entrara en liquidación, momento en el que los inversionistas presentaron una propuesta al liquidador.

La fórmula contempla adquirir los activos de Presto sin asumir los pasivos de la sociedad, que acumulaba deudas cercanas a $45.000 millones. El valor de la transacción no fue revelado. Ahora, el reto será recuperar una marca que perdió clientes y atraviesa dificultades operativas.

El plan contempla renovar restaurantes, mejorar infraestructura, mobiliario, presentación y calidad de los alimentos. La recuperación podría tardar entre dos y tres años, con precios que competirían con El Corral y McDonald’s.

Presto se integrará a la estructura de alimentos de Grupo Nutresa, aprovechando procesos de abastecimiento, producción y distribución ya existentes. También podría incorporar productos de Mimo’s, cadena adquirida recientemente por los Gilinski.

La compra hace parte de una estrategia de expansión que incluye nueve adquisiciones durante el año en categorías como chocolates, helados, restaurantes y pasabocas.

Venezuela aparece además como un mercado de interés para futuras oportunidades de consumo, energía, infraestructura y servicios financieros.

Mac Master presentó su renuncia señalando que el entorno de la asociación se había vuelto más complejo y que existían presiones que, según afirmó, podían afectar su capacidad de actuar con autonomía. Ahora, el comité encargado de la sucesión definió una lista de cinco candidatos.

Entre los nombres aparece Luz Stella Murgas, actual presidenta ejecutiva de Naturgas y con amplia experiencia en el sector minero-energético. También está Carlos Andrés De Hart Pinto, exviceministro de Desarrollo Empresarial y directivo con trayectoria en los sectores público, privado y gremial.

La lista incluye además a Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería desde 2019; Nicolás Uribe Rueda, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y exrepresentante a la Cámara; y Jaime Bermúdez Merizalde, excanciller y exembajador de Colombia en Argentina.

La elección definirá quién asumirá el liderazgo del principal gremio empresarial del país en un momento marcado por fuertes debates sobre la relación entre el sector privado y el Gobierno.

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Los futuros del fondo cotizado iShares MSCI Brazil (EWZ) registran una caída cercana al 20 %, con una cotización de 34,16 dólares. El movimiento se produce mientras el conteo preliminar de la segunda vuelta confirma la victoria del presidente Lula da Silva, quien se reelige por cuarta vez, aunque en esta ocasión, en una coyuntura marcada por una polémica extensión en el horario de elección.

A su vez, acciones como Nubank caían más de un 10 % tras confirmarse el resultado de la elección presidencial.

¿Qué explica la reacción de los mercados?

Las elecciones presidenciales son un factor relevante para los activos brasileños porque el resultado puede modificar las expectativas sobre la política fiscal, el gasto público, las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento económico. En este contexto, los inversionistas ajustan sus posiciones de acuerdo con los escenarios que consideran más probables para el próximo periodo de gobierno.

El EWZ busca ofrecer exposición a acciones brasileñas y permite observar cómo se comportan determinados activos del país en el mercado estadounidense. Su cotización, sin embargo, no equivale directamente al desempeño del Ibovespa, el principal índice de la Bolsa de São Paulo, y también puede verse afectada por las condiciones de negociación, los movimientos del dólar y otros factores financieros.

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Tras la elección, la atención se concentra ahora en la respuesta mañana de los principales activos financieros de Brasil. El comportamiento del real frente al dólar, la Bolsa de São Paulo y los títulos de deuda pública ayudará a establecer el alcance de la reacción de los mercados.

También será importante conocer las señales del próximo gobierno de Lula en materia fiscal y económica para lo cual la trayectoria del gasto público, el manejo de la deuda y las perspectivas de inflación e intereses serán variables determinantes para las decisiones de inversión.

La medida busca que la inspección laboral se concentre en resolver los problemas de los trabajadores y no únicamente en imponer multas. Así, si un empleador adeuda salarios, no ha afiliado a un trabajador al sistema de seguridad social o presenta errores en la liquidación de horas extras, el inspector podrá señalar la irregularidad, explicar cómo corregirla y establecer un plazo.

Si el empleador cumple dentro del tiempo establecido, se evita el avance del proceso sancionatorio. Sin embargo, si no corrige la situación, la investigación continúa y puede terminar en una multa.

El Ministerio aclaró que la advertencia debe quedar por escrito, estar debidamente motivada y aplicarse con criterios uniformes en todo el país.

La directriz no aplica cuando la conducta constituye un delito o cuando el caso ya está en manos de una autoridad con poder preferente.

El Gobierno sostiene que el cambio busca fortalecer la protección laboral y cumplir los convenios de inspección de la OIT, bajo la idea de que el inspector también debe prevenir, orientar y ayudar a solucionar conflictos.

En 2026, el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia quedó establecido en $1.750.905. Frente a ese ingreso, la versión más económica del dispositivo, con 256 GB de almacenamiento, cuesta $9.199.000. Esto equivale a cerca de 5,25 salarios mínimos completos, una cifra que permite dimensionar cuánto representa el equipo frente a los ingresos de un trabajador que recibe ese pago.

¿Cuánto hay que trabajar para comprar el iPhone Duo ganando el salario mínimo?

La diferencia también se refleja al calcular el valor de una jornada de trabajo. Si el ingreso mensual se divide entre 30 días, un trabajador que gana el mínimo recibe aproximadamente $58.364 diarios. Bajo ese cálculo, necesitaría cerca de 158 días de salario para reunir el dinero de la versión básica, suponiendo que destinara todos sus ingresos a la compra y no pagara alimentación, vivienda, transporte ni otras obligaciones.

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El precio aumenta según la capacidad de almacenamiento. El modelo de 512 GB se vende por $9.999.000, equivalente a unos 5,71 salarios mínimos mensuales. En el extremo superior está la versión de 2 TB, cuyo costo llega a $14.799.000, es decir, alrededor de 8,45 salarios mínimos. Esta última exigiría cerca de 254 días de ingresos completos si se destinara todo el dinero exclusivamente al teléfono.

Para quienes no pueden apartar la totalidad de su sueldo, el tiempo de ahorro sería considerablemente mayor. Si una persona guardara el 20 % de su salario mínimo mensual, unos $350.181, necesitaría aproximadamente 26 meses para comprar el iPhone Duo de 256 GB. El plazo subiría a cerca de 29 meses para la versión de 512 GB y a unos 42 meses para el modelo de 2 TB, sin contar posibles variaciones en el precio.

Las cifras muestran la diferencia entre el valor del nuevo dispositivo y los ingresos de quienes reciben el salario mínimo en Colombia. Aunque el tiempo necesario para comprarlo depende de la capacidad de ahorro y de los gastos de cada persona, incluso el modelo más económico representa varios meses de ingresos. Los cálculos son aproximados y no contemplan cambios futuros en los precios ni otros costos asociados a la compra.

Adicionalmente, existe una interpretación pragmática detrás de la decisión de no remover a Gómez de su cargo. Según las versiones recogidas, no era aconsejable expulsarlo en este momento debido al impacto negativo que semejante movimiento enviaría a los mercados financieros, precisamente cuando el país está en un proceso de búsqueda de respaldo por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, “lo salvaron” por el riesgo que suponía abrir una crisis de confianza, en un contexto donde la credibilidad financiera juega un papel estratégico para la gestión económica del gobierno entrante.

Como parte de la respuesta a lo sucedido, sostienen que a Gómez se le retiró la potestad de vocería pública sobre temas cruciales del presupuesto estatal. Ahora, este rol relevante recae en el vicepresidente José Manuel Restrepo, lo que es visto como una forma de “jalón de orejas”, es decir, una reprimenda sin llegar a la destitución. Este ajuste interno busca suavizar los efectos del percance y renovar la interlocución entre el gobierno y los actores económicos.

En el fondo de este debate surge otro interrogante predominante en el Capitolio: la ausencia de aval presidencial a una proposición que pretendía recortar COP 40 billones al gasto público, impulsada por el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático. Aunque el Ejecutivo no ha ocultado su interés en la reducción del gasto estatal, la iniciativa no contó con el respaldo definitivo desde la Presidencia. Esta situación ha generado incertidumbre, especialmente sobre los motivos que llevaron a ese distanciamiento entre el discurso oficial y las decisiones prácticas en materia presupuestal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se mantuvo en el cargo tras el debate del presupuesto?

De acuerdo con el diario citado, la permanencia de Miguel Gómez como ministro de Hacienda se debe principalmente a la influencia de su relación con Carlos Suárez, destacado como figura clave en el gobierno, y a la necesidad de evitar señales negativas a los mercados mientras Colombia busca apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sacarlo en este contexto podría haber afectado la confianza financiera.

¿Por qué no se respaldó la propuesta de recorte de COP 40 billones al presupuesto estatal?

Según la información suministrada, la iniciativa del senador Rafael Nieto para reducir el gasto estatal en COP 40 billones, aunque se alineaba con los intereses expresados públicamente por el Ejecutivo, no recibió el aval necesario del presidente durante el debate en el Congreso, lo que generó dudas sobre la coherencia entre los anuncios oficiales y las acciones gubernamentales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Universidad de San Gallen, institución académica suiza de gran reconocimiento. El entrenamiento se desarrollará en dos fases: primero, en Colombia del 8 al 12 de febrero de 2027, bajo la organización del Icetex; posteriormente, en Suiza del 15 al 19 de marzo de 2027, liderada por el Swiss Leading House. El objetivo central, de acuerdo con lo expuesto por el Icetex, es avanzar en los planes de negocio de los participantes, facilitar nuevos vínculos con la industria y resolver cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

Solo serán seleccionados diez representantes de startups, uno por empresa, quienes tendrán la posibilidad de concursar por un apoyo financiero de 40 millones de pesos colombianos (COP), destinados a desarrollar un proyecto o investigación. El beneficiario deberá reportar el progreso del proyecto ante el Icetex. La selección de los proyectos se realizará en función de su potencial empresarial, la innovación del modelo de negocio, el plan de escalabilidad, el origen geográfico del postulante y el rendimiento académico en pregrado, como se detalla en la convocatoria.

Las personas interesadas en postularse deben ser colombianas, residir en el país y poseer un título de pregrado, licenciatura o tecnología profesional expedido por una institución colombiana. Además, se requiere que sean estudiantes o investigadores en programas de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, y que cuenten con experiencia investigativa consolidada. Los candidatos deben tener entre 25 y 50 años y demostrar un nivel B2 de inglés. Es condición indispensable liderar o formar parte de una startup o proyecto tecnológico y presentar la postulación en formato PDF, utilizando la plataforma establecida por el ICETEX.

La beca cubre el total de los costos del programa tanto en Suiza como en Colombia, los tiquetes internacionales, seguro médico no farmacéutico durante la estadía en ambos países, alimentación, hospedaje y transporte interno. La convocatoria permanecerá abierta hasta las 5:00 p.m. del 23 de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca del Icetex y Swiss Leading House?

De acuerdo con la información del Icetex, las personas que deseen participar deben ser colombianas, residir en el país, haber obtenido un título universitario o tecnológico en Colombia, estar cursando o haber culminado estudios de posgrado, y demostrar liderazgo en una startup o proyecto tecnológico. También se exige un rango de edad de 25 a 50 años, acreditar nivel de inglés B2 y enviar la solicitud en la plataforma oficial en formato PDF.

¿Qué beneficios ofrece la beca para emprendedores en el programa AIT?

Según lo señalado por el Icetex, el programa Academia-Industry Training ofrece 100 % de cobertura en costos del curso tanto en Colombia como en Suiza, tiquetes aéreos internacionales, seguro médico (excepto medicamentos), alimentación, hospedaje y transporte interno durante ambas fases del entrenamiento. También otorga un apoyo económico de COP 40.000.000 para el desarrollo de proyectos o investigaciones.

La más reciente Encuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sobre la Tasa de Intervención del Banco de la República confirmó este panorama alcista en el mercado bancario, replicado por Portafolio.

El sondeo reveló que 13 de las 19 corporaciones analizadas pronostican un alza de 25 puntos básicos, movimiento que ubicaría el indicador de referencia del 12,25% al 12,50%.

Por su parte, los seis establecimientos restantes proyectan que la Junta Directiva optará por conservar inalterado el valor crediticio en el 12,25% a lo largo de este ciclo.

Las proyecciones recopiladas coinciden en que la resolución final evidenciará posturas divididas, descartando un consenso unánime entre los codirectores del organismo emisor al momento de sufragar.

La persistencia del costo de vida fundamenta estas previsiones técnicas, luego de que el registro inflacionario anual trepara al 6,29% en septiembre con un salto representativo.

Ese resultado reflejó una subida de cinco puntos básicos respecto al 6,24% computado en agosto, situándose 229 puntos básicos por encima del techo del rango meta del 4%.

Aunque ciertos rubros subyacentes exhibieron signos de enfriamiento, el balance global continúa tensionando las variables macroeconómicas y presiona decisiones contractivas en las tasas de interés.

La canasta familiar evidencia que las prestaciones y los alimentos concentraron el 72% del encarecimiento global que soportan los hogares dentro de la economía nacional.

El sector servicios reportó una escalada del 7,2%, inyectando 3,3 puntos porcentuales al registro total, mientras la comida aumentó un 6,7% con 1,3 puntos de incidencia directa.

Similar comportamiento mostraron las tarifas de bienes regulados, las cuales registraron un repunte interanual del 6,7% que añadió otros 1,3 puntos porcentuales al balance general de septiembre.

En contraste, los artículos manufacturados generaron la menor repercusión estadística con solo 0,5 puntos, anotando una contracción mensual de precios equivalente al 0,1%.

El fortalecimiento cambiario del peso colombiano frente a divisas internacionales alivió los costos de bienes importados, reduciendo este componente específico en 0,21 puntos porcentuales.

De igual manera, el índice que excluye alimentos y suministros regulados descendió del 6,1% visto en agosto al 6,0% registrado en el noveno mes del año calendario.

Asimismo, la métrica básica que descuenta únicamente productos alimenticios retrocedió del 6,3% al 6,2%, mostrando una corrección moderada que sigue distante de los objetivos trazados.

El consenso de analistas consultados por el centro de pensamiento advierte que las presiones sobre precios continuarán vigentes en los trimestres venideros para el territorio nacional.

La mediana bancaria calcula un cierre inflacionario del 6,38% para octubre, mientras sitúa la cifra anual consolidada de 2026 en un elevado 6,80%.

La institución financiera plantea un pronóstico más cauto fijado en 6,6% para diciembre, esperando una trayectoria descendente hacia el 5,1% al cierre de 2027.

Para ese mismo periodo, el consenso general de los operadores económicos prevé que el costo de vida descenderá hasta el 5,22% en el país.

El retorno al rango meta institucional demandará un proceso pausado, pues los intermediarios sitúan el 4% apenas hacia finales del año 2028 en Colombia.

No obstante, Anif estima que dicho indicador concluirá en 4,3%, señalando que contingencias ambientales como el fenómeno de El Niño prolongarán los riesgos tarifarios.

Este ciclo climático impacta directamente al 19% de la canasta familiar y sus secuelas podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027 sobre energía y comestibles.

A estas tensiones se agrega el traslado indexado del salario mínimo, cuyo incremento del 23% para 2026 impulsó los sectores ligados a mano de obra.

Dichos rubros sensibles acumularon hasta septiembre un alza del 8,8%, superando ampliamente el 6,7% observado en el mismo tramo temporal del periodo previo de 2025.

La actividad productiva introduce elementos adicionales al debate monetario, luego de que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) cayó 0,04% interanual en agosto.

Este registro contrasta con el vigoroso avance del 2,7% alcanzado en agosto de 2025, sumando un retroceso intermensual del 3,1% en la producción local.

El desglose sectorial confirmó caídas del 3,2% anual en actividades primarias y del 3% en las secundarias, frente a una expansión terciaria del 1,1%.

Pese al enfriamiento productivo, los analistas sitúan la brecha del producto en 0,01 puntos porcentuales en 2026, señalando un funcionamiento económico cercano a su potencial.

Este panorama local convive con incertidumbres tributarias gubernamentales y presiones externas originadas en la Reserva Federal de Estados Unidos tras ajustar tasas entre 3,75% y 4,00%.

Aunque el indicador FedWatch proyecta con un 91,7% de probabilidad que el banco estadounidense mantendrá estables sus tipos, el Emisor colombiano afronta un desafío mayúsculo.

En entrevista con Valora Analitik durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2026, en México, Ortiz habló de los planes de la compañía en Colombia, la congestión de El Dorado, las tarifas promocionales y el interés en el mercado venezolano.

Tras la ruta Buenos Aires-Medellín, el aumento de frecuencias a Punta Cana y la consolidación de la base en Medellín, ¿qué espera JetSmart de Colombia en 2027?

La aviación suramericana y Colombia en particular, tiene operadores de altísimo nivel en flota y confiabilidad, pero la presión del costo del combustible es muy fuerte: a nivel global es un incremento de unos US$150.000 millones.

Por lo que muestran los últimos números publicados, los márgenes de la industria aérea mundial van a estar en cero.

Creo que vamos a ver un 2027 en el que todos vamos a ser más prudentes con el crecimiento. Eso no quiere decir que JetSmart no vaya a crecer.

Hay oportunidades en Colombia y hay muchas rutas que todavía no volamos. Pero va a depender de cómo se desarrolle el año y de cómo se vaya ajustando la capacidad.

¿Colombia ha resultado mejor de lo que esperaba?

Los niveles de ocupación que logramos este año han estado por encima de lo que pensábamos. La respuesta ha sido positiva.

Cada cierto tiempo hacemos un estudio a bordo en cada país para saber cuántas personas declaran volar por primera vez. Algunas no lo dicen porque les da pena, pero muchas sí. Colombia es el país con el porcentaje más alto, y eso me sorprendió, porque lleva muchos años con aerolíneas de bajo costo: 22 % de los pasajeros declara volar por primera vez gracias a JetSmart.

¿Cuánto limita la congestión de El Dorado el crecimiento de JetSmart en Colombia?

No afecta solo el crecimiento, también la eficiencia: El proceso de asignación de slots no es fácil para una aerolínea que está creciendo, porque se hace con base en los históricos.

Para que un itinerario sea fácil de vender, uno necesita operar el mismo día a la misma hora con confiabilidad.

Hemos pedido que la asignación sea óptima, pero la mejor solución es que haya más slots. Colombia tiene un estudio claro, con pasos específicos, y que esto sirva para que, aprovechando el cambio de gobierno, impulsemos como sector y como interés nacional lo que ya está previsto.

Es cerca de 40 % más de capacidad. Va a cambiar el flujo de turismo, a diversificar la economía y a darles más salida a los colombianos.

¿Por qué insistir en la ampliación ahora, si el combustible frena el crecimiento?

Precisamente por eso; Si el mercado se recupera rápido, que es muy posible, y en la segunda mitad del año el combustible regresa a números más razonables, volvemos a lo mismo: que en El Dorado no hay slots y no se puede crecer.

Este es el momento de implementar El Dorado Max y lo que la Aerocivil ya anunció: poner a funcionar las dos pistas paralelas, ojalá en menos tiempo y llevar a El Dorado a 100 operaciones por hora.

Hoy hay tiquetes de JetSmart en Colombia en promoción por cerca de $47.500. ¿Operan a pérdida para ganar mercado mientras otras aerolíneas suben precios por el combustible?

En los precios hay dos factores clave: El primero es la oferta y la demanda.

Colombia va a crecer cerca de 5 % en capacidad doméstica en el cuarto trimestre, aunque se proyectaba un crecimiento mucho más agresivo a comienzos de año.

Creo que en los próximos meses los operadores vamos a tener que ajustarnos a la realidad del combustible y puede haber un incremento de precios.

El segundo es nuestro modelo de negocio. Hemos ofrecido tarifas bajas en todos los mercados durante muchos años para buscar al pasajero que de otra forma no volaría. Pero no vendemos todo a $ 47.000.

Hay un porcentaje del inventario que ponemos disponible para atraer a ese pasajero: entra a la categoría, sabe cómo es volar y lo vuelve a hacer.

No hay una relación directa entre la tarifa más baja y la tarifa media del vuelo, que depende de la ocupación y de con cuánta anticipación se compre.

¿Ve posible volar a Venezuela?

Cuando uno mira la historia de Venezuela, el mercado aéreo de hoy es apenas cerca del 15 % de lo que era. Aunque descontemos la migración, es un mercado con oportunidad, pero tienen que darse muchas condiciones para que eso pase.

Hay que estar pendientes y cerca y eso sí lo estamos haciendo.

Depende de cómo evolucione el corto plazo, pero sin duda es una oportunidad en la región. Hasta hace muy poco no la considerábamos realista. Creo que ahora sí lo es.

¿Qué tanto interés hay en Estados Unidos, en particular en el sur de la Florida, ahora que Spirit dejó espacio en rutas desde Colombia?

Siendo franco tengo mucho más que hacer y crecer dentro de Colombia y en vuelos internacionales hacia Suramérica antes de ir a Estados Unidos.

Tenemos mucho para enfocarnos en este mercado y ganar escala.

¿Deberían diferenciarse las tasas según la distancia del vuelo?

Tiene que haber una lógica económica entre la operación de un vuelo y la tasa. Si pago US$6 o US$7 por un vuelo doméstico de dos horas, no tiene sentido pagar US$70 por un vuelo internacional de las mismas dos horas desde el mismo aeropuerto.

¿Contempla JetSmart un producto para el pasajero premium?

Para mí es sencillo: mantenernos como la aerolínea de menor costo de la región.

Lo hemos logrado de manera consistente y eso no va a cambiar.

Pero en los últimos años hemos capturado segmentos de mercado y lo vamos a seguir haciendo.

En vuelos cortos, la diferencia no está tanto en la cabina como en el producto y la experiencia. Habrá más innovaciones como el All You Can Fly de este año, que superó por mucho nuestras expectativas: unas diez veces más.

El artículo 186 señala que “los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas”. También existe una excepción para profesionales y ayudantes de establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y para quienes trabajan en la aplicación de rayos X, quienes tienen derecho a 15 días de descanso por cada seis meses de servicio.

Pero una de las dudas más comunes tiene que ver con quién decide cuándo llega ese periodo. De acuerdo con el artículo 187, “la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso”.

Además, el empleador debe avisar con al menos 15 días de anticipación la fecha en la que concederá las vacaciones. Esto significa que el jefe sí puede determinar el periodo de descanso si trabajador y empresa no llegan a un acuerdo.

Lo que no puede hacer el empleador es negarle indefinidamente las vacaciones a una persona que ya cumplió el año de servicio. La fecha puede ser acordada entre ambas partes, pero si no existe consenso, el empleador puede fijarla dentro de los términos establecidos por la legislación.

También hay reglas para situaciones particulares. Si existe una interrupción justificada del periodo de descanso, el trabajador no pierde el derecho a reanudar sus vacaciones.

Por otro lado, trabajador y empleador pueden acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que hasta la mitad de las vacaciones sea compensada en dinero. Durante el descanso el empleado recibe el salario ordinario que devenga al comenzar sus vacaciones, con las exclusiones contempladas por la ley.

Esta resolución estratégica marca el final de una alianza comercial ininterrumpida vigente desde 1986, modificando drásticamente el menú de gaseosas disponible para los clientes en las sucursales norteamericanas del restaurante, según replicó Reuters.

El cronograma estipula que la renovación de dispensadores iniciará en enero de 2027, proyectando que la transición operativa concluya plenamente en toda la nación hacia la primavera de 2027. Desde Colombia, los clientes miran con atención si es implica alguna clase de novedad para este mercado.

Lo cierto es que la ruptura representa un revés severo para PepsiCo, dado que la cadena avícola opera actualmente 3.718 sedes estadounidenses, en momentos donde la fabricante busca recuperar terreno en ventas de refrescos.

A la par, el segmento de pasabocas de la multinacional afronta presiones derivadas de precios elevados y tendencias de consumo orientadas hacia alternativas nutricionales mucho más saludables.

El consejero delegado de PepsiCo, Ramon Laguarta, admitió recientemente que restablecer márgenes operativos y acelerar la expansión financiera requiere más tiempo del calculado en las proyecciones presupuestarias iniciales.

La relación empresarial surgió cuando la corporación de bebidas compró la franquicia avícola para fortalecer su presencia alimentaria, manteniendo el suministro tras escindir la compañía en 1997 bajo Yum Brands.

Frente a la coyuntura, Jay Woods, estratega jefe de mercado en Freedom Capital Markets, analizó el impacto bursátil señalando: “Es simplemente una mala imagen para PepsiCo… cuando pierdes a un socio de marca de tanto renombre como ese. Esta podría ser la gota que derrama el vaso en términos de percepción pública”.

El especialista bursátil, cuya firma posee participación accionaria en Coca-Cola, añadió respecto al reacomodo corporativo: “Es muy poco común que dos gigantes de la misma industria tomen rumbos tan marcadamente distintos”.

Asimismo, el fondo activista Elliott Investment Management fiscaliza minuciosamente a PepsiCo, presionando a la directiva para liquidar activos improductivos e impulsar el rendimiento financiero en América del Norte.

Pese al rompimiento en Estados Unidos, Yum Brands y la productora de sodas ratificaron pactos en KFC International y consolidaron un convenio por 10 años para abastecer Taco Bell.

La firma conserva convenios exclusivos con cadenas como Subway, Jersey Mike’s Subs y Pizza Hut, firma que abandonó recientemente el conglomerado matriz tras haber migrado desde Coca-Cola en 2011.

Por su parte, Coca-Cola consolidará su presencia nacional en Estados Unidos al desembarcar en los restaurantes de pollo frito antes de concluir la primavera de 2027, manteniendo en confidencialidad los montos económicos pactados. Este movimiento sucede en la misma época en la que en Colombia hubo cambio en los dueños de Presto.

La incorporación de Coca-Cola fortalece la hegemonía de la marca en comida rápida, donde ya figura como distribuidor principal en gigantes globales del sector como McDonald’s y Wendy’s.

La primicia sobre este histórico traspaso corporativo trascendió inicialmente mediante un reporte emitido por The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

¿Cuántos locales de KFC hay en Colombia?

La cadena multinacional de comida rápida KFC mantiene una sólida expansión operativa en el mercado gastronómico colombiano, alcanzando más de 120 restaurantes activos en el país.

El conglomerado avícola concentra su mayor presencia en Bogotá, ciudad que agrupa cerca de cincuenta sucursales estratégicamente ubicadas en centros comerciales, corredores viales y barrios tradicionales.

Asimismo, la compañía opera establecimientos en otras urbes metropolitanas clave como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Santa Marta y Villavicencio.

La operación de la franquicia en el país depende del grupo empresarial internacional Telepizza, corporación encargada de administrar los puntos de venta y liderar las aperturas locales.

El modelo de negocio combina locales tradicionales con servicio en mesa, áreas de juegos infantiles, ventanillas de auto rápido y una moderna infraestructura orientada a domicilios.

La empresa genera más de dos mil empleos directos e indirectos en Colombia, priorizando la contratación de personal joven y promoviendo esquemas de formación laboral continua.

Para abastecer su red restaurantera, la multinacional adquiere materias primas de proveedores locales, fortaleciendo la industria avícola y agrícola de las distintas regiones productoras del país.

El plan corporativo contempla inaugurar nuevas sucursales durante los próximos meses en ciudades intermedias con alto dinamismo económico y creciente consumo familiar fuera del hogar.

El anuncio fue realizado durante la clausura del Congreso Colombiano de la Construcción 2026.

El Presupuesto General de 2027 quedó fijado en $634,9 billones y fue expedido mediante decreto por el Gobierno Nacional, después de un vicio de trámite en el Congreso de la República. Restrepo señaló que el recorte busca eliminar excesos de gasto y evitar que el país dependa del sobreendeudamiento y el derroche fiscal.

El funcionario también indicó que el ajuste se suma a un recorte de $13,8 billones aplicado al presupuesto de 2026, equivalente al 0,7 % del PIB.

Según Restrepo, el Gobierno busca fortalecer la inversión privada mediante incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica.

Durante su intervención, además, destacó la política de vivienda, con tres líneas de acción: reconstruir, reactivar y crecer. Para atender las zonas afectadas por el reciente terremoto, se dispone inicialmente de $1,7 billones, junto con beneficios tributarios y obras por impuestos.

El Gobierno también plantea alcanzar un crecimiento económico del 6 %, apoyado en eficiencia estatal, talento, energía, inversión y financiación.

El gerente de la institución, Ricardo Hoyos, explicó que el hospital ya entregó información sobre sus obligaciones pendientes a Coosalud y Famisanar, como parte del plan de choque impulsado por el Ministerio de Salud para aliviar la situación financiera de la red hospitalaria.

Sin embargo, hasta ahora el HUS no ha recibido desembolsos mediante este mecanismo. Hoyos aclaró que el proceso no implica el pago inmediato de toda la deuda, sino una revisión de las facturas para determinar cuáles pueden ser reconocidas y posteriormente canceladas.

Según el gerente, una vez surtido el proceso de facturación y revisión, el hospital espera recibir los recursos correspondientes en un plazo aproximado de 40 días.

La expectativa es que estos pagos ayuden a mejorar el flujo de caja y permitan mantener la operación y atención de pacientes.

Aunque la deuda de las EPS representa un desafío financiero importante, Hoyos aseguró que el HUS no ha tenido mayores restricciones en la prestación de servicios.

El hospital ahora espera que el plan de choque avance y que las obligaciones pendientes se conviertan efectivamente en pagos.

Las expectativas sobre fenómenos climáticos de muy alto impacto, indica un informe de Corficolombiana, constituyen las principales variables para la materialización de escenarios complejos.

Con esto, y ante un eventual fenómeno de El Niño acompañado de temperaturas muy elevadas, el precio de los alimentos en Colombia subiría con mayor énfasis en carnes, leche, verduras, frutas y arroz, entre otros productos de muy alto consumo.

Señala el documento que, si bien en alimentos todavía no se evidencia un impacto significativo de El Niño, la mayor intensidad que muestra el fenómeno mes a mes sugiere que sus efectos podrían comenzar a trasladarse a estos precios hacia finales de año.

Esto hará que suba el precio de los alimentos en Colombia

Explica el pronóstico que, en 2027, la inflación se moderaría a 5,5 %, aunque su convergencia a la meta sería lenta, tal como también lo estima el Banco de la República.

“Los choques de oferta empezarían a revertirse por efectos base y por la disipación de El Niño en el segundo semestre, aunque en la primera mitad del año seguirían presionando alimentos y energía”, señala sobre lo que podría pasar con los alimentos en Colombia.

Finalmente, la indexación de precios a la inflación de 6,8 % en 2026, concluye el análisis de Corficolombiana, limitaría el ritmo de descenso.

La entidad gubernamental destinará una inversión total de 669.581 millones de pesos para beneficiar de forma directa a 2’850.685 adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el país.

Para este ciclo de pagos, los participantes inscritos recibirán transferencias monetarias de hasta 230.000 pesos colombianos, dependiendo de las condiciones socioeconómicas y la edad registrada en el sistema.

“El gobierno Petro dejó el programa desfinanciado”, afirmó la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, luego de que se lanzó el anuncio para millones de beneficiados.

En el Distrito Capital de Bogotá, los adultos mayores que no acceden al monto diferenciado recibirán 150.000 pesos gracias a los convenios de cofinanciación suscritos con la administración local.

Para llevar a cabo el cobro del subsidio de Colombia Mayor, los beneficiarios deben acudir personalmente a los puntos autorizados de los operadores postales oficiales SuperGiros y SuRed con su cédula de ciudadanía original.

El personal encargado verificará la identidad del ciudadano en taquilla, registrará la huella biométrica y entregará el dinero en efectivo junto con la tirilla de pago correspondiente.

Los adultos mayores deben exigir su comprobante físico antes de retirarse del punto de atención y verificar que el valor entregado coincida exactamente con la cifra estipulada.

Asimismo, la entidad recordó que las personas con movilidad reducida o problemas de salud severos pueden autorizar a un familiar mediante poder debidamente legalizado ante una notaría pública.

Respecto a este nuevo desembolso, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, entregó un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad de los recursos ante las inquietudes ciudadanas.

La funcionaria pública declaró con firmeza: “Quiero reiterarles a todos los beneficiarios de Colombia Mayor nuestro compromiso con la garantía de estos recursos fundamentales”.

Suárez Pérez puntualizó además que el equipo gubernamental trabaja sin descanso para “responderles con hechos, asegurar la financiación del programa y mantenerlos informados sobre cada avance” institucional.

La directora enfatizó que la administración central encontró serias dificultades presupuestales, pero ratificó el respaldo absoluto del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hacia este sector.

En sus intervenciones públicas, la titular de la entidad remarcó que el Gobierno nacional no abandonará a los adultos mayores bajo ninguna circunstancia durante el presente mandato.

La funcionaria advirtió a todos los ciudadanos que los trámites ante Prosperidad Social son completamente gratuitos y no requieren la intervención de terceros ni cobradores ajenos.

Para evitar caer en engaños o fraudes financieros, recomendó consultar el estado de vinculación ingresando exclusivamente al portal web oficial www.prosperidadsocial.gov.co antes de trasladarse.

La entidad tiene habilitada la línea telefónica (+57) 601 3791088 para celulares, el código de mensajería gratuita 85594 y el conmutador nacional gratuito 01-8000-95-1100.

Igualmente, los beneficiarios pueden consultar las novedades a través de los canales institucionales de mensajería digital y en los despachos de las gerencias regionales habilitadas.

Las personas interesadas en conocer el cronograma específico por municipio deben acercarse a las alcaldías locales o revisar las plataformas digitales oficiales de las administraciones distritales.

Los coordinadores del programa recomendaron planificar los desplazamientos en horarios diurnos para evitar filas extensas y acudir acompañados por personas de confianza en zonas urbanas y rurales.

El Gobierno nacional reiteró que mantendrá los esquemas de transferencias monetarias para apoyar a los hogares colombianos más necesitados que carecen de una pensión formal.

Las jornadas de pago continuarán desarrollándose bajo estrictos controles de seguridad para proteger a los pensionados y evitar aglomeraciones en los locales de desembolso autorizados.

Por otro lado, De la Espriella reveló que el Gobierno nacional desempeñó un papel fundamental al facilitar acercamientos entre Presto y distintos conglomerados empresariales. Según su relato, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, fue quien estableció puentes con varios posibles compradores, entre los cuales Nutresa fue el elegido para concretar la adquisición. El mandatario subrayó que la colaboración entre el Poder Ejecutivo, la Superintendencia de Sociedades y el sector privado permitió que las partes cerraran el negocio en cuestión de horas. Destacó además que el objetivo principal de la operación es salvaguardar cerca de 700 empleos directos y asegurar la continuidad de la marca Presto en el mercado nacional.

Este movimiento corporativo se da en medio de una difícil coyuntura financiera para Presto, empresa fundada en Bogotá en 1981, que recientemente afrontó un proceso de liquidación judicial, ordenado en octubre. Esta medida amenazaba la permanencia de una de las marcas más emblemáticas dentro del sector de comidas rápidas en Colombia, con más de 40 años de trayectoria. La compra por parte del Grupo Nutresa aparece como una salida que permite mantener en marcha los restaurantes y evitar el cierre definitivo provocado por la liquidación.

El Grupo Nutresa, por su parte, consolida su presencia en el competitivo sector de restaurantes y alimentos preparados en Colombia con la incorporación de Presto a su portafolio. Nutresa ya cuenta con otras marcas de relevancia, como El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón, que opera a través de su filial IRCC S. A. S. Se estima que, con Presto, el grupo sumará a su operación más de 156 establecimientos en el país, fortaleciendo así su posicionamiento en el mercado nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Presto fue vendida al Grupo Nutresa?

Presto enfrentó una crisis financiera severa que la llevó a un proceso de liquidación judicial, lo cual amenazaba la continuidad de la marca y ponía en riesgo alrededor de 700 empleos directos. La venta al Grupo Nutresa, gestionada en medio de esta emergencia, permitió mantener la operación comercial de los restaurantes y evitar el cierre definitivo, de acuerdo con la información entregada por la propia cadena y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuáles marcas de restaurantes opera actualmente el Grupo Nutresa en Colombia?

Según lo comunicado en la información oficial, el Grupo Nutresa participa en el mercado de restaurantes y comidas preparadas en Colombia a través de marcas como El Corral, Papa John’s y Leños & Carbón, las cuales maneja mediante su filial IRCC S. A. S. La incorporación de Presto sumaría más de 156 establecimientos nuevos a la operación de Nutresa en el país.

El debate en torno al salario mínimo no solo gira en torno a una cifra, sino también a una negociación compleja en la que intervienen el Gobierno, los representantes de los sindicatos y los empresarios. Como resalta la información, el porcentaje final que se apruebe dependerá de un proceso de concertación donde se evaluarán factores como la inflación, la productividad del país, el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, la CUT sostiene su planteamiento con el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares colombianos, buscando así un mayor bienestar. Por otro lado, desde el sector empresarial, especialmente entre quienes representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, se ha manifestado preocupación por el impacto que un incremento elevado podría tener en los costos laborales, aspecto que se discute en la mesa de concertación salarial.

Es importante subrayar que, aunque la propuesta de la CUT de elevar el salario mínimo en un 38,4 % ha despertado gran interés, todavía no existe un acuerdo definitivo. La decisión sobre el incremento oficial solo se conocerá una vez se concluya la etapa de negociación entre todas las partes involucradas. Por lo tanto, hasta ahora, los montos que se mencionan en las proyecciones deben considerarse como posibles escenarios, no como cifras aprobadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones afectan el aumento del salario mínimo en Colombia?

El aumento del salario mínimo se define mediante negociaciones que consideran diversos factores como la inflación, el crecimiento económico, la productividad y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, según la información sobre la mesa de concertación salarial entre sindicatos, empresarios y Gobierno.

¿Cuánto sería el salario mínimo en 2027 si se aprueba la propuesta de la CUT?

Si prospera la propuesta de la CUT de un ajuste del 38,4 %, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a alrededor de $2.423.252, y con el auxilio de transporte ajustado en la misma proporción, el total podría acercarse a $2.700.052 mensuales, aunque este cálculo aún no es definitivo.

De acuerdo con el documento técnico de UNIMINUTO, el PESE busca desarrollar competencias clave como pensamiento estratégico, responsabilidad social empresarial, liderazgo e innovación. El modelo está diseñado para que los estudiantes conozcan situaciones reales vividas por empresarios, las analicen y formulen propuestas de fortalecimiento. Entre los retos identificados en el Tolima -donde se concentra la iniciativa- figuran el fortalecimiento del liderazgo directivo, la planeación estratégica, la productividad y el acceso a mercados. La región cuenta con más de 23.000 unidades productivas registradas ante la Cámara de Comercio de Ibagué, de las cuales el 94 % son micro y pequeñas empresas. El PESE se propone conectar el conocimiento universitario con la realidad y necesidades del tejido empresarial local.

La experiencia actual del PESE está orientada a la responsabilidad social de los empresarios. En una primera etapa, estudiantes de posgrado desarrollan trabajos de caracterización y diagnóstico con empresarios, identificando las acciones de responsabilidad social que han implementado y cómo estas han impactado su entorno. Las herramientas empleadas incluyen entrevistas, grupos focales, observación, diarios de campo y otras técnicas de investigación. A partir de esto se construye un diagnóstico y se propone un plan estratégico para fortalecer las acciones existentes.

En una segunda etapa, el componente de Comunicación permite diseñar una estrategia o plan de medios para visibilizar las trayectorias de responsabilidad social de los participantes, contando quién es el empresario, qué acciones ejecuta y cómo se relaciona con su comunidad. Actualmente, dos empresas del Grupo Empresarial del Tolima, que agrupa a más de 40 empresarios locales, están vinculadas a esta primera experiencia.

El PESE articula la formación académica, fortalece la conexión entre UNIMINUTO y el sector productivo e impulsa el desarrollo regional, enmarcándose dentro de tres ejes: pensamiento estratégico, responsabilidad social empresarial y liderazgo transformador. A diferencia del Proyecto Capstone -que tiene una orientación consultiva-, el PESE centra su labor en caracterizar y robustecer la responsabilidad social ya existente de los empresarios participantes, ampliando luego sus alcances a través de estrategias comunicativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la responsabilidad social empresarial y cómo la trabaja el PESE de UNIMINUTO?

La responsabilidad social empresarial (RSE) comprende las acciones que las empresas realizan para contribuir positivamente a la sociedad, el medio ambiente y su comunidad, más allá de sus fines económicos. El PESE de UNIMINUTO se enfoca en identificar, analizar y fortalecer las acciones de RSE ya existentes en los empresarios participantes, proponiendo mejoras y visibilizando sus trayectorias e impactos mediante diagnósticos, planes estratégicos y estrategias de comunicación.

¿Qué diferencia hay entre el PESE y el Proyecto Capstone de UNIMINUTO?

El Proyecto Capstone en UNIMINUTO se basa en una lógica de consultoría, donde el estudiante aborda diferentes áreas de una empresa para aplicar sus conocimientos ante una problemática real. Por su parte, el PESE tiene como eje el liderazgo estratégico y la responsabilidad social empresarial, realizando diagnósticos centrados en las acciones de RSE del empresario para luego proponer planes de fortalecimiento y visibilización, articulando además componentes comunicativos en el proceso.

La situación de Frayco, revelada el 13 de octubre de 2026, daba cuenta de una compleja coyuntura financiera que ya en 2023 había obligado a la compañía a iniciar un proceso de reorganización empresarial, de acuerdo con los datos suministrados en el reporte. Una vez en liquidación, la venta se perfila como un salvavidas para una marca con fuerte tradición en el país, fundada en 1981 y que ha transitado por diferentes manos empresariales a lo largo de 45 años. La operación tiene como fin asegurar la continuidad de Presto bajo un nuevo liderazgo, aunque no se dio a conocer el valor económico del negocio según la información disponible.

La llegada de Presto al portafolio de Grupo Nutresa implica que dos de las cadenas de hamburguesas más reconocidas en Colombia, Presto y El Corral, compartirán ahora casa matriz junto con otras marcas como El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Este movimiento empresarial representa una significativa integración en el sector de la comida rápida nacional. La República informó que, en 2025, El Corral obtuvo ingresos de $791.204 millones, y Presto $108.629 millones, cifras que, al sumarlas, ilustran la relevancia comercial del conglomerado, sin que eso sea un indicativo inmediato de monopolio.

Para clientes y empleados, Grupo Nutresa afirmó que la marca Presto mantendrá su identidad y propuesta característica, dando inicio a una nueva etapa. Jaime Gilinski expresó que se busca potenciar el crecimiento de Presto “de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”. Por su parte, Abelardo De La Espriella indicó en declaraciones que la transacción ayudaría a preservar 700 empleos; sin embargo, esta cifra proviene únicamente de su declaración pública y no implica una confirmación absoluta sobre la continuidad de los puestos de trabajo, lo cual dependerá del proceso de transición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Presto fue vendida al Grupo Nutresa en 2026?

Presto fue vendida debido a que su empresa operadora, Franquicias y Concesiones S. A. S. (Frayco), atravesaba dificultades financieras y tuvo que declararse en liquidación judicial el 13 de octubre de 2026. La situación adversa llevó a la necesidad de un nuevo propietario que asegure la continuidad de la marca y sus operaciones. La adquisición por parte de Grupo Nutresa respondió a esta coyuntura, permitiendo que Presto inicie una nueva etapa empresarial bajo un conglomerado con trayectoria en el sector.

¿Qué significará para Presto y sus empleados estar bajo el Grupo Nutresa?

Estar bajo el control de Grupo Nutresa implica que Presto mantendrá su identidad y propuesta, mientras cuenta con el respaldo operativo y financiero de un gran conglomerado. Aunque el conglomerado afirmó su intención de preservar la esencia de Presto, aspectos como la estabilidad laboral y las condiciones de empleo quedan sujetos a la forma en la que se gestione la transición. Según Abelardo De La Espriella, se buscaría preservar 700 empleos; sin embargo, este dato debe interpretarse como una expectativa y no como un hecho confirmado.

La noticia llega en un contexto tenso, donde los cuestionamientos por el trámite del presupuesto han despertado la atención del país acerca de la transparencia y la exactitud en la elaboración de este documento fundamental para las finanzas públicas. Aunque la periodista Quinn fue quien dio a conocer la noticia, su publicación no incluye los nombres de los funcionarios presuntamente renunciados ni los errores específicos que desembocaron en la crisis dentro de la entidad. Esta falta de información concreta deja abiertos varios interrogantes sobre la dimensión real del problema y la naturaleza de las fallas cometidas en el proceso legislativo.

Por ahora, la única certeza es que la supuesta renuncia, de confirmarse, llegaría en medio de crecientes dudas sobre la gestión presupuestal y el proceder de quienes tienen la tarea de articular el diálogo entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. En ausencia de confirmación oficial por parte del propio ministerio, y sin mayores precisiones en la información divulgada, el tema sigue pendiente de desarrollo y podría tener consecuencias significativas tanto en el interior de la cartera como en el ambiente político nacional. Como suele suceder en estos episodios de incertidumbre, la expectativa de nuevas declaraciones o evidencias oficiales aumenta en la opinión pública y en los escenarios de control político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció el equipo legislativo del Ministerio de Hacienda, según la periodista Darcy Quinn?

De acuerdo con el reporte de Darcy Quinn, el equipo encargado de los asuntos legislativos en el Ministerio de Hacienda habría renunciado a causa de los errores detectados en la aprobación del presupuesto nacional. Sin embargo, la información difundida no precisa quiénes presentaron su dimisión ni especifica la naturaleza exacta de los errores que motivaron esa decisión.

¿Qué errores en el trámite presupuestal generaron la polémica en el Ministerio de Hacienda?

La publicación divulgada por Darcy Quinn no detalla los errores particulares en el trámite del presupuesto que dieron origen a la polémica. Por esta razón, la información disponible se limita a señalar que existieron fallas en el proceso de aprobación, sin esclarecer en qué consistieron ni cómo afectaron el procedimiento legislativo.

(Vea también: Alertan por problema que se daría con el salario mínimo para el otro año en Colombia; ¿de qué depende?)

El directivo se refirió al tema durante el Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol, y defendió que la negociación tenga en cuenta tanto las condiciones económicas del país como la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Su planteamiento consiste en retomar como referencia la inflación y la productividad, con la posibilidad de sumar algunos puntos adicionales. De acuerdo con Mora, el objetivo debe ser compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin perder de vista el contexto económico.

“Compensarles con la sumatoria de la inflación, la productividad y tal vez unos pequeños puntos”, explicó el banquero al referirse a los criterios que, en su opinión, deberían orientar la discusión.

Acá, sus declaraciones:

Alza en el salario mínimo: el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dio una cifra alrededor de la cual debería ser el incremento que defina la mesa de negociación tripartita entre empresarios, Gobierno y sindicatos. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/RugOkgYeMK

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

¿De dónde sale el cálculo de un aumento de hasta 9 % en el salario mínimo?

Mora explicó su estimación a partir de una inflación del 6,29 % y una productividad que ubicó entre el 1,5 % y el 2 %. Al sumar esas variables, el resultado se acercaría al rango de incremento que mencionó.

Sin embargo, ese cálculo corresponde al planteamiento del directivo y no constituye una cifra oficial ni un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. El porcentaje definitivo dependerá de la negociación y de los indicadores que se tengan en cuenta.

El banquero también señaló que el salario mínimo tiene una dimensión social, pues para numerosas familias representa su principal fuente de ingresos. Por eso, consideró que la discusión no debería limitarse a las variables técnicas.

(Recomendado: Las cajas de compensación tienen una opción de crédito que muchos afiliados aún desconocen)

En el encuentro, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que el Gobierno De la Espriella pretende avanzar en los procedimientos necesarios para que las 11 cajas que actualmente se encuentran bajo intervención puedan recuperar su operación ordinaria antes de que termine el periodo presidencial. La funcionaria precisó que el proceso deberá ajustarse a las disposiciones legales y cumplir los requisitos establecidos para cada entidad.

“Esas 11 cajas intervenidas deben lograr su desintervención antes de que finalice este Gobierno”, afirmó López Fuentes durante el panel de apertura, en el que estuvo acompañada por la superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur Mejía.

Proyecto de ley busca fortalecer la vigilancia de las cajas

Otro de los anuncios de la ministra fue la presentación de una iniciativa legislativa destinada a reforzar las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional.

La propuesta plantea diferenciar las medidas cautelares de las sanciones administrativas mediante criterios definidos. También busca establecer causales objetivas para la adopción de decisiones y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las entidades involucradas.

Con estos ajustes, el Gobierno pretende ofrecer mayor seguridad jurídica a las 42 cajas de compensación familiar y establecer condiciones más claras para supervisar la administración de los recursos del sistema, lo que beneficiaría a los trabajadores en Colombia.

Durante el congreso, el Ministerio del Trabajo también destacó la importancia de coordinar acciones con las autoridades competentes y los actores del sector para mejorar el funcionamiento institucional, promover la formalización laboral y proteger los recursos destinados al bienestar de las familias colombianas.

Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, confirmó que los giros iniciarán el próximo miércoles 28 de octubre. Por tanto, los beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales y consultar desde esta fecha el estado del giro. 

“Este miércoles 28 de octubre comienzan los giros a los beneficiarios de Colombia Mayor”, anunció la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez. Recibirán hasta $230.000, para lo cual la entidad invertirá $669.581 millones. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/m66PxqxY8j

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026

El anuncio llega en medio de las preocupaciones por la financiación de los programas sociales. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló de un déficit cercano a los 2 billones de pesos en Colombia Mayor, programa dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

“Sabemos lo importante que son para miles de hogares y desde nuestra llegada a la entidad hemos adelantado todas las gestiones necesarias para continuar con las entregas”, afirmó Suárez Pérez, según la declaración citada por Caracol Radio.

¿Cuánto paga Colombia Mayor en octubre de 2026?

Los montos informados para el programa son los siguientes:

• Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65: 230.000 pesos.
• Resto de beneficiarios: 80.000 pesos.

Cabe recordar que los pagos se han gestionado mediante los operadores SuperGiros y SuRed, cuya red cuenta con más de 31.000 puntos de atención en el país.

Otra alternativa consiste en registrar una cuenta bancaria o billetera digital por medio del Gestor de Información Financiera (GIF), para recibir la transferencia mediante el producto financiero habilitado.

La cifra planteada por Restrepo supone una reducción considerable de los recursos destinados a distintos sectores estatales. El vicepresidente sostuvo que el país necesita un cambio en el manejo del gasto público y cuestionó que el crecimiento económico dependa de un aumento constante de los desembolsos del Estado.

“Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos”, afirmó Restrepo. Durante su intervención, el funcionario insistió en que el país debe abandonar un modelo que, en su opinión, se apoya demasiado en el gasto público.

El vicepresidente también defendió la necesidad de impulsar la inversión privada como parte de la estrategia económica. Restrepo señaló que el país debe evitar que los inversionistas se alejen y buscar condiciones que permitan atraer nuevamente capital.

“Ninguna Nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable”, manifestó el funcionario. En su intervención, añadió que uno de los retos consiste en recuperar la confianza de quienes pueden invertir en Colombia.

El anuncio se conoce después de que el Gobierno decretara un recorte de 13,8 billones de pesos al presupuesto de 2026. Restrepo mencionó esa reducción como un primer compromiso dentro del ajuste fiscal que, a su juicio, debe continuar durante el próximo año.

En conjunto, los sectores enumerados concentran cerca de 5,78 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 42 % del ajuste total.

Los sectores con recorte en 2026

Estos son los recortes previstos para las entidades mencionadas:

• Aeronáutica Civil: $949.143 millones.
• Registraduría Nacional del Estado Civil: $775.000 millones.
• Rama Judicial: $696.496 millones.
• Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): $393.306 millones.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: $366.845 millones.
• Ministerio del Trabajo: $269.814 millones.
• Ministerio del Interior: $261.862 millones.
• Fiscalía General de la Nación: $260.600 millones.

Las cifras muestran que el ajuste de 2026 recae sobre entidades de distintos sectores, entre ellas organismos de control, dependencias del Ejecutivo y la Rama Judicial. Los valores enumerados suman aproximadamente 5,78 billones de pesos y representan una parte importante de la reducción presupuestal decretada.

La discusión de fondo apunta a la dimensión del recorte que debería aplicarse en 2027. Los 70 billones de pesos mencionados por Restrepo corresponden a su planteamiento sobre el ajuste necesario para las cuentas públicas del próximo año, no a una reducción que ya haya sido decretada.

De acuerdo con la información suministrada, el portal le permite a cada joven, tras identificarse con usuario y contraseña, hacer verificaciones de forma personalizada sobre el estado de los incentivos económicos que están destinados a respaldar su formación. Este sistema incluye no solo a estudiantes de instituciones de educación superior, sino también a quienes están matriculados en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo cual da cuenta del alcance del programa en distintas etapas educativas.

Entre las principales ventajas de este portal está la posibilidad de consultar detalles actualizados de las liquidaciones vigentes, revisar cuáles ciclos de pago se encuentran activos y conocer de antemano las fechas de dispersión de los recursos. Cabe destacar que estos incentivos pueden ser entregados a través de abonos en cuentas bancarias o mediante giros postales nacionales, lo cual otorga flexibilidad y diversas alternativas de cobro para los beneficiarios. De esta manera, la plataforma busca asegurar que la información sobre los pagos sea clara y oportuna.

El alcance del portal no se limita a la gestión de los aspectos financieros. La herramienta también está concebida como un mecanismo de autogestión esencial para que los beneficiarios mantengan su permanencia en el subsidio. Los jóvenes tienen la obligación, y a la vez la facilidad, de actualizar sus datos de contacto, cambiar información de residencia y cargar documentos como diplomas de graduación o soportes requeridos en caso de suspensiones. Además, la plataforma permite reportar novedades académicas relevantes, como cambios en el programa formativo o solicitudes de aplazamiento de semestre. Así, el portal funge como un canal directo de comunicación entre los estudiantes y el Gobierno, lo cual contribuye a la transparencia en la entrega de las ayudas dirigidas a la educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el portal de Renta Joven para consultar incentivos y pagos?

El portal de Renta Joven permite a los jóvenes matriculados en educación superior o en el SENA consultar, mediante usuario y contraseña, el estado de sus incentivos económicos, liquidaciones, ciclos de pago y fechas de dispersión de recursos, ya sea por abono bancario o giro postal, según Prosperidad Social.

¿Qué trámites pueden gestionarse en el Portal de Renta Joven?

Los beneficiarios pueden actualizar datos de contacto y residencia, cargar documentos como diplomas, reportar cambios académicos y informar sobre aplazamientos de semestre, funcionalidades que facilitan la gestión autónoma y la permanencia en el subsidio educativo.

El impacto de este decreto se siente especialmente en los departamentos, pues la inversión regionalizada se redujo en 21 de ellos si se compara con lo aprobado para 2026, durante la administración de Gustavo Petro. Atlántico es el territorio más afectado, con una disminución de COP 538.181 millones en inversión, pasando de una asignación de COP 2,7 billones en 2026 a COP 2,2 billones en 2027. Según El Espectador, esta situación resulta paradójica ya que Atlántico ha sido una zona clave en el comienzo del mandato de De la Espriella, quien ha usado Barranquilla como sede alterna de la Presidencia y ha contado con el respaldo político de la familia Char. Antioquia, otro departamento estratégico para el gobierno actual, también experimentó una reducción: la inversión regionalizada bajó de COP 6,8 billones en el último presupuesto del gobierno Petro a COP 6,3 billones bajo De la Espriella.

En total, la inversión regionalizada aprobada para 2027 es de COP 86,9 billones, frente a los COP 94,6 billones que se habían acordado inicialmente antes del error legislativo, según datos de El Espectador. La diferencia de COP 8,36 billones obedece a que el segundo debate había reasignado recursos del servicio de deuda a inversión, adiciones que no pudieron mantenerse en el texto final decretado. La Constitución establece que, en ausencia de acuerdo en el Congreso, entra en vigencia el texto aprobado por las Comisiones Económicas, lo que eliminó los recursos adicionales para las regiones.

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¿Cuáles departamentos tuvieron mayor reducción de inversión regionalizada en el Presupuesto General 2027?

De acuerdo con El Espectador, Atlántico encabeza la lista de departamentos con mayor reducción de inversión regionalizada, perdiendo COP 538.181 millones. Le siguen Antioquia con COP 451.252 millones menos, Bolívar con COP 444.262 millones, Tolima con COP 300.561 millones y Norte de Santander con COP 207.376 millones. Esta disminución afecta significativamente la financiación de proyectos y servicios públicos en estas regiones.

¿Por qué se decretó el Presupuesto General de la Nación 2027 y no se aprobó en el Congreso?

El Presupuesto General de la Nación 2027 fue decretado por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras un error en el trámite legislativo que impidió que el Senado y la Cámara conciliaran el texto definitivo dentro del tiempo reglamentario. Según la información de El Espectador, en estos casos la Constitución establece que se adopta el texto aprobado en Comisiones Económicas, descartando adiciones propuestas en el segundo debate.

Esa misma decisión la agradeció públicamente la marca, y a través de redes sociales publicó un mensaje en que, simplemente, les agradece a ese grupo económico y al presidente de la República por creer.

“Hoy queremos agradecer al Grupo Nutresa por apostar por Presto y abrir una nueva oportunidad para el futuro de esta marca tan querida por los colombianos”, dice la carta que publicó la compañía, que hasta hace pocos días estaba prácticamente en la quiebra en Colombia.

Seguido, les dedicó unos párrafos al mandatario y a parte del equipo de la Supersociedades.

“Al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Alexandra Macías Sánchez, gracias por su apoyo y participación en este momento tan importante para nuestra historia”, señala la empresa.

(Vea también: Sale a flote historia tras Presto: aún busca nuevo dueño para evitar su adiós luego de 45 años)

Presto se salvó en Colombia y agradece el apoyo logrado

La marca, además, destacó que siempre ha tenido claro que su importancia en Colombia va mucho más allá de las hamburguesas.

“Son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer”, sostuvo.

Finalmente, Presto dice estar lista para renovar su esperanza y crecer para seguir siendo una gran empresa, con nuevas oportunidades y que acompañe a los colombianos por muchos años más.

Este es el comunicado completo:

 

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El pacto reúne al Ministerio de Hacienda, la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin), el Banco Cooperativo Coopcentral y la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe).

La iniciativa se suscribió en el marco del 16º Congreso Internacional de Asomicrofinanzas. Parte de un diagnóstico sobre la exclusión crediticia en el país.

Según las cifras citadas por los firmantes, cerca del 63 % de los colombianos no accede a crédito formal. Además, un estudio de ANIF y Colombia Fintech señala que las tasas de interés de los préstamos informales pueden alcanzar el 382,2 % efectivo anual (E. A.) para los hogares y el 666,5 % E. A. para las empresas.

(Vea también: Vicepresidente Restrepo se va contra el gota a gota en Colombia: cobran hasta “720 %”)

Acuerdo busca facilitar el regreso al crédito formal

Uno de los ejes del pacto es la rebancarización de personas y negocios que quedaron excluidos del sistema financiero después de atravesar dificultades económicas, pero que han recuperado su capacidad de pago y endeudamiento.

Las entidades firmantes plantean facilitar su regreso progresivo al crédito formal, dentro del marco regulatorio y de los criterios de gestión de riesgos vigentes.

“Desde Fecolfin creemos que combatir el ‘gota a gota’ implica abrir puertas al crédito formal y dar segundas oportunidades, promoviendo una cultura de pago responsable y protegiendo al deudor de buena fe”, afirmó Freddy Castro Badillo, presidente ejecutivo de Fecolfin.

El directivo agregó que también es necesario fortalecer la tecnología de las cooperativas y avanzar hacia una regulación que tenga en cuenta su naturaleza, tamaño y perfil de riesgo.

Por su parte, Carlos Acero, presidente de Confecoop, destacó la capacidad de las cooperativas para atender a comunidades, trabajadores independientes y pequeños negocios gracias a su presencia territorial y al conocimiento de sus necesidades.

“Las cooperativas cuentan con una amplia presencia territorial y un conocimiento sobre las necesidades de las comunidades, los trabajadores independientes y los pequeños negocios de emprendimiento, lo que se constituye en una fortaleza para construir soluciones que respondan a sus necesidades reales”, señaló.

Educación financiera y tecnología, otros ejes del pacto

Además de ampliar el acceso a la financiación, el acuerdo contempla acciones de educación financiera para mejorar el manejo del endeudamiento, fortalecer la gestión financiera de los negocios y prevenir el fraude.

El tercer componente es el uso responsable de la tecnología y las herramientas digitales para facilitar el acceso y la utilización de servicios financieros formales.

Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de Analfe, señaló que los fondos de empleados también pueden contribuir a este propósito mediante alternativas de ahorro y crédito solidario.

“Nos sumamos a este acuerdo que busca ampliar la inclusión financiera, promover el endeudamiento responsable y brindar nuevas oportunidades a quienes desean recuperar su acceso al sistema financiero formal”, afirmó.

Jorge Andrés López, presidente ejecutivo del Banco Cooperativo Coopcentral, destacó el papel del ahorro y el crédito productivo en la estrategia. “Nuestra razón de ser es promover el ahorro y el crédito productivo, con procesos de integración y escalamientos que faciliten la innovación y tecnología en la prestación de los mismos”, indicó.

El acuerdo busca articular las capacidades del Gobierno nacional, las entidades microfinancieras y el sector cooperativo para ampliar las alternativas formales de financiación, reducir la dependencia de los préstamos informales y facilitar que más personas recuperen el acceso al sistema financiero.

El encuentro, programado entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuenta con la participación confirmada de figuras como la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa; el director general del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Juan Camilo Ostos; la vicepresidenta de Planeación, Riesgo y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Nury Logreira; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, según destaca la organización del evento.

Uno de los temas centrales será la conectividad entre Buenaventura y el interior del país. Entre los proyectos en discusión se encuentra la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la conexión vial entre Buga, Loboguerrero y Buenaventura, así como el fortalecimiento de la infraestructura energética. También se analizará la actualización de las concesiones portuarias y la posible adopción de tecnologías relacionadas con la electrificación de muelles y el uso de combustibles menos contaminantes. En cuanto a otras iniciativas, la agenda incluye la malla vial del norte del departamento, el aeropuerto de la región y el tren de cercanías, consideradas prioridades estratégicas por la directora ejecutiva de la CCI Seccional Occidente, Diana Rojas.

Después del sismo de agosto, la reconstrucción y recuperación son parte fundamental del diálogo. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali presentarán la hoja de ruta para la región. Posteriormente, directivos de entidades como ProPacífico y el Departamento Administrativo de Hacienda de Cali examinarán cómo transformar las necesidades post-sismo en proyectos que puedan financiarse y ejecutarse. En este sentido, los empresarios podrán aportar por medio de esquemas como Obras por Impuestos, buscando ejecutar proyectos de infraestructura social.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el objetivo es fijar prioridades, identificar obstáculos y definir compromisos claros para avanzar en la recuperación y el desarrollo del occidente del país.

¿Cuáles son los proyectos clave de infraestructura que se discutirán en el Valle del Cauca?

El encuentro presentado por la CCI Seccional Occidente pondrá sobre la mesa proyectos como la profundización del canal de acceso del puerto de Buenaventura, la conexión vial Buga-Loboguerrero-Buenaventura, la infraestructura energética, la malla vial del norte, el aeropuerto de la región y el tren de cercanías. Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad y mejorar la conectividad del departamento, según lo enfatizado por los organizadores del evento.

¿Qué significa el esquema "Obras por Impuestos" en la financiación de la reconstrucción regional?

El esquema "Obras por Impuestos" es un mecanismo mediante el cual las empresas pueden destinar parte de su obligación tributaria a la ejecución directa de obras de interés social o de infraestructura. En el contexto del Valle del Cauca, se discutirá cómo este modelo permite al sector privado contribuir de manera concreta a la recuperación y reconstrucción tras el sismo, según lo explicado en la agenda del evento organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El evento, organizado por FEDEMADERAS y ASOCARBONO, en alianza con la Fundación Santo Domingo, reunirá a representantes del Gobierno, empresas, comunidades, productores, inversionistas, banca, academia y cooperación internacional para analizar oportunidades relacionadas con la conservación, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los mercados de carbono y biodiversidad y el financiamiento climático.

La iniciativa parte de la importancia del capital natural para la economía colombiana. Según los organizadores, el 48 % del PIB depende de los servicios ecosistémicos, mientras que la degradación ambiental podría poner en riesgo el 13 % de este aporte hacia 2030. En este escenario, la bioeconomía y los mercados de carbono aparecen como mecanismos para atraer recursos hacia proyectos que combinen conservación y desarrollo productivo.

Actualmente, la cadena forestal de madera y mobiliario representa el 0,8 % del PIB y genera 210.000 empleos directos e indirectos. Además, 248 proyectos certificados del mercado de carbono han generado reducciones o remociones superiores a 250 millones de toneladas de CO2 equivalente.

FEDEMADERAS considera que, con una política de Estado de largo plazo, la cadena forestal podría superar el 3 % del PIB, mientras que los activos ambientales podrían movilizar más de $200.000 millones anuales hacia las regiones y comunidades.

Durante los tres días habrá conferencias, anuncios, diálogos y espacios para conectar proyectos con inversionistas nacionales e internacionales. También participarán entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia. El objetivo es convertir las conversaciones en acuerdos y acciones concretas que permitan proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades económicas para Colombia.

El reporte indica que la negociación debería tomar como referencia la inflación esperada al cierre de 2026, que, según las proyecciones, sería del 6,8 %, junto con un crecimiento estimado del 1,2 % en la productividad total de los factores.

Bajo estos supuestos, el incremento técnicamente deseable del salario mínimo en Colombia para 2027 sería del 8,0 %, según Corficolombiana, en línea con los analistas locales.

“Un ajuste alineado con esta regla también contribuiría a la estabilidad macroeconómica. En materia de precios, reduciría el riesgo de presiones adicionales derivadas de la indexación y de los costos laborales, facilitando que, junto con la política monetaria, la inflación retome una senda de convergencia hacia la meta del Banco de la República”, agrega el informe.

(Vea también: ¿Salario mínimo en Colombia llegaría a $ 1.856.000 en 2027? Esto ganaría cada trabajador)

El aumento necesario del salario mínimo en Colombia, según los analistas

De esta manera, el ajuste del salario mínimo evitaría añadir presiones innecesarias sobre los costos de contratación y ayudaría a preservar las condiciones para la generación de empleo formal.

“En el frente fiscal, moderaría el aumento de las obligaciones vinculadas al salario mínimo y contribuiría a proteger el margen de maniobra de las finanzas públicas. En suma, el objetivo no es limitar la recuperación de los ingresos de los trabajadores, sino asegurar que sea sostenible”, complementa el documento.

Asimismo, un salario mínimo en Colombia acorde con la inflación y la productividad permitiría proteger el poder adquisitivo y reconocer las ganancias de eficiencia de la economía, al tiempo que reduciría el riesgo de que el aumento de los costos, las presiones inflacionarias y los desequilibrios fiscales terminen erosionando sus beneficios.

“Finalmente, la discusión sobre el salario mínimo debería trascender la magnitud del ajuste anual y abrir espacio para revisar si este continúa siendo una referencia adecuada para las heterogéneas condiciones productivas y laborales del país. Su creciente incidencia sobre la estructura salarial y los costos de contratación plantea la necesidad de evaluar alternativas que permitan conciliar la protección de los ingresos con las diferencias regionales de productividad y costo de vida”, agrega el documento.

Según la encuesta Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al tercer trimestre de 2026, el 47 % de los consumidores entre 30 y 45 años contempla realizar alguna de estas operaciones durante los próximos 12 meses, ocho puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubicó en 39 %.

La generación Z ocupa el segundo lugar, con 39 %, seguida por la generación X, con 35 %. En contraste, solo el 15 % de los baby boomers manifestó intención de solicitar financiación o refinanciar obligaciones.

Entre los consumidores interesados en crédito, el 41 % planea solicitar un préstamo personal y el 28 % considera adquirir una tarjeta de crédito.

Además, el 26 % contempla refinanciar un crédito personal, mientras que el 17 % analiza opciones de compra ahora y pago después y el 12 % piensa financiar un vehículo.

Sin embargo, el costo sigue siendo una barrera importante. El 37 % de quienes desistieron de solicitar crédito afirmó que las tasas o condiciones eran demasiado costosas.

La encuesta fue realizada a 903 adultos colombianos entre el 17 y el 27 de julio de 2026 y muestra que el interés por financiarse aumenta, aunque las condiciones del crédito siguen pesando en las decisiones.

De acuerdo con la entidad, un total de 198.182 contribuyentes de todo el país acumulan 643.332 obligaciones pendientes por $22,9 billones. Estos contribuyentes tienen la oportunidad de normalizar su situación tributaria, aduanera o cambiaria gracias a las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.

“Por monto de las obligaciones pendientes, las cinco ciudades que concentran los mayores saldos son Medellín, con $8,1 billones; Cali, con cerca de $5 billones; Bogotá y Bucaramanga, con $1,1 billones cada una; y Cúcuta, con poco más de $1 billón”, dice la Dian.

Dian: otras medidas para recuperar importantes recursos para el país

En conjunto, estas cinco direcciones seccionales concentran cerca de $16,4 billones de los $22,9 billones correspondientes al saldo total identificado.

“Invitamos a los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad excepcional para normalizar sus obligaciones; además de regularizar su situación con importantes beneficios económicos, contribuirán a este esfuerzo de país para reconstruir los territorios afectados por el terremoto”, dijo el director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

Los beneficios del decreto estarán vigentes hasta el 19 de noviembre e incluyen un paquete de medidas para los contribuyentes, “sin importar su domicilio, y también un bloque de disposiciones que cobijan únicamente a personas naturales y jurídicas, usuarios aduaneros y demás obligados con domicilio fiscal en los municipios afectados por la emergencia”.

Para responder a estos compromisos, EPM adelanta gestiones extraordinarias para conseguir recursos y evitar afectaciones en la prestación del servicio.

Desde que asumió la operación, EPM ha invertido más de $3,6 billones para atender a cerca de 1,8 millones de usuarios.

Aunque Afinia reporta mejoras superiores al 70 % en indicadores de continuidad y frecuencia de interrupciones, sus problemas de liquidez persisten. A septiembre, las entidades oficiales le adeudaban $420.000 millones y su déficit mensual de caja rondaba los $400.000 millones.

Uno de los principales problemas es que Afinia recupera apenas $57 por cada $100 que destina a comprar energía. Las pérdidas eléctricas, el fraude y las conexiones ilegales agravan la situación.

Además, la empresa debe priorizar pagos para cumplir sus compromisos con proveedores y otros agentes del sector.

EPM ha propuesto al Gobierno medidas relacionadas con subsidios, financiación, tarifas y reducción de pérdidas. También reorganizó parte del mercado para concentrar recursos en las zonas con mejores condiciones de recaudo. Sin embargo, considera que se necesitan soluciones estructurales y coordinadas para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

Según la Secretaría, la Semana de la Formación contará con un total de 18 actividades gratuitas y se han dispuesto más de 1.300 cupos, orientados principalmente a emprendedores y empresarios que buscan fortalecer sus negocios, ampliar sus oportunidades y alcanzar nuevas metas. Esta apuesta se articula como una respuesta concreta ante el impacto negativo que dejó el sismo del 10 de agosto en varios barrios de Cali. De acuerdo con fuentes oficiales, la emergencia produjo el cierre de negocios, la pérdida de jornadas laborales y afectaciones a unidades productivas en zonas como Alameda, Tequendama, La Luna y la comuna 9. Así, el eslogan “Cali se reactiva” marca el enfoque de acompañar a quienes dinamizan la economía local.

La programación se diseñó para ajustarse a la realidad de los participantes, quienes en su mayoría no pueden ausentarse varios días de sus labores. Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que “al reunir la oferta en una semana, cada uno completa su ruta de formación en días seguidos y sale con su certificado”.

El evento inicia el lunes 26 de octubre en el Domo de Yawa, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología, con la inauguración y un foro-taller de economía colaborativa para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Desde el martes hasta el viernes, las actividades continúan en el Hotel San Fernando Real, donde se abordan temas como estrategias comerciales y financieras, competencias empresariales, uso de redes sociales, inteligencia artificial para emprendimientos afectados por el sismo, y procesos de formalización para productores y vendedores de la economía popular.

Durante la semana, 300 vendedores participarán en jornadas de construcción de planes de reconversión, mientras que productores rurales y artesanos trabajarán en temas de asociatividad y cadena de valor. El jueves se concentrará en oportunidades de financiación y gestión para asociaciones rurales, y el viernes se dictarán cátedras sobre marco legal y proyectos, culminando con el acto de cierre y entrega de certificados. Todo esto hace parte de la estrategia de reactivación de la economía en Cali impulsada desde la administración local.

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¿Qué actividades incluye la Semana de la Formación en Cali para emprendedores?

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, la Semana de la Formación incluye foros, talleres sobre economía colaborativa, estrategias comerciales y financieras, capacitación en redes sociales e inteligencia artificial, talleres de economía circular y sesiones para elaboración de planes de negocio y reconversión. Además, hay asesoría en gestión y gobernanza, formación sobre financiamiento y apoyo jurídico para proyectos, con actividades dirigidas a MiPymes, vendedores de la economía popular y productores rurales.

¿Cuál es el objetivo principal de la Semana de la Formación organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali?

El objetivo central del evento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, es fortalecer los negocios locales y facilitar la formalización empresarial, en respuesta a los impactos recientes del sismo, ayudando a emprendedores, empresarios y vendedores de la economía popular a superar dificultades, retomar su actividad y acceder a nuevas oportunidades para el crecimiento de sus unidades productivas.

JP Tactical Trading señaló que la apertura en $3.172 mantiene a la divisa dentro de la franja operativa prevista para la jornada.

En el plano global, el índice DXY continúa acumulando volatilidad e interactuando contra el piso clave de 101,60 puntos. Los analistas advierten que la compresión de precios en este nivel aumenta la probabilidad de una ruptura con fuerte dinamismo una vez se resuelva la consolidación.

(Vea también: Dólar en Colombia reaccionó a aprobación del Presupuesto General 2027: pegó subida hoy)

Para Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, en una semana con escasos catalizadores de datos macroeconómicos, la atención de las mesas de dinero se enfocó en las tensiones geopolíticas, el precio del crudo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro y el índice VIX.

Para el experto, la combinación de una nueva escalada geopolítica con decepciones en los resultados financieros de las tecnológicas de Wall Street sobre el retorno de la inversión en Inteligencia Artificial mantiene un entorno adverso para las monedas emergentes, con el potencial de reimpulsar el dólar en Colombia hacia la zona de $3.220 – $3.250.

Brent supera los US$114 tras riesgos en el Golfo

Los precios internacionales de la energía aceleran su tendencia al alza: El Brent registra un incremento diario del 1,4 %, alcanzando los US$114,72 por barril (su nivel más elevado desde mayo) y el WTI se consolida nuevamente sobre la barrera de los US$100 por barril.

El repunte de la materia prima responde al incremento en las presiones geopolíticas en Medio Oriente, de acuerdo con los analistas.

Informes sobre posibles planes militares conjuntos entre EE. UU. e Israel dirigidos hacia infraestructuras estratégicas iraníes mantuvieron la atención de los inversionistas, mientras las advertencias de Teherán sobre eventuales respuestas en la cuenca del Golfo Pérsico tensionan las rutas de suministro.

A esto se sumaron los ataques con drones por parte de milicias hutíes contra objetivos en Arabia Saudí, que llevaron a la estatal Saudi Aramco a ordenar la evacuación preventiva de su sede en Dhahran.

(Lea también: Baja el dólar en Colombia y este precio lo esperaban viajeros y quienes negocian la divisa)

De la Espriella firma decreto con recorte de $13,8 billones para 2026

Tras la expedición por decreto del Presupuesto General de la Nación de 2027 ($634,95 billones), la administración del presidente Abelardo de la Espriella hizo oficial la firma del Decreto 1585, el cual pone en marcha un plan de ajuste sobre el presupuesto de 2026 por $13,8 billones.

De este monto, $3 billones corresponden a gastos de funcionamiento (vía reducción de contratos de prestación de servicios y cancelación de adquisiciones no prioritarias), $4 billones al servicio de la deuda (favorecido por la estabilización en la tasa de cambio) y $6,8 billones a contratación específica sobr5e proyectos con baja ejecución o que no corresponden a las prioridades gubernamentales.

De acuerdo con la información suministrada, la tasa de cambio nominal es enfocada en indicar de forma concreta el número de pesos que se requieren para comprar un dólar. Un aspecto clave de este indicador es su impacto instantáneo sobre la economía: si la tasa de cambio aumenta, esto significa que el peso colombiano se deprecia frente al dólar. Expresado en términos sencillos, los ciudadanos y empresarios deben desembolsar más pesos por cada dólar, haciendo que la importación de bienes y servicios resulte más costosa. Por el contrario, cuando la tasa de cambio disminuye y el peso se aprecia, se necesita una menor cantidad de pesos para la misma cantidad de dólares. Esto puede abaratar los productos importados, aunque también podría afectar la competitividad de los exportadores colombianos, ya que sus productos se encarecen en el exterior.

Para la medición oficial de estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la descripción del procedimiento, la TRM equivale al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las operaciones de compra y venta de dólares versus pesos realizadas en entidades vigiladas. Estas entidades incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es indispensable que estas transacciones se liquiden el mismo día de la negociación para ser incluidas en el cálculo de la TRM. Actualmente, se informa que un dólar equivale a 3.185,01 pesos colombianos (cifra tomada del reporte).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa representativa del mercado en Colombia y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas surgidas de todas las operaciones de compra y venta de dólares frente al peso colombiano, realizadas el mismo día por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex.

¿Cómo afectan la depreciación y la apreciación del peso colombiano a las importaciones y exportaciones?

Cuando el peso se deprecia frente al dólar, las importaciones se encarecen, pues se requiere más moneda local para adquirir productos extranjeros. Por el contrario, en un escenario de apreciación del peso, importar resulta más barato, pero los exportadores pueden perder competitividad, ya que sus productos se encarecen en los mercados internos y externos.

En la estructura de la lista, cinco postulaciones corresponden a Ecopetrol S.A, tres a fondos de pensiones y cesantías, y una a EPM. Cuatro de los candidatos han sido designados como miembros no independientes, todos propuestos por Ecopetrol: Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo. Por su parte, los cinco miembros independientes son Ricardo Peláez Restrepo (también postulado por Ecopetrol); Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz (por los fondos de pensiones); y Sandra Gómez Arias (por EPM).

Los tres integrantes que permanecen son Arce Zapata, Zárate y Martínez. La hoja de vida de Zárate Perdomo indica que es consultor independiente desde 2022 y presidente de la junta desde abril de 2024, con trayectoria como codirector del Banco de la República, viceministro técnico de Hacienda y miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Arce Zapata, presidente de Asofiduciarias desde 2019 y exministro de Minas y Energía, figura con una amplia experiencia en el sector público y privado, mientras que Martínez Ortiz, economista y doctora en política económica, destaca como investigadora senior de Fedesarrollo y por su papel en comités regulatorios y juntas directivas de empresas públicas y privadas.

Entre los nuevos candidatos no independientes, resaltan perfiles vinculados a Ecopetrol y al sector de hidrocarburos. Gutiérrez Caballero es presidente de Ecopetrol desde septiembre de 2026 según la hoja de vida, mientras que Gutiérrez Dangond y Cuello Navarro cuentan con experiencia como altos funcionarios en compañías energéticas y el sector público. Carreño Acevedo aporta más de 25 años en la industria petrolera, con trayectoria en compañías internacionales pero sin participación previa en juntas directivas.

Peláez Restrepo, postulado como independiente, se distingue por su liderazgo empresarial en sectores inmobiliario, de tecnología e industrias creativas, mientras que Gómez Arias, nominada por EPM, tiene una sólida trayectoria en juntas directivas y liderazgos ejecutivos en banca e inversión.

Las hojas de vida de los candidatos incluyen información detallada sobre formación, experiencia profesional y roles en juntas directivas, especificando la entidad nominadora y si el candidato es independiente o no, lo que da transparencia al proceso de selección, según los documentos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos miembros de la junta directiva de ISA para 2026?

De acuerdo con la información oficial, seis nuevos nombres aparecen entre los nueve candidatos propuestos para la junta de ISA en 2026. Entre ellos figuran directivos y exfuncionarios principalmente de Ecopetrol y el sector energético, como Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond, Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, Ricardo Peláez Restrepo y Sandra Gómez Arias. Sus hojas de vida evidencian trayectorias en cargos ejecutivos, experiencia en juntas directivas y formación en áreas administrativas, ingeniería y economía.

¿Qué diferencia hay entre un miembro independiente y no independiente en la junta directiva de ISA?

El documento oficial presenta como miembros independientes a quienes no tienen vínculos laborales, comerciales o de otro tipo con la empresa que puedan afectar su juicio y objetividad. Los candidatos independientes pueden ser propuestos por fondos de pensiones, EPM u otras entidades, mientras los no independientes suelen estar relacionados de manera directa con las empresas nominadoras, lo que puede influir en sus decisiones dentro de la junta directiva.

El proceso de postulación revela que cinco candidatos fueron presentados por Ecopetrol S.A., tres por los fondos de pensiones y uno por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Atendiendo al perfil de independencia, la nueva lista contempla cuatro postulados como miembros no independientes y cinco como independientes. Los candidatos no independientes —Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo— fueron propuestos por Ecopetrol. Por su parte, Ricardo Peláez Restrepo fue nominado de forma independiente también por Ecopetrol; Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz fueron presentados por los fondos de pensiones, y Sandra Gómez Arias por EPM.

Los nombres que repiten participación en el cuerpo directivo son Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz. Según los documentos consultados, Zárate Perdomo es miembro desde abril de 2024, cargo que también ejerció previamente entre octubre de 2019 y marzo de 2021. Es reconocido como consultor independiente desde 2022, con experiencia en entidades como el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Germán Arce Zapata es miembro desde abril de 2024, con trayectoria como presidente de Asofiduciarias desde 2019, ministro de Minas y Energía y director en entidades del sector hidrocarburos y valores. Astrid Martínez Ortiz integra la Junta desde abril de 2026, destacándose por su trabajo en Fedesarrollo e intervención en juntas de empresas relevantes del sector económico y energético.

Entre quienes podrían incorporarse por primera vez figuran ejecutivos y exfuncionarios vinculados tanto a Ecopetrol como al sector energético. Gutiérrez Caballero, actual presidente de Ecopetrol desde septiembre de 2026, lidera en renglones de esta lista junto con Gutiérrez Dangond, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de la misma empresa. Cuello Navarro, postulado tras desempeñarse como viceministro de Energía, también presenta experiencia directiva en varias firmas del sector. Carreño Acevedo, ingeniera de petróleos, suma una trayectoria de más de 25 años en empresas internacionales de servicios energéticos. Del lado independiente y con perfiles empresariales diversos, resalta Peláez Restrepo, fundador de un grupo empresarial en sectores como inteligencia artificial y comunicación. Por EPM, Gómez Arias, con más de 15 años en juntas directivas y sólida formación en proyectos y banca de inversión, también hace parte del grupo de aspirantes.

Cada uno de los candidatos presenta una hoja de vida detallada que incluye estudios, experiencia relevante y detalle sobre participación en organismos directivos, permitiendo una visión integral de las capacidades y trayectorias de quienes aspiran a guiar la empresa en el próximo periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los nuevos candidatos a la junta directiva de ISA en 2026?

Entre los seis nuevos nombres postulados a la junta directiva de ISA en 2026 figuran Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, todos nominados por Ecopetrol S.A.; Ricardo Peláez Restrepo, nominado por Ecopetrol como independiente; y Sandra Gómez Arias, postulada por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Sus hojas de vida presentan experiencia en cargos ejecutivos y directivos, tanto en el sector energético como en áreas corporativas y de inversión.

¿Qué significa ser miembro independiente o no independiente en una junta directiva?

Un miembro independiente en una junta directiva es aquel que no posee vínculos directos ni dependencia respecto a la entidad o sus accionistas, lo que le permite tomar decisiones objetivas y libres de influencia interna. Por el contrario, un miembro no independiente suele estar asociado a la entidad que lo postula, ya sea por vínculos laborales o de representación accionaria, lo que puede implicar intereses alineados con la organización o sus principales accionistas.

Recuerda la entidad que esta iniciativa de ahorro voluntario está orientada a millones de colombianos que buscan proteger su estabilidad financiera futura según sus capacidades económicas actuales.

El modelo BEPS de Colpensiones ofrece flexibilidad en los aportes, permitiendo a los ahorradores destinar montos variables sin tener en cuenta penalidades ni plazos rígidos, democratizando así el acceso a un ingreso vitalicio durante la tercera edad.

Explicó el fondo que las personas que fortalezcan su capital de ahorro podrán acceder a sorteos entre los cuales se destacan bonos de libre inversión por $1.580.000, ideales para, según la entidad, cubrir necesidades inmediatas o consumos personales.

Colpensiones dará más beneficios a sus afiliados

También entregará bonos de vivienda: el programa contempla la entrega de bonos para compra y remodelación de inmuebles valorados en $217.000.000.

(Vea también: Colpensiones dará 217 millones para vivienda, ¿quiénes pueden pedirlos y cómo?)

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los afiliados pueden acceder a un seguro de vida totalmente gratuito, que opera como una red de seguridad económica sin generar costos adicionales sobre el saldo acumulado.

Esta cobertura ampara contingencias para garantizar una compensación monetaria en favor de la familia en caso de diagnóstico de enfermedad grave o fallecimiento del titular.

Las medidas, contempladas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, buscan facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante descuentos y condiciones especiales de pago.

Entre los principales alivios se encuentra una reducción del 85 % en las sanciones por mora y una tasa de interés moratorio del 4,5 % anual.

También se contempla la posibilidad de corregir declaraciones sin pagar intereses y acceder a conciliaciones judiciales con condiciones favorables. Estos beneficios aplican a obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026 y podrán solicitarse hasta el 19 de noviembre de este año.

Según la entidad, los contribuyentes convocados acumulan 643.332 obligaciones pendientes, cuya cartera morosa asciende a $22,9 billones.

Medellín concentra $8,1 billones, seguida de Cali, con cerca de $5 billones. Bogotá y Bucaramanga registran alrededor de $1,1 billones cada una, mientras que Cúcuta supera el billón de pesos.

Adicionalmente, los damnificados por el terremoto podrán acceder a facilidades de pago de hasta 24 meses sin garantía y reprogramar cuotas de acuerdos vigentes hasta por 12 meses.

La Dian invitó a los deudores a aprovechar estos alivios y consultar los requisitos en su página web o puntos de atención.

La duda surgió por la evidente existencia en el mismo sector de Hamburguesas El Corral, que es propiedad del mismo conglomerado empresarial en Colombia.

Precisamente sobre ese aspecto salió al paso una de las figuras directivas, Felipe Baquero, presidente de alimentos al consumidor del Grupo Nutresa, que respondió al tema en dos entrevistas.

El representante indicó en Caracol Radio que se van a manejar de forma independiente los negocios de Hamburguesas El Corral y los restaurantes de Presto. “Nuestra intención es fortalecer la marca”, remarcó.

En ese sentido, lejos de que se contemple una fusión entre ambas cadenas de amplio reconocimiento entre los consumidores, se plantea un reto diferente con cada una.

De hecho, reconoció que él, como muchos colombianos, tiene recuerdos de los 45 años de Presto en Colombia, por lo que soltó múltiples detalles sobre uno de los movimientos claves en el país.

Al ser consultado en Blu Radio sobre el costo de la compra de Nutresa a Presto, Baquero explicó que la transacción “está en trámites”, al remarcar que apenas se dio en la noche del jueves 22 de octubre de 2026.

El directivo resaltó que ese grupo empresarial tiene a su cargo otros productos representativos que se han catapultado en la memoria colectiva, por lo que para este caso se mantiene ese paso.

“Como lo decía, somos operadores de marcas icónicas y cada una tiene su lugar en el corazón de los colombianos que todas sean muy fuertes”, señaló Baquero.

Por esa razón, al declararse un “comedor de hamburguesa profesional”, afirmó que no siente que exista un choque entre los consumidores de El Corral y Presto en el mercado colombiano.

“Cada una tiene su publico y el mundo de las hamburguesas ha crecido tanto que todos somos ‘hamburguesólogos’ y tenemos una favorita”, aseveró en su explicación.

En esa línea, en medio de la situación que llevó a Presto a la quiebra en Colombia, aceptó que desde ya se evalúa “qué tenemos que mejorar y que tenemos que fortalecer”.

Por esa misma razón, es que reconoció que entienden que en el caso de ambas marcas de hamburguesas “nosotros no las vemos como competencia, las vemos como complemento. Tienen sus fanaticadas diferentes, momentos distintos de consumo”.

Sobre la posibilidad de que se cambien los puntos en los que coinciden en centros comerciales y demás, el directivo entendió que esto no es un problema sino que abre la posibilidad a “que se complementen y estén en diferentes momentos de vida de los colombianos”.

Acerca del futuro de los trabajadores de Presto y los cambios que se vayan a contemplar de cara al momento en que se empiecen los movimientos correspondientes fue contundente.

“Estamos tomando la marca tal cual como está operando y trabajando los proveedores que trabajan con ella”, explicó acerca de la posibilidad de nuevos productos en bebidas y demás.

Asimismo, el directivo de Nutresa aclaró que por ahora no se tiene un estimativo actual del dinero que se le va a inyectar a Presto en este nuevo proceso.

En su momento, el conglomerado empresarial Grupo Nutresa oficializó la adquisición total de la cadena Hamburguesas El Corral a finales del año 2014.

La transacción comercial se cerró mediante la compra de Grupo El Elipse, sociedad dueña de la icónica marca de comida rápida colombiana.

El acuerdo financiero se pactó por un valor aproximado de $830.000 millones, consolidando la presencia del grupo en el sector de alimentos.

Con esta importante transacción estratégica, la multinacional antioqueña asumió la operación directa de cientos de puntos de venta en todo el país.

Las centrales obreras, integradas por la CUT, CTC y CGT, plantean un aumento del 38,5 %, que llevaría el salario básico mensual a cerca de $2.424.003, sin incluir el auxilio de transporte.

Los sindicatos argumentan que todavía existe una amplia brecha entre los ingresos de los trabajadores y el llamado salario mínimo vital.

En contraste, Fenalco propone un incremento mucho más moderado, que no supere el 9 %, teniendo en cuenta principalmente la inflación y la productividad. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que se debe avanzar hacia un nivel salarial que sea sostenible para las empresas y los trabajadores.

Centros de análisis y bancos también proyectan un aumento de un solo dígito, entre 7 % y 10 %.

El Ministerio de Trabajo aún no define una cifra y espera datos clave, como la inflación de 2026, estimada entre 6 % y 7 %, y el reporte de productividad del DANE.

Si el aumento del salario mínimo para 2027 fuera solamente del 6 %, pasaría de $1.750.905 a $1.856.959 mensuales, es decir, tendría un incremento de $105.054, sin incluir el auxilio de transporte.

La concertación deberá concluir antes del 30 de diciembre de 2026, para que el nuevo salario entre en vigencia el 1 de enero de 2027.

(Lea también: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador a estas empresas)

La preocupación no es menor. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió que en Colombia se reclaman más de $252 millones diarios por fraudes asociados a llamadas y mensajes de texto. La entidad también encontró que el valor de las reclamaciones pasó de $30.622 millones a $92.235 millones entre 2022 y 2024, es decir, se triplicó en ese periodo.

Una de las dificultades para los usuarios es que los delincuentes ya no dependen únicamente de enviar mensajes desde números desconocidos. Algunas modalidades permiten suplantar a bancos y comercios, falsificar el remitente e incluso hacer que un mensaje fraudulento aparezca dentro de una conversación que parece legítima.

Por eso, antes de abrir un enlace, entregar una clave o compartir un código de verificación, es importante identificar las señales de alerta. Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue para Infobip Latam, advierte que la prevención debe proteger tanto a las personas como a las empresas que utilizan los mensajes de texto para comunicarse con sus clientes.

“La lucha constante del sector de la comunicación es la de reforzar la seguridad para que el bolsillo de los usuarios no se vea golpeado”, afirmó Rodríguez. La vocera también alertó sobre los efectos que estos delitos pueden tener en la estabilidad financiera y la reputación de las empresas, especialmente porque los canales digitales concentran buena parte de la interacción entre marcas y consumidores.

Las seis modalidades de fraude por mensajes de texto que debe reconocer

Infobip identifica seis modalidades que pueden afectar a los usuarios y a las empresas. No todas operan de la misma forma: algunas buscan directamente robar información personal y financiera, mientras que otras manipulan los sistemas de mensajería para generar costos, impedir la entrega de notificaciones o deteriorar la confianza en los remitentes.

Smishing: el mensaje que busca robar sus claves

Esta modalidad consiste en suplantar a una entidad, como un banco o un comercio, mediante un mensaje de texto que incluye un enlace malicioso. El contenido puede advertir sobre un supuesto bloqueo de la cuenta, una transacción sospechosa o un pago pendiente y presionar al usuario para que actúe rápidamente.

Al entrar al enlace, la persona puede terminar en una página falsa que imita la de una entidad legítima y solicita sus contraseñas o datos personales. La señal de alerta: un mensaje inesperado que exige resolver un problema financiero de inmediato o ingresar información confidencial a través de un enlace.

La recomendación es no utilizar ese enlace. Si el mensaje dice que su cuenta está bloqueada, ingrese directamente a la aplicación oficial o comuníquese con el banco mediante un canal que usted ya conozca.

SMS spoofing: cuando el remitente también puede ser falso

En este caso, el delincuente altera la identificación del remitente para que el mensaje parezca provenir de una marca reconocida. Según Infobip, el engaño puede hacer que la comunicación aparezca en el mismo hilo donde el usuario ha recibido mensajes legítimos de esa empresa.

Esto significa que ver el nombre de un banco o encontrar el mensaje junto a otras notificaciones auténticas no es una garantía absoluta de seguridad.

Si recibe una solicitud inesperada de dinero, datos personales o códigos de autenticación, verifique la información por un canal independiente. No responda al mensaje ni utilice los datos de contacto incluidos en él para comprobar si es real.

SIM swapping: perder la señal puede ser una alerta

El SIM swapping ocurre cuando un delincuente consigue transferir la línea telefónica de la víctima a otra tarjeta SIM. Con ello puede intentar recibir códigos de seguridad que algunos servicios envían por mensaje de texto para verificar la identidad del usuario.

Una señal que merece atención es perder repentinamente la señal móvil sin una explicación clara, especialmente si el teléfono deja de conectarse a la red y usted no solicitó ningún cambio de tarjeta.

(Puede interesarle: Devolución de aportes pensionales en Colombia: el error que podría costarle su pensión)

En ese caso, contacte a su operador por sus canales oficiales y consulte si hubo una modificación de su línea. Si sospecha que alguien pudo acceder a sus cuentas, comuníquese también con las entidades financieras involucradas y cambie las contraseñas comprometidas.

SMS pumping: una modalidad que puede disparar los costos de las empresas

No todos los fraudes por SMS buscan engañar directamente a una persona. El SMS pumping utiliza sistemas automatizados para generar grandes cantidades de solicitudes de códigos de verificación hacia números internacionales, sin que necesariamente existan usuarios reales detrás de esas peticiones.

El resultado puede ser un aumento inesperado en los costos de mensajería de una empresa en pocas horas. Rodríguez explica que una señal de alerta para las compañías es observar un incremento repentino en el volumen de mensajes enviados, acompañado de una tasa baja de registros efectivos. En el caso del SMS pumping, la vocera señala que una conversión inferior al 20 % puede indicar un patrón anómalo que requiere revisión.

La especialista recomienda utilizar herramientas de monitoreo automatizado en tiempo real para detectar estos comportamientos y bloquearlos antes de que generen mayores costos o comprometan la seguridad de la operación.

Rutas grises y SMS trashing: mensajes importantes que no llegan

Infobip también advierte sobre las llamadas rutas grises y el SMS trashing, prácticas que pueden deteriorar la calidad de los servicios de mensajería y provocar que notificaciones críticas no lleguen a su destinatario.

Para una empresa, esto puede afectar la entrega de alertas, códigos de verificación y otras comunicaciones que sus clientes esperan recibir. Para el usuario, la consecuencia práctica es que podría no recibir una notificación importante.

Si está esperando un código o una confirmación y el mensaje no llega, evite recurrir a enlaces o números que le envíen terceros para solucionar el problema. Entre directamente a la aplicación oficial o contacte a la entidad por sus canales verificados.

SMS spam: mensajes masivos que saturan los canales

El SMS spam consiste en enviar mensajes no solicitados de forma masiva. Además de saturar las redes, puede afectar la reputación de los remitentes legítimos y hacer más difícil que los usuarios distingan una comunicación auténtica de una fraudulenta.

Si recibe mensajes repetidos sobre premios, promociones que no solicitó o supuestos pagos pendientes, no entregue datos personales ni abra enlaces sin verificar su procedencia. Desconfíe especialmente cuando el contenido prometa beneficios extraordinarios o exija actuar de inmediato.

Las señales que debe revisar antes de abrir un enlace de un mensaje

La CRC recomienda revisar varias señales de alerta en los mensajes sospechosos: errores de escritura, sensación de urgencia, enlaces desconocidos o abreviados y notificaciones inesperadas sobre compras, premios, entregas o transacciones que la persona no reconoce.

Antes de responder un mensaje o abrir enlaces, tenga presentes estas recomendaciones:

• Desconfíe de las amenazas y las urgencias: frases como “última oportunidad” o “actúe ahora” pueden buscar que usted tome una decisión sin verificar.
• Revise los enlaces: si la dirección es desconocida, está acortada o no coincide con la página oficial, no la abra.
• No comparta claves ni códigos: los códigos de verificación pueden permitir el acceso a sus cuentas; no los entregue a quien se los solicite por un mensaje inesperado.
• No confíe únicamente en el nombre del remitente: un mensaje puede aparentar que viene de una empresa conocida.
• Compruebe las transacciones: si recibe una alerta sobre una compra o un pago que no reconoce, ingrese directamente a la aplicación de su banco o comercio.
• Conserve las pruebas: guarde capturas de pantalla y los datos del mensaje si considera que se trata de un intento de fraude.
• Estas señales no prueban por sí solas que exista un delito, pero sí justifican detenerse y verificar la información antes de actuar.

¿Qué debe hacer si ya abrió el enlace o entregó sus datos?

Si abrió una página sospechosa, cierre el sitio y no continúe con el proceso. Si ingresó una contraseña, cámbiela desde la aplicación o la página oficial del servicio y revise si hay actividad que no reconoce.

Si entregó información bancaria o detecta una operación no autorizada, comuníquese de inmediato con su entidad financiera mediante los canales oficiales para reportar lo ocurrido y consultar las medidas de protección disponibles. Si perdió la señal móvil de forma inesperada y sospecha que alguien tomó control de su línea, contacte también a su operador.

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Guarde las capturas de pantalla, el número o remitente que aparece en el mensaje y los comprobantes de cualquier operación relacionada. Estos elementos pueden servir para presentar el reporte ante las entidades competentes.

La CRC también dispone de recomendaciones para identificar mensajes fraudulentos y señala que los usuarios pueden reportar posibles usos indebidos de códigos cortos enviando una captura clara del mensaje y del código remitente a su canal de atención: atencioncliente@crcom.gov.co.

El estudio, basado en información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud, evidencia un deterioro sostenido de las finanzas del sector.

A diciembre de 2025, las EPS analizadas registraban activos por $18,2 billones y pasivos por $35 billones.

La situación continuó empeorando durante 2026: a junio, los pasivos llegaron a $40,3 billones, mientras los activos sumaron $21,7 billones, dejando un patrimonio negativo de $18,6 billones.

El análisis no incluye a Nueva EPS, que dejó de reportar información financiera desde 2023 y cuyos pasivos podrían superar los $10 billones, según estimaciones de Asinfar. Esto impide dimensionar con precisión la deuda total del sistema.

Además, solo ocho de las 24 EPS que reportaron información al cierre de 2025 tenían patrimonio positivo.

El informe advierte que este deterioro puede afectar la capacidad de las entidades para pagar a hospitales, proveedores y otros actores, con posibles consecuencias sobre la continuidad y oportunidad de los servicios de salud.

La iniciativa fue planteada por Aconauto al Ministerio de Hacienda y busca que el menor costo tributario se traduzca en precios más bajos.

Según el gremio, la medida podría generar un alivio de 9,5 % en el precio final de los vehículos y permitir que las ventas superen las 350.000 unidades en 2026, con la posibilidad de llegar a 400.000.

Entre 2021 y 2025, el sector generó $23,55 billones para el Estado por IVA e impoconsumo. Aconauto sostiene que un aumento de las ventas podría compensar parte del menor recaudo directo mediante mayores ingresos por otros impuestos, como rodamiento, renta y el IVA asociado a combustibles, seguros, repuestos y mantenimiento.

La propuesta llega mientras el mercado automotor muestra un crecimiento. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos, 41,2 % más que en el mismo periodo de 2025. De estos, 39.784 fueron eléctricos y 74.471 híbridos.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta el reto fiscal del Gobierno, que proyecta un déficit de 5,3 % del PIB para 2026.

Un simulador del Banco de Occidente, con un plazo de 20 años y financiación de hasta 70% del valor del inmueble, estima que para comprar una vivienda de $300 millones se requieren ingresos de $9,2 millones mensuales mediante crédito hipotecario y $10,2 millones con leasing habitacional.

Para una vivienda de $500 millones, el ingreso sugerido asciende a $15,4 millones con crédito hipotecario y $17 millones con leasing.

En este escenario, la cuota inicial sería de $150 millones y $100 millones, respectivamente. Para una propiedad de $1.000 millones, los ingresos necesarios serían de $30,8 millones con crédito hipotecario y $34,1 millones con leasing, con cuotas iniciales de $300 millones y $200 millones.

Las simulaciones utilizan tasas anuales de 16,19% para crédito hipotecario y 15,54% para leasing.

Las cuotas estimadas van desde $2,7 millones para una vivienda de $300 millones hasta $10,2 millones para una de $1.000 millones.

Expertos recomiendan no elegir vivienda únicamente por el monto que presta el banco. La cuota debería representar máximo 30% de los ingresos familiares, considerando otras deudas y gastos del hogar.

Además, el precio final depende de factores como ubicación, valor del metro cuadrado y características del inmueble.

Un simulador del Banco de Occidente, con un plazo de 20 años y financiación de hasta 70% del valor del inmueble, estima que para comprar una vivienda de $300 millones se requieren ingresos de $9,2 millones mensuales mediante crédito hipotecario y $10,2 millones con leasing habitacional.

Para una vivienda de $500 millones, el ingreso sugerido asciende a $15,4 millones con crédito hipotecario y $17 millones con leasing.

En este escenario, la cuota inicial sería de $150 millones y $100 millones, respectivamente. Para una propiedad de $1.000 millones, los ingresos necesarios serían de $30,8 millones con crédito hipotecario y $34,1 millones con leasing, con cuotas iniciales de $300 millones y $200 millones.

Las simulaciones utilizan tasas anuales de 16,19% para crédito hipotecario y 15,54% para leasing.

Las cuotas estimadas van desde $2,7 millones para una vivienda de $300 millones hasta $10,2 millones para una de $1.000 millones.

Expertos recomiendan no elegir vivienda únicamente por el monto que presta el banco. La cuota debería representar máximo 30% de los ingresos familiares, considerando otras deudas y gastos del hogar.

Además, el precio final depende de factores como ubicación, valor del metro cuadrado y características del inmueble.

La propuesta surge en un contexto de dificultades para el sector de la construcción. Según Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el mercado de vivienda registra una caída significativa en sus principales indicadores, con un retroceso que no se observaba desde octubre de 2011.

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De acuerdo con las cifras presentadas por Herrera, los lanzamientos de vivienda disminuyeron más del 17 %, las ventas cayeron cerca del 12 % y las iniciaciones de obra se redujeron un 14 %. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrentan tanto las empresas constructoras como los hogares interesados en comprar vivienda.

En este escenario, el Partido Conservador radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia, especialmente para las familias que no cuentan con los recursos suficientes para reunir el dinero exigido como cuota inicial.

¿Quiénes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial?

La iniciativa contempla beneficios para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el propósito de reducir las barreras económicas que dificultan la compra de vivienda en diferentes regiones del país.

Entre las medidas propuestas se encuentran subsidios de hasta 30 salarios mínimos, destinados a cubrir la cuota inicial y otros gastos asociados con la adquisición del inmueble, incluidos los trámites notariales.

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Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es la posibilidad de que los trabajadores informales también puedan acceder a estos beneficios. Para ello, podrían demostrar su capacidad de pago mediante soportes como los recibos de arrendamiento y de servicios públicos, en lugar de depender exclusivamente de los documentos laborales y financieros que suelen exigirse para solicitar un crédito hipotecario.

¿De cuánto serían las cuotas mensuales para pagar vivienda?

Uno de los objetivos planteados por el exministro Mauricio Cárdenas es que los beneficiarios puedan asumir cuotas mensuales cercanas a los $700.000. La finalidad es establecer pagos que guarden relación con la capacidad económica de los hogares a los que está dirigido el programa.

Adicionalmente, el proyecto propone que el Estado cubra hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años, como una forma de disminuir el costo de la financiación para quienes adquieran vivienda bajo estas condiciones.

Para las madres cabeza de familia, la iniciativa contempla un apoyo mayor, con una cobertura de hasta seis puntos porcentuales de la tasa de interés. De esta manera, se buscaría reducir el valor de los pagos asociados al crédito hipotecario durante el periodo establecido.

¿Qué población tendría prioridad?

El proyecto también plantea dar prioridad a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos se encuentran las víctimas del conflicto armado, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales y los hogares con menores ingresos.

Ahora, la propuesta deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, los subsidios, las condiciones de acceso y los mecanismos de financiación descritos corresponden a las disposiciones planteadas en el proyecto y no constituyen todavía un beneficio disponible para los ciudadanos.

La propuesta surge en un contexto de dificultades para el sector de la construcción. Según Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el mercado de vivienda registra una caída significativa en sus principales indicadores, con un retroceso que no se observaba desde octubre de 2011.

(Lea también: Comprar casa en Colombia será más fácil por nueva ley: estos son los beneficios)

De acuerdo con las cifras presentadas por Herrera, los lanzamientos de vivienda disminuyeron más del 17 %, las ventas cayeron cerca del 12 % y las iniciaciones de obra se redujeron un 14 %. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrentan tanto las empresas constructoras como los hogares interesados en comprar vivienda.

En este escenario, el Partido Conservador radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia, especialmente para las familias que no cuentan con los recursos suficientes para reunir el dinero exigido como cuota inicial.

¿Quiénes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial?

La iniciativa contempla beneficios para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el propósito de reducir las barreras económicas que dificultan la compra de vivienda en diferentes regiones del país.

Entre las medidas propuestas se encuentran subsidios de hasta 30 salarios mínimos, destinados a cubrir la cuota inicial y otros gastos asociados con la adquisición del inmueble, incluidos los trámites notariales.

(Recomendado: Tradicional barrio en Bogotá elegido el más cool de la ciudad: Esto cuesta el arriendo en el sector)

Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es la posibilidad de que los trabajadores informales también puedan acceder a estos beneficios. Para ello, podrían demostrar su capacidad de pago mediante soportes como los recibos de arrendamiento y de servicios públicos, en lugar de depender exclusivamente de los documentos laborales y financieros que suelen exigirse para solicitar un crédito hipotecario.

¿De cuánto serían las cuotas mensuales para pagar vivienda?

Uno de los objetivos planteados por el exministro Mauricio Cárdenas es que los beneficiarios puedan asumir cuotas mensuales cercanas a los $700.000. La finalidad es establecer pagos que guarden relación con la capacidad económica de los hogares a los que está dirigido el programa.

Adicionalmente, el proyecto propone que el Estado cubra hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años, como una forma de disminuir el costo de la financiación para quienes adquieran vivienda bajo estas condiciones.

Para las madres cabeza de familia, la iniciativa contempla un apoyo mayor, con una cobertura de hasta seis puntos porcentuales de la tasa de interés. De esta manera, se buscaría reducir el valor de los pagos asociados al crédito hipotecario durante el periodo establecido.

¿Qué población tendría prioridad?

El proyecto también plantea dar prioridad a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos se encuentran las víctimas del conflicto armado, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales y los hogares con menores ingresos.

Ahora, la propuesta deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, los subsidios, las condiciones de acceso y los mecanismos de financiación descritos corresponden a las disposiciones planteadas en el proyecto y no constituyen todavía un beneficio disponible para los ciudadanos.

(Vea también: Colombia pone la mira en la energía nuclear: trazan el camino para producir esta tecnología)

El directivo hizo el llamado durante la Audiencia Nacional de Seguridad Energética, realizada en Barranquilla, y señaló que el Gobierno nacional debe ayudar a concretar una salida en un plazo máximo de dos semanas. La empresa, filial del Grupo EPM, enfrenta dificultades para cubrir sus obligaciones y contar con los recursos que necesita para mantener sus redes eléctricas.

“Necesitamos 800.000 millones de pesos”, afirmó Arango, quien agradeció a la ministra de Minas y Energía, al senador Juan Espinal, a la Comisión Quinta del Senado, a la RAP Caribe y a las gobernaciones que han participado en la búsqueda de alternativas.

El grupo EPM está preocupado por el futuro de AFINIA, su filial en la Costa Caribe que necesita más de 800 mil millones antes del 31 de diciembre para poder funcionar. Apagón financiero ronda en la costa como un fantasma. “AFINIA, el peor negocio de EPM en su historia” https://t.co/khpO96ORtn

— IFMNOTICIAS (@ifmnoticias) October 22, 2026

El fenómeno de El Niño aumentó los costos de Afinia

Uno de los factores que más presiona las finanzas de la compañía es el encarecimiento de la energía. Según explicó el gerente, los efectos del fenómeno de El Niño le han representado un sobrecosto de un billón de pesos en la compra de electricidad.

Afinia destina entre $400.000 millones y $500.000 millones mensuales a adquirir energía. Ese gasto reduce el margen de recursos disponibles para atender otros compromisos e invertir en la infraestructura que requiere el servicio.

A las presiones por el costo de la electricidad se suman las dificultades de recaudo. Arango señaló que las entidades oficiales tenían obligaciones pendientes con la empresa por $420.000 millones al cierre de agosto, mientras que las deudas de los acueductos superaban los $180.000 millones.

El hurto de energía y los bajos niveles de pago en las zonas eléctricamente subnormales también afectan el flujo de caja. Estas dificultades limitan la capacidad de Afinia para financiar las mejoras que necesita su red y responder oportunamente a sus obligaciones.

La empresa busca una salida antes de que termine el año

La prioridad es conseguir el dinero que permita mantener la operación durante los próximos meses. Para ello, Afinia ha pedido apoyo al Ministerio de Minas y Energía y a otros actores institucionales, con el fin de acordar mecanismos que alivien su situación financiera.

La advertencia se suma a las dificultades que atraviesa el sector eléctrico en la región Caribe, donde los problemas de liquidez de los operadores conviven con los altos costos de compra de energía y las cuentas pendientes de distintos usuarios.

El plazo planteado por Arango es de una o dos semanas. En ese periodo, la compañía espera que se concrete una solución que le permita llegar al 31 de diciembre sin que la falta de recursos ponga en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

La noticia representa un giro para una marca que apenas el 13 de octubre había recibido la orden de liquidación judicial de la Superintendencia de Sociedades. La operadora Franquicias y Concesiones SAS registró ingresos por 108.629 millones de pesos durante 2025, pero no logró superar sus dificultades de liquidez ni cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Cabe recordar que Presto tenía 156 establecimientos y ocupaba el cuarto lugar entre las cadenas de hamburguesas analizadas en Colombia, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King. Aunque la marca mantenía un fuerte reconocimiento entre los consumidores, la crisis financiera puso en duda la continuidad del negocio.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

https://t.co/74tpxZAsmP

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

Ahora, ese escenario dio un vuelco. Grupo Nutresa informó este 23 de octubre que firmó un contrato de compraventa para adquirir Presto y su unidad económica productiva, que incluye los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

La operación hará que Presto entre al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, donde compartirá espacio con marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Sin embargo, la compañía aclaró que Presto continuará como una marca independiente, con su propia identidad y propuesta de valor.

Uno de los aspectos que más interés despierta es el futuro de los trabajadores. Con la llegada del nuevo propietario, más de 700 empleos quedan vinculados a la continuidad del negocio, mientras los restaurantes seguirán funcionando con normalidad durante esta nueva etapa.

Gilinski destacó que Presto hace parte de la memoria colectiva de los colombianos y aseguró que detrás de la marca existe un equipo que durante 45 años ha construido su historia. El empresario también presentó la compra como una apuesta por el talento nacional y por la industria de restaurantes.

¿Qué dijo Grupo Nutresa luego de compra de Presto?

Luego del acuerdo para adquirir Presto, Grupo Nutresa explicó que busca darle una nueva etapa a la cadena de hamburguesas sin perder los elementos que la han identificado entre los consumidores colombianos.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó el valor de Presto como parte de la historia gastronómica del país. “En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa, se refirió a la intención de conservar los productos y atributos que han acompañado a la cadena durante sus 45 años de trayectoria, al tiempo que se adapta a las expectativas de los consumidores actuales.

Entre los productos mencionados están las hamburguesas clásicas, la salsa de la casa, el sándwich de jamón y queso y el pie de manzana. La estrategia busca aprovechar el reconocimiento de estos productos para fortalecer la marca y acercarla a nuevas generaciones.

Con esta operación, Presto se sumaría al portafolio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, que incluye marcas como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón y Mimo’s. La compañía prevé conservar la identidad de Presto y mantener su operación diferenciada dentro del grupo empresarial.

El futuro de los restaurantes y sus trabajadores es uno de los puntos centrales del proceso, luego de que la empresa que operaba Presto entrara en liquidación judicial. La adquisición busca dar continuidad al negocio, aunque su materialización depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

La noticia representa un giro para una marca que apenas el 13 de octubre había recibido la orden de liquidación judicial de la Superintendencia de Sociedades. La operadora Franquicias y Concesiones SAS registró ingresos por 108.629 millones de pesos durante 2025, pero no logró superar sus dificultades de liquidez ni cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Cabe recordar que Presto tenía 156 establecimientos y ocupaba el cuarto lugar entre las cadenas de hamburguesas analizadas en Colombia, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King. Aunque la marca mantenía un fuerte reconocimiento entre los consumidores, la crisis financiera puso en duda la continuidad del negocio.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

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Ahora, ese escenario dio un vuelco. Grupo Nutresa informó este 23 de octubre que firmó un contrato de compraventa para adquirir Presto y su unidad económica productiva, que incluye los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

La operación hará que Presto entre al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, donde compartirá espacio con marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Sin embargo, la compañía aclaró que Presto continuará como una marca independiente, con su propia identidad y propuesta de valor.

Uno de los aspectos que más interés despierta es el futuro de los trabajadores. Con la llegada del nuevo propietario, más de 700 empleos quedan vinculados a la continuidad del negocio, mientras los restaurantes seguirán funcionando con normalidad durante esta nueva etapa.

Gilinski destacó que Presto hace parte de la memoria colectiva de los colombianos y aseguró que detrás de la marca existe un equipo que durante 45 años ha construido su historia. El empresario también presentó la compra como una apuesta por el talento nacional y por la industria de restaurantes.

¿Qué dijo Grupo Nutresa luego de compra de Presto?

Luego del acuerdo para adquirir Presto, Grupo Nutresa explicó que busca darle una nueva etapa a la cadena de hamburguesas sin perder los elementos que la han identificado entre los consumidores colombianos.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó el valor de Presto como parte de la historia gastronómica del país. “En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa, se refirió a la intención de conservar los productos y atributos que han acompañado a la cadena durante sus 45 años de trayectoria, al tiempo que se adapta a las expectativas de los consumidores actuales.

Entre los productos mencionados están las hamburguesas clásicas, la salsa de la casa, el sándwich de jamón y queso y el pie de manzana. La estrategia busca aprovechar el reconocimiento de estos productos para fortalecer la marca y acercarla a nuevas generaciones.

Con esta operación, Presto se sumaría al portafolio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, que incluye marcas como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón y Mimo’s. La compañía prevé conservar la identidad de Presto y mantener su operación diferenciada dentro del grupo empresarial.

El futuro de los restaurantes y sus trabajadores es uno de los puntos centrales del proceso, luego de que la empresa que operaba Presto entrara en liquidación judicial. La adquisición busca dar continuidad al negocio, aunque su materialización depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes.

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

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(Lea también: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador a estas empresas)

En medio de este panorama, el Gobierno De la Espriella anunció una nueva estrategia para atender las necesidades de empleo en varias regiones colombianas. La iniciativa busca vincular a una población que enfrenta dificultades adicionales para recuperar sus ingresos y retomar sus actividades cotidianas.

La medida está relacionada con el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que provocó una emergencia de grandes dimensiones. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 10 de septiembre, el sismo había afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos. El balance también registró 36.327 viviendas destruidas y otras 201.939 averiadas.

Ante las consecuencias de la emergencia, el Ministerio del Trabajo puso en marcha ‘El Empleo Responde’, un plan que prioriza la contratación formal de personas damnificadas para participar en la recuperación de sus propias comunidades.

La estrategia contempla empleos temporales relacionados con la reconstrucción de viviendas, la recuperación de infraestructura, la adecuación de espacios públicos y el restablecimiento de servicios y ecosistemas locales. Según el Gobierno, los contratos incluirán salario, prestaciones de ley y seguridad social.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo plan de empleo?

El Ministerio del Trabajo señaló que la prioridad será para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El propósito es que las personas afectadas puedan acceder a oportunidades laborales mientras avanzan las obras de recuperación en sus territorios.

La iniciativa se concentra en actividades que contribuyan a restablecer las condiciones de vida de las comunidades. Entre las labores contempladas están:

• Reconstrucción de viviendas: trabajos para recuperar casas afectadas por el sismo.
• Recuperación de infraestructura: labores para rehabilitar instalaciones y espacios necesarios para las comunidades.
• Adecuación de espacios públicos: intervenciones para recuperar lugares de uso colectivo.
• Restablecimiento de servicios y ecosistemas locales: acciones para contribuir a la recuperación de los territorios afectados.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que la recuperación debe hacerse con participación de las propias comunidades y que la emergencia no puede convertirse en una excusa para reducir las garantías de los trabajadores.

“En la Patria Milagro la reconstrucción se hace con la gente y para la gente. La emergencia jamás será una excusa para precarizar el trabajo; por eso, con ‘El Empleo Responde’ garantizamos contratos temporales con salarios dignos, prestaciones de ley y seguridad social integral”, afirmó la funcionaria.

De esta manera, el programa busca atender dos necesidades al mismo tiempo: contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas y ofrecer ingresos laborales a quienes sufrieron las consecuencias de la emergencia.

¿Qué condiciones tendrán los contratos de trabajo?

Uno de los puntos centrales de la estrategia es que los puestos de trabajo serán formales, aunque temporales. Esto significa que, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio, las personas contratadas contarán con salario, prestaciones legales y cobertura de seguridad social.

Las prestaciones corresponden a derechos laborales establecidos por la legislación colombiana, según las condiciones de cada vinculación. La seguridad social comprende las obligaciones aplicables en materia de salud, pensión y riesgos laborales.

Estas garantías son especialmente importantes en las labores de reconstrucción, que pueden incluir actividades físicas y trabajos que requieren medidas de prevención y protección.

Para las familias damnificadas, acceder a uno de estos empleos podría representar una fuente de ingresos mientras recuperan sus viviendas, sus actividades productivas o sus condiciones habituales de vida. Sin embargo, el alcance de ese beneficio dependerá de la cantidad de vacantes, la duración de los contratos y los perfiles que necesite cada obra.

El anuncio inicial del Ministerio del Trabajo no especificó el número total de puestos que se crearán ni el salario correspondiente a cada cargo. Por eso, será necesario conocer los detalles operativos para establecer cuántas personas podrán participar y cuáles serán las condiciones específicas de contratación.

La ministra López Fuentes señaló que el objetivo es que la recuperación deje capacidades para el futuro, además de responder a las necesidades inmediatas: “De la mano del SENA y del Servicio Público de Empleo, la recuperación no solo levantará muros, sino que dejará formación, experiencia y futuro para nuestras comunidades”, sostuvo.

También puede leer: Programa Mi Casa en Colombia: nueva ley permitirá a estos colombianos acceder a créditos hipotecarios para comprar vivienda

Para los ciudadanos, los próximos pasos serán conocer las vacantes, los municipios priorizados y los requisitos de acceso. Esa información permitirá establecer el alcance real de la estrategia y cuántas familias podrán beneficiarse de los empleos temporales.

(Vea también: Sale a flote historia tras Presto: aún busca nuevo dueño para evitar su adiós luego de 45 años)

Según un comunicado, Nutresa confirmó que celebró un contrato de compra de activos en estado de unidad productiva con la compañía Franquicias y Concesiones SAS, la cual es dueña de la cadena de comida rápida y está en liquidación judicial tras no lograr reorganizar sus deudas.

De hecho, esta última compañía confirmó esta semana la decisión, luego de que la Superintendencia de Sociedades suspendiera temporalmente algunos efectos del proceso para facilitar su venta como una unidad productiva en marcha.

Detalles del negocio con el que Grupo Gilinski comprará Presto

Ahora, solo dos días después, Nutresa (del Grupo Gilinski) reveló al mercado que, con este negocio, tomará el control de los restaurantes Presto, “conservando la operación del negocio y sus marcas, y con la sustición patronal de los empleados”.

Según la compañía, el cierre de la operación -que se hará con la filial IRCC, que también es dueña de El Corral, El Corral Gourmet, Mimo’s, entre otras- está sujeta al cumplimiento de “las condiciones suspensivas habitaules para este tipo de transacciones”.

La noticia de que el Grupo Gilinski comprará Presto se suma a otras movidas hechas por la familia del empresario Jaime Gilinski, la cual también ha comprado recientemente firmas como Tío Rico de Venezuela, Universal Sweet Industries de Ecuador y la cadena de helados Mimo’s de Colombia.

El decreto comenzará a tener efectos fiscales desde el primero de enero de 2027 y se sustenta en el artículo 348 de la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Estas normas establecen que, si el Congreso no expide el presupuesto antes de la fecha límite, entra en vigencia el proyecto presentado por el Gobierno, junto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

Vea también: ¿Qué hay detrás de la sorpresiva caída del Presupuesto en el Congreso? Dan posibles culpables

Cabe mencionar que el Senado aprobó su versión el 19 de octubre y la Cámara hizo lo propio el 20. Sin embargo, el presidente y el secretario general de la Cámara comunicaron al Ministerio de Hacienda que ambos textos tenían diferencias y no habían sido conciliados. Además, no se alcanzó a conformar la comisión accidental prevista para solucionar el desacuerdo.

Por esa razón el Ejecutivo tomó como base el texto aprobado durante el primer debate por las comisiones económicas de Senado y Cámara el 23 de septiembre. El monto quedó en 634.952.040.871.099 y se conservaron los 90 artículos incluidos en esa versión.

Hacienda confirmó una distribución de 391,38 billones de pesos para funcionamiento, 155,43 billones para el servicio de la deuda y 88,14 billones para inversión. Frente a lo aprobado posteriormente por las plenarias, hay cambios importantes en sectores como salud y energía.

En salud, el decreto contempla 81,56 billones de pesos, mientras que la cifra informada tras la votación del Congreso había llegado a 84,55 billones. En Minas y Energía quedaron 7,51 billones, frente a los 10,51 billones de pesos que había comunicado Hacienda tras las plenarias.

El gasto de funcionamiento pasó de 396,10 a 391,38 billones de pesos y la inversión bajó de 94,8 a 88,14 billones. En contraste, el servicio de la deuda aumentó de 144,07 a 155,43 billones, aunque el monto total del presupuesto permaneció sin cambios.

Además, el decreto permite reasignar saldos no comprometidos para atender territorios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026 y contempla disposiciones relacionadas con subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Finalmente, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió el decreto y aseguró que contiene los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. Hacienda, entre tanto, anunció que prepara una Ley de Rescate Fiscal que será presentada próximamente ante el Congreso.

En cuanto a Energía Atenea, cuyo nombre legal es Energua, el grupo empresarial explicó que esta filial asumió la atención del mercado luego de que Afinia, otra compañía del sector eléctrico, se dividiera. Desde entonces, Energía Atenea atiende a 361.000 usuarios que se distribuyen entre Cesar, Bolívar y Magdalena, cumpliendo un papel central en la región caribeña según la información oficial divulgada por EPM.

El grupo EPM señaló que la decisión de entregar la filial a Latam Energy Distribution Group S.A. responde a una estrategia de enfoque y optimización de recursos, cuyo principal objetivo es “fortalecer su sostenibilidad financiera y gestionar de manera adecuada su perfil de riesgo”. De acuerdo con la comunicación oficial, la venta no solo libera al grupo de una carga operativa importante, sino que también representa una medida para proteger su estabilidad económica de cara a los retos actuales y futuros que enfrenta el conglomerado.

No obstante, la transacción se produce en el contexto de una aguda crisis tanto financiera como operativa. Según la misma fuente, en el departamento del Cesar la filial registraba pérdidas de energía superiores al 41 %. Esta situación ha generado un déficit mensual considerable en la caja de la compañía, lo que motivó a EPM a desprenderse de este segmento del mercado. Así, la operación busca frenar el impacto de estas pérdidas en las cuentas de la empresa antioqueña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos usuarios atiende Energía Atenea en la región Caribe?

Según la comunicación oficial de Empresas Públicas de Medellín, Energía Atenea actualmente atiende a 361.000 usuarios que se encuentran distribuidos entre los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena. Esta cantidad de usuarios evidencia el alcance y relevancia de la filial en el mercado eléctrico del Caribe colombiano.

¿Por qué Empresas Públicas de Medellín vendió Energía Atenea?

La venta de Energía Atenea se produjo por decisión de Empresas Públicas de Medellín con el objetivo de reforzar su estabilidad financiera, enfocar recursos y gestionar el perfil de riesgo del grupo. De acuerdo con la comunicación oficial, la medida fue motivada en gran parte por las pérdidas de energía superiores al 41 % en el departamento del Cesar, lo que generó un millonario déficit mensual en la caja de la filial y afectó negativamente las finanzas de la empresa matriz.

Este subsidio sobre la tasa de interés no representa la condonación del capital adeudado por los usuarios. Su aplicación solamente se mantendrá vigente hasta que se agoten los recursos asignados. La priorización de los beneficiarios se realiza automáticamente, sin intervención de intermediarios, favoreciendo principalmente a quienes tienen un mayor grado de vulnerabilidad, según precisaron funcionarios de la Presidencia de la República.

En detalle, el programa asigna 49.330 millones de pesos a 64.904 usuarios de crédito educativo Icetex en etapa de estudios y otros 51.605 millones de pesos a 170.000 personas que están en la fase de amortización del préstamo. De este modo, el alivio económico se reflejará en los recibos de pago de este mes y beneficiará primero a quienes fueron categorizados en condición de vulnerabilidad desde el momento en que recibieron el crédito.

El Icetex informó que una vez se hayan destinado los 100.000 millones de pesos, la liquidación de los intereses regresará a las condiciones contractuales originales establecidas al inicio del crédito, que varían entre inflación más 7 % e inflación más 12 %, dependiendo de la línea de financiación solicitada.

En febrero de 2025, el Icetex notificó a sus usuarios por medio de una carta que, debido a la situación fiscal del país, las personas en periodo de pago no contarían con subsidio sobre las tasas de interés y los créditos educativos retornarían a las condiciones fijadas inicialmente. Según Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, durante 2026 este subsidio se ha otorgado de manera intermitente. Por ejemplo, en abril se destinaron otros 100.000 millones de pesos para cubrir intereses durante cerca de tres meses a unos 170.000 usuarios, pero el monto fue agotado rápidamente. Soto agregó que existe un proyecto de resolución para definir la prioridad en caso de que los recursos resulten insuficientes.

Quienes deseen obtener información adicional, pueden acudir directamente a los canales oficiales de Presidencia de la República y los del propio Icetex, ya que no es necesario recurrir a intermediarios para acceder al beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el alivio económico de la tasa de interés para usuarios de créditos Icetex?

El alivio económico implica una reducción temporal de la tasa de interés a inflación más 0 % para usuarios de créditos educativos de Icetex, vigente desde octubre y hasta agotar los fondos asignados por el Gobierno Nacional. Está orientado a estudiantes activos y personas en etapa de pago que cumplan con los requisitos de puntualidad, priorizando aquellos en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se seleccionan los beneficiarios del subsidio a los intereses en el Icetex?

La priorización de beneficiarios se realiza automáticamente, favoreciendo a quienes, al momento de acceder al crédito, fueron identificados con mayor grado de vulnerabilidad. No se requiere la intervención de intermediarios y los recursos se distribuyen entre usuarios en etapa de estudios y de amortización.

Titán Plaza encabeza la oferta de entretenimiento de Halloween proyectando la llegada de aproximadamente 300.000 visitantes durante las festividades de esa jornada.

Esta estimación representa un incremento del 30 % en la asistencia de compradores respecto a la misma fecha reportada durante el año anterior.

La administración del establecimiento contempla un aumento cercano al 20 % en las ventas reportadas por los negocios de gastronomía y diversión familiar.

Para enriquecer la experiencia de los clientes, la empresa entregará más de 180.000 dulces y habilitará tres estaciones con música a cargo de profesionales.

“Halloween es una fecha que cada vez cobra mayor relevancia para el comercio porque combina entretenimiento, experiencias y consumo. Este año esperamos recibir cerca de 300.000 visitantes y proyectamos un crecimiento cercano al 20 % en las ventas de categorías como gastronomía y entretenimiento, afirmó Yazmín Lombana Romero, gerente de Titán Plaza.

La ejecutiva puntualizó que la variada programación busca brindar un entorno ameno para que los hogares compartan durante las festividades de la temporada.

En el suroccidente bogotano, Tintal Plaza alista su jornada denominada Aventuras Fantásticas para recibir al público el próximo 31 de octubre.

El complejo comercial instalará cuatro escenarios interactivos para entretener a los niños, esperando superar una asistencia de 45.000 usuarios en sus pasillos.

Dicha meta representaría un repunte del 15 % en el tráfico de compradores frente a las métricas del mismo periodo en 2025.

Paralelamente, otros complejos comerciales afianzan sus operaciones pensando en el ambiente festivo de diciembre para dinamizar la economía local.

Plaza de las Américas estructuró su plan estratégico para el remate del año tras registrar la visita de 2,4 millones de compradores.

Sus registros operativos contabilizan el ingreso de más de 120.000 vehículos y 25.000 bicicletas, marcando incrementos superiores al 2 % en su movilidad.

Las directivas proyectan un crecimiento del 7 % en las ventas generales hacia el cierre de 2026 mediante la implementación de iniciativas comerciales.

Entre sus actividades destacan el evento Sabor a Tarde, un simulacro navideño y la presentación musical de la reconocida Sinfónica Javeriana.

Los festejos de octubre funcionan como un importante termómetro para medir el dinamismo económico que caracterizará las tradicionales compras navideñas.

Los establecimientos buscan prolongar la estancia de las familias mediante una oferta variada que integra vestuario, gastronomía y espectáculos culturales.

Las cifras gremiales de Fenalco respaldan esta tendencia, señalando que aproximadamente el 75 % de los bogotanos participa activamente en estas celebraciones de diciembre.

Asimismo, el reporte indica que el 45 % de los ciudadanos destina entre $ 100.000 y $ 200.000 a la adquisición de indumentaria festiva.

Los canales de compra reflejan diversidad, pues el 34 % de los disfraces infantiles se adquiere en almacenes de cadena y tiendas especializadas.

Por otro lado, el comercio electrónico domina el mercado para adultos y mascotas, concentrando el 57 % de las transacciones totales.

Esta combinación de compras físicas y virtuales ratifica las amplias oportunidades financieras que surgen para los comerciantes antes de finalizar el año.

Los centros comerciales aprovechan esta coyuntura para consolidar la presencia de sus marcas y dinamizar las ventas presenciales en sus instalaciones.

El éxito de la jornada de cierre en octubre fijará las pautas de consumo que continuarán durante las grandes ferias de fin de año.

Las proyecciones optimistas de los centros comerciales auguran un importante repunte económico para el sector minorista de Bogotá antes de culminar 2026.

Esta afectación golpea con particular fuerza a la edificación de vivienda, aunque el funcionario confirmó cautela antes de disponer nuevas rebajas monetarias.

Durante su intervención en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026, el vocero detalló los factores que restringen la flexibilización de la política financiera.

El alza del salario mínimo, el deterioro fiscal y el despegue del consumo interno restan margen de maniobra al órgano emisor del país.

“Quiero empezar por reconocer algo que para mí es absolutamente claro, y es que en el sector de la construcción, y muy particularmente en la construcción de vivienda, las tasas de interés altas son un problema”, declaró Villar ante los empresarios.

A pesar de manifestar su deseo de abatir los costos crediticios con las tasas de interés, enfatizó la urgencia de sostener la estabilidad macroeconómica y prevenir repuntes inflacionarios.

“Me encantaría poder bajarlas, me encantaría estar en una situación en la que eso fuera posible de una manera sostenible”, sostuvo el gerente general.

La meta prioritaria de la cúpula bancaria busca resguardar la capacidad adquisitiva familiar garantizando el cumplimiento del objetivo inflacionario del 3 por ciento anual.

Colombia aplica un indicador meta con un margen de tolerancia fijado en un punto porcentual superior e inferior a la cifra de referencia.

Sin embargo, las autoridades monetarias han enfrentado severos obstáculos para estabilizar dicho indicador en los ciclos económicos más recientes de la nación.

Tras registrar cifras menores al 2 por ciento en 2020, el costo de vida escaló hasta un pico histórico del 13,4 por ciento en marzo de 2023.

Frente a este desbordamiento de precios, el banco central incrementó su tasa de intervención desde un 1,75 por ciento inicial hasta el 13,25 por ciento.

Villar argumentó que esta corrección, calificada como “muy fuerte” e “impopular”, facilitó la desaceleración del costo de vida hasta un 2,8 por ciento a mediados de 2025.

Aquel avance abrió la puerta para iniciar un descenso progresivo en el costo del dinero, situándolo posteriormente en un 9,25 por ciento.

No obstante, el proceso de flexibilización perdió impulso por la aparición de tres eventos determinantes que modificaron la coyuntura financiera del país.

El primer elemento desencadenante consistió en un incremento del 23 por ciento al salario mínimo, decisión catalogada por el directivo como “totalmente inconsistente” con la meta trazada.

Desde la perspectiva del emisor, este reajuste laboral deterioró la confianza del mercado sobre el camino proyectado para el índice de precios.

El segundo componente perturbador radique en la expansión del saldo en rojo fiscal combinado con el desborde del gasto público estatal.

Villar remarcó que, luego del ajuste concretado tras la crisis sanitaria, el déficit primario bajó en 2023 hasta ubicarse prácticamente en cero.

Posteriormente, esa ruta ordenada sufrió un desvío que añadió presiones sobre el escenario macroeconómico, limitando la posibilidad de acelerar los recortes de tasas.

El tercer condicionante analizado por el vocero fue la reactivación de la demanda interna desde mediados de 2025, cuyo dinamismo rozó un 4,8 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

Aunque reconoció que el consumo estimula el comercio a corto plazo, alertó que dicho fenómeno no refleja un crecimiento en la capacidad productiva real.

“El problema es que la demanda interna está impulsada por cosas artificiales, no porque la capacidad productiva de la economía esté aumentando”, afirmó.

El directivo advirtió que la dinámica comercial genera desajustes severos, destacando un déficit récord en la balanza de bienes durante el transcurso de 2026.

Este desequilibrio comercial halla cierto alivio en los ingresos del segmento de servicios y el flujo constante de remesas familiares desde el extranjero.

Sin embargo, el ejecutivo reiteró los peligros de precipitar reducciones en las tasas sin disponer de un entorno económico firme y sostenible.

En consecuencia, el mensaje para el gremio edificador confirma que, pese al impacto del crédito costoso, no habrá rebajas intempestivas en el tipo de intervención.

Villar dejó claro que el Banco de la República resistirá presiones políticas para aplicar recortes que pongan en peligro el avance de la desinflación.

“Las tasas altas son un requisito necesario para que la inflación baje, y con la inflación baja sí será posible tener tasas bajas pero sostenibles”, concluyó.

El banco central reafirma su compromiso de consolidar la caída de los precios antes de acelerar medidas que puedan generar distorsiones mayores en el futuro.

(Ver también: Duro golpe a quienes arriendan en Airbnb por decreto que el Gobierno está a punto de firmar)

De acuerdo con la información difundida por CNN en Español, las nuevas disposiciones eliminan la posibilidad de exigir a los huéspedes determinadas labores domésticas como condición para terminar su alojamiento. La medida entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026 y establece límites sobre las obligaciones que pueden imponer quienes ofrecen sus viviendas mediante el servicio.

Entre las principales restricciones está la prohibición de exigir que los visitantes retiren la ropa de cama, saquen la basura o laven y guarden los platos antes de abandonar el inmueble. Sin embargo, los usuarios sí podrán dejar los utensilios sucios en el fregadero, sin que esto represente un incumplimiento de las condiciones de la reserva.

Otro de los cambios importantes es que los anfitriones no podrán imponer multas a los huéspedes por no cumplir con estas tareas. La decisión busca evitar que las personas se encuentren con obligaciones adicionales al final de su viaje, especialmente cuando consideran que el precio pagado por el alojamiento debería cubrir parte de los servicios asociados con la limpieza de la vivienda.

Airbnb busca reglas más claras para los usuarios

La modificación responde a las críticas de viajeros que han señalado la falta de claridad en las condiciones de algunas reservas. En ciertos casos, las instrucciones de salida incluyen varias tareas domésticas que deben completarse antes de abandonar la propiedad, lo que puede convertirse en una fuente de inconformidad cuando se suman al costo del alojamiento y a otros cargos.

Con las nuevas disposiciones, Airbnb también exigirá que los anfitriones comuniquen sus reglas de manera clara desde el momento de la reserva. Así, los usuarios podrán conocer con anticipación las condiciones de su estancia y evitar sorpresas cuando llegue el momento de entregar las llaves.

El cambio representa un ajuste en la relación entre huéspedes y propietarios, pues delimita las tareas que pueden exigirse al finalizar una estadía. La plataforma busca que las condiciones sean transparentes desde el comienzo y que los viajeros no tengan que asumir obligaciones que ya no estarán permitidas bajo sus políticas.

(Ver también: 250.000 empleos en riesgo: alertan por lo que pasaría con movida del Gobierno contra Airbnb)

La fecha clave será el 20 de noviembre de 2026, cuando comiencen a aplicarse las nuevas reglas. A partir de entonces, los huéspedes tendrán que revisar las instrucciones de salida, pero también podrán identificar cuándo una exigencia del anfitrión supera los límites establecidos por Airbnb.

El programa Renta Joven está dirigido a estudiantes entre los 14 y 28 años que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que actualmente cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales en universidades públicas, así como para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Durante este ciclo, quienes acrediten su permanencia en el sistema educativo recibirán 400.000 pesos. Además, aquellos universitarios que hayan obtenido un promedio de 4.0 o superior en el primer semestre del año serán reconocidos con un incentivo adicional de 200.000 pesos por excelencia académica, sumando hasta 600.000 pesos en total.

Según Prosperidad Social, la inversión de este ciclo específico asciende a 48.374 millones de pesos. Estos recursos se distribuyen entre los conceptos de Permanencia y Excelencia, beneficiando a 95.544 jóvenes matriculados en instituciones de educación superior, así como a 254 aprendices del SENA para los meses de junio y julio de 2026.

En cuanto a la modalidad de entrega de los recursos, el informe de Prosperidad Social detalla que 85.773 jóvenes con cuenta activa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los montos mediante abono directo a su cuenta de ahorros o billetera electrónica. La distribución será escalonada durante tres días, según el último dígito del documento de identidad: el 21 de octubre para quienes terminan en 1, 2 y 3, el 22 de octubre para 4, 5 y 6, y el 23 de octubre para 7, 8, 9 y 0. Por otro lado, 10.025 participantes que no disponen de producto financiero habilitado podrán reclamar el dinero en modalidad de giro entre el 21 y el 28 de octubre en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el país. Prosperidad Social recomienda a los participantes consultar previamente los puntos de atención específicos por municipio a través del portal de SuperGiros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el desembolso del quinto ciclo de Renta Joven en 2026?

El desembolso se efectúa principalmente a través de abonos directos en cuentas de ahorro o billeteras electrónicas para quienes tienen cuenta activa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Aquellos que no tienen producto financiero habilitado pueden reclamar el dinero en modalidad de giro en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, siguiendo el cronograma anunciado por Prosperidad Social para el periodo del 21 al 28 de octubre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a la transferencia monetaria de Renta Joven en Colombia?

Pueden acceder jóvenes entre los 14 y 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, que estén inscritos en programas técnicos, tecnológicos o profesionales de universidades públicas, así como aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia y excelencia académica establecidos por Prosperidad Social.

El convenio se fundamenta en la opción de totalizar y acumular los periodos de cotización no simultáneos que los trabajadores hayan registrado de manera dividida entre los dos países. Esto significa que los aportantes podrán sumar sus semanas y fondos, facilitando así el cumplimiento de los requisitos legales que permiten acceder a prestaciones económicas por vejez, invalidez y sobrevivencia. Según la misma fuente, este beneficio estaba normalmente restringido a quienes cotizaban en un solo sistema, por lo que representa un avance destacado en materia previsional.

Sin embargo, las autoridades diplomáticas tanto de Colombia como de Suiza aclararon que los efectos directos del acuerdo no serán inmediatos. La implementación efectiva queda sujeta a que se cumplan los procedimientos internos de ratificación en cada país y a que el tratado entre en vigor formalmente. La firma presencial estuvo encabezada por el propio ministro colombiano y por Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal y jefa del Departamento Federal del Interior de Suiza.

Más allá del ámbito pensional, la gira diplomática de Bula también sirvió para fortalecer la cooperación estratégica en otras áreas clave. Noticiero 90 Minutos señala que hubo encuentros con altos representantes del gobierno, el parlamento, el sector empresarial y académico, donde se plantearon rutas de colaboración en transformación digital, innovación, comercio, industria y atracción de inversiones extranjeras. Un punto relevante de la agenda fue la reunión con Flughafen Zürich AG, interesada en invertir en concesiones aeroportuarias en Colombia.

Otra iniciativa destacada es la alianza estratégica con la Universidad de St. Gallen, proyectada para impulsar programas de intercambio académico, aceleración comercial y el otorgamiento de becas dirigidas a investigadores de gran potencial en los sectores científico e industrial. Estos pactos reflejan la intención conjunta de ambos países por consolidar un vínculo estable y mutuamente provechoso, trascendiendo lo meramente diplomático para tener impacto concreto en la vida de sus ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el acuerdo pensional entre Colombia y Suiza a los trabajadores?

El acuerdo facilita que los trabajadores que hayan realizado aportes en ambos países puedan sumar los periodos de cotización no simultáneos, permitiéndoles cumplir más fácilmente con los requisitos legales para acceder a pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. Así, ya no será obligatorio completar todos los aportes en un solo país, ampliando las posibilidades de obtener prestaciones económicas para quienes han tenido trayectorias laborales internacionales.

¿Cuándo entrará en vigor el convenio de seguridad social entre Colombia y Suiza?

El convenio de seguridad social firmado entre Colombia y Suiza no tiene aplicación inmediata. Su entrada en vigor depende estrictamente de que ambos países realicen los trámites internos de ratificación correspondientes, proceso que puede variar en tiempos según los procedimientos jurídicos nacionales.

(Lea también: Devolución de aportes pensionales en Colombia: el error que podría costarle su pensión)

En Colombia, esta cobertura es especialmente relevante por el tamaño del parque automotor y la cantidad de vehículos que circulan sin el seguro vigente. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) informó que el país cerró 2025 con 21,3 millones de vehículos activos, de los cuales 13,5 millones eran motocicletas. Además, cerca de 9,9 millones terminaron ese año con el Soat vencido, equivalentes al 47 % del parque automotor registrado.

Por eso, además de mantener la póliza al día, es importante conocer qué cubre el seguro y qué debe hacer una persona lesionada para solicitar una indemnización cuando un siniestro vial le deja secuelas permanentes.

¿Cuánto puede pagar el Soat por pérdida de capacidad laboral en 2026?

La indemnización por incapacidad permanente se calcula con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le califique a la víctima. De acuerdo con la tabla de valores para 2026 .

El Decreto 780 de 2016, establece que la indemnización se calcula con base en una tabla expresada en salarios mínimos legales diarios vigentes y contempla un máximo de 180 salarios mínimos diarios para una pérdida superior al 50 %.

Además, cuando el vehículo involucrado no tiene Soat o no está identificado, el reconocimiento puede corresponder a la ADRES, no a una aseguradora. El monto puede llegar a $10.505.430 para quienes acrediten una pérdida superior al 50 %.

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Los valores aproximados según la norma vigente se distribuyen de la siguiente manera:

• Pérdida de capacidad laboral del 1 % al 5 %: alrededor de $817.089.
• Superior al 5 % y hasta el 10 %: entre $1.021.361 y $1.838.450, aproximadamente.
• Superior al 10 % y hasta el 20 %: entre $2.042.723 y $3.881.173.
• Superior al 20 % y hasta el 30 %: entre $4.085.445 y $5.923.895.
• Superior al 30 % y hasta el 40 %: entre $6.128.168 y $7.966.618.
• Superior al 40 % y hasta el 50 %: entre $8.170.890 y $10.009.340.
• Pérdida superior al 50 %: $10.505.430.

Es importante tener presente que no basta con haber sufrido un accidente, haber recibido atención médica o tener una lesión visible. Para acceder a esta indemnización, la víctima debe acreditar una pérdida de capacidad laboral permanente mediante la calificación correspondiente. El porcentaje reconocido es determinante para establecer el monto que podría recibir.

¿Qué debe hacer para reclamar la indemnización del Soat?

El primer paso es contar con la calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta valoración establece qué tanto afectaron las secuelas del accidente las capacidades de la persona, según los criterios aplicables.

Una vez cuente con esa calificación y con los documentos exigidos, la víctima o quien esté facultado para representarla puede presentar la reclamación ante la aseguradora que expidió el Soat del vehículo involucrado, siguiendo el procedimiento correspondiente.

Conviene conservar la historia clínica, los soportes de la atención médica, los documentos del accidente y el dictamen de pérdida de capacidad laboral. También es recomendable solicitar a la aseguradora la lista de requisitos para el trámite, pues la documentación puede variar según las circunstancias del caso.

(También puede leer: Tribunal aclara qué debe probar un trabajador para reclamar salarios, prestaciones e indemnizaciones aunque no haya firmado contrato)

La indemnización por incapacidad permanente es diferente del pago de los servicios médicos derivados del accidente. Son coberturas distintas: una se dirige a reconocer las secuelas permanentes que afectan la capacidad laboral, mientras que la atención en salud responde a los gastos médicos cubiertos por el seguro dentro de los límites aplicables.

Presto se acogió a la quiebra después de una complicada situación económica y la Superintendencia de Sociedades aceptó que todavía funcionen sus restaurantes, además de dejarle una carta sobre la mesa.

Mónica Alexandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S.A.S., confirmó la determinación mediante una circular institucional enviada el 20 de octubre de 2026 a proveedores, acreedores y arrendadores.

La vocera corporativa anunció a través de un comunicado que se pretende sostener las actividades diarias para salvaguardar las plazas de trabajo vigentes y facilitar la colocación de la marca dentro del mercado gastronómico nacional.

Lo cierto es que esa disposición garantizará “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa Presto en marcha como unidad económica productiva”.

Incluso, el diario La República sorprendió al indicar que “trascendió que ya hay un empresario interesado”, pero en esa misma línea reconoció que “no ha llegado ninguna propuesta formal”.

En ese sentido, apuntó dentro de su explicación que es indispensable “establecer el valor total del negocio, un ejercicio en el que la liquidadora y su equipo están trabajando”.

Con todo ese contexto sobre la mesa como parte de uno de los capítulos más llenos de nostalgia para millones de consumidores durante las más de cuatro décadas de camino, salió a flote la historia de la empresa.

El salvavidas que se busca contra la quiebra abrió paso a conocer los dueños de Presto durante 45 años de recorrido, que la han catapultado como una de las marcas con amplia recordación.

La reconocida marca de hamburguesas Presto inició sus actividades comerciales en 1981 bajo el amparo del Grupo Santo Domingo mediante la corporación Valores Bavaria.

Durante ese ciclo inicial, la empresa experimentó serios contratiempos financieros motivados por la desaceleración económica de finales de los noventa y marcadas discrepancias entre dueños y franquiciados.

Posteriormente, en 2002, la firma Frayco, constituida por antiguos administradores franquiciados, asumió la propiedad definitiva del establecimiento de comida rápida.

Una década más tarde, en 2012, el fondo centroamericano de inversiones Mesoamérica Investment concretó la compra de Frayco, entidad que operaba la célebre cadena.

Lamentablemente, dicha compañía ingresó a un proceso final de liquidación de Presto debido a una acumulación de contingencias que erosionaron gravemente sus ingresos operacionales.

El desplome financiero obligó a Frayco a solicitar la protección contemplada en la Ley 1116 durante 2023, buscando reestructurar sus compromisos comerciales.

Diversos elementos desencadenaron el colapso, destacando la persistente inflación y el incremento de las tasas de interés que elevaron los costos de insumos.

A esta coyuntura desfavorable se sumaron los efectos residuales de la pandemia, los cuales mermaron drásticamente las ventas de la compañía en el mercado.

Adicionalmente, el sostenimiento de más de 100 puntos de venta de Presto generaba gastos fijos insostenibles frente al avance agresivo de marcas rivales como El Corral y McDonald’s.

El crecimiento de los negocios artesanales de hamburguesas estrechó aun más el margen competitivo de la histórica firma en todo el territorio nacional.

Con deudas acumuladas por $104.000 millones y sin capacidad de caja, la compañía recurrió sin éxito a la Superintendencia de Sociedades para intentar un rescate hasta ahora fallido.

Ahora queda esta historia como un impulso para que los empresarios se la jueguen por una marca que es parte de la memoria colectiva de los colombianos, en un capítulo que se espera solo sea un mal recuerdo y una nueva oportunidad para recuperarla de manera exitosa tan rápido como lo dice su nombre.

La herramienta amplía las opciones disponibles en la aplicación del banco, pues hasta ahora estas operaciones se hacían con el dinero disponible en las cuentas.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que facilita el envío de dinero entre entidades financieras y billeteras digitales de manera gratuita y en tiempo real.

Con esta actualización, los usuarios de BBVA podrán enviar dinero a otras personas o pagar en comercios que reciban pagos mediante Bre-B, incluso cuando estos establecimientos no tengan datáfono para aceptar tarjetas de crédito.

El banco explicó que las operaciones realizadas con el cupo de avance aparecerán en el extracto de la tarjeta como un avance a cuenta. Además, los clientes podrán elegir el número de cuotas al que desean diferir el valor de la transacción.

La funcionalidad estará disponible para quienes tengan una cuenta de ahorros o corriente en BBVA, una tarjeta de crédito y cupo de avance disponible. La cantidad de dinero que podrán utilizar dependerá del cupo habilitado al momento de realizar la operación.

Con esta decisión, BBVA fortalece su apuesta por la digitalización y amplía las alternativas de pago para sus clientes en Colombia.

Las posiciones iniciales de trabajadores y empresarios sobre el ajuste parecen estar sustancialmente distanciadas, mientras que el Gobierno mantiene su llamado a un debate con bases técnicas.

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Según las primeras proyecciones, la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia partiría de un 7 %, cifra de inflación con la que se espera que el país cierre este año, más el resultado de la productividad laboral.

Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana aprovecha este debate para proponer un salario diferenciado por regiones, que dependa de la actividad económica de las distintas zonas del territorio nacional.

¿Cómo debería subir el salario mínimo en Colombia?

En concreto, la propuesta se centra en implementar un esquema de salario mínimo diferenciado por regiones, con el fin de que la remuneración de los trabajadores se adapte, de forma más realista, a las particularidades del mercado laboral de cada zona.

Ese análisis también debería tener en cuenta, entre otros factores, el costo de vida y la productividad local, con miras a favorecer la creación de empleo formal.

De momento, ese equipo de investigaciones económicas propone que el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2027 siga estrictamente la regla técnica: una inflación proyectada del 6,8 % más una productividad del 1,2 %, lo que situaría el incremento en un 8 %.

(Recomendado: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador)

El análisis recuerda que los incrementos desproporcionados del salario mínimo tienen un fuerte impacto en la inflación y la informalidad laboral en todo el país, por lo que es necesario tomar medidas para corregir la brecha entre el salario mínimo y la productividad.

Los proyectos contemplan una inversión estimada de $887.000 millones y beneficiarían directamente a 14.380 estudiantes.

En Soacha se proyecta la construcción de seis colegios, entre ellos Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre Colegio 1 y tres instituciones adicionales en Ciudad Verde.

Estas obras tendrían una inversión de $467.000 millones y beneficiarían a 7.680 estudiantes, además de generar un impacto potencial en más de 100.000 personas.

Por su parte, en Cali se contempla la reposición y construcción de siete instituciones educativas, entre ellas los colegios Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-Tres de Julio, Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II y Santo Tomás-Jorge Isaacs. Para estos proyectos se estiman recursos por $420.000 millones, con un beneficio directo para 6.700 alumnos.

Las iniciativas se desarrollarían bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de ampliar la cobertura educativa, mejorar la infraestructura escolar y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar.

Según la ANI, el acuerdo se concretó 15 días después de los compromisos anunciados para estos territorios.

Sin embargo, los recursos y beneficiarios todavía son estimaciones, pues el convenio busca avanzar en la estructuración integral de los proyectos y no representa el inicio inmediato de las obras.

El crecimiento de esta herramienta responde a una tendencia clara en el comportamiento de compra nacional, donde el uso de alternativas sin contacto ya es una costumbre masiva en los establecimientos físicos. De acuerdo con cifras de la industria, más del 93 % de las transacciones presenciales en Colombia se realizan mediante tecnología contactless, una tasa que posiciona al país entre los líderes de América. No obstante, el comercio electrónico históricamente ha tropezado con barreras de fricción, como el abandono de carritos virtuales debido a lo engorroso que resulta rellenar formularios de pago y contraseñas en cada tienda virtual.

Frente a este escenario, Carlos Tovar, vicepresidente de Producto e Innovación para la Región Andina de Visa, destacó el impacto de la cifra alcanzada en el territorio nacional: “Alcanzar cinco millones de tarjetas registradas en Click to Pay en Colombia representa un hito importante en la evolución de los pagos digitales del país. Este logro demuestra cómo la innovación puede simplificar la experiencia de compra en línea, aumentar la seguridad de las transacciones y fortalecer la confianza de los consumidores en el ecosistema digital”, afirmó el directivo al evaluar el comportamiento del sistema.

Desde la perspectiva de los comercios y las tiendas virtuales, la implementación de este tipo de pasarelas simplificadas incide directamente en los indicadores financieros. Según datos revelados por la compañía, el uso de esta tecnología puede reducir de manera significativa el tiempo de pago y elevar en promedio 10 puntos porcentuales las tasas de autorización, lo que se traduce en menos transacciones rechazadas, menor índice de carritos abandonados y un incremento en las ventas concretadas.

En el flanco de la seguridad, uno de los temores más recurrentes de los compradores al navegar por internet, la plataforma introduce barreras tecnológicas avanzadas. La herramienta evita que los datos reales del plástico queden expuestos o se compartan directamente con los comercios en cada operación. Datos de la compañía indican que este blindaje puede disminuir hasta en un 91 % el fraude en transacciones digitales frente al ingreso manual tradicional de los datos. Adicionalmente, el sistema ya integra en el país herramientas como Visa Payment Passkey, que permite certificar la identidad del usuario mediante biometría —ya sea reconocimiento facial o huella digital—, eliminando la necesidad de recordar contraseñas complejas o esperar códigos de un solo uso por mensajes de texto.

La medida establece que los beneficiarios pagarán intereses equivalentes al IPC + 0 %, eliminando el recargo adicional que se aplicaba sobre la inflación.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el ICETEX, anuncia la reducción temporal de la tasa de interés al IPC + 0 % para cerca de 235.000 usuarios de créditos educativos.

Esta medida, respaldada por una inversión superior a los 100.000 millones de pesos,… pic.twitter.com/IH7gIyahAI

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 22, 2026

El beneficio, que representa una inversión superior a $100.000 millones, cobijará tanto a estudiantes que actualmente cursan sus programas académicos como a quienes ya se encuentran en etapa de pago de sus créditos. Para acceder a esta reducción, los usuarios deberán mantener sus obligaciones al día.

Las autoridades aclararon que la medida no significa una condonación del capital adeudado, sino una disminución temporal de los intereses. Además, estará vigente mientras permanezcan disponibles los recursos destinados para financiarla.

La selección de los beneficiarios se realizará de manera automática, sin necesidad de intermediarios, y dará prioridad a las personas que presenten mayores condiciones de vulnerabilidad.

Con esta decisión, el Gobierno busca reducir la presión financiera sobre los estudiantes y sus familias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para acceder a la educación superior.

La medida se presenta como parte de las acciones para ofrecer alivios financieros a los usuarios del ICETEX.

De acuerdo con la información contenida en el documento enviado, uno de los principales argumentos para la prórroga radica en el trámite del presupuesto del año 2027, que la Cámara debió priorizar a causa del calendario legislativo. La corporación aclaró que este proceso tenía un término legal que no dependía de la voluntad de la mesa directiva, sino que correspondía a una obligación constitucional exigida en su momento, y no a causas de preferencia dentro de la agenda legislativa.

La comunicación agrega que la petición no busca justificar un aplazamiento generalizado de decisiones judiciales por el simple hecho de tener otras obligaciones legislativas. Explican que, en esta coyuntura, coincidieron dos deberes constitucionales en el mismo órgano y que su cumplimiento requiere deliberaciones colectivas debidamente verificables. Desde la perspectiva de la Cámara, responder a estos compromisos simultáneos exige un manejo riguroso del tiempo para garantizar que la discusión y votación de la reforma pensional se realice bajo condiciones de transparencia y legalidad.

Además, la mesa directiva destacó el antecedente del año anterior, cuando se corrigieron errores similares en la reforma, y subrayó que el respeto al proceso deliberativo es vital para que toda la actuación legislativa sea válida y legítima. Señalan que someter el nuevo trámite a ritmos acelerados incrementaría el riesgo de repetir deficiencias que ya han sido advertidas por la Corte Constitucional.

El documento precisa que el tiempo adicional solicitado busca permitir un procedimiento ordenado que incluya la correcta identificación de proposiciones, la preparación de documentos, la publicidad de los debates, el tratamiento adecuado de solicitudes de impedimento y la consolidación de los soportes documentales requeridos. En definitiva, sostienen que la gestión racional del tiempo es un componente central para cumplir con las condiciones materiales que demanda la sentencia de la Corte.

La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que determinará si otorga este plazo adicional solicitado en paralelo a otras discusiones relevantes, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de sometimiento y un proyecto de ajuste fiscal aún pendiente. El Centro Democrático también prepara una "contrarreforma" pensional, apuntando a modificar aspectos ya aprobados por el alto tribunal, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cámara de Representantes pidió más tiempo para subsanar los artículos de la reforma pensional?

La Cámara de Representantes solicitó 30 días adicionales para subsanar los artículos de la reforma pensional argumentando que el trámite del presupuesto de 2027 era una obligación constitucional inaplazable que coincidió en el tiempo con la discusión de la reforma. Según la corporación, el manejo ordenado del proceso requiere deliberaciones detalladas y toma de decisiones colegiadas, evitando repetir errores del pasado y garantizando así la validez jurídica de las actuaciones, tal como informó El Espectador.

¿Qué procedimiento propone la Cámara para la discusión de la reforma pensional ante la Corte Constitucional?

La mesa directiva plantea que, durante el periodo adicional solicitado, se lleve a cabo un procedimiento estructurado que contemple la identificación precisa de las proposiciones, la debida preparación documental, la publicidad y convocatoria de las sesiones, análisis individual de solicitudes de impedimentos y consolidación formal de los documentos. Este procedimiento busca cumplir de manera material y formal con los requisitos señalados por la Corte Constitucional.

Los cambios hacen parte de la puesta en marcha del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), cuyo cronograma fue ajustado mediante la Resolución 008863 del 16 de julio de 2026 de la Superintendencia de Transporte. La normativa contempla mecanismos para verificar la identidad de los participantes, comprobar la autenticidad de los documentos y dejar constancia de la asistencia a las sesiones.

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En la práctica, los ciudadanos podrán seguir haciendo el trámite para acceder a los descuentos previstos por la ley. La diferencia estará en los controles que deberán aplicar los centros autorizados, con herramientas tecnológicas que permitan comprobar quién hizo el curso y dejar un registro verificable de cada etapa del proceso.

“Lo importante es que exista una huella digital de principio a fin del proceso. El ciudadano debe tener la certeza de que está realizando su curso en un establecimiento autorizado y que su participación queda correctamente registrada”, explicó Cleyton Clark, director de negocios a cargo del SICOV en OlimpIA. Según el directivo, estos mecanismos buscan reforzar la seguridad del trámite y la confianza de los ciudadanos y las instituciones.

El sistema también permite registrar datos como la fecha, la hora y el lugar donde se realiza la capacitación, además de identificar al instructor responsable. Esta información facilita la supervisión de los cursos y permite a los centros y a las autoridades verificar que se cumplan los procedimientos establecidos para los conductores que buscan acceder al beneficio.

La implementación del SICOV en los Centros Integrales de Atención comenzó en agosto de 2026. Por su parte, los organismos de tránsito que ofrecen cursos para infractores avanzan en la adopción del sistema según el cronograma de la Superintendencia de Transporte. La entrada en producción de la versión integral está prevista para enero de 2027.

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OlimpIA, empresa de tecnología del Grupo Colpatria, participa en la implementación de estas herramientas y reportó más de 11,6 millones de validaciones de identidad durante 2026. La incorporación del sistema busca fortalecer los controles y la trazabilidad de los cursos, aunque los conductores deberán seguir cumpliendo los requisitos legales para acceder a los descuentos en sus multas.

Este dato cobra mayor relevancia cuando se analiza el impacto de sus variaciones sobre la economía nacional. Según el mismo medio, existen dos escenarios principales derivados del comportamiento de la tasa de cambio: la depreciación y la apreciación de la moneda local. Cuando el valor de la tasa de cambio aumenta, el país atraviesa una depreciación, lo cual significa que el peso pierde valor en comparación con el dólar estadounidense. En la práctica, esto obliga a pagar más pesos por cada dólar, lo que encarece las importaciones y puede tener repercusiones en el costo de bienes y servicios provenientes del exterior.

Por otro lado, una disminución de la tasa de cambio indica una apreciación de la moneda colombiana. Esta situación permite que los agentes económicos necesiten menos pesos para comprar la misma cantidad de dólares, abaratando la adquisición de productos extranjeros. Aunque este fenómeno beneficia el consumo de importaciones, puede generar desventajas para los exportadores, quienes encuentran menos competitiva su oferta en el exterior debido al fortalecimiento del peso.

Para entender y oficializar estas variaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta se define, según lo informado, como el promedio simple de las tasas ponderadas derivadas de las transacciones diarias de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso. En este proceso participan entidades como bancos comerciales, sociedades comisionistas, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex, entre otras. Solo se tienen en cuenta aquellas operaciones en las que ambos lados del intercambio se cumplen el mismo día. Así, la TRM facilita una medición transparente y confiable de las tendencias cambiarias del país.

Actualmente, según la última referencia publicada, la tasa representativa del mercado establece que un dólar equivale a 3.191,47 pesos colombianos, reflejando la cotización oficial vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal al precio del dólar en Colombia?

La tasa de cambio nominal determina cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un dólar estadounidense, impactando de forma directa el precio oficial de la divisa en el país según lo monitoreado por la Tasa de Cambio Representativa del Mercado. Esta relación influye tanto en las importaciones como en las exportaciones y en el valor final que pagan los agentes económicos por la moneda extranjera.

¿Qué significa depreciación y apreciación del peso colombiano frente al dólar?

La depreciación del peso colombiano frente al dólar ocurre cuando aumenta la tasa de cambio nominal, es decir, cuando se necesitan más pesos para comprar un dólar, encareciendo las importaciones. La apreciación, por el contrario, se manifiesta cuando la tasa de cambio disminuye y se necesitan menos pesos por dólar, lo que favorece la compra de productos extranjeros pero puede restar competitividad a los exportadores.

Para esta temporada de 2026, los hábitos de consumo entre los colombianos han mostrado giros interesantes. De acuerdo con análisis del sector comercial, aunque los chocolates y los dulces tradicionales siguen vigentes, los sabores ácidos, picantes e intensos —asociados al gusto de las nuevas generaciones— han ganado terreno considerable en las bolsas de dulces. Asimismo, las familias buscan alternativas de empaques que permitan elegir desde formatos pequeños para consumo familiar hasta presentaciones de gran volumen de dulces duros que van desde los 70 gramos hasta los 5 kilos.

En materia de ahorro y servicio al consumidor, la oferta comercial para este año incluye mecanismos para que los compradores no tengan que ser grandes mayoristas para acceder a precios de fábrica. Cadenas como Makro habilitaron en sus tiendas del país más de 300 referencias de dulces con opciones de compra escalonadas —donde el precio por unidad baja a partir de tres bolsas— y descuentos que alcanzan hasta el 30 % en referencias seleccionadas. Esta modalidad le permite a un hogar o a la tienda de barrio comprar desde una sola bolsa hasta bultos completos ajustados a su capacidad de pago.

Para quienes están planeando sus compras de la semana, los expertos en consumo recomiendan calcular con anticipación la cantidad aproximada de niños que suelen transitar por la zona o el conjunto residencial y revisar el tipo de empaque individual que trae cada paquete. La combinación entre variedades tradicionales (chocolates y masmelos) y golosinas ácidas o masticables se perfila como la estrategia ideal para armar los paquetes de dulces sin gastar de más en las fechas previas al festejo.

El Gobierno nacional avanza en esta agenda mediante un memorando de entendimiento con Estados Unidos y un grupo de trabajo para desarrollar conocimiento y capacidades en esta tecnología.

A este proceso se sumó Empresas Públicas de Medellín (EPM), que firmó un convenio con el Ministerio de Minas y Energía para acompañar la exploración de la energía nuclear y evaluar su posible papel en el sistema eléctrico colombiano.

La empresa considera que esta fuente podría complementar la generación solar, eólica e hidroeléctrica gracias a su capacidad de producir electricidad de manera continua y con bajas emisiones de CO2.

Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología tomaría varios años. EPM estima que el proceso podría tardar unos 15 años, debido a las necesidades de reglamentación, formación técnica y creación de instituciones especializadas. Entre las tareas pendientes está la creación de una Agencia de Energía Atómica.

El Gobierno tampoco ha definido aún qué tipo de reactores se utilizarían, cuánto costarían o cuándo entrarían en operación.

Por ahora, la apuesta está enfocada en construir las bases regulatorias, técnicas e institucionales para una eventual incorporación de la energía nuclear.

Los consejos de administración de ambas compañías ya habrían formado comités especiales para estudiar el acuerdo, aunque Musk reconoció que no puede participar directamente en las discusiones por su conflicto de intereses.

La unión integraría negocios de vehículos eléctricos, baterías, cohetes, satélites, inteligencia artificial, centros de datos y robots humanoides.

La estrategia estaría enfocada en aprovechar la conexión entre estas tecnologías para desarrollar sistemas de IA, vehículos autónomos y servicios de computación espacial.

El interés por la operación aumentó después de que SpaceX reportara resultados superiores a las expectativas.

La compañía registró ingresos netos de US$ 4.400 millones en el trimestre terminado en septiembre, un crecimiento de 161% interanual. Su negocio de inteligencia artificial alcanzó US$ 7.560 millones y Starlink llegó a 13,6 millones de suscriptores.

Una eventual fusión elevaría a Tesla y SpaceX hasta el quinto lugar entre las empresas más valiosas de Estados Unidos, solo detrás de Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft.

Analistas e inversionistas consideran que la integración permitiría a Musk consolidar bajo una misma compañía buena parte de sus apuestas tecnológicas.

La iniciativa pretende eliminar una de las principales barreras para comprar casa: reunir la cuota inicial.

El proyecto contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos, que podrían utilizarse para cubrir parte de la cuota inicial y gastos de notaría, registro o garantías. También propone créditos de hasta 30 años y una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años.

La propuesta busca beneficiar especialmente a trabajadores informales, quienes podrían demostrar su capacidad de pago mediante alternativas como el historial de arriendo, pagos de servicios públicos y movimientos financieros.

También se priorizaría a mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales.

Para las mujeres cabeza de hogar se plantea una cobertura adicional de un punto porcentual. Además, el Fondo Nacional de Garantías podría respaldar hasta el 70 % del crédito.

La iniciativa también permitiría que algunos beneficiarios de Mi Casa Ya soliciten su traslado al nuevo esquema. Su aplicación dependerá del trámite legislativo y de las condiciones que finalmente sean aprobadas.

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Sin embargo, tomar esa decisión sin revisar primero la historia laboral podría salir caro. En algunos casos, todavía es posible completar las semanas, recuperar aportes que un empleador no pagó o encontrar periodos trabajados que no aparecen registrados. También puede haber alternativas para obtener un ingreso durante la vejez sin retirar todos los recursos en un solo pago.

El error es solicitar la devolución sin comprobar antes si todavía existe una posibilidad de pensionarse. La advertencia la hace Flora Feijoo, asociada de Holland & Knight, quien señala que estas prestaciones no deben entenderse como un trámite automático al cumplir la edad de pensión, sino como alternativas para quienes realmente no pueden acceder a ella.

La decisión es especialmente importante porque recibir el dinero puede tener consecuencias sobre el uso posterior de las semanas o los recursos que ya fueron reconocidos. Antes de aceptar una devolución, por tanto, conviene comprobar cuánto tiempo se ha cotizado, qué salario aparece registrado, si existen aportes pendientes y qué reglas pensionales aplican a cada persona.

¿Qué es la devolución de aportes pensionales y quién puede solicitarla?

En Colombia, las opciones cambian dependiendo de si la persona está afiliada a Colpensiones o a un fondo privado. Aunque ambas alternativas buscan atender la situación de quienes no reúnen los requisitos para obtener una pensión, no funcionan de la misma manera.

Si está afiliado a Colpensiones cuando una persona cumple la edad de pensión, pero no reúne las semanas exigidas, puede evaluar distintas opciones:

• Seguir cotizando hasta completar las semanas necesarias, si tiene la posibilidad de hacerlo.
• Revisar si cumple los requisitos para una pensión familiar, que permite sumar las semanas de una pareja bajo condiciones específicas.
• Solicitar la indemnización sustitutiva, si manifiesta que no puede continuar cotizando y cumple los requisitos aplicables.

La indemnización sustitutiva no equivale a recibir de vuelta, peso por peso, todo lo que la persona aportó durante su vida laboral. Su cálculo se realiza mediante una fórmula prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que considera factores como el salario base de liquidación, las semanas cotizadas y los porcentajes aplicados a los aportes.

Si está afiliado a un fondo privado, la alternativa se conoce como devolución de saldos. Puede incluir el dinero acumulado en la cuenta individual, sus rendimientos financieros y el bono pensional, cuando corresponda.

Pero tampoco es la única opción. Una persona podría continuar cotizando para reunir el capital necesario para financiar una pensión. Además, si cumple la edad —57 años para las mujeres y 62 para los hombres— y acredita al menos 1.150 semanas, puede tener derecho a la garantía de pensión mínima cuando el capital acumulado no alcanza para financiar una mesada de un salario mínimo.

También puede evaluarse una pensión familiar si la pareja cumple las condiciones legales para sumar sus recursos y semanas. Por eso, antes de solicitar la devolución, es importante determinar si existe alguna de estas posibilidades.

El cambio que debe tener presente con la reforma pensional

La decisión también depende del momento en que se haga la solicitud y de las reglas que le correspondan al afiliado. De acuerdo con la experta, la Sentencia C-264 de 2026, adoptada el 25 de agosto de ese año, declaró exequibles las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 que fueron aprobadas válidamente y levantó la suspensión ordenada en el Auto 841 de 2025.

No obstante, la entrada en vigor de las normas que conforman el nuevo sistema pensional está prevista para el 1 de abril de 2027. Hasta el 31 de marzo de ese año, las solicitudes de indemnización sustitutiva y devolución de saldos continúan rigiéndose por la Ley 100 de 1993.

La reforma contempla, además, un pilar semicontributivo para determinados grupos de personas que no logren acceder a una pensión contributiva, pero hayan realizado aportes durante su vida laboral.

En términos generales, la ley prevé que personas que no estén cubiertas por el régimen de transición, que cumplan las edades establecidas y que hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas puedan acceder a una renta vitalicia, siempre que reúnan las demás condiciones. Para las mujeres se contempla una edad de 60 años o más y para los hombres, de 65 años o más.

Esta renta es un beneficio económico periódico, pero no equivale jurídicamente a una pensión. La especialista señala que su monto total no puede superar el 80 % de un salario mínimo mensual legal vigente. Además, a diferencia de una pensión que puede generar protección para determinados familiares, la renta semicontributiva no es heredable ni sustituible por muerte.

Estas condiciones hacen necesario revisar si la persona está cobijada por el régimen de transición, cuántas semanas tiene realmente y qué prestación podría recibir antes de decidir retirar sus recursos.

¿Qué puede perder si acepta la devolución de aportes pensionales?

La consecuencia más importante es que, como regla general, las semanas o el capital que sirvieron para liquidar una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos no pueden volver a utilizarse como si nunca se hubiera recibido esa prestación para reclamar otra por el mismo riesgo de vejez.

Esto no significa que la persona quede automáticamente impedida para seguir trabajando o cotizando. La jurisprudencia citada por Holland & Knight aclara que recibir la devolución no autoriza a la administradora a bloquear nuevas cotizaciones. Si la persona vuelve a trabajar y debe aportar al sistema, puede continuar vinculada, aunque debe distinguirse entre efectuar nuevos aportes y reutilizar las semanas o recursos que ya fueron indemnizados.

La especialista también advierte que existen situaciones excepcionales en las que podría discutirse posteriormente el derecho a una pensión. Entre ellas están los casos en que el derecho ya se había causado antes de reconocerse la devolución, cuando se aplicó un requisito inconstitucional o una norma que no correspondía, o cuando la persona no cobró efectivamente el dinero y siguió cotizando hasta completar los requisitos.

Sin embargo, estos escenarios dependen de las circunstancias particulares y pueden requerir reintegros o compensaciones. Por eso, no conviene tomar la decisión pensando que siempre será posible recuperar después las semanas o los recursos retirados.

Imagine a una persona que llega a la edad de pensión y cree que no tiene las semanas suficientes. Al revisar su historia laboral, descubre que le faltan 50 semanas, equivalentes aproximadamente a un año de cotización.

Si puede seguir aportando, completar ese tiempo podría ser una alternativa más valiosa que recibir un pago único. Pero si solicita la devolución sin verificar sus semanas, los periodos trabajados y las opciones disponibles, podría renunciar a una posibilidad que no había identificado.

Diez puntos que debe revisar antes de retirar sus aportes pensionales

Flora Feijoo recomienda analizar varios aspectos antes de solicitar una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Entre los más importantes están:

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1. Historia laboral completa: comparar los registros de Colpensiones o del fondo privado con certificados laborales, planillas y comprobantes de pago.
2. Semanas faltantes: establecer cuántas semanas necesita y si realmente puede completar los requisitos.
3. Aportes omitidos por el empleador: revisar si hubo periodos trabajados en los que no se pagaron correctamente las cotizaciones.
4. Tiempos en el sector público: comprobar si existen periodos de servicio que no se han incorporado o que pueden generar un bono pensional.
5. Traslados entre regímenes: verificar que las semanas y los recursos estén correctamente registrados entre Colpensiones y los fondos privados.
6. Régimen de transición: establecer si se aplican las reglas de la Ley 100 de 1993 o las del nuevo sistema pensional.
7. Pensión familiar: comprobar si la pareja puede sumar semanas o capital y si cumple las condiciones legales.
8. Convenios internacionales: revisar si los periodos cotizados en otros países pueden ayudar a completar los requisitos, según el convenio aplicable.
9. Reglas especiales para las mujeres: verificar la reducción gradual de semanas en el régimen de prima media y las demás disposiciones que puedan resultar aplicables. Los beneficios relacionados con hijos contemplados en la reforma requieren especial cuidado, pues su vigencia depende del trámite legislativo y constitucional descrito por la especialista.
10. Comparación económica y familiar: calcular cuánto podría recibir con una pensión, cuánto le entregarían en un pago único y qué efectos tendría cada alternativa sobre su ingreso y la protección de sus familiares.

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La fábrica logró reactivar cerca del 30 % de su capacidad durante las semanas posteriores al sismo, principalmente en las líneas de productos wafer y chocolatería. Sin embargo, la recuperación sigue siendo parcial y la empresa continúa revisando el estado de las instalaciones con la aseguradora y firmas contratistas.

El impacto también se refleja en la situación de los empleados. Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de la compañía, indicó que actualmente hay 220 trabajadores activos y 146 con contratos suspendidos, de un total de 365 vinculados a la empresa. La cifra contrasta con las denuncias de trabajadores, quienes han señalado que serían 221 las personas afectadas por la medida.

A las dificultades operativas se suma la preocupación por el futuro de la planta y la posibilidad de que la producción sea trasladada a otro país de Suramérica. Esa alternativa ha sido mencionada en reportes sobre la incertidumbre que rodea a la fábrica, aunque no se ha confirmado como una decisión definitiva de la compañía.

🔴Acompañamos el justo reclamo de los trabajadores de comestibles La Rosa de @Nestle, a través del sindicato Sinaltrainal. Solicitamos a @mintrabajo se instaure de manera inmediaga la mesa de diálogo social con presencia de @DefensoriaCol, para prevenir una masacre laboral y agudizar la crisis humanitaria que hoy vive el departamento de Risaralda.

👉🏽Son más de 220 empleos suspendidos en su planta de Dosquebradas.
¡Nos la jugamos por las y los trabajadores!

— Maria Eugenia Londoño- Senadora (@MariaEugeniaLo) September 18, 2026

¿Qué soluciones plantea Comestibles La Rosa para los trabajadores?

Frente a la situación laboral, Gómez, en diálogo con Caracol Radio, explicó que la empresa primero concedió dos semanas de permiso remunerado y luego vacaciones pagadas. Tras finalizar esos periodos, suspendió los contratos de los empleados que no podía mantener activos con la operación reducida.

El gerente también señaló que la compañía identificó a 50 trabajadores cuyas viviendas o las de sus familiares resultaron afectadas por el terremoto. Según indicó, a esas personas les entregaron una ayuda equivalente a dos salarios mínimos y habilitaron acompañamiento psicológico, además de apoyo para tramitar reclamaciones ante las aseguradoras.

Sobre las conversaciones con los empleados, Gómez aseguró que han sostenido más de 11 reuniones con la organización sindical desde el sismo y que tuvieron un encuentro con el Ministerio del Trabajo el 30 de septiembre. Una nueva reunión quedó prevista para el 28 de octubre.

“Entonces nuestro interés es buscar las mejores soluciones para darle el mejor manejo a esta contingencia en pro de todos los trabajadores que hacemos parte de esta compañía”, afirmó el gerente en entrevista con Caracol Radio.

¿Qué productos fabrica Comestibles La Rosa y cuál es su relación con Nestlé?

La fábrica Comestibles La Rosa, ubicada en Dosquebradas, Risaralda, se especializa en la elaboración de galletas, chocolates, productos tipo wafer y confitería.

Entre los productos más conocidos de su portafolio están las galletas Saltinas, los wafers Cocosette, las Morenitas, los Deditos y el Beso de Amor. También fabrica cereales de la marca Milo.

La compañía hace parte de Nestlé, multinacional suiza de alimentos. La relación comenzó en 1971, cuando Nestlé adquirió una participación del 51 % en Comestibles La Rosa, y en 1984 pasó a tener el 100 % de la empresa, según la historia corporativa publicada por la multinacional. Actualmente, La Rosa produce alimentos para marcas del portafolio de Nestlé.

Según informó Caracol Radio, la petición se conoció este miércoles 21 de octubre, cuando falta poco más de una semana para que venza el plazo inicialmente establecido por el alto tribunal. La solicitud busca disponer de más tiempo para completar el trámite legislativo de las disposiciones que fueron devueltas al Congreso.

Según la información oficial de la Cámara de Representantes, el plazo vigente vence el próximo 29 de octubre de 2026. Este comenzó a contarse después de la notificación de la Sentencia C-264 de 2026, realizada el 17 de septiembre, mediante la cual la Corte ordenó subsanar las irregularidades identificadas.

Para adelantar este proceso, la Cámara conformó una Comisión Accidental de Mediación, coordinada por los representantes Simón Molina y Jhonatan Pineda. Esta instancia debe estudiar los artículos afectados y presentar una propuesta a la plenaria para su discusión y votación.

¿Qué falta por corregir en la reforma pensional de Petro?

La Sentencia C-264 de 2026 declaró ajustada a la Constitución buena parte de la Ley 2381 de 2024, por los vicios de procedimiento examinados. Sin embargo, identificó irregularidades relacionadas con proposiciones presentadas durante el debate legislativo que no fueron discutidas ni votadas.

Las correcciones pendientes abarcan nueve artículos o apartes de la reforma y una proposición para incorporar un artículo adicional. Entre los temas involucrados están la administración de recursos pensionales, las condiciones de los fondos de pensiones y disposiciones relacionadas con el sistema de protección para la vejez.

La Corte determinó que la Cámara debe tramitar las proposiciones pendientes, garantizando las condiciones de deliberación y votación exigidas por la Constitución. Este procedimiento no implica volver a discutir toda la reforma, pues las disposiciones que superaron el examen constitucional no pueden modificarse libremente.

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Una vez concluido el trámite, la Cámara deberá remitir a la Corte Constitucional un informe con las actuaciones adelantadas y los documentos correspondientes, para que el tribunal evalúe si las irregularidades fueron corregidas.

Por ahora, la solicitud de 30 días adicionales no ha sido aprobada. La decisión corresponde a la Corte Constitucional y, mientras no exista un pronunciamiento que modifique el calendario, continúa vigente el plazo del 29 de octubre.

El cambio comenzó el pasado 12 de octubre en Colombia y México, con la incorporación de las categorías hogar, entretenimiento e infantil. Allí los usuarios pueden encontrar y publicar artículos como productos para la casa, libros, música, videojuegos, juguetes y productos para niños.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, durante la primera semana se publicaron más de 30.000 artículos nuevos. De esa cifra, 13.300 corresponden a Hogar, 9.500 a Entretenimiento y 8.300 a Infantil. La empresa espera que el inventario de estas categorías supere los 250.000 productos al finalizar 2026.

La decisión de ampliar el catálogo, según explicó Ana Jiménez, Country Manager de la plataforma en Colombia, responde a una demanda que ya se estaba presentando entre los usuarios. La compañía señaló que algunas personas intentaban vender artículos de estas categorías pese a que anteriormente no estaban permitidos.

Para definir qué productos incorporar, la empresa aseguró que consultó a más de 1.000 usuarios. Según los resultados mencionados en el comunicado, los artículos para el hogar fueron la categoría que más interés despertó.

La expansión no terminaría allí. Entre las próximas categorías que contempla la plataforma está la electrónica, aunque el comunicado no precisa una fecha para su incorporación.

El cambio supone una ampliación del negocio que hasta ahora estaba principalmente asociado con la compraventa de moda entre personas. Según las cifras entregadas por la compañía, a septiembre de 2026 contaba con más de 4 millones de usuarios registrados, más de 16 millones de productos publicados y más de 3 millones de artículos vendidos entre México y Colombia.

Con las nuevas categorías, los usuarios podrán realizar dentro de la misma plataforma operaciones de compra y venta de artículos que van desde objetos para el hogar hasta libros, videojuegos y juguetes. La compañía también indicó que mantendrá integrados en el proceso aspectos como la publicación, el pago y la logística.

En medio de esa premura, los ministros del Interior y de Hacienda enfocaron sus esfuerzos en cerrar acuerdos políticos, descuidando los detalles esenciales del trámite. Dicha falta de atención llevó a la aprobación de dos textos distintos de un mismo artículo, el 65: mientras en el Senado se avaló tal como venía en la ponencia, en la Cámara se añadió una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, que realmente no había sido adoptada previamente por el Senado. Este descuido pasó inadvertido y se votó el proyecto con esta diferencia sustancial, contraviniendo lo estipulado en la ley quinta, que exige conformar un comité de conciliación para resolver discrepancias de texto entre las cámaras. Dado que el tiempo era insuficiente para cumplir este procedimiento, no se logró culminar el proceso, lo que provocó la caída del proyecto según informaciones de El Espectador.

Con el hundimiento del trámite en el Congreso, el Estatuto Orgánico solo deja una salida: que el Gobierno apruebe el presupuesto por decreto, pero debe hacerlo usando el texto aprobado en las comisiones conjuntas, sin poder incluir las modificaciones ni acuerdos adoptados en plenaria. Esto implica la eliminación de partidas adicionales, recortes y facultades extraordinarias para el presidente, así como acuerdos regionales pactados en última instancia. Por ejemplo, caerían COP 3 billones adicionales destinados a EPS, varios recortes presupuestales propuestos y la posibilidad de redistribuciones discrecionales de recursos.

Las consecuencias de este presupuesto por decreto se traducen en ajustes significativos en los sectores clave del gasto público: reducción de recursos para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el sector ambiental y las partidas dedicadas a consolidar la paz y la reparación de víctimas. Muchos acuerdos con políticos regionales quedaron sin respaldo legal alguno, lo cual constituye una derrota para el gobierno y muestra la importancia de respetar los procedimientos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un error de trámite en el Congreso afecta la validez del Presupuesto General de 2027?

Un error de trámite implica que no se cumplieron los pasos legales necesarios para aprobar una ley, como conciliar las diferencias entre los textos de Cámara y Senado. Esto viola lo exigido por la ley quinta y, en consecuencia, el proyecto queda sin validez legal, evitando que el presupuesto con las modificaciones recientes entre en vigor.

¿Qué significa que el presupuesto de 2027 deba aprobarse por decreto y cuáles son sus implicaciones?

Que el presupuesto sea aprobado por decreto implica que el Gobierno solo puede validar la versión del texto que fue avalada por las comisiones conjuntas del Congreso, sin aceptar cambios posteriores o acuerdos regionales. Esto restringe la flexibilidad en la asignación de recursos y deja sin efecto recortes, aumentos o facultades especiales que se agregaron en las plenarias, afectando a sectores como EPS, Sena y el ambiental.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio declaraciones pocas horas después del anuncio y minimizó el impacto del error, afirmando que "no pasó nada", pues "alrededor del 90 %" del presupuesto seguiría la misma línea que había convenido Senado y Cámara. Además, Lara aclaró que su papel en esta coyuntura fue asegurar los respaldos necesarios, y se abstuvo de atribuir responsabilidades al titular de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció tras la ola de críticas de la oposición, remarcando que tanto Senado como Cámara habían discutido y aprobado la mayoría del articulado, y desestimó que el trámite estuviera "hundido" o "tumbado", según citó El Espectador.

La raíz del conflicto está en las discrepancias surgidas por la tramitación del artículo 65, el cual fue retirado en Senado por el senador Juan Fernando Caicedo pero sí fue aprobado en Cámara debido a un error del equipo asesor del Ministerio de Hacienda. Esto generó versiones diferentes del presupuesto en ambas cámaras, lo que, según la normativa, obligaba a una etapa de conciliación. Sin embargo, esa instancia nunca se desarrolló, pues la estrategia de "espejo" —aprobar textos iguales por separado para evitar conciliaciones— no funcionó y los tiempos legislativos tampoco permitieron corregir el desliz.

Ante esto, la salida legal es que el Ejecutivo expida el Presupuesto General de la Nación de 2027 mediante decreto, respaldándose en el último texto avalado por las comisiones conjuntas, pero sin poder incluir posibles ajustes logrados en los debates finales. Según El Espectador, esto implica que modificaciones recientes quedarán por fuera, profundizando la controversia política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Presupuesto General de la Nación 2027 deberá salir por decreto?

De acuerdo con la información de El Espectador, el presupuesto tendrá que ser expedido mediante decreto debido a un error en el trámite legislativo: al aprobar versiones diferentes en Cámara y Senado, era obligatoria la conciliación, pero esta etapa no se cumplió y los tiempos no permitían corregir la situación conforme a la ley.

¿Qué es el Presupuesto General de la Nación y por qué es relevante su aprobación en el Congreso?

El Presupuesto General de la Nación es el documento legal que define cómo se distribuirán y gastarán los recursos públicos en Colombia durante el próximo año fiscal. Su aprobación en el Congreso es fundamental, ya que garantiza que el uso del dinero público responda a consensos democráticos y al control legislativo.