Uno de los aspectos clave, según el experto, es la fecha en la que el nuevo sistema empezaría a operar. El cambio está previsto para el 1 de abril de 2027 y, a partir de ese momento, la reforma estaría dirigida principalmente a personas que no logren completar el número requerido de semanas de cotización para mantener los beneficios del esquema actual. Específicamente, las mujeres que para esa fecha no hayan cotizado al menos 15 años y los hombres con menos de 17,5 años de cotización ingresarían automáticamente al nuevo modelo.

Otro punto resaltado por Marcelo Duque es la garantía de que los pensionados actuales no perderán los derechos adquiridos. De acuerdo con sus declaraciones, quienes ya disfrutan de su pensión continuarán recibiendo sus mesadas y condiciones sin ser afectados negativamente por la reforma. Asimismo, las personas que aprovecharon la llamada “ventana de traslado”, es decir, el periodo habilitado para cambiar entre fondos privados de pensiones y Colpensiones, mantendrán su situación; quienes realizaron el cambio no deberán regresar al sistema anterior de manera automática.

Sin embargo, algunos temas han quedado pendientes de revisión legislativa. Por ejemplo, el beneficio para mujeres con hijos, que establece una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo —con un tope de tres—, vuelve a instancias del Congreso para un nuevo debate. Igualmente, el concepto de “pilar semicontributivo” genera modificaciones en la forma de recibir los fondos: en ciertos casos, los recursos se entregarán como una renta mensual durante la vejez, en vez de un único pago.

Ante este panorama, Duque recomienda a quienes están en edad laboral consultar su historia y verificar las semanas cotizadas, ya que cada caso puede ser distinto, y sugiere a los jóvenes buscar alternativas adicionales de ahorro para fortalecer su futuro financiero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambia con la reforma pensional aprobada por la Corte Constitucional?

La reforma pensional mantiene su estructura principal, incluyendo el sistema de pilares, pero introduce cambios para quienes no logren cumplir las semanas mínimas de cotización al 1 de abril de 2027. Los pensionados actuales no tendrán cambios en sus condiciones ni mesadas. Además, temas como los beneficios para mujeres con hijos aún deben ser discutidos nuevamente en el Congreso.

¿Qué es el pilar semicontributivo en la reforma pensional y cómo funciona?

El pilar semicontributivo es una modalidad del sistema pensional que permite a quienes no completaron toda su vida laboral de cotización acceder a una renta periódica. Esto significa que en algunos casos los recursos de pensión se distribuirán mensualmente y no en un solo pago, brindando un ingreso fijo durante la vejez.

(Vea también: Gerente del Banco de la República explicó por qué no baja la inflación; señaló al gobierno anterior)

Durante su intervención en la Convención Bancaria de Asobancaria, Villar indicó que la divisa estadounidense cerró la jornada anterior en 3.090 pesos, un nivel que representa una caída superior al 18 % frente al registrado al comienzo de 2026.

El economista explicó que, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos, este comportamiento no puede atribuirse únicamente al debilitamiento internacional del dólar, pues el peso colombiano también se fortaleció frente a otras monedas como el euro, así como frente a las divisas de países vecinos como Chile y Perú.

Según el gerente del Banco de la República, esta apreciación del peso tiene un costo importante para la economía nacional, ya que reduce la competitividad de los productos colombianos en los mercados internacionales y dificulta que las empresas nacionales compitan con bienes importados.

Gerente del Banco de la República explicó qué factores impulsaron la fortaleza del peso

Durante su exposición, Villar aseguró que el fortalecimiento de la moneda colombiana obedece a una combinación de factores económicos.

En primer lugar, señaló que el elevado déficit fiscal obligó al Gobierno a buscar recursos mediante emisiones de deuda y otros mecanismos de financiamiento, lo que incrementó el ingreso de capitales al país y, en consecuencia, la oferta de dólares en el mercado cambiario.

El gerente del Emisor también afirmó que la valorización del peso se vio reforzada por la mejora en la percepción de riesgo de Colombia tras los anuncios del nuevo Gobierno sobre un ajuste fiscal y una política económica más favorable para el sector privado.

A ello sumó el efecto de las tasas de interés internas, que permanecen por encima de las internacionales, así como la obligación establecida por el gobierno anterior para que los fondos privados de pensiones trasladaran al país una parte de sus inversiones en el exterior, aumentando la oferta de divisas.

Banco de la República advirtió por los efectos de un peso tan fuerte

Aunque para muchos consumidores un dólar más barato puede traducirse en menores costos para algunos productos importados o viajes al exterior, Villar advirtió que el fenómeno también tiene consecuencias negativas para distintos sectores de la economía.

El gerente explicó que los exportadores y las empresas que compiten con productos importados pierden competitividad cuando el peso se aprecia de manera tan marcada.

Incluso señaló que los salarios de trabajadores de baja calificación aumentaron cerca del 28 % medidos en pesos y más del 50 % cuando se calculan en dólares, como resultado del incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la apreciación de la moneda colombiana.

Pese a ese panorama, Villar aseguró que el Banco de la República tiene un margen limitado para intervenir directamente sobre la tasa de cambio y defendió el esquema de inflación objetivo con flotación cambiaria como el más adecuado para el país.

(Vea también: El dólar en Colombia se acerca a los $3.000: factores que explican su caída y efectos en la economía nacional)

Durante su intervención en la Convención Bancaria de Asobancaria, el economista lamentó que, pese a los esfuerzos del Emisor en los últimos años, la inflación siga por encima de la meta y explicó que las proyecciones apuntan a que solo volvería a acercarse a ese nivel hacia mediados de 2028.

“Las expectativas del mercado y los modelos del equipo técnico del Banco de la República sugieren que en 2027 estaremos observando un proceso importante de reducción de la inflación, pero que esta solo se acercaría a la meta del 3 % hacia mediados de 2028”, afirmó.

Villar recordó que Colombia logró reducir la inflación desde el pico de 13,4 %, registrado en el primer trimestre de 2023, hasta 4,8 % en junio de 2025. Sin embargo, señaló que ese proceso perdió fuerza y durante 2026 el indicador volvió a aumentar hasta ubicarse alrededor del 6 %, el doble del objetivo del Banco de la República.

Gerente del BanRep atribuyó repunte de inflación a decisiones del gobierno anterior

Al explicar por qué Colombia se apartó de la tendencia observada en otros países de América Latina, el gerente del Banco aseguró que la principal diferencia estuvo en varias políticas adoptadas por el Gobierno Nacional durante el último año y medio.

Según Villar, uno de los factores más importantes fue el incremento del salario mínimo aprobado para 2025 y, especialmente, el de 2026.

“Creo que la respuesta central a estas preguntas reside fundamentalmente en políticas adoptadas por el Gobierno Nacional durante el último año y medio”, manifestó.

Acto seguido explicó:

“Me refiero en primer lugar al fuerte incremento en el salario mínimo que se adoptó tanto para 2025, cuando este se incrementó en cerca de seis puntos porcentuales por encima de la inflación observada, como en grado mucho más radical para 2026, cuando lo hizo en cerca de 17 puntos porcentuales”.

El gerente del Emisor también cuestionó la expansión del gasto público y aseguró que esa combinación impulsó el consumo interno por encima de niveles sostenibles.

“No menos importante fue la agresiva política de expansión fiscal que incrementó el déficit primario a máximos históricos y abiertamente insostenibles“, afirmó.

Aunque reconoció que esas decisiones favorecieron el crecimiento económico y ayudaron a reducir el desempleo, insistió en que sus efectos positivos serían temporales.

Banco de la República advirtió sobre los riesgos para la economía colombiana

Durante su intervención, Villar destacó que la economía colombiana mostró cifras favorables en materia de crecimiento y empleo durante el último año.

Recordó que la tasa de desempleo llegó al 8 %, uno de los niveles más bajos registrados, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,5 % durante el segundo trimestre de 2026.

No obstante, advirtió que esos resultados obedecen a un crecimiento impulsado por un exceso de demanda interna y no por un proceso sostenible en el largo plazo.

“El problema con ellos es que surgen no de un crecimiento armónico, orgánico, que pueda ser sostenible, sino de excesos de demanda interna a todas luces insostenibles”, sostuvo.

El gerente del Banco de la República también alertó sobre el riesgo de mantener elevados déficits fiscales, al considerar que estos terminan aumentando la deuda pública y obligan posteriormente a hacer ajustes que afectan el crecimiento económico y el empleo.

Pese a sus críticas, Villar aclaró al inicio de su intervención que la interpretación expuesta sobre las causas de la persistencia de la inflación corresponde a su análisis y “no necesariamente refleja la que puedan tener mis colegas de la Junta Directiva del Banco de la República”.

Pese al extendido daño, la esperanza se mantiene en torno a la posibilidad de conservar la fachada del restaurante, elemento cargado de significado por su valor histórico dentro del barrio y la arquitectura republicana de la zona. En medio de la evaluación de las pérdidas, el deseo de preservar al menos este símbolo es una apuesta por no romper del todo con el pasado y la identidad construida durante más de dos décadas.

Obligado a buscar una alternativa, Ringlete decidió mudarse a un espacio más pequeño, ubicado en la calle 5B Norte #27, junto a la iglesia de Fátima. Aunque la nueva sede contará con menos espacio, la intención es mantener el ambiente tradicional que ha caracterizado a Ringlete. El restaurante planea instalar mesas largas para fomentar la interacción y la experiencia comunitaria que durante años ha sido su sello. La carta, enfocada en comida típica, también se mantendrá, reafirmando así el compromiso con sus raíces y clientes habituales.

La situación de Ringlete es reflejo de una crisis más amplia que enfrenta el sector gastronómico tras el sismo. De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, cerca de 240.000 empleos en el país podrían estar en riesgo. Los restaurantes que sufrieron daños no solo pierden infraestructura, sino la capacidad de recibir clientes y cubrir sus obligaciones laborales más básicas. Por este motivo, el gremio está pidiendo alivios tributarios a la alcaldía de Cali y la gobernación, buscando amortiguar el golpe y salvar empleos.

Finalmente, para Ringlete, reabrir no es simplemente trasladarse de lugar; es comenzar una nueva etapa, defendiendo la identidad que los ha mantenido vigentes. El terremoto los obligó a reinventarse, pero no a renunciar a la tradición y al propósito de reunir a las personas alrededor de la mesa.

¿Cuáles son los daños sufridos por el restaurante Ringlete tras el terremoto?

Ringlete tuvo daños significativos en su infraestructura luego del terremoto: el piso, el bar y los baños resultaron afectados y, según las revisiones hechas, se deberá demoler el techo y algunas de las paredes originales. La propietaria, Marta Jaramillo, expresó la intención de salvar la fachada, ya que tiene un valor histórico importante para el barrio y la ciudad.

¿Cómo enfrentarán Ringlete y el sector gastronómico la crisis tras el terremoto?

Luego del terremoto, Ringlete decidió mudarse a una sede más pequeña pero conservando su propuesta de comida típica y el ambiente tradicional. Mientras tanto, el sector gastronómico enfrenta retos mayores, con hasta 240.000 empleos en riesgo y solicitudes de alivios tributarios ante la alcaldía y la gobernación, para mitigar el impacto económico y evitar más pérdidas de empleo.

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La gravedad de la emergencia queda reflejada en que más de 700 edificaciones colapsaron, presentan algún riesgo de colapso o tuvieron que ser desalojadas después del sismo ocurrido el 10 de agosto. Esto ha obligado a cientos de familias a desplazarse, buscando alternativas habitacionales que sean seguras y accesibles económicamente, contexto que ha agudizado las necesidades de los afectados. Las dificultades aumentan dado que la oferta de viviendas disponibles se ha reducido, al tiempo que la demanda crece, lo que se traduce en una competencia que afecta directamente los cánones de arrendamiento.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Cali implementó seis puntos de atención en distintos barrios y habilitó una plataforma en internet para que la ciudadanía pueda reportar posibles alzas injustificadas en los arriendos. Según Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali, los cánones pactados en contratos vigentes no pueden variar más allá de lo que estipula la ley, por lo que invitó a denunciar cualquier incremento sospechoso en los precios del arriendo o de materiales para construcción, con el fin de investigar y, de ser necesario, sancionar a los responsables.

La sobrecarga de familias desplazadas, la escasez de propiedades y los presuntos abusos de algunos arrendadores generan serias dificultades, especialmente para quienes buscan un nuevo hogar similar al que tenían antes del desastre. El reto principal para estas personas es acceder a un lugar seguro y con condiciones acorde a sus presupuestos, una meta que para muchos resulta hoy especialmente lejana.

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¿Por qué aumentaron los precios de los arriendos en Cali después del terremoto?

Los precios de los arriendos en Cali subieron porque la cantidad de viviendas disponibles disminuyó drásticamente, al tiempo que aumentó el número de personas buscando dónde vivir luego del colapso o desalojo de más de 700 edificaciones. Esta nueva demanda, sumada a la especulación de algunos propietarios, ha llevado a que los arriendos, según denuncias de los afectados y reportes de Noticiero 90 Minutos, se hayan incrementado hasta en un millón de pesos en varios casos.

¿Qué hace la Alcaldía de Cali ante los aumentos injustificados en el arriendo tras el terremoto?

La Alcaldía de Cali habilitó seis puntos de atención y una plataforma digital para recibir denuncias sobre posibles incrementos arbitrarios en los cánones de arriendo. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Javier Garcés, los contratos vigentes no pueden modificarse de manera unilateral y cualquier alza no amparada por la ley puede ser denunciada para que las autoridades investiguen y apliquen sanciones a quienes correspondan.

Las cifras citadas en el estudio señalan que el 67 % de los hogares colombianos convive con perros, gatos u otros animales. Además, el 90,2 % de los participantes considera a su mascota parte de la familia, una percepción que también influye en la manera en que distribuyen sus ingresos.

El impacto llega incluso a las compras personales. El 49,8 % de los encuestados aseguró que ha dejado de adquirir algún producto o servicio para poder cubrir necesidades relacionadas con su mascota. Para Yesica Vanessa Vargas, investigadora de la Universidad Manuela Beltrán, “Estos resultados muestran que, para una parte importante de los hogares encuestados, el cuidado de las mascotas ya constituye un componente estable del presupuesto familiar y ocupa un lugar prioritario en las decisiones de gasto”.

El gasto promedio ponderado alcanzó cerca de 164.000 pesos mensuales por hogar. Si ese valor se mantiene durante todo un año, la suma llega aproximadamente a 1,97 millones de pesos. El estudio indicó que ese monto equivale al 9,4 % del salario mínimo mensual vigente para 2026.

En cuanto a los gastos, la alimentación ocupa el primer lugar: el 82,9 % de los participantes la identificó como su principal desembolso. La atención veterinaria apareció con 7,6 %, mientras accesorios y colegio para mascotas representaron 0,3 % cada uno. Otros conceptos concentraron el 8,9 % restante.

El panorama cambia para quienes enfrentan una emergencia veterinaria, pues esos episodios pueden elevar de forma considerable la factura mensual. Vargas explicó: “Aunque la mayoría de los hogares destina menos de 100.000 pesos mensuales al cuidado de sus mascotas, el 45,1 % supera esa cifra y un 7,6 % invierte más de 400.000 pesos al mes. Esto evidencia que, para un segmento importante de las familias, el cuidado de los animales de compañía representa un compromiso económico cada vez más relevante dentro de sus finanzas”.

Frente a esto, recomiendan incluir estos gastos en el presupuesto, crear un fondo para emergencias veterinarias, analizar seguros o planes de salud y revisar periódicamente el dinero destinado a la mascota.

TRIVENTTO contempla un total de 165 soluciones habitacionales, de las cuales 32 se encuentran vinculadas específicamente al programa Oferta Preferente. Según la secretaría Distrital del Hábitat, 22 de estas viviendas ya han sido asignadas a hogares que cumplieron con los requerimientos estipulados para beneficiarse de la iniciativa. El avance físico de la obra es del 18,5 %, conforme a la programación establecida, y la fecha estimada para la entrega es junio de 2027.

Durante el recorrido, la secretaria Vanessa Velasco Bernal subrayó la relevancia de que los desarrollos cumplan con todas las normativas vigentes en Colombia, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad y estabilidad de las edificaciones. El equipo encargado explicó que el proceso constructivo utiliza formaleta metálica —un sistema de moldes reutilizables hechos en metal— y un sistema industrializado de concreto, aplicando la normativa sismorresistente actual. Gracias a este método, se logra avanzar con la fundición de dos apartamentos al día, de lunes a sábado, agilizando los tiempos previstos sin descuidar los requisitos técnicos.

Oferta Preferente hace parte de la estrategia para acercar viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) a familias bogotanas que cumplen ciertos criterios, permitiendo que tengan acceso a viviendas bien localizadas con cercanía a servicios y transporte masivo, como TransMilenio y el metro. Según la secretaría Distrital del Hábitat, TRIVENTTO es una muestra de cómo la planeación adecuada y la correcta ejecución pueden transformar sectores céntricos en espacios de oportunidades para más hogares.

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¿Cómo se asignan las viviendas del programa Oferta Preferente en TRIVENTTO Bogotá?

De acuerdo con la secretaría Distrital del Hábitat, las viviendas que forman parte del programa Oferta Preferente, como sucede en TRIVENTTO, se asignan a hogares que cumplen con los requisitos establecidos por la iniciativa Mi Casa en Bogotá. Hasta ahora, de las 32 soluciones habitacionales vinculadas al programa en este proyecto, 22 ya han sido adjudicadas bajo estos criterios.

¿Qué ventajas ofrece el sistema constructivo industrializado y formaleta metálica utilizado en TRIVENTTO?

El equipo de obra de TRIVENTTO explicó que el sistema constructivo empleado, basado en formaleta metálica y concreto industrializado, permite avanzar en la construcción de forma eficiente y segura, cumpliendo la normativa sismorresistente vigente. Esto se traduce en la fundición diaria de dos apartamentos, lo que acelera el proceso sin perder calidad ni estabilidad estructural.

La iniciativa tiene como objetivo entrar a revisar los impuestos saludables, que se crearon en la primera reforma tributaria del gobierno Petro.

(Lea también: Productores de tamal, en aprietos por incendios en el Tolima: hojas se disparan y precio subiría)

El proyecto de ley que eliminaría el impuesto saludable a los alimentos en Colombia es impulsado por los representantes a la Cámara Carol Borda (Salvación Nacional) y Daniel Briceño (Centro Democrático).

“Le metieron un cuento y un engaño a la gente en Colombia, y es que ellos iban a cuidar supuestamente la salud de la gente subiéndole impuestos al 21 % de todos los productos de la canasta familiar: cereales, galletas, salchichas, chorizo, leche en polvo y demás”, dijo Briceño.

¿Por qué se quieren volver a quitar los impuestos saludables a los alimentos en Colombia?

Justamente, en su momento el gobierno del expresidente Petro dijo que ponía en marcha los impuestos saludables más allá de la capacidad de recaudo para mejorar hábitos de alimentación y, de esta manera, reducir posibles presiones sobre el sistema de salud.

Sin embargo, los líderes del proyecto con foco en algunos alimentos en Colombia dijeron que estos impuestos “al final ni cuidaron la salud ni lograron que fuera más eficiente el gasto, sino que terminaron generando algo muy problemático, y es que crearon un impuesto al tendero”, explicó el representante por Bogotá.

(Recomendado: Inflación en Colombia volvió a subir durante agosto: Sería el dato más alto desde 2024)

“No creo que subiéndole los impuestos a la gente se vayan a comenzar a cuidar más; eso no va a generar un verdadero efecto, pero, al final, el millón de familias que depende de estas tiendas, de los supermercados pequeños y de la panadería es el que está afectado”, concluyó Briceño.

El gremio tamalero de la capital atribuye esta situación, principalmente, a los incendios forestales que han afectado al Tolima durante las últimas semanas.

Este departamento es uno de los principales proveedores de las hojas necesarias para envolver los tamales.

Sin embargo, las emergencias ambientales han afectado la disponibilidad del producto y han provocado que parte de las hojas lleguen a Bogotá en malas condiciones, con cortes o daños que impiden utilizarlas completamente. Esto genera pérdidas y eleva los costos de producción para los fabricantes.

Diego Prada, representante del gremio tamalero en Bogotá, explicó que hace aproximadamente 40 días un rollo de hojas podía conseguirse por unos $18.000.

Actualmente, ese mismo producto cuesta entre $30.000 y $35.000, aunque en algunos casos puede alcanzar los $40.000. Según el representante, esto significa un incremento superior al 70 % en uno de los principales insumos para preparar el tradicional alimento.

La situación preocupa a los productores, ya que la hoja es solo uno de los elementos necesarios para elaborar el tamal, que también incluye masa de maíz, arroz, pollo, carne, tocino de cerdo, huevo, papa y zanahoria. Cualquier aumento en los costos de producción puede terminar trasladándose al consumidor.

Actualmente, algunos productores venden el tamal para negocio entre $4.000 y $4.500 por unidad. No obstante, si el precio de las hojas continúa aumentando y persisten las dificultades de abastecimiento, el valor podría subir hasta entre $5.000 y $6.000.

Esto representaría un incremento de al menos $1.000 por unidad y afectaría especialmente a los consumidores que acostumbran comprar este tradicional plato colombiano durante los fines de semana.

Cuando la licencia se pierde, es hurtada o presenta un deterioro que impide su correcta identificación, el conductor debe solicitar un duplicado. Este procedimiento permite obtener nuevamente el documento sin tener que iniciar desde cero el proceso para obtener la licencia, siempre que el registro correspondiente se encuentre vigente y en regla.

(Vea también: Licencia de conducción tendrá un nuevo requisito en Colombia: Gobierno ya fijó la fecha para exigirlo)

Para realizar el trámite, es necesario acudir al organismo de tránsito competente. La información relacionada con la licencia se encuentra registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por lo que el procedimiento permite verificar los datos del conductor y sustituir el documento físico.

También es importante tener en cuenta que el valor del duplicado no es igual en todo el territorio nacional. Las tarifas pueden variar dependiendo del organismo de tránsito encargado de realizar el trámite y de las disposiciones aplicables en cada ciudad.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia de conducción en diferentes partes del país?

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios establece para 2026 tarifas diferentes de acuerdo con el tipo de vehículo para el cual está expedida la licencia.

El duplicado de una licencia para conducir automóviles tiene un costo de $266.400, mientras que para motocicletas la tarifa establecida es de $209.300.

Estos valores corresponden a los derechos asociados con el trámite en la capital del país. Antes de iniciar el procedimiento, se recomienda verificar que las tarifas y los requisitos publicados por la autoridad de tránsito continúen vigentes, debido a que pueden presentarse modificaciones.

En otras ciudades capitales también existen diferencias en los costos. Por ejemplo, en Barranquilla el duplicado tiene un valor de $321.411; en Medellín, de $125.700; en Manizales, de $140.596; en Cali, de $331.600, y en Villavicencio, de $44.100.

La diferencia entre estas tarifas responde a que los organismos de tránsito territoriales establecen los valores correspondientes a los servicios y trámites que tienen a su cargo. Por esta razón, el precio que debe pagar un conductor en Bogotá no necesariamente coincide con el de otra ciudad.

(Recomendado: Confirman el nuevo cambio que tendrá la licencia de conducción: Así funcionará el sistema por puntos)

Es importante precisar que el duplicado está destinado a quienes ya cuentan con una licencia de conducción registrada y vigente, pero necesitan reemplazar el documento físico. Entre las situaciones que pueden dar lugar a esta solicitud se encuentran la pérdida, el hurto o el deterioro de la licencia.

El objetivo del trámite es sustituir el documento sin alterar la información que permanece registrada en el RUNT. Por lo tanto, solicitar un duplicado no significa obtener una nueva licencia ni repetir las pruebas o el proceso exigido para expedirla por primera vez.

La solicitud fue presentada el 24 de agosto por su empresa matriz, Mattress Warehouse of Charlotte Inc., ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur, detalla The Street.

La compañía, con sede en North Charleston, Carolina del Sur, opera 10 establecimientos en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Según los documentos judiciales, declaró activos superiores a USD 374.000 y deudas por más de USD 2,8 millones, añade ese medio.

Aunque sus ingresos brutos crecieron de aproximadamente USD 1,98 millones en 2024 a USD 2,05 millones en 2025, durante 2026 apenas había registrado poco más de USD 825.000 hasta el momento de presentar la bancarrota, resalta ese diario.

La empresa no especificó en su solicitud cuál fue la causa concreta que llevó a su situación financiera.

Entre sus principales acreedores figuran Greenbridge Funding, Rapid Finance, Wells Fargo Bank, 3Z Brands, American Express y OnDeck Finance.

No Bull Mattress & More se caracterizó por ofrecer colchones con descuentos de entre 55 % y 80 % frente a los precios de grandes cadenas del sector.

También aseguró que prácticamente no destinaba recursos a publicidad, a diferencia de competidores que invirtieron cientos de millones de dólares en campañas durante 2025.

Otro de sus atractivos era una garantía de precio de cinco años: si un cliente encontraba un colchón comparable más barato durante ese periodo, la compañía prometía igualar el precio y devolver el 100 % de la diferencia.

El caso refleja las dificultades que enfrenta parte del sector minorista de colchones en Estados Unidos.

Aunque la industria aumentó sus ingresos 1,3 % en 2025, hasta USD 28.400 millones, otras compañías como Ortho Mattress y SuperNova Furniture también recurrieron a procesos de bancarrota en 2026.

La discusión en la Corte fue zanjada con siete votos a favor y uno en contra. No obstante, la Corte Constitucional identificó problemas de trámite en diez disposiciones, que deberán ser tramitadas nuevamente en la Cámara de Representantes, sin que esto implique discutir toda la reforma desde cero. Así, los artículos señalados y una proposición adicional regresarán al Congreso para su debida corrección, mientras que la mayoría de la norma se mantiene vigente.

Uno de los ajustes más notables es la nueva fecha de entrada en vigor del sistema: ya no será el 1 de julio de 2025, sino el 1 de abril de 2027. Hasta entonces, se mantienen las reglas actuales, y el Gobierno contará con tiempo adicional para la reglamentación y ajustes operativos necesarios.

El nuevo esquema reorganiza la estructura del sistema pensional en cuatro pilares: Solidario (para adultos mayores en condición de pobreza), Semicontributivo (personas que no reúnen las semanas de cotización necesarias), Contributivo (trabajadores que cotizan activamente) y el Componente Complementario de Ahorro Individual, dirigido a quienes tienen ingresos superiores al umbral de 2,3 salarios mínimos. Solo los aportes hasta este límite serán gestionados por Colpensiones; los recursos que excedan pasarán a entidades privadas.

La reforma no modifica la edad mínima para pensionarse, que sigue siendo de 57 años para mujeres y 62 para hombres, ni la tasa general de cotización, que se mantiene en 16% del ingreso base. Un régimen de transición protege a quienes ya hayan cotizado 750 semanas (mujeres) o 900 (hombres), manteniéndolos bajo las condiciones previas. Además, aunque existió una oportunidad especial de traslado entre sistemas, esta ventana cerró el 16 de julio de 2026.

Entre los puntos que deben volver a discutirse están asuntos sobre beneficios para mujeres con hijos, reglas de inversión de ahorros individuales, comisiones privadas y exención de impuestos sobre las pensiones. También se debe revisar el tratamiento diferencial para comunidades étnicas y campesinas, así como normas sobre los fondos administrados por el Banco de la República. Los cambios solo podrán hacerse en las partes devueltas; si hay diferencias entre Senado y Cámara, se requerirá conciliación, y la Corte revisará todo el proceso para su aprobación final.

En síntesis, la reforma pensional avanza y se mantiene viva, pero con retos legislativos pendientes, esperando iniciar su aplicación en 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empieza a regir el nuevo sistema pensional en Colombia según la Ley 2381 de 2024?

De acuerdo con la información de El Diario, el nuevo sistema de cuatro pilares comenzará a regir el 1 de abril de 2027. Esta fecha fue fijada después de que la Corte Constitucional suspendiera la implementación original prevista para julio de 2025. Así, existe un margen de casi tres años para ajustar los detalles operativos y jurídicos que permitirá la transición hacia el nuevo esquema.

¿Qué es el régimen de transición en la reforma pensional colombiana y a quién protege?

El régimen de transición, de acuerdo con la Ley 2381 de 2024, es una medida establecida para quienes ya habían acumulado un número relevante de semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la reforma. Protege a mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 o más, permitiéndoles mantener las condiciones previas para su pensión. De ese modo, no todas las personas serán afectadas por el nuevo sistema desde el inicio de su implementación en 2027.

En los primeros minutos de negociación, la moneda estadounidense se ubicó en $3.105, mientras que posteriormente alcanzó un máximo de $3.127 y un mínimo de $3.105.

El comportamiento se presenta después de que el dólar cerrara el martes 25 de agosto en $3.090,30, por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para ese día estaba fijada en $3.056,51.

La diferencia evidencia una presión al alza sobre la divisa y un comportamiento contrario a algunas previsiones que apuntaban a una mayor valorización del peso colombiano durante esta semana.

Durante la sesión del martes, el dólar mostró una marcada volatilidad. Su precio máximo llegó a $3.098,75, mientras que el mínimo fue de $3.043,00.

Esto representó una diferencia superior a $55 entre ambos extremos, reflejando los movimientos registrados durante las horas de negociación en el mercado colombiano.

Para este miércoles, la Superintendencia Financiera estableció una TRM de $3.081,67, superior a la fijada para el día anterior. Sin embargo, el precio observado en el mercado durante la apertura volvió a superar ese nivel y se acercó nuevamente a los $3.100.

El comportamiento de la moneda estadounidense es relevante para consumidores, empresas e inversionistas, debido a que las variaciones en la tasa de cambio pueden impactar los precios de productos importados, obligaciones denominadas en dólares y diferentes operaciones comerciales.

Así, el mercado cambiario colombiano comenzó la jornada del 26 de agosto con una divisa que mantiene su tendencia de recuperación y vuelve a ubicarse por encima de los $3.100.

La evolución durante el resto de la sesión determinará si el dólar logra mantenerse sobre ese nivel o si retrocede frente al peso.

Habrá que esperar a que se regulen los plazos de este régimen de transición, pero si se toma la decisión anterior, las condiciones aplicarían para las personas que a la entrada en vigencia del nuevo sistema (1 de abril de 2027), cumplan con un número determinado de semanas cotizadas.

(Lea también: Reforma pensional ya tiene fecha de arranque: así cambiará el sistema desde los próximos meses)

La reforma pensional en Colombia, hay que recordar, elimina la competencia entre sistemas vigentes llevando a que todas las personas cotizantes hagan aportes en Colpensiones, hasta los 2,3 primeros salarios mínimos.

¿A quiénes no les aplica la reforma pensional en Colombia?

• Mujeres: Aquellas que cuenten con 750 semanas o más cotizadas en el sistema
• Hombres: Aquellos que cuenten con 900 semanas o más cotizadas en el sistema

Estos trabajadores se jubilan bajo los requisitos vigentes previos: edad de 57 años para mujeres y 62 para hombres, con 1.300 semanas en Colpensiones o por capital acumulado en fondos privados.

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También quiere decir, con esta reforma pensional en Colombia, que estas personas seguirán haciendo sus aportes tal y como viene pasando y en los porcentajes previamente determinados.

Colombia tiene una fuerte vocación exportadora y sus principales productos, como el petróleo, café, flores, banano y carbón, se negocian tradicionalmente en dólares en los mercados internacionales. En ese sentido, según lo expuesto en el artículo original de Noticiero 90 Minutos, cuando el valor de la moneda estadounidense aumenta frente al peso, los exportadores tienden a recibir un mayor número de pesos por cada dólar que entra al país. Esta dinámica favorece a quienes venden al exterior, ya que sus ingresos en moneda local se incrementan ante una cotización elevada del dólar.

No obstante, el escenario es distinto para quienes se dedican a importar bienes. Maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales representan ejemplos de productos que Colombia suele comprar en el exterior pagando en dólares. Así, un aumento en la divisa norteamericana incrementa el precio de estos productos importados, lo que puede llevar a que las empresas trasladen ese mayor costo a los consumidores, impactando finalmente el bolsillo de los hogares. Electrodomésticos, celulares, computadores y repuestos para vehículos —así como algunos alimentos que dependen de insumos importados— pueden registrar subidas de precio ante un dólar más caro.

El comportamiento del dólar también tiene repercusiones en la inflación, ya que un alza en los precios de los productos importados tiende a reflejarse en el nivel general de precios de la economía. Además, los viajes internacionales se vuelven menos asequibles cuando el peso pierde fuerza frente al dólar. Inversionistas nacionales y extranjeros observan de cerca la tasa de cambio, pues una cotización estable transmite confianza, mientras fuertes fluctuaciones generan inquietud sobre la economía colombiana. Este miércoles, el valor reportado es de 3.119,58 pesos colombianos por un dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es tan importante el dólar en la economía colombiana?

El dólar es clave en Colombia porque gran parte de las exportaciones e importaciones del país se negocian y pagan en esta moneda. Además, según la información, influye de manera directa en inversiones, decisiones empresariales, costo de vida e incluso en la percepción de estabilidad económica.

¿Cómo afecta la subida del dólar al costo de vida en Colombia?

Cuando el dólar sube, los productos importados como tecnología, medicamentos y alimentos aumentan de precio, ya que deben pagarse en esa divisa. Las empresas suelen transferir esos costos a los consumidores, incrementando la inflación y el costo de vida de los colombianos.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1529 de 2026 del Ministerio de Salud, que introduce cambios en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La principal novedad es la creación del “cotizante 76”, una categoría dirigida específicamente a estos trabajadores. Con este nuevo esquema, podrán ahorrar aproximadamente $218.863 mensuales, principalmente porque no estarán obligados a realizar aportes al régimen contributivo de salud ni a las cajas de compensación familiar.

Podrán mantenerse o trasladarse al régimen subsidiado de salud, mientras que la afiliación a las cajas será voluntaria.

Otro cambio importante será la cotización proporcional a pensión, calculada según los días realmente trabajados durante el mes. Quienes trabajen entre 1 y 7 días cotizarán sobre una cuarta parte del salario mínimo; entre 8 y 14 días, sobre la mitad; entre 15 y 21 días, sobre tres cuartas partes; y quienes trabajen entre 22 y 30 días deberán cotizar sobre un salario mínimo completo.

Sin embargo, esta proporcionalidad no aplicará para los aportes a riesgos laborales, pues la ARL deberá seguir liquidándose sobre 30 días y un salario mínimo.

La reforma también crea nuevas categorías para recicladores y trabajadores vulnerables, además de una planilla especial para pagos retroactivos de servidores públicos.

La implementación de estos cambios será gradual y continuará hasta abril de 2027, con el objetivo de facilitar la formalización y adaptar los aportes a la realidad laboral y económica de quienes trabajan de manera parcial.

En su mensaje, Soto expresó que "ante la oposición que generó" su designación como presidenta ejecutiva de la CCI, tomó la decisión de desistir del puesto. Todo esto ocurrió en medio de una coyuntura en la que el gremio de la infraestructura, agremiado en la CCI, enfrenta importantes desafíos de articulación con el Estado y el sector privado.

La situación se tornó tensa tras una reunión extraordinaria de la junta directiva de la CCI convocada el martes en la noche. El objetivo era revisar la designación de Soto, debido a que su nombramiento generó diferencias entre las empresas afiliadas al gremio e incluso inquietudes dentro del Gobierno Nacional, según fuentes del sector. La controversia se avivó luego de que Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, cuestionara públicamente la elección de Soto como presidenta del gremio.

Soto había sido seleccionada durante una reunión de la junta directiva en la mañana de ese mismo martes, en reemplazo de María Consuelo Araújo. Araújo dejó la presidencia de la CCI luego de ser nombrada por el Gobierno Nacional como embajadora de Colombia en Estados Unidos. Tras la controversia y antes de que la junta directiva adoptara una nueva determinación formal, Soto anticipó su decisión de renunciar para facilitar el proceso.

En su comunicado, la economista relevó la importancia de que el sector mantenga una relación fluida y coordinada no solo con el Gobierno Nacional, sino también con las administraciones territoriales y las empresas públicas; subrayó que el momento de la infraestructura colombiana requiere trabajo conjunto entre actores estatales y privados, y advirtió que merece especial atención la independencia del sector privado en sus decisiones y el respeto del Gobierno frente a estas instancias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Carolina Soto renunció a la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura?

Carolina Soto renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) debido a la oposición que su nombramiento despertó entre las empresas afiliadas y algunas inquietudes en el Gobierno Nacional. Según su comunicado oficial, la controversia la llevó a declinar el ofrecimiento antes de que la junta directiva adoptara una decisión formal.

¿Cuál es el papel de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el país?

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) agrupa empresas y actores ligados a un sector estratégico para la economía nacional. El gremio cumple un papel fundamental articulando esfuerzos entre el sector privado, el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y las empresas públicas, con el fin de impulsar proyectos y políticas de infraestructura en el país.

El presidente Gustavo Petro celebró este avance, calificándolo como un triunfo para su gobierno y "el pueblo trabajador", al recordar que dentro de sus tres grandes reformas —laboral, pensional y de salud— solo resta pendiente la de salud. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe criticó el alcance de la reforma, señalando que su aprobación podría traer un déficit financiero a largo plazo y sugirió replantear el manejo de los fondos privados y la eliminación de subsidios que considera inequitativos. Desde las filas del Centro Democrático, el senador Andrés Forero advirtió sobre la afectación a los jóvenes y cotizantes de bajos ingresos, mientras que el representante Daniel Briceño rechazó la aprobación y cuestionó el proceso en el Congreso.

Legisladores afines al gobierno, como María Fernanda Carrascal y Jaime Raúl Salamanca, resaltaron el papel de la Cámara de Representantes en la construcción de la norma y reiteraron que, aunque quedan ajustes pendientes por solicitud de la Corte Constitucional, lo esencial de la reforma fue respaldado. El senador Hernán Cadavid, por el contrario, consideró que los aspectos que regresan a la Cámara no modifican el carácter que para él tiene la reforma, a la que calificó como "nefasta". Otros congresistas, como Gabriel Becerra y María Eugenia Londoño, subrayaron los avances en derechos para los adultos mayores y mujeres, destacando el reconocimiento de un ingreso digno en la vejez y la reducción progresiva de requisitos para pensionarse.

Con la decisión de la Corte Constitucional, los aspectos medulares del nuevo sistema pensional quedaron asegurados, tras un proceso que suspendió la entrada en vigencia de la ley en 2025 e implicó la subsanación de irregularidades en su trámite legislativo. La implementación de la reforma quedó fijada para abril de 2027, condicionada a que la Cámara de Representantes resuelva los vicios de procedimiento señalados por la Corte dentro de los 30 días hábiles dispuestos para tal efecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la reforma pensional de Gustavo Petro?

Según lo establecido por la Corte Constitucional y lo informado por El Espectador, la reforma pensional, que inicialmente debía entrar en vigencia el 1 de julio de 2025, retrasó su implementación. Ahora, el inicio está previsto para abril de 2027, siempre y cuando la Cámara de Representantes subsane los reparos de procedimiento en el plazo máximo de 30 días hábiles contado desde la notificación de la sentencia.

¿Cuáles son los puntos principales que fueron avalados por la Corte Constitucional en la reforma pensional?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Corte Constitucional declaró exequibles 92 artículos de la reforma pensional, avalando los pilares solidario, semicontributivo y contributivo, así como la reducción progresiva de semanas de cotización para las mujeres. Estos aspectos constituyen el eje central del nuevo esquema de pensiones y fueron celebrados por congresistas del gobierno como avances significativos en materia de protección social.

Las reacciones del espectro político no se hicieron esperar. Por un lado, el expresidente Gustavo Petro manifestó que se trata de un triunfo para el gobierno y la clase trabajadora. La bancada del Pacto Histórico también respaldó la decisión, resaltando que la reforma busca garantizar un retiro digno a millones de adultos mayores y que introduce avances como la reducción progresiva de semanas para mujeres y la implementación de distintos pilares pensionales: solidario, semicontributivo y contributivo.

Sin embargo, voces críticas como la del expresidente Álvaro Uribe cuestionaron la reforma, sosteniendo que podría traer beneficios solo en el corto plazo, pero generaría un déficit insostenible a mediano plazo al eliminar el ahorro individual. Uribe propuso que los fondos privados deberían mantener la mayor parte de los recursos y sugirió eliminar los subsidios que considera inequitativos. Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero advirtió que la reforma podría perjudicar a los jóvenes, reducir el ahorro nacional y dejar en riesgo las pensiones futuras de las nuevas generaciones.

Otros representantes, como Jaime Raúl Salamanca de Alianza Verde, expresaron satisfacción por el resultado, valorando el trabajo realizado en la Cámara de Representantes. Aun así, miembros de la oposición como el senador Hernán Cadavid y el representante Daniel Briceño insistieron en que la esencia de la reforma es negativa y que muchos apartados no podrán modificarse, como el pilar semicontributivo, y criticaron supuestos vicios en el proceso legislativo.

El proceso legislativo ha venido acompañado de retrasos. Inicialmente, la reforma debía entrar en vigor el 1° de julio de 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió su implementación para corregir irregularidades detectadas en el trámite. El reciente fallo permite que los artículos validados empiecen a regir en abril de 2027, siempre que la Cámara resuelva las observaciones dentro de los 30 días hábiles establecidos por el tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la aprobación parcial de la reforma pensional de Gustavo Petro?

La aprobación parcial de la reforma pensional significa que la Corte Constitucional solo devolvió algunos apartados a la Cámara de Representantes para ajustes, mientras que la esencia del proyecto y la mayoría de los artículos siguen adelante. Esto garantiza que los pilares fundamentales del nuevo sistema pensional, así como medidas como la reducción de semanas para mujeres, mantendrán su validez y se aplicarán en el futuro, según El Espectador.

¿Cuándo empezará a regir la reforma pensional en Colombia?

De acuerdo con la información entregada por El Espectador, la entrada en vigencia de la reforma fue pospuesta tras la intervención de la Corte Constitucional. Ahora está previsto que entre en funcionamiento en abril de 2027, pero algunos artículos pendientes de corrección deberán ser ajustados y aprobados por la Cámara de Representantes en un máximo de 30 días hábiles a partir de la notificación del fallo.

Las ayudas fueron anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella durante sus recorridos por Chocó y Valle del Cauca.

En Chocó, las familias damnificadas recibirán un subsidio mensual de $875.452 durante tres meses. La entrega de los recursos comenzará este miércoles 26 de agosto y cada núcleo familiar censado podrá recibir en total $2.626.356 durante el periodo establecido.

El dinero busca cubrir gastos esenciales como el pago de un arriendo temporal, alimentación y la adquisición de productos de primera necesidad.

Para Buenaventura, uno de los territorios más afectados, el Gobierno estableció una ayuda mayor.

Las personas que perdieron sus viviendas recibirán $1.050.000 mensuales durante tres meses, para un total de $3.150.000 por familia. El texto señala que la entrega también está prevista para iniciar el 26 de agosto.

El mandatario calificó la situación de la zona costera de Buenaventura como de “dimensiones apocalípticas” y destacó la necesidad de acelerar la respuesta estatal mientras avanzan los proyectos de reconstrucción y recuperación de las comunidades.

Además, el Gobierno designó a Juan Manuel Muñoz como gerente encargado de coordinar las labores de reconstrucción e infraestructura en el Valle del Cauca. Su responsabilidad será articular la atención humanitaria, supervisar el censo de viviendas destruidas y coordinar las obras públicas con las autoridades locales.

Los subsidios hacen parte de las medidas de emergencia adoptadas para brindar liquidez inmediata a las familias damnificadas mientras se desarrollan soluciones habitacionales permanentes y avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló que el nuevo sistema mantiene su estructura general y comenzaría a aplicarse, según la interpretación del gremio, el 1 de abril de 2027.

La Corte devolvió nueve disposiciones a la Cámara de Representantes para que sean subsanadas. El Congreso tendrá un plazo máximo de 30 días para corregir los artículos observados, mientras que los demás elementos de la reforma continúan vigentes.

Entre los temas devueltos se encuentran disposiciones sobre la propiedad de las cuentas individuales de ahorro, la conformación de la Pensión Integral de Vejez, la inversión de los recursos administrados por las AFP y la comisión que recibirían estas entidades durante la transición.

También fue revisado el artículo que contempla un beneficio para mujeres con hijos, que permitiría descontar 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta un máximo de 150 semanas.

Otros artículos observados se relacionan con el uso de intermediarios para inversiones, el tratamiento tributario de las pensiones, la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República y un régimen diferencial para comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas.

Velasco destacó que los cuatro pilares del nuevo sistema —solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario— permanecen como la base de la reforma aprobada por el Congreso en 2024. En el pilar contributivo, Colpensiones administrará el componente correspondiente hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que las administradoras privadas manejarán el componente complementario.

Asofondos realizará un análisis detallado cuando se conozca el texto completo del fallo. Los próximos pasos dependerán de la actuación del Congreso frente a los nueve artículos devueltos, un trámite considerado clave para que el nuevo sistema pueda entrar en funcionamiento en abril de 2027.

La disposición plantea que las mujeres puedan descontar 50 semanas del requisito por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres hijos.

Esto permitiría reducir hasta 150 semanas del requisito total. Sin embargo, existe un límite: en ningún caso las semanas exigidas podrían disminuir a menos de 850.

El beneficio tampoco sería automático. Para acceder a esta posibilidad, la mujer tendría que haber agotado previamente el sistema actuarial de equivalencias cuando tenga recursos en el componente de ahorro individual y, aun así, no alcance las semanas necesarias para obtener la pensión.

Además, las semanas descontadas mediante este mecanismo tendrían un alcance específico.

Solo servirían para cumplir el requisito mínimo de semanas necesario para acceder a la pensión y no podrían utilizarse posteriormente para aumentar la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje sobre el ingreso que determina el valor de la mesada pensional.

El artículo busca reconocer las dificultades que pueden enfrentar las mujeres para completar sus semanas de cotización debido, entre otros factores, a las responsabilidades asociadas con la crianza de los hijos.

Sin embargo, como este y otros artículos deberán ser revisados por el Congreso, sus condiciones podrían modificarse durante el nuevo trámite legislativo. La reforma, en términos generales, sí fue aprobada; la revisión se concentra en las disposiciones que quedaron sujetas a este nuevo análisis.

El Congreso tendrá 30 días hábiles para corregir los puntos señalados y posteriormente la Corte deberá revisarlos nuevamente.

Entre los principales cambios que permanecen en la reforma está el sistema de pilares y el esquema de cotización según el nivel de ingresos.

Los aportes correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos irán a Colpensiones, mientras que el excedente será administrado por las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai). También se mantienen el pilar semicontributivo y el componente de ahorro individual.

Los nueve apartados devueltos incluyen disposiciones sobre la propiedad de los ahorros individuales, la conformación de la pensión integral, las inversiones, las comisiones de las AFP, los beneficios para mujeres con hijos, los fondos generacionales, las pensiones exentas de impuesto de renta, la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República y el régimen diferencial para comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

Entre los beneficios está la posibilidad de que las mujeres descuenten 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres hijos, aunque el requisito no podrá reducirse por debajo de 850 semanas.

Además, las pensiones estarán exentas del impuesto de renta hasta 1.000 UVT, equivalentes a $52,3 millones según el texto.

Las disposiciones declaradas exequibles tienen como fecha prevista de entrada en vigencia el 1 de abril de 2027. Asofondos señaló que, con la decisión, Colombia ya cuenta con una reforma pensional, aunque nueve artículos todavía deberán superar el trámite de subsanación en el Congreso.

(Vea también: Corte Constitucional valida la mayoría de los artículos de la reforma pensional y deja pendiente su entrada en vigor en Colombia)

La decisión permite que gran parte de la reforma siga adelante, aunque nueve disposiciones y una nueva propuesta deberán ser nuevamente discutidas. La Cámara tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para subsanar los problemas identificados por el alto tribunal.

La devolución no significa que la Corte haya declarado inconstitucional el contenido de esas disposiciones. El problema identificado está relacionado con la forma en que fueron tramitadas durante el proceso con el que el Congreso intentó corregir los vicios señalados previamente por el alto tribunal.

Además, la Corte ya había advertido que la subsanación debía garantizar un debate adecuado, en el que las disposiciones pudieran ser discutidas y los congresistas expresaran sus posiciones antes de adoptar decisiones. Ahora, algunos de esos puntos deberán volver a surtir ese procedimiento.

#ECONOMÍA | Andrés Velasco, presidente del gremio de los fondos privados de pensiones (@fondosdepension) aseguró que “Tenemos una reforma pensional”, tras la decisión de la Corte. “La reforma pensional entrará en vigor el 1 de abril de 2027”, y agregó que los siguientes 30 días… pic.twitter.com/xnXlDIBTZr

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2026

Puntos de la reforma pensional que el Congreso tendrá que revisar

Uno de los puntos que volverá a la Cámara es el artículo 14, que hace parte de las reglas centrales del nuevo sistema y establece las prestaciones que recibirán los afiliados. El Congreso tendrá que retomar la discusión de una proposición relacionada con esta disposición y decidir si mantiene el texto aprobado o introduce cambios.

Otro de los asuntos que podría llamar la atención de los trabajadores es el artículo 36, relacionado con el beneficio para las mujeres con hijos. La reforma contempla que puedan descontarse semanas del requisito para pensionarse de acuerdo con el número de hijos, bajo las condiciones establecidas en la norma. Este punto también tendrá que ser sometido nuevamente al procedimiento legislativo.

La revisión alcanza además al artículo 11, que contiene reglas relacionadas con los recursos del sistema; al artículo 19, en uno de sus apartados sobre el Pilar Contributivo; y al artículo 23, que incluye una disposición transitoria para la implementación del nuevo modelo.

También tendrán que revisarse algunos apartes de los artículos 63 y 84, relacionados con el funcionamiento del sistema y el manejo de los recursos. A estos se suman los artículos 91 y 93, que quedaron incluidos en la orden de la Corte por las mismas dificultades en su trámite.

¿Qué pasará con los ahorros de fondos de pensiones privados?

Uno de los cambios centrales de la reforma pensional, que ya cuentan con el visto bueno de la Corte Constitucional es que todos los trabajadores deberán aportar a Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos. Esto significa que esa parte de la cotización dejará de dirigirse exclusivamente al fondo privado en los casos de quienes actualmente tienen un esquema de ahorro individual.

Cuando una persona tenga un ingreso que supere ese límite, el aporte correspondiente al excedente podrá mantenerse en el componente de ahorro individual administrado por los fondos privados. Así, el sistema combina una parte de cotización en Colpensiones con otra destinada al ahorro individual.

Por ejemplo, si el ingreso de un trabajador supera los 2,3 salarios mínimos, la cotización no se enviaría completa a Colpensiones. El límite establecido marca hasta dónde llega el aporte al componente público, mientras que la parte correspondiente al ingreso que exceda ese tope se manejaría en el componente de ahorro individual.

Este esquema hace parte de la estructura planteada por la reforma pensional y es uno de los puntos que debe tener en cuenta una persona que actualmente cotiza en un fondo privado. La distribución de sus aportes dependerá, entre otros aspectos, del ingreso sobre el cual efectúe sus cotizaciones.

El juicio constitucional culminó el martes 25 de agosto, con una sesión de más de ocho horas en la que participaron los siete magistrados titulares y el conjuez Carlos Pablo Márquez. El análisis fue exhaustivo, ya que en total se revisó el articulado completo de la reforma, bandera del gobierno Petro. El resultado: la Corte Constitucional determinó que 92 de los artículos superan el examen de constitucionalidad y, por lo tanto, siguen vigentes. Sin embargo, la misma decisión aclaró que nueve artículos presentaban inconsistencias y errores legales que deben ser corregidos por el Congreso de la República. Para esto, el Legislativo tendrá que seguir rigurosamente los parámetros que el propio alto tribunal trazó en su fallo.

Pese a la magnitud de la noticia, es importante precisar que esta decisión no significa que la reforma pensional entre inmediatamente en vigor. Según especificó la Sala Plena, aquellos artículos declarados exequibles —es decir, conformes con la Constitución— solo estarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2027. Se prevé que para ese momento, el Congreso ya haya corregido junto con la Cámara de Representantes los puntos señalados por la Corte en los nueve artículos devueltos, de modo que toda la iniciativa cumpla con los lineamientos constitucionales exigidos.

El escenario que surge tras la decisión abre nuevos interrogantes, principalmente sobre el futuro inmediato de la reforma frente a los ajustes que aún debe asumir el Congreso para dar cumplimiento pleno al mandato de la Corte Constitucional.

¿Qué decisión tomó la Corte Constitucional sobre la reforma pensional?

La Corte Constitucional determinó que la reforma pensional promovida por el gobierno Petro cumple con la Constitución en 92 artículos, pero encontró errores en otros nueve que deben ser corregidos por el Congreso. El tribunal dispuso que la aplicación de los artículos exequibles será efectiva a partir del 1 de abril de 2027, una vez el Legislativo haga los ajustes requeridos.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma pensional tras el fallo de la Corte Constitucional?

De acuerdo con la Sala Plena de la Corte Constitucional, la reforma pensional empezará a regir el 1 de abril de 2027. Esa fecha permitirá al Congreso corregir los nueve artículos con errores, como lo ordenó el tribunal, antes de que toda la normativa entre en plena vigencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Icetex amplía plazo e incrementa cupos para créditos educativos en pregrado y posgrado durante el segundo semestre de 2026)

La convocatoria contempla 900 cursos gratuitos de inglés básico e intermedio, con formación completamente virtual. Los beneficiarios podrán desarrollar habilidades de pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura durante el programa.

La oportunidad tiene una duración de cinco meses y está prevista para comenzar el 7 de septiembre de 2026. El curso es principalmente asincrónico y cuenta con una sesión sincrónica semanal para quienes estén en el nivel básico. Al finalizar, Rosetta Stone entregará un certificado de culminación del nivel cursado, siempre que se cumplan los criterios de aprobación.

¿Quiénes pueden acceder a los cursos gratis de inglés del Icetex?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del país que quieran estudiar inglés. Además, los interesados deben tener formación académica superior al nivel de bachillerato y estar dentro del rango de edad establecido.

Entre los requisitos están ser colombiano, tener entre 18 y 65 años al cierre de la convocatoria y haber culminado estudios de bachillerato, técnico, tecnológico o pregrado. Los títulos deben corresponder a instituciones reconocidas por las autoridades educativas.

Los aspirantes también deben diligenciar y firmar una carta de compromiso. Quienes tengan actualmente un crédito propio del Icetex o sean beneficiarios de un fondo en administración no pueden encontrarse en mora al momento del cierre de la convocatoria.

¿Qué cubre el curso de inglés?

El beneficio cubre el 100 % del costo del curso virtual de autoformación. No obstante, los participantes deben contar por su cuenta con un computador o teléfono celular y conexión a internet para desarrollar las actividades.

El programa está diseñado para fortalecer competencias en inglés desde los niveles básico hasta intermedio y permite adelantar buena parte de las actividades de manera autónoma.

¿Qué documentos se necesitan para postularse?

Los interesados deberán cargar la documentación solicitada en formato digital y de manera legible. Entre los documentos exigidos están una copia de la cédula de ciudadanía colombiana por ambas caras, un diploma o acta de grado que acredite la formación académica y la carta de compromiso diligenciada y firmada.

También se solicita información para acreditar las condiciones socioeconómicas, como el certificado o captura correspondiente al Sisbén IV, cuando aplique, y una factura de un servicio público domiciliario que permita verificar el estrato y la dirección de residencia.

La documentación debe cumplir las condiciones establecidas por el Icetex. Los archivos ilegibles, incompletos o que presenten problemas de visualización pueden quedar sin puntaje o no ser tenidos en cuenta durante la evaluación.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés gratis del Icetex?

Para postularse, los interesados deben ingresar al portal oficial del ICETEX y buscar la convocatoria denominada ‘Programa de Fortalecimiento Virtual de Inglés – Icetex– Rosetta Stone, convocatoria 9’.

Una vez allí, es importante revisar las condiciones, requisitos y características del programa antes de iniciar la inscripción. Al final de la información de la convocatoria estará disponible la opción para postularse.

El siguiente paso consiste en crear una cuenta en la plataforma, en caso de no tenerla, y completar el proceso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Allí deberán diligenciar la información solicitada y adjuntar los documentos requeridos para participar en la convocatoria.

La postulación debe hacerse directamente por los canales oficiales del Icetex. La entidad no recibe documentos físicos ni solicitudes enviadas por correo electrónico para este programa.

La convocatoria está abierta desde el 11 de agosto y cierra el 31 de agosto de 2026 o cuando se alcancen las 1.200 postulaciones. La publicación de los resultados está prevista para el 2 de septiembre y el inicio de las clases virtuales será el 7 de septiembre.

El instituto también advierte que no cobra por la inscripción ni utiliza intermediarios para adjudicar estos beneficios, por lo que los aspirantes deben realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

En esta oportunidad, los designados en el Senado son Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, Álex Yirley Vargas, del Partido Liberal, y David Racero, del Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, la comisión estará integrada por María Camila Salas, del Partido Conservador, Héctor Chaparro, también liberal, y Santiago Castro, del Centro Democrático, según información publicada por El Espectador. Este grupo de legisladores será el encargado de supervisar movimientos de crédito público internacional adelantados por el ejecutivo, actualmente encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Las responsabilidades de la comisión incluyen analizar y aprobar los proyectos orientados a obtener recursos para el financiamiento de los planes de desarrollo económico y social, así como buscar el equilibrio en la balanza de pagos. Adicionalmente, pueden sugerir correcciones si consideran que se ponen en riesgo las finanzas del país. Un punto trascendental de este organismo es su capacidad para sesionar en privado y contar con la presencia directa del ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Incluso, el Gobierno puede convocar reuniones extraordinarias aunque el Congreso se encuentre en receso, siempre que los temas sean de suficiente relevancia para la estabilidad financiera, como la ampliación de líneas de crédito ante emergencias, por ejemplo, la necesidad de recursos adicionales tras el terremoto del 10 de agosto.

Se debe recordar que, en el gobierno anterior de Gustavo Petro, algunos de los congresistas que ocupaban posiciones en esta comisión se vieron involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo cual demostró la importancia de la vigilancia y la transparencia en este tipo de organismos.

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¿Cuáles son las funciones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público?

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso tiene como tarea principal el análisis y la supervisión de las operaciones de crédito externo que ejecuta el Gobierno. Esta célula presenta informes sobre dichos movimientos, emite recomendaciones cuando detecta riesgos en la capacidad del país para cumplir con la deuda y puede sugerir las medidas que considere apropiadas para preservar la estabilidad financiera nacional.

¿Por qué es relevante la supervisión de los créditos externos en Colombia?

Esta supervisión resulta crucial porque decisiones mal fundamentadas pueden comprometer el equilibrio económico del país y afectar la balanza de pagos. Por ello, el rol de la comisión es asegurar que el endeudamiento externo se emplee de forma responsable, enfocada en el desarrollo social y económico, y evitar que se repitan casos de mala gestión como los que han salpicado a miembros de esta célula en el pasado.

No obstante, la posición mayoritaria en la Corte fue que la Cámara de Representantes ya había subsanado la mayor parte de las inconsistencias en julio del año pasado, luego de que la propia Corte le devolviera el texto para ajustar deficiencias. En consecuencia, buena parte de la reforma cobró nuevamente validez y podrá aplicarse en todo el territorio nacional, salvo los puntos que todavía quedaron en revisión. Esta reactivación se produce tras la suspensión del año anterior y depende aún de la elaboración de un fallo final que consigne la posición mayoritaria de la Sala Plena.

El siguiente reto será definir la fecha en la que empezará a regir la reforma pensional. La entrada en vigor, originalmente prevista para el 1.º de julio de 2025, no es automática tras este fallo. Ahora será la Corte la que determine si la implementación será inmediata, diferida o si se fijará un periodo de transición, lo que será clave para que Colpensiones, los fondos privados y demás actores ajusten sus sistemas y trámites con suficientes garantías. Una modificación brusca podría causar dificultades operativas, advirtió la Sala.

El escenario se complica porque el nuevo gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, ha manifestado su desacuerdo con la reforma aprobada y ha anunciado la intención de presentar una contrarreforma, aunque no hay claridad sobre los términos ni el cuándo de ese proyecto. Además, los más de 27 billones de pesos correspondientes a personas que usaron la “Ventana de Oportunidad de Traslado” para cambiar de régimen siguen siendo motivo de disputa. El Consejo de Estado mantiene suspensiones respecto a los traslados de estos fondos, por lo que la sentencia constitucional no pone fin de inmediato a esa controversia y la situación de los afiliados sigue dependiendo tanto de la Corte como de la decisión que adopte el Consejo de Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artículos de la reforma pensional fueron validados por la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional avaló la mayoría de los artículos de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, otorgando plena validez jurídica a más de cien disposiciones. Sin embargo, devolvió ciertos artículos a la Cámara de Representantes para corregir errores en su trámite. Por tanto, la reforma podrá aplicarse en todo el país, salvo los apartados que aún requieren ajuste legislativo.

¿Qué significa la “Ventana de Oportunidad de Traslado” en la reforma pensional?

La “Ventana de Oportunidad de Traslado” es un mecanismo que permitió a los afiliados cambiarse entre regímenes pensionales (privado o público) durante un tiempo determinado. En el contexto de la reforma, más de 27 billones de pesos están involucrados en estos traslados y siguen bajo disputa, ya que el Consejo de Estado mantiene medidas de suspensión sobre la transferencia de esos fondos, por lo que la situación de los afiliados aún depende de decisiones judiciales adicionales.

De acuerdo con los pormenores presentados por Dapre, de la cifra global de ingresos, 30 millones de pesos corresponden a honorarios y el resto, 516 millones, a “otros ingresos y rentas”. El documento también revela la existencia de siete cuentas bancarias bajo la titularidad del presidente: dos en Colombia, con saldos de 45 y 49 millones; dos en Estados Unidos, con montos de 16 y 159 millones; y tres en Italia, con 28, 6 y 9 millones de pesos. Además, se registran cuatro bienes patrimoniales: en Colombia, dos inversiones (una valorada en 8,2 mil millones y la otra en 1,4 mil millones de pesos), y un activo fijo de 9,8 mil millones. A esto se suma una inversión en Estados Unidos que asciende a 913 millones de pesos.

El informe también especifica las deudas y obligaciones del presidente, dentro de las cuales aparece un préstamo hipotecario de 2,5 mil millones y dos créditos adicionales, de 968 y 94 millones. Se aclara, por otro lado, que no registra participación en juntas directivas, consejos ni directorios, pero sí tiene acciones en corporaciones, sociedades y asociaciones. Específicamente, se indica su calidad de accionista en Consenza S. A. S., una firma con sede en Cali, Valle del Cauca y experiencia en el sector de la construcción.

Entre los anexos de la declaración, figura un documento firmado por Alfonso Soler Castelblanco, contador de la campaña presidencial de Defensores de la Patria. En este, se afirma que durante la campaña no se recibieron aportes en dinero ni en especie del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Respecto a versiones anteriores de este documento, se advierten diferencias significativas; la declaración previa reportaba ingresos de 10 mil millones, no mencionaba bienes patrimoniales ni cónyuge y registraba pasivos por apenas 102 millones de pesos y ninguna cuenta bancaria. Las correcciones y detalles reflejan, así, información más precisa sobre el patrimonio y relaciones financieras del actual presidente.

¿Cuáles son los bienes y cuentas bancarias reportados por Abelardo de la Espriella en su declaración de renta?

El presidente Abelardo de la Espriella informó tener siete cuentas bancarias en Colombia, Estados Unidos e Italia, con saldos que van desde 6 millones hasta 159 millones de pesos, además de cuatro bienes patrimoniales en Colombia y Estados Unidos, entre inversiones y activos fijos que alcanzan valores por miles de millones de pesos colombianos, de acuerdo con el reporte del Dapre.

¿Qué diferencias existen entre la declaración de renta actual y la anterior de Abelardo de la Espriella?

La declaración actual presenta cifras significativamente distintas: los ingresos reportados antes alcanzaban los 10 mil millones de pesos, no se mencionaban bienes ni cónyuge, los pasivos eran menores (102 millones) y tampoco había cuentas bancarias registradas. En la declaración revisada, se corrigieron y ampliaron estos datos, proporcionando un panorama patrimonial más completo y ajustado a la realidad del presidente.

La orientación que ofrece el NAF Aduanero está disponible tanto de manera presencial como en modalidad virtual. Su propósito es facilitar el acceso a información relevante sobre procedimientos aduaneros y fiscales a una mayor cantidad de personas y empresas que, por diferentes motivos, requieren solucionar inquietudes en la materia. Esta iniciativa surge en el contexto del trabajo de responsabilidad social que desde hace más de cinco años desarrolla la UAO junto a la DIAN, mediante los Núcleos de Apoyo Fiscal. No obstante, según Luz Stella Muñoz, directora del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAO, el programa fue ampliado recientemente para incorporar de manera específica asuntos relacionados con aduanas y comercio exterior.

Muñoz subrayó que el NAF Aduanero se consolida como un puente entre el sector académico, el Estado y la sociedad. Además, esta alianza representa un escenario de práctica muy significativo para los estudiantes universitarios, quienes pueden fortalecer su perfil profesional y participar en procesos reales relacionados con comercio internacional y operaciones aduaneras. Esto les permite adquirir experiencia y estudiar el funcionamiento de los procesos fiscales y de comercio exterior desde la práctica directa, en beneficio mutuo para los ciudadanos y la formación universitaria.

El servicio ofrecido por el NAF Aduanero no tiene costo alguno para los usuarios del Valle del Cauca. Las personas naturales y empresas interesadas pueden acceder a la asesoría para resolver trámites fiscales, aduaneros o inquietudes sobre comercio exterior escribiendo al correo consultasaduaneras@uao.edu.co, como indican las fuentes de la iniciativa. Así, la apertura de este espacio reafirma la intención de la UAO y la DIAN de acercar el conocimiento experto a quienes más lo necesitan en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el NAF Aduanero de UAO y DIAN en el Valle del Cauca?

El NAF Aduanero brinda orientación y asesoría gratuita sobre trámites fiscales, aduaneros y de comercio exterior tanto a personas naturales como a pequeñas y medianas empresas. La atención se presta de forma presencial y virtual, con el objetivo de resolver dudas y facilitar procedimientos relacionados con la DIAN y la aduana.

¿Cómo se puede acceder a la asesoría gratuita sobre trámites fiscales y aduaneros en el Valle del Cauca?

Para acceder a la asesoría gratuita, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo consultasaduaneras@uao.edu.co, donde recibirán orientación especializada sobre trámites fiscales, aduaneros y de comercio exterior, según lo informado por la Universidad Autónoma de Occidente y la DIAN.

La idea central de este encuentro es clara: conectar la formación que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con lo que realmente están necesitando los empresarios hoy en día, garantizando que quien estudie consiga trabajo rápido o emprenda de manera formal.

Plata para emprendedores y una gran cumbre de empleo

Uno de los anuncios más potentes de esta reunión es la llegada de una nueva convocatoria del Fondo Emprender por 5.000 millones de pesos, la cual se lanzará en la primera semana de septiembre. Esta bolsa de recursos estará destinada prioritariamente a personas damnificadas, con el fin de ayudarlas a reactivar sus proyectos productivos y generar ingresos de forma sostenible.

Además, para el mes de noviembre de este año se programó la Gran Cumbre por el Empleo en Montería. Este evento reunirá a voceros del Sena, gremios empresariales, la academia y el sector público para armar ofertas laborales acordes a las vacantes reales que tiene la industria.

“Queremos que cada proceso de formación tenga la posibilidad de convertirse en una oportunidad real: en un empleo, en un emprendimiento o en mejores condiciones de vida para una familia”, afirmó el alcalde Kerguelén durante la consolidación de los acuerdos.

Formación que llega hasta por radio

Para que las oportunidades no se queden solo en el casco urbano, las entidades pondrán en marcha un piloto de formación rural a través de la banda AM (frecuencia 6.40 AM). Esta propuesta busca dictar cursos y capacitar a campesinos y comunidades alejadas que tienen problemas de conectividad o transporte, garantizando educación incluyente y sin barreras.

Con estas medidas, según afirmó el Sena, se proyecta en Montería un cierre de las brechas laborales que sirva como modelo de desarrollo económico para otras regiones del país.

La decisión está contenida en la sentencia SL913-2026, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 29 de julio de 2026. El caso analizó la reclamación de Anderson Jiménez Villegas contra Energía Integral Andina S. A. en reestructuración, Edatel S. A., UNE EPM Telecomunicaciones S. A. y otras entidades.

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La discusión se concentra en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla una indemnización cuando, al terminar un contrato, el empleador no paga los salarios y prestaciones sociales que debe.

Para trabajadores que devengan más de un salario mínimo, la regla establece que el empleador debe pagar, como indemnización moratoria, una suma equivalente al último salario diario por cada día de retraso, durante un máximo de 24 meses. Después de ese periodo se generan intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.

El cambio está en lo que ocurre cuando el trabajador no presenta una demanda dentro de los primeros 24 meses. Hasta ahora, la jurisprudencia de la Corte había sostenido que si la reclamación judicial no se presentaba dentro de ese periodo, el trabajador podía perder la indemnización correspondiente a esos dos primeros años y quedar únicamente con el derecho a reclamar intereses moratorios.

La nueva sentencia modifica ese criterio. La Corte fue explícita al anunciar el cambio: “la Corte variará su criterio” para entender que los trabajadores con ingresos superiores al salario mínimo tienen derecho a la indemnización equivalente a un día de salario por cada día de mora durante los primeros 24 meses, “sin que la reclamación de derechos por vía judicial por fuera de los 24 meses influya en la consecuencia sancionatoria”.

En otras palabras, el paso de los 24 meses ya no elimina la indemnización correspondiente a ese periodo, siempre que se configuren las condiciones legales para que proceda la sanción.

El efecto puede ser considerable porque la indemnización no se calcula simplemente sobre la deuda que el empleador dejó pendiente. La regla contempla un día del último salario por cada día de retraso, hasta completar 24 meses. Después de ese límite comienzan a operar los intereses moratorios sobre las sumas laborales que continúen pendientes.

Un ejemplo permite entender la diferencia. Supongamos un trabajador que tenía un salario mensual de $2 millones y terminó su contrato, pero la empresa dejó pendientes algunas prestaciones sociales. Si la obligación permanece sin pagar durante dos años, la indemnización moratoria puede alcanzar un valor equivalente a esos 24 meses de salario, es decir, aproximadamente $48 millones, además de las sumas laborales que originalmente estaban pendientes.

Con la interpretación anterior, si ese trabajador no presentaba la demanda dentro de los 24 meses, podía quedar sin esa indemnización y tener derecho solamente a los intereses moratorios previstos por la norma.

Con el nuevo criterio, la demora del trabajador en presentar la reclamación judicial después de esos 24 meses no elimina la indemnización correspondiente a los primeros dos años. A partir del mes 25 se generan los intereses sobre las sumas adeudadas.

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Eso no significa, sin embargo, que cualquier trabajador que tenga un pago atrasado vaya a recibir automáticamente una indemnización equivalente a dos años de salario.

Este punto es fundamental para entender el alcance de la decisión. La Corte recordó que la indemnización moratoria exige analizar el comportamiento del empleador. No basta con demostrar que existió un retraso en el pago: debe establecerse que no existieron “razones serias, atendibles y justificativas” para incumplir con las obligaciones laborales.

Por eso, el cambio jurisprudencial no convierte cualquier demora en una condena automática. Lo que cambia es la consecuencia de superar los 24 meses sin haber iniciado oportunamente una reclamación judicial. Antes, ese retraso podía significar perder la indemnización moratoria de los primeros dos años. Ahora, la Corte considera que esa interpretación no corresponde al alcance de la norma.

La Sala explicó que la finalidad de la reforma introducida por la Ley 789 de 2002 fue poner un límite a la indemnización moratoria indefinida, pero no eliminar la sanción por los primeros 24 meses.

La decisión representa un giro frente a una línea jurisprudencial que había sido aplicada durante años. La Corte recordó que desde decisiones anteriores, entre ellas las sentencias SL36577 de 2010, SL10632-2014 y SL3070-2023, se había entendido que el trabajador que no presentara la demanda dentro de los 24 meses perdía el derecho a la indemnización moratoria y quedaba con los intereses correspondientes.

Sin embargo, la Sala consideró necesario reevaluar esa interpretación. Uno de los argumentos centrales es que quitar completamente la indemnización de los primeros 24 meses podría terminar generando un incentivo contrario al propósito de la norma.

La Corte advirtió que esa interpretación podría llevar a una situación en la que un empleador que incumple deliberadamente sus obligaciones termine enfrentando una consecuencia menor simplemente porque el trabajador no acudió a la justicia dentro de los primeros dos años.

La Corte incluso advirtió que una interpretación anterior podía conducir a “arribar a la conclusión absurda de que, si el trabajador no ha iniciado reclamación por la vía ordinaria dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, el empleador tenga licencia para no satisfacer los créditos por salarios y prestaciones sociales vencidos”.

El nuevo criterio busca, precisamente, mantener el efecto de presión sobre el empleador para que pague oportunamente. La propia controversia analizada por la Corte permite dimensionar el efecto económico. En el primer contrato de Anderson Jiménez Villegas, terminado el 22 de mayo de 2018, quedaron pendientes $1.550.280 por prestaciones sociales. La Corte determinó que el salario utilizado para calcular la sanción era de $1.896.132 mensuales, equivalente a un salario diario de $63.204.

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Con el nuevo criterio, la Sala estableció una indemnización moratoria de $45.507.168, correspondiente a 24 meses de salario entre el 23 de mayo de 2018 y el 23 de mayo de 2020. Desde el día siguiente se ordenaron intereses moratorios sobre los $1.550.280 que permanecían pendientes por prestaciones sociales. La Corte, además, casó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia precisamente respecto de la indemnización moratoria correspondiente a ese primer contrato.

Viva Malls, la plataforma inmobiliaria del Grupo Éxito, conserva el liderazgo por tamaño con 17 centros comerciales y 580.000 m² de GLA, equivalentes al 24% del inventario nacional de propiedad única. Durante 2025 registró ingresos por $497.181 millones, frente a $439.050 millones en 2024, lo que representó un crecimiento del 13,2%. Además de ser el operador con mayor superficie, concentró cerca del 27% de los ingresos reportados por las once plataformas con datos disponibles. Su escala le permite negociar con grandes marcas, distribuir inversiones de tecnología y mercadeo entre varios activos y construir una relación comercial que trasciende cada centro comercial individualmente.

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Parque Arauco ocupó el segundo lugar por ingresos, con $325.038 millones, siete activos y 258.500 m² de GLA. Su crecimiento fue del 7,3%, mientras que Mallplaza, con cinco centros comerciales y 277.145 m², facturó $263.113 millones y avanzó 16%. Pactia alcanzó ingresos por $187.205 millones en ocho activos que suman 180.236 m², con una variación del 10,4%. En conjunto, estos cuatro operadores —Viva Malls, Parque Arauco, Mallplaza y Pactia— reunieron ingresos por $1,27 billones, aproximadamente el 69% del valor informado por los operadores individualizados, confirmando el elevado nivel de concentración del negocio.

El análisis de los resultados de 2025 también debe leerse a la luz del principal movimiento empresarial ocurrido en la industria durante 2026. Mallplaza suscribió un acuerdo vinculante con Pactia para adquirir ocho centros comerciales Gran Plaza por $1,178 billones, la negociación más importante del año y una de las mayores realizadas en la historia del sector colombiano. Los activos aportan 180.000 m² de GLA, cerca de 57 millones de visitantes anuales y un ingreso operacional neto —NOI— aproximado de $111.000 millones. Una vez se materialice la transacción, sujeta al cumplimiento de las condiciones previas y a la autorización de las autoridades colombianas, Mallplaza pasará de cinco a 13 centros comerciales en el país y superará los 460.000 m² de superficie arrendable. La operación modificará sustancialmente el mapa competitivo: Mallplaza se aproximará a Viva Malls en escala, mientras Pactia dejará de participar directamente en el segmento de centros comerciales Gran Plaza. Por ello, las cifras de 2025 constituyen la fotografía previa a la mayor reorganización reciente de la propiedad única en Colombia.

El mayor crecimiento del año correspondió a Jardín Plaza, cuyos dos activos, con 131.325 m² de GLA, generaron $164.633 millones, un aumento del 43,3% frente a 2024. Único también tuvo un resultado favorable: sus ocho centros comerciales, con 117.440 m², alcanzaron ingresos por $135.939 millones y crecieron 10,1%. Multiplaza reportó $66.148 millones y una expansión del 8,9%, mientras que Ideo llegó a $16.806 millones, con un avance igualmente cercano al 8,9%. Nuestro, por su parte, obtuvo $38.599 millones y creció 6,9%.

Cenco Malls presentó una reducción contable de sus ingresos, al pasar de $53.602 millones en 2024 a $26.142 millones en 2025. Sin embargo, esta variación no debe interpretarse como una caída equivalente en la actividad operacional de sus centros comerciales. Durante 2024 la compañía reconoció mayores ingresos asociados con la valoración de sus activos inmobiliarios, lo que elevó extraordinariamente el componente de otros ingresos de ese ejercicio. Al desaparecer ese efecto extraordinario en 2025, la comparación anual arroja una disminución del 51,2%. Se trata, por tanto, de una diferencia en la base contable y no necesariamente de un deterioro en los ingresos recurrentes provenientes de arrendamientos, concesiones y servicios.

Más allá del tamaño, uno de los resultados más relevantes del estudio corresponde a Fontanar, el activo más importante de Cimento y el centro comercial con los mayores ingresos mensuales por metro cuadrado entre las firmas analizadas. El complejo, con 56.000 m² de GLA, generó $117.246 millones durante 2025, frente a $105.187 millones en 2024, para un crecimiento del 11,5%. Su productividad mensual convencional se aproxima a $174.473 por m², superando a Parque Arauco y Jardín Plaza, ambos alrededor de $104.000 por m², y a Único, cercano a $96.500.

Esta comparación, sin embargo, requiere una precisión fundamental. El resultado de Fontanar corresponde a un solo activo consolidado, maduro y altamente productivo, mientras que los indicadores de Viva Malls, Parque Arauco, Mallplaza, Pactia y otros operadores representan el promedio de portafolios conformados por varios centros comerciales. Dentro de esas plataformas conviven activos maduros con desarrollos recientes, ampliaciones y centros que todavía atraviesan sus curvas de estabilización comercial, ocupación y tráfico. Estos últimos reducen temporalmente el promedio de ingresos por metro cuadrado del operador.

Por esta razón, el liderazgo de Fontanar en productividad no significa necesariamente que Cimento sea más eficiente que todos los operadores como organización. Lo que demuestra es que su principal activo ha alcanzado un nivel excepcional de monetización por unidad de superficie. Una comparación homogénea requeriría enfrentar Fontanar con los activos maduros más importantes de cada portafolio y no únicamente con el promedio consolidado de plataformas que administran entre cuatro y 17 centros comerciales en diferentes etapas de desarrollo.

El desempeño de Fontanar se explica por la calidad de su localización, la capacidad adquisitiva de su área de influencia, la ocupación, la mezcla de marcas y la monetización de la experiencia. El centro comercial se beneficia del corredor Chía–Cajicá y de una propuesta que combina moda, gastronomía, entretenimiento y servicios para un mercado regional de alto poder adquisitivo. Su modelo de propiedad única facilita ajustar la mezcla comercial, administrar los contratos y coordinar ampliaciones sin la fragmentación de decisiones propia de la propiedad horizontal.

Fontanar pertenece a Cimento, compañía creada en 2011 mediante la alianza entre la colombiana Amarilo y Spectrum, firma guatemalteca vinculada al Grupo Pantaleón. Cimento integra desarrollo y operación inmobiliaria, mientras Amarilo aporta su conocimiento del mercado colombiano y de la transformación urbana, y Spectrum incorpora experiencia regional en centros comerciales y proyectos de uso mixto. Después de Fontanar, inaugurado en 2015, la sociedad desarrolló Arkadia en Medellín, abierto en 2019 y concebido también bajo el modelo de propiedad única.

La ausencia de información financiera individual de Arkadia impide consolidar en el Mapa Nacional de Centros Comerciales 2026 el desempeño completo de Cimento. Esta limitación es relevante porque Arkadia cuenta con cerca de 50.000 m² comerciales y complementa la exposición de la compañía en Medellín. En consecuencia, los resultados de Fontanar no representan la totalidad del negocio de Cimento, sino el desempeño de su activo más importante y del único para el cual se dispone de información financiera comparable dentro del estudio.

Los ingresos de los centros comerciales de propiedad única provienen principalmente de los cobros por arrendamiento y concesión de locales, kioscos e islas. A ellos se agregan los servicios de estacionamiento, las cuotas de administración, la publicidad de marcas, las activaciones comerciales, el alquiler temporal de zonas comunes y la explotación de amenidades y espacios de entretenimiento. Esta diversidad permite que el propietario capture valor tanto de la ocupación permanente como del tráfico, el tiempo de permanencia y la actividad promocional del centro comercial.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “La propiedad única cerró 2025 con una participación todavía minoritaria en el inventario nacional, pero con operadores cada vez más profesionalizados y una notable capacidad para convertir el GLA en ingresos recurrentes. Viva Malls domina por escala; Parque Arauco, Mallplaza y Pactia consolidan la concentración sectorial; Jardín Plaza lidera el crecimiento; y Fontanar constituye el principal referente individual de productividad”.

La iniciativa busca reversar una medida impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro como parte de la reforma tributaria que se aprobó al comienzo de su administración. Desde entonces, el impuesto ha despertado posiciones encontradas entre quienes consideran que puede contribuir a reducir el consumo de determinados productos y quienes cuestionan su impacto sobre los consumidores y los pequeños comerciantes.

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Briceño aseguró que el Gobierno presentó el gravamen bajo el argumento de que contribuiría al cuidado de la salud de los colombianos, pero manifestó su desacuerdo con la manera en que fue implementado. El representante sostuvo que el impuesto terminó alcanzando productos de consumo habitual como cereales, galletas, salchichas, chorizos y leche en polvo, entre otros alimentos.

El congresista del Centro Democrático también cuestionó el destino y el efecto que, según él, ha tenido el dinero recaudado. Briceño afirmó que el impuesto no habría solucionado los problemas de salud que buscaba atender y, por el contrario, habría provocado mayores dificultades para los pequeños comerciantes. Por eso, calificó la medida como un “impuesto al tendero”.

Borda respaldó esa posición y señaló que el gravamen estaría afectando los ingresos de buena parte de los establecimientos comerciales. Según la representante, cerca del 67 % de estos negocios habrían sentido un impacto en sus ingresos, por lo que rechazó la idea de que la medida afecte principalmente a las personas con mayores recursos. A su juicio, el golpe también termina llegando a tenderos y comerciantes.

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Los dos congresistas aclararon que su propuesta no pretende desconocer los problemas de salud asociados con una alimentación poco saludable. Su argumento es que debe abrirse una discusión más amplia sobre la forma en que el Estado busca influir en las decisiones nutricionales de los ciudadanos. También cuestionaron la idea de que aumentar el precio de determinados productos mediante impuestos necesariamente haga que las personas dejen de consumirlos.

Junto a la representante @CarolBordaA presentamos proyecto de ley para eliminar los llamados impuestos saludables en Colombia que han afectado a mile de tenderos en todo el territorio nacional. https://t.co/HypTY5dK1W

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 25, 2026

El mercado colombiano de bebidas espirituosas está cambiando. Entre 2021 y 2025, su volumen pasó de aproximadamente 105 millones a 133 millones de litros, un crecimiento cercano al 27 %. En ese mismo periodo, el ron avanzó de 23 millones a 26 millones de litros, alrededor de un 13 %; mientras el whisky pasó de 13 millones a 18 millones y el tequila y mezcal, de cerca de uno a dos millones.

Las perspectivas internacionales también anticipan oportunidades para la categoría. Proyecciones de mercado estiman que el mercado mundial del ron crecerá cerca de 7.000 millones de dólares adicionales entre 2025 y 2030, con una tasa anual compuesta cercana al 5 %. Este escenario coincide con cambios en los hábitos de consumo, marcados por una mayor valoración de la calidad, el origen, la innovación y las experiencias alrededor de la bebida.

“El cambio más importante que estamos observando es que el consumidor ya no busca simplemente tomar ron; quiere vivir una experiencia. Las nuevas generaciones están más interesadas en la calidad, el origen, el añejamiento y la historia detrás de lo que consumen. Estamos pasando de una lógica enfocada en la cantidad a una en la que cobran mayor importancia el disfrute, la moderación y el valor de cada ocasión”, explicó Hugo Álvarez Builes, maestro ronero de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

En el marco del Día Internacional del Ron, Ron Medellín destaca esta transformación de una categoría tradicionalmente vinculada con las celebraciones de los colombianos. Hoy, las grandes fiestas conviven con otras ocasiones como reuniones entre amigos, gastronomía, coctelería, música y encuentros en casa, mientras los consumidores jóvenes muestran mayor apertura hacia mezclas, sabores y propuestas diferentes.

Para los próximos años, desde Ron Medellín indicó que se proyecta un crecimiento moderado en volumen, pero mayores oportunidades en valor. Esto abre espacio para rones añejos, propuestas premium, ediciones especiales y productos diferenciados por su origen y proceso de elaboración.

La ‘premiumización’ responde también a un consumidor que comienza a interesarse por aspectos que van más allá de la graduación alcohólica. Las materias primas, la fermentación, la destilación, las barricas, el tiempo de añejamiento y la mezcla determinan características como el aroma, sabor, estructura, complejidad y suavidad del producto.

“Un buen ron no se explica solamente por sus años. El tiempo es fundamental, pero también importan la materia prima, la madera, la destilación, la mezcla y el perfil sensorial que se quiere conseguir. Cuando el consumidor conoce lo que existe detrás de una botella, también aprende a disfrutarla de otra manera”, señaló Álvarez Builes.

Colombia cuenta con tradición en la producción de ron, conocimiento en procesos de elaboración y añejamiento, materias primas y una identidad cultural construida alrededor de esta bebida. Para la industria, la oportunidad estará en convertir esos atributos en propuestas que puedan competir por calidad, innovación, origen y diferenciación, tanto en el mercado nacional como internacional.

Para Ron Medellín, la conmemoración del Día Internacional del Ron representa una oportunidad para poner en valor esa tradición y, al mismo tiempo, mostrar la evolución de una categoría que busca conectar con nuevas generaciones.

“El futuro del ron colombiano está en combinar tradición, innovación y calidad para conquistar nuevos consumidores en Colombia y en el mundo. La industria estará cada vez más enfocada en comprender las ocasiones y las personas, y no simplemente en vender botellas”, concluyó Álvarez Builes.

La reforma se dirige a quienes tienen ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y laboran por lapsos menores a un mes. Ahora, estas personas podrán cotizar únicamente por los periodos efectivamente trabajados. Así, si alguien trabaja de uno a siete días, aportará sobre una cuarta parte del salario mínimo; de ocho a 14 días, sobre dos cuartas partes; de 15 a 21 días, sobre tres cuartas partes; y, finalmente, quienes trabajen de 22 a 30 días, lo harán sobre un salario mínimo mensual completo.

Este desarrollo reglamentario redefine la situación de los trabajadores independientes frente a los dependientes de tiempo parcial. Hasta antes de esta resolución, ambos grupos estaban reunidos bajo el tipo “51 - Trabajador de tiempo parcial”, pero la reciente normativa, según destaca 90 Minutos, crea una separación definitiva: el tipo 51 será exclusivo de los dependientes y el 76 de los independientes. La medida igualmente ofrece una opción voluntaria para que los independientes puedan contribuir a las cajas de compensación familiar, eligiendo entre tarifas del 0,6 % o del 2 %, según su predilección.

En cuanto a la salud, la regulación determina que los independientes con ingresos por debajo del salario mínimo tendrán acceso al Régimen Subsidiado de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos y sin la obligación de cotizar bajo el régimen contributivo.

Estos ajustes, programados para comenzar a regir en septiembre de 2026, buscan que la seguridad social responda de manera más precisa a la realidad de los independientes de tiempo parcial, promoviendo una mayor cobertura y flexibilidad en los aportes.

¿Qué es la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y cómo afecta a los trabajadores independientes?

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, es una herramienta utilizada en Colombia para centralizar y facilitar el pago de aportes a seguridad social. Con la nueva resolución, afecta de manera directa a los trabajadores independientes, permitiéndoles hacer aportes proporcionales solo por los días trabajados y diferenciándolos claramente de los trabajadores dependientes de tiempo parcial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Régimen Subsidiado de salud para trabajadores independientes?

Según la reciente normativa, los trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual pueden acceder al Régimen Subsidiado de salud, pero deben cumplir con las condiciones previstas por la regulación vigente. No estarán obligados a pagar por el régimen contributivo, siempre que sus ingresos y tiempo de trabajo se mantengan dentro de los límites señalados por la resolución.

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La moneda estadounidense ve, de momento, un precio mínimo de $3.043 y un valor máximo en los $3.064.

Con esto de base, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.051, lo que son $5 menos al revisarse la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

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Lo que mueve al dólar en Colombia

Entre los hechos más importantes, el mercado está a la expectativa de lo que pueda pasar con las nuevas mesas de negociación para destrabar el comercio de petróleo en Ormuz. Naciones Unidas se propuso como facilitador de transporte de fertilizantes por Ormuz.

En el plano local, los analistas siguen a la expectativa del nuevo proyecto de presupuesto para el año entrante, documento que, ha mencionado el Gobierno de la Espriella, deberá ser uno mucho más austero y que priorice los compromisos internacionales.

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Adicionalmente, el dólar en Colombia sopesa los más recientes pronósticos para la inflación a agosto, dato que habría reactivado su crecimiento por cuenta de los precios de algunos alimentos, así como de servicios públicos.

De acuerdo con testimonios recogidos en la ciudad, tanto arrendatarios como inmobiliarias han comenzado a exigir pagos por encima de lo estipulado legalmente. Fernando Andrés Quintero, uno de los afectados por el desastre natural, relató su experiencia: al verse forzado a dejar su apartamento en el norte de Cali, se encontró con precios excesivamente altos en el sector, superando lo que ya era considerado un costo elevado antes del sismo. El ciudadano manifestó su preocupación por lo que consideró un aprovechamiento desmedido de la situación por parte de propietarios e inmobiliarias.

En respuesta a estas denuncias, Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, aseguró que la Alcaldía, junto con la Oficina de Protección al Consumidor y la Casa del Consumidor, atenderá los reclamos relacionados con variaciones injustificadas en los valores de arriendo. Dichas entidades se encuentran trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad nacional encargada de proteger los derechos de los consumidores. El funcionario enfatizó la importancia de reportar cualquier irregularidad, pues el aumento de la demanda de viviendas tras el sismo ha generado cambios drásticos en la oferta y los precios.

Respecto a la forma de proceder, la SIC detalla que es posible interponer una demanda contra aquellos proveedores de bienes y servicios que incumplan con la normativa, sin que se requiera la asistencia de un abogado cuando se trate de pretensiones menores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, el proceso judicial sigue las normas establecidas en el Código General del Proceso, por lo cual las personas involucradas deben estar atentas a las notificaciones a través de la plataforma virtual de la entidad. La SIC aclara que, para procesos judiciales, no se deben utilizar términos como "queja", "denuncia" o "reclamos", sino presentar formalmente una demanda siguiendo el modelo oficial.

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¿Cómo denunciar el aumento irregular del canon de arriendo tras el sismo en Cali?

Para reportar un incremento excesivo en el valor del arriendo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda presentar una demanda formal a través de su plataforma, siguiendo el instructivo y el modelo oficial. No es necesario abogado si la suma reclamada es menor a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y las notificaciones se hacen por la página web de la SIC.

¿Qué papel desempeñan la Oficina de Protección al Consumidor y la SIC en los casos de aumentos de arriendo?

La Oficina de Protección al Consumidor, junto con la Casa del Consumidor y la SIC, tiene la responsabilidad de recibir denuncias y procesar formalmente las demandas de los ciudadanos afectados por variaciones ilegales en los valores de arriendo, actuando como garantes de los derechos de los consumidores en situaciones de emergencia como la ocurrida tras el sismo.

Las compañías analizadas alcanzaron ingresos conjuntos por $10,31 billones, confirmando la dimensión de un negocio que combina grandes cadenas nacionales, operadores regionales, droguerías vinculadas a cajas de compensación y formatos que han evolucionado hacia propuestas de salud, bienestar, belleza, cuidado personal y conveniencia.

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El liderazgo correspondió ampliamente a Cruz Verde, con ingresos por $6,20 billones, equivalentes a cerca del 60,2% de las ventas de la muestra, y un crecimiento de 12,5% frente a 2024. En segundo lugar se ubicó Farmatodo, con $1,97 billones y una expansión de 25,3%, el mayor crecimiento entre los grandes operadores. Entre ambas compañías concentraron aproximadamente 79,3% de los ingresos analizados, evidenciando el alto grado de concentración alcanzado por la categoría.

El tercer lugar fue para Droguerías Pasteur, con ventas por $670.477 millones y un crecimiento de 19,7%. Le siguieron Colsubsidio, con $429.725 millones y una caída de 9%; Cafam, con $348.918 millones y crecimiento de 4,5%; Farmanorte, con $297.621 millones y expansión de 15%; Locatel, con $176.371 millones y aumento de 6,6%; Drogas Pague Menos, con $89.812 millones y crecimiento de 9,5%; Droguerías San Jorge, con $77.589 millones y una disminución de 13,8%; y Droguerías Juliao, con $45.249 millones y un crecimiento de 16%.

Uno de los factores que más incidió en los resultados de 2025 fue la crisis financiera del sistema de salud colombiano. La elevada cartera de las EPS, las dificultades de liquidez, los cambios en contratos de dispensación y los problemas en la entrega de medicamentos afectaron especialmente a los operadores con mayor exposición al negocio institucional. Esto produjo una dinámica muy diferente entre las compañías dependientes de convenios con EPS y aquellas más concentradas en la venta directa al consumidor.

El desempeño de Farmatodo es probablemente el mejor ejemplo. Su modelo incorpora una participación importante de categorías comerciales como belleza, cuidado personal, bienestar, dermocosmética y conveniencia, reduciendo su dependencia relativa de la dispensación institucional y ampliando las ocasiones de compra. Esa diversificación contribuyó a que fuera el operador de mayor crecimiento entre los líderes de la categoría.

Colsubsidio gana por tamaño; Cafam por productividad

La competencia entre Colsubsidio y Cafam ofrece otra lectura interesante. Colsubsidio mantiene la ventaja de escala con 357 establecimientos comerciales, frente a aproximadamente 270 droguerías de Cafam, una red cerca de 32% superior. También conserva el liderazgo en ventas comerciales, con $429.725 millones frente a $348.918 millones.

Sin embargo, cuando se mide la productividad por establecimiento, Cafam obtiene mejores resultados. Sus ventas estimadas alcanzaron cerca de $1.292 millones por droguería al año, frente a aproximadamente $1.204 millones de Colsubsidio. Mientras esta última redujo sus ventas comerciales 9% y sus transacciones disminuyeron de 12,3 millones a 10,6 millones, Cafam aumentó sus ingresos 4,5% y mejoró su margen bruto estimado desde 21,4% hasta cerca de 24%. La conclusión es clara: Colsubsidio gana por tamaño y cobertura, mientras Cafam mostró una mayor eficiencia comercial durante 2025.

La comparación evidencia igualmente un riesgo estructural. En Colsubsidio cerca de tres cuartas partes de las transacciones relacionadas con medicamentos están asociadas al canal institucional, mientras que en Cafam aproximadamente 70,2% de los ingresos de esta línea provienen de convenios de dispensación. Por ello, aunque ambas cadenas tienen una importante presencia física, una parte significativa de su escala continúa ligada al funcionamiento del sistema de salud.

El mapa también demuestra que el mercado no está completamente homogenizado alrededor de Cruz Verde y Farmatodo. Pasteur mantiene una posición particularmente fuerte en Antioquia y el Eje Cafetero, especialmente en Medellín y su área metropolitana. Su crecimiento de 19,7% confirma que una cadena regional puede seguir ganando escala a partir de densidad territorial, reconocimiento y cercanía con el consumidor.

Farmanorte, por su parte, conserva una fortaleza histórica en Santander, Norte de Santander y el nororiente colombiano, mientras Drogas Pague Menos concentra buena parte de su operación en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el suroccidente, Droguerías San Jorge mantiene presencia en Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Tuluá y Buga; y en la Costa Caribe, Droguerías Juliao ha construido su fortaleza alrededor de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Aunque sus ventas son menores frente a las de los líderes nacionales, estos jugadores conservan ventajas competitivas importantes relacionadas con conocimiento del mercado local, cercanía, fidelidad de sus clientes y concentración de puntos en territorios específicos.

Los resultados de 2025 confirman además una transformación de fondo: la droguería está dejando de ser exclusivamente un establecimiento para comprar medicamentos y avanza hacia una plataforma integral de salud, bienestar y conveniencia. Domicilios, aplicaciones móviles, programas de fidelización, dermocosmética, autocuidado, belleza, productos de consumo y análisis de datos están redefiniendo la relación con el consumidor.

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Para los centros comerciales esta evolución resulta especialmente atractiva. Las droguerías generan recurrencia, satisfacen necesidades cotidianas y permiten ampliar el mix comercial hacia servicios, salud, belleza y bienestar, convirtiéndose en operadores cada vez más estratégicos dentro de los malls.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “los resultados de 2025 muestran una categoría sólida, muy concentrada a nivel nacional, pero todavía fragmentada regionalmente. Cruz Verde continúa siendo el líder indiscutible por escala y Farmatodo muestra el mayor dinamismo entre los grandes jugadores. Sin embargo, Pasteur, Farmanorte y Juliao demuestran que todavía existe espacio para competir desde la cercanía y el conocimiento del consumidor. La competencia futura no estará definida únicamente por quién tenga más puntos de venta, sino por quién logre integrar mejor cobertura, tecnología, fidelización, surtido y experiencia de compra”.

La apuesta de Drummond no es menor si se consideran los contratos vigentes: la empresa cuenta con cuatro acuerdos específicos bajo la minuta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el desarrollo de proyectos de fracking, adicionalmente mantiene un contrato de asociación con Ecopetrol y otro convencional para la explotación de gas asociado a mantos de carbón. Las operaciones proyectadas se concentrarán en terrenos planos y despejados de los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y Bosconia, dejando fuera de consideración parques naturales y zonas con relieve montañoso.

En la misma entrevista, el vocero recalcó que el país ya cuenta con un esquema contractual y un marco regulatorio técnico consolidado durante más de 15 años por parte del Ministerio de Minas y Energía. Actualmente, la materialización de estos proyectos depende de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ya sea para modificar permisos existentes o para tramitar aquellos que sean necesarios para nuevas actividades. La intención de Drummond es avanzar con diálogos formales cuanto antes y perforar el primer pozo en menos de un año, haciendo énfasis en la necesidad de contar con reglas de juego estables a largo plazo y un régimen fiscal competitivo. Según lo expuesto, lograr condiciones comparables con países como Estados Unidos o Argentina sería clave para atraer inversiones que, durante el periodo presidencial de Abelardo De La Espriella, podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares sumando a todos los operadores del sector.

Frente a inquietudes ambientales ciudadanas, la empresa subrayó que la regulación colombiana obliga a mantener redes de monitoreo permanente sobre consumo de agua y el riesgo de impactos en acuíferos o eventos sísmicos relacionados. Este enfoque en el desarrollo local deja atrás la estrategia de importar gas y construir infraestructura de regasificación, que según Drummond Energy solo tenía sentido durante gobiernos que no facilitaban la explotación nacional de recursos energéticos.

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¿Cuál es el potencial de reservas de gas natural en la cuenca Cesar-Ranchería según Drummond Energy?

De acuerdo con estimaciones técnicas citadas por Drummond Energy en una entrevista con el diario El Tiempo, la formación La Luna, ubicada en la cuenca Cesar-Ranchería, podría contener hasta 20 tera pies cúbicos de gas natural recuperable. Esta cifra representa la posibilidad de multiplicar por diez las actuales reservas nacionales de gas, posicionando a esta región como clave en la estrategia energética del país.

¿Qué regulaciones ambientales existen en Colombia para controlar el fracking?

La regulación colombiana, como indicó el vocero de Drummond Energy, exige a las empresas mantener redes de monitoreo constantes sobre el consumo de agua y el riesgo de impacto tanto en los acuíferos como en la sismicidad inducida. Además, toda actividad debe ser aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual supervisa la adecuada implementación de las medidas para prevenir y mitigar posibles efectos negativos sobre el entorno.

Más que una señal automática de sobreoferta, el indicador confirma la madurez del Valle de Aburrá: la competencia ya no pasa solamente por construir más metros cuadrados, sino por elevar tráfico, permanencia, experiencia y productividad.

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Los seis centros comerciales de propiedad horizontal con mayores ingresos en Medellín y su mercado metropolitano sumaron $200.928 millones en 2025, con un promedio de $33.488 millones por activo. Estos ingresos corresponden a las copropiedades y no a las ventas de los comerciantes; provienen principalmente de cuotas de administración, parqueaderos y explotación de zonas comunes.

El Tesoro y Santafé Medellín concentran juntos el 52,3% del Top 6, mientras entre el tercero y el sexto hay una diferencia de apenas $3.260 millones, evidencia de una competencia mucho más cerrada en ese segundo bloque.

El Tesoro ocupa el primer lugar con ingresos de $64.098 millones y una participación de 31,9% dentro del Top 6. Su ventaja frente a Santafé supera los $23.000 millones. La fortaleza del Parque Comercial está en combinar un potente mix de moda, marcas premium, gastronomía, bienestar y entretenimiento con una experiencia abierta y conectada con el paisaje de El Poblado. La llegada de marcas como Carolina Herrera y la presencia de operadores internacionales y diferentes formatos de entretenimiento refuerzan su condición de destino de compra y tiempo libre.

Santafé Medellín aparece segundo con $41.049 millones, equivalentes al 20,4%. Su principal activo competitivo es la escala y su ubicación en la Milla de Oro, donde converge demanda residencial, empresarial, hotelera y turística. A ello suma una oferta que va desde moda, lujo, hogar y tecnología hasta gastronomía y entretenimiento. Santafé también ha convertido su gran plazoleta en una plataforma de experiencias: el Tapete de Flores y sus montajes de temporada fortalecen tráfico y recordación, dos variables decisivas en un mercado maduro.

Mayorca es tercero con $25.565 millones y 12,7% de participación. Aunque se localiza en Sabaneta, Mall & Retail lo incorpora por su pertenencia al mercado metropolitano. Su ventaja es la conexión directa con la estación Itagüí del Metro y la Avenida Regional, que le permite capturar buena parte de la demanda del sur del Valle de Aburrá. A esto se suma una propuesta difícil de replicar: una etapa con fuerte vocación outlet y otra orientada a colecciones de línea y marcas premium. Esa dualidad le permite competir simultáneamente por precio, moda y conveniencia.

San Diego ocupa la cuarta posición con $25.182 millones, el 12,5% del total. Nacido en 1972, conserva uno de los capitales de marca más fuertes del comercio antioqueño y ha hecho de sus espacios a cielo abierto, jardines y tradición una ventaja diferenciadora. Su localización entre el centro, Las Palmas y El Poblado, junto con un hipermercado ancla, servicios y 1.602 cupos de estacionamiento, le permite combinar compras cotidianas con visitas de destino. Su nueva identidad alrededor de “un encuentro a cielo abierto” muestra cómo un activo histórico puede renovarse sin perder reconocimiento.

Oviedo se ubica quinto con $22.731 millones y 11,3% de participación. Su fortaleza está en un posicionamiento construido durante más de cuatro décadas en la Milla de Oro. Ha conservado una arquitectura abierta, amplias zonas verdes y paisajismo, mientras mantiene una oferta de 320 locales, 38 restaurantes y siete salas de cine. Con un tráfico anual reportado de 12 millones de personas, se beneficia además de estar inmerso en uno de los corredores residenciales, hoteleros y empresariales más importantes de Medellín.

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Unicentro Medellín completa el Top 6 con $22.305 millones, equivalentes al 11,1%. Su posición competitiva está vinculada al occidente de Medellín, con una base residencial consolidada y cercanía a universidades, clínicas y servicios. Su transformación incorpora una zona de entretenimiento de 4.224 m², coworking, movilidad eléctrica y sostenibilidad, buscando ampliar la permanencia y la frecuencia de visita.

El ranking deja una lectura clara: Medellín no tiene un único modelo ganador. El Tesoro domina desde la experiencia y la sofisticación del mix; Santafé desde la escala y la convocatoria; Mayorca desde la accesibilidad y la dualidad outlet-línea; San Diego desde la tradición; Oviedo desde la naturaleza y la Milla de Oro; y Unicentro desde la cercanía, los servicios y la renovación. En un territorio con 26,8 m² de GLA por cada 100 habitantes, el próximo capítulo no lo definirá quién tenga más área, sino quién logre hacer cada metro cuadrado más relevante, visitado y productivo.

En ese contexto, el comercio colombiano encuentra en el dólar la moneda principal para transacciones internacionales. Productos clave para la economía, como petróleo, café, flores, banano y carbón, se exportan y negocian directamente en dólares, según Noticiero 90 Minutos. Cuando el dólar se aprecia frente al peso colombiano, los exportadores reciben más pesos por cada dólar ingresado al país, lo que puede resultar positivo para sus ingresos. Sin embargo, el efecto es contrario para quienes importan bienes. Colombia adquiere en el extranjero bienes y servicios como maquinaria, vehículos, medicamentos, tecnología e insumos industriales, que se pagan también en dólares. Por ello, si la moneda estadounidense sube, los costos para traer estos productos también aumentan, afectando los precios internos.

Este comportamiento tiene un impacto directo sobre la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios en la economía. Noticiero 90 Minutos señala que muchos productos de consumo básico o duradero, como electrodomésticos, celulares, computadores y repuestos automotrices, presentan alzas de precio cuando sube el dólar, porque dependen de insumos importados. Incluso algunos alimentos pueden encarecerse bajo esta dinámica. Además, los viajes internacionales se encarecen para los colombianos mientras la cotización del dólar está alta.

Por último, la tasa de cambio se vigila cuidadosamente desde el punto de vista inversionista. La misma fuente indica que un dólar estable genera confianza en los inversionistas nacionales e internacionales, mientras variaciones abruptas tienden a crear incertidumbre en diversos sectores de la economía. De acuerdo con el más reciente reporte, la cotización del dólar este lunes se ubicó en 3.074,16 pesos colombianos.

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¿Por qué el dólar tiene tanta influencia en la economía de Colombia?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el dólar tiene gran influencia porque la mayoría de las transacciones de comercio internacional, inversiones y muchos movimientos financieros del país se negocian en esta divisa. Así, cualquier variación en su precio afecta directamente los ingresos de exportadores, los costos de importación y se traslada al costo de vida y a la confianza de inversionistas.

¿Cómo impacta la subida del dólar en los precios de productos en Colombia?

Según la información referida, cuando el dólar sube frente al peso colombiano, los productos importados, como electrodomésticos, tecnología, medicamentos y algunos alimentos, tienden a encarecerse. Esto se debe a que dichos bienes se pagan en dólares, y los incrementos suelen trasladarse al consumidor final, lo que puede provocar un aumento generalizado de precios o inflación.

La petición, dirigida específicamente al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, busca que el sector financiero articule un programa especial para quienes han experimentado pérdidas productivas en medio de estos dos eventos críticos. Sin embargo, la iniciativa no se limita al congelamiento de pagos. El Ministerio plantea la necesidad de avanzar en el reperfilamiento de las deudas, lo que implica modificar las condiciones de los préstamos para otorgar mayor margen de maniobra a los productores afectados. Entre las alternativas presentadas se encuentran la extensión de los plazos, periodos de gracia, rediferimiento de cuotas vencidas y la normalización de los reportes de riesgo. Incluso, se pidió que estas reestructuraciones no impacten negativamente la calificación crediticia de los deudores.

Otra de las medidas sugeridas es facilitar el acceso a nuevos recursos: específicamente, el Ministerio solicitó analizar la posibilidad de ofrecer nuevas líneas de capital de trabajo y "retanqueos", recursos imprescindibles para que los afectados puedan recuperar cultivos, reponer inventarios o reparar sus instalaciones. La intención es evitar que quienes perdieron capacidad productiva deban destinar sus ingresos solo a responder por las deudas, en lugar de reactivar sus actividades.

A este complejo panorama se suman los efectos continúados del fenómeno de El Niño. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este fenómeno podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027, generando una baja en la productividad, incremento de costos para alimentar ganado y problemas de disponibilidad de agua. Frente a esto, el Ministerio ha anunciado subsidios para seguros agropecuarios y pilotos para proteger a pequeños productores de eventos climáticos severos.

Además, el Gobierno adelanta acciones específicas en Tolima, donde los incendios han afectado fuertemente a varias familias. Estas incluyen congelamiento temporal de obligaciones con el Banco Agrario, ampliación de plazos y distribución de recursos para la recuperación de pastos e infraestructura esencial.

No obstante, la medida solicitada aún no ha sido aprobada para todos los créditos. Falta la respuesta del sector bancario para precisar condiciones y beneficiarios, lo que deja pendiente la fecha de entrada en vigencia y el alcance definitivo de estos alivios.

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¿Qué implicaciones tiene la solicitud del Ministerio de Agricultura sobre el congelamiento de créditos agropecuarios?

La solicitud del Ministerio de Agricultura implica que miles de productores en zonas de emergencia podrían contar con un alivio financiero temporal, evitando el pago inmediato de cuotas e intereses. Sin embargo, hasta el momento, solo es una petición formal a Asobancaria y las entidades financieras, por lo que su aplicación dependerá de la respuesta y condiciones del sector bancario. Si se aprueba, podría ofrecer un respiro para quienes deben reconstruir su capacidad productiva antes de normalizar sus obligaciones crediticias.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño al sector agropecuario colombiano?

De acuerdo con las advertencias del Ideam, el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta 2027, ocasionando graves impactos en la productividad del campo. Entre sus consecuencias directas están la reducción de la disponibilidad de agua, mayores gastos en alimentación animal y decrecimiento de la producción ganadera y agrícola. Por eso, el Gobierno ha reforzado subsidios y seguros, buscando proteger a los más vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.

Según lo reportado por Ospina, 33 hoteles resultaron afectados directamente por el sismo. De estos, seis presentaron daños estructurales tan severos que tendrán que ser demolidos y reconstruidos en su totalidad, debido a que sus condiciones no permiten reparaciones seguras. Otros 16 hoteles sufrieron afectaciones importantes, aunque, como explica el líder gremial, estas instalaciones pueden reestructurarse y retomar operaciones tras adecuadas intervenciones. Además, se identificaron alrededor de 36 hoteles con daños estéticos, es decir, deterioros en acabados o elementos no críticos para la estabilidad general de las edificaciones.

Las pérdidas del sector no se limitan a daños materiales. Ospina enfatizó que hubo un fuerte efecto sobre la confianza tanto de turistas como de organizadores de eventos, resultado en la suspensión casi total de reservas y actividades programadas en la región, entre ellas, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esta reacción en cadena generó “cancelaciones masivas, por supuesto, después del miedo, después de que la gente y el turista nacional e internacional, pues, ha visto lo que ha pasado en nuestra ciudad y en nuestro departamento”, afirmó Ospina.

A pesar del panorama desafiante, el sector hotelero espera encontrar alivio con la realización del Congreso Nacional de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenaví), previsto para los días 1 al 3 de septiembre. Este evento se perfila como una oportunidad estratégica, pues proyecta reunir a cerca de 3.500 visitantes nacionales e internacionales en Cali, lo que permitiría reactivar la ocupación y reconstruir la confianza en la oferta hotelera local, de acuerdo con Cotelco Valle.

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¿Cuáles son los hoteles del Valle del Cauca más afectados por el terremoto de agosto?

Según Cotelco Valle, 33 hoteles resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto. De estos, seis sufrirán demolición y reconstrucción debido a daños graves en su estructura. Otros 16 presentaron daños importantes pero recuperables, mientras cerca de 36 tuvieron afectaciones estéticas. Las identidades específicas de los hoteles no se detallaron en la fuente citada.

¿Qué impacto económico tuvo la cancelación del Festival Petronio Álvarez para el sector hotelero?

De acuerdo con el presidente de Cotelco Valle, la suspensión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y de otras reservas provocó pérdidas que alcanzan cerca de $13.000 millones de pesos para los hoteles de la región. Este monto incluye tanto daños materiales como el efecto negativo por la pérdida de reservas y eventos, clave para la actividad hotelera.

La precisión surgió luego de que circulara información que aseguraba que las empresas del sector dejarían de reconocer estos pagos como consecuencia de la decisión del Ministerio.

El gremio calificó esa versión como falsa y señaló que genera desinformación entre trabajadores, empresas y ciudadanía.

Fedeseguridad explicó que entre las circulares derogadas estaba la Circular 0040, que contenía una interpretación relacionada con la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector.

Sin embargo, recordó que una circular no puede modificar ni eliminar derechos laborales establecidos en leyes y normas de mayor jerarquía.

Por esta razón, la derogación de dichas disposiciones tampoco libera a los empleadores de sus obligaciones.

Las horas extras y los recargos que correspondan deben continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de acuerdo con la legislación laboral vigente.

El gremio aseguró que las empresas afiliadas continuarán cumpliendo las normas laborales y llamó a trabajadores y empleadores a verificar la autenticidad de los documentos y revisar correctamente el alcance de las decisiones del Ministerio.

Roberto Vélez, exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros, advierte que Brasil concentra buena parte de la oferta global y que una reducción de entre 10% y 20% en su cosecha podría retirar entre 10 y 15 millones de sacos del mercado.

Si además se presentan caídas en otros países, el déficit mundial podría acercarse a 20 millones de sacos.

El mercado ya refleja parte de estas expectativas en los contratos de futuros, mientras los inventarios de la industria se encuentran en niveles reducidos.

Actualmente, el consumo mundial ronda entre 170 y 175 millones de sacos anuales, y Brasil produce cerca de 70 millones, frente a unos 13 millones de Colombia y 30 millones de Vietnam.

En Colombia, el impacto dependerá del momento del ciclo productivo. La cosecha de octubre y noviembre podría ser moderada por una menor floración, aunque un periodo seco prolongado también podría favorecer la floración de la siguiente cosecha.

Los expertos señalan que el mayor efecto de El Niño podría sentirse sobre la producción cafetera del primer semestre de 2027.

Beltrán resaltó que la atención de la emergencia encontró como dificultad principal el traslado de materiales y equipos hacia las zonas afectadas, situación que requirió previamente la intervención en las vías de acceso. Gracias a la cooperación de empresarios, fue posible completar el envío total de las 480 toneladas de material en un tiempo récord de cuatro días, especificó el ministro. "El trabajo que se ha hecho para recuperar las vías, pero en especial la gratitud a los empresarios que en menos de cuatro días hicieron llegar aquí 480 toneladas", expresó el funcionario, citando textualmente sus palabras.

La distribución de estos kits busca que las familias puedan comenzar, por sí mismas o con ayuda técnica, las labores de rehabilitación en sus viviendas. A esta medida se suman los subsidios de arrendamiento que ya se encuentran en marcha, ofreciendo a los hogares una alternativa temporal mientras los procesos de recuperación avanzan.

De acuerdo con el ministro, en esta etapa participarán equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, ingenieros, arquitectos y estructuradores, encargados de valorar el estado de los inmuebles afectados y definir las intervenciones necesarias. Beltrán destacó también el acompañamiento a los procesos de demolición, para lo cual una empresa especializada trabaja coordinadamente con la gestora social del departamento. Estas acciones buscan intervenir los edificios que quedaron en condiciones que requieren ser demolidos, como parte integral de la estrategia de recuperación.

Con este inicio de la segunda fase, la atención a la emergencia deja atrás las respuestas iniciales y el alojamiento temporal, centrándose ahora en la rehabilitación de viviendas, la distribución de materiales y la evaluación técnica precisa de las intervenciones necesarias.

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¿Cómo se está llevando a cabo la entrega de materiales a las familias damnificadas en Chocó?

La distribución de materiales se realiza mediante la entrega de kits a los hogares afectados, con el apoyo de equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y la colaboración de empresarios, quienes lograron transportar 480 toneladas en cuatro días. Estos materiales permiten a las familias iniciar la rehabilitación de sus viviendas bajo la supervisión y acompañamiento técnico especializado.

¿Qué papel cumplen los equipos técnicos e ingenieros en la recuperación de viviendas tras la emergencia?

Los equipos técnicos, conformados por funcionarios del Ministerio de Vivienda, ingenieros, arquitectos y estructuradores, tienen la responsabilidad de valorar los daños en las viviendas, definir las intervenciones necesarias y acompañar todo el proceso, incluyendo la demolición coordinada de las estructuras que no pueden rehabilitarse.

Con este aval, el grupo busca diversificar su oferta integrando productos de gas natural y energía, diseñando alternativas específicas para sus clientes basadas en variables como precio, plazos y gestión de riesgos. Esta estrategia llega en un momento donde el mercado colombiano se encuentra cada vez más expuesto a las dinámicas internacionales del gas, además de que el abastecimiento de este combustible está directamente relacionado con la generación de electricidad en el país.

Manuel de Almeida Marins Gorito, socio de BTG Pactual y responsable de la división de Commodities, destacó que el ingreso al mercado colombiano forma parte de la estrategia regional de la compañía enfocada en energía. “La energía es un sector en el que BTG Pactual ha construido una experiencia relevante a nivel regional, combinando conocimiento especializado de los mercados con nuestras capacidades financieras”, afirmó. Además, señaló que expandirse en Colombia contribuye a consolidar una plataforma energética regional, aprovechando la estructura global del grupo y la experiencia acumulada en mercados como Brasil, Chile, México, Europa y Argentina.

La nueva autorización se suma a otras iniciativas adelantadas en Colombia, como el proceso de adquisición de las centrales hidroeléctricas Luzma I y Luzma II, ubicadas en el municipio de Amalfi, Antioquia, con una capacidad instalada conjunta de 39,2 megavatios. Esta adquisición, aún en trámite de aprobación por parte de las autoridades, ampliaría el portafolio de BTG Pactual en el segmento de generación, complementando así su nueva actividad de comercialización de gas natural.

Bajo esta estrategia, BTG Pactual consolida su participación en diferentes eslabones del mercado energético colombiano, integrando generación, comercialización, financiamiento y gestión de riesgos. Este enfoque se soporta en el buen momento financiero del grupo, que, al cierre del segundo trimestre de 2026, reportó una utilidad neta de 993 millones de dólares y un ROAE (retorno sobre patrimonio) de 26,7 %, cifras que demuestran solidez para seguir creciendo en el sector energético.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica para el mercado colombiano la entrada de BTG Pactual como comercializador de gas natural?

La entrada de BTG Pactual como comercializador en Colombia le permite a la entidad comprar y vender gas natural, estructurar ofertas integradas de energía y gas, y diseñar soluciones relacionadas con la gestión de precios y riesgos. Esto puede diversificar la oferta disponible para empresas y participantes del sector, en un contexto donde la generación de electricidad depende cada vez más del abastecimiento y comportamiento internacional del gas.

¿Cuáles son las operaciones energéticas que BTG Pactual desarrolla actualmente en Colombia?

BTG Pactual ha recibido autorización para comercializar gas natural a través de su filial y se encuentra en proceso de adquirir las centrales hidroeléctricas Luzma I y Luzma II en Antioquia, con una capacidad combinada de 39,2 megavatios. Estas operaciones buscan fortalecer su participación en los segmentos de generación y comercialización, en línea con su estrategia de consolidación en el sector energético del país.

Estos inconvenientes no surgieron de manera espontánea. Desde el domingo 23 de agosto, varios clientes ya habían reportado dificultades para acceder a DaviPlata y para utilizar funciones elementales como cargar información de su perfil y verificar sus productos financieros. En esa ocasión, la compañía reconoció la existencia de problemas derivados de un mantenimiento temporal de la plataforma, asegurando que sus equipos trabajaban para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Durante la jornada del lunes, el equipo de DaviPlata respondió a los señalamientos de sus usuarios a través de redes sociales, explicando que el acceso a la aplicación presentaba intermitencias. En sus declaraciones, la compañía pidió disculpas y enfatizó que el dinero de los clientes está seguro, a pesar de que en algunos casos aparezca una diferencia en el saldo o los movimientos. Textualmente, DaviPlata aseguró: “Si ves diferencias en tu saldo o movimientos, no te preocupes: todo está a salvo y trabajamos a toda marcha para solucionarlo cuanto antes”.

La recomendación, de acuerdo con la información oficial, es que los usuarios permanezcan atentos a nuevos anuncios hechos desde los canales de comunicación de DaviPlata, mientras se completan las tareas de normalización del servicio. La situación ha puesto de manifiesto la importancia que tiene este canal digital para miles de usuarios y el impacto que produce cualquier interrupción en la disponibilidad de sus recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué DaviPlata muestra saldo en cero a algunos usuarios?

Según los reportes y respuestas oficiales de DaviPlata, la visualización de saldos en cero ocurre debido a fallas temporales en la aplicación. La compañía ha asegurado que, a pesar de estas diferencias visibles, los fondos de los usuarios no han sido alterados y permanecen seguros mientras se resuelven los inconvenientes, lo que implica que se trata de un problema técnico y no de un retiro efectivo de recursos.

¿Qué recomienda DaviPlata a los usuarios durante las fallas en la aplicación?

De acuerdo con las comunicaciones de DaviPlata, lo aconsejable es que los usuarios mantengan la calma y permanezcan atentos a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales de la plataforma. La empresa reitera que está trabajando para restablecer el servicio y sugiere no alarmarse frente a posibles diferencias en el saldo, pues el dinero está seguro durante el proceso de solución.

La crisis golpea con especial crudeza a los negocios de menor tamaño y a las estructuras comerciales en etapa temprana de consolidación. Según la herramienta de caracterización, habilitada para captar información incluso en zonas rurales sin conectividad, el 53 % de las micro y pequeñas empresas califica sus daños como graves o críticos, al punto que un 37 % de ellas se encuentra totalmente incapacitada para abrir sus puertas al público.

En Cali el panorama es aún más desalentador, pues el 63 % de los empresarios reporta daños severos y un 39 % carece de capacidad operativa. En términos sectoriales, el 76 % de los afectados se concentra en tres renglones económicos cardinales: el comercio con un 42 %, el sector de alojamiento, gastronomía y turismo con un 21 %, y las industrias manufactureras con un 13 %.

La parálisis temporal o definitiva de estos establecimientos pone en inminente peligro la estabilidad laboral de miles de familias, ya que el 74 % de las empresas afectadas reporta entre uno y veinte empleos en riesgo directo. Ante este escenario, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, destacó que la recolección de datos permitió decantar las exigencias reales del sector privado.

Contrario a lo que se pensaría, los empresarios priorizan mecanismos de capitalización y recursos no reembolsables por encima del endeudamiento: cerca del 65 % solicita capital semilla o subsidios, un 29 % demanda alivios a sus obligaciones actuales y apenas un 12 % manifiesta necesidad de nuevos créditos bancarios.

Con estos insumos técnicos ya consolidados, los gremios y las autoridades locales buscan estructurar una hoja de ruta orientada a la reactivación productiva que combine el apoyo financiero con la reparación urgente de instalaciones, maquinaria e inventarios, renglón que copa el 41,8 % de las prioridades inmediatas.

Los hallazgos ya fueron presentados ante la bancada de congresistas del Valle del Cauca con el propósito de impulsar iniciativas legislativas enfocadas en beneficios tributarios, flexibilización crediticia y fuentes extraordinarias de financiación que eviten el colapso definitivo del aparato económico regional tras la tragedia.

En este contexto, son muchos los ciudadanos que viven en conjuntos residenciales y utilizan la bicicleta como medio de transporte. Mientras algunos optan por guardarla en los espacios destinados para parqueadero, otros prefieren mantenerla dentro de sus viviendas.

Sin embargo, existen determinadas prácticas relacionadas con el uso de bicicletas dentro de las copropiedades que pueden generar sanciones económicas. Una de ellas está relacionada con el tránsito o parqueo de estos vehículos en determinadas zonas comunes, cuando dicha conducta se encuentra restringida por el reglamento de propiedad horizontal.

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De acuerdo con información atribuida a la Notaría 19 de Bogotá, el uso de las zonas comunes para el tránsito de bicicletas puede estar contemplado entre las conductas que deben tener en cuenta los residentes de conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal. No obstante, la aplicación de una eventual sanción depende de las disposiciones establecidas por cada copropiedad.

¿De cuánto es la multa por transitar con bicicletas en zonas comunes?

Para determinar el valor de una multa relacionada con el tránsito o estacionamiento de bicicletas en zonas comunes, es necesario revisar el reglamento de propiedad horizontal y las normas internas aprobadas por la copropiedad. Estas disposiciones son las que deben establecer las conductas consideradas como infracciones y las sanciones correspondientes, siempre dentro del marco establecido por la Ley 675 de 2001.

En este sentido, no existe una tarifa única que pueda aplicarse de manera automática a todos los conjuntos residenciales del país. El valor de la sanción dependerá de las reglas adoptadas por cada copropiedad y del procedimiento previsto para imponerla.

Entre las sanciones contempladas en este tipo de reglamentos puede encontrarse una multa de hasta el equivalente a una cuota de administración. Por ejemplo, si un residente paga $200.000 mensuales por concepto de administración, ese podría ser el monto máximo de la sanción cuando el reglamento establezca ese límite y se cumplan las condiciones para su aplicación.

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Es importante aclarar que una multa no puede imponerse de manera arbitraria. La administración y los órganos de la propiedad horizontal deben respetar las disposiciones del reglamento, así como el debido proceso establecido para determinar la existencia de una infracción y comunicar la respectiva sanción.

Por esta razón, los propietarios y residentes que utilizan bicicletas deben consultar las normas internas del conjunto residencial antes de dejarlas en zonas comunes o utilizarlas en espacios donde pueda existir alguna restricción. También es recomendable verificar si la copropiedad cuenta con áreas específicas destinadas al parqueo o almacenamiento de bicicletas.

La rueda bursátil estuvo marcada por una alta volatilidad intradiaria. La tasa de cambio abrió en $3.039 y profundizó temprano su caída hasta registrar un mínimo de $3.021,50, zona en la que motivó una sólida demanda compradora.

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De acuerdo con analistas de JP Tactical Trading, el precio repuntó progresivamente hacia la tarde hasta marcar un techo de $3.072,80, antes de experimentar una ligera moderación cerca de la campana de cierre en un entorno de flujos de divisas relativamente equilibrados.

Analistas de Acciones & Valores coinciden en que, si bien el diferencial de tasas (carry trade) y la debilidad del DXY siguen otorgando un soporte de fondo al peso colombiano, la fuerte apreciación acumulada y la corrección del crudo favorecen un periodo de consolidación y rebote técnico para la tasa de cambio.

Para las próximas ruedas, la firma proyecta un rango de negociación delimitado entre $3.020 y $3.070, con eventuales extensiones hacia los $3.000 o $3.090 por dólar.

Pese al leve repunte diario, el índice dólar (DXY) avanzó un 0,25 % para ubicarse en las 99,05 unidades, manteniéndose presionado cerca de mínimos de varios meses por las crecientes dudas sobre la deuda fiscal estadounidense y las recompras de bonos del Tesoro.

El anuncio de nuevas sanciones contra Irán y el resurgimiento de fricciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá impulsaron compras tácticas de dólares a nivel global, desatando tomas de utilidades sobre las monedas de América Latina tras sus recientes máximos.

Toma de ganancias en el petróleo

En el mercado de commodities, los precios internacionales del petróleo interrumpieron su racha alcista y retrocedieron más de un 2,5 % en una jornada caracterizada por la toma de ganancias y la disipación temporal de temores sobre recortes inmediatos en la oferta.

El Brent, referencia internacional para Colombia, cayó un 2,58 %, situándose en US$90,28 por barril. La referencia estadounidense WTI descendió un 2,68 %, cotizándose en US$84,73.

Gobierno inyecta capital al sector energético

En el plano local, la jornada coincidió con el anuncio del Gobierno Nacional —a través de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía— sobre la inyección de $1,5 billones destinados al sector energético.

La medida busca estabilizar la liquidez de las comercializadoras de energía, resguardar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico y evitar que las presiones financieras del sector se trasladen al costo de vida de los hogares.

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Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,20 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,080 % desde los 12,104 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,178 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,225 %.
• Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,114 %, frente al 12,130 % registrado anteriormente.
• Los TES de 2050 finalizaron en 12,156 %; la jornada anterior en 12,170 %.

Según explicó Mora, el tomate de árbol, que se produce principalmente en las zonas montañosas, es uno de los casos más alarmantes. "La canastilla está a razón de 100.000 y 110.000 pesos; sale a más de 2.000 pesos una libra al por mayor", detalló el líder del sector. Por su parte, el precio del fríjol desgranado subió notablemente, ubicándose entre $5.000 y $6.000 la libra. La arveja, otro ingrediente fundamental en la dieta local, se vende entre $7.000 y $9.000. Además, frutas como la mora y el lulo han visto sus precios elevándose hasta un rango de $2.500 a $4.000 por libra, reflejo directo de la presión que ejerce el clima adverso en la producción agrícola.

La emergencia climática afecta también de manera directa a las regiones productoras de mango, entre ellas Payandé, San Luis, Gualanday y Chicoral. Incendios recientes no solo han destruido extensos cultivos sino que también han provocado la muerte de numerosos árboles frutales. Mora señaló que muchos productores de mango han perdido sus cosechas, lo que anticipa posibles aumentos futuros en el precio de esta fruta o incluso desabastecimiento.

Pese a esta situación, los precios de frutas como piña, naranja y mandarina se han mantenido estables, dado que los transportadores han logrado sortear las dificultades en las vías hacia Armenia y el Valle del Cauca. La zona de Cajamarca sigue aportando alimentos clave como arracacha, fríjol, lulo y tomate, ayudando a reducir el impacto de las pérdidas.

El panorama, sin embargo, sigue siendo crítico. Mora advierte que en Tolima se han perdido más de 12.000 hectáreas de bosques y pastos a causa de los incendios. El líder pidió respuestas urgentes de las autoridades, tanto para proteger a los productores como para sancionar a quienes provocan las quemas, recordando que la sequía podría prolongarse hasta enero o febrero del próximo año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están subiendo los precios de los alimentos en el Tolima?

Los precios de los alimentos en el Tolima están aumentando debido a la sequía y los incendios forestales, según Luis Albeiro Mora, líder de las plazas de mercado. Estos factores climáticos reducen la producción de cultivos como tomate de árbol, fríjol y arveja, provocando escasez y, en consecuencia, incrementos en los precios en plazas de mercado.

¿Qué impacto tienen los incendios forestales en la producción de mango en el Tolima?

Los incendios forestales han causado la destrucción de cultivos y la muerte de árboles de mango en zonas como Payandé, San Luis, Gualanday y Chicoral. De acuerdo con Mora, esto ha significado la pérdida de cosechas para los campesinos y una amenaza significativa para la disponibilidad y precio del mango en la región.

De acuerdo con Abelardo de la Espriella, la distribución de estos fondos será directa, llegando a la persona cabeza de familia mediante un operador logístico o a través de una entidad bancaria, facilitando que el dinero llegue de manera segura y rápida. Esta estrategia hace énfasis en la transparencia y focalización de la ayuda, para evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los hogares necesitados. El monto total que cada familia beneficiada recibiría por este concepto suma 2.626.356 pesos al término del periodo de tres meses.

El subsidio temporal de arriendo está orientado a cubrir los costos de alojamiento en viviendas seguras mientras avanza el proceso de reconstrucción, y además, responde a la urgencia de resolver la situación habitacional de los damnificados. No obstante, el plan de contingencia gubernamental incluye otras ayudas humanitarias complementarias en las zonas afectadas. Los albergues en las principales ciudades y municipios golpeados por el desastre también forman parte del esquema de respuesta institucional para quienes quedaron en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Durante su discurso en Chocó, De la Espriella afirmó que el Estado está trabajando en conjunto con autoridades locales para censar con rigor a las familias damnificadas y velar por la evacuación de quienes aún viven en estructuras comprometidas. El gobierno ha señalado el compromiso de dar seguimiento detallado a la ejecución del subsidio, con el fin de asegurar que el apoyo cubra realmente a quienes más lo requieren y facilite una recuperación rápida en la región afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el monto del subsidio de arriendo para los damnificados del sismo de agosto?

El subsidio consiste en un aporte mensual de 875.452 pesos colombianos por hogar damnificado, desembolsado durante tres meses consecutivos. En total, cada familia beneficiada recibirá 2.626.356 pesos para cubrir los gastos de arrendamiento de una vivienda segura mientras se gestionan los procesos de reconstrucción, según la información oficial compartida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Cómo se entregará el subsidio de arriendo a los afectados por el sismo?

La entrega del subsidio será directa, utilizando operadores logísticos o entidades bancarias, de modo que el dinero llegue al responsable del hogar afectado sin intermediarios innecesarios. Esta metodología, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, busca asegurar una distribución eficiente, confiable y transparente de los recursos a los ciudadanos damnificados.

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Ahora, justamente para seguir ganando terreno en las diferentes zonas del país, esta compañía anunció una millonaria inversión con la idea de renovar varios establecimientos en la Costa Caribe, lugar donde hay una gran competencia.

De hecho, fue Juan Lucas Vega Palacio, gerente general del Grupo Éxito, quien anunció que la idea es poner 42.700 millones de pesos para la renovación y reconversión de las 61 tiendas que tienen en esa región, lo cual hará que se tenga un total de 12.049 metros de área de venta nueva y modernizada en los establecimientos de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, Sucre y La Guajira.

“Durante el año, Grupo Éxito ha destinado cerca de $42.700 millones a proyectos de renovación y reconversión, que suman 12.049 m² de área de venta nueva y modernizada, con los que continuamos fortaleciendo nuestra presencia en la región”, anunció Vega.

De hecho, agregó que dos de las principales obras que se llevarán a cabo son en Barranquilla: la primera será en local de la calle 77, pues habrá una reconversión a Carulla en una iniciativa que costará más de 9.900 millones de pesos y que quedará de 1.566 metros cuadrados para que los clientes vayan y encuentren los mejores productos.

Por su parte, la segunda será en el Éxito de San Francisco, que tuvo una inversión de 5.400 millones de pesos para modernizar las instalaciones e instalar el concepto Mundo Gourmet que cuenta con productos diferentes en insumos como carnes, lácteos, bebidas y congelados.

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Cabe destacar que para el Grupo Éxito, esta región es de suma importancia porque en lo que va del año se han adquirido más de 54.200 millones de pesos en productos a 38 proveedores de la región, lo cual ayuda a que la economía local siga creciendo constantemente.

Los primeros desembolsos están programados para partir del 26 de agosto y se enfocarán en hogares cuyas viviendas hayan quedado destruidas o inhabitables. El Gobierno determinó que estos recursos económicos serán entregados directamente a la persona identificada como cabeza del hogar, a través de un operador logístico o una entidad bancaria, con el objetivo de asegurar que el dinero llegue de manera efectiva a los afectados y no se extravíe en el camino.

Junto con la entrega del subsidio, el Gobierno también proporcionó detalles sobre las acciones de recuperación que se implementarán. En ese sentido, el empresario Jaime Uribe fue designado como dirigente del Fondo Milagro, el fondo creado para coordinar y canalizar los recursos destinados a la reconstrucción de infraestructura esencial. Este mecanismo, anunciado inicialmente el 12 de agosto, permitirá recibir aportes tanto nacionales como internacionales para la recuperación de viviendas, colegios, hospitales, vías y demás estructuras dañadas por el sismo. Según la información más reciente, el Fondo Milagro deberá trabajar de manera articulada con aseguradoras, el sistema financiero, el Fondo Nacional del Ahorro, empresas constructoras y otros actores clave, considerando que las pérdidas globales y las necesidades de reconstrucción podrían ubicarse cerca de los $30 billones.

El esfuerzo de recuperación cuenta asimismo con la participación notable del sector privado, que hasta la fecha ha movilizado alrededor de $2 billones para apoyar tanto la emergencia como la posterior recuperación. Entre estos aportes específicos se destaca el compromiso de Grupo Argos, empresa que entregará mil viviendas de rápida construcción para las familias damnificadas.

La emergencia ha dejado un saldo especialmente grave, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: hay afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios, con 324.157 personas damnificadas, 329 fallecidos, 4.592 heridos y 234 desaparecidos. Se reportan además 31.519 viviendas destruidas y 178.236 averiadas. Los departamentos más impactados, como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, se mantienen expectantes respecto a la implementación de estas medidas y a los resultados de los censos y evaluaciones estructurales en curso.

Este subsidio representa una de las primeras respuestas económicas directas para los hogares que han perdido todo y, en muchos casos, todavía no pueden regresar ni a las ruinas de su vivienda mientras se define una solución definitiva.

¿Cuándo comienzan a entregarse los subsidios para familias damnificadas por el terremoto?

Los subsidios económicos para las familias afectadas por el terremoto empezarán a entregarse a partir del 26 de agosto. Los beneficiarios serán, inicialmente, hogares que perdieron su vivienda o no pueden regresar a ella por daños estructurales, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cómo funcionará el Fondo Milagro y quién lo lidera tras el terremoto?

El Fondo Milagro será el mecanismo encargado de coordinar y canalizar los recursos públicos y privados para la reconstrucción de infraestructuras afectadas, como viviendas y hospitales. Estará liderado por el empresario Jaime Uribe y articulará el trabajo con aseguradoras, el sistema financiero y empresas del sector construcción, según informó el Gobierno nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La reciente caída del dólar frente al peso colombiano puede hacer más atractivos los viajes, las compras internacionales y algunos servicios cotizados en moneda extranjera. Sin embargo, para los expertos de Bravo, plataforma de solución de deuda, esta coyuntura no debería llevar a los consumidores a asumir deudas que no podrían sostener si la tasa de cambio vuelve a subir.

El Banco de la República ha señalado que el peso colombiano registró una apreciación marcada frente al dólar durante el segundo trimestre del año, aunque en un contexto de volatilidad. A finales de julio, la TRM se ubicó en $3.100 por dólar, frente a niveles cercanos a $3.800 registrados meses atrás.

Este comportamiento también está teniendo incidencia en las decisiones de los viajeros. De acuerdo con el Travel Trendline 2026 de Mastercard, el 81 % de los viajeros encuestados en Colombia afirma que las tasas de cambio influyen en la elección de sus destinos.

Para los especialistas de Bravo, el principal riesgo está en confundir una coyuntura favorable con una garantía de que el dólar continuará bajando.

“Una tasa de cambio favorable puede representar una oportunidad para quienes ya tienen planeado un gasto en dólares, pero no debería ser el motivo para asumir una nueva deuda. Antes de utilizar una tarjeta de crédito o solicitar un préstamo para financiar un viaje o una compra internacional, es importante evaluar si esa obligación podría mantenerse incluso ante un escenario menos favorable del dólar”, explican los expertos de Bravo.

Una de las primeras recomendaciones es evitar tomar decisiones financieras basadas exclusivamente en el comportamiento actual del dólar en Colombia. El hecho de que un producto, viaje o servicio resulte temporalmente más económico en pesos no significa necesariamente que sea conveniente financiarlo mediante crédito.

Además, cuando una compra se ejecuta en dólares con una tarjeta de crédito, el valor final en pesos puede depender de la tasa de cambio aplicable a la operación y de las condiciones del producto financiero. Por eso, antes de diferir una compra, es fundamental conocer el costo total de la financiación y no únicamente el valor de la cuota.

Antes de asumir una nueva obligación, los especialistas recomiendan revisar cuánto dinero queda disponible después de cubrir gastos básicos y otras deudas. Una reducción temporal del dólar no modifica la capacidad mensual de pago de una persona.

“El precio de una compra puede cambiar, pero la obligación adquirida permanece. Por eso, antes de endeudarse es importante preguntarse si se podría seguir pagando la cuota sin afectar el presupuesto en un escenario de mayores gastos o menores ingresos”, agregan desde Bravo.

La coyuntura también puede ser una oportunidad para quienes ya cuentan con un presupuesto destinado a viajes o compras internacionales. En estos casos, comparar precios, establecer un límite de gasto y aprovechar el momento de la tasa de cambio puede ayudar a optimizar los recursos sin necesidad de recurrir al crédito.

Esta recomendación cobra especial importancia en un contexto en el que el ahorro continúa siendo un reto para los hogares. Un reciente documento de Banca de las Oportunidades señala que el 56 % de los colombianos encuestados en su Encuesta de Demanda de 2022 afirmó no ahorrar bajo ninguna modalidad, y destaca la importancia del ahorro para enfrentar imprevistos sin recurrir a formas de endeudamiento que puedan aumentar la vulnerabilidad financiera.

Finalmente, Bravo recomienda que cualquier decisión financiera relacionada con el dólar contemple distintos escenarios. La tasa de cambio puede subir o bajar por factores externos e internos, y el Banco de la República ha descrito recientemente el comportamiento del peso como volátil.

Por ello, antes de endeudarse para aprovechar una tasa de cambio favorable, los consumidores deberían preguntarse si la compra es realmente necesaria, si cuentan con recursos para cubrirla y si podrían asumir la obligación incluso si las condiciones cambiarias dejan de ser tan favorables.

“El mejor momento para aprovechar un dólar bajo es cuando la compra cabe dentro del presupuesto, no cuando obliga a crear una nueva deuda. Una buena decisión financiera debe funcionar incluso si las condiciones del mercado cambian”, concluyen los expertos de Bravo.

Según la hipótesis de la Fiscalía, detrás de la investigación existiría una estructura con operaciones en Colombia y Panamá que habría utilizado diferentes sociedades comerciales desde 2013. De acuerdo con el expediente, esas compañías habrían servido para realizar operaciones de comercio exterior y mover recursos a través de mecanismos que, presuntamente, buscaban dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito.

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Los empresarios procesados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza. La Fiscalía presentó durante la audiencia distintos elementos con los que buscaba demostrar que los investigados habrían tenido participación en el supuesto entramado.

Sin embargo, el juez consideró que la información expuesta no permitía establecer de manera suficientemente clara qué conducta habría hecho cada uno de los procesados. El despacho cuestionó que se hubieran presentado documentos, poderes y trámites empresariales sin explicar cuál de esas actuaciones habría sido fraudulenta ni cómo demostraría una participación consciente en los delitos investigados.

Las pruebas relacionadas con movimientos financieros también generaron reparos. La Fiscalía presentó conversaciones sobre asuntos como tesorería, divisas, reintegros y gestiones bancarias, pero el juez consideró que no se estableció una conexión concreta entre esos intercambios y una operación criminal determinada. A juicio del despacho, tampoco se precisaron documentos o transacciones que permitieran identificar el supuesto origen ilícito de los recursos.

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En el caso de Jonnatan Villamil Soler, por ejemplo, se expuso una aparente diferencia entre sus ingresos y los recursos asociados con su participación en sociedades. El juez sostuvo que una eventual inconsistencia patrimonial puede ser motivo para investigar el origen de los aportes, pero no demuestra automáticamente que el procesado conociera la existencia de un delito o que hiciera parte de un supuesto plan criminal.

Finalmente, el juzgado concluyó que la Fiscalía no sustentó de manera individualizada, frente a cada empresario y cada delito, los elementos que permitieran establecer una inferencia razonable de participación. Por esa razón, negó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los ocho investigados, aunque el proceso continúa. En el mismo caso, Walter Martínez sí recibió una medida de aseguramiento por decisión de otro juez de control de garantías.

La modificación quedó establecida en la Resolución 001529 del 24 de julio de 2026, mediante la cual se modifican los Anexos Técnicos 2 y 3 de la Resolución 2388 de 2016, que contiene las reglas operativas para el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

El cambio central para este grupo está en la creación del tipo de cotizante “76 – Trabajador de tiempo parcial Independiente”, una categoría que permitirá diferenciar a estos trabajadores dentro de la PILA y reportar sus aportes de acuerdo con los días efectivamente laborados.

La resolución explica que la modificación responde, entre otras razones, a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 34 de la Ley 2466 de 2025. El Ministerio señala que previamente se había modificado el tipo de cotizante 51, denominado “Trabajador de tiempo parcial”, para permitir que trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo pudieran realizar aportes por periodos inferiores a un mes.

Sin embargo, ese tipo de cotizante estaba parametrizado en la PILA para trabajadores que realizaban aportes obligatorios al Sistema de Subsidio Familiar. Por esa razón, la nueva resolución ajusta la categoría 51 para trabajadores dependientes y crea una categoría específica para los independientes.

La propia resolución define el nuevo código así: “76 – Trabajador de tiempo parcial Independiente”, y precisa que será utilizado para el pago de aportes a los sistemas generales de Pensiones y Riesgos Laborales de estos trabajadores.

Uno de los puntos importantes está en la forma de reportar los días. Para el Sistema General de Pensiones, la resolución establece que en el campo correspondiente a los días cotizados se deberán registrar los días laborados durante el mes.

Esto resulta relevante para trabajadores que no desarrollan una actividad durante los 30 días del mes. Por ejemplo, una persona que trabaja como independiente únicamente algunos días de un determinado mes no tendría que ser identificada en la PILA de la misma manera que un independiente que desarrolla su actividad durante todo el periodo. La nueva categoría permite que el sistema reconozca expresamente esa condición de trabajo parcial.

La resolución también establece que los aportes a las cajas de compensación familiar para este tipo de cotizante son voluntarios. En caso de que el trabajador decida realizarlos, podrá reportar una tarifa de 0,6 % o 2 %.

Esto significa que la nueva categoría no convierte automáticamente el aporte a caja de compensación en una obligación adicional para todos los trabajadores cobijados por ella.

La Resolución 001529 establece que las modificaciones relacionadas con el tipo de cotizante 76 deberán ser implementadas por los operadores de información para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de septiembre de 2026, correspondientes al periodo de cotización al Sistema General de Pensiones de agosto de 2026.

Es decir, septiembre es la fecha desde la cual los operadores de la PILA deben tener habilitados los cambios, pero estos se aplican al pago correspondiente al periodo de agosto.

Entre ellas están las reglas que relacionan el tipo de cotizante con el tipo de aportante, la clase de aportante, el tipo de planilla, el subtipo de cotizante, las novedades que puede reportar y el subsistema al que realiza aportes.

La resolución incluso modifica las tablas de validación para incorporar expresamente al trabajador de tiempo parcial independiente. Si la combinación reportada no está permitida dentro de las reglas establecidas, el archivo de la planilla no pasa la malla de validación y el operador debe informar el error al aportante.

Esto tiene una consecuencia práctica: no bastará con escoger cualquier categoría dentro de la PILA. El tipo de cotizante deberá corresponder con la situación del trabajador y con las demás variables que se reporten.

La modificación también busca resolver una confusión que se había generado con la categoría “51 – Trabajador de tiempo parcial”.

La Resolución 2064 de 2025 había modificado ese tipo de cotizante para permitir aportes de trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo y por periodos inferiores a un mes. Ahora, la Resolución 001529 de 2026 señala que esa categoría debe ajustarse para ser utilizada por cotizantes que aporten como trabajadores dependientes, mientras que los independientes tendrán el nuevo código 76.

Por eso, el cambio de septiembre es especialmente relevante para quienes actualmente realizan trabajos independientes de corta duración o durante una parte del mes y deben identificar correctamente su condición al momento de liquidar los aportes.

Lea la resolución completa haciendo clic en este enlace.

La entidad y Seguros Bolívar iniciaron giros por $ 20.000 millones para ayudar a clientes cuyas viviendas resultaron afectadas.

Para facilitar la recuperación habitacional, Davivienda ofrecerá créditos de vivienda y reparación con tasas del 8 % E.A., disponibles tanto para clientes como para damnificados que no tengan relación previa con el banco.

También permitirá combinar estas alternativas con subsidios gubernamentales y apoyará la evaluación de daños mediante inteligencia artificial e inspecciones en campo.

Entre las medidas adicionales para las familias están la eliminación de cobros por retiros en cajeros, la redención anticipada de CDT y productos de inversión sin comisiones y créditos de libranza con condiciones preferenciales para empleados afectados.

Para las empresas y el sector agropecuario, Davivienda anunció prórrogas de obligaciones vigentes, ampliación de plazos, periodos de gracia y tasas preferenciales.

También ofrecerá consolidación de deudas y nuevas líneas para financiar capital de trabajo, inversión y reconstrucción, con tasas desde IBR+0% y plazos de hasta seis años.

Además, Grupo Bolívar y Davivienda donarán $ 110.000 millones para atención humanitaria y reconstrucción, sumados a más de $ 10.000 millones aportados por clientes y empleados.

José Pablo Gil, Head of Client Success de Nuek para la región Andina, explicó a Pulzo que las entidades financieras deben encontrar un equilibrio entre el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir y una experiencia de pago ágil.

El experto señala que cada canal tiene riesgos diferentes. Mientras los pagos físicos con tarjeta y las billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay incorporan mecanismos de seguridad basados en tokens y criptografía, las compras por internet requieren herramientas adicionales.

Entre ellas están los códigos de seguridad dinámicos, que cambian en cada transacción, y sistemas como 3D Secure, que permiten autenticar al usuario y evaluar el nivel de riesgo.

También existen plataformas que monitorean permanentemente las transacciones para detectar comportamientos atípicos y bloquear operaciones sospechosas.

Sin embargo, Gil destaca que la seguridad no depende únicamente de bancos y redes de pago.

Los usuarios también son responsables y deben evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios mediante llamadas, mensajes o correos sospechosos.

Finalmente, recomienda una regla básica: desconfiar y verificar. Ante cualquier solicitud de información, aconseja contactar directamente al banco mediante sus canales oficiales para confirmar si la comunicación es legítima y evitar convertirse en víctima de fraude.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un subsidio mensual de $ 875.452 para el pago de arriendo de cada familia afectada, que se entregará durante tres meses.

La ayuda busca brindar una solución temporal a los hogares que perdieron o tuvieron daños graves en sus viviendas.

El decreto también autoriza el uso extraordinario de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y de otros fondos de destinación específica, bajo la modalidad de préstamos reembolsables, para financiar la atención de la emergencia.

Además, el Gobierno flexibilizó temporalmente los procedimientos para acceder a créditos públicos nacionales e internacionales, con el propósito de obtener recursos con mayor rapidez.

También amplió el programa de Obras por Impuestos a todos los municipios afectados, facilitando la participación de empresas privadas en proyectos de reconstrucción.

La emergencia otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, contratar de manera más ágil y reorganizar recursos del presupuesto nacional.

La divisa abrió en $3.039, $9,12 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.048,12.

Durante los primeros minutos de negociación, el dólar alcanzó un mínimo de $3.028, precio que no se registraba desde el 5 de octubre de 2018.

El comportamiento refleja la presión que enfrenta la moneda estadounidense en los mercados internacionales, mientras los inversionistas analizan las decisiones de política monetaria y las medidas del Tesoro de Estados Unidos.

Uno de los factores que ha afectado al dólar es el anuncio del Tesoro estadounidense de duplicar las recompras de bonos de largo plazo, hasta US$4.000 millones por operación.

Aunque el monto es pequeño frente al tamaño del mercado, la medida generó preocupación entre los operadores.

Además, el dólar ha perdido terreno frente al oro y el bitcóin. Los mercados también permanecen atentos a posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán y a los discursos de los bancos centrales estadounidense y japonés.

En paralelo, el petróleo retrocedía más de US$1 por barril, luego de las recientes alzas y ante la expectativa sobre las sanciones a Irán.

El proceso de recuperación podría extenderse entre cuatro y cinco años, aunque el costo podría aumentar a medida que avanzan las evaluaciones en los municipios.

La emergencia afecta a 30 de los 31 municipios del departamento y comprende 17.000 familias damnificadas y 23.400 afectadas. Además, se reportan 13 personas fallecidas, 348 heridas, más de 3.200 viviendas destruidas y 300 instituciones educativas afectadas.

El 90% de los daños se concentra en zonas rurales, lo que dificulta la atención debido a la geografía del departamento, la falta de vías y las dificultades de acceso por ríos y quebradas.

Las autoridades también enfrentan problemas para recopilar información y evaluar las estructuras afectadas.

Hasta ahora se han distribuido unas 210 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales 70% proviene de donaciones y cooperación.

Para la recuperación, uno de los principales desafíos será restablecer la presencialidad educativa, debido a las limitaciones de conectividad y a la falta de alternativas virtuales en buena parte del territorio.

Los vínculos entre la moneda estadounidense y el comercio exterior son evidentes en las exportaciones e importaciones. Productos colombianos de gran relevancia como el petróleo, el café, las flores, el banano y el carbón se negocian tradicionalmente en dólares en los mercados internacionales. Cuando el precio del dólar se incrementa respecto al peso colombiano, los exportadores suelen recibir más pesos por cada dólar que ingresa, lo que representa un beneficio económico para quienes venden al extranjero. No obstante, el panorama cambia para las importaciones: Colombia paga en dólares muchos bienes como maquinaria, tecnología, medicamentos, vehículos e insumos industriales. Así, si el dólar sube de valor, estos productos importados tienden a encarecerse, impactando directamente tanto a empresas como a consumidores.

El comportamiento del dólar repercute también en el costo de vida de los colombianos. Si la moneda estadounidense se fortalece, los productos importados pueden subir de precio, y este aumento suele trasladarse a los compradores finales. De acuerdo con la información consultada, esto afecta artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso alimentos que dependen de componentes importados. Otro efecto que se destaca es el aumento en el costo de los viajes internacionales, una consecuencia de la variación en la tasa de cambio.

Asimismo, el dólar se considera un termómetro para la inversión. De acuerdo con lo expuesto, una tasa de cambio estable transmite confianza para inversionistas nacionales y extranjeros, mientras que volatilidades marcadas pueden causar incertidumbre. En ese contexto, el precio del dólar hoy lunes es de 3.066,35 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el precio del dólar en Colombia al costo de productos importados?

El precio del dólar en Colombia determina el valor que deben pagar las empresas y consumidores por los productos importados, ya que muchos bienes como tecnología, maquinaria y medicamentos se pagan en dólares. Cuando la divisa sube frente al peso, estos productos se encarecen y ese incremento suele trasladarse al consumidor final.

¿Por qué el dólar es importante para las exportaciones en Colombia?

El dólar es fundamental porque los principales productos colombianos como el petróleo, el café y las flores se negocian internacionalmente en esta moneda. Si el dólar sube, los exportadores reciben más pesos por cada dólar, lo que beneficia sus ingresos y fortalece el sector exportador.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, esta señal indica que el cambio está próximo y que los vehículos que aún no han ingresado a la intersección deben detenerse. Solo quienes ya están dentro del cruce pueden continuar para despejarlo de manera segura.

No respetar esta regla puede generar la infracción D04, que también aplica cuando un conductor no se detiene ante una luz roja, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.

Para 2026, las infracciones tipo D equivalen a 104,55 UVB. Con una UVB de $12.110, la multa por esta conducta es de aproximadamente $1.266.100.

En el caso de las motocicletas, la infracción puede ocasionar la inmovilización del vehículo, además de costos adicionales por grúa y parqueadero.

Los conductores pueden acceder a descuentos. Si realizan el curso pedagógico y pagan dentro de los primeros cinco días hábiles, pueden obtener una reducción del 50%, dejando la multa en cerca de $633.050.

Entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento es del 25%, para un pago aproximado de $949.575.

Para comparendos detectados mediante cámaras existen plazos diferentes para acceder a estos beneficios.

De acuerdo con la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), el mercado israelí compraba aproximadamente 3,5 millones de toneladas anuales de carbón colombiano, por un valor cercano a los 200 millones de dólares. Este negocio tenía efectos evidentes sobre la economía de las regiones productoras, en especial en la costa Caribe. Fenalcarbón estima que las regalías asociadas rayaban los 100.000 millones de pesos al año, inyectando recursos vitales a los territorios. Sin embargo, mientras Colombia mantenía cerrada esa puerta, sus principales zonas mineras experimentaban una crisis severa. Datos recientes muestran que, en La Guajira, las regalías cayeron de 1,87 billones de pesos en 2023 a 686.000 millones en 2024; en el Cesar, la reducción fue de un 50 %, pasando de 3,9 billones en 2023 a 1,92 billones en 2024, según cifras del propio sector.

La caída del sector carbonífero, sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente a la restricción de ventas hacia Israel. La industria enfrenta desafíos como la caída de los precios internacionales, incrementos de costos y una mayor carga regulatoria. Pero, en ese contexto, cerrar un mercado adicional profundizó la crisis de empleo, ingresos y recorte de regalías, afectando directamente a trabajadores, familias y a toda una red de servicios locales. Con la reapertura de este mercado, Colombia tiene la tarea pendiente de recuperar su espacio frente a nuevos competidores y de crear una estrategia integral, liderada desde el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Minas y Energía, que apunte a reconquistar clientes, mejorar la competitividad y destinar las regalías a la transformación futura de regiones como La Guajira y Cesar. En síntesis, la reactivación es un primer paso; el verdadero reto es convertir la riqueza actual en oportunidades de diversificación, empleo y desarrollo, con una transición energética responsable y que no deje atrás a las comunidades que dependen hoy del carbón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reactivación de exportaciones de carbón colombiano a Israel a las regiones productoras?

La reactivación de exportaciones de carbón hacia Israel representa una oportunidad para que las regiones productoras como La Guajira y el Cesar recuperen parte de sus ingresos por regalías, creación de empleo y estabilidad económica local. De acuerdo con Fenalcarbón, estos mercados generan recursos significativos que financian obras y servicios esenciales en los departamentos, por lo que su reapertura puede mitigar en parte la crisis que enfrentan.

¿Qué significa la transición energética en regiones carboníferas como Cesar y La Guajira?

La transición energética implica transformar la economía de departamentos históricamente dependientes del carbón, desarrollando nuevas industrias como turismo, agroindustria y energías renovables. Sin embargo, según el análisis presentado, este proceso debe ser gradual y bien financiado, utilizando las regalías actuales para construir alternativas productivas sin precipitar el empobrecimiento de estas regiones.

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Con 284.185 personas afectadas, 31.445 viviendas destruidas y 4.595 personas heridas, la recuperación para quienes perdieron su capacidad de trabajar puede extenderse mucho más allá de la atención inicial de la emergencia.

En este escenario, el sistema pensional contempla una protección para los trabajadores que, como consecuencia de una lesión, quedan con una afectación que les impide continuar trabajando en las mismas condiciones. La posibilidad depende de varios requisitos y no se activa automáticamente por haber sido víctima de la emergencia.

El punto central está en la pensión de invalidez. No se trata de una nueva pensión creada específicamente por el terremoto ni de una excepción que permita pensionarse por el solo hecho de haber cotizado 50 semanas.

La regla establece que una persona puede acceder a esta prestación cuando, como consecuencia de una enfermedad o un accidente de origen común, pierde 50 % o más de su capacidad laboral y cumple las condiciones de cotización exigidas.

En el caso de una invalidez causada por accidente, la legislación contempla como requisito general haber cotizado 50 semanas durante los tres años inmediatamente anteriores al hecho que causó la invalidez.

Por eso, una persona afiliada que resultó gravemente lesionada por cuenta del temblor podría eventualmente estar dentro de esta protección si cumple esas condiciones. El hecho de haber sido víctima del sismo, por sí solo, no garantiza el reconocimiento de la pensión.

Además de acreditar las semanas, debe existir una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %. Las personas que hayan sufrido lesiones como consecuencia del terremoto y presenten afectaciones permanentes para trabajar deben pasar por este proceso y adelantar el trámite ante la administradora de pensiones a la que estén afiliadas.

Esto significa que el requisito de las 50 semanas debe analizarse junto con la fecha del accidente, las cotizaciones realizadas durante los tres años anteriores y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado en la respectiva calificación.

Una diferencia importante frente a la pensión de vejez es que la pensión de invalidez no exige haber alcanzado una edad determinada. La protección está relacionada con la pérdida de capacidad laboral y con el cumplimiento de los requisitos de cotización.

“El sistema pensional no solo cubre el riesgo de vejez, también protege frente a situaciones que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, como la pérdida de capacidad para trabajar o el fallecimiento de un afiliado”, explicó Marcelo Duque, director de Cómo me Pensiono.

El experto agregó que, para las personas afectadas por una emergencia de esta magnitud, conocer las coberturas puede ser determinante: “conocer estas coberturas y los requisitos para acceder a ellas puede ser fundamental”.

De esta manera, el mecanismo puede ser especialmente relevante para trabajadores jóvenes o personas que todavía están lejos de la edad de jubilación, pero que después de una lesión grave ya no tienen las mismas condiciones para permanecer en el mercado laboral.

La protección no se limita a quienes sobrevivieron al desastre. El sistema también contempla prestaciones para los familiares de una persona afiliada o pensionada que murió.

Si quien falleció ya estaba pensionado, sus familiares pueden solicitar la sustitución pensional. Si se trataba de un afiliado que todavía no había obtenido una pensión, sus beneficiarios pueden tener derecho a una pensión de sobrevivientes si se cumplen las condiciones legales.

Como regla general, para la pensión de sobrevivientes de un afiliado fallecido se exige haber cotizado 50 semanas durante los tres años anteriores al fallecimiento.

Entre los posibles beneficiarios están el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos de hasta 25 años que estudien y dependan económicamente del fallecido y los hijos en condición de invalidez. En determinadas circunstancias también pueden entrar los padres que dependían económicamente del afiliado y los hermanos en condición de invalidez.

Otro aspecto relevante para las familias afectadas es el momento de iniciar el trámite. El derecho a la pensión no desaparece simplemente por el paso del tiempo, pero las mesadas retroactivas sí están sujetas a las condiciones y límites establecidos por la ley.

Por eso, una familia que considere que cumple los requisitos no debería asumir que puede esperar indefinidamente para iniciar la reclamación. Marcelo Duque advierte que hacerlo oportunamente puede tener un efecto directo sobre los recursos que finalmente reciba el hogar. “Iniciar la reclamación oportunamente permite que las familias comiencen a recibir un ingreso que puede ser fundamental para su estabilidad”, explicó Duque.

El director de Cómo me Pensiono añadió que el paso del tiempo puede limitar las mesadas que se reconozcan de manera retroactiva: “la ley establece límites sobre las mesadas retroactivas que pueden reconocerse según cada caso, por eso conocer el derecho y activar el trámite a tiempo también hace parte de esa protección”.

Las familias también deben diferenciar la pensión de invalidez o sobrevivientes de las indemnizaciones que puede reconocer la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por eventos catastróficos de origen natural.

La ADRES contempla mecanismos para las víctimas de estos eventos que permiten tramitar indemnizaciones por incapacidad permanente, así como por muerte y gastos funerarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada caso.

Para la incapacidad permanente, la indemnización puede llegar hasta 180 salarios mínimos legales diarios vigentes, de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad determinado conforme a las reglas aplicables. Para muerte y gastos funerarios, la cobertura máxima es de 750 salarios mínimos legales diarios vigentes.

(También puede leer: Libro de la Verdad revela cómo recibe el Gobierno De la Espriella la DIAN: hay millonarios contratos que siguen sin operar)

Se trata de mecanismos distintos que pueden coexistir según las circunstancias de cada víctima y los requisitos que se acrediten. En consecuencia, las 50 semanas cotizadas no significan que cualquier persona afectada por el terremoto pueda pensionarse automáticamente. La clave está en que la víctima haya sufrido una pérdida de capacidad laboral de al menos 50 %, que el origen de la invalidez corresponda al accidente y que pueda acreditar las semanas exigidas dentro del periodo establecido.

Entre las seis con perspectivas favorables aparecen Toyota, Honda, Sea, Magellan, StarHub y Sun Hung Kai Properties.

Toyota lidera el listado por tamaño, con una capitalización cercana a US$276.000 millones.

Aunque sus ventas podrían caer 4% este año, su estrategia de adaptar la tecnología a cada mercado representa una ventaja: híbridos en Japón, eléctricos en China y una combinación de ambos en Europa y Estados Unidos.

Honda, valorada en unos US$47.000 millones, podría beneficiarse de la reducción de incentivos para vehículos eléctricos en Estados Unidos, donde concentra 42% de sus ventas de automóviles.

Además, su negocio de motocicletas mantiene una alta rentabilidad.

Sea, propietaria de Shopee, tendría un crecimiento de 32% en ventas, impulsado principalmente por la publicidad dentro de su plataforma.

En contraste, Datang Power, Kasikornbank y Mengniu enfrentan presiones por competencia, endeudamiento y mayores costos. Z.AI presenta el mayor crecimiento esperado, de 511%, pero también elevados riesgos por el aumento de costos, la competencia y posibles pérdidas.

Los próximos resultados serán claves para confirmar qué empresas cumplen las expectativas.

Durante el encuentro, el mandatario solicitó a los principales grupos bancarios reducir al 8 % efectivo anual la tasa de interés de los créditos de vivienda destinados a las familias damnificadas, porcentaje que se mantendría durante toda la vigencia de las obligaciones. Los representantes de las entidades financieras aceptaron la propuesta.

La medida se suma al anuncio de Bancolombia, que ofrecerá financiación para vivienda nueva y usada, en proyectos VIP, VIS y No VIS, además de créditos para remodelaciones, con una tasa fija del 8 % efectivo anual.

La iniciativa comenzará a aplicarse a desembolsos realizados desde el 25 de agosto y beneficiaría a cerca de 7.000 familias.

De La Espriella destacó que la reconstrucción debe servir para impulsar el desarrollo de las regiones más afectadas y superar problemas históricos.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno y los empresarios acordaron visitar Chocó el próximo 7 de septiembre para diseñar un plan integral de recuperación, inversión y progreso para el departamento.

No se trata de un bono adicional, sino de recursos que ya se habían causado como parte de la mesada ordinaria.

La Ley 797 de 2003 establece un plazo de hasta cuatro meses para que las administradoras de pensiones, incluida Colpensiones, resuelvan y notifiquen una solicitud de pensión de vejez.

Sin embargo, este plazo no significa que el afiliado tenga derecho automáticamente a cuatro meses de retroactivo. El periodo adeudado depende de las circunstancias particulares de cada caso.

Para determinarlo, Colpensiones analiza factores como la edad, las semanas cotizadas, la fecha de retiro del mercado laboral, la fecha de solicitud y la consistencia de la historia laboral.

Si la persona continúa trabajando y cotizando, el inicio del disfrute puede trasladarse hasta su desvinculación laboral.

Cuando se reconoce el derecho a una pensión desde una fecha anterior a la resolución, el retroactivo se liquida y normalmente se incluye en el primer pago pensional.

Por eso, esta primera consignación puede ser significativamente mayor que las mesadas posteriores.

El caso del creador financiero Nicolás Abril, quien denunció que otra persona habría reproducido sus videos utilizando imágenes, tipografías, palabras y guiones similares, abrió la discusión sobre las posibles sanciones por plagio.

Sin embargo, una denuncia pública no significa que exista una infracción judicialmente comprobada. La protección legal depende de identificar exactamente qué elemento fue copiado y de qué manera fue utilizado.

No es igual adoptar una tendencia de TikTok, abordar un tema popular o utilizar un formato común, que reproducir una fotografía, video, logo, marca o creación original.

Los expertos explican que un influencer puede tener diferentes derechos protegidos, entre ellos su marca personal, contenidos amparados por derechos de autor y derechos derivados de contratos relacionados con la explotación de su imagen.

También pueden registrarse como marca elementos distintivos como su nombre, fotografía, rostro, frases características o lemas.

Cuando se configura una usurpación fraudulenta de derechos de propiedad industrial, la legislación contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 1.500 salarios mínimos, equivalentes a cerca de $2.626 millones en 2026.

No obstante, estas sanciones no se aplican automáticamente a cualquier copia y deben cumplirse requisitos legales específicos.

La iniciativa propone reducir la tarifa al 3×1.000 en 2027, 2×1.000 en 2028, 1×1.000 en 2029 y eliminarla completamente en 2030.

Además, plantea eximir del impuesto a quienes no declaren renta o tengan ingresos de hasta 1.090 UVT, así como beneficios de deducibilidad para personas naturales y Mipymes.

La propuesta busca corregir el carácter regresivo del gravamen, argumentando que actualmente afecta de manera similar a personas con diferentes niveles de ingresos.

Sin embargo, expertos consideran que eliminarlo en este momento sería poco viable debido a las necesidades fiscales del país.

El 4×1.000 recaudó $16,28 billones en 2025 y representa una fuente constante de recursos para el Estado. Esto cobra mayor relevancia tras el terremoto del 10 de agosto, cuya reconstrucción demandaría cerca de $30 billones.

Además, el déficit fiscal alcanza alrededor del 7,8% del PIB, equivalente a unos $144 billones.

Expertos advierten que cualquier eliminación debería contar primero con una fuente de reemplazo. Por ello, la emergencia económica y las restricciones fiscales hacen que el desmonte del impuesto sea considerado inoportuno en este momento.

Según Marcel Patiño Sedán, presidente de la entidad, las medidas contemplarían alternativas como alivios financieros, congelación temporal de créditos y posibles condonaciones para las personas ubicadas en las zonas más afectadas.

El directivo explicó que el banco mantiene una estrategia de crecimiento “saludable”, enfocada en la rentabilidad, la sostenibilidad y una adecuada gestión del capital y los riesgos.

También destacó los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026, cuando el beneficio neto de Santander Colombia creció más de 300% frente al mismo periodo de 2025.

Patiño resaltó además el desempeño de las principales líneas de negocio, especialmente la financiación de vehículos, donde Santander se posiciona como uno de los principales actores del mercado, y el microcrédito a través de Prospera.

Esta última operación cuenta con más de 83.000 clientes y presencia en más de 740 municipios, muchos de ellos ubicados en zonas rurales o con dificultades de conectividad y seguridad.

El presidente destacó que esta estrategia busca ampliar la inclusión financiera y combatir el “gota a gota”, especialmente en regiones apartadas del país.

Pérez Tuta es abogada y aporta una experiencia de 28 años en cargos gerenciales y jurídicos dentro de los sectores público y privado. Según el propio FENOGE, su hoja de vida incluye roles de dirección, secretaría general y participación en procesos de asesoría, gestión de riesgos y estructuración contractual. Dicha trayectoria abarca áreas como energía eléctrica, fuentes no convencionales, gas, hidrocarburos, transporte e infraestructura. Además, cuenta con experiencia en contratación tanto pública como privada, licitaciones, compra y venta de activos y gobierno corporativo. Ha integrado juntas directivas, comités y gremios, y ha sido abogada de parte, conciliadora, amigable componedora y árbitro en cámaras de comercio tanto nacionales como internacionales.

De acuerdo con FENOGE, la administración de Pérez Tuta se perfila hacia el fortalecimiento institucional, la transparencia y la protección de los recursos públicos, en línea con los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía. En palabras de la nueva directora, asumirá el cargo con el objetivo de lograr "una gestión íntegra, transparente y rigurosa", transformando los retos energéticos en “acciones y resultados para la gente”. Este enfoque buscará traducirse en el avance del proceso de transición energética, con iniciativas centradas en la diversificación de la matriz y el desarrollo de alternativas distintas a las fuentes convencionales. La nueva etapa de administración, de acuerdo con publicaciones de Pérez Tuta, estará marcada por una “apuesta decidida por la eficiencia energética y las fuentes no convencionales”, todo bajo los principios de transparencia y cumplimiento de los objetivos sectoriales.

¿Cuáles son los principales objetivos de la gestión de Melba Pérez Tuta en el FENOGE?

La gestión de Melba Pérez Tuta al frente del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía se orienta principalmente hacia la eficiencia energética, el desarrollo de fuentes no convencionales, la transparencia y la protección de los recursos públicos. Además, buscará fortalecer el manejo institucional y apoyar la diversificación de la matriz energética, siempre alineada con los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía.

¿Qué se entiende por fuentes no convencionales de energía según el FENOGE?

Según la información proporcionada por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, las fuentes no convencionales de energía hacen referencia a alternativas distintas a las fuentes tradicionales, las cuales son centrales en la agenda de diversificación de la matriz energética y en la transición energética que impulsa el país.

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Uno de los datos más relevantes del análisis indica que, de las 6.398 entidades públicas identificadas en el país, únicamente 2.545 han reportado de manera regular su cartera al BDME desde 2019, lo que corresponde al 39,78 % del total. Por su parte, 3.853 entidades, es decir, el 60,22 %, no han reportado información. La DIARI advirtió que esta situación será remitida a las delegaciones apropiadas, con el fin de comprobar si la falta de reporte responde a carencia real de cartera o, en otros casos, a posibles omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales.

Otra conclusión destacada en el informe es la concentración de la deuda: las 20 entidades con mayores montos suman aproximadamente $135,8 billones, es decir, el 82 % del total informado. Entre los mayores deudores figuran el Consejo Superior de la Judicatura, con $49,76 billones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con $37,49 billones, y la Central de Inversiones S.A., con $12,52 billones.

El informe de la DIARI también detectó que las obligaciones con una antigüedad de cinco años o más suman cerca de $65 billones, lo que pone en riesgo de prescripción y disminuye las opciones de recaudo. Por el contrario, $100,64 billones corresponden a deudas con menos de cinco años, las cuales ofrecen un mayor potencial de recuperación si se gestionan de manera oportuna.

El informe subraya un hallazgo particular: 13.282 deudores morosos recibieron pagos por $124,9 billones a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), aun cuando mantienen deudas por $20,9 billones. Además, 20.238 deudores sostuvieron contratos con el Estado por $16,3 billones en el SECOP, registrando a su vez deudas por $11,8 billones.

Ante este panorama, la Contraloría formuló siete frentes de trabajo, entre los que se encuentran fortalecer la verificación del reporte por parte de las entidades, analizar la concentración y antigüedad de las deudas, revisar el retiro de registros así como compararlos con otras fuentes oficiales e implementar lineamientos claros para el reporte. También resalta la necesidad de articularse con la Contaduría General de la Nación. Según la entidad, el BDME debe utilizarse como herramienta estratégica para el control fiscal, la gestión de ingresos y la recuperación efectiva de recursos, más allá de un simple registro administrativo.

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¿Qué es el Boletín de Deudores Morosos del Estado y cuáles son sus principales funciones?

El Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) es un informe que agrupa y reporta a los deudores pendientes con el Estado, sirviendo como base para fortalecer el control fiscal, la gestión de cobro y la protección del patrimonio público. Según la Contraloría General de la República, no debe verse solo como un registro administrativo, sino como una herramienta estratégica destinada al control y la recuperación de recursos estatales.

¿Cuál es la importancia de la antigüedad de la deuda para la recuperación de cartera morosa del Estado?

La antigüedad de la deuda es relevante porque las obligaciones con más de cinco años presentan mayor riesgo de prescripción, lo que significa que el Estado podría perder la posibilidad de recuperar esos recursos si no actúa a tiempo. De acuerdo con el informe de la DIARI, las deudas con menos de cinco años ofrecen un mayor potencial de recaudo si se toman medidas de cobro de manera oportuna, mientras que las más antiguas requieren un seguimiento y atención específicos para evitar su pérdida.

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1226 del 18 de agosto de 2026, esta prórroga aplica exclusivamente para personas naturales y sucesiones ilíquidas obligadas a declarar renta cuyos Números de Identificación Tributaria (NIT) finalizan entre 01 y 26. Es esencial que, al 10 de agosto, estas personas tuvieran registrado su domicilio fiscal en municipios pertenecientes a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas o Cauca. Asimismo, la medida cobija a quienes deban inscribir por primera vez su información en el Registro Único Tributario (RUT) y residan en estas regiones.

Los beneficiarios serán autorizados a presentar y cancelar sus obligaciones tributarias entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre de 2026. Las nuevas fechas se asignarán de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, sin considerar el dígito de verificación. Según palabras de Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la DIAN, “la modificación de estos plazos cobija al 14 % de los declarantes de renta en todo el país, es decir, cerca de 308.000 personas”. El directivo añadió que la entidad estima recaudar durante dicho periodo alrededor de 213.000 millones de pesos, recursos cuyo pago fue reprogramado para permitir que los afectados puedan enfocarse en atender las consecuencias del sismo.

La DIAN recomendó a los contribuyentes que verifiquen su elegibilidad revisando la casilla 12 del RUT, en donde se indica la dirección seccional correspondiente al domicilio fiscal. Las casillas 39, 40 y 41 del mismo documento muestran el departamento, municipio y dirección principal registrados ante la entidad. En caso de no cumplir con estas condiciones, los contribuyentes deberán cumplir sus compromisos tributarios en las fechas originalmente establecidas en el calendario nacional.

Finalmente, el director invitó a los ciudadanos a colaborar voluntariamente a través de su declaración de renta para apoyar el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas, diligenciando la casilla 141 del formulario 210 para residentes o la casilla 117 del formulario 110 para no residentes. Velásquez Reyes agradeció a quienes han continuado cumpliendo sus obligaciones y reiteró el llamado a mantener la solidaridad en este momento crítico.

¿Quiénes pueden acceder al nuevo plazo para declarar renta tras el terremoto según la DIAN?

De acuerdo con la DIAN, el nuevo plazo está dirigido únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas con NIT que termine entre 01 y 26 y domicilio fiscal registrado, al 10 de agosto, en municipios de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas o Cauca; así como para quienes deban inscribirse por primera vez en el Registro Único Tributario y residan en esas zonas.

¿Cómo saber si una persona es beneficiaria del plazo extendido para la declaración de renta?

Para determinar si una persona cumple los requisitos, debe consultar la casilla 12 del RUT, donde se encuentra la dirección seccional del domicilio fiscal. Además, las casillas 39, 40 y 41 especifican el departamento, el municipio y la dirección principal registrados en la DIAN, elementos clave para verificar la elegibilidad a este beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según los datos, la sesión inició con una apertura de $3.055,00, alcanzando un máximo de $3.063,00 y un mínimo de $3.041,37, reflejando la volatilidad en la cotización del dólar durante el día. Además, en el contexto internacional, el índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas fuertes, se ubicó en 98,733 puntos, marcando una disminución del -0,08 %. Esta tendencia reafirma la debilidad de la moneda estadounidense, evidenciada también en su retroceso respecto a las principales monedas latinoamericanas.

En la región, el dólar cayó frente al peso mexicano, cotizándose a 16,9131 y registrando una variación de -0,25 %. Igualmente, se ubicó en 5,1671 frente al real brasileño (-0,58 %), en 918,0900 frente al peso chileno (-0,40 %) y en 3,3472 frente al sol peruano (-0,14 %). Estos movimientos indican un fortalecimiento generalizado de las monedas latinoamericanas respecto al dólar en la jornada.

En Europa, la economía alemana reportó datos favorables: el PMI (Purchasing Managers' Index o índice de gerentes de compra) manufacturero se situó en 54,1 puntos, superando el pronóstico de 52,1 y señalando una actividad industrial más robusta de lo previsto.

Por su parte, el mercado de Estados Unidos se mantenía atento a la publicación de los PMI de manufactura y servicios correspondientes a agosto, con estimaciones de 54 y 53,9 puntos, respectivamente, cifras que indicarían un desempeño sólido de ambos sectores.

A nivel nacional, el presidente Abelardo De La Espiella anunció decisiones clave con la designación de la nueva cúpula militar. Además, formalizó la emergencia socioeconómica, social y ecológica por 30 días, medida que permitirá implementar acciones en materia presupuestal, tributaria, crediticia y financiera para afrontar la crisis, como lo destacó en su intervención.

¿Por qué el dólar en Colombia se acerca a mínimos no vistos desde 2018?

El dólar en Colombia ha experimentado una caída significativa, tocando precios cercanos a los $3.000, nivel que no se veía desde octubre de 2018 según la TRM. Esta disminución se relaciona con la debilidad global de la divisa frente a monedas latinoamericanas y con factores políticos y económicos internos anunciados por el Gobierno.

¿Qué significa la declaración de emergencia socioeconómica, social y ecológica en Colombia?

La declaración de emergencia socioeconómica, social y ecológica formalizada por el presidente Abelardo De La Espiella por 30 días permite al Gobierno implementar medidas presupuestales, tributarias, crediticias y financieras orientadas a atender la crisis actual, ofreciendo un marco legal para actuar rápidamente en diversos frentes de la economía nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con los voceros sindicales, la USO insistió en la importancia de que Ecopetrol conserve su participación en el yacimiento Permian, en Estados Unidos. Loza, como presidente de la organización, afirmó textualmente: “Ratificamos la solicitud de no venta del Permian por el impacto negativo que tiene contra las finanzas de Ecopetrol”. Para la USO, la propiedad de estos activos resulta estratégica y el gremio manifestó que su eventual venta tendría consecuencias para la empresa y sus aportes a la economía nacional.

Otro punto central de la conversación giró en torno a la urgencia de incrementar las reservas de petróleo y gas del país. Según las declaraciones recopiladas durante la reunión, la USO solicitó al Ejecutivo que avance de forma decidida en nuevas rondas de exploración y que asigne bloques adicionales para la búsqueda de hidrocarburos. El argumento principal de la organización sindical se basa en la amenaza que representa la reducción de reservas para la seguridad energética y fiscal del país, ya que los ingresos estatales dependen en buena medida de la actividad petrolera y gasífera.

La importancia de la provincia gasífera del Caribe también fue subrayada por la USO, junto a su petición de que cualquier expansión en la exploración de hidrocarburos tome en cuenta tanto el desarrollo local como las consideraciones ambientales. En el mismo sentido, el gremio informó sobre su nueva postura frente a los yacimientos no convencionales, aprobando en su plenario la necesidad de ejecutar proyectos piloto que permitan analizar su viabilidad y conveniencia en beneficio del país.

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los empleados afiliados a la USO y recalcó el papel fundamental de las organizaciones sindicales. El respaldo de la presidencia a la continuidad de César Loza significa una garantía para que los trabajadores sigan teniendo voz en las decisiones trascendentales de Ecopetrol. Según la USO, fortalecer la compañía pública exige una visión de largo plazo y la integración de todas estas estrategias.

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¿Por qué la USO considera fundamental mantener los activos de Ecopetrol en el Permian?

Según la Unión Sindical Obrera (USO), la permanencia de Ecopetrol en el Permian es esencial porque representa un activo significativo para la solidez financiera de la petrolera. Durante la reunión mencionada, la organización dejó claro que una eventual venta del Permian podría impactar negativamente las finanzas de Ecopetrol y, por tanto, afectar los recursos que el Estado recibe por la actividad petrolera.

¿Qué implica la realización de pilotos en yacimientos no convencionales, según la USO?

La USO explicó que el apoyo a la ejecución de pilotos en yacimientos no convencionales responde a la necesidad de evaluar nuevas fuentes de reservas y garantizar la seguridad energética del país. Estos pilotos permitirán analizar, en condiciones controladas y responsables, si este tipo de proyectos es viable para ser incluidos en la estrategia de producción hidrocarburífera a largo plazo.

En palabras de Adrián Neuhauser, director ejecutivo de Abra Group, “Continuamos ejecutando nuestra visión de fortalecer la conectividad en América Latina y crear nuevas oportunidades para millones de personas”. Neuhauser también afirmó que la compañía mantuvo su enfoque en optimizar la operación y avanzar con sus prioridades estratégicas, lo cual se reflejó en sus indicadores financieros y de gestión.

En términos de ingresos, Abra reportó un total de 2.600 millones de dólares en ingresos operacionales, un incremento del 17,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Del total, 2.100 millones provinieron del transporte de pasajeros, mientras que las actividades relacionadas con carga y otros negocios sumaron 448 millones, con una mejora del 14,8 %. Los volúmenes de carga transportada tuvieron un crecimiento cercano al 16 %, confirmó la compañía.

Frente al aumento en los costos del combustible, Abra implementó distintas estrategias para aminorar su impacto. Estas incluyeron compensar el 49 % del incremento en costos en este rubro, consiguiendo así ahorros equivalentes a 70 millones de dólares y generando 75 millones adicionales gracias a sinergias obtenidas durante el trimestre. Al cierre del periodo, el grupo sostuvo una posición de liquidez que llegó a los 2.060 millones de dólares, el 19,6 % de los ingresos generados en los últimos doce meses, incluidos 1.400 millones en efectivo e inversiones a corto plazo.

Entre los hitos más relevantes del trimestre se subrayan los memorandos de entendimiento suscritos con Air Canada y Etihad Airways, iniciativas orientadas a ampliar la conectividad entre América, Medio Oriente y Asia. Adicionalmente, se alcanzaron acuerdos con Embraer y CFM International que buscan respaldar la estrategia de renovación y gestión de flota. También avanzaron en la experiencia del cliente, lanzando Magno, un nuevo nivel élite dentro de su programa de recompensas LifeMiles, y expandiendo INSIGNIA en rutas internacionales. Por último, se obtuvo la aprobación de organismos reguladores en Brasil, Chile y Perú respecto a la transacción con Sky Airline.

En la actualidad, Abra cuenta con cerca de 48 millones de participantes en sus programas de fidelización, administra una flota de más de 300 aeronaves y mantiene operaciones activas en América Latina, América del Norte, Europa y otras regiones, consolidándose como un referente en aviación en el continente.

¿Cómo logró Abra Group incrementar sus ingresos y pasajeros en el segundo trimestre de 2026?

De acuerdo con la información presentada, Abra Group creció en ingresos y pasajeros gracias a una combinación de expansión de rutas internacionales, la operación disciplinada y la optimización de sus operaciones. El aumento en el número de rutas y destinos permitió captar más usuarios, mientras que los esfuerzos por mejorar la eficiencia y compensar costos resultaron en mayores ingresos operacionales y un mejor desempeño financiero general.

¿Qué impacto tuvieron los acuerdos y alianzas suscritos por Abra Group durante el trimestre?

Los memorandos de entendimiento con aerolíneas internacionales como Air Canada y Etihad Airways, así como alianzas con proveedores de la industria, permitieron fortalecer la conectividad global del grupo y respaldar su estrategia de flota y experiencia del cliente. Estos acuerdos forman parte de la estrategia de consolidación y expansión que sostiene a Abra como un importante jugador en la aviación de la región.

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De acuerdo con la resolución publicada el 3 de agosto, el esquema contempla incentivos económicos para quienes reduzcan su consumo respecto al promedio registrado en los últimos doce meses y cobros adicionales para quienes lo excedan de forma significativa. Así, la meta de consumo será individual; cada usuario –sea hogar, tienda o empresa– tendrá como referencia su propio historial, lo que implica que las metas no serán iguales para todos, sino que se definirán a partir del comportamiento previo de cada uno, según lo dispuesto por la CREG.

El programa contempla tres escenarios. En primer lugar, aquellos usuarios que logren consumir menos energía recibirán un incentivo. Quienes se mantengan cerca de su promedio mensual histórico no verán mayores cambios en su factura. Por último, las personas o empresas que superen su meta en más del 10% enfrentarán un recargo, que se calcula solamente sobre el excedente. Por ejemplo, si una familia tiene como referencia 200 kilovatios hora al mes, tendrá permitido llegar hasta 220 sin recargos; si consume 230, pagará el cobro adicional solo por esos 10 kilovatios extra.

Los factores de cobro definidos por la CREG varían según la categoría del usuario: para los hogares de estratos 1, 2 y 3 el recargo será de 1,30; para los estratos 4, 5 y 6 es de 1,50, y para comercios e industrias regulados, 1,70. Estos ajustes comenzarán a regir desde el primero de septiembre de 2026, aunque la aplicación efectiva en las facturas dependerá de los ciclos de cada empresa comercializadora. Se aclara que antes de la resolución se suspendió temporalmente la medida que inicialmente iba a entrar en vigor el 15 de agosto del mismo año.

En Cesar, la importancia de esta medida se magnifica debido al uso intensivo de equipos eléctricos para enfrentar el calor, como aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración tanto en el hogar como en actividades empresariales y agrícolas. Según reportes de Afinia, la región Caribe ha experimentado un aumento del 13% en la demanda de energía y situaciones operativas complejas en varios municipios del departamento. Por ello, aprender a identificar el consumo propio y adoptar estrategias de ahorro antes de que la medida impacte las facturas será fundamental para evitar sobrecostos, sin sacrificar las condiciones mínimas de bienestar.

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¿Cuándo empezarán a aplicar los nuevos cobros e incentivos al consumo de energía en Cesar?

La CREG definió el primero de septiembre de 2026 como fecha de inicio del programa para todo el país. Sin embargo, las facturas reflejarán estos ajustes en diferentes momentos, dependiendo del ciclo de lectura y facturación de cada empresa comercializadora en el Cesar.

¿Cómo calculará la CREG la meta de consumo eléctrico para cada usuario?

La meta individual será determinada según el consumo promedio registrado por el usuario durante los últimos doce meses, lo que significa que el límite de referencia será personalizado y no general para todos los hogares o empresas bajo la nueva resolución.

El proceso comenzó después del encuentro en Washington entre el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Uno de los principales intereses de Colombia es desmontar el arancel del 12,5 % impuesto por Estados Unidos a varias mercancías nacionales.

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Acuerdo de Comercio Recíproco entre Colombia y EE. UU.: qué cambiaría

El gravamen fue establecido durante la administración de Donald Trump y estuvo relacionado con cuestionamientos sobre los controles colombianos frente al ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso. Para el Gobierno, conseguir una reducción de esta tarifa tendría especial importancia durante la recuperación económica que afronta el país tras el terremoto del 10 de agosto.

Pero, ¿qué es exactamente el acuerdo? El ART no reemplazaría el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012. El TLC continuaría como la base de la relación bilateral, mientras el nuevo mecanismo serviría como una herramienta complementaria para resolver asuntos puntuales, reducir barreras comerciales y facilitar el acceso a mercados.

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Colombia busca mejores condiciones arancelarias para sus exportaciones, mientras Estados Unidos espera avances en temas como controles contra productos asociados al trabajo forzoso, además de otras barreras técnicas, sanitarias y administrativas.

El impacto podría sentirse en sectores que todavía están afectados por el arancel como la floricultura y algunas industrias manufactureras, mientras productos como café, banano, aguacate, azúcar, cacao, petróleo, gas, carbón y algunos minerales están entre los bienes exceptuados de la tarifa.

Además, sobre la mesa aparecen los llamados “irritantes comerciales”: trámites, requisitos técnicos, normas sanitarias y obstáculos relacionados con contratación pública y soberanía digital.

Así, el nuevo mecanismo abre una negociación en la que ambos países deberán poner compromisos sobre la mesa. Estados Unidos ya reporta avances en varios asuntos y que los equipos técnicos buscan alcanzar resultados concretos en el corto plazo.

El Sisbén IV dejó atrás el viejo sistema de puntajes de 0 a 100 y ahora clasifica a la población en cuatro grupos: A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerabilidad) y D (no pobre y no vulnerable). El grupo C se subdivide en 18 subgrupos, siendo C18 el nivel más alto de vulnerabilidad dentro de ese rango. Sin embargo, esta clasificación, destaca la oficina del Sisbén de Valledupar, no significa que el hogar sea considerado 'rico' ni que su estatus ante un programa social esté definido solamente por este código. Cada entidad administra sus propios programas y define, con base en reglas y presupuesto, quiénes pueden ser beneficiarios.

El RUI no otorga subsidios por sí solo, sino que integra información proveniente de diferentes fuentes, como el Sisbén, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Según Natalia Irene Molina, directora del DNP, el Sisbén sigue siendo una herramienta fundamental, ya que la encuesta que aplican las oficinas municipales continúa vigente para actualizar la información de los hogares.

La clasificación en el RUI puede cambiar con el tiempo, a medida que se consolida nueva información. Carlos Alberto Mendoza, encargado de soporte en la oficina del Sisbén de Valledupar, explicó que los cruces automáticos reflejan movimientos en la situación laboral o familiar, mientras que la encuesta Sisbén es clave para registrar datos que no se pueden verificar solo por registros administrativos.

En programas como 'Mi Casa Ya', la clasificación C18 permite revisar requisitos, pero son las condiciones puntuales de los programas las que determinan el acceso. La recomendación de las autoridades locales es no tomar la clasificación de manera definitiva durante el periodo de transición que finaliza el 31 de octubre de 2026, sino validar la composición del hogar y utilizar los canales oficiales para solicitar ajustes si la información reflejada no corresponde a la realidad.

¿Qué significa estar clasificado como C18 en el RUI según el Sisbén?

Estar en C18, dentro del Registro Universal de Ingresos, indica que el hogar está en el nivel más alto de vulnerabilidad sin estar catalogado como pobre. No representa una clasificación de riqueza ni garantiza la pérdida o acceso automático a subsidios, según la metodología del Sisbén IV y los lineamientos del DNP.

¿Puede cambiar la clasificación C18 en el RUI y cómo se actualiza la información?

La clasificación en el RUI puede ajustarse conforme se integran más datos de fuentes oficiales y se realizan nuevas encuestas Sisbén. Los ciudadanos pueden revisar y corregir su información a través de la Ventanilla Social del DNP o la oficina municipal del Sisbén, asegurando que la realidad del hogar quede correctamente registrada.

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De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Agricultura y resaltada en las redes oficiales, el ministro Dangond aclaró posteriormente que no se trata de una entrega directa de dinero, sino de un cupo de crédito destinado exclusivamente a pequeños y medianos productores de caña de cinco departamentos. Dangond admitió ante la opinión pública que su utilización del término “regalo” fue un error de palabras. Según afirmó: “Se me fue una palabra. En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’ y enseguida han armado un escándalo en el país”, dejando claro que el anuncio no contempla transferencias gratuitas de fondos sino la facilitación de acceso al financiamiento.

El jefe de la cartera recalcó que el objetivo del cupo de $400 mil millones es facilitar herramientas para impulsar el desarrollo agropecuario y fortalecer la generación de empleo en la región del Pacífico. “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, afirmó Dangond. Con esto, insistió en el carácter de incentivo que tiene el programa, cuya intención central es fortalecer la actividad productiva reconociendo el valor que pequeños y medianos productores tienen para el campo y la economía local, según las declaraciones y comunicados publicados por el despacho.

Adicionalmente, el ministro Dangond hizo referencia a un terremoto que impactó diversas regiones del país, expresando su solidaridad frente a las pérdidas humanas y materiales sufridas por las comunidades. El Ministerio de Agricultura, por instrucción del presidente de la República, trabaja en estructurar un paquete de ayudas para campesinos y productores afectados, con el fin de atender las necesidades urgentes y contribuir a la recuperación de hogares y medios de vida, de acuerdo con el comunicado oficial publicado el 11 de agosto de 2026.

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¿Qué significa el cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura para cañicultores?

El cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura consiste en una línea de financiamiento exclusiva para pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos, con el propósito de impulsar la producción y la generación de empleo. De acuerdo con el ministro Indalecio Dangond, estos recursos no se entregan como una donación o transferencia directa, sino como un mecanismo para facilitar el acceso a créditos dirigidos a fomentar la actividad productiva en el campo.

¿Cuáles son las ayudas anunciadas para los campesinos afectados por el terremoto?

Según lo informado por el Ministerio de Agricultura, se está estructurando un paquete de ayudas para familias campesinas y productores del campo que resultaron damnificados por el reciente terremoto en varias regiones del país. Estas ayudas buscan atender las necesidades más urgentes como la recuperación de hogares y medios de vida, y forman parte de una estrategia gubernamental para apoyar a quienes sufrieron pérdidas materiales o humanas durante la emergencia.

La situación cobró relevancia pública debido a que dichos recursos hacen parte de una iniciativa del Ministerio de Agricultura para fortalecer el desarrollo agropecuario y aumentar las oportunidades de empleo en la región del Pacífico. El ministerio, a través de canales oficiales, precisó que se trata de un programa de financiamiento que busca incentivar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores de caña. Indalecio Dangond aclaró en medios y pronunciamientos institucionales que los fondos corresponden a un cupo de crédito y no constituyen una entrega directa de dinero. “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, puntualizó Dangond, quien admitió también que empleó un término incorrecto al referirse como ‘regalo’ al mecanismo en cuestión. Este señalamiento fue reiterado para disipar dudas sobre la naturaleza del apoyo y frenar especulaciones alimentadas en redes sociales.

Por otro lado, Dangond aprovechó su intervención pública para expresar solidaridad frente a la tragedia vivida por las regiones golpeadas por un reciente terremoto. De acuerdo con el comunicado oficial del ministerio, se lamentaron tanto las pérdidas humanas como materiales y se reconoció el impacto particular sobre las familias campesinas. En atención a la instrucción presidencial, el Ministerio de Agricultura informó que está estructurando un paquete de ayudas específicas para quienes trabajan la tierra y han sido damnificados, con el fin de mitigar las consecuencias inmediatas de la emergencia y facilitar el proceso de recuperación de los hogares afectados.

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¿En qué consiste el cupo de crédito de $400 mil millones anunciado para cañicultores?

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, explicó que los $400 mil millones anunciados corresponden a un mecanismo de financiamiento orientado a facilitar el acceso a crédito para pequeños y medianos productores de caña en varios departamentos. Este apoyo no implica transferencias directas, sino la disponibilidad de recursos para desarrollar actividades agrícolas y fomentar la producción a través de préstamos, según declaraciones oficiales y comunicados del ministerio.

¿Qué tipo de ayudas anunció el Ministerio de Agricultura para familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio de Agricultura está preparando un paquete de ayudas dirigido a campesinos y productores del campo perjudicados por el reciente sismo. Estas medidas buscan cubrir necesidades inmediatas derivadas del desastre y apoyar la recuperación de bienes y medios de subsistencia de las comunidades rurales impactadas, como informó el jefe de la cartera, Indalecio Dangond.

La frase exacta que expuso Dangond fue “¿Qué más regalo le di?”, lo que despertó múltiples interpretaciones sobre el destino de los $400 mil millones anunciados previamente por el Ministerio de Agricultura para incentivar el desarrollo agropecuario y la creación de empleo en el Pacífico colombiano. El hecho tomó fuerza gracias a la difusión en plataformas oficiales como X, antes Twitter, donde se replicaron videos del encuentro, lo que amplificó la confusión sobre si el apoyo económico era una transferencia directa o parte de un programa especial.

Frente a la polémica, Dangond aclaró públicamente, de acuerdo con los videos compartidos por el Ministerio, que los $400 mil millones no constituyen una entrega gratuita, sino que corresponden a un cupo de crédito. Estos fondos están dirigidos específicamente a pequeños y medianos productores de caña esparcidos en cinco departamentos del país. Según el ministro, su intención era hablar de una estrategia de financiamiento, pero “se me fue una palabra”, admitió, reconociendo el error y la confusión generada. También enfatizó que la función del Ministerio es ampliar el acceso a créditos y fortalecer la actividad agrícola, no “regalar plata”, desmintiendo así cualquier entrega directa o subsidio a los beneficiarios.

Por otra parte, Dangond también aprovechó para posicionar el compromiso de la entidad con familias campesinas afectadas por el terremoto reciente en varias regiones. A través de un comunicado oficial, el ministro manifestó su solidaridad con las víctimas, lamentando las pérdidas humanas y materiales. Además, informó que, por instrucción presidencial, el Ministerio trabaja en un paquete de ayudas para los campesinos damnificados, enfocándose en responder a las necesidades más urgentes durante la fase de recuperación de hogares y medios de sustento en las zonas afectadas, según la comunicación oficial del Ministerio difundida en redes sociales.

¿Qué es el cupo de crédito que anunció el Ministerio de Agricultura para los productores de caña?

El cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura consiste en $400 mil millones destinados a financiar a pequeños y medianos productores de caña en varios departamentos. Según explicó el ministro Indalecio Dangond, no se trata de una transferencia directa o “regalo”, sino de un mecanismo para facilitar el acceso a préstamos con el objetivo de fortalecer la actividad productiva en el sector agrícola.

¿Qué tipo de ayudas prepara el Ministerio de Agricultura para familias afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Agricultura, bajo la dirección de Indalecio Dangond y siguiendo instrucciones presidenciales, está estructurando un paquete de ayudas destinado a campesinos que sufrieron daños por el terremoto. Esta estrategia implica acciones para atender necesidades urgentes y contribuir a la recuperación tanto de los hogares como de los medios de vida en las zonas rurales más afectadas, de acuerdo con el comunicado oficial de la cartera.

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La polémica surgió cuando se interpretó la palabra “regalo” como una entrega directa de dinero. Sin embargo, el ministro aclaró que los fondos corresponden realmente a un cupo de crédito, es decir, una línea de financiamiento disponible para pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos. Dangond reconoció su error verbal durante la reunión y precisó: “En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’, y enseguida han armado un escándalo en el país”.

De acuerdo con Dangond, la función del Ministerio de Agricultura no es otorgar dinero de forma gratuita sino brindar incentivos mediante créditos, con el objetivo de mejorar el acceso a recursos y fortalecer la producción agrícola. Según declaraciones de la propia cartera, el anuncio no contempla entregas directas de los $400 mil millones a los productores, sino la facilitación de préstamos para incentivar la productividad.

En paralelo al debate, Dangond también comunicó la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de lanzar ayudas para las familias campesinas afectadas por el reciente terremoto en distintas regiones. A través de un comunicado, expresó su pesar por las pérdidas y confirmó que el Ministerio trabaja en la estructuración de un paquete de ayudas, siguiendo instrucciones presidenciales. Este programa busca atender necesidades inmediatas y apoyar la recuperación de hogares y medios de vida en las zonas impactadas, según comunicados oficiales del Ministerio de Agricultura.

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¿Qué significan los $400 mil millones anunciados para el sector de la caña en Colombia?

Los $400 mil millones anunciados por el Ministerio de Agricultura, según explicó el ministro Indalecio Dangond, constituyen un cupo de crédito, es decir, una línea de financiamiento disponible para pequeños y medianos productores de caña de azúcar. No se trata de una entrega de dinero sin contraprestación, sino de facilitar préstamos que permitan impulsar el desarrollo agropecuario y generar empleo en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y otros donde opera el gremio Procaña.

¿Qué tipo de ayudas anunció el Ministerio de Agricultura para familias afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Agricultura informó, mediante un comunicado, que está estructurando un paquete de ayudas destinadas a familias campesinas y productores del campo afectados por el reciente sismo en diversas regiones. De acuerdo con el ministro Dangond, estas ayudas buscan atender necesidades urgentes y contribuir a la recuperación de hogares y formas de subsistencia, bajo directrices del presidente de la República.

El ministerio había anunciado un cupo de $400 mil millones para promover el desarrollo agropecuario y el empleo en la región del Pacífico. Sin embargo, la referencia del ministro a un supuesto “regalo” fue interpretada erróneamente en un inicio como si se tratara de una entrega directa de dinero. Ante la reacción pública, Dangond aclaró que no se trata de un obsequio ni de una donación, sino de una línea de crédito dirigida a pequeños y medianos productores en los cinco departamentos mencionados. De acuerdo con sus palabras, el objetivo es que estos recursos permitan el acceso a financiamiento y el fortalecimiento productivo a través de mecanismos de crédito. El funcionario puntualizó: “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, insistiendo en que usan el crédito como herramienta para estimular la productividad y el acceso de los agricultores a capital de trabajo.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la cartera de Agricultura y publicado en sus redes sociales, el ministro reconoció que su comentario fue un error de lenguaje, lo que generó el malentendido y posteriores críticas.

Adicionalmente, Dangond manifestó su solidaridad con las familias campesinas afectadas por un reciente terremoto. El Ministerio anunció que, siguiendo instrucciones del presidente de la República, está en proceso de estructurar un paquete de ayudas para campesinos y productores del campo que sufrieron daños a causa de la emergencia. La estrategia busca dar atención a las necesidades inmediatas de los damnificados y facilitar la recuperación de hogares y medios de vida en las zonas impactadas.

Todos estos anuncios, según lo informado por el Ministerio de Agricultura y sus canales oficiales, se enmarcan en la intención de fortalecer el sector rural colombiano, tanto en la reactivación económica como en escenarios de emergencia.

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¿Por qué causó controversia la frase del ministro de Agricultura sobre un 'regalo' a cañicultores?

La frase del ministro Indalecio Dangond generó controversia porque fue interpretada como una admisión de entrega directa de recursos a los cañicultores, mientras que, según lo aclarado posteriormente, se trataba de un cupo de crédito y no de un “regalo” o subsidio. La confusión se originó por el uso inadecuado de esa palabra durante una reunión pública, como él mismo reconoció.

¿Qué son los cupos de crédito anunciados por el Ministerio de Agricultura para los productores de caña?

Los cupos de crédito, de acuerdo con las declaraciones oficiales del Ministerio de Agricultura, corresponden a recursos disponibles para que pequeños y medianos productores de caña accedan a financiamiento mediante préstamos. No son subsidios ni entregas gratuitas, sino mecanismos diseñados para facilitar financiamiento y fortalecer la actividad productiva en el sector agrícola.

La confusión se originó porque muchos interpretaron la palabra “regalo” como una distribución gratuita de dinero, aunque el ministro negó inmediatamente esa intención. Según la aclaración de Dangond, lo anunciado se trata de un cupo de crédito, no de una transferencia directa, destinado exclusivamente para pequeños y medianos productores de caña ubicados en cinco departamentos. El funcionario reconoció que se trató de un error de comunicación: “Se me fue una palabra. En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’ y enseguida han armado un escándalo en el país”. El ministro reiteró que el Ministerio no entrega dinero a fondo perdido, sino que promueve el acceso a financiamiento para robustecer la producción agrícola.

La inversión, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, busca fomentar el crédito, facilitar que los agricultores accedan a recursos y reforzar así la economía rural. Dangond fue enfático al señalar: “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, descartando así cualquier interpretación de una donación directa de los $400 mil millones anunciados.

Por otra parte, el ministro Dangond también se refirió a la emergencia ocasionada por el reciente terremoto que afectó diferentes regiones del país. Mediante un comunicado, el funcionario expresó su solidaridad con las familias campesinas damnificadas y lamentó tanto las pérdidas humanas como materiales. Explicó que, siguiendo instrucciones del presidente de la República, el Ministerio trabaja en el diseño de un paquete de ayudas específicas para los campesinos y productores rurales impactados por la tragedia. El objetivo es satisfacer necesidades inmediatas y fomentar la recuperación de los hogares y las actividades productivas en las zonas más afectadas.

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¿Qué significa el cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura?

El cupo de crédito hace referencia a la posibilidad que el Ministerio de Agricultura brinda a pequeños y medianos productores de caña para acceder a préstamos destinados al fortalecimiento productivo y la generación de empleo, no una entrega directa de dinero. Según Indalecio Dangond, el mecanismo está diseñado para incentivar la financiación del sector y no constituye una donación.

¿Qué tipo de ayuda anunció el Ministerio de Agricultura para las familias campesinas afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Agricultura informó que está desarrollando un paquete de ayudas orientadas a los campesinos y productores rurales damnificados por el terremoto. De acuerdo con Indalecio Dangond, estas acciones buscan paliar las necesidades urgentes y contribuir a la reconstrucción de los medios de vida en las áreas más afectadas por la emergencia.

Ante la controversia, Dangond salió a aclarar la situación. Según él, los $400 mil millones no constituyen una entrega gratuita de dinero, sino un cupo de crédito pensado para pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos. "Se me fue una palabra. En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’ y enseguida han armado un escándalo en el país", expresó Dangond, reconociendo públicamente el error en su comunicación durante la reunión. El jefe de la cartera agropecuaria insistió en que el Ministerio de Agricultura no está entregando dinero directamente, sino que está facilitando el acceso a herramientas financieras para fortalecer la producción y el empleo en la región del Pacífico. Afirmó: "El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito", enfatizando que el monto mencionado corresponde a mecanismos de financiamiento y no a subsidios gratuitos.

En medio de las aclaraciones, Indalecio Dangond también manifestó su solidaridad con las familias campesinas impactadas por el reciente terremoto que golpeó varias zonas del país. A través de un comunicado, lamentó las pérdidas humanas y materiales, y envió un mensaje de apoyo a quienes han perdido sus hogares, su sustento o algún ser querido. De acuerdo con las instrucciones presidenciales, el Ministerio de Agricultura está diseñando un paquete de ayudas para campesinos y productores afectados por la emergencia, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades rurales impactadas, según la comunicación oficial difundida.

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¿Cómo acceden los productores a los $400 mil millones anunciados para el sector cañero?

Según las declaraciones del ministro Indalecio Dangond, los recursos mencionados no corresponden a una entrega gratuita, sino a un cupo de crédito especialmente dirigido a pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos. El mecanismo implica facilitar el acceso al financiamiento a través de créditos, cuyo propósito es fortalecer la producción y promover el empleo en el sector, como destacaron los comunicados oficiales del Ministerio de Agricultura.

¿En qué consiste el paquete de ayudas del Ministerio de Agricultura para familias campesinas afectadas por el terremoto?

El ministro Indalecio Dangond informó que, bajo instrucciones del presidente de la República, el Ministerio está estructurando un conjunto de ayudas dirigidas a campesinos y productores afectados por el sismo. Esta estrategia busca atender las necesidades inmediatas y contribuir a la recuperación de viviendas y medios de sustento en las regiones impactadas, según lo señalado en el comunicado oficial publicado por el Ministerio de Agricultura.

Durante la jornada especial celebrada el 22 de agosto en la sede alterna de la Presidencia, participaron representantes como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Uno de los puntos más relevantes fue la solicitud directa de De La Espriella a los líderes del sector financiero, incluyendo a Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Jaime y Gabriel Gilinski (Banco GNB Sudameris) y Miguel Cortés (Grupo Bolívar, dueño de Davivienda), para que reduzcan las tasas de los créditos hipotecarios al 8 % efectivo anual para los damnificados. Tal como indicó la Presidencia, los empresarios aceptaron esta propuesta, lo que garantiza que la tasa especial se mantendrá a lo largo de toda la vida del crédito. Sin embargo, aún quedan por definir aspectos prácticos como requisitos de acceso, montos y fechas de inicio de los préstamos.

Paralelamente, los grupos empresariales ya han comprometido cuantiosos recursos. Entre los aportes anunciados figuran 200.000 millones de pesos por Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento; 150.000 millones por Jaime Gilinski para reconstrucción en Cali; y 110.000 millones del Grupo Bolívar y Davivienda. Además, ProPacífico y Proantioquia han anunciado apoyos conjuntos por 220.000 y 200.000 millones, respectivamente. En tanto, ARA, BBVA y Glencore sumaron donaciones por más de 54.908 millones. A estos esfuerzos privados se suma un programa de alivios financieros por 1,1 billones de pesos declarado por Asobancaria, aunque este se traduce en medidas financieras y no en donaciones en efectivo.

El desafío es enorme: el Gobierno estima que la reconstrucción superará los 30 billones de pesos, principalmente en función de unos 24,5 billones en daños a edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. El terremoto, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, impactó duramente a Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Chocó y otras zonas. Por esta razón, se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días para agilizar la respuesta institucional.

Todo este esfuerzo hace parte del "Plan Milagro de Reconstrucción", y el compromiso se extiende especialmente al Chocó, donde los empresarios y el presidente han pactado una visita conjunta para el 7 de septiembre con el objetivo de diseñar una respuesta integral y sostenible. Si bien abundan los anuncios, el reto ahora consiste en transformar estos compromisos en soluciones reales para las familias que sufren las consecuencias del desastre.

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¿Cuándo y cómo accederán los damnificados del terremoto a los créditos de vivienda con tasa especial?

A pesar del acuerdo para reducir al 8 % la tasa de interés en los créditos de vivienda destinados a damnificados, según Presidencia, aún deben definirse los detalles sobre los requisitos, montos máximos y la fecha en la que podrán solicitar estos préstamos. Las entidades financieras participantes establecerán próximamente las condiciones específicas para acceder a este beneficio.

¿A cuánto ascienden los aportes privados para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con los anuncios oficiales y reportes de El Diario, los aportes empresariales suman cifras superiores a un billón de pesos, incluyendo donaciones de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez, Jaime Gilinski, Grupo Bolívar, ProPacífico, Proantioquia, ARA, BBVA y Glencore. Estos aportes son diferentes de los 1,1 billones destinados por Asobancaria en programas de alivio financiero.

Durante su intervención en el 13° Foro de Energía de Andeg, López detalló que las cuentas públicas del país enfrentan un panorama sumamente complejo. Mientras ANIF proyectaba inicialmente un déficit fiscal del 6,5 % del PIB para la vigencia actual, las estimaciones del nuevo ministro de Hacienda sitúan el hueco fiscal entre el 7 % y el 8 %. Este grave desbalance reduce al mínimo el margen de maniobra del Estado, obligando a priorizar la eficiencia antes de pensar en una mayor tributación corporativa o en alivios masivos a las empresas. “La olla no está raspada, tiene un hueco”, sentenció el líder del centro de estudios al criticar las obligaciones acumuladas dejadas por la administración anterior.

Antes de siquiera poner sobre la mesa la opción de tocar el bolsillo de los ciudadanos con un tributo adicional, ANIF sostiene que la ruta principal debe ser un recorte drástico y selectivo del gasto público. La entidad calcula que el ajuste necesario podría alcanzar los tres puntos del PIB, focalizándose primordialmente en el presupuesto de funcionamiento y en una revisión rigurosa de los recursos clasificados como inversión, donde se estima que entre el 30 % y el 40 % no corresponden estrictamente a este rubro. Asimismo, el centro de estudios propone agotar mecanismos alternativos como la reorganización presupuestal, los esquemas de obras por impuestos y regalías, y los aportes voluntarios, además de optimizar la focalización de subsidios estatales.

Pese a lo impopular de la medida, el presidente de ANIF admitió que si el Ejecutivo se encuentra “contra la espada y la pared” y no halla otra salida para cubrir las necesidades de la emergencia, respaldaría una receta transitoria con una sobretasa de un punto en el IVA. No obstante, la propuesta viene acompañada de una advertencia histórica: tras el terremoto del Eje Cafetero se implementó un gravamen temporal que terminó volviéndose permanente, un fantasma que el Gobierno actual debería evitar a toda costa mediante candados legales estrictos si decidiera transitar por ese camino.

Finalmente, el análisis macroeconómico presentado por el gremio señala que la presión sobre las finanzas públicas también responde a un profundo desequilibrio en el crecimiento económico posterior a la pandemia. Mientras que el gasto público y el consumo se han disparado por encima de los niveles de 2019, la inversión privada sigue rezagada. Con este panorama, la prioridad inmediata del país no debe ser una reforma tributaria estructural, sino sanear el hueco fiscal, apretarse el cinturón con inteligencia y blindar los recursos destinados a levantar las zonas destruidas por el sismo sin asfixiar la economía nacional.

La ejecución de estos recursos será coordinada junto con Asobares, la organización que reúne a empresarios del sector gastronómico y de entretenimiento, quienes han visto comprometida la continuidad de sus negocios. El alcalde enfatizó que este apoyo está pensado para quienes, a raíz del terremoto, perdieron clientela o tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas. Sin embargo, todavía será necesario definir los mecanismos y los requisitos precisos para acceder a la ayuda, así como determinar cuántos establecimientos podrán beneficiarse del fondo.

Mientras el municipio busca alternativas de apoyo, el gobierno nacional anunció a su vez un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica enfocado en comerciantes y microempresarios de Pereira. Para ello, se está adelantando un censo que permitirá identificar con claridad cuántos negocios resultaron perjudicados, proteger empleos y organizar una estrategia de financiación adecuada a las necesidades observadas en el terreno.

Además del alivio económico, el alcalde Salazar pidió a los habitantes de Pereira que regresen a consumir en los comercios locales, resaltando que la reactivación dependerá tanto de la inversión pública como de la decisión ciudadana de apoyar a los negocios afectados. Volver a visitar estos espacios, consumir de manera responsable y elegir productos y servicios locales será esencial para evitar una crisis aún mayor.

Antes del sismo, Pereira se destacaba por fortalecer la industria gastronómica y de ocio, como parte de una estrategia más amplia de turismo. A partir de 2025, la ciudad trabajó con actores como Asobares y empresarios del sector en la consolidación de un clúster de gastroentretenimiento, estrategia que les permitió generar empleo e impulsar la formalización, especialmente a través de la iniciativa de Alcaldía Nocturna.

No obstante, la situación actual pone en jaque los avances recientes y amenaza el empleo. Según cifras basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Pereira registró una tasa de desempleo del 7,3 % al cierre de 2025. El temor es que la imposibilidad de reabrir negocios aumente la desocupación. Por eso, la recuperación económica se perfila como un reto tan urgente como la reconstrucción física, buscando que volver a trabajar y producir sea una realidad para toda la ciudad.

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¿Cuáles son los requisitos para que restaurantes y bares de Pereira accedan al apoyo económico tras el terremoto?

Hasta el momento, no se han dado a conocer los requisitos específicos que deberán cumplir bares, restaurantes y negocios de entretenimiento de Pereira para acceder a la partida de $500 millones anunciada por la alcaldía. Según el informe de El Diario, está pendiente la definición de cómo serán distribuidos los recursos, cuáles serán los criterios de selección y el número de establecimientos beneficiados.

¿Por qué es tan importante reactivar el sector gastronómico y de entretenimiento en Pereira tras el sismo?

La reactivación de la gastronomía y el entretenimiento es clave porque estos sectores representan una fuente significativa de empleo directo e indirecto, y constituyen uno de los motores del turismo y la vida nocturna en Pereira. El terremoto del 10 de agosto obligó a muchos de estos negocios a cerrar, poniendo en riesgo empleos y la recuperación económica general de la ciudad, según explicó El Diario.

En materia financiera, la Fábrica alcanzó el 94 % de la meta establecida para las transferencias departamentales durante el gobierno, con más de 41.300 millones de pesos dirigidos específicamente al Tolima. El total de transferencias en el ámbito nacional superó los 43.300 millones de pesos, una cifra que evidencia el peso creciente de la entidad en la distribución de recursos fiscales. Estos resultados derivan en gran parte de utilidades operacionales sin precedentes: solo entre 2024 y 2025, la suma ascendió a 11.248 millones de pesos, según reportes internos de la entidad. Este ha sido el mayor valor registrado desde la creación de la Fábrica de Licores del Tolima.

El crecimiento comercial ha sido otro de los focos de la gestión, facilitando la expansión de marcas icónicas como Tapa Roja y Aguardiente Rosado hacia nuevos territorios dentro del país. Asimismo, la empresa invirtió en infraestructura con la construcción de una nueva planta de producción después de dos décadas, proceso que incluyó el lanzamiento de una nueva línea de producto, el Aguardiente Rosado Sin Azúcar, así como nuevas presentaciones y los permisos requeridos para exportación.

La labor de la Fábrica ha trascendido las fronteras regionales, gracias a la obtención de seis reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo premios en Bruselas, Nueva York y Atlanta. Además de estos logros empresariales y comerciales, la entidad ha incluido un enfoque de responsabilidad social, como lo demuestra la iniciativa Tapa Roja Solidario. Este programa tiene como objetivo generar oportunidades para niños y jóvenes de comunidades vulnerables en zonas rurales, principalmente a través del deporte.

En conjunto, la gestión reciente de la Fábrica de Licores del Tolima se traduce en eficiencia institucional, fortalecimiento financiero, innovación productiva y una expansión que ha marcado pauta para el sector.

¿Cuáles son los principales logros de la Fábrica de Licores del Tolima en los últimos dos años y siete meses?

Entre los principales logros se destacan un puntaje de 91 sobre 100 en gestión institucional, el segundo puesto nacional en desempeño, transferencias que superan los 43.300 millones de pesos, utilidades operacionales históricas de 11.248 millones de pesos, inversiones en infraestructura con una nueva planta, expansión de marcas y seis reconocimientos nacionales e internacionales.

¿En qué consiste el programa Tapa Roja Solidario de la Fábrica de Licores del Tolima?

Tapa Roja Solidario es una iniciativa de la Fábrica de Licores del Tolima orientada a brindar oportunidades a niños y jóvenes de comunidades vulnerables en el departamento, especialmente de áreas rurales, utilizando el deporte como herramienta para la inclusión y el desarrollo social.

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(Vea también: Registro Universal de Ingresos: cómo acceder a la nueva herramienta para programas sociales)

La entidad confirmó que los giros fueron reprogramados, debido a una revisión técnica relacionada con la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI). Por ahora, no se ha establecido el día exacto en que comenzarán las transferencias.

“Prosperidad Social durante el gobierno de Gustavo Petro anunció que el 21 de agosto comenzaría el pago del ciclo 4. Sin embargo, efectuar el pago de acuerdo con ese cronograma y aplicar el Registro Universal de Ingresos (RUI), en los términos establecidos por el Decreto 662 de 2026, podría implicar la suspensión de las transferencias para cerca del 49 % de las familias beneficiarias de estos programas”, se lee en un comunicado de la entidad.

La decisión representa un cambio para los hogares que esperaban recibir los recursos durante agosto. Prosperidad Social señaló que trabaja junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar las condiciones técnicas, jurídicas y operativas antes de definir el nuevo calendario.

¿Cuándo será el próximo pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El cuarto ciclo de ambos programas quedó programado para septiembre, pero Prosperidad Social todavía no ha anunciado una fecha específica para el inicio de los giros.

Por esa razón, los beneficiarios deberán esperar la comunicación oficial de la entidad antes de tomar como definitiva cualquier fecha que circule en redes sociales o en otros canales.

¿Qué pasará con los beneficiarios?

La reprogramación incluye tanto a Renta Ciudadana como a Compensación del IVA, por lo que los hogares que esperaban el cuarto ciclo deberán estar atentos a los canales oficiales de Prosperidad Social para conocer el nuevo calendario.

En el ciclo anterior, ambos programas se entregaron de manera conjunta. Para esa tercera jornada, Prosperidad Social informó que 771.554 hogares serían beneficiados, con una inversión superior a $328.000 millones.

Por ahora, la principal certeza es que el pago no comenzará el 21 de agosto y que la nueva programación será para septiembre. El día exacto dependerá de la culminación de las revisiones que adelanta el Gobierno.

La campaña fue promovida bajo el nombre #PereiraNosNecesitaBien, y en solo 24 horas logró superar ampliamente las expectativas de participación. Según información de El Diario, se recibieron más de 400 solicitudes para ser parte de la feria, superando el cupo contemplado para la primera jornada, lo que obligó al cierre anticipado del formulario de inscripción.

La primera edición de esta feria tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto, entre las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche en Cerritos Mall. Según la organización, en esta jornada inicial participarán 60 emprendedores seleccionados, quienes contarán con mobiliario totalmente gratuito para exponer sus productos. Únicamente deberán encargarse de llevar y organizar su propia mercancía, enfocándose en ofrecer lo mejor a los visitantes.

La programación no solo estará dirigida a la promoción comercial, pues incluirá diferentes actividades de bienestar y entretenimiento como música en vivo, jornadas deportivas, yoga, gimnasia, zonas de relajación y actividades para niños. Además, se apoyarán fundaciones e iniciativas ciudadanas que actualmente trabajan en la reconstrucción de la ciudad. La meta es apoyar el proceso de reactivación económica en Pereira y fortalecer la solidaridad local.

Debido a la respuesta masiva de emprendedores, la administración de Cerritos Mall anunció que el programa continuará todos los fines de semana de septiembre, permitiendo que a lo largo de varias jornadas diferentes participantes puedan exponer y comercializar sus productos. De esta manera, se brindará un respaldo progresivo a los más de 300 emprendedores inscritos inicialmente, promoviendo además que la comunidad pereirana visite la feria, compre productos locales y respalde a quienes buscan reactivar sus negocios tras la emergencia vivida.

Fechas: 28, 29 y 30 de agosto y todos los fines de semana de septiembre de 2026.
Horario: 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Lugar: Cerritos Mall, Pereira.

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¿Cuántos emprendedores participarán en la feria de Cerritos Mall tras el terremoto?

En la primera edición de la feria, que se realizará los días 28, 29 y 30 de agosto en Cerritos Mall, participarán 60 emprendedores. Sin embargo, la estrategia busca beneficiar a más de 300 emprendedores inscritos, extendiéndose durante todos los fines de semana de septiembre para que diferentes personas tengan oportunidad de exponer y vender sus productos.

¿Qué actividades incluirá la feria para emprendedores afectados en Pereira?

Además de la exposición y venta de productos, la feria contará con música en vivo, actividades deportivas, yoga, gimnasia, espacios de relajación y actividades para niños. También busca beneficiar a fundaciones e iniciativas locales dedicadas a la reconstrucción de Pereira, creando así un ambiente de apoyo y solidaridad comunitaria.

El anuncio se produjo durante una reunión del mandatario con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el nuevo director de ProColombia, Samuel Bluman. Allí, el jefe de la cartera de Comercio le confirmó a De La Espriella que el decreto ya autorizaba nuevamente las ventas de carbón colombiano hacia Israel.

Vea también: De la Espriella echa para atrás 11 decisiones que tomó Petro; tienen que ver con trabajadores

El presidente también preguntó por el momento en que se suspendieron las exportaciones. Gómez Amín respondió que la decisión fue tomada durante la administración anterior y la relacionó con un “tema ideológico”. El mandatario, por su parte, resaltó que la medida se adopta apenas 15 días después del inicio de su Gobierno.

El antecedente se remonta a 2024, cuando Petro suspendió las exportaciones de carbón hacia Israel en medio de las críticas de su administración a la ofensiva israelí en Gaza. 

Vea también: Abelardo de la Espriella anuncia la nueva cúpula militar de Colombia y presenta su estrategia de seguridad

El impacto económico de esa suspensión también ha sido señalado por el gremio minero. De acuerdo con Fenalcarbón, Colombia dejó de vender cerca de 3,5 millones de toneladas de carbón al año a Israel, equivalentes a unos 200 millones de dólares.

Sin embargo, recuperar ese mercado no será automático. Israel comenzó a comprar carbón a otros proveedores, especialmente Sudáfrica, durante el periodo en que Colombia dejó de exportarle. Por eso, el sector tendrá que volver a posicionarse frente a esos competidores.

El gremio también advirtió que Colombia ha perdido terreno en la producción y las exportaciones de carbón y coque. Sus cifras apuntan a una reducción cercana a 10 millones de toneladas entre 2022 y 2026.

Con la firma del decreto, la administración de De La Espriella busca recuperar el mercado israelí y fortalecer la actividad minera colombiana. El Gobierno también pretende ampliar las oportunidades comerciales del carbón nacional en el exterior.

Según lo expuesto por Gómez y reseñado por El Diario, la emergencia natural llega en un contexto donde las finanzas públicas ya limitaban la posibilidad de asumir mayores gastos. Antes de la tragedia, la prioridad era disminuir el déficit, controlar el endeudamiento y frenar el alza del gasto público. Ahora, con las pérdidas humanas y materiales, las prioridades cambiaron forzosamente. Estimaciones iniciales sitúan el costo total de la reconstrucción por encima de los $30 billones: $24,5 billones para edificaciones y $5,5 billones para infraestructura, cifras que representan cerca del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y podrían modificarse tras los avalúos finales.

A esto se suma la preocupación por la deuda. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría llegar a 60,3 % del PIB en 2026, superando los cálculos oficiales. Un endeudamiento tan alto implica que más recursos públicos deben dedicarse al pago de intereses y menos a inversión social y desarrollo. Si el país se ve obligado a solicitar más préstamos para cubrir los gastos de reconstrucción, las presiones sobre las finanzas públicas se agudizarán.

La inflación, otro dolor de cabeza, continúa en niveles altos. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportan que en junio de 2026 la inflación anual fue de 6,14 %, por encima del 4,82 % del año anterior. Aunque el PIB creció un 2,2 % en el primer trimestre, las familias sienten el impacto directo del aumento en el costo de vida.

Frente a todo esto, el Gobierno deberá rehacer el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y considerar alternativas que incluyan reasignaciones, créditos y posibles ajustes tributarios para afrontar la coyuntura. Aunque la situación es grave, el ministro Gómez reiteró que Colombia podrá superar este reto, siempre y cuando logre mantener disciplina fiscal y compromiso con la recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desafíos fiscales que enfrenta Colombia tras el terremoto?

Colombia debe simultáneamente atender los elevados costos de reconstrucción estimados en más de $30 billones por el terremoto, controlar una deuda pública que podría superar el 60 % del PIB según el CARF y manejar una inflación que aún está por encima de los niveles deseados por el DANE. Además, el Gobierno debe rehacer el presupuesto para 2027, ajustar el déficit y evaluar posibles reformas tributarias.

¿Cómo afecta la inflación y el endeudamiento la recuperación económica de Colombia tras la emergencia?

La inflación alta incrementa el costo de vida y limita la capacidad de consumo de los hogares, mientras que un mayor endeudamiento obliga al Estado a usar más recursos para el pago de intereses, restando fondos destinados a inversión pública, programas sociales y reconstrucción, según fuentes oficiales citadas por El Diario y el DANE.

La medida generó críticas de organizaciones sindicales, que consideran que las circulares contenían herramientas para proteger a los trabajadores. Sin embargo, hay una precisión fundamental: el Gobierno no derogó las leyes que reconocen esos derechos. Lo que hizo fue retirar los documentos administrativos que establecían determinados procedimientos, interpretaciones, fórmulas y criterios para aplicar esas normas.

En otras palabras, un trabajador no perdió automáticamente el derecho a horas extras, estabilidad laboral, libertad sindical o negociación colectiva. Lo que cambió es la manera en que el Ministerio podía orientar o tramitar algunos de esos asuntos.

Jornada laboral y trabajo a destajo

Una de las circulares derogadas es la 0101 del 22 de septiembre de 2025, que orientaba la aplicación de la reforma laboral en asuntos como jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo, registro de horas extras y trabajo en días de descanso obligatorio.

El punto más importante era una metodología para calcular determinados pagos de trabajadores remunerados a destajo.

Por ejemplo, si una persona recibía dinero dependiendo del número de productos que fabricaba, la circular establecía una fórmula para adaptar su remuneración a la reducción de la jornada laboral.

Esa fórmula deja de ser un criterio administrativo vigente.

Pero la reducción de la jornada laboral no desaparece. Tampoco desaparece la obligación de pagar el trabajo suplementario cuando corresponda. Esas obligaciones tienen respaldo en normas superiores, especialmente en la legislación laboral.

Estabilidad laboral reforzada

También fueron derogadas las circulares 0120 de 2025 y 0049 de 2026, relacionadas con la estabilidad laboral reforzada.

Aquí el cambio está principalmente en los procedimientos administrativos que había establecido el Ministerio.

Por ejemplo, cuando una empresa quería terminar el contrato de un trabajador protegido por estabilidad reforzada, las circulares establecían requisitos, documentos, etapas, traslados y criterios que debían seguirse ante los inspectores del trabajo.

Ahora esos procedimientos específicos dejan de estar vigentes.

Pero esto no significa que las empresas puedan despedir libremente a trabajadores con estabilidad laboral reforzada. Las protecciones que provienen de la Constitución, las leyes y la jurisprudencia continúan aplicándose.

Cuidado y equidad de género

La Circular 0031 de 2026 establecía lineamientos relacionados con cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social.

El problema identificado por el Ministerio fue que el documento mezclaba recomendaciones, objetivos de política pública y directrices que podían interpretarse como obligaciones para empleadores y otros actores.

Con la derogatoria desaparece ese marco administrativo como referencia vigente.

Por ejemplo, una empresa que hubiera sido requerida por un inspector con fundamento exclusivamente en esa circular ya no podría tenerla como base autónoma para imponer una obligación o una consecuencia.

Las obligaciones legales de igualdad y no discriminación, sin embargo, permanecen.

Libertad sindical y permisos sindicales

La Circular 0032 de 2026 contenía lineamientos sobre libertad sindical y permisos sindicales.

El Ministerio consideró que algunas de sus disposiciones presentaban determinadas conductas y consecuencias como obligatorias pese a que una circular no tiene capacidad para crear por sí misma esas obligaciones.

¿Qué significa para un trabajador?

Si un sindicato solicita un permiso sindical, por ejemplo, ya no podrá utilizar esa circular como fuente jurídica autónoma para sustentar la solicitud o una eventual actuación administrativa.

Pero el derecho de asociación sindical y los derechos que tengan respaldo en la Constitución, la ley, una convención colectiva o un acuerdo vigente no desaparecen.

Vigilantes: cambia la interpretación sobre horas extras

La Circular 0040 de 2026 estaba relacionada con la jornada laboral y las horas extras en el sector de vigilancia privada.

El Ministerio cuestionó la interpretación que hacía sobre las excepciones al régimen de trabajo suplementario, porque podía entenderse que determinados trabajadores quedaban por fuera de las reglas generales.

Así, un vigilante que trabaja más allá de su jornada no pierde por esta derogatoria el derecho a que se reconozca el trabajo suplementario que corresponda.

Lo que desaparece es la interpretación específica que había establecido la circular.

Despidos y debido proceso

La Circular 0048 de 2026 establecía criterios administrativos sobre el debido proceso disciplinario.

Un ejemplo: un trabajador comete una conducta que la empresa considera suficientemente grave para terminar el contrato. La circular daba criterios para determinar cuándo debía adelantarse un procedimiento disciplinario y qué garantías debían observarse.

Ahora esos criterios específicos dejan de operar.

Eso no equivale a eliminar el debido proceso laboral. Las obligaciones que tengan fundamento en la Constitución, la ley, el reglamento interno, una convención colectiva o la jurisprudencia continúan siendo aplicables.

Trabajadores de plataformas digitales

Uno de los cambios que puede generar mayor atención está en la Circular 0086 de 2026, sobre trabajadores de plataformas digitales de reparto.

El documento establecía lineamientos para la inspección, vigilancia y control de este sector. El Ministerio consideró problemático que pudiera interpretarse que los inspectores tenían capacidad para determinar administrativamente la existencia de determinadas relaciones laborales controvertidas, una materia que puede corresponder a los jueces. Además, el documento quedó desactualizado frente al Decreto 0991 de 2026.

Para un domiciliario esto no significa que desaparezcan sus derechos.

La Ley 2466 de 2025 continúa regulando aspectos de los trabajadores digitales, incluyendo asuntos relacionados con seguridad social, información sobre la vinculación, registro del tiempo de servicio y transparencia sobre sistemas automatizados.

Lo que cambia es el instrumento administrativo utilizado por el Ministerio para ejercer determinadas actuaciones de inspección.

Negociación colectiva

La Circular 0088 de 2026 establecía un criterio para la conformación proporcional de la comisión negociadora y del pliego único cuando existían diferentes organizaciones sindicales.

La resolución cuestionó referencias normativas utilizadas en el documento y la aplicación general de un criterio jurisprudencial que correspondía a un contexto particular.

Por ejemplo, si en una empresa existen varios sindicatos, ya no se podrá acudir a esa circular como la regla administrativa para determinar automáticamente cómo debe distribuirse la representación en una negociación colectiva.

El derecho a negociar colectivamente, en cambio, continúa vigente.

Trabajo doméstico

La Circular 0089 de 2026 establecía lineamientos para inspeccionar el trabajo doméstico remunerado.

Su punto más polémico era la denominada “Excepción por Peligro Inminente”, que contemplaba el ingreso de inspectores a viviendas privadas sin autorización del empleador ni orden judicial en determinadas circunstancias.

La Resolución 2708 considera que una circular no podía crear esa facultad porque está involucrada la protección constitucional del domicilio.

Por tanto, esa posibilidad desaparece.

Si una trabajadora doméstica está en una situación de peligro grave, esto no significa que quede sin protección: el Ministerio plantea la coordinación con las autoridades competentes, como Policía y Fiscalía, para atender esas situaciones.

¿Y la reforma laboral?

La Circular 0057 de 2026 también quedó sin efectos. Esta contenía interpretaciones sobre el alcance de la reforma laboral y la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo.

La consecuencia es que la interpretación contenida en esa circular deja de ser el criterio administrativo vigente.

Pero esto no significa que se haya derogado la reforma laboral.

La Ley 2466 de 2025 continúa vigente en aquello que no haya sido modificado o derogado por normas posteriores.

Entonces, ¿qué cambia realmente para un trabajador?

La respuesta corta es: no desaparecen 11 derechos laborales.

Lo que desaparece son 11 instrumentos administrativos que establecían cómo debía interpretarse, tramitarse o inspeccionarse determinados asuntos.

La propia Resolución 2708 parte de que una circular puede orientar e impartir instrucciones, pero no puede convertirse en una norma autónoma para crear obligaciones, requisitos, sanciones o facultades que necesitan respaldo legal.

Además, la derogatoria opera hacia el futuro y no significa que automáticamente se anulen o archiven todas las actuaciones administrativas que se hubieran iniciado mientras las circulares estaban vigentes.

La medida hace parte de la intención del nuevo Ejecutivo de flexibilizar la contratación y promover mejores indicadores de empleo.

Entre las disposiciones eliminadas estaba una relacionada con las empleadas domésticas. Se trataba de la figura denominada “Excepción por peligro inminente”, que permitía a los inspectores de trabajo ingresar a viviendas privadas sin orden judicial ni autorización previa para verificar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas.

El Ministerio también derogó circulares sobre permisos sindicales y cumplimiento de convenciones colectivas, que contemplaban multas administrativas por su incumplimiento.

Asimismo, eliminó una disposición que señalaba que el sector de vigilancia estaba completamente excluido del régimen general de trabajo suplementario.

Los cambios abarcan además lineamientos relacionados con plataformas digitales de reparto, estabilidad laboral reforzada, cálculo de la jornada laboral, aplicación de la reforma laboral y procesos de negociación colectiva.

Con estas decisiones, el Gobierno busca modificar varias directrices implementadas durante el anterior Ejecutivo y avanzar hacia un esquema que considera más flexible para la contratación de trabajadores en Colombia.

La Sala Plena votará el próximo martes 25 de agosto la ponencia de la magistrada y presidenta de la Corte, Paola Meneses, además de nueve autos relacionados con el trámite y aclaraciones de la Ley 2381 de 2024.

El proceso ha estado suspendido desde junio de 2025 debido a recusaciones e impedimentos de magistrados. La votación podría ser decisiva, aunque existe la posibilidad de un empate de cuatro votos contra cuatro.

En ese escenario, sería necesario designar un conjuez para desempatar, lo que podría extender la decisión varias semanas.

Expertos señalan que incluso una decisión favorable sobre el trámite no cerraría el proceso, pues posteriormente deberán analizarse cuestionamientos de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.

Si la Corte avala la ley, las AFP deberán iniciar su implementación y podrían requerir entre dos y seis meses para completar los ajustes operativos y reglamentarios.

Si la declara inexequible, el sistema continuaría bajo las reglas de la Ley 100, aunque los traslados realizados mediante la Oportunidad de Traslado podrían mantenerse.

La divisa continúa experimentando presiones a la baja en sintonía con el comportamiento de la región, de acuerdo con el análisis de JP Tactical Trading.

Además, el dólar mantiene su debilidad a nivel global tras la intervención del Tesoro de EE. UU. en el mercado de bonos, acercándose a romper soportes clave. En la región, monedas como el peso mexicano también se perfilan hacia rupturas bajistas similares.

(Vea también: Dólar en Colombia abrió con caída durísima por debajo de $ 3.100; ¿cómo estará durante la semana?)

Petróleo al alza

Los precios del crudo operan elevados (el Brent alcanzó un máximo de un mes en US$94,71 antes de moderarse hacia los US$93,12, acumulando un alza semanal superior al 5%).

La persistencia de las tensiones se alimenta de las advertencias del presidente Donald Trump sobre imponer sanciones severas a cualquier nación que mantenga lazos comerciales con Irán, disipando las expectativas de una reapertura rápida del Estrecho de Ormuz.

El rally del mercado cripto

En los mercados alternativos, Bitcoin cotiza en sus niveles más altos desde junio, acumulando un repunte cercano al 20 % en dos jornadas.

Este movimiento estuvo impulsado por la liquidación de posiciones cortas por unos US$2.700 millones y por el acercamiento político en la Casa Blanca para impulsar la aprobación del Clarity Act, cuya próxima prueba clave en el Senado será el 15 de septiembre.

Agenda comercial entre Colombia y EE. UU.

Colombia y Estados Unidos avanzan en Washington con reuniones entre el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el representante comercial Jamieson Greer para concretar un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, buscando una reducción temporal de aranceles y apoyando la reactivación tras el terremoto del 10 de agosto. Para este viernes no se esperan publicaciones macroeconómicas relevantes.

El valor de apertura estuvo $7,96 por debajo de la TRM establecida para la fecha. A lo largo de los primeros movimientos del mercado en esta jornada, el valor más bajo que alcanzó el dólar fue precisamente el precio de apertura, es decir, $3.055, y el máximo registrado llegó a los $3.063. Estas variaciones durante la jornada son comunes y reflejan la dinámica propia de la oferta y la demanda dentro del mercado cambiario.

La TRM, por su parte, evidenció un incremento de $9,48 frente al día anterior, lo que corresponde a una variación porcentual de 0,31 %. Este tipo de movimientos pueden estar relacionados con factores tanto internos como externos, aunque en este caso, el texto no precisa las causas de la subida. Es importante tener en cuenta que la TRM influye directamente en los precios de productos importados, remesas internacionales y servicios que dependen del dólar.

De cara a los próximos meses, todavía existe incertidumbre respecto a la trayectoria del dólar en Colombia. De acuerdo con 90minutos.co, el comportamiento de la divisa podría depender de varios elementos: las decisiones de política monetaria, la evolución de la economía de Estados Unidos, los precios internacionales del petróleo y los movimientos en los mercados globales. Si bien el dólar se encuentra actualmente en niveles bajos en comparación con periodos anteriores, no se descarta la posibilidad de nuevas fluctuaciones antes de finalizar el año 2026. Se recomienda, entonces, estar atentos a la evolución del mercado y al análisis de los principales indicadores económicos para entender si la tendencia a la baja continuará o se revertirá en los próximos meses, como advierte el medio citado.

¿Cuál es la función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado, conocida por sus siglas TRM, es el valor oficial en pesos colombianos de un dólar estadounidense y sirve como referencia clave para todo tipo de operaciones cambiarias en Colombia. Su función es establecer el precio promedio de la divisa durante un día, lo cual resulta fundamental para transacciones de importación, exportación y cálculo de deudas o inversiones en moneda extranjera.

¿Por qué varía el precio del dólar en Colombia durante un mismo día?

El precio del dólar experimenta cambios a lo largo de la jornada debido al comportamiento de los mercados, que responde a factores como la oferta y la demanda de divisas. Estas fluctuaciones son habituales y pueden estar influenciadas por noticias económicas, decisiones de política monetaria y expectativas de los inversionistas sobre la economía nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Aclara también la entidad que, en caso de que no sea llevado a cabo el proceso, la Dian  cuenta con el respaldo legal para imponer las sanciones respectivas.

Estas son las sanciones para los pensionados en Colombia por no hacer la declaración de renta ante la Dian

Sanción por extemporaneidad (Art. 641)

• Con impuesto a cargo: 5 % del impuesto a pagar por cada mes o fracción de mes de retraso.
• Sin impuesto a cargo (caso común en pensionados): La sanción se calcula sobre los ingresos brutos o el patrimonio líquido, aplicando un 0,5 % u 1 % mensual.
• Monto mínimo: Ninguna sanción en Colombia puede ser inferior a la sanción mínima establecida para el año en curso (equivalente a 10 UVT, aproximadamente $524.000 para la vigencia actual).

Sanción por no declarar (Art. 643)

• La multa equivale al 20 % de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo investigado.
• Se aplican intereses moratorios sobre los valores adeudados.

Recuerda la Dian que hay sanciones para los pensionados en Colombia cuando el jubilado presenta la declaración, pero omite ingresos adicionales tales como arriendos, rendimientos financieros, honorarios. La falta también se comete al incluir datos incorrectos para evadir la obligación.

(Recomendado:  Esto pasará con Colpensiones si la reforma pensional definitivamente no se aplica)

Para este caso la ley impone una sanción que equivale al 100 % o hasta el 200 % de la diferencia entre el saldo determinado por la autoridad fiscal, en este caso la Dian, y el declarado.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, aseguró que el país está perdiendo recursos fundamentales que podrían destinarse a la financiación de sectores clave en la coyuntura, como la atención a las emergencias producidas por el terremoto. Durante la presentación del balance sectorial de los últimos cuatro años, subrayó la importancia que tendría recuperar la producción y competitividad del carbón nacional para fortalecer las finanzas públicas.

De acuerdo con lo informado por Fenalcarbón, la producción del mineral pasó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a 51,4 millones en 2025. Paralelamente, las exportaciones de carbón y coque —un derivado del carbón destinado principalmente a procesos industriales— sufrieron una reducción, descendiendo de 12.200 millones de dólares a 4.901 millones. La contracción en la actividad provocó, además, la pérdida de más de 25.000 empleos directos y alrededor de 100.000 empleos indirectos en la cadena productiva.

Según las proyecciones del gremio, Colombia podría alcanzar nuevamente una producción cercana a 92 millones de toneladas, siempre que se implementen medidas que estimulen la inversión y se modifiquen las señales de política pública. En ese caso, los aportes para el Estado podrían volver a superar los 10 billones de pesos anuales, recursos esenciales en un contexto de reconstrucción. Fenalcarbón ha presentado al Gobierno una agenda de siete puntos, que incluye revisión de la carga tributaria, refuerzo al parque térmico a carbón bajo neutralidad tecnológica y adecuadas remuneraciones para la generación de energía firme. Asimismo, propone ajustes en costos logísticos, reformas al Sistema de Información para el Control de la Explotación e Intervención Técnica y Ambiental del Carbón (SICETAC), mayor seguridad jurídica y control de la explotación ilícita.

Estas propuestas serán analizadas durante la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, programada para el 28 y 29 de octubre en Bogotá, donde se planteará la importancia del sector en la recuperación económica y social del país.

¿Cuál es el impacto de la caída de la industria del carbón en la economía colombiana?

La caída de la industria del carbón en Colombia implica una significativa reducción de los recursos que recibe el Estado, con repercusiones directas en financiamiento para inversión social, infraestructura y situación regional. Según Fenalcarbón, los ingresos para el Estado podrían bajar más de 6,5 billones de pesos entre 2022 y 2025, afectando también el empleo y las exportaciones.

¿Qué propuestas plantea Fenalcarbón para recuperar el sector carbonífero colombiano?

Fenalcarbón propone una agenda de siete puntos orientada a reactivar el sector, la cual contempla la revisión de cargas tributarias, el fortalecimiento del parque térmico a carbón, reformas logísticas y regulatorias, y la garantía de seguridad jurídica e infraestructura para la inversión, elementos que serán debatidos en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Las medidas están relacionadas con decisiones sobre las empleadas domésticas, trabajadores de plataformas de domicilios como Rappi, sindicatos y empresas en general, según reveló Blu Radio.

Estas son las decisiones:

• La primera tiene que ver con la posibilidad de que los inspectores laborales fueran casa por casa revisando las condiciones de las empleadas domésticas, y que incluso podían abrir la puerta y entrar a su casa, si consideraban ellos que existía un peligro inminente para esas trabajadoras. Eso se acaba y se prohíbe a partir de hoy, indica Blu.

“Dice el Ministerio del Trabajo que cuando existan esas relaciones, esas situaciones de peligro inminente, a quien hay que llamar aquí es a la Policía Nacional, que es la legalmente autorizada para entrar en estas circunstancias”, explicó la periodista Marcela Peña, de esa emisora.

• Se caen también las instrucciones relacionadas con los repartidores de plataformas de domicilio. Por ejemplo, la que establecía cómo se debían hacer las inspecciones y que da una serie de indicios de que existe una relación laboral. “¿Por qué? Porque ese tema de si un repartidor es o no empleado de la aplicación debería revisarlo un juez. Se va a reescribir ese protocolo de inspecciones”, agrega la comunicadora.
• También se elimina la Circular 57. Con base en esa circular se hicieron visitas a muchas compañías en el país. Ahí se daban instrucciones para la aplicación de la reforma laboral. Por ejemplo, daban líneas sobre las reglas de contratación, de si se podía a término fijo o a término indefinido. “Ojo, que tumbar esta circular no cambia nada de lo que dice la reforma laboral, porque esa es una ley”, aclaró Marcela Peña, en Blu. “Lo que se modifican son las instrucciones a los inspectores inspectores de trabajo, que son esos empleados que ustedes han visto en imágenes con chaleco del Ministerio del Trabajo en las distintas empresas del país”, detalló.
• También cambian otras circulares, por ejemplo, que establecían una fórmula de cálculo para pagar el trabajo de tajo, que es cuando a alguien lo contratan no por tiempo sino por una cantidad de trabajo.
• Varias cosas relacionadas con los sindicatos como la presentación del pliego de peticiones y los permisos sindicales en entidades públicas.
• 3 circulares además sobre la terminación de contratos de trabajo, entre otras, porque terminó creándose un papeleo y una serie de formularios obligatorios para las compañías a la hora de despedir a los empleados que se estaban convirtiendo en trámites sin piso legal.

(Vea también: Extraño mensaje de exministro de Petro a funcionaria del Gobierno De la Espriella: “La acaba de quemar”)

Según Blu Radio, lo que viene ahora es que el Mintrabajo revisará norma por norma, que todo lo que está aquí pudiera llegar a necesitarse como explicación o como medida pedagógica más adelante, y si es el caso volverlo a escribir, pero con bases ciertas.

“De momento todo esto queda derogado. Los procesos que están en curso pues tienen que tener un trato diferente, y el Ministerio del Trabajo pues tiene ahora una nueva política y unas nuevas instrucciones para sus inspectores”, indicó la periodista.

Mora fue tajante y señaló que las pólizas de vivienda no cubren daños sufridos en los vehículos. En esos casos, se debe tener por aparte una póliza diferente para el carro o moto de la persona.

“El seguro de vivienda no ampara los daños de los vehículos. Debe tener una póliza de automóviles. Estadísticamente, hay más vehículos asegurados que viviendas en Colombia”, sentenció en Blu Radio.

El sector asegurador calcula que deberá desembolsar alrededor de $6 billones para atender las reclamaciones derivadas del terremoto que afectó al país.

La cifra podría aumentar a medida que avanzan las inspecciones y se establece la magnitud real de los daños en viviendas, edificios, comercios e infraestructura.

El presidente de Seguros del Estado explicó que las aseguradoras reciben actualmente entre 120 y 150 reclamaciones diarias y activaron protocolos de emergencia desde el momento del sismo.

Además, cuentan con el respaldo de reaseguradoras para garantizar liquidez y adelantar indemnizaciones. En el caso de Seguros del Estado, ya se recibieron más de $80.000 millones en anticipos.

Según las estimaciones, la reconstrucción tendría un costo cercano a $30 billones, de los cuales las aseguradoras asumirían entre 20 % y 25 %, dependiendo de los resultados de los peritajes.

Mora también desmintió la versión de que los afectados tienen solo tres días para reclamar. Los asegurados cuentan con hasta dos años, contados desde el terremoto, para presentar sus reclamaciones.

Sin embargo, se recomienda reportar oportunamente los daños y conservar fotografías, documentos y demás evidencias. Para reparaciones menores, los afectados pueden documentar previamente la situación y consultar con su aseguradora.

(Ver también: “Me quedé en la calle”: desgarrador relato de mujer que perdió su apartamento por terremoto en Cali)

Las estimaciones oficiales dan cuenta de la dimensión de la tragedia. En Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, los daños físicos directos se acercan a los 30 billones de pesos. De ese monto, aproximadamente 24.5 billones corresponden a edificaciones y otros 5.5 billones de pesos están relacionados con infraestructura.

El impacto sobre las familias también es considerable. Las primeras cifras señalan que cerca de 27.000 viviendas quedaron completamente destruidas, mientras que más de 127.500 inmuebles presentan daños severos. Para quienes perdieron sus casas o enfrentan afectaciones estructurales, la reconstrucción representa ahora un proceso que puede extenderse durante meses o incluso años.

Cuál será la ayuda para damnificados

En medio de este panorama, las personas que tenían aseguradas sus viviendas podrán acceder a una medida especial para disminuir el monto que deben asumir directamente ante una pérdida por terremoto.

Allianz Colombia anunció una flexibilización del deducible de la cobertura de terremoto para los asegurados que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica como consecuencia del sismo.

La medida establece un deducible especial del 1 % del valor asegurado, es decir, reduce la parte de la pérdida que debe asumir el propietario antes de que entre en funcionamiento la indemnización correspondiente.

Para acceder a esta condición, el inmueble debe cumplir con cuatro requisitos: tener un valor asegurable de hasta 300 millones de pesos, estar ubicado en estrato 1, 2 o 3, haber sido declarado como pérdida total y contar con una póliza que cubra el inmueble o el inmueble junto con sus contenidos.

La disposición aplica tanto para pólizas individuales como colectivas.

Una tragedia que también deja en evidencia la falta de protección

La emergencia dejó otro dato que preocupa de cara a la recuperación. Según cifras de Fasecolda, apenas el 9.3 % de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar.

Al 14 de agosto, el sector asegurador había recibido 10.465 reclamaciones relacionadas con el terremoto, de las cuales 9.310 correspondían a seguros de daños sobre bienes inmuebles.

Estos números muestran que, mientras miles de familias comienzan el proceso para recuperar sus viviendas y su patrimonio, una gran parte de los hogares afectados debe enfrentar las consecuencias económicas de la tragedia sin contar con una cobertura que ayude a asumir las pérdidas.

La reconstrucción, por tanto, no solamente representa el desafío de levantar nuevamente edificaciones e infraestructura. También implica que las familias puedan recuperar las condiciones mínimas para retomar su vida cotidiana después de una emergencia que, en cuestión de minutos, modificó el panorama de varias regiones del país.

(Ver también: “Ahora tengo tiempo y dinero”: aparece conmovedora carta con sueños de víctima del terremoto en Cali)

En ese escenario, las medidas de alivio para los hogares asegurados buscan reducir una parte de la carga económica que deja el desastre y acelerar la recuperación de quienes perdieron su vivienda o sufrieron daños graves como consecuencia del terremoto.

Las expectativas muestran que la tasa de cambio va a mantener un proceso de revaluación en lo que resta del año, lo que genera incertidumbre entre algunos empresarios.

(Vea también: Dólar se desploma y negocio muy importante paga la cuenta: empresarios pierden millones)

Dice este análisis que el dólar en Colombia no ha llegado a su piso y, al cierre de año, el precio promedio va a mantenerse bastante más por debajo de lo previsto a inicios de este año.

Recuerda el análisis que, en julio, la tasa de cambio cerró en $3.132, nivel que también representó el mínimo del mes, con una apreciación mensual del 9 % y alcanzando el máximo del mes el 1 de julio ($3.441).

¿Qué viene para el dólar en Colombia?

Agrega el informe de la Encuesta de Opinión Financiera que el dato observado fue $127 menor al esperado en la encuesta de julio ($3.260).

“Para agosto de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.115 y $3.180, con $3.150 como respuesta mediana”, se lee en el análisis.

Para diciembre de 2026, los analistas esperan que la tasa de cambio en Colombia se ubique en $3.300, lo que representa una reducción frente al pronóstico de la edición anterior.

(Lea también: Caída del dólar en Colombia durante 2026 pudo restarle millones de pesos a sus ahorros: haga cuentas)

Exportadores colombianos piden que se revisen los mecanismos necesarios, en el más corto plazo, para poder contener la apreciación del peso, toda vez que sus ingresos se ven sustancialmente afectados.

El Decreto 1261 no establece, en este momento, un nuevo impuesto al valor agregado (IVA), un impuesto al patrimonio ni tampoco un tributo especial para la totalidad de la población. Más bien, lo que habilita es la facultad, otorgada por el artículo 215 de la Constitución Política, para que el Ejecutivo pueda crear o modificar tributos de manera transitoria si considera imprescindible obtener fondos adicionales para enfrentar las consecuencias del desastre natural. Según el texto constitucional, esos tributos o modificaciones únicamente pueden mantenerse vigentes hasta finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso decida extenderlos o volverlos permanentes.

La preocupación sobre el ingreso de nuevos impuestos se agrava debido a la magnitud de los daños, avaluados preliminarmente en al menos $30 billones, equivalentes al 1,5 % del Producto Interno Bruto nacional. El terremoto destruyó más de 31.000 viviendas y averió 163.000 más, además de afectar colegios, hospitales y otras infraestructuras, según cifras presentadas en el decreto citado por El Diario. La recuperación implicará no solo reconstruir viviendas y obras públicas, sino también reactivar la economía local de los municipios golpeados.

Antes de tomar la decisión de crear nuevos tributos, el Gobierno ha considerado varias alternativas de financiación: préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías, el mecanismo de Obras por Impuestos —que permite a empresas invertir parte de sus obligaciones tributarias directamente en proyectos de reconstrucción—, y la utilización de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Frisco, orientados a ser vendidos y así recaudar fondos.

Expertos como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, citado por El Diario, advierten que sería difícil descartar completamente la creación de nuevos impuestos debido al tamaño del reto fiscal. Aun así, el presidente Abelardo De la Espriella aseguró que ninguna medida adoptada buscará “afectar a los colombianos más necesitados”, y anticipó que cualquier medida tendría un enfoque selectivo en sectores y patrimonios específicos. Por el momento, no se ha expedido ningún decreto que permita identificar cuáles serían los contribuyentes directamente impactados.

Los días siguientes serán clave, ya que durante los 30 días iniciales de la emergencia el Gobierno podrá expedir decretos legislativos adicionales para definir fuentes de financiamiento y estrategias de reconstrucción. Todas estas decisiones deberán relacionarse directamente con el terremoto y quedarán sujetas a la supervisión de la Corte Constitucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El Gobierno puede crear impuestos temporales durante una emergencia económica en Colombia?

Sí; según el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno está facultado para crear impuestos nuevos o modificar los existentes de manera temporal durante la vigencia de un Estado de Emergencia. Estas medidas deben estar directamente vinculadas con la atención a las consecuencias de la crisis y dejarán de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso decida prolongarlas.

¿Cuáles podrían ser las fuentes de financiación para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

El Gobierno está evaluando diferentes mecanismos, como el uso temporal de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), la ampliación del programa Obras por Impuestos y la venta acelerada de activos gestionados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Frisco. Además, se contemplan ajustes en el Presupuesto General y la movilización de fondos públicos de otras fuentes antes de considerar la imposición de nuevos tributos.

Frente a una tragedia de esta naturaleza, los daños materiales, por cuantiosos que sean, pasan necesariamente a un segundo plano. Lo verdaderamente importante es la vida, y por ello reconocemos especialmente la labor de quienes privilegiaron la evacuación, la seguridad de visitantes y trabajadores y las evaluaciones técnicas antes de pensar en la reapertura de sus establecimientos.

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La tragedia, golpeó con especial fuerza el occidente colombiano y produjo importantes afectaciones en ciudades como Quibdó, Pereira, Armenia, Manizales y Cali.

Desde la óptica de la industria de centros comerciales, sin embargo, el balance permite hacer una lectura importante: a pesar de la enorme magnitud de la emergencia, la mayoría de los grandes complejos comerciales de estas ciudades resistieron estructuralmente y una parte considerable ya ha retomado sus operaciones, aunque con diferencias importantes que permiten clasificarlos en tres grupos.

En este primer grupo están aquellos activos que debieron enfrentar cierres más prolongados, reparaciones o procesos de inspección especialmente rigurosos. Uno de los casos más representativos ha sido Mallplaza Cali, uno de los principales activos comerciales de la capital vallecaucana, con más de 68.000 m² de GLA. Tras el terremoto, Grupo Falabella informó que el complejo permanecía cerrado mientras se adelantaban trabajos de reparación, limpieza y los protocolos necesarios para garantizar una reapertura segura. La compañía confirmó igualmente que ninguno de sus trabajadores directos resultó lesionado, una noticia particularmente valiosa en medio de la emergencia.

Quibdó, por su cercanía con el epicentro y por las características de parte de su infraestructura urbana, también afrontó una situación especialmente compleja. La emergencia afectó viviendas, instituciones educativas y diferentes edificaciones de la ciudad, obligando a extremar las evaluaciones de seguridad. Para complejos como El Caraño, el desafío no es simplemente volver a abrir las puertas: es recuperar la confianza de clientes y comerciantes en una ciudad donde numerosas familias todavía enfrentan las consecuencias del desastre.

Armenia y Pereira conforman igualmente un corredor comercial que recibió un fuerte impacto. En la capital risaraldense la gravedad de los daños urbanos hizo que las evaluaciones fueran especialmente cuidadosas. Centros como Parque Arboleda y Pereira Plaza, entre otros, tuvieron que adaptar su funcionamiento a una ciudad que todavía atendía emergencias, restricciones de movilidad y evaluaciones estructurales. Sin embargo, las señales de recuperación son alentadoras. Pereira Plaza, por ejemplo, vuelve a reportar actualmente numerosos establecimientos abiertos y mantiene programación comercial, evidenciando que el proceso de normalización ya está en marcha.

Un segundo conjunto corresponde a centros comerciales que enfrentaron cierres preventivos, inspecciones o afectaciones principalmente locativas, pero que pudieron regresar progresivamente a la actividad. En Manizales, pese a la magnitud del terremoto, el comportamiento de buena parte de la infraestructura comercial fue positivo. La propia Alcaldía informó el 10 de agosto que, entre los establecimientos comerciales evaluados inicialmente, únicamente uno reportaba daños totales y recomendó suspender preventivamente actividades mientras avanzaban las verificaciones.

Hoy complejos como Cable Plaza y Fundadores muestran nuevamente actividad comercial y programación. Cable Plaza mantiene sus horarios de funcionamiento y anuncia actividades para los próximos días, mientras Fundadores presenta tiendas, servicios y cartelera activa. Es una señal positiva de la capacidad que tuvieron estos inmuebles para superar en pocos días la fase inicial de evaluación y regresar a su papel de lugares de encuentro de la comunidad.

En Pereira y Armenia también existen centros que, luego de revisiones y cierres preventivos, han ido recuperando progresivamente servicios, comercio, supermercados y establecimientos financieros. Es importante distinguir entre un centro comercial cerrado y la suspensión individual de determinadas tiendas, bancos o servicios: durante estos primeros días se han presentado numerosos casos en los cuales el complejo funciona mientras algunos establecimientos internos mantienen restricciones preventivas.

Un tercer grupo está compuesto por los centros comerciales en los cuales no se han conocido daños estructurales de consideración y cuya operación ha podido continuar o reanudarse rápidamente. En Cali, complejos como Jardín Plaza, Unicentro, Chipichape y Único muestran signos claros de recuperación de la actividad. La situación de estos activos contrasta con la de otras edificaciones de la ciudad severamente afectadas por el terremoto y demuestra, además, la importancia que han tenido durante las últimas décadas la ingeniería, las normas de construcción y los protocolos de evacuación y emergencia

Algo similar se observa en Manizales y en diferentes activos comerciales del Valle del Cauca. La industria tiene, por supuesto, mucho que aprender de esta tragedia, pero hay también una conclusión favorable: la infraestructura moderna de centros comerciales mostró, en términos generales, un buen comportamiento frente a un movimiento sísmico extraordinariamente fuerte.

Pero quizás la mejor respuesta del sector no está únicamente en sus edificios. La industria colombiana de centros comerciales volvió a demostrar que su papel trasciende el arrendamiento de locales y la generación de tráfico comercial. Muchos complejos se transformaron rápidamente en puntos de recepción, clasificación y movilización de ayudas para las poblaciones damnificadas.

Más de 40 centros comerciales se vincularon como puntos de recepción de donaciones dentro de las acciones coordinadas alrededor de “Colombia, un solo corazón”, mientras otros activos desarrollaron iniciativas propias o en alianza con fundaciones, organizaciones sociales y gremios. El Parque Comercial El Tesoro, por ejemplo, se vinculó a campañas junto con Acecolombia, Fundación Saciar y Corporación Presentes y habilitó espacios para recibir ayudas.

La campaña nacional “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, se convirtió en uno de los canales de articulación entre Gobierno, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos para recolectar y movilizar asistencia hacia las regiones afectadas. En sus primeros días ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria, además de agua, medicamentos, combustible, equipos de energía y elementos para los albergues.

Aquí aparece nuevamente una característica histórica de nuestra industria: los centros comerciales son plazas de ciudad. Y cuando la ciudad sufre, esas plazas pueden convertirse también en lugares para ayudar.

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Desde el punto de vista económico es inevitable anticipar una reducción del tráfico durante las primeras semanas posteriores al terremoto en las ciudades más afectadas. Existen razones evidentes. Miles de familias están concentradas hoy en resolver necesidades básicas, revisar sus viviendas, atender familiares, reorganizar sus finanzas o enfrentar restricciones temporales de movilidad. A ello se suma un factor emocional: después de un terremoto de esta magnitud y de numerosas réplicas, el consumidor necesita recuperar la confianza antes de regresar plenamente a los espacios de alta concentración de personas.

Por eso, sería equivocado medir el desempeño de agosto o incluso parte de septiembre utilizando los patrones normales de visitas y ventas, este efecto será principalmente coyuntural.

El Gobierno Nacional ya anunció un plan de articulación con empresas constructoras, gremios, entidades territoriales y el sistema financiero para iniciar la reconstrucción de las viviendas afectadas, inicialmente dirigido a unas 44.000 familias damnificadas. A medida que avancen la reconstrucción, la normalización de los servicios públicos, la movilidad y la recuperación de las viviendas, también regresará progresivamente la vida cotidiana.

Y dentro de esa normalidad estarán nuevamente los centros comerciales.

Supermercados, droguerías, restaurantes, moda, entretenimiento, servicios financieros y comercio especializado hacen parte de la vida económica de estas ciudades. Por ello creemos que, superada la fase más difícil de la emergencia, los tráficos tenderán a normalizarse y las ventas podrán recuperar la dinámica que venían mostrando antes del terremoto.

Incluso la reconstrucción producirá gradualmente una mayor demanda en categorías asociadas con materiales, hogar, mobiliario, electrodomésticos, servicios y reposición de bienes perdidos, aunque sería equivocado interpretar ese fenómeno como una compensación frente a la tragedia humana y económica que hoy viven miles de colombianos.

Reparar, abrir nuevamente y seguir creyendo

Finalmente, desde Mall & Retail queremos expresar nuestra admiración a los empresarios, propietarios, comerciantes, administradores, trabajadores y proveedores que apenas unos días después de la tragedia ya están reparando cielos rasos, fachadas, vitrinas, redes, locales y zonas comunes; limpiando escombros, realizando inspecciones de ingeniería y preparando sus espacios para recibir nuevamente a las comunidades.

Cada local que vuelve a levantar su persiana representa empleos que continúan. Cada centro comercial que reabre significa cientos de comerciantes recuperando actividad y miles de familias regresando gradualmente a su cotidianidad.

El terremoto del 10 de agosto dejará profundas lecciones para Colombia y para nuestra industria. Habrá que revisar protocolos, seguros, planes de continuidad, diseños, rutas de evacuación y capacidad de respuesta. Pero también deja una certeza: los centros comerciales colombianos han demostrado capacidad de resistencia, solidaridad y una enorme voluntad de recuperación.

A todos los empresarios que hoy están reconstruyendo les expresamos nuestro respeto y admiración. Muy pronto volverán a estar operando plenamente, con las mismas ganas, el mismo empuje y la misma fe en Colombia que históricamente han caracterizado a esta industria.

Porque reconstruir un centro comercial no consiste solamente en reparar un edificio. También significa ayudar a que una ciudad vuelva a ponerse de pie.

En cuanto al crecimiento económico, la proyección para 2026 mejoró levemente situándose en 2,5 %, frente al 2,4 % que se pronosticaba en julio. Los analistas también estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3,1 % en el segundo trimestre de 2026; aunque es menos que el 3,5 % medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), supera la proyección realizada previamente. Para el trimestre siguiente, las expectativas se mantienen estables. La mediana esperada para el PIB en 2027 es de 2,3 %, dentro de un rango entre 2,1 % y 2,7 %.

En lo relativo a la inflación, la cifra anual observada en julio (6,03 %) fue inferior a lo previsto por los analistas (6,21 %). Para agosto de 2026, se proyecta una inflación de 6,10 %, y de cara a diciembre, podría cerrar en 6,53 %, ligeramente por debajo de la proyección previa. A pesar de estas revisiones a la baja, la inflación sigue fuera del rango meta planteado por el Banco de la República, que se ubica entre 2 % y 4 %. Hacia agosto de 2027, los pronósticos apuntan a una desaceleración paulatina, con una inflación de 5,50 %.

La tasa de cambio también mostró movimientos relevantes: al cierre de julio se ubicó en 3.132 pesos, con una apreciación mensual de 9 %. Para agosto se prevé un leve aumento a 3.150 pesos, mientras que la expectativa para final de año es de 3.300 pesos, inferior a la estimación previa de 3.440 pesos, lo que refleja una mayor confianza en la estabilidad del peso frente al dólar.

En materias primas, el precio del petróleo Brent cerró en julio en 90,1 dólares por barril, superando la proyección de 85 dólares. Para diciembre de 2026, los pronósticos lo ubican alrededor de los 80,1 dólares, estable frente al mes anterior.

En cuanto a los factores de inversión, la política fiscal fue considerada el aspecto más relevante por el 56 % de los analistas, seguida por la política monetaria y otros factores internos y externos. En el mercado accionario, Ecopetrol resultó ser la acción más atractiva, con el 52,5 % de las preferencias de los expertos, seguida por Grupo Argos, Corficolombiana y CIBEST.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico de Colombia para 2026 y 2027, según la Encuesta de Opinión Financiera?

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la proyección de crecimiento económico para Colombia en 2026 es de 2,5 %, lo que representa una leve mejora respecto al 2,4 % estimado anteriormente. Para 2027, la mediana de los analistas sitúa el crecimiento en 2,3 %, dentro de un rango que oscila entre 2,1 % y 2,7 %.

¿Por qué la inflación en Colombia sigue fuera del rango objetivo del Banco de la República?

Según la Encuesta de Opinión Financiera y datos observados, aunque la inflación anual ha mostrado ligeras correcciones a la baja, en julio se ubicó en 6,03 % y para diciembre de 2026 se proyecta en 6,53 %. Estas cifras todavía superan el rango meta definido por el Banco de la República, que es de 2 % a 4 %, debido a factores que mantienen presionados los precios en el país, según las previsiones de los analistas citadas por Fedesarrollo.

Rivas Herazo ya cuenta con un historial relevante dentro de la Superintendencia Financiera. Entre los años 2013 y 2017, se desempeñó en diferentes cargos en esta entidad, específicamente en áreas dedicadas a la regulación y supervisión del sector. Para febrero de 2017, era director legal para intermediarios financieros, posición desde la cual manejaba los aspectos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la intermediación financiera en Colombia.

La formación de Rivas Herazo está basada en la Universidad de los Andes, donde obtuvo el título de abogado, además de una especialización en Legislación Financiera y una maestría en Derecho Privado. Su perfil profesional se caracteriza por la combinación de experiencia en el sector público colombiano, sólida formación jurídica y trayectoria en instituciones internacionales.

Antes de asumir su nuevo cargo, Rivas trabajó en el Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales más importantes en el ámbito global. Esta experiencia le ofrece una perspectiva internacional sobre temas de regulación y supervisión financiera, lo que representa un valor agregado para su gestión en Colombia.

En el ámbito académico, Rivas fue autor en 2016 de un artículo en la Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, titulado “La inclusión del bitcóin en el marco de la soberanía monetaria y la supervisión por riesgos en Colombia”. En ese texto abordó los riesgos asociados a las monedas virtuales, como el lavado de activos y los riesgos operativos y de mercado, además de discutir posibles alternativas regulatorias. Este conocimiento cobra especial relevancia en la actualidad, dada la creciente digitalización de los servicios financieros y la aparición de activos digitales que dificultan la labor de supervisión tradicional.

El nombre de Rivas Herazo ya se había tenido en cuenta en anteriores procesos para cargos estratégicos en la estructura económica del Estado, como la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF), responsable de preparar normativas para el sistema financiero, asegurador y el mercado de valores. Como superintendente financiero, le corresponderá liderar la estrategia institucional, así como definir políticas y procedimientos para la vigilancia de las entidades controladas. Además, asumirá un papel crucial en la supervisión de conglomerados financieros, lo que resulta fundamental para la estabilidad del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Pablo Andrés Rivas Herazo, el nuevo superintendente financiero de Colombia?

Pablo Andrés Rivas Herazo es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Legislación Financiera y maestría en Derecho Privado. Tiene experiencia en la Superintendencia Financiera entre 2013 y 2017 y ha trabajado en el Banco de Inglaterra, además de tener publicaciones académicas relevantes sobre regulación de activos digitales. Su perfil combina experiencia nacional, conocimiento jurídico y proyección internacional.

¿Cuáles serán las funciones de Pablo Andrés Rivas Herazo como superintendente financiero?

Como superintendente financiero de Colombia, Rivas Herazo tendrá la responsabilidad de vigilar bancos, aseguradoras, fiduciarias y otros participantes del sistema financiero nacional. También deberá definir políticas, metodologías y procedimientos de supervisión, liderar la estrategia institucional y garantizar la estabilidad mediante la supervisión de conglomerados financieros, según informó Blu Radio.

La iniciativa busca modificar el Estatuto Tributario para que los comerciantes y prestadores de servicios no tengan que soportar este descuento anticipado cuando sus ventas sean pagadas mediante estos medios electrónicos.

El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2026 por el representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño, del Centro Democrático, y propone adicionar un nuevo artículo 365-1 al Estatuto Tributario. Su alcance, sin embargo, es específico: no elimina el impuesto de renta ni cambia la obligación de declarar los ingresos, sino que busca retirar la retención especial que se practica sobre estas operaciones.

La retención en la fuente no es, en términos generales, un impuesto adicional que el comerciante deba pagar definitivamente. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado recibe por anticipado una parte del impuesto que posteriormente debe liquidar el contribuyente.

En este caso, la exposición de motivos explica que la retención especial del 1,5 % recae actualmente sobre los pagos o abonos en cuenta que reciben comerciantes y prestadores de servicios cuando sus clientes utilizan tarjetas de crédito o débito.

Un ejemplo permite entender el efecto. Si un comercio realiza una venta de $1 millón y el pago se procesa mediante una tarjeta, una retención del 1,5 % representa $15.000 que no recibe inmediatamente el establecimiento. Ese dinero funciona como anticipo de su obligación tributaria y posteriormente se cruza con el impuesto de renta que corresponda.

La propuesta establece que los pagos realizados mediante tarjetas de crédito o débito por la venta de bienes o la prestación de servicios, cuando constituyan ingresos tributarios para el beneficiario, “no están sometidos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta”.

Esto significa que el cambio estaría dirigido específicamente a las ventas de bienes y servicios. No se trata de eliminar de manera general todas las retenciones relacionadas con las tarjetas.

El proyecto también deja expresamente vigente la autorretención en la fuente para los contribuyentes que estén obligados a practicarla. Es decir, un comerciante que tenga esa obligación tributaria no dejaría de cumplirla simplemente porque una venta haya sido pagada con tarjeta.

Además, los pagos realizados mediante tarjetas por conceptos diferentes a la venta de bienes o prestación de servicios continuarían sometidos al régimen general de retención que corresponda.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa está relacionado con la coexistencia de diferentes mecanismos de retención.

La exposición de motivos señala que la DIAN ha sostenido en distintos pronunciamientos que la retención practicada por la entidad relacionada con el pago con tarjeta no reemplaza necesariamente la retención general que corresponda practicar sobre la misma operación.

Para un pequeño comerciante, el efecto puede ir más allá del descuento inicial. La iniciativa sostiene que esta situación puede generar saldos a favor que posteriormente deben solicitarse en devolución o compensación ante la DIAN, trámites que pueden representar una carga administrativa adicional.

La propuesta parte de un cambio importante en el sistema de pagos colombiano. La exposición de motivos señala que la retención especial nació en 2001, cuando el artículo 17 del Decreto 406 de ese año estableció la tarifa del 1,5 % sobre los pagos y abonos realizados mediante estos sistemas. Posteriormente, estas reglas quedaron compiladas en el Decreto 1625 de 2016.

Este es uno de los puntos más importantes para entender la propuesta. Eliminar la retención no significa eliminar el impuesto de renta sobre las ventas.

El propio proyecto señala que los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios mediante tarjeta seguirían siendo gravados y declarables. Lo que desaparecería sería el mecanismo mediante el cual una parte del impuesto se recauda anticipadamente al momento del pago.

La exposición de motivos también sostiene que el impacto sobre el recaudo final sería limitado porque la retención es un anticipo que posteriormente se descuenta del impuesto liquidado. En ese sentido, la eliminación modificaría principalmente el momento del recaudo y el flujo de caja del contribuyente, más que la obligación tributaria definitiva.

No obstante, el documento reconoce que la eliminación de un mecanismo vigente desde 2001 puede tener impacto fiscal y señala que la DIAN no publica de manera desagregada cuánto del recaudo total por retención en la fuente corresponde específicamente a esta retención sobre pagos con tarjetas.

Dentro de las medidas también se contempla la opción de, con recursos asegurados, subsidiar algunos salarios y hasta aportes a salud y pensiones.

La medida del gobierno de la Espriella prevé el diseño de un mecanismo temporal para sufragar una parte de los salarios y de los aportes de los trabajadores de las zonas más afectadas por el terremoto.

“El propósito directo de esta medida es garantizar el mantenimiento y la protección de los puestos de trabajo en las zonas afectadas”, indica el decreto que ya se aplica.

Trabajadores independientes podrían tener subsidio del gobierno de la Espriella por terremoto

La entrega de subsidios no se limitará únicamente a las micro y pequeñas empresas; el dinero busca proteger el tejido del empleo formal de manera más amplia.

Así mismo, se lee en el decreto que esta medida busca que el despido forzoso no sea aplicado, entendiendo que se justifica bajo la legislación ordinaria (específicamente los artículos 51 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo) como única salida legal ante una catástrofe.

Para evitar este escenario, el gobierno de De la Espriella anuncia la adopción de medidas extraordinarias y transitorias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los aportantes afectados “en lo que respecta a las contribuciones parafiscales y de seguridad social, buscando preservar la sostenibilidad del sistema de protección social”.

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Finalmente, el decreto de emergencia económica también plantea opciones para trabajadores independientes o por cuenta propia, al establecerse la entrega de una transferencia económica extraordinaria.

En el caso de los créditos de consumo, la tasa se fijó en 10 % efectivo anual, y se habilitaron microcréditos en las mismas condiciones para trabajadores independientes de las zonas afectadas. Estos recursos podrán destinarse a capital de trabajo, reposición de inventarios y fortalecimiento del flujo de caja, beneficiando a más de 13.000 personas.

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Para las empresas, se activó una línea de crédito que busca acompañar la recuperación de hasta 13.500 compañías. La financiación se ofrecerá con tasa equivalente al IBR + 0, sin margen adicional, y plazos de hasta 36 meses. Los recursos podrán usarse en continuidad de operaciones, reactivación de negocios y protección del empleo.

Los entes territoriales también tendrán acceso a condiciones especiales: tasa de IBR + 0 %, plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses. El objetivo es facilitar proyectos de infraestructura, salud, educación y movilidad en los municipios y departamentos afectados.

“La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos. Por eso estamos acompañando los esfuerzos liderados por el Gobierno Nacional, pero también hemos decidido ir más allá, movilizando capacidades desde nuestro negocio y desde la Fundación Bancolombia”, expresó Juan Carlos Mora, presidente de la entidad.

La Fundación Bancolombia, a través de la campaña #UnidosPorColombia, ha recaudado más de $8.300 millones en 44.000 donaciones de empleados, clientes y empresas. Estos recursos se han destinado a salud en Risaralda y Valle del Cauca, alimentación en Quindío, atención hospitalaria en Caldas y procesos de vivienda en Chocó.

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“Es nuestra manera de contribuir a la recuperación de los hogares, al fortalecimiento del tejido productivo y a la reconstrucción de los sueños de miles de colombianos”, añadió Mora.

Entre los aportes más relevantes destaca la donación conjunta de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas aliadas, que anunciaron COP 100.000 millones para atender a las víctimas y fortalecer la recuperación de las comunidades golpeadas. A esto se suma la recaudación liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que logró reunir COP 201.637 millones a través de compañías como Postobón, D1, Juan Valdez, Quala, Ecopetrol, Organización Ardila Lülle, Grupo Éxito y Olímpica. En la misma línea, el Grupo Argos confirmó que contribuirá a la emergencia con COP 1.000 millones por medio de su fundación, empleando el mecanismo ‘Obras por Impuestos’.

La lista de donantes continúa con ProAntioquia y sus empresas vinculadas, que aportarán COP 200.000 millones para la reconstrucción. ProPacífico, que agrupa empresas del Valle del Cauca, comprometió COP 220.000 millones dirigidos específicamente a la recuperación de Cali, el norte del Valle del Cauca y Buenaventura, las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Estos gestos, calificados por De la Espriella como “extraordinarios”, han sido resaltados como ejemplos de solidaridad y patriotismo nacional.

El presidente también reconoció el respaldo de empresarios individuales. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo donó COP 200.000 millones y los filántropos Jaime Gilinski y Raquel Kardonski sumaron COP 150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. David Vélez, CEO y fundador de Nubank, confirmó COP 100.000 millones para beneficiar directamente a familias damnificadas. Una empresa anónima aportó el mismo monto y el Grupo Tecnoquímicas (TQ) destinó COP 50.000 millones. Bavaria se sumó con COP 12.000 millones, mientras Drummond comprometió una donación de USD 1,5 millones (COP 4.580 millones), todos canalizados en la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda.

A estos aportes se añade el esfuerzo de Tiendas ARA, que junto a BBVA y Glencore, completó una donación de COP 55.000 millones. Finalmente, el Grupo Bolívar y Davivienda confirmaron COP 110.000 millones para contribuir al proceso de reconstrucción. Estas acciones colectivas evidencian la respuesta del sector privado ante la emergencia, en un proceso que, aunque significativo, aún demanda esfuerzos adicionales para cubrir la totalidad de las necesidades del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero han donado las empresas colombianas para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con la información revelada por el presidente Abelardo de la Espriella, la suma global de las donaciones de empresas y empresarios colombianos supera los COP 1,5 billones. Esta cifra representa aproximadamente el 5 % del monto total estimado necesario para financiar la reconstrucción integral de las zonas afectadas por el sismo.

¿Qué empresas y empresarios lideran los aportes solidarios para la emergencia en Colombia?

Entre los principales donantes destacan la Fundación Santo Domingo, Valorem, Andi y sus afiliadas, ProAntioquia, ProPacífico, Grupo Argos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Jaime Gilinski, Raquel Kardonski, David Vélez (Nubank), el Grupo Tecnoquímicas, Bavaria, Drummond, Tiendas ARA, BBVA, Glencore, el Grupo Bolívar y Davivienda. Cada uno ha hecho aportes significativos para apoyar la atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción, con recursos destinados a la rehabilitación de escuelas, hospitales y comunidades enteras.