Uno de los pilares de esta propuesta es el sistema silvopastoril, que consiste en integrar especies de árboles, arbustos y pastos dentro de las fincas ganaderas, generando entornos más biodiversos y resilientes. De acuerdo con cifras de FEDEGÁN, estos sistemas colaboran en la captura de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono (CO2), la recuperación de suelos, reducción de emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), mejoran la adaptación al cambio climático y permiten la conservación de ecosistemas. Además, reducen la temperatura ambiente y aumentan la porosidad de los suelos gracias a la acción de la fauna edáfica, es decir, los organismos que viven en el suelo.

El programa Ganadería Colombiana Sostenible, apoyado por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la ONG The Nature Conservancy (TNC), así como instituciones nacionales, demostró su impacto en cinco grandes regiones de Colombia. Según el balance publicado por FEDEGÁN, cerca de 4.100 fincas de 12 departamentos participaron en la iniciativa, abarcando aproximadamente 160.000 hectáreas. Particularmente, la experiencia del valle del río Cesar contó con 934 fincas involucradas y una siembra conjunta de 58.847 hectáreas. En el marco del proyecto, se sembraron 3,8 millones de árboles, contribuyendo con la mitigación de 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Vale destacar que la carne obtenida bajo estos sistemas presenta una mayor concentración de omega 3, sin necesidad de fungicidas, herbicidas ni abonos químicos, lo que le otorga ventajas comerciales y puede alcanzar precios hasta un 30 % superiores en los mercados internacionales. El valor ecológico de la ganadería sostenible en Colombia fue subrayado en la revista Science, según Lafaurie Rivera. Además, la relevancia de los sistemas silvopastoriles fue reconocida por la organización Project Drawdown como la novena mejor solución para revertir el calentamiento global.

Finalmente, la presentación en Francia enfatizó el papel clave de la ganadería sostenible para el bienestar animal, la economía de las familias ganaderas y la consolidación de Colombia como un referente internacional en producción amigable con la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ganadería sostenible y cómo funciona el sistema silvopastoril en Colombia?

La ganadería sostenible es un modelo productivo que busca equilibrar la producción de carne y leche con la protección ambiental. En Colombia, el sistema silvopastoril, pilar de esta práctica, integra árboles y arbustos en los potreros para mejorar la biodiversidad, capturar gases de efecto invernadero y restaurar suelos, haciendo compatible la actividad ganadera con la conservación de los ecosistemas.

¿Cuáles han sido los resultados del programa Ganadería Colombiana Sostenible según FEDEGÁN?

De acuerdo con cifras de FEDEGÁN, el programa Ganadería Colombiana Sostenible involucró cerca de 4.100 fincas en 12 departamentos, sembrando 3,8 millones de árboles en aproximadamente 160.000 hectáreas. Esto permitió mitigar 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y generó productos más nutritivos y con mayor valor comercial gracias a prácticas agropecuarias respetuosas con el medioambiente.

El tamaño empresarial de esta categoría también comienza a hacerse más visible. De acuerdo con el Mapa Nacional del Retail 2026, en la categoría Casinos, elaborado por Mall & Retail, Winner Group ocupó el primer lugar con ingresos de $737.326 millones en 2025, 12,7% más que el año anterior. En la segunda posición se ubicó Aladdin Hotel & Casino, con ventas de $97.837 millones y un crecimiento de 15,1%. Super Nuevo Milenio, sociedad vinculada a Vicca Group, registró ingresos de $75.549 millones, pese a una caída de 8,9%, mientras Codere alcanzó $74.989 millones, con un aumento de 5,7%, completando así el Top 4 del sector.

En conjunto, estas cuatro compañías facturaron cerca de $985.701 millones, y Winner Group representó aproximadamente el 75% de ese total. La diferencia de escala es significativa: sus ingresos fueron más de siete veces los de Aladdin y casi diez veces los de Codere.

El mercado puede entenderse hoy a partir de tres escenarios: casinos en centros comerciales, establecimientos a pie de calle y juego online. Este último ha transformado la industria al llevar apuestas deportivas, tragamonedas y ruletas directamente al teléfono celular. Si el consumidor puede jugar desde cualquier lugar, el casino físico necesita ofrecer razones adicionales para justificar el desplazamiento.

En ese punto los centros comerciales adquieren relevancia. Seguridad, parqueaderos, accesibilidad, restaurantes, servicios y horarios extendidos conforman una infraestructura difícil de replicar para una sala independiente. El casino puede incorporarse dentro de una jornada con otros propósitos, como almorzar, hacer mercado, comprar o ir al banco. Para el operador amplía las razones de visita; para el mall incorpora una categoría capaz de generar permanencia.

Winner Group constituye el ejemplo más visible. La compañía, perteneciente al grupo internacional CIRSA, opera marcas como Broadway, Hollywood, Río, Caribe, Condado, Rock’n Jazz y Havana, con presencia en complejos como Andino, Gran Estación, Plaza de las Américas, Bulevar Niza, Metrópolis, Oviedo, Mayorca, Chipichape y Jardín Plaza.

Vicca Group ha construido una estrategia similar mediante marcas como Zamba e Ipanema, con presencia en Unicentro Bogotá, Salitre Plaza, Santafé, Portal 80, Plaza de las Américas, La Estación en Ibagué y diferentes complejos de Barranquilla.

Codere también mantiene presencia en Colombia a través de marcas como Crown, Mundo Fortuna y Fantasía Royal. Aladdin, por su parte, registró en 2025 el mayor crecimiento porcentual entre los cuatro operadores analizados. Más allá de estas compañías, los más de 400 operadores autorizados muestran que el negocio tiene una estructura mucho más fragmentada de lo que sugieren las marcas más conocidas.

También se observa una participación importante de consumidores maduros y adultos mayores en las salas físicas, particularmente alrededor de las tragamonedas. Mientras parte del público joven ha trasladado las apuestas hacia plataformas digitales, determinados consumidores continúan valorando la experiencia presencial y el entretenimiento fuera del hogar.

Para los centros comerciales, este comportamiento abre una oportunidad de análisis. Más allá de la renta que paga el operador, sería relevante conocer qué tráfico genera, cuánto tiempo permanece ese visitante dentro del complejo y cuánto consume posteriormente en restaurantes, cafeterías, supermercados u otras categorías. Esa información permitiría medir con mayor precisión el verdadero aporte de un casino al ecosistema comercial.

Existe además un atributo menos evidente: la discreción. Una visita directa a un casino localizado sobre una vía identifica claramente el propósito del desplazamiento. En un centro comercial, la persona puede llegar por múltiples motivos y convertir el juego en una actividad adicional dentro de su recorrido.

El crecimiento del juego online no implica necesariamente la desaparición de los establecimientos físicos. Ambos formatos responden a necesidades distintas. El canal digital ofrece inmediatez y acceso permanente; la sala presencial aporta ambiente, entretenimiento fuera del hogar y conexión con otras actividades. El desafío estará en fortalecer aquellos atributos que no pueden reproducirse completamente desde una pantalla.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “los ingresos cercanos a $986.000 millones que sumaron en 2025 Winner Group, Aladdin, Super Nuevo Milenio y Codere muestran que estamos frente a una categoría empresarial de gran tamaño. Para los centros comerciales, el verdadero valor estará en comprender mejor a ese consumidor y medir cómo una visita al casino se traduce en permanencia, tráfico y consumo dentro de otras categorías del mall”.

Los resultados de 2025 confirman que los casinos conservan una dimensión económica relevante dentro del entretenimiento colombiano. Para la industria de centros comerciales, su interés radica en su capacidad para atraer públicos específicos, extender tiempos de permanencia e integrarse con otras actividades. En una etapa en la que los malls buscan nuevas experiencias y razones de visita, esta categoría seguirá ocupando un espacio importante dentro de la discusión sobre el futuro del tenant mix.

La iniciativa contempla bonos digitales de $ 200.000 para redimir en Tiendas D1, Ara, Éxito y Carulla.

La estrategia busca promover el uso de las llaves de Bre-B y ofrecer oportunidades de ahorro en las compras de mercado, un gasto importante para los hogares colombianos.

Según cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y la firma Raddar, las familias destinaron el 38,30 % de sus ingresos a la compra de alimentos en 2024, con un gasto promedio de $ 890.342 por hogar.

La campaña estará vigente entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los usuarios acumularán puntos por cada transacción de dinero que reciban en sus cuentas de ahorro de Banco de Bogotá mediante Bre-B.

Quienes obtengan los puntajes más altos podrán ganar los bonos digitales para utilizarlos en los supermercados participantes.

Para participar, es necesario ser mayor de edad, tener una cuenta de ahorros activa en Banco de Bogotá habilitada para operar con Bre-B, recibir dinero mediante este sistema durante la vigencia de la campaña y mantener actualizados los datos de contacto registrados en la entidad.

Esa experiencia temprana explica buena parte de su forma de dirigir: entender primero cómo se construye, cuánto cuesta, qué riesgos existen y qué capacidades técnicas se requieren antes de avanzar hacia proyectos de mayor escala.

En una reciente conversación en el podcast Real Estate by Mis Propias Finanzas, Martínez volvió sobre esa filosofía empresarial, destacando la importancia de crecer paso a paso, rodearse de buenos equipos y proteger la estabilidad financiera de la compañía.

Martínez comenzó su carrera directamente en obra. Mientras estudiaba arquitectura realizó una práctica en una constructora y permaneció allí durante siete años. Esa experiencia temprana explica buena parte de su forma de dirigir: entender primero cómo se construye, cuánto cuesta, qué riesgos existen y qué capacidades técnicas se requieren antes de avanzar hacia proyectos de mayor escala. Esa aproximación práctica terminó convirtiéndose en uno de los pilares de Arquitectura & Concreto.

A partir de allí, la compañía fue ampliando progresivamente su participación en el mercado inmobiliario colombiano. Vivienda, oficinas, comercio, servicios e infraestructura fueron creando una plataforma empresarial que hoy acumula más de tres décadas de experiencia. En centros comerciales, esa evolución es especialmente visible porque Arquitectura & Concreto ha participado en algunos de los desarrollos que marcaron distintas etapas de crecimiento del sector.

Proyectos como Parque Comercial El Tesoro, Centro Mayor, Viva Envigado, Viva Barranquilla, Parque Fabricato y Nuestro Bogotá forman parte de ese recorrido. Cada uno respondió a momentos diferentes de la evolución del retail inmobiliario colombiano: primero grandes complejos regionales, después mayor incorporación de gastronomía y entretenimiento y, más recientemente, proyectos capaces de integrar distintos usos dentro de una misma centralidad urbana.

Ese aprendizaje acumulado está llevando a Arquitectura & Concreto hacia una nueva posición dentro del negocio. La compañía ya no aparece únicamente como constructor de centros comerciales desarrollados por terceros. Su portafolio actual muestra una participación creciente en estructuración, gerencia, desarrollo, comercialización e inversión, una transformación que amplía su exposición al riesgo, pero también su capacidad para capturar valor durante todo el ciclo inmobiliario.

La magnitud de esta apuesta adquiere mayor relevancia al observar el Mapa de Nuevos Proyectos de Centros Comerciales elaborado por Mall & Retail para el periodo 2026-2028. Dentro de este inventario de desarrollos de gran escala, Arquitectura & Concreto aparece vinculada a iniciativas con capacidad de transformar la oferta comercial de ciudades como Cartagena, Barranquilla, Rionegro y Pasto. Más allá del número de proyectos, el portafolio refleja una lectura territorial del crecimiento: nuevas oportunidades están surgiendo en corredores urbanos en expansión, ciudades intermedias y zonas donde el comercio organizado todavía tiene espacio para desarrollarse.

Kristal Mall Cartagena representa hoy la expresión más avanzada de esa nueva visión. El proyecto se desarrolla sobre un lote cercano a los 200.000 m² y contempla aproximadamente 120.000 m² construidos, 63.000 m² de GLA comercial y una laguna de alrededor de 21.000 m². Más que un centro comercial convencional, su concepto busca convertirse en un destino capaz de combinar compras, gastronomía, entretenimiento y turismo.

La innovación está precisamente en esa mezcla. El proyecto incorpora zonas de entretenimiento interior y exterior, restaurantes, servicios, componentes de hospitalidad y otros usos complementarios alrededor de la laguna. La intención es aumentar las razones de visita y extender el tiempo de permanencia, una variable cada vez más relevante para una industria que compite con comercio electrónico, espacios urbanos abiertos, plataformas de entretenimiento y nuevas formas de consumo.

La comercialización alcanzada antes de la apertura constituye otra señal importante. Kristal Mall reportaba más del 60% de su GLA comercial vinculado, más de 135 locales comercializados y más de 115 marcas confirmadas. Para un proyecto de estas dimensiones, ese nivel de avance permite evaluar tempranamente la aceptación del concepto entre comerciantes y operadores, antes de que el consumidor final tenga contacto con el activo.

Detrás del proyecto existe también una decisión estratégica sobre la propiedad. Arquitectura & Concreto plantea conservar una participación relevante sobre el área comercial, acompañada de una gestión centralizada del activo. Esa estructura busca evitar la fragmentación excesiva de la propiedad, mantener mayor control sobre la mezcla comercial y tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo, aspectos determinantes cuando el objetivo es preservar valor y capacidad de transformación durante décadas.

La visión Kristal podría tener una segunda prueba en Barranquilla. El proyecto planteado sobre el entorno del Gran Malecón contempla cerca de 58.000 m² de GLA, 307 locales, aproximadamente 1.700 parqueaderos y una laguna de 10.000 m². Su localización responde a una lógica diferente a la de Cartagena: capturar el crecimiento inmobiliario que se está produciendo alrededor del río Magdalena y acompañar la creación de una nueva centralidad urbana.

Esa decisión ilustra otro rasgo de la estrategia de Martínez: identificar sectores donde el desarrollo residencial pueda convertirse posteriormente en demanda comercial. Miles de nuevas viviendas previstas en el corredor del Gran Malecón entre 2027 y 2031 podrían generar una base de consumidores que hoy todavía no existe completamente, convirtiendo al centro comercial en parte de un proceso más amplio de consolidación urbana.

Pasto presenta una oportunidad de naturaleza distinta. Arquitectura & Concreto estudia allí un desarrollo de aproximadamente 43.000 m² de GLA, 153 locales y más de 1.200 parqueaderos, acompañado por potenciales componentes de hotelería, salud y servicios. La tesis de inversión parte de una oferta comercial por habitante inferior a la registrada en otras capitales y de la posibilidad de atraer también consumidores procedentes del sur del país y de Ecuador.

X-Oriente completa otra pieza del portafolio. El crecimiento residencial y empresarial del corredor Rionegro-Llanogrande-Aeropuerto José María Córdova está creando una nueva centralidad en Antioquia. La oportunidad no depende exclusivamente de la población actual de Rionegro, sino de un territorio cada vez más conectado con Medellín y con una concentración creciente de vivienda, empresas, hotelería, salud y servicios.

La transformación de Ventura Plaza en Cúcuta introduce un enfoque diferente. En lugar de desarrollar un activo desde cero, la estrategia consiste en ampliar y densificar un centro comercial ya consolidado incorporando nuevos componentes inmobiliarios. Este tipo de proyectos podría ganar importancia en Colombia porque permite aprovechar tráfico existente, reconocimiento de marca, infraestructura instalada y ubicaciones difíciles de replicar.

La suma de estas iniciativas muestra que Arquitectura & Concreto está avanzando hacia un modelo donde el centro comercial deja de ser una pieza aislada. Comercio, vivienda, turismo, salud, oficinas, entretenimiento y gastronomía empiezan a funcionar como partes de un ecosistema inmobiliario cuya rentabilidad depende de múltiples fuentes de demanda.

En ese cambio aparece uno de los rasgos más importantes del liderazgo de Francisco Martínez: la capacidad de evolucionar sin abandonar la disciplina financiera que caracterizó sus primeros años. Su insistencia en crecer “paso a paso” no significa necesariamente crecer lentamente, sino hacerlo cuando la organización tiene conocimiento, capital, socios y estructura suficientes para soportar proyectos cada vez más complejos.

La reputación constituye otra parte de ese modelo. En un negocio donde compradores, bancos, inversionistas, propietarios de tierra, marcas y proveedores comprometen recursos durante periodos prolongados, la confianza puede convertirse en una ventaja competitiva. Arquitectura & Concreto ha logrado transformar décadas de ejecución en acceso a nuevos proyectos, capital y alianzas, un activo especialmente importante cuando el mercado atraviesa periodos de menor actividad.

También existe una lectura contracíclica. Martínez considera que los momentos difíciles pueden abrir oportunidades para las compañías que llegan con liquidez, experiencia y capacidad de ejecución. Esa filosofía ayuda a entender por qué Arquitectura & Concreto continúa estructurando proyectos de gran escala mientras buena parte del sector inmobiliario colombiano todavía enfrenta los efectos de la desaceleración reciente.

El verdadero alcance de esta nueva etapa se medirá durante los próximos años. Kristal Mall Cartagena deberá demostrar si el concepto de shopping resort puede funcionar comercialmente en Colombia. Barranquilla permitirá evaluar su capacidad de replicación. Pasto pondrá a prueba la tesis de crecimiento en mercados subatendidos, mientras X-Oriente y Cúcuta mostrarán hasta dónde puede llegar la integración de usos dentro de nuevas centralidades urbanas.

Francisco Martínez comenzó construyendo edificios. Más de tres décadas después, el desafío empresarial de Arquitectura & Concreto es considerablemente más amplio: identificar ciudades, estructurar activos, atraer marcas, integrar usos, conservar participación en la propiedad y administrar proyectos capaces de seguir generando valor después de su inauguración.

Para la industria colombiana de centros comerciales, esa evolución resulta especialmente relevante. La próxima generación de desarrollos probablemente se definirá menos por el tamaño y más por su capacidad para convertirse en destinos, conectarse con nuevas dinámicas urbanas y generar diferentes motivos de visita. Arquitectura & Concreto está apostando precisamente por ese modelo.

El almuerzo pasó de costar aproximadamente $15.505 en octubre de 2025 a cerca de $18.980 en octubre de 2026.

Entre los alimentos que más impulsaron el incremento están la papa y el tomate.

La porción de papa aumentó 220,9 %, al pasar de $196 a $628, mientras que el tomate subió 109,1 %, desde $537 hasta $1.123. Estos incrementos estarían relacionados con factores de oferta y mayores precios al productor.

Otros ingredientes también registraron alzas importantes. La mora de Castilla aumentó 57,4 %, hasta $1.586 por porción, y las chatas de res subieron 18,58 %, alcanzando $10.786.

El fríjol y el huevo también se encarecieron, mientras que el arroz y el plátano bajaron de precio.

El aumento de los alimentos también presiona el costo de vida. En septiembre, la inflación anual de este grupo pasó de 6,13 % a 6,79 %.

Además, el fenómeno de El Niño y los mayores costos de transporte podrían generar nuevas alzas en los próximos meses, afectando el presupuesto de los hogares colombianos.

La operación, que todavía no se ha formalizado mediante una oferta, podría convertirse en la mayor adquisición de la historia del sector de restaurantes, con una valoración cercana a los US$ 41.000 millones.

La iniciativa estaría relacionada con Brian Niccol, actual consejero delegado de Starbucks, quien dirigió Chipotle entre 2018 y 2024, antes de asumir el liderazgo de la compañía de café.

Durante su gestión anterior, Niccol impulsó el crecimiento de la cadena mexicana, que posteriormente perdió cerca de la mitad de su valor de mercado.

La posibilidad de una adquisición provocó movimientos en la bolsa estadounidense.

Las acciones de Chipotle subieron alrededor de 6 %, mientras que los títulos de Starbucks retrocedieron cerca de 4 % durante la jornada mencionada en el reporte. Starbucks cuenta con una capitalización bursátil aproximada de US$ 103.000 millones.

De concretarse, la operación superaría ampliamente el récord anterior del sector de restaurantes, establecido en 2014, cuando Burger King adquirió la cadena canadiense Tim Hortons por US$ 11.400 millones.

La eventual compra permitiría a Starbucks ampliar su negocio más allá de las bebidas y fortalecer su presencia en el mercado de alimentos preparados. Sin embargo, por ahora, la iniciativa sigue siendo una posibilidad analizada y no un acuerdo confirmado entre las compañías.

Entre las iniciativas que los gremios tienen previsto presentar destacan el fortalecimiento de infraestructuras clave como el aeropuerto Perales en Ibagué y el aeropuerto Santiago Vila en Flandes. También abordarán proyectos de conectividad vial, como el corredor entre Ibagué y Cajamarca, y la definición del tramo de Boquerón, parte fundamental de la vía Bogotá-Girardot. Adicionalmente, se mencionan el Centro Multipropósito, la Central de Abastos del Tolima y el Centro Logístico y de Acopio, conocido por sus siglas como CLAP. Estas propuestas buscan mejorar tanto la competitividad como la conectividad regional, asuntos considerados prioritarios para el desarrollo del Tolima, según la versión de Efraín Valencia compartida en la programación del día.

La agenda de la jornada empresarial arrancará a las 9:00 a. m. en la cámara de comercio de Ibagué, con la participación de representantes de las cámaras de comercio, gremios económicos y miembros del comité universidad-empresa-estado, según lo previsto en el cronograma oficial. Un segundo encuentro se desarrollará al mediodía en el club campestre, donde entre 80 y 100 empresarios de sectores como comercio, turismo, agropecuario y textil interactuarán con el vicepresidente. Además, se programaron actividades que involucran el sector energético y una visita a Pajonales, en Ambalema, para complementar el diálogo con actores del territorio.

Paralelamente a los temas de infraestructura, empresarios y gremios presentarán inquietudes relacionadas con la zona económica y social especial (ZESE), así como sobre incentivos tributarios y la recuperación de actividades que han sido golpeadas recientemente por incendios forestales. De acuerdo con Valencia, los desafíos actuales para el Tolima incluyen la desaceleración en la construcción, aumento del costo de vida y dificultades en sectores fundamentales para la economía local.

Efraín Valencia subrayó que el Tolima cuenta con la estrategia 'Tolima Centro de Inversión', mediante la cual se han identificado proyectos de inversión por cerca de 20 billones de pesos en sectores como educación, energías limpias, comercio y turismo. Las expectativas de los gremios apuntan a que los encuentros con el gobierno nacional permitan avanzar en la concreción de estas iniciativas, abriendo oportunidades para fortalecer la economía del departamento y facilitar la creación de empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos económicos presentados por los gremios del Tolima al vicepresidente?

Entre los principales proyectos sobresalen la modernización del aeropuerto Perales en Ibagué, el aeropuerto Santiago Vila en Flandes, el corredor vial Ibagué-Cajamarca y el tramo de Boquerón en la vía Bogotá-Girardot. También destacan el Centro Multipropósito, la Central de Abastos del Tolima y el Centro Logístico y de Acopio (CLAP), enfocados en mejorar la conectividad y competitividad de la región, según detalló Efraín Valencia.

¿Qué significa la Zona Económica y Social Especial (ZESE) en el contexto empresarial del Tolima?

La zona económica y social especial (ZESE) se refiere a un esquema de incentivos tributarios y favorecimientos económicos que busca estimular la actividad empresarial y la creación de empleo en regiones específicas. En el caso del Tolima, los gremios la consideran fundamental para la recuperación de sectores productivos afectados y para dinamizar la economía regional.

La apertura a la baja responde a un entorno global de mayor apetito por riesgo y menor presión cambiaria, favorecido por una pausa en el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el repunte de los futuros de Wall Street y una corrección en los precios del petróleo tras señales de desescalada entre Washington y Teherán.

(Vea también: Cómo funciona la tasa de cambio en Colombia y cuál es su impacto en el valor del peso frente al dólar)

¿Por qué el dólar en Colombia está cayendo otra vez?

Analistas de JP Tactical Trading y Credicorp Capital señalan que el sentimiento internacional encontró alivio luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, descartara un ataque militar contra Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre.

A su vez, el mandatario mencionó avances diplomáticos con el país de Medio Oriente, lo que moderó los precios del crudo hacia los US$102,87 en el barril Brent y los US$90,58 en el WTI.

Paralelamente, el índice DXY se estabiliza en torno a las 102,31 unidades, mientras los mercados bursátiles descuentan menores tensiones y el sector tecnológico lidera los avances tras asimilar los datos vinculados a la industria de inteligencia artificial.

El precio del dólar en Colombia registra una nueva jornada de caídas y se acerca de nuevo al piso de $3.100.

En América Latina las divisas presentan un comportamiento mixto: el real brasileño se deprecia tras conocerse una inflación anual de 4,58 % en Brasil, el peso chileno retrocede y el peso mexicano preserva su sesgo alcista.

En el panorama local, los operadores continúan monitoreando la confirmación oficial del fenómeno de El Niño por parte de las autoridades meteorológicas en el país, además de evaluar el impacto macroeconómico del reciente dato de inflación de septiembre (que fue de 6,29 % anual y 0,37 % mensual).

Desde la perspectiva del dólar, los analistas mencionados señalan que el mercado presenta un rango intradiario de negociación estimado entre $3.174 y $3.258, con un pivote clave en $3.225.

Si bien las coberturas de muy corto plazo encuentran una franja de compra habitual entre $3.200 y $3.220, sus modelos advierten que, si durante la sesión se consolida una mayor presión vendedora, se mantendrá un monitoreo riguroso sobre la zona de los $3.130.

En Valledupar, de acuerdo con el informe del DANE, tres sectores encabezaron los incrementos: Salud, que presentó el mayor aumento con 10,64 %; seguido de Educación, con un 9,12 %; y Restaurantes y hoteles, con un 8,75 %. Esto significa que los hogares vallenatos han sentido una presión significativa principalmente en esos rubros. Por otra parte, el sector Transporte mostró el menor crecimiento inflacionario anual con apenas 0,95 %, lo que representa una menor afectación en ese gasto básico.

El informe también señala que otros servicios fundamentales, como Alojamiento, agua, electricidad y gas, tuvieron una variación del 5,91 %. En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento anual fue del 6,97 %, mostrando que los productos esenciales para la alimentación superaron el promedio nacional. Estos detalles evidencian las tendencias de gasto en la región, donde algunos rubros superan la inflación anual de la ciudad y pueden afectar de distinta manera a los habitantes, de acuerdo con el DANE.

A nivel nacional, el comportamiento inflacionario de septiembre fue impulsado principalmente por el aumento en Educación (1,43 %) y en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78 %), siendo estas las únicas categorías que se ubicaron por encima del promedio mensual del país, el cual fue de 0,37 %. Al comparar a Valledupar con otras capitales, la ciudad no registra ni las cifras más altas ni las más bajas. Según el DANE, Medellín y Armenia encabezaron la lista del costo de vida anual más elevado, mientras que Pasto (5,05 %) y Riohacha (4,53 %) se destacaron por las menores variaciones en el período analizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que más influyeron en la inflación de Valledupar según el DANE?

De acuerdo con el DANE, en Valledupar el sector de Salud fue el que más impactó la inflación anual, registrando una variación del 10,64 %. Le siguieron Educación con 9,12 % y Restaurantes y hoteles con 8,75 %, lo que evidencia que el aumento de precios en estos sectores presionó el costo de vida de los habitantes durante el último año.

¿Cómo se compara la inflación en Valledupar con otras ciudades de Colombia?

Según el informe del DANE, Valledupar reportó un IPC anual de 5,68 %, posición intermedia entre las ciudades del país. Medellín y Armenia presentaron los mayores costos de vida, mientras que Pasto y Riohacha reflejaron las menores variaciones en todo el periodo, situándose con un IPC anual del 5,05 % y 4,53 % respectivamente.

Según las estimaciones citadas por La República, la inflación podría acercarse al 7 % al cierre de 2026, mientras que la productividad laboral estaría entre 1 % y 2 %.

Con estos parámetros, varios representantes empresariales consideran que el incremento debería ubicarse entre 8 % y 9,5 %.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostuvo que el ajuste debe corresponder a la inflación más la ganancia en productividad certificada por el DNP y el Dane. Camilo Sánchez, de Andesco, coincidió y planteó un rango de hasta 9,5 %.

Otros gremios también pidieron moderación. Colfecar habló de un máximo de 8 %, mientras Fedetranscarga estimó que podría llegar hasta 9,5 %.

Desde sectores como el agropecuario, azucarero, ganadero y de hidrocarburos insistieron en evitar aumentos que puedan afectar la competitividad y el empleo formal.

La discusión formal continuará el 13 de octubre en la Comisión Tripartita. Además, el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre las demandas contra el decreto que estableció el aumento de 23,7 % para 2026, decisión que podría modificar el escenario de negociación.

En términos simples, la tasa de cambio nominal indica cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un dólar estadounidense. Este indicador trasciende lo técnico y repercute de manera directa en el día a día de los ciudadanos y en la estabilidad de la economía nacional.

Las modificaciones en la tasa de cambio nominal se traducen en dos consecuencias clave: depreciación y apreciación. Cuando la tasa de cambio sube, el peso colombiano se deprecia. Esto significa que se necesita una mayor cantidad de pesos para obtener un dólar. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este fenómeno encarece las importaciones, pues los productos comprados en el exterior requieren más pesos para ser pagados. Por el contrario, cuando la tasa baja, el peso se aprecia, ya que se necesitan menos pesos para comprar un dólar, abaratando así los productos importados pero afectando la competitividad de los exportadores colombianos.

Para medir de manera oficial estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según Noticiero 90 Minutos, esta tasa se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas provenientes de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por moneda colombiana realizadas el mismo día. En este proceso participan los bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

Es indispensable que estas transacciones sean de cumplimiento inmediato para que sean incluidas en el cálculo de la TRM. De acuerdo con la cifra proporcionada, en el momento el valor de referencia es: 1 dólar = 3.218,75 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio en Colombia a la economía nacional?

La variación de la tasa de cambio impacta en la economía nacional a través de la depreciación y la apreciación del peso colombiano, tal como explica Noticiero 90 Minutos. La depreciación encarece las importaciones, mientras que la apreciación facilita la compra de productos extranjeros, aunque puede afectar la competitividad de los exportadores.

¿Qué significa la sigla TRM y cómo se calcula en Colombia?

La sigla TRM corresponde a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado en Colombia. Según Noticiero 90 Minutos, la TRM se calcula como el promedio aritmético simple de todas las tasas ponderadas en las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas en el mismo día por entidades financieras supervisadas.

Vélez abre en Panamá su flagship más importante de Latinoamérica y mira hacia Estados Unidos; Decathlon acelera aperturas en Colombia; H&M prepara una nueva tienda de más de 2.100 metros cuadrados en Medellín; PriceSmart estructura su llegada a Cartagena y Homecenter confirma su presencia en Kristal Mall. Son compañías de categorías, tamaños y modelos de negocio diferentes, pero sus movimientos empiezan a dibujar una tendencia común: las marcas están volviendo a tomar posiciones para el crecimiento.

(Lea también: Están cerrando tiendas de H&M en varios países, pero en Colombia pasa algo extraño; ¿Estrategia?)

El contexto ayuda a entender el momento. Colombia cerró durante el primer semestre el ciclo electoral presidencial de 2026, cuya segunda vuelta se realizó el 21 de junio. Al mismo tiempo, la actividad económica viene mostrando señales de crecimiento: el PIB aumentó 3,5% en el segundo trimestre y las ventas reales del comercio minorista crecieron 5,3% anual en julio, o 7,3% si se excluyen combustibles. La confianza del consumidor, aunque retrocedió en agosto frente a julio, permaneció en terreno positivo con un balance de 15,5%.

El panorama continúa teniendo desafíos. La inflación anual se ubicó en 6,24% en agosto, por encima del 5,10% registrado doce meses atrás. Esto significa que el nuevo ciclo de expansión no ocurre en un escenario libre de presiones sobre los hogares y los costos empresariales. Precisamente por ello, las decisiones recientes resultan relevantes: varias compañías están comprometiendo capital con horizontes de mediano y largo plazo.

Vélez: de Colombia hacia las Américas

Uno de los movimientos más simbólicos lo protagoniza Vélez. La compañía colombiana inauguró en Multiplaza Panamá un flagship de 592 metros cuadrados, el más importante de la marca en Latinoamérica. Después de 23 años de operación en ese mercado, Panamá deja de ser únicamente otro país dentro de su red internacional y adquiere un papel como plataforma para la siguiente etapa de crecimiento.

La marca cuenta allí con nueve tiendas físicas, comercio electrónico y otros canales digitales, mientras su operación internacional ya se extiende a siete mercados latinoamericanos. El siguiente territorio en el radar es Estados Unidos. Juan Raúl Vélez, presidente de la compañía, ha señalado a Panamá como un punto de conexión con consumidores locales, regionales e internacionales desde el cual la firma puede avanzar hacia nuevos mercados.

La dimensión de la tienda también revela cómo está cambiando la expansión. Crecer ya no significa únicamente multiplicar puntos de venta. El nuevo flagship incorpora personalización de productos, asesoría mediante personal shopper, experiencias vinculadas con moda, arte y artesanía y una propuesta de total look. La tienda física empieza a justificar la inversión por su capacidad de construir marca, experiencia y relación con el consumidor.

Decathlon acelera en Colombia

Si Vélez representa la internacionalización de una marca colombiana, Decathlon muestra el camino contrario: una multinacional aumentando su apuesta por Colombia.

La compañía francesa acaba de abrir en Santafé Bogotá y proyecta completar cinco aperturas durante 2026, el mayor número realizado por la empresa en un solo año en el país. Después de Unicentro Bogotá y Santafé Medellín, la compañía tiene previstas otras dos operaciones antes de finalizar el año. La red alcanzaría 22 tiendas, además de su isla comercial de Ibagué.

Detrás de esa expansión existe escala. Decathlon comercializa alrededor de siete millones de unidades anuales en Colombia, registra ventas superiores a 100 millones de euros y continúa aumentando su empleo directo. Su estrategia también confirma algo importante para la industria de centros comerciales: aunque el canal digital forma parte del modelo, la tienda continúa siendo una pieza central de la penetración territorial de las grandes marcas.

Medellín vuelve a atraer grandes formatos

Otra señal llega desde Premium Plaza, que confirmó la llegada de H&M con una tienda de 2.132 metros cuadrados. El proyecto contempla una inversión superior a $15.000 millones y se convierte en una operación relevante por el tamaño del local y por su impacto en la recomposición comercial del centro comercial.

El caso resulta interesante porque una marca internacional de moda vuelve a comprometer un área considerable dentro de un centro comercial existente. En una industria donde durante años se discutió la reducción de formatos, la optimización de metros cuadrados y el crecimiento digital, operaciones superiores a 2.000 metros evidencian que las ubicaciones correctas siguen teniendo capacidad de atraer inversiones de gran formato.

PriceSmart pone a Cartagena en su mapa

El proceso también comienza a extenderse hacia nuevos mercados regionales. PriceSmart adelanta la estructuración de su undécimo almacén en Colombia, proyectado para Cartagena sobre un terreno cercano a 20.000 metros cuadrados y cuya entrada en operación estaría prevista hacia finales de 2027 o comienzos de 2028. Actualmente la compañía tiene diez clubes en el país.

Por las características de su modelo, una apertura de PriceSmart supone una decisión distinta a la de una tienda tradicional. Requiere suelo de gran tamaño, infraestructura, logística y una base suficiente de consumidores para alimentar un modelo de membresías. Su llegada a Cartagena constituye, por ello, una señal sobre el potencial que las grandes cadenas identifican en el crecimiento de esa ciudad y su área de influencia.

Homecenter acompaña la expansión urbana de Cartagena

También en Cartagena, Homecenter confirmó una tienda de 5.000 metros cuadrados de área construida en la primera etapa de Kristal Mall, proyecto desarrollado por Arquitectura & Concreto. Con su vinculación, el complejo reporta cerca de 60% de su área comercializada, 135 locales y alrededor de 110 marcas comprometidas.

Aquí aparece otra dimensión de la expansión del retail: las marcas siguiendo el crecimiento de las ciudades. La zona norte de Cartagena concentra nuevos proyectos residenciales, desarrollos inmobiliarios y población flotante. En ese contexto, categorías asociadas con mejoramiento y dotación del hogar encuentran demanda ligada directamente a la formación de nuevos hogares.

¿Qué están diciendo realmente las marcas?

Analizados individualmente, Vélez, Decathlon, H&M, PriceSmart y Homecenter podrían parecer simplemente cinco anuncios corporativos. Observados en conjunto muestran algo más interesante.

Vélez habla de internacionalización. Decathlon habla de densificación de su red. H&M apuesta nuevamente por grandes superficies dentro de centros comerciales. PriceSmart abre una nueva ciudad para su formato y Homecenter acompaña un corredor de desarrollo inmobiliario.

Son estrategias diferentes, pero todas requieren una decisión previa: invertir.

El retail suele anticipar los ciclos económicos porque una tienda que abre hoy comenzó a estudiarse meses —y muchas veces años— atrás. Primero vienen los análisis de mercado, tráfico, consumo, renta, competencia y retorno; después aparecen la negociación inmobiliaria, el diseño, la construcción y finalmente la apertura.

Por eso, quizá la señal más importante para la industria colombiana durante este segundo semestre de 2026 no sea una inauguración específica. Es la coincidencia de varias compañías tomando posiciones simultáneamente.

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El nuevo ciclo todavía tiene variables económicas por resolver y cada marca continuará evaluando cuidadosamente ubicación, productividad por metro cuadrado y capacidad de consumo. Sin embargo, el lenguaje empresarial está cambiando.

Después de una etapa marcada por la prudencia, las marcas vuelven a hablar de nuevas ciudades, nuevas tiendas, nuevos mercados y mayores formatos.

Y cuando las marcas empiezan a hablar de expansión, la industria inmobiliaria comercial debería escuchar.

La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito formal sin eliminar por completo el límite a los intereses.

Según Ximena Cadena, investigadora de Fedesarrollo, los cambios metodológicos aplicados en 2023 redujeron el límite de la usura y provocaron una caída de entre 9 % y 13 % en la cartera de consumo.

Esto habría significado entre 1,5 y 2 millones menos de créditos al año, especialmente para personas consideradas de mayor riesgo.

La propuesta surge en medio del debate impulsado por David Vélez, fundador de Nubank, quien ha planteado eliminar la tasa de usura para facilitar el acceso al financiamiento. Fedesarrollo, sin embargo, propone una alternativa intermedia.

La entidad plantea separar los créditos de consumo de los comerciales, mantener la protección para usuarios de tarjetas y préstamos personales, y permitir reglas diferentes para empresas.

También propone excluir créditos subsidiados y crear categorías según el riesgo y el monto solicitado.

El objetivo es que los bancos puedan cobrar tasas acordes con el riesgo sin generar cobros abusivos, reduciendo la exclusión financiera y el uso de préstamos informales como el “gota a gota”.

Más allá del número de tiendas o de la presencia de una marca en los centros comerciales, permite conocer quiénes son los principales jugadores, cuánto crecen, qué participación tienen, cuál es su rentabilidad y qué tan sólida es su estructura financiera.

La edición 2026 analiza 410 empresas y marcas con presencia relevante en centros comerciales, organizadas en siete macrosectores y 22 categorías comerciales.

A partir de sus estados financieros se comparan ingresos operacionales en 2025, crecimiento frente a 2024, ganancias o pérdidas, activos, pasivos y patrimonio. Es una radiografía que permite entender quién vende más, quién gana participación y cuáles modelos de negocio están respondiendo mejor al nuevo consumidor.

En esta oportunidad analizamos una de las categorías de mayor relevancia para la industria de centros comerciales: restaurantes.

El contexto ayuda a dimensionar su importancia. La comida fuera del hogar continúa ocupando una participación relevante dentro del presupuesto de los hogares colombianos.

Durante 2025, esta categoría movilizó mensualmente varios billones de pesos y mantuvo un peso cercano al 8% dentro del gasto de los hogares. Sin embargo, la evolución real del consumo fue mucho más moderada que el incremento nominal, como consecuencia de una inflación todavía elevada en alimentos preparados fuera del hogar.

Esto significa que el crecimiento de las grandes cadenas debe analizarse también desde aperturas, precios, productividad, nuevos canales y captura de participación frente a operadores independientes.

Las 60 empresas de restaurantes analizadas por el Mapa Nacional del Retail alcanzaron ingresos operacionales cercanos a $9,19 billones en 2025, frente a $8,19 billones un año atrás, para un crecimiento de 12,1%.

Como suele ocurrir en muchos mercados, buena parte de la atención termina concentrándose en los cinco primeros lugares: Frisby, Crepes & Waffles, El Corral, McDonald’s y KFC. Sin embargo, detrás de ellos aparece un segundo grupo empresarial cuya dimensión merece una mirada independiente.

Entre las posiciones 6 y 15 se encuentran Archie’s/Domino’s, Andrés Carne de Res, Wok, Cóctel del Mar, Delucca, Takami, Il Forno/Wajaca/Mocata, Parmessano, Leños & Carbón y Presto. En conjunto facturaron $1,857 billones en 2025, frente a $1,611 billones en 2024, un crecimiento de 15,3%, superior tanto al 12,1% registrado por las 60 compañías como al 14,1% alcanzado por el Top 5. Este bloque representa por sí solo el 20,2% de los ingresos de las 60 empresas analizadas.

La sexta posición muestra el tamaño que han alcanzado algunas compañías que operan más de una enseña. Archie’s/Domino’s registró ingresos por $389.112 millones, con un aumento de 21,3%. La combinación resulta competitivamente interesante: Archie’s participa en casual dining, mientras Domino’s compite desde pizza, conveniencia, domicilio y alta frecuencia. La escala impulsa los ingresos, aunque la compañía cerró 2025 con una pérdida de $5.780 millones, recordando que expansión y rentabilidad no necesariamente avanzan al mismo ritmo.

Andrés Carne de Res presenta un modelo completamente diferente. Con ingresos por $245.954 millones, crecimiento de 11,3% y utilidades cercanas a $22.793 millones, consigue una de las rentabilidades más altas entre las compañías de este segmento. Su fortaleza no depende de una red masiva de establecimientos, sino de la capacidad de convertir gastronomía, entretenimiento y experiencia en una misma propuesta. El caso demuestra que en restaurantes la productividad y el valor de cada ubicación pueden ser tan importantes como la cantidad de puntos abiertos.

Wok también muestra que una red relativamente concentrada puede alcanzar una escala relevante. La compañía facturó $204.739 millones en 2025 y creció 10,7%, apoyada en una propuesta especializada, una marca consolidada y una presencia principalmente concentrada en Bogotá y Chía. Su caso resulta especialmente interesante porque demuestra que la expansión nacional no es la única vía para construir volumen: la productividad por restaurante, la fidelización y la diferenciación también pueden sostener el crecimiento.

Cóctel del Mar ocupa la novena posición con ingresos de $191.636 millones y un crecimiento de 17,6%, uno de los más altos del grupo. Le sigue Delucca con $176.628 millones y un avance de 8,9%, mientras Takami llegó a $172.789 millones, creciendo 15,3%. En este último caso, la estrategia se distancia del modelo tradicional de una sola marca: el grupo ha desarrollado múltiples conceptos gastronómicos, permitiéndole diversificar ocasiones de consumo y públicos sin depender del crecimiento de una única enseña.

Desde las regiones también aparecen jugadores de escala importante. La Receta, operador de Il Forno, Wajaca y Mocata, alcanzó $127.086 millones y creció 8,9%. Su expansión demuestra cómo una compañía construida inicialmente desde Antioquia puede ganar dimensión nacional combinando conceptos complementarios y una presencia creciente en centros comerciales y corredores de alta actividad comercial.

La mayor sorpresa del segmento fue Parmessano. Sus ingresos pasaron de $86.579 millones a $120.363 millones, un incremento de 39%, el más alto entre las posiciones 6 y 15. El resultado confirma el potencial de las marcas regionales consolidadas cuando comienzan a ampliar su presencia hacia nuevos mercados, especialmente Bogotá y otras grandes ciudades.

El cierre del grupo también entrega señales relevantes. Leños & Carbón facturó $119.650 millones, creció 12,4% y obtuvo utilidades por $8.762 millones, mientras Presto alcanzó $109.078 millones y avanzó 9,2%. Sin embargo, Presto terminó el ejercicio con pérdidas por $6.349 millones, mostrando nuevamente que capilaridad, ventas y rentabilidad son variables que deben analizarse de manera separada.

La lectura conjunta deja una conclusión importante. Mientras el Top 5 concentra el 55,3% de los ingresos de las 60 empresas analizadas, las posiciones 6 a 15 aportan otro 20,2%. Así, apenas 15 operadores reúnen cerca de tres cuartas partes de la facturación empresarial observada en esta muestra. Detrás de esa concentración conviven modelos muy diferentes: redes nacionales, conceptos regionales, operadores multimarca, restaurantes experienciales y compañías concentradas geográficamente.

Para los centros comerciales, esta diversidad tiene especial importancia. La gastronomía se ha convertido en una herramienta de generación de tráfico, permanencia y diferenciación del mix comercial, y varias de estas compañías todavía tienen espacios importantes de expansión. El análisis muestra que mirar únicamente las cinco marcas de mayores ingresos deja por fuera una parte sustancial de la transformación que está ocurriendo en el negocio.

Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, los resultados muestran que una parte importante de esa transformación está ocurriendo precisamente más allá de las cinco marcas que tradicionalmente concentran la atención. “El crecimiento de los operadores ubicados entre los puestos 6 y 15 evidencia que el mercado colombiano está desarrollando una segunda línea de jugadores con escala, capacidad de expansión y propuestas cada vez más diferenciadas. Para los centros comerciales, entender quiénes están creciendo, dónde están expandiéndose y qué tan rentables son será fundamental para anticipar la nueva configuración de la oferta gastronómica”.

Más allá de identificar quién ocupa cada posición, este ejercicio confirma el valor de analizar el mercado desde una perspectiva más amplia. Empresas que pueden permanecer fuera del radar cotidiano de los medios ya tienen una dimensión suficiente para influir en la competencia, transformar el mix de los centros comerciales y disputar una porción creciente del gasto en comida fuera del hogar.

El gobierno De la Espriella ya ha fijado su postura: la definición deberá centrarse en una discusión técnica que cuide el bolsillo de los trabajadores, pero que también considere la inflación y la salud de las empresas.

(Lea también: FENALCO solicita al Consejo de Estado la nulidad del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia)

Sin embargo, los analistas locales señalan que el salario mínimo en Colombia para 2027 deberá tener en cuenta otras consideraciones propias de una coyuntura económica que requiere especial atención y medidas de protección.

ANIF explicó, en un documento reciente, que el proceso de ajuste salarial comenzará con la instalación formal de la mesa de negociación. Posteriormente, hacia finales de noviembre, se conocerán y discutirán las estimaciones de productividad laboral y, a comienzos de diciembre, se presentará el dato de inflación de noviembre, así como los demás insumos sobre crecimiento económico, mercado laboral y perspectivas macroeconómicas.

Las otras variables que se deben tener en cuenta al definir el salario mínimo en Colombia para 2027

“En años anteriores, esta etapa ha contado con la participación del DANE, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios de Hacienda, Trabajo y Comercio”, recuerda ANIF.

ANIF explica que el salario mínimo de 2027 deberá contribuir a preservar el poder adquisitivo, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de la creación de empleos informales que generó el incremento de 2026.

Por otro lado, deberá prestarse atención a las presiones inflacionarias “por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo”, explica el documento.

(Recomendado: Salario mínimo en Colombia del 2027 se definiría solo teniendo en cuenta estas variables)

“A todo lo anterior se suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina, sino también en el pago de pensiones, en un escenario de gran estrechez fiscal”, concluye la asociación.

Rafael Rumbo, productor en la zona rural de Mariangola, comenta que las lluvias recientes son puntuales y llegan después de una sequía prolongada que ha complicado el desarrollo de pasturas suficientes. Explica que lo poco que brota es consumido de inmediato por el ganado necesitado. En sus palabras: “Lo poco que puede retoñar, como no hay pasturas, el ganado lo arrasa nuevamente por su necesidad de supervivencia”. De acuerdo con su testimonio, mantener abiertos varios potreros es una estrategia para ampliar la búsqueda de alimento, pero dificulta que las áreas se recuperen del desgaste anterior.

Por su parte, Eudes Garzón, ganadero en Bosconia, describe el fenómeno como “desiertos verdes”: terrenos donde hay brotes nuevos, pero sin la capacidad de alimentar a todo el hato. Señala que la preocupación no se centra solamente en los animales que mueren, sino en los que quedan débiles tras el verano y requieren tiempo y recursos para recuperarse.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha informado que, aunque se mantienen condiciones asociadas al fenómeno de El Niño —evento climático caracterizado por alteraciones en la cantidad de precipitaciones— esto no implica la ausencia total de lluvias. Sin embargo, anticipa para octubre precipitaciones inferiores a las normales en diversos sectores del Caribe, incluido el norte de Magdalena y Cesar, lo que agrava la situación de los productores.

En este contexto, muchos ganaderos han optado por vender cabezas de ganado antes de enfrentar la pérdida total por inanición. Rumbo relata que “animales que son para producir, para aprovecharlos, toca venderlos para sacrificio para que no se mueran”, reflejando así la presión económica al verse forzados a negociar en condiciones poco favorables y sin garantías de recuperación a corto plazo.

Proyectos alternativos, como el uso de hojas de yuca, sales mineralizadas y bebederos artesanales han sido implementados por productores como Mario Muñoz en Becerril para mantener a los animales. Sin embargo, reconocen que los bovinos no están en condiciones óptimas y la necesidad urgente es garantizarles comida suficiente.

Respecto a los precios en el mercado, los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que la carne de res aumentó 0,74 % en septiembre a nivel nacional. Adicionalmente, boletines como el del SIPSA han registrado caídas en los precios mayoristas de algunos productos derivados, pero esta situación responde a dinámicas regionales específicas y no a una mejoría homogénea en la cadena de suministros.

La recuperación de los animales es incierta, pues no existe un plazo fijo; depende de factores como la raza, el estado del bovino y la calidad del alimento disponible. Según Rumbo, hoy el esfuerzo se orienta a “tener alimento disponible para salvaguardar la vida de ellos”, mientras llega una solución estructural que les permita superar esta crisis.

¿Por qué los productores de Cesar venden ganado antes de que termine la recuperación de los pastos?

De acuerdo con testimonios recogidos por EL PILÓN, los productores se ven obligados a vender parte de su ganado porque los brotes recientes no satisfacen las necesidades alimenticias del hato y los costos de comprar y transportar comida son insostenibles. La urgencia económica y el riesgo de que los animales mueran por la falta de pastos los lleva a venderlos, incluso si la recuperación de los potreros sigue en proceso.

¿Qué significa tener “desiertos verdes” en las zonas ganaderas del Cesar?

La expresión “desiertos verdes” fue usada por el ganadero Eudes Garzón para describir terrenos donde, a pesar de que hay vegetación emergente posterior a las lluvias, no existe suficiente pasto o alimento para los animales. Es decir, la presencia de algo de verde en el paisaje no se traduce necesariamente en una mejora real para la alimentación del ganado.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, esta medida tiene consecuencias importantes en la dinámica exportadora del café, dado que Buenaventura concentra el 60,2 % de las exportaciones de café realizadas en lo corrido de 2026. Según la información entregada por el gremio, imponer este cobro implica una presión adicional sobre los costos de exportar café colombiano al mercado internacional. "Esta medida impone presión a los costos de exportación de nuestro producto", manifestó la Federación.

La organización reconoció la importancia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en Buenaventura, aspectos fundamentales para la operación eficiente del distrito y su puerto. Sin embargo, advirtió que el mecanismo establecido por el decreto introduce un costo extra a las actividades que dependen del comercio exterior, especialmente para quienes transportan mercancía a través de los terminales portuarios de la ciudad. Para la Federación, resulta necesario analizar el impacto real de la medida en vista de la alta participación del puerto en las exportaciones cafeteras nacionales.

Por esto, la entidad solicitó a la Administración Distrital una revisión del alcance y de los posibles efectos del decreto en los sectores productivos y exportadores del distrito. Además, la Federación destacó la importancia de abrir un espacio de diálogo entre las autoridades y los sectores involucrados antes de que la medida entre en vigor, con el objetivo de revisar sus repercusiones sobre las operaciones de comercio exterior que dependen del puerto de Buenaventura.

Finalmente, la Federación Nacional de Cafeteros enfatizó que la competitividad de las cadenas exportadoras —en especial la cafetera— depende de una logística eficiente y de costos que permitan mantener la presencia del producto en mercados internacionales. Por esta razón, consideró indispensable revisar la aplicación del cobro antes de que se implemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Federación Nacional de Cafeteros rechaza el cobro por tonelada de carga en Buenaventura?

La Federación Nacional de Cafeteros rechaza el cobro de $4.235 por tonelada de carga que establece el Decreto Distrital 0338 porque considera que impone una presión significativa sobre los costos asociados a la exportación de café, especialmente teniendo en cuenta que el 60,2 % de las exportaciones de café pasan por Buenaventura. Según la entidad, este nuevo costo puede afectar la competitividad del café colombiano y complica la operación logística de los exportadores.

¿Cuál es el impacto del Decreto Distrital 0338 en la cadena exportadora del café colombiano?

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el impacto del Decreto Distrital 0338 radica en que suma un costo adicional a la cadena logística del café que sale por los puertos de Buenaventura. La organización señaló que, dado el papel central de ese puerto en la exportación del producto, estas decisiones deben analizarse con detenimiento para evitar consecuencias negativas en las actividades de comercio exterior y en la competitividad internacional del café colombiano.

La operación contempla un conjunto de activos con una capacidad instalada total de 219 megavatios (MW). Estos activos comprenden cuatro centrales hidroeléctricas de tipo filo de agua —que utilizan el flujo natural del río sin necesidad de grandes embalses— y un complejo solar situado en la región Caribe. En detalle, las centrales hidroeléctricas incluidas son Amoyá, ubicada en Chaparral (Tolima); Barroso, en Salgar (Antioquia); Caruquia, en Santa Rosa de Osos (Antioquia); y Guanaquitas, ubicada entre los municipios de Santa Rosa de Osos y Gómez Plata (Antioquia). A este grupo se une el complejo fotovoltaico Bosques Solares de Bolívar 1-5, localizado en Sabanalarga (Atlántico).

De acuerdo con la información divulgada, las cuatro centrales hidroeléctricas aportan juntas 119 MW de capacidad, mientras que el complejo solar suma 100 MW provenientes de generación fotovoltaica. Importantes entidades financieras participaron en la financiación de esta adquisición, siendo Bancolombia responsable del 46,6 % de los recursos, en un grupo total de seis actores del sector financiero.

Según Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Negocios de Bancolombia, la finalidad de la operación va más allá de la simple transferencia de activos. Rosillo aseguró que el desarrollo sostenible solo se logra cuando actores diversos se unen en proyectos que generan valor en los territorios. También destacó que estos activos renovables seguirán respaldando el crecimiento del país, contribuyendo a la construcción de una economía cada vez más resiliente y mejor preparada para el futuro.

La relevancia de esta transacción radica en que el sector eléctrico colombiano está en un proceso de diversificación de su matriz de generación de energía, con un énfasis creciente en fuentes renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. Así, Altia fortalece un portafolio compuesto por activos en operación que suman tecnologías hidroeléctrica y solar, permitiendo una mayor independencia respecto a una única fuente de generación. Además, la adquisición garantiza la continuidad y el aporte al sistema eléctrico nacional de infraestructuras energéticas ya instaladas.

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¿Qué activos de energía renovable adquirió Altia en la operación con ISAGEN?

Altia adquirió un portafolio que incluye cuatro centrales hidroeléctricas de filo de agua (Amoyá, Barroso, Caruquia y Guanaquitas), además del complejo solar Bosques Solares de Bolívar 1-5, ubicado en Sabanalarga. En conjunto, estos activos suman una capacidad instalada de 219 megavatios, con 119 MW provenientes de las hidroeléctricas y 100 MW de generación solar.

¿En qué consistió la participación de Bancolombia en la financiación de la compra de activos renovables?

Bancolombia tuvo un rol clave en la financiación de la operación, aportando el 46,6 % de los recursos necesarios. Esta participación fue parte de un esquema de project finance, en el que seis entidades financieras contribuyeron a la adquisición por parte de Altia, permitiendo conservar e impulsar la infraestructura de energía renovable en Colombia.

FENALCO subrayó que los factores de inflación, productividad, crecimiento económico, participación de los salarios dentro del ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas no pueden considerarse criterios secundarios u opcionales. Por el contrario, la Federación remarcó que estos son elementos que deben analizarse con detenimiento antes de tomar una decisión definitiva sobre el salario mínimo. De acuerdo con lo afirmado por Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente del gremio, “el Gobierno anterior no podía apartarse de los criterios establecidos por el legislador”, indicando que incumplirlos debería ser razón suficiente para que el Consejo de Estado declare nulo el decreto impugnado.

Entre las críticas esbozadas por FENALCO figura la inclusión de una estimación conocida como “salario vital”, la cual, según la Federación, proviene de un estudio elaborado por funcionarios o colaboradores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gremio recalcó que este cálculo, aunque sugiere un aumento cercano al 22,7 %, no tiene carácter obligatorio ni normativo dentro de la legislación nacional. La inconformidad también abarca el hecho de que el Decreto 1469 de 2025 carece, a juicio del gremio, de una explicación clara sobre cómo se tuvieron en cuenta los factores exigidos por la ley para definir el incremento salarial.

La preocupación de FENALCO va más allá del porcentaje del aumento y se dirige especialmente al procedimiento seguido por el Gobierno anterior, así como a la ausencia de motivos explícitos que respalden la determinación adoptada. En sus alegatos, la Federación manifestó igualmente que cualquier declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado no debería afectar los derechos de los trabajadores que en la actualidad ya recibieron el nuevo salario. Citando un precedente de 2017, FENALCO recordó que el máximo tribunal anuló un decreto similar sin que eso condujera a la devolución de los salarios percibidos, lo que, según el gremio, preservaría la estabilidad jurídica de los trabajadores beneficiados.

Con la presentación de estos alegatos, FENALCO dejó en claro que, en su criterio, la nulidad serviría para restablecer la legalidad en la fijación de salarios mínimos y sentar bases claras para futuras decisiones, específicamente para el proceso de fijación salarial de 2027.

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¿Por qué FENALCO pidió la nulidad del Decreto 1469 de 2025 sobre el salario mínimo?

FENALCO pidió la nulidad del Decreto 1469 de 2025 porque considera que el Gobierno anterior no valoró todos los elementos que exige la ley al fijar el salario mínimo. Entre estos factores están la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación salarial y la capacidad empresarial. Según los alegatos, el Gobierno incumplió reglas fundamentales y apoyó su decisión en una estimación no vinculante del llamado “salario vital”, lo que motivó la solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado.

¿Qué pasaría con los trabajadores si se anula el aumento del salario mínimo de 2026?

De acuerdo con FENALCO, en caso de anularse el decreto que fijó el aumento, los derechos y salarios ya reconocidos a los trabajadores no se verían afectados. El gremio citó un precedente del Consejo de Estado de 2017, donde, pese a la anulación de otro decreto similar, los salarios devengados por los empleados no tuvieron que devolverse, garantizando así la protección de las situaciones jurídicas ya consolidadas.

La controversia gira en torno al Decreto Distrital 0338 de 2026, expedido por la Alcaldía de Buenaventura, que exige un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada de carga trasportada en los puertos distritales. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) también se opuso, sugiriendo suspender la aplicación del cobro hasta que se analicen sus efectos y los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que lo respaldan.

Según cifras de Colfecar, un tractocamión que transporte 30 toneladas tendría que desembolsar cerca de $127.050 adicionales en cada operación. Para este gremio, el nuevo cobro se suma a varios costos existentes como combustibles, peajes, trabajo y gastos financieros. Además, destacaron otras dificultades en la operación logística en la ruta Cali-Buenaventura, como bloqueos, problemas de seguridad, restricciones de movilidad y demoras por filas de hasta 25 kilómetros y esperas de ocho horas para acceder a los puertos. A esto se añade la saturación y problemas para manejar contenedores vacíos, que incrementan los costos y los tiempos de la operación.

Aunque Colfecar reconoció la necesidad de inversión e infraestructura en Buenaventura, reprochó que la solución sea imponer más cargas a los transportadores, generadores de carga y, en última instancia, a todos los ciudadanos. El gremio exigió conocer los estudios técnicos y financieros que sirvieron de base para la tarifa; también pidió transparencia sobre la destinación de los recursos, los proyectos que se financiarán y las entidades responsables.

Por otro lado, Colfecar advirtió que varias vías de acceso a Buenaventura pertenecen a corredores nacionales, gestionadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Además, argumentó que el sector ya realiza aportes importantes a la infraestructura vial a través del peaje de Loboguerrero y la sobretasa nacional al ACPM (aceite combustible para motores), destinados legalmente a obras de mantenimiento. Por esto, advirtió sobre una posible duplicidad de cobros. El gremio pidió suspender el decreto mientras se instala una mesa de concertación aceptada por la alcaldía local, para revisar todos los detalles antes de aplicar la medida.

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¿Por qué el Ministerio de Transporte y Colfecar rechazan el cobro por tonelada en Buenaventura?

El Ministerio de Transporte y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) se oponen al nuevo cobro decretado por el Distrito de Buenaventura porque lo consideran un factor que aumenta los costos de operación y pone en riesgo la competitividad del principal puerto comercial. Además, Colfecar advierte que ya existen múltiples cobros y problemas operativos que afectan los márgenes del transporte de carga.

¿En qué consiste el Decreto Distrital 0338 de 2026 sobre el pago por circulación de carga en Buenaventura?

El Decreto Distrital 0338 de 2026, expedido por la Alcaldía de Buenaventura, estableció un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada de carga transportada desde o hacia los puertos del distrito. El objetivo es recaudar recursos para obras, pero el sector transportador exige claridad sobre la metodología que definió la tarifa y el destino de los fondos.

La relevancia de la reunión, realizada en Puerto Antioquia, radica en el papel estratégico que esta infraestructura empieza a asumir para el comercio exterior en la región de Urabá, debido a su proximidad con zonas agrícolas y productivas de importancia para el país. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, subrayó especialmente la importancia de disminuir los tiempos logísticos, una variable determinante para productos perecederos. Gómez Amín declaró: “Control y agilidad no compiten, se potencian. Cada hora cuenta cuando hablamos de productos perecederos. Cada hora puede significar más frescura, menores costos y mayor competitividad”.

El Ministerio resalta que la localización de Puerto Antioquia facilita la movilización de mercancías agrícolas al reducir la distancia entre los lugares de producción y el punto de exportación. Entre los principales beneficiados estarían productos como el banano, el plátano, la gulupa, el aguacate, los cítricos y las flores, cuya exportación depende de una cadena logística eficaz que asegure conservación y calidad desde el origen hasta el destino internacional. Adicionalmente, la infraestructura portuaria permite la movilización de insumos industriales como el cartón, abriendo la posibilidad de nuevos destinos comerciales.

La estrategia contempla la creación de espacios de diálogo entre las autoridades, los operadores logísticos, productores y exportadores, con el objetivo de identificar áreas para simplificar procesos y elevar la eficiencia operativa. Según información oficial, la meta es reducir los tiempos dedicados a la exportación y consolidar condiciones que posibiliten la llegada de un mayor número de productos colombianos a los mercados internacionales. Esta iniciativa se inserta en el esfuerzo del Gobierno encaminado a potenciar la capacidad logística de Puerto Antioquia, aprovechando la significativa producción agrícola que caracteriza a Urabá.

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¿Cómo beneficia la estrategia de coordinación en Puerto Antioquia a los productos agrícolas colombianos?

La estrategia de coordinación anunciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo beneficia a los productos agrícolas al facilitar su transporte desde las zonas de producción hacia el puerto, disminuyendo tiempos logísticos y asegurando un mejor manejo de los controles. Esto es especialmente relevante para productos perecederos como banano, plátano, gulupa, aguacate, cítricos y flores, que requieren rapidez y cuidado en la cadena logística para mantener su calidad hasta la exportación, según explicó el Ministerio.

¿Qué instituciones participan en los controles de exportación desde Puerto Antioquia?

En los controles de exportación desde Puerto Antioquia participan el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), encargado de asuntos fitosanitarios; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), responsable de los procedimientos aduaneros; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que controla temas sanitarios; y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que vela por la seguridad y prevención de actividades ilícitas, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las gestiones iniciaron durante una reciente visita oficial a Tokio por parte de la delegación colombiana y continuaron con el encuentro en el país, donde Gómez Amín expresó oficialmente el interés del Gobierno en el regreso de Mazda: “Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia. Aquí están. Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia”, fueron las palabras destacadas por el ministro.

Según la información entregada por el Ministerio de Comercio, durante la mesa de diálogo se estudiaron varias alternativas para atraer inversión industrial, entre las que está la viabilidad de instalar una planta de ensamblaje de automóviles en Colombia. La agenda incluyó también mecanismos de cooperación con empresas nacionales dedicadas a la fabricación de componentes y autopartes, así como con otros actores relevantes en el sector de proveedores del país.

Sin embargo, la entidad gubernamental aclaró que hasta el momento toda la discusión permanece en etapa exploratoria, ya que la decisión sobre la instalación de una nueva infraestructura dependerá de los estudios de viabilidad que Mazda debe adelantar, sumados a las decisiones corporativas futuras que adopte la compañía. El ministro reafirmó en la reunión la voluntad del Estado de acompañar los procesos de evaluación de inversiones, declarando: “Yo voy a hacer como ministro lo que tenga que hacer para que ustedes monten su planta aquí en Colombia”.

Un punto adicional revisado durante el encuentro tiene que ver con la incorporación de compañías colombianas dentro de la cadena de suministros de Mazda, para producir accesorios, repuestos y componentes que no solo atenderían el mercado local, sino potenciales exportaciones regionales. Estas acciones están enmarcadas en la estrategia gubernamental Misión Crecer, creada para fortalecer la captación de inversión nacional y extranjera, y así impulsar el crecimiento económico del país.

Hasta el momento, de acuerdo con las fuentes oficiales del Ministerio de Comercio, las conversaciones entre el Gobierno y Mazda avanzan en una fase preliminar y no existe todavía una decisión definitiva sobre la instalación de fábricas ni sobre el desarrollo de proyectos industriales específicos en Colombia.

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¿Cuál es el estado actual de las conversaciones entre el Gobierno colombiano y Mazda sobre inversión industrial?

La etapa actual de las conversaciones es exclusivamente exploratoria y preliminar, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aunque se han discutido diversas alternativas de inversión, entre ellas la instalación de una planta de ensamblaje y la inclusión de proveedores nacionales, todavía no se ha tomado una decisión definitiva ni se han anunciado proyectos industriales concretos por parte de Mazda.

¿Qué es la estrategia Misión Crecer y cómo se relaciona con la llegada de inversión extranjera a Colombia?

Misión Crecer es una estrategia liderada por el Gobierno colombiano y dirigida a promover el arribo de inversión tanto nacional como internacional. El objetivo principal es impulsar proyectos económicos que contribuyan al desarrollo del país, como lo ejemplifican los acercamientos recientes con la automotriz Mazda y la promoción de nuevas iniciativas industriales.

De acuerdo con la información oficial citada, la cartera agropecuaria total de Casanare supera los $1,17 billones, con el sector arrocero representando $538.510 millones distribuidos en 2.095 operaciones a través de nueve entidades financieras. El analista Indalecio Dangond señaló que “el saldo de los arroceros proviene de esas operaciones, en las que Davivienda, Bancolombia, BBVA y el Banco Agrario concentran el 86,9 % de la cartera”. Estas cifras evidencian la concentración de la deuda en unos pocos actores financieros, lo que implica que su apoyo podría ser crucial en la implementación de alivios o renegociaciones para los productores afectados.

Entre las medidas solicitadas por el Ministerio a la banca están el otorgamiento de periodos de gracia tanto para el capital como para los intereses, la reprogramación de las cuotas de los créditos vigentes, la suspensión temporal de los intereses de mora durante la negociación y el llamado a no iniciar procesos ejecutivos ni aplicar medidas cautelares mientras se define la reestructuración de las deudas del sector. Este conjunto de peticiones apunta a brindar un respiro financiero a los productores, facilitando que mantengan su actividad sin temor a sanciones crediticias u obstáculos legales.

El Ministerio recordó el papel clave de Casanare, catalogado como el principal productor de arroz del país con más de 177.000 hectáreas mecanizadas en el primer semestre de 2026, aunque las inundaciones han reducido esa área en un 18 % generando pérdidas que se acercan a los $1.264 millones, perjudicando principalmente a los pequeños productores. Además, la cartera agropecuaria está distribuida entre seis intermediarios que manejan el 96,6 % del saldo total, destacándose el Banco Agrario por el mayor número de operaciones y Davivienda por el mayor saldo en el sector arrocero. El Ministerio insistió en que la cooperación del sistema financiero es decisiva para evitar que los productores vean deteriorada su calificación crediticia y para que logren seguir accediendo a financiamiento en el próximo ciclo productivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las inundaciones a la producción de arroz en Casanare?

De acuerdo con datos oficiales citados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las inundaciones de este año provocaron una reducción del 18 % en el área mecanizada de arroz en Casanare, dejando pérdidas que rondan los $1.264 millones. Los más afectados fueron los pequeños productores, quienes enfrentan ahora mayores dificultades para mantener su actividad por el impacto en sus cultivos y la consiguiente afectación financiera.

¿Qué significa reperfilamiento de créditos para los productores arroceros?

El reperfilamiento de créditos implica modificar las condiciones originales de los préstamos, otorgando a los productores facilidades como periodos de gracia, reprogramación de cuotas y suspensión de intereses de mora, según lo solicitado por el Ministerio de Agricultura a Asobancaria. Así, los arroceros pueden reorganizar sus obligaciones de pago sin incurrir en sanciones crediticias, protegiendo su acceso a nuevos financiamientos y posibilitando la continuidad de sus proyectos productivos.

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La noticia se da luego de que el Gobierno nacional anunciara una nueva política de austeridad que incluye regulaciones en el tema de viajes de funcionarios públicos y publicidad oficial.

MinInterior finalizó 557 contratos del Gobierno Petro

Lara anunció que con este ajuste dejará a Hacienda cerca de 103.000 millones de pesos correspondientes a recursos de funcionamiento e inversión; así fue comunicado por MinInterior al ministerio de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Según explicó el ministro, la decisión busca reducir el gasto, sin afectar las obligaciones esenciales de esta entidad. De esta manera, conservará únicamente los recursos que sean considerados necesarios para garantizar sus principales funciones y prioridades.

“Le estamos entregando al señor ministro de Hacienda 103.000 millones de pesos, lo cual es un esfuerzo muy significativo del Ministerio del Interior por optimizar el uso de los recursos asignados. La puesta a disposición de estos recursos tiene como propósito contribuir a que puedan ser reorientados hacia las necesidades más apremiantes de la población y hacia proyectos y programas urgentes del Gobierno nacional, particularmente aquellos que requieren una atención prioritaria en materia social”, explicó el ministro Lara en un video publicado en sus redes sociales.

¡Aquí predicamos con el ejemplo! 🇨🇴

103 mil millones de pesos de ahorro en el Ministerio del Interior. Hacemos lo mismo y más con mucho menos. Recursos que ahora pueden ir a los programas sociales de los colombianos.

También terminamos 557 contratos heredados de la… pic.twitter.com/AbO1AUKnC2

— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026

Finalmente, el ministro Lara aseguró que: “Agradezco al Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantar la reducción correspondiente para hacer efectiva esta decisión”.

Carvajal aseguró que la empresa ya ha alcanzado un avance del 95 % frente a la meta de transferencias fijada para el cuatrienio, la cual se estableció en 44.000 millones de pesos. Según informó el gerente, el objetivo es no solo llegar a esa cifra, sino incluso sobrepasarla. “En ese sentido no estamos bien, estamos excelentes. Vamos a cumplir esa meta confiando en Dios este año”, afirmó, demostrando optimismo a pesar de los desafíos.

No obstante, Carvajal admitió que los estados financieros evidencian las dificultades actuales, aunque reiteró que esta realidad afecta a toda la industria y no solo a la Fábrica de Licores del Tolima. Citando datos de la Asociación de Licoreras de Colombia, el gerente explicó que mientras empresas como Antioquia y Caldas han tenido pérdidas menores, Tolima se destaca entre aquellas con mejor desempeño dentro de las licoreras más pequeñas del país. A pesar de estos logros relativos, reconoció que será necesario redoblar esfuerzos, pues el trimestre siguiente supone un reto decisivo y se están intensificando las labores para lograr resultados positivos.

Frente a estos retos, la fábrica concentra sus esfuerzos en recuperar mercado y fortalecer la presencia de su marca insignia, Tapa Roja. Dentro de su estrategia destaca un reciente acuerdo comercial con Mercacentro, una cadena que dispone de 22 puntos de venta en el Tolima, 20 en Ibagué y dos en El Espinal, donde ahora se distribuirán los diferentes productos de Tapa Roja, así como las nuevas referencias que la empresa lanzará al mercado. El gerente recalcó que fortalecer los canales de comercialización será fundamental, especialmente en el último trimestre del año, tradicionalmente clave para las ventas del sector.

Finalmente, la compañía mantiene como prioridad innovar en productos y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, especialmente ante el descenso de consumo de aguardiente por parte del público más joven. Con ese enfoque, Carvajal resumió el reto principal de la empresa: “Tenemos que volvernos cada vez más innovadores para que la gente nos llegue, para que la gente quiera consumirnos”.

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¿Cómo va la Fábrica de Licores del Tolima en el cumplimiento de su meta de transferencias?

De acuerdo con el gerente Jesús Alberto Carvajal, la Fábrica de Licores del Tolima ha alcanzado un avance del 95 % frente a la meta de transferencias establecida en 44.000 millones de pesos para el cuatrienio. El directivo se mostró optimista al afirmar que la compañía espera no solo cumplir con este objetivo, sino también superarlo al cierre del año.

¿Cuál es la estrategia de la Fábrica de Licores del Tolima para enfrentar la crisis en la industria de licores?

Según lo expuesto por Carvajal, la estrategia de la empresa se enfoca en recuperar mercado, fortalecer la comercialización de Tapa Roja y desarrollar nuevos productos, además de adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, especialmente ante la disminución del consumo de aguardiente entre los jóvenes. Para lograrlo, se concretó un acuerdo comercial con Mercacentro que amplía la presencia de la marca en la región.

No obstante, el análisis de mercado llevado a cabo por la empresa identificó una posible complicación en cuanto a la identidad visual de este aguardiente amarillo. Carvajal explicó que existe ya en el mercado nacional una fuerte asociación del color amarillo con otra industria licorera, lo que podría afectar la diferenciación y posicionamiento de la nueva bebida. En sus palabras, “nosotros en eso pensamos que no podemos contribuir a potencializar un color y un nombre de otra industria licorera”, subrayando la importancia de proteger la identidad propia frente a competidores directos.

Ante esta situación, la Fábrica de Licores del Tolima continúa en la etapa de pruebas y evaluación de otras alternativas. Una de las opciones que actualmente estudia la compañía consiste en combinar los colores rosado y amarillo, lo que daría como resultado un aguardiente con una tonalidad naranja. Sin embargo, esta posible ‘fusión’ de colores y sabores no ha pasado más allá de un estado experimental, pues aún está pendiente el análisis de mercado y, por ahora, no existe una fecha de lanzamiento ni un producto definitivo anunciado.

Según Carvajal, estos desarrollos están motivados por los cambios detectados en las preferencias de los consumidores, en especial entre la población más joven. El gerente destacó el creciente interés por bebidas que integran mezclas y sabores diferentes, como ya ocurre en otras categorías con tequilas y vodkas que incorporan opciones saborizadas. Esta tendencia impulsa a la empresa a seguir explorando caminos para mantener su relevancia en un mercado en evolución.

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¿Qué apuesta la Fábrica de Licores del Tolima con sus pruebas de nuevos aguardientes?

La empresa busca diversificar su portafolio y atender los cambios en las preferencias de los consumidores, especialmente respondiendo a la demanda por bebidas con sabores y mezclas innovadoras, de acuerdo con el gerente Jesús Alberto Carvajal.

¿Por qué la Fábrica de Licores del Tolima reevaluó el lanzamiento del aguardiente amarillo con cúrcuma?

Según Carvajal, la decisión respondió a un análisis de mercado que identificó la fuerte asociación del color amarillo con otra industria licorera, lo que podría dificultar la diferenciación del producto y contribuir a fortalecer la imagen de un competidor.

Esta realidad quedó evidenciada en el informe técnico Position paper ¿Qué sabemos, qué falta y qué sigue? Una agenda para el empleo juvenil en Colombia, elaborado por la mesa técnica del Hub Conexión Juvenil —plataforma integrada por la Fundación Corona, el Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT y la Fundación Botnar, entre otras organizaciones— tras sistematizar 16 investigaciones desarrolladas entre 2022 y 2026.

El diagnóstico expone que cerca de cinco millones de jóvenes en el país se encuentran actualmente fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. Esta brecha se refleja directamente en los indicadores macroeconómicos de ocupación: la tasa de desempleo juvenil en Colombia se ubica en el 15,3 %, cifra que duplica la tasa nacional desempleo (8,9 %).

Desempleo de jóvenes en Colombia y la informalidad laboral

El desafío del empleo en las juventudes no se limita a la colocación o al acceso a una vacante; la calidad de la ocupación representa otro frente crítico. Entre los jóvenes que logran vincularse laboralmente, el 56,8 % se desempeña en la informalidad, lo que restringe sus aportes al sistema de seguridad social y limita sus posibilidades de estabilidad económica a largo plazo.

(Vea también: Dura noticia para De la Espriella: indicador clave del Gobierno se subió en agosto)

Asimismo, los datos revelan severas disparidades de género y vulnerabilidad territorial:

• Brecha de género: El 71 % de los jóvenes que no estudian ni trabajan (los denominados ‘ninis’) son mujeres, evidenciando barreras adicionales de cuidado no remunerado y acceso a oportunidades.
• Población vulnerable: El 76,8 % de los jóvenes migrantes venezolanos y cerca del 70 % de las personas jóvenes con discapacidad certificada no logran ingresar a rutas de educación o empleo formal.
• Rezagos regionales: En departamentos como Guainía y Vaupés, la cobertura en educación media no alcanza el 11 %, condicionando la trayectoria laboral de los jóvenes antes de iniciar la búsqueda activa de trabajo.

Los cinco vacíos del ecosistema de empleabilidad en Colombia

El análisis del Hub Conexión Juvenil advierte sobre la necesidad de actualizar la formación de capital humano para responder a las demandas del mercado futuro y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización. En ese sentido, el documento sintetiza cinco brechas prioritarias en las políticas actuales:

1. Incertidumbre sobre el impacto real: Abundancia de programas de capacitación e intermediación, pero limitadas evaluaciones sobre su sostenibilidad laboral en el tiempo.
2. Ausencia de salud mental: Limitada integración del bienestar emocional dentro de las rutas de inclusión productiva.
3. Concentración urbana: Producción de conocimiento e iniciativas focalizadas mayoritariamente en las grandes capitales, relegando el campo y las zonas periféricas.
4. Rol pasivo del sector privado: Reducida participación de las empresas como formadoras de aprendizaje y constructoras de rutas de transición.
5. Desconexión con nuevas habilidades: Brechas en la preparación de las juventudes frente a la transformación tecnológica del trabajo.

(Vea también: Ibagué registra la tercera tasa de desempleo más alta de Colombia en 2026, según cifras del DANE)

Cinco prioridades para transformar la agenda de empleo juvenil

Para superar las respuestas fragmentadas, el informe plantea articular a los gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones sociales en torno a cinco ejes estratégicos:

• Trayectorias integrales: Conectar orientación vocacional, formación práctica, intermediación y acompañamiento posterior a la contratación.
• Permanencia y calidad: Medir no solo la consecución del empleo, sino las condiciones de progreso, estabilidad e ingresos del trabajador.
• Soluciones territoriales: Diseñar programas adaptados a las realidades de las poblaciones rurales, migrantes y personas con discapacidad.
• Integración del bienestar: Reconocer que la toma de decisiones laborales está influida por factores de incertidumbre y confianza personal.
• Ecosistemas de articulación: Fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para adecuar la oferta formativa a las necesidades reales del aparato productivo.

El informe de La República profundiza en el motivo detrás de estas compras externas. Una parte significativa se explica por la existencia de acuerdos comerciales que permiten la entrada de arroz a Colombia bajo condiciones específicas. Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), confirmó que el arroz de Estados Unidos y de países miembros de la Comunidad Andina accede al mercado nacional siguiendo los lineamientos pactados en los tratados correspondientes. De hecho, para el caso estadounidense, hay un cronograma de desgravación con cuotas de importación, mientras que el arroz de Ecuador entra dentro del marco regulatorio de la Comunidad Andina. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, aclaró que factores asociados a la economía dolarizada de Ecuador también influyen en la competencia entre el arroz nacional y el extranjero.

Sin embargo, el mayor desafío proviene del contrabando. Fedearroz advirtió que en 2025 ingresaron al país más de 262.000 toneladas de arroz ilegalmente, casi tres veces más que las importaciones oficiales. Según Hernández Lozano, esta situación surge principalmente en la frontera con Ecuador y representa un obstáculo crucial para los agricultores colombianos, que deben enfrentar tanto precios bajos como enormes dificultades derivadas de los altos costos de producción y fenómenos climáticos adversos, especialmente en departamentos como Cesar y La Guajira.

En medio de la crisis, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sugirió considerar alternativas como el marañón ante las difíciles condiciones que afrontan los arroceros de La Guajira, donde las pérdidas frecuentes, los altos costos y la dificultad para acceder al agua por el fenómeno de El Niño han golpeado con fuerza. La propuesta fue rechazada por el sector, que pide que el Gobierno respalde a los productores, en lugar de promover el abandono de la siembra de arroz. Hernández Lozano insistió en que “los arroceros en este momento necesitan el apoyo del Estado, el apoyo del Gobierno y la solución no es salir a decirles: no siembren”.

¿Por qué Colombia importa arroz blanco si tiene producción nacional suficiente?

Colombia importa arroz blanco principalmente debido a los acuerdos comerciales suscritos con países como Estados Unidos y miembros de la Comunidad Andina, que permiten la entrada de este cereal bajo condiciones previamente establecidas. Aunque el país produce una cantidad considerable de arroz, la brecha entre el consumo y la producción obliga a recurrir a importaciones legales y, en muchos casos, el contrabando agrava aún más la situación del sector arrocero nacional.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la producción de arroz en departamentos como Cesar y La Guajira?

Los productores de arroz en departamentos como Cesar y La Guajira enfrentan dificultades por los bajos precios del grano, altos costos de producción, problemas relacionados con el clima y escasez de agua —especialmente por fenómenos como El Niño— además del impacto del contrabando masivo que compite directamente con el arroz cultivado localmente.

Las importaciones oficiales de arroz blanco se basan principalmente en los compromisos adquiridos por Colombia en acuerdos comerciales previos. Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, explicó a La República que, aunque la producción nacional sería suficiente, el país está obligado a recibir arroz estadounidense y de los miembros de la Comunidad Andina bajo las condiciones pactadas. Por ejemplo, existe un cronograma de desgravación con Estados Unidos que determina cuotas de importación anuales, mientras que el arroz ecuatoriano ingresa aprovechando la normativa de la Comunidad Andina.

Sin embargo, Hernández Lozano enfatizó que la llegada de este arroz por compromisos antiguos no responde a una necesidad actual del país. Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, señaló que la economía dolarizada de Ecuador representa una competencia directa, afectando el precio y la rentabilidad del arroz colombiano.

El problema más grave, según los arroceros, es el contrabando, proveniente sobre todo de Ecuador. El volumen calculado para 2025 casi triplica el dato de importaciones legales. Este arroz ilegal llega al mercado a precios más bajos, desplazando a los productores nacionales. La problemática tiene un impacto significativo en regiones como Cesar y La Guajira, donde los agricultores enfrentan desventajas competitivas, altos costos de producción, bajos precios y dificultades climáticas, agudizadas por el fenómeno de El Niño.

En este contexto, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propuso que los cultivadores guajiros consideraran alternativas como el marañón para sortear las pérdidas recurrentes y la dependencia del agua. Sin embargo, la gremial arrocera ha rechazado esta opción, argumentando que abandonar el cultivo no puede considerarse una solución y que se requieren acciones concretas del Gobierno para apoyar a los productores. Hernández Lozano insistió en que la prioridad debe ser respaldar a los agricultores y no recomendarles dejar de sembrar arroz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia importa arroz si tiene producción nacional suficiente?

Colombia trae arroz del extranjero debido a compromisos adquiridos en acuerdos comerciales, como el cronograma de desgravación con Estados Unidos y las condiciones de la Comunidad Andina, aun cuando la producción nacional podría satisfacer buena parte de la demanda. Así lo explicaron Rafael Hernández Lozano, de Fedearroz, y Jorge Bedoya, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en La República, donde señalaron que estos convenios obligan al país a abrir su mercado a importaciones, lo que afecta la industria local.

¿Cómo afecta el contrabando de arroz a los productores colombianos?

De acuerdo con Fedearroz, el ingreso ilegal de arroz, principalmente desde Ecuador, representa el mayor problema para los agricultores nacionales. Este cereal entra al mercado a precios menores que el producto local y compite deslealmente, afectando la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos colombianos, especialmente en departamentos como Cesar y La Guajira, donde ya enfrentan otros desafíos como altos costos y problemas climáticos.

De acuerdo con información oficial, la estrategia incluye varias líneas de acción diseñadas para garantizar la disponibilidad de energía en los próximos meses. Entre ellas se destaca la decisión de priorizar el abastecimiento interno de energía y reforzar la generación térmica—proceso mediante el cual se produce electricidad a partir de combustibles fósiles, como el gas o el carbón—para disminuir la presión sobre los embalses, que tradicionalmente constituyen la principal fuente de energía hidroeléctrica en el país. Además, se establecen mecanismos para asegurar la provisión de combustibles y de gas natural, y fomentar el ahorro energético a nivel nacional.

Según lo reportado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diseñó un mecanismo específico para priorizar el consumo interno durante el periodo considerado de mayor riesgo. Esta medida fue adoptada tras detectar condiciones que requerían una respuesta estatal preventiva. Sin embargo, las autoridades han sido claras en precisar que esta estrategia no implica un racionamiento programado de energía. El principal objetivo es conservar las reservas hídricas al limitar la demanda sobre las hidroeléctricas, incrementando el uso de plantas térmicas y, así, garantizar que el sistema mantenga su suministro.

El Gobierno Nacional, según la información proporcionada, también conformó equipos especializados para analizar el contexto energético, establecer responsables y definir acciones concretas frente a los riesgos detectados. El plan espera que, antes del 31 de diciembre, estén implementadas todas las medidas necesarias con miras a evitar cualquier escenario de desabastecimiento eléctrico.

Entre las decisiones tomadas está la reprogramación de trabajos de mantenimiento en algunas plantas generadoras, con el fin de que no coincidan con los periodos previstos de mayor demanda. A la fecha, no existe ninguna orden de apagón programado ni un anuncio oficial de racionamiento en Colombia; se trata de una estrategia preventiva para reducir riesgos y fortalecer la prestación continua del servicio eléctrico durante este periodo en el que las condiciones climáticas plantean desafíos adicionales.

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¿Cuáles son las acciones clave en el plan de choque para evitar apagón eléctrico en Colombia?

El plan de choque se centra en aumentar la generación térmica, priorizar el abastecimiento interno, asegurar el suministro de combustibles y gas, fomentar el ahorro de energía, conformar equipos especializados y reprogramar mantenimientos en plantas generadoras. Todo esto busca proteger el suministro eléctrico durante los meses de mayor riesgo, según las autoridades.

¿Existe riesgo inminente de racionamiento eléctrico en Colombia durante 2024?

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), no hay un racionamiento eléctrico programado ni un apagón inminente anunciado. Las medidas implementadas son preventivas y buscan evitar que se presente un escenario de desabastecimiento, asegurando la continuidad del servicio en el contexto de las actuales condiciones climáticas y energéticas.

FENALCO INSISTE EN LA NULIDAD DEL DECRETO QUE FIJÓ EL SALARIO MÍNIMO DE 2026 POR DESCONOCER LOS PARÁMETROS LEGALES

⚠️El gremio sostiene que el Gobierno anterior sustituyó los criterios establecidos en la ley por una estimación denominada «salario vital», sin carácter vinculante.… pic.twitter.com/ipLv0VfiE8

— Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) October 8, 2026

(Le puede interesar: Revelan dato clave para fijar salario mínimo de Colombia en 2027: esto podría hacer que sea más alto el ajuste)

Los criterios que, según Fenalco, fueron ignorados

El planteamiento de Fenalco se centra en cinco variables que, a su juicio, son de aplicación obligatoria para fijar el salario mínimo: inflación, productividad, crecimiento económico, participación de los salarios en el ingreso nacional y capacidad económica de las empresas. Para el gremio, apartarse de esos factores constituye un vicio de legalidad suficiente para que el alto tribunal anule el decreto.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que el Ejecutivo no podía sustituir los criterios fijados por el legislador por otros elementos sin carácter vinculante. En ese sentido, cuestionó que el aumento se apoyara principalmente en una estimación llamada “salario vital”, derivada de un estudio atribuido a funcionarios o colaboradores de la OIT, pero sin fuerza normativa en Colombia.

Un precedente que el gremio trae a colación

Fenalco recordó que el Consejo de Estado ya ha anulado decretos de salario mínimo en el pasado. En 2017, el tribunal declaró la nulidad de un decreto por insuficiencia de motivación, aunque protegió los salarios ya devengados por los trabajadores. Con ese antecedente, el gremio busca que se restablezca la legalidad sin afectar derechos adquiridos.

(Lea también: Alerta sobre salario mínimo 2027 por golpe para las pensiones en Colombia: impacto salió a flote)

La federación precisó que su petición no implica devolver los salarios pagados en 2026 ni desconocer beneficios laborales. Lo que persigue, según explicó, es que se aclaren las reglas aplicables para la fijación del salario mínimo de 2027 y se eviten decisiones que, a su juicio, se apartan del marco legal.

El proceso avanza hacia un fallo definitivo

El Consejo de Estado cerró la etapa probatoria del proceso, acumuló las demandas y ordenó que el caso continúe mediante sentencia anticipada. Con la presentación de los alegatos de conclusión de Fenalco, el tribunal se alista para definir si el aumento del 23% fue expedido conforme a la ley o si, como pide el gremio, debe ser declarado nulo.

Mientras se resuelve el litigio, el salario mínimo de 2026 sigue vigente. Sin embargo, la discusión jurídica toma relevancia de cara a la próxima negociación, ya que una eventual nulidad podría incidir en los criterios que rijan el ajuste para 2027.

El informe presentado resalta, además, el desempeño del impuesto de vehículos automotores. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este tributo alcanzó el 100% del recaudo proyectado para la vigencia, permitiendo así disponer de más recursos para inversiones dentro del Tolima. Este logro se atribuye, en parte, a las medidas implementadas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, como los beneficios establecidos mediante ordenanzas departamentales para quienes tenían deudas relacionadas con el impuesto vehicular. Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda del Tolima, agradeció públicamente a los contribuyentes que se pusieron al día con sus pagos y enfatizó el impacto positivo que estos recursos tienen sobre las finanzas del territorio.

El análisis de la Secretaría de Hacienda va más allá del impuesto vehicular, detallando los resultados de otras fuentes de ingresos. Los ingresos tributarios alcanzaron $306.959 millones con una ejecución del 75%, y los ingresos no tributarios sumaron $937.069 millones con una ejecución del 70%. Los recursos de capital reportados llegaron a $214.095 millones, alcanzando una ejecución del 53%. Dentro de las rentas con crecimiento sobresalen las estampillas, que mostraron un aumento del 11%; la tasa prodeporte y recreación, que subió en un 33%, y los impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, con un alza del 26%. Asimismo, los ingresos no tributarios mostraron un incremento del 13% frente a agosto de 2025, impulsados por transferencias corrientes, multas, sanciones, intereses de mora y contribuciones.

La Secretaría reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el recaudo y monitorear la situación financiera con el objetivo de garantizar recursos que permitan inversión y cumplimiento de metas de desarrollo en el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el crecimiento del recaudo tributario en Tolima hasta agosto de 2026?

Hasta el 31 de agosto de 2026, el Tolima reportó un aumento del 19% en el recaudo tributario frente al mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Hacienda ante la Asamblea Departamental.

¿Qué estrategias implementó la Secretaría de Hacienda del Tolima para mejorar el recaudo del impuesto vehicular?

La Secretaría de Hacienda del Tolima aplicó estrategias como beneficios establecidos mediante ordenanzas departamentales, dirigidos especialmente a los contribuyentes con deudas del impuesto de vehículos, lo que permitió alcanzar el 100% del recaudo proyectado para la vigencia, según reportó la propia entidad.

Banco Falabella lanzó durante octubre una serie de promociones especiales que otorgan descuentos de hasta 40 % a clientes que utilicen sus tarjetas CMR o Débito.

La entidad financiera habilitó estas ventajas de la mano de nueve aliados comerciales estratégicos pertenecientes a diversas categorías de consumo dentro del territorio colombiano.

Estas oportunidades económicas forman parte de la conmemoración por los 21 años de operaciones continuas de la institución bancaria en Colombia.

En el sector gastronómico, la heladería Popsy ofrece un 40 % de descuento en helados todos los días, sin tope máximo y a nivel nacional.

Igualmente, Don Benítez otorga un 40 % de descuento en toda la carta todos los días, sin tope, en sus sedes de Bogotá.

La cadena Pizza Hut se suma con un 40 % de descuento en pizzas todos los días, sin tope y con cobertura nacional.

Para el cuidado personal, Magic Nails dispone de un 40 % de descuento en todos los servicios todos los días, en Bogotá y Medellín.

En el ámbito del acondicionamiento físico, Bodytech brinda un 40 % de descuento en planes trimestrales todos los días a nivel nacional.

La tienda Dislicores concede un 30 % de descuento en vinos y destilados todos los días y a nivel nacional.

Por su parte, Farmatodo brinda un 15 % de descuento utilizando el cupón BFALA, acumulable con otras promociones, de acuerdo con las condiciones de la oferta.

En la categoría de turismo, Viajes Falabella y Despegar ofrecerán 0 % de interés todos los días en vuelos, actividades, paquetes y circuitos.

Este beneficio aplica al pagar con tarjeta CMR a 3 o 6 cuotas dentro de las opciones disponibles.

Adicionalmente, las agencias otorgan un 20 % de descuento los jueves de octubre en paquetes a destinos nacionales e internacionales seleccionados, al pagar con CMR o Débito Banco Falabella.

En el campo del entretenimiento masivo, la entidad invita a sus usuarios a participar por entradas para eventos musicales de alta convocatoria.

Los usuarios deben registrarse en el sitio web de Banco Falabella, ejecutar compras con CMR o Débito Mastercard y sumar transacciones individuales de $20.000 COP.

Quienes acumulen el mayor número de transacciones podrán obtener uno de los 80 pases dobles disponibles para los conciertos del 4, 5 o 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Banco Falabella ha ganado terreno durante los últimos años como el banco del entretenimiento y los conciertos, con más de 80 preventas en el país.

“Durante estos 21 años hemos visto la forma en la que han evolucionado las necesidades de nuestros clientes, pero también cómo disfrutan, compran, viajan y se relacionan con su dinero. Celebrar este aniversario significa seguir creciendo con ellos y encontrar nuevas formas de acompañarlos. Queremos que Banco Falabella siga presente en esos momentos y que encuentren en nosotros un aliado para vivir como siempre lo han soñado”, señaló Agustín Lira, Gerente de División Medios de Pago y Marketing para Banco Falabella.

Esta estrategia comercial responde al comportamiento actual de las familias colombianas dentro del comercio minorista nacional.

El consumo de los hogares colombianos mantiene una dinámica positiva, sustentada principalmente en decisiones de compra marcadas por la búsqueda de valor y un mayor cuidado del presupuesto.

Según el Dane, durante el primer semestre el comercio creció 11,9 %, 0,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

En este contexto, los consumidores buscan cada vez más alternativas que permitan disfrutar de momentos cotidianos y aprovechar mejor su dinero.

Por eso, en el marco de sus 21 años en Colombia, Banco Falabella busca acompañarlos en diferentes momentos de su día a día, con beneficios y experiencias adondequiera que vayan.

Durante la sesión, la divisa abrió en $3.241,50 y tocó de inmediato un techo de $3.248. No obstante, a lo largo de la mañana la oferta de divisas llevó la cotización hasta un mínimo intradiario de $3.208,50, para finalmente estabilizarse sobre el cierre.

(Vea también: ¿Cómo funciona la tasa de cambio nominal y la TRM en Colombia y qué impacto tienen en la economía?)

De acuerdo con JP Tactical, la sesión registró un volumen transado de aproximadamente US$845,56 millones, un monto inferior al promedio habitual que refleja cautela en el mercado.

Por su parte, el análisis de Acciones & Valores subrayó el doble efecto del entorno externo: si bien la firmeza de las tasas en EE. UU. y la aversión al riesgo regional presionaron a la baja a monedas como el real brasileño (-0,8 %) y el peso chileno (-0,7 %), el fuerte repunte del petróleo por encima de los US$105 actuó como un sólido contrapeso para el peso colombiano vía términos de intercambio.

Finalmente, en los mercados internacionales, el billete verde se mantuvo cotizando en zonas de fortaleza multinivel frente a las principales divisas globales. Aunque el indicador de referencia (DXY) cedió un 0,15 % hasta los 102,09 puntos, intradiariamente avanzó hacia la zona de los 102,40 enteros, cerca de máximos de 18 meses.

Petróleo se dispara un 4 % y el Brent roza los US$105

En el mercado de commodities, los precios de los hidrocarburos registraron su mayor avance diario de las últimas semanas tras un incremento drástico en la prima de riesgo geopolítico.

El petróleo Brent se disparó un 4,01 % hasta los US$104,22 por barril (rozando máximos intradiarios de US$105,00). La referencia WTI avanzó un 3,69 %, cotizando en US$91,54 por barril (tocando techos de US$92,60).

El repunte de casi el 5 % respondió a las noticias sobre la solicitud de la Casa Blanca al Pentágono para preparar opciones de respuesta militar contra Irán, la suspensión de acercamientos diplomáticos por parte de Donald Trump y la intensificación de los ataques de rebeldes hutíes contra buques comerciales en rutas marítimas clave.

Inflación en Colombia se aceleró levemente en septiembre

En el ámbito macroeconómico local, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló anoche que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 6,29 % para septiembre de 2026, mostrando un leve repunte frente al 6,24 % registrado en agosto y cumpliendo con las expectativas generales de los analistas:

Cinco divisiones de gasto explicaron 5,13 puntos porcentuales (pp) de la inflación anual total. En particular, alojamiento y servicios públicos encabezó las presiones con un incremento anual del 5,74 %, aportando 1,78 pp al indicador general, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento anual del 6,74 %, contribuyendo con 1,28 pp a la cifra final.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,57 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,723 % desde los 12,800 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,950 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,110 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 12,940 %; la jornada anterior en 13,128 %.

La propuesta busca mitigar el impacto económico provocado por el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en esa región, como una de las más golpeadas por la tragedia.

El vicepresidente expuso el plan durante un encuentro estratégico en Cali junto a autoridades locales, la Cámara de Comercio de Cali y 30 dirigentes gremiales, este jueves 8 de octubre de 2026.

Las autoridades enfatizaron que el proyecto permanece en etapa de estudio técnico y carece aún de aprobación oficial, según replicó Portafolio sobre el mencionado encuentro.

Hasta la fecha no existen calendarios definidos, delimintaciones territoriales específicas ni listados de productos seleccionados para recibir el beneficio tributario del eventual día sin IVA que evalúa el Gobierno De la Espriella.

Christian Quiñónez, ex subdirector de fiscalización de la DIAN, aportó su visión sobre el impacto de estas jornadas en la recaudación fiscal.

“Respecto a los días sin IVA, la visión plana frente a esa medida es que afecta el recaudo. Y efectivamente podría decirse que se recauda menos IVA por los días en los que se colocan los días sin IVA, que es un argumento que utilizaron en el 2022 precisamente para eliminarlo de los días sin IVA”, expresó el exfuncionario en Portafolio.

A pesar de ser una iniciativa focalizada para la emergencia vallecana, la exención del IVA mantiene un intenso debate nacional desde su creación.

Las jornadas exentas nacieron mediante el Decreto 682 de 2020 para estimular la economía durante la emergencia sanitaria del covid-19.

Entre los años 2020 y 2022 se ejecutaron ocho fechas exentas amparadas por los Decretos 682, 1044, 1314 y 290.

Dichas normas cubrieron indumentaria, calzado, tecnología, electrodomésticos, útiles escolares, juguetes y productos del sector agropecuario.

Los beneficios exigían topes en Unidades de Valor Tributario y un límite máximo de tres artículos por comprador.

Actualmente, diversos sectores comerciales solicitan reactivar el mecanismo del día sin IVA en Colombia, reabriendo la controversia sobre el equilibrio entre ventas y finanzas públicas.

El punto central del debate, de acuerdo con el seguimiento de Portafolio, gira en torno a las posibles pérdidas en el recaudo de impuestos para las arcas estatales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales precisó en el Decreto 2357 de 2022 las cifras sobre el impacto fiscal.

Según los datos oficiales de la entidad, la fecha del 3 de diciembre de 2021 generó un costo fiscal de 224.000 millones de pesos.

En esa jornada las ventas exentas sumaron 1,17 billones de pesos, representando el 10,4 % del total facturado electrónicamente.

“Lo que sucede en los días sin IVA es que hay un impulso de la economía porque se incrementa el nivel de compras y precisamente para acudir a la exención del día sin IVA, en ese momento, cuando existían, se utilizaba el mecanismo de facturación electrónica”, explicó Quiñónez frente al funcionamiento comercial.

Por su parte, el estudio No. 1281 de la serie Borradores de Economía del Banco de la República analizó el comportamiento de los consumidores.

Los investigadores detectaron que las personas congelan sus gastos habituales en los meses previos y posteriores para concentrar sus compras en el día de la exención.

El documento del emisor concluyó que los beneficios en las ventas de los bienes cubiertos tienen un carácter puramente temporal.

Asimismo, citó el informe emitido en 2021 por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que recomendó eliminar las exenciones por crear distorsiones e inequidad.

Frente a las posturas críticas, Quiñónez destacó las ventajas del control fiscal y el incentivo provocado en los comercios, en medio del debate sobre un posible regreso del día sin IVA en el Valle del Cauca.

El ex subdirector de la DIAN argumentó que exigir facturación digital obligatoria obligaba a los comercios formalizar todas sus operaciones comerciales.

“Al ser la facturación electrónica un requisito para estar en los días sin IVA, se genera una situación que se conoce como riesgo subjetivo. Ese riesgo subjetivo lleva a que el contribuyente que está facturando sepa de entrada que la administración tributaria ya sabe cuánto está vendiendo. Y cuando un contribuyente ya sabe cuánto más o menos pueden ser sus ingresos, su comportamiento tiende a cambiar y el recaudo en general se incrementa”, sentenció Quiñónez.

El último día sin IVA que se llevó a cabo efectivamente en Colombia fue el 17 de junio de 2022. Aunque inicialmente estaba programada una tercera jornada para ese año fijada para el 2 de diciembre de 2022, el gobierno nacional mediante el Decreto 2357 del 30 de noviembre de 2022 derogó dicha fecha, dando por finalizadas estas jornadas en el país.

Para el directivo, construir patrimonio requiere paciencia, diversificación y una estrategia alineada con los objetivos de cada persona.

@pulzovalor ¿En qué invierte el presidente de un banco en Colombia? Ojo para ir a la fija #inversión #dinero #finanzas ♬ sonido original – Pulzo Valor 🤑

Según explicó, antes de elegir cualquier producto financiero es fundamental definir para qué se está ahorrando, cuánto tiempo se puede mantener el dinero invertido y cuáles son las necesidades de liquidez.

No es lo mismo ahorrar para unas vacaciones dentro de cuatro meses que construir un patrimonio para varios años, ya que cada objetivo requiere instrumentos y niveles de riesgo diferentes.

Rodríguez Perdomo señaló que prefiere estructurar portafolios segmentados, con inversiones de largo plazo y seguimiento de índices de referencia.

También considera importante diversificar fuera de Colombia, con el propósito de reducir la dependencia de la economía nacional y aprovechar oportunidades en otros mercados.

La diversificación, explicó, debe ser un elemento central de cualquier estrategia de inversión, tanto entre diferentes activos como entre mercados y alternativas.

De esta manera, los ahorradores pueden disminuir su exposición a las fluctuaciones de un solo mercado y construir portafolios más equilibrados.

Su mensaje apunta a que invertir no significa buscar ganancias rápidas ni reaccionar constantemente a los movimientos del mercado. Por el contrario, una estrategia sostenible debe partir de las metas personales, el horizonte de inversión y la capacidad de asumir riesgos.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de Banco Pichincha Colombia recomienda analizar primero las necesidades financieras y, a partir de ellas, seleccionar las inversiones adecuadas.

Para objetivos de largo plazo, considera clave mantener una visión estructurada, diversificada y con exposición a diferentes mercados, en lugar de concentrarse exclusivamente en operaciones de corto plazo.

De acuerdo con El Espectador, el origen de este tipo de soluciones digitales en Colombia puede rastrearse hasta 2011, cuando se planteó que la telefonía móvil podría ser el vehículo principal para la inclusión financiera, inspirándose en experiencias extranjeras como la de Kenia. Sin embargo, a pesar del avance en billeteras digitales y pagos electrónicos en la última década, el país seguía enfrentando el reto de plataformas fragmentadas y poca interoperabilidad, lo cual limitaba la verdadera adopción y mantenía el efectivo vigente: en 2023, el 78,6 % de los adultos aún utilizaba papel moneda.

Para responder a esta problemática, el Banco de la República impulsó la creación del sistema Bre-B, que permite pagos inmediatos entre plataformas y actores distintos, eliminando barreras y facilitando la integración. Bre-B estandariza la autenticación y unifica el acceso a través de un directorio que ya suma 99 millones de llaves identificatorias, integrando a más de 33 millones de usuarios y 2,8 millones de comercios. A un año de su implementación, el sistema había registrado más de 1.700 millones de transacciones y movimientos que superan los 262 billones de pesos, como señaló El Espectador.

En este contexto, Claro Pay quiere aprovechar la amplia cobertura de infraestructura de Claro (presente en la totalidad de municipios colombianos) para ofrecer servicios bancarios a través del celular, facilitando la inclusión de clientes de segmentos prepago, quienes tendrán incentivos y bonificaciones especiales. María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, enfatizó que el historial crediticio generado por el uso de la plataforma puede ser el motor que ayude a los colombianos sin acceso formal al crédito a ingresar al sistema financiero. Importante también es la apertura de la solución para usuarios de cualquier operador y su articulación regional en países como México, Ecuador y Argentina, donde ya existen experiencias previas y positivas con esta billetera en otras filiales de Claro.

Claro Pay entra a un mercado altamente competitivo en Colombia, donde ya existen alternativas consolidadas como Nequi, DaviPlata, Dale, Movii y Ualá, desafiando el dominio del efectivo y las barreras para la inclusión financiera desde la perspectiva de servicios móviles y digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Bre-B y cuál es su impacto en las transacciones digitales en Colombia?

Bre-B es un sistema de pagos inmediatos interoperable promovido por el Banco de la República. Su tecnología permite transferencias y pagos en tiempo real entre diferentes bancos, billeteras y plataformas no bancarias, eliminando las barreras entre competidores y simplificando la experiencia del usuario. Según reportes de El Espectador, su entrada formal en 2025 permitió una migración masiva hacia lo digital, registrando más de 1.700 millones de transacciones y facilitando la integración de millones de usuarios y comercios, generando un cambio estructural en la forma en que se procesan los pagos en Colombia.

¿Qué ventajas ofrece Claro Pay frente a otras billeteras digitales en Colombia?

De acuerdo con lo expuesto por los presidentes de Claro Colombia y Grupo Aval, Claro Pay se diferencia por su enfoque en el segmento de usuarios prepago, su soporte a través de la amplia infraestructura de Claro y la apertura a cualquier ciudadano, independientemente del operador. Además, integra el aprendizaje acumulado de Grupo Aval en el manejo de otras billeteras digitales y se apoya en la interoperabilidad garantizada por Bre-B, permitiendo pagos simplificados, formación de historial crediticio y acceso sin barreras geográficas.

La misión de New Horizons tendrá una configuración internacional, con la participación de entre 20 y 25 empresas extranjeras y más de 200 asistentes locales. Los encuentros estarán enfocados en descubrir potenciales alianzas y promover la colaboración entre entidades de ambos territorios. De acuerdo con la Cámara Internacional de Dubái, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que contempla talleres y misiones comerciales en mercados señalados como prioritarios, brindando acompañamiento a sus empresas en procesos de expansión fuera de Dubái.

La elección de Bogotá como sede no fue casualidad. Factores como la infraestructura de la ciudad para acoger eventos de grandes proporciones, la oferta de espacios adecuados para reuniones, su conectividad internacional y el dinamismo de su entorno empresarial, fueron elementos fundamentales tenidos en cuenta por los organizadores. La articulación del programa estuvo a cargo de la oficina de la Cámara Internacional de Dubái en Colombia y el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, quienes ven en esta oportunidad una vía para fortalecer los lazos comerciales entre las empresas de Dubái y los actores económicos de la región.

Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, subrayó la importancia de los encuentros agendados: "Cada una de estas citas de negocio es una semilla: una alianza, una inversión, una empresa que decide crecer con nosotros". La llegada de New Horizons no solo convierte a Bogotá en la primera ciudad latinoamericana en recibir el programa, sino que también proyecta a la capital como un puente entre Dubái y nuevos mercados, contribuyendo a diversificar las formas de negocio en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa New Horizons de la Cámara Internacional de Dubái?

El programa New Horizons es una iniciativa de la Cámara Internacional de Dubái destinada a acompañar a sus empresas en procesos de expansión internacional. Consiste en talleres, misiones comerciales y encuentros enfocados en crear oportunidades de negocios y alianzas estratégicas, especialmente en mercados definidos como prioritarios. En esta ocasión, Bogotá es la primera ciudad latinoamericana en ser elegida como sede del programa.

¿Por qué fue seleccionada Bogotá para acoger New Horizons?

Bogotá fue escogida por la Cámara Internacional de Dubái gracias a su infraestructura adecuada para eventos de gran formato, la disponibilidad de espacios para reuniones, su alto nivel de conectividad internacional y un ecosistema empresarial considerado sólido y diverso. Estos factores posicionan a la capital como un punto estratégico para la expansión de empresas de Dubái en la región.

La reconocida artista Greeicy Rendón y el cantante Mike Bahía oficializaron la creación de Sitaku, una firma empresarial colombiana enfocada en la producción masiva de alimentos.

El propósito central de los artistas busca estructurar un catálogo de pasabocas, trasladando vivencias de su entorno familiar hacia los hogares del mercado nacional.

La primera antesala de la iniciativa empresarial surgió mediante el ámbito musical. El tema ‘Sitaku’ sobrepasó el millón de escuchas en plataformas digitales y originó 5.000 videos en TikTok.

La pareja concibió dicha composición como la esencia espiritual del emprendimiento, proyectando un mensaje orientado a valorar los momentos sencillos compartidos en el hogar.

“Esta marca llegó a contar una historia bonita, a contar no solamente un producto que vende sino todo lo que hay detrás, hecho con amor”, afirmó Greeicy, replicada en Portafolio.

El nombre de la compañía resume la frase “sin tanta culpa”, concepto filosófico con el cual los cantantes estructuran la elaboración de sus productos comerciales.

La oferta principal de Greeicy y Mike Bahía debuta con Las Favoritas de Kai, una gama de papas fritas bautizada en honor a su primogénito, quien aparece en la imagen publicitaria.

Esta opción ofrece ocho presentaciones distintas: mayonesa, BBQ, salsa rosada, limón, pollo, tomate, queso y natural para satisfacer los gustos del público.

Adicionalmente, el catálogo integra la línea ‘Los Favoritos de Kai’, consistente en chicharrones crujientes disponibles en cuatro variedades: natural, BBQ, limón y ajillo.

“Las cosas lindas toman tiempo y son para siempre, como nuestro hijo. Aunque sé que nos vamos a equivocar siendo padres, con seguridad, en medio de tanto amor cada error será sin tanta culpa”, compartió Mike Bahía.

Actualmente, los pasabocas de Sitaku se distribuyen activamente en las cadenas comerciales Oxxo, Ara, Ísimo y Dollarcity en todo el territorio colombiano.

La marca cuenta con presencia en 1.651 establecimientos comerciales distribuidos a lo largo de 193 municipios colombianos.

¿Qué cantantes de Colombia tienen negocios de comida?

Varios artistas colombianos diversifican sus ingresos a través de restaurantes y marcas gastronómicas propias en distintas ciudades del país.

Carlos Vives es dueño de Cumbia House, antes llamado Gaira Café, especializado en comida tradicional colombiana y gastronomía costeña.

El establecimiento ofrece arepas de huevo, carimañolas y carpaccio de mango biche, además de presentaciones musicales en vivo.

Cumbia House también tiene sedes en los aeropuertos de Bogotá y Medellín, ampliando su presencia comercial.

Andrés Cepeda, cantante bogotano de baladas, fue uno de los socios fundadores del restaurante Islamorada, en Sopó, Cundinamarca.

Ese lugar ofrece comida típica colombiana en un ambiente natural, rodeado de montaña y música.

Adriana Lucía inauguró en 2018 La Tienda del Porro, enfocado en gastronomía cordobesa y caribeña, en Bogotá.

Pipe Bueno, cantante de música popular, es copropietario de Rancho MX, junto a Luisa Fernanda W, en Cajicá.

Ese restaurante mexicano incluye capilla, granja, guardería, churrería y taquería, según registró la revista Billboard.

Karol G, originaria de Medellín, inauguró Provenza, un pub-terraza que lleva el nombre de uno de sus mayores éxitos musicales.

La artista paisa también abrió otros dos proyectos gastronómicos y una discoteca en el mismo sector de Medellín.

Maluma, cantante urbano paisa, es dueño de Casa Eterna, ubicado en Las Palmas, en las afueras de Medellín.

Ese espacio fusiona comida tradicional colombiana con toques de cocina mexicana y gastronomía costeña nacional.

Además de músicos, otras celebridades colombianas han incursionado en el sector gastronómico, como el ciclista Rigoberto Urán.

Urán es dueño de Grosería, restaurante temático ubicado en Llanogrande, Antioquia, inspirado en el ciclismo profesional.

Estos emprendimientos muestran cómo los artistas colombianos combinan su legado musical con nuevas apuestas empresariales en gastronomía.

En un análisis del autor Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio, se plantean opciones financieras claras para evaluar si conviene más ahorrar en dólares o en un CDT en Colombia.

El directivo examina detenidamente en su escrito las alternativas que anteriormente permanecían reservadas para entidades bancarias tradicionales e instituciones con operaciones a nivel internacional.

Actualmente, diversas plataformas muestran rendimientos en pesos, dólares y euros para depósitos a plazos de 7, 30 y 90 días dentro del mercado financiero.

Torroledo plantea que para los usuarios que no pretenden desempeñarse como operadores bursátiles en Wall Street, tantas opciones disponibles pueden causar confusión al momento de tomar decisiones.

Ante el dilema de elegir entre un 13 % anual en pesos a 90 días o un 8 % anual en dólares a 30 días, la inclinación habitual busca la tasa más alta.

Al aplicar esta lógica rápida, los ciudadanos escogen casi siempre las opciones como los CDT en pesos colombianos y descartan la posibilidad de conservar capital en euros o dólares.

En su texto explicativo, Torroledo remarca que esta brecha constante en los intereses “no es un regalo ni un capricho”, sino un reflejo del mercado sobre la inflación.

El experto resalta que esa diferencia de tasas refleja la expectativa de una mayor inflación en Colombia y una devaluación del peso frente al dólar y al euro.

Predecir la trayectoria de las tres divisas para calcular el retorno combinado exige conocimientos avanzados y extensas jornadas analizando noticias internacionales.

Frente a esos métodos complejos, el cofundador de Littio propone un enfoque directo basado sencillamente en definir la finalidad de los recursos guardados.

Si el propósito es pagar el seguro del automóvil en moneda nacional, depositar el capital en dólares representa una decisión de alto riesgo financiero.

El autor recomienda guardar el dinero en la misma moneda en que se harán los pagos, aprovechando los intereses para hacer crecer los montos.

Por el contrario, si la meta consiste en viajar a Europa, conviene comprar divisas progresivamente y ponerlas a rentar hasta el inicio de las vacaciones.

Según plantea el directivo en su análisis, “es más importante suavizar las variaciones de las tasas de cambio que ganarnos unos puntos porcentuales adicionales en la tasa de interés”.

Las oscilaciones de la moneda local frente al dólar o al euro pueden superar con rapidez las ventajas ofrecidas por los intereses bancarios.

Torroledo ilustra la volatilidad cambiaria de 2026 recordando que la Tasa Representativa del Mercado inició en $ 3.757 y cayó hasta un mínimo de $ 3.048 en agosto.

Al cotizarse posteriormente en $ 3.216, los movimientos demostraron cómo la tasa de cambio afecta el resultado final de cualquier inversión realizada.

Desde el comienzo del año hasta el punto más bajo de la divisa, resultaba mejor mantener los pesos quietos que colocarlos en dólares al 20 %.

En cambio, durante las semanas posteriores, el dólar se valorizó más de un 5 % en el mercado cambiario del país.

Para igualar un depósito en dólares rindiendo al 5 % en ese lapso de alza, un CDT en pesos habría necesitado una tasa superior al 70 % anual.

El análisis concluye que distribuir las compras de divisas a lo largo de los meses permite proteger el capital frente a la devaluación.

Esta planificación financiera facilita cumplir las metas de consumo internacional sin la necesidad de hacer cálculos de conversión al momento de pagar.

Así, el análisis por parte del mencionado experto deja sobre la mesa una oportunidad que no siempre se piensa, en medio de los intereses de ahorro para miles de colombianos a diario.

(Lea también: Dian tendrá que pagar intereses si se demora en devolver saldos a favor: así funciona la regla)

Las cifras más recientes de Fenalco y ANDI, con información de matrículas del RUNT, muestran la magnitud del cambio. En septiembre de 2026 se registraron 5.895 vehículos eléctricos, un récord histórico mensual y un crecimiento de 217,3 % frente al mismo mes de 2025. Los híbridos también alcanzaron su máximo mensual, con 11.261 unidades, 58,6 % más que un año atrás.

Ese crecimiento también ayuda a explicar una situación que está generando dudas entre algunos propietarios: cada vez son más las personas que buscan recuperar ante la Dian el IVA que pagaron al comprar un vehículo que posteriormente obtuvo la certificación necesaria para acceder al beneficio tributario.

El problema aparece especialmente cuando la certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) llega después de la compra. En esos casos, el concesionario pudo haber cobrado el IVA al momento de facturar el vehículo, pero posteriormente el comprador puede acreditar que cumplía las condiciones para acceder a la exclusión.

La Dian precisó en el Concepto 12670 de 2026 que, cuando una persona natural compra para uso personal un vehículo eléctrico o un híbrido PHEV o HEV y obtiene posteriormente la certificación de la UPME, debe acudir al procedimiento de devolución previsto en la normativa tributaria. El término para presentar la solicitud está relacionado con la fecha de emisión de la factura de venta.

Y precisamente ahí aparece una de las principales dudas para los propietarios: ¿cuánto tiempo tienen realmente para pedir el dinero y qué pasa si la demora en conseguir atención de la Dian pone el trámite cerca del vencimiento?

El plazo que deben tener presente los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos

María Alejandra Pedraza, asociada en Holland & Knight, explica que el plazo es de cinco años contados desde la fecha de emisión de la factura de venta. La precisión es especialmente importante cuando la certificación de la UPME se obtiene después de la adquisición del vehículo.

“Cuando la certificación UPME se obtiene después de la compra del vehículo, el IVA fue correctamente facturado por el concesionario al momento de la venta, pues sin certificación la exclusión no opera. Sin embargo, la expedición posterior del certificado acredita que la operación reunía las condiciones para estar excluida de IVA, lo que convierte el IVA pagado en un pago de lo no debido. A partir de ese momento, el comprador puede solicitar la devolución directamente ante la Dian”, señaló.

La experta señala que el término de cinco años está establecido en el artículo 1.6.1.21.22 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, que remite al término de prescripción de la acción ejecutiva contemplado en el artículo 2536 del Código Civil.

La propia Dian establece en el Concepto 12670 que la solicitud debe presentarse dentro de esos cinco años contados desde la factura de venta. Esto significa que la fecha que debe revisar primero una persona que compró uno de estos vehículos no es solamente la de expedición del certificado de la UPME. La factura es el punto de partida para calcular el término.

Por ejemplo, si una factura fue emitida el 10 de octubre de 2021, el comprador debe tener presente el vencimiento del término de cinco años en octubre de 2026.

Pedir una cita no es lo mismo que presentar la solicitud ante la Dian

Aquí aparece otro punto que puede resultar determinante para quienes están cerca de cumplir los cinco años. Pedraza explica que la actuación que cuenta jurídicamente para cumplir el plazo es la radicación formal de la solicitud de devolución ante la Dian, acompañada de los documentos requeridos.

(Puede interesarle: Consejo de Estado anula regla de la Dian sobre autorretención: ya no aplica a todos los pagos)

“La única actuación que cuenta para el plazo es radicar formalmente la solicitud de devolución ante la Dian con todos los documentos soporte. Pedir una cita no es presentar la solicitud, es un paso administrativo sin efecto jurídico sobre el término. Iniciar el trámite UPME tampoco suspende ni interrumpe el plazo, pues la UPME cumple una función técnica habilitante, no tributaria”, agregó la experta.

La diferencia es relevante porque una persona podría haber iniciado el proceso para conseguir el certificado de la UPME o haber intentado conseguir una cita con la Dian, pero esas actuaciones, por sí solas, no equivalen a haber presentado la solicitud de devolución.

¿Qué pasa si no consigue cita con la Dian?

La preocupación tomó fuerza debido al aumento extraordinario de solicitudes. La Dian informó el 1 de octubre de 2026 que el universo de vehículos asociados a este beneficio pasó de 19 unidades en 2024 a cerca de 92.000 actualmente, un crecimiento de 484 %. La entidad reconoció que este incremento generó una demanda superior a la prevista y presión sobre sus canales de atención. 127-Devolucion-IVA-vehiculos-hi…

Para atender esa situación, la Dian está asignando cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Entre agosto y septiembre asignó más de 6.600 citas relacionadas con solicitudes de devolución.

La entidad también reconoció las dificultades que algunos ciudadanos han tenido para acceder a estos espacios de atención y señaló que el derecho a solicitar la devolución no se pierde por demoras en el agendamiento, siempre que se tenga en cuenta el término aplicable para presentar la solicitud.

Pedraza recomienda actuar de manera diligente y dejar evidencia de los obstáculos encontrados. “El contribuyente tiene estas opciones: radicar por correo electrónico a la seccional de su domicilio fiscal, si está fuera de las cuatro ciudades principales, presentar un derecho de petición adjuntando todos los documentos de soporte, y manifestando su intención de solicitar la devolución”.

La Dian confirmó que, para el resto del país, los contribuyentes no deben solicitar cita para este trámite. La documentación debe enviarse al correo electrónico de la dirección seccional donde esté registrado el domicilio fiscal.

La recomendación de la experta es además conservar evidencia de la diligencia del contribuyente: “Así mismo, sugeriría documentar todo, con capturas de pantalla del sistema sin disponibilidad de citas, correos enviados, dado que, esa evidencia prueba la diligencia del contribuyente frente a la inactividad de la administración”.

¿Y si la Dian inadmite la solicitud?

Otro escenario que deben conocer los propietarios es que una solicitud presentada oportunamente puede ser inadmitida si no cumple los requisitos formales.

Pedraza explica que las causales están establecidas en el artículo 857 del Estatuto Tributario y recomienda revisar previamente todos los documentos para evitar errores que obliguen a repetir el trámite: “Las causales de inadmisión son taxativas y están en el artículo 857 ET, generalmente, la Dian inadmite por falta de requisitos formales por lo que, recomiendo, antes de hacer la presentación, tener un check list con la verificación de todos los documentos”.

La experta agrega un punto especialmente importante para quienes están cerca del vencimiento del plazo: si la solicitud es inadmitida, el contribuyente tiene un mes para presentar una nueva solicitud subsanando los defectos: “Lo más importante, aunque el plazo general de cinco años ya haya vencido, la nueva solicitud presentada dentro de ese mes se entiende oportuna”.

¿Qué vehículos pueden acceder al beneficio?

No todos los carros con algún tipo de electrificación entran automáticamente en esta posibilidad. Pedraza recomienda confirmar primero que el vehículo cumpla las condiciones para acceder a la exclusión. En particular, señala que el beneficio comprende los vehículos eléctricos puros y los híbridos PHEV y HEV, mientras que los híbridos suaves MHEV no califican.

La Dian también precisa en su Concepto 12670 que el beneficio se refiere a vehículos eléctricos y vehículos híbridos PHEV y HEV adquiridos por personas naturales para uso personal, cuando se cumplen las condiciones legales y se obtiene la certificación correspondiente de la UPME.

Estos son los documentos que debe reunir

Antes de presentar la solicitud, la recomendación es tener completa la documentación. Pedraza señala que el comprador debe obtener la certificación UPME mediante el portal “Muévete Eléctrico”. Para este trámite se requiere documento de identidad, factura, datos del vehículo y el pago de la tarifa. El plazo de respuesta indicado por la experta es de hasta 35 días.

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Posteriormente, para la solicitud ante la Dian se deben reunir, entre otros documentos, el certificado UPME, el formulario 010 firmado con firma litográfica, certificación bancaria, factura con el IVA discriminado y la relación detallada de las facturas.

Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad también se requiere una declaración juramentada en la que se manifieste que no se ha obtenido una devolución previa y que el IVA no fue utilizado como costo, deducción ni como impuesto descontable.

La Dian, además, está implementando herramientas para reducir errores en este proceso. La entidad desarrolló un mecanismo electrónico que genera automáticamente el Formato 010 diligenciado y adelanta en Bogotá un piloto de inteligencia artificial para reducir a aproximadamente 15 minutos la validación inicial de los documentos. Posteriormente, la herramienta será probada en Medellín y se prevé una implementación gradual en otras regiones.

La compañía fue creada por Juliana Ambrad a partir de una necesidad personal: encontrar una alternativa al brasier que no irritara la piel. Tras comprobar que existía demanda, desarrolló sus propios productos y retomó el proyecto junto con sus socios a finales de 2022.

La empresa comenzó con tres referencias de cubrepezones y actualmente cuenta con casi 100 productos, entre parches para granitos, cintas adhesivas, productos de maquillaje y soluciones para evitar irritaciones durante actividades deportivas. Nipskin espera cerrar 2026 con más de un millón de unidades vendidas y busca duplicar esa cifra en 2027.

Uno de sus principales avances ha sido su llegada a Walmart en Estados Unidos, donde actualmente vende en línea y planea ingresar a las tiendas físicas el próximo año.

La marca también prepara su expansión hacia Uruguay, Guatemala y Bolivia, mientras fortalece su presencia en Latinoamérica y Estados Unidos.

La producción se distribuye entre Colombia, Corea y China, dependiendo de la tecnología requerida para cada producto.

La compañía cuenta actualmente con 30 empleados y trabaja en nuevas soluciones adhesivas para deportistas y en una futura línea relacionada con el cuidado de los senos.

El comportamiento de la divisa se da en medio de un sentimiento global negativo y presiones cruzadas en los mercados financieros, marcados por el fortalecimiento del billete verde a nivel internacional, el repunte en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una fuerte disparada en las cotizaciones internacionales del petróleo.

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En el contexto externo, el mercado está atento a la reactivación de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, luego de que informes internacionales pusieran en duda una desescalada del conflicto previo a las elecciones legislativas del país norteamericano.

Dicho panorama impulsó los precios del crudo, con el barril de referencia Brent por encima de los US$104 y el WTI superando los US$92, al tiempo que el índice DXY consolidó su tendencia alcista situándose sobre las 102,33 unidades.

A este escenario se sumaron los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en la economía de EE. UU. (197.000 frente a las 200.000 proyectadas) y las minutas de la Reserva Federal, elementos que reavivan los temores de tasas de interés elevadas por un periodo más prolongado y golpean a los futuros de Wall Street.

Aceleración de la inflación y su impacto en el dólar en Colombia

En el plano local, los analistas asimilan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre en Colombia, el cual registró una variación mensual del 0,37 % y una tasa anual del 6,29 %.

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Aunque el registro de la inflación se situó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (estimadas entre 0,40 % mensual y 6,33 % anual), las presiones continúan concentradas en alimentos, alojamiento, servicios públicos y educación, sumadas a los riesgos latentes por la discusión del salario mínimo y la intensificación del fenómeno de El Niño.

Para el desarrollo de las negociaciones intradía, analistas de Credicorp Capital y JP Tactical Trading señalan que el mercado cambiario mantendrá un rango amplio de volatilidad técnica entre los $3.201 y los $3.266.

Según Lenis, los cambios demográficos y las diferencias en los pagos entre hombres y mujeres se encuentran entre las causas más relevantes.

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Centros de pensamiento como Fedesarrollo han propuesto que la edad de pensión en Colombia se incremente en tres años tanto para hombres como para mujeres, lo que fijaría el límite en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Otras posturas sobre subir la edad de pensión en Colombia

Otras propuestas plantean la opción de igualar la edad, lo que llevaría a las mujeres a cotizar para la pensión hasta los 62 años, manteniendo el mismo requisito de semanas.

La disminución en la tasa de natalidad, sumada al incremento en la expectativa de vida, obliga al Estado en su conjunto a evaluar opciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones.

Este debate se complementa con posturas que defienden la continuidad del sistema de solidaridad, mientras que gremios como Asofondos señalan que la solución radica en fortalecer el ahorro individual.

(Recomendado: Pensión por invalidez en Colombia tendrá radical cambio para Colpensiones desde 2027)

Por el momento, el gobierno De la Espriella, a través del vicepresidente José Manuel Restrepo, descartó el respaldo a cualquier iniciativa orientada a modificar la edad de pensión en Colombia.

De acuerdo con el Dane, el IPC acumulado en lo corrido del año se ubica en el 5,74 %, a la espera de lo que ocurra en los últimos tres meses. Ante este panorama, la discusión salarial podría partir de un incremento del 7 %.

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Cabe tener en cuenta que los analistas locales señalan que esa será precisamente la base de la discusión sobre el salario mínimo de Colombia para el próximo año, siempre que no se materialicen otros escenarios de riesgo que puedan elevar esa cifra.

El gobierno De la Espriella ha dejado claro que la discusión se basará en criterios técnicos, por lo que el incremento no superaría la suma de la inflación y la productividad laboral.

Factores que podrían elevar el ajuste del salario mínimo de Colombia

En ese sentido, habrá que esperar para determinar qué factores podrían impulsar la inflación. El fenómeno de El Niño constituye el mayor riesgo de un nuevo aumento de precios en dos frentes: el valor de los alimentos y las tarifas de los servicios públicos.

(Recomendado: La condición que puso el gobierno De la Espriella para definir el aumento del salario mínimo del 2027)

Sin embargo, existen escenarios en los que el salario mínimo de Colombia en 2027 podría aumentar incluso un 10 %, dependiendo de otras variables, como la recuperación del poder adquisitivo y el nivel de la inflación de los alimentos en el país.

Se espera que las primeras discusiones de la mesa de concertación de políticas salariales comiencen a finales de noviembre, cuando ya se conocerán algunas propuestas concretas sobre el ajuste de la remuneración de los trabajadores.

La medida establece un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada transportada, lo que genera preocupación entre conductores y empresas del sector.

Según Colfecar, un tractocamión con capacidad para movilizar 30 toneladas tendría que asumir cerca de $127.050 adicionales por cada operación.

El gremio considera que este costo se suma a los aumentos que ya enfrenta la actividad, entre ellos los precios de los combustibles, peajes, salarios, obligaciones tributarias y costos financieros.

La preocupación también está relacionada con las congestiones, bloqueos y problemas de seguridad que afectan el ingreso y salida de mercancías de Buenaventura.

Para Colfecar, estos factores ya generan sobrecostos y reducen la competitividad del principal puerto del país.

El gremio advierte que el impacto no recaería únicamente sobre los transportadores.

Los mayores costos logísticos podrían trasladarse a importadores, exportadores, comerciantes y consumidores, aumentando el precio final de productos y servicios.

Por ello, Colfecar pidió suspender el cobro y abrir una mesa de concertación para revisar su metodología, destinación de recursos y justificación técnica antes de aplicarlo.

La decisión quedó establecida en el Decreto 1489 de 2026 y busca garantizar una puesta en marcha ordenada, gradual y técnicamente sólida.

El ajuste responde a una solicitud de la propia Superfinanciera, que consideró necesario fortalecer sus capacidades institucionales y coordinar de manera más estrecha el proceso con las entidades financieras.

La nueva hoja de ruta también contempla 18 meses para poner en funcionamiento el directorio de participantes y definir los indicadores de seguimiento del sistema.

Además, el régimen de transición para la portabilidad financiera se extendió a 30 meses, con el objetivo de facilitar la adaptación tecnológica de los bancos y evitar sobrecargas operativas.

Las finanzas abiertas permitirán que los usuarios autoricen el intercambio seguro y estandarizado de sus datos financieros entre diferentes entidades.

Esto busca aumentar la competencia, impulsar nuevos servicios digitales y facilitar el acceso al crédito, especialmente para mipymes y personas con dificultades para acceder a la banca tradicional.

El Gobierno señala que la ampliación pretende evitar reprocesos regulatorios y tecnológicos, mientras garantiza que el manejo de los datos se realice con autorización previa, expresa e informada del usuario.

El impacto de las variaciones en la tasa de cambio es doble y se observa a través de dos fenómenos: depreciación y apreciación. Por un lado, cuando la tasa de cambio nominal sube, el peso colombiano se devalúa, es decir, pierde valor en relación con el dólar. Este escenario obliga tanto a consumidores como empresarios a destinar más pesos para acceder a bienes, servicios o insumos importados, ocasionando un encarecimiento general de las importaciones. Por el contrario, una caída en la tasa de cambio supone una apreciación del peso, ya que se necesita menos moneda local para comprar un dólar. Este fortalecimiento del peso abarata productos y servicios extranjeros, aunque puede reducir la competitividad de las exportaciones nacionales al hacerlas relativamente más costosas para compradores internacionales.

Con el fin de medir y seguir oficialmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida por su sigla TRM. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas en el mismo día con moneda legal colombiana. En este proceso intervienen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Para ser contabilizadas dentro de la TRM, las transacciones deben conciliarse y pagarse el mismo día de la negociación en ambas monedas.

En un ejemplo reciente, la tasa representativa del mercado indica que un dólar equivale a 3.238,88 pesos colombianos, reflejando la dinámica diaria de la economía nacional respecto al dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio nominal a la economía colombiana?

Las variaciones de la tasa de cambio nominal influyen directamente en el costo de las importaciones y exportaciones. Cuando el peso se deprecia, las importaciones se encarecen, lo que puede afectar el precio de los productos y la inflación interna. Si el peso se aprecia, los insumos importados se abaratan, pero los exportadores pueden enfrentar dificultades al volverse menos competitivos en mercados internacionales.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el promedio aritmético simple de todas las operaciones de compra y venta de dólares a cambio de pesos realizadas en el sistema financiero colombiano en un mismo día. Para ser incluidas en el cálculo de la TRM, dichas transacciones deben liquidarse el día de su negociación, y participan bancos, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa y otras entidades supervisadas.

Actualmente, Everlast cuenta con cinco tiendas propias en Colombia: tres en Bogotá, una en Medellín y una recientemente inaugurada en Cartagena.

La marca también fortalece su presencia mediante comercio electrónico, marketplaces y el canal multimarca, con una operación de e-commerce propia que tiene cobertura nacional.

La estrategia no se limita a aumentar el número de establecimientos, sino a construir una comunidad alrededor del entrenamiento y consolidar un crecimiento sostenible.

Para ello, Everlast también desarrolla alianzas con gimnasios, coaches, atletas, comunidades de entrenamiento y organizadores de eventos deportivos.

Aunque el boxeo continúa siendo parte fundamental de su identidad, la compañía busca atraer nuevos consumidores mediante una propuesta más amplia bajo el concepto “Train for Life”, que plantea el entrenamiento como una preparación para la vida y no solo para competir.

En esa expansión se destaca la colaboración con Street Fighter, una colección dirigida especialmente a públicos jóvenes y digitales que combina boxeo, fitness, videojuegos, cultura urbana y moda deportiva.

La medida quedó reglamentada mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026 y busca apoyar a los hogares durante la etapa de recuperación.

El beneficio estará dirigido a usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 que hayan sido afectados o damnificados por un desastre y que estén registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD).

Además, deberán contar con un inmueble que pueda recibir efectivamente los servicios públicos.

El subsidio podrá aplicarse hasta durante seis facturas consecutivas si el cobro es mensual, o hasta tres facturas si es bimestral. Solo podrán incluirse facturas expedidas después de la declaración de la situación de desastre.

La ayuda podrá cubrir componentes subsidiables de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, pero no incluye deudas anteriores, facturas en mora, intereses, sanciones ni acuerdos de financiación.

Las viviendas destruidas, demolidas o declaradas inhabitables tampoco podrán recibir cobros por servicios que no puedan prestarse mientras persista esa condición. El Ministerio de Vivienda deberá definir oficialmente los beneficiarios y las condiciones de acceso.

La medida modifica el régimen de inversión establecido en el Decreto 2555 de 2010 y busca que las AFP tengan mayor libertad para administrar los ahorros de millones de colombianos.

El cambio pretende mejorar la diversificación de los portafolios, al permitir una mayor exposición a mercados, monedas y activos internacionales.

De esta manera, los fondos podrán reducir su dependencia del comportamiento de la economía y los mercados colombianos, distribuyendo mejor los riesgos.

Además, las AFP tendrán más alternativas para buscar una mayor rentabilidad de los recursos pensionales, siempre teniendo en cuenta el nivel de riesgo asumido.

La decisión también permitirá ajustar las inversiones según el perfil de cada fondo, la edad de los afiliados y los objetivos de largo plazo.

El límite del 30 % había sido establecido en abril de 2026 mediante el Decreto 369, durante el Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de impulsar la inversión de nuevos recursos en Colombia.

Sin embargo, una evaluación técnica concluyó que el tope podía afectar la diversificación y el funcionamiento del esquema de multifondos.

La eliminación del límite no significa que desaparezcan los controles. Se mantienen restricciones específicas por tipo de activo, estándares de seguridad y mecanismos de gestión de riesgos para proteger el ahorro pensional.

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Pero detrás de una reserva aparentemente sencilla existe una discusión tributaria que llegó a los tribunales: ¿el dinero recibido por alquilar una cancha puede considerarse un ingreso derivado de una actividad deportiva o corresponde a un servicio de arrendamiento que debe pagar el impuesto de industria y comercio (ICA) en Bogotá?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió precisamente ese problema en un proceso entre Fútbol 5 Colombia S.A.S. y la Secretaría Distrital de Hacienda. La sentencia fue proferida el 24 de abril de 2025 por la Sección Cuarta, Subsección B, con ponencia de la magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado.

El caso es importante porque la discusión no se limitó a determinar si la empresa tenía relación con el deporte. El punto central fue establecer qué actividad económica estaba generando los ingresos que la compañía había excluido de la base del impuesto.

¿Qué encontró el tribunal sobre el alquiler de las canchas de fútbol y deportivas?

En Bogotá, el artículo 32 del Decreto 352 de 2002 establece que el hecho generador del ICA está relacionado con el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro del Distrito Capital. La misma norma define como actividad de servicio aquella labor realizada por una persona natural o jurídica que genere una contraprestación en dinero o en especie.

Al mismo tiempo, el artículo 39 del decreto contempla entre las actividades no sujetas al ICA las actividades deportivas, junto con otras como la educación pública, la beneficencia y las actividades culturales.

Ahí estaba precisamente el punto de conflicto. Fútbol 5 Colombia argumentó que su actividad correspondía a la gestión de instalaciones deportivas, identificada con el código CIIU 9311, y que por tratarse de una actividad deportiva podía acogerse al tratamiento de no sujeción previsto en Bogotá. La empresa sostenía que el alquiler de las canchas hacía parte de una gestión integral de instalaciones destinadas a la práctica deportiva.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá sostuvo una posición diferente: el alquiler de un escenario deportivo no era, por sí mismo, la actividad deportiva protegida por la norma. Para la administración, se trataba de un servicio de arrendamiento de un espacio que generaba ingresos y, por tanto, estaba sujeto al impuesto.

El Tribunal terminó respaldando la posición de la Secretaría de Hacienda. La sentencia señala que el alquiler de las canchas sintéticas correspondía a un servicio de alquiler de espacios para practicar deporte durante un tiempo determinado, y no a una actividad deportiva ejecutada directamente por la empresa.

En el caso analizado, las facturas establecían que el usuario disponía de la cancha durante 55 minutos, además de recibir elementos como petos y un balón. Para el tribunal, esas condiciones mostraban que existía un espacio que se entregaba temporalmente a cambio de una remuneración.

Dicho de una manera sencilla: que una persona juegue fútbol en una cancha no significa que quien cobra por el uso de esa cancha esté realizando una actividad deportiva para efectos tributarios.

La Sala consideró que los ingresos obtenidos por el alquiler correspondían a una actividad de arrendamiento de espacios y no a la actividad deportiva que contempla la norma como no sujeta al ICA. Por eso, esos ingresos debían incluirse en la base gravable del impuesto.

Supongamos que un grupo de amigos reserva una cancha durante una hora y paga por utilizarla. Para los usuarios, se trata simplemente de una actividad deportiva. Pero para efectos tributarios, el análisis cambia: lo que recibe el establecimiento es un pago por permitir durante un periodo determinado el uso de un espacio.

Ese fue, en esencia, el elemento que tomó en cuenta el tribunal en este caso. La discusión no estaba en que allí se practicara fútbol, sino en la naturaleza del ingreso que recibía la empresa por permitir el uso de la cancha.

La sentencia también hace una distinción importante frente a otros ingresos relacionados con el deporte. El tribunal señaló que los ingresos derivados de la coordinación de eventos deportivos, inscripciones a torneos y escuelas sí estaban relacionados con actividades deportivas destinadas al esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad, y que la administración había aceptado las deducciones correspondientes.

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El conflicto se originó en las declaraciones del ICA correspondientes a los seis bimestres de 2016. La Secretaría Distrital de Hacienda modificó las declaraciones presentadas por Fútbol 5 Colombia después de determinar que la compañía había excluido de la base gravable los ingresos provenientes del alquiler de las canchas. La administración los clasificó dentro de las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales inició reuniones entre Gobierno, trabajadores y empresarios para revisar aspectos técnicos y jurídicos que marcarán la discusión.

Uno de los puntos clave será el impacto económico del incremento. Anif advierte que la decisión debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también considerar sus efectos sobre el empleo, la inflación y las finanzas públicas.

El aumento también tendrá consecuencias sobre la nómina estatal y el valor de las pensiones.

El Banco de la República ha señalado que el fuerte incremento del salario mínimo para 2026 dificultó el proceso de reducción de la inflación, por lo que se espera que este factor tenga un peso importante en la nueva negociación.

Además, el Consejo de Estado analiza la legalidad del decreto que estableció el aumento de 2026. Una eventual decisión no afectaría derechos adquiridos, pero podría establecer criterios para futuras decisiones salariales.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca mantener un diálogo permanente entre las partes. La cifra definitiva se discutirá con base en inflación, productividad, crecimiento económico y comportamiento del mercado laboral, con la mesa formal prevista para finales de noviembre.

De acuerdo con lo registrado por Asofondos, asociación que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, esta medida representa un avance importante para el sector. Andrés Velasco, presidente del gremio, destacó que el cambio amplía las posibilidades de diversificación de los recursos que administran y les permite buscar una mayor rentabilidad, al tiempo que se gestiona el riesgo de manera más eficiente. Velasco enfatizó que la diversificación es uno de los principales elementos que tiene un administrador de fondos para obtener rentabilidad y administrar correctamente los riesgos de liquidez y de los portafolios en general.

La decisión del Gobierno tiene base en una evaluación técnica, según la cual mantener un límite global idéntico para todos los portafolios podía reducir las opciones de diversificación y obstaculizar el desarrollo del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana. Con el Decreto 1490, la asignación de recursos en los portafolios de pensiones no dependerá de una restricción geográfica uniforme, sino de criterios como rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, siempre bajo el marco regulatorio vigente.

A pesar de la eliminación del límite general para inversiones en el exterior, las AFP no quedan sin límites. De acuerdo con la normativa, se mantienen restricciones específicas para las distintas clases de inversión, así como exigencias prudenciales y reglas estrictas de gestión integral de riesgos. El Gobierno aclaró también que la modificación amplía el universo de activos y mercados donde pueden invertir las AFP, pero siempre bajo las condiciones establecidas para proteger el ahorro pensional de los trabajadores.

La flexibilidad que da el Decreto 1490 actualiza el marco normativo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y elimina la obligación de que solo hasta el 30 % de las inversiones provengan del exterior. Para Asofondos, esto devuelve a las administradoras la facultad de adaptar sus estrategias a las características y objetivos de cada portafolio, en busca de mejores oportunidades de inversión para el retiro de los trabajadores colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambia con el Decreto 1490 de 2026 para las inversiones de los fondos de pensiones en Colombia?

El Decreto 1490 de 2026 elimina el límite global del 30 % para las inversiones en activos del exterior que regía sobre los fondos de pensiones obligatorias, permitiendo así que cada administradora defina la composición de sus portafolios según criterios de rentabilidad y riesgo, manteniéndose las demás limitaciones específicas y requisitos regulatorios establecidos en la legislación.

¿Por qué es importante la diversificación en los portafolios de fondos de pensiones?

La diversificación, según explicó el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, permite distribuir las inversiones entre diferentes mercados, sectores y monedas, reduciendo el riesgo y aumentando la posibilidad de obtener mejores rendimientos a largo plazo. Esto es fundamental para garantizar el crecimiento y la estabilidad de los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos.

De acuerdo con la información oficial del Gobierno, la revocatoria del límite del 30 % responde a una evaluación técnica que identificó que un mismo tope aplicado a todos los portafolios restringía las opciones de diversificación y limitaba el potencial del sistema de multifondos que contempla la legislación colombiana. Bajo la regla anterior, las inversiones en el exterior debían reducirse gradualmente hasta alcanzar el límite definido, y las nuevas cotizaciones se dirigían preferiblemente hacia inversiones nacionales. Con la expedición del nuevo decreto, esta restricción deja de ser obligatoria.

La intención principal de la modificación es permitir que los criterios técnicos, tales como rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, sean los determinantes en la conformación de los portafolios, en vez de una restricción relacionada exclusivamente con la ubicación geográfica de los activos. El cambio también implica una actualización al marco normativo establecido en el Decreto 2555 de 2010, ampliando el abanico de alternativas tanto en el mercado colombiano como en los mercados internacionales.

A pesar de la eliminación del límite global para los activos del exterior, el Gobierno resalta que las AFP continúan sujetas a límites específicos para distintos tipos de inversión y a estrictos estándares prudenciales, así como a exigencias en gestión integral de riesgos. Es decir, aunque se amplía el universo de mercados y activos accesibles, no se permite que las administradoras tomen decisiones de inversión sin restricciones, ya que deben seguir garantizando la protección y diversificación de los recursos de los afiliados.

Este cambio en la regulación, según el Gobierno, busca fortalecer las capacidades de las AFP para manejar los recursos pensionales con una visión de largo plazo, orientada a lograr mejores balances entre rentabilidad y riesgo, dentro del marco regulatorio vigente y con el objetivo de beneficiar al afiliado, sin comprometer la seguridad del ahorro pensional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambia para las AFP con el Decreto 1490 de 2026 sobre inversiones en el exterior?

El principal cambio que introduce el Decreto 1490 de 2026 es la eliminación del límite global del 30 % en inversiones en activos del exterior para los fondos de pensiones obligatorias, permitiendo a las AFP gestionar sus portafolios con mayor libertad. No obstante, deben seguir cumpliendo límites específicos y normas de gestión de riesgos.

¿Qué significa diversificación en la administración de fondos de pensiones?

Diversificación es la estrategia que permite distribuir las inversiones entre diferentes mercados, sectores y activos para reducir la dependencia de un solo mercado y equilibrar los riesgos. El Decreto 1490 busca que los portafolios de las AFP en Colombia sean más diversos, ajustándose a los objetivos de cada fondo.

Precisamente, uno de los primeros mensajes del Gobierno fue dejar claro que esta administración solo tomará decisiones técnicas sobre el aumento del salario.

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De esta manera, el Gobierno descarta aumentos elevados. El límite, explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dependerá del comportamiento de la inflación y de la productividad laboral, variables que se tendrán en cuenta para definir el ajuste del salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con el Gobierno, no se puede contemplar un aumento tan alto, pues afectaría varios frentes. Entre los más importantes están los recursos que debe destinar al pago de sus trabajadores y el dinero necesario para cubrir las obligaciones con los pensionados.

Las precauciones que piden tener con el salario mínimo en Colombia para 2027

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo aseguró que se escucharán todas las posturas en la mesa de concertación, pero que la discusión deberá tener una base técnica.

“Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los actores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad, pero necesita confianza y reglas claras”, dijo la ministra Natalia López.

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Tras los primeros diálogos, se espera que en los próximos días empresarios y trabajadores presenten sus comentarios iniciales para sentar las bases de la discusión y avanzar de manera anticipada en la definición del ajuste.

Según la invitación oficial de ISA, la agenda contempla siete puntos fundamentales. Inicialmente se verificará el quórum de asistentes y se aprobará el orden del día. Posteriormente, los accionistas elegirán al presidente de la sesión y conformarán las comisiones responsables de la revisión y firma del acta de la asamblea. Uno de los aspectos centrales será el análisis de la reforma de los estatutos sociales de la empresa. En la información publicada, ISA detalló que se busca con esta reforma armonizar los instrumentos internos con las modificaciones estatutarias previamente aprobadas. De este modo se pretende adaptar la normativa interna a los cambios recientes, sometiendo a votación de la asamblea aquellos ajustes que solo pueden ser autorizados por este órgano supremo.

La convocatoria establece también que durante la asamblea se elegirá a los nuevos miembros de la junta directiva, quienes completarán el periodo vigente entre 2026 y 2028. Para participar en la reunión, los accionistas deberán realizar un registro previo y validar su identidad; este proceso estará disponible del 14 al 27 de octubre, según informó ISA en su página web. El Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval), de acuerdo con la información oficial, apoyará la validación de los datos de los accionistas y sus representantes, contrastando la información con el libro de registro y la documentación pertinente.

La compañía subrayó que los poderes otorgados para representación en la reunión deberán cumplir con las normas establecidas en el Código de Comercio y la regulación para emisores de valores. Además, recordó que, salvo representación legal, los empleados y administradores de ISA no pueden representar acciones ajenas a las propias. Se notificó además que el evento será grabado y, para participar, se requerirá la autorización para el tratamiento de datos personales en el proceso de registro. El contexto de esta convocatoria, según ISA, coincide con los ajustes internos en sus órganos de gobierno y marca un momento decisivo para sus accionistas en la toma de decisiones relevantes sobre el rumbo de la compañía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los accionistas de ISA participar en la Asamblea General Extraordinaria?

Según la información de la convocatoria oficial de ISA, los accionistas interesados en participar deberán registrarse previamente entre el 14 y el 27 de octubre en la página web de la empresa. El proceso incluye validación de identidad, apoyo de Deceval y verificación de poderes cuando corresponda, garantizando así la transparencia y legalidad de la representación en la reunión virtual.

¿Qué cambios estatutarios se buscan aprobar en la próxima asamblea de ISA?

De acuerdo con la información publicada por ISA, la reforma de estatutos que se llevará a consideración durante la asamblea busca armonizar los instrumentos internos de la empresa con modificaciones previas. Los cambios serán sometidos a la aprobación de los accionistas, quienes tendrán la responsabilidad de definir los ajustes requeridos para el funcionamiento y gobierno corporativo de la organización.

De acuerdo con el gremio, el cálculo del nuevo cargo implica que un tractocamión cargado con 30 toneladas debe asumir un costo extra cercano a los $127.050 por cada operación realizada, lo que representa un aumento significativo en los costos logísticos. Colfecar enfatizó que esta obligación se suma a otros incrementos recientes que afectan la viabilidad económica del sector, entre los que mencionó alzas en el precio de combustibles, peajes, costos laborales y gastos financieros. Además, se refirió a los desafíos derivados de bloqueos viales, problemas de seguridad y restricciones en la vía entre Cali y Buenaventura.

La federación detalló que la complicada situación logística en Buenaventura ya enfrenta múltiples retos operativos. Entre los problemas señalados están la congestión en los accesos, filas que alcanzan hasta 25 kilómetros de vehículos de carga y tiempos de espera de hasta ocho horas para ingresar o salir de los puertos. También puso sobre la mesa las dificultades en la devolución de contenedores vacíos y la saturación en patios y zonas de almacenamiento.

Aunque Colfecar reconoció la importancia de invertir en el desarrollo de Buenaventura, expresó su desacuerdo con el mecanismo elegido para recaudar fondos, cuestionando que la solución recayese nuevamente sobre los transportadores, los generadores de carga y, en última instancia, la ciudadanía. El gremio pidió transparencia y acceso a los estudios técnicos, financieros y de movilidad que habrían justificado el decreto, así como la metodología utilizada para determinar el valor por tonelada transportada.

Colfecar solicitó a la administración distrital clarificar cómo el cobro contribuiría a resolver las congestiones y qué obras serían ejecutadas con los recursos. Además, expresó inquietudes sobre la competencia del distrito para regular vías administradas por entidades nacionales como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). El gremio advirtió que ya existen aportes del sector para infraestructura, como el peaje de Loboguerrero, parte del proyecto Buga-Loboguerrero-Buenaventura, y la sobretasa nacional al ACPM (Aceite Combustible para Motores).

Finalmente, Colfecar solicitó suspender la implementación del decreto en tanto avanza una mesa de concertación con la administración distrital y se realice una revisión integral de los aspectos técnicos, económicos y legales de la medida. Insistió en que cualquier nuevo costo en la operación portuaria puede afectar a toda la cadena logística, instando a priorizar mejoras operativas y de capacidad vial frente a más cobros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica el nuevo cobro por tonelada para los transportadores de carga en Buenaventura?

El nuevo cobro, establecido a través del Decreto Distrital 0338 de 2026, significa un incremento de $4.235 por cada tonelada transportada desde o hacia los puertos de Buenaventura. Para un tractocamión promedio que moviliza 30 toneladas, esto implica un gasto adicional de $127.050 por operación. De acuerdo con Colfecar, este aumento se suma a los costos existentes por combustibles, peajes y otros factores, lo que podría afectar la competitividad y la eficiencia de la cadena logística nacional.

¿Por qué el sector transportador cuestiona la competencia del distrito sobre los cobros en corredores nacionales?

Colfecar explicó que varias de las principales vías por donde circulan los vehículos de carga en Buenaventura forman parte de corredores nacionales bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Por esto, advirtió que imponer un cobro distrital sobre estas infraestructuras podría significar una doble carga para el gremio, considerando que ya existen pagos como el peaje de Loboguerrero y la sobretasa nacional al ACPM, destinados legalmente a la financiación y mantenimiento de estas mismas vías.

La serie se distinguió por aprovechar el talento y la infraestructura nacional en cada una de sus etapas. Según Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica en Netflix, la producción fue una demostración de cómo desde Colombia pueden contarse historias de talla mundial, con participación de artistas, técnicos y proveedores locales. La grabación, realizada principalmente en el departamento del Tolima donde se construyó el set que representó a Macondo, implicó la contratación de más de 850 personas y el uso de escenarios cuya extensión alcanzó los 560.000 metros cuadrados. Tan solo en la segunda parte, se añade, se levantaron sets de 16.623 metros cuadrados para las distintas eras narradas en la historia.

El impacto también se reflejó en sectores variados como la hotelería, que registró una demanda de 154.888 noches de alojamiento. Alrededor de 970 proveedores y negocios locales se beneficiaron de actividades relacionadas con construcción, escenografía, transporte, alimentación, efectos visuales, postproducción y servicios especializados. En la dimensión cultural se destaca la confección de 70.000 prendas de vestuario y la participación de 227 músicos en la elaboración de la banda sonora.

De acuerdo con Claudia Triana, directora general de Proimágenes Colombia, este tipo de proyectos, respaldados por incentivos estatales como el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), legitima la capacidad del país para asumir producciones internacionales. El CINA corresponde a un descuento tributario del 35% sobre el gasto en servicios audiovisuales realizados en Colombia.

Paola Holguín, ministra de Cultura, subrayó el papel de los incentivos y del talento nacional en el posicionamiento del país en la industria audiovisual global. En igual sentido, Alexandra Falla, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, resaltó cómo la adaptación de la obra de García Márquez no solo acercó la literatura a una audiencia mundial, sino que permitió fortalecer la industria colombiana y abrir oportunidades laborales y comerciales en el sector audiovisual. Según los datos citados, la serie figuró seis semanas entre los contenidos más vistos en Colombia y también se ubicó en el top 10 de varios países de la región.

La multimillonaria inversión, la generación de empleo y la participación de talento local en áreas como construcción, vestuario, música y guionizaron lo convierten en un referente del potencial económico, cultural y creativo que puede suscitar el sector audiovisual colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico de la serie Cien años de soledad en Colombia?

La serie ‘Cien años de soledad’, según datos de Netflix, dejó un impacto económico superior a $525.000 millones en Colombia. Esta cifra contempla el gasto directo de la producción y el efecto sobre la cadena de suministro, incluyendo la generación de empleo, contratación de proveedores locales y dinamización de distintos sectores como hotelería, construcción, alimentación y servicios técnicos. Además, representa más del doble del impacto económico registrado tras la primera parte de la serie.

¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) otorgado en Colombia?

El Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) es un incentivo gestionado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia, consistente en un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país. Este mecanismo busca atraer inversión extranjera en producciones audiovisuales, promoviendo el desarrollo de la industria nacional y el fortalecimiento de áreas como la producción, servicios profesionales y creación de empleo local.

Son tres los casos principales en los que el fondo público solicita realizar estas actualizaciones, y para cada uno se deben certificar ciertos requisitos.

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Según Colpensiones, no llevar a cabo estos trámites puede generar retrasos o la suspensión en los pagos mensuales.

Casos en los que Colpensiones exige notificaciones a sus afiliados para evitar problemas con la mesada

1. Pensionados por invalidez (Revisión periódica del estado de salud):

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, la pérdida de capacidad laboral debe reevaluarse periódicamente (generalmente cada tres años) para verificar si la condición médica que dio origen a la pensión se mantiene, empeoró o presentó mejoría. Una vez recibida la notificación formal de Colpensiones, el pensionado cuenta con un plazo de tres meses para agendar la cita de valoración o adjuntar los soportes médicos requeridos.

2. Al heredar una pensión (Pensión de sobrevivientes):

Los beneficiarios entre 18 y 25 años que reciben una pensión por ser hijos de un afiliado o pensionado fallecido deben acreditar que se encuentran estudiando.

3. Cambios en cuenta bancaria o residencia:

Todo pensionado que realice un cambio de entidad financiera, tipo de cuenta bancaria o datos de contacto (dirección, teléfono o correo electrónico) debe notificarlo a Colpensiones.

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El fondo público recuerda que estas actualizaciones se pueden realizar a través de su Sede Electrónica, ingresando al portal de trámites en el apartado de medicina laboral o actualización de datos.

Según DANE, las edificaciones sumaron 127.700 metros cúbicos de concreto premezclado, una cifra notablemente superior a los 102.000 metros cúbicos registrados un año atrás. Además, este segmento aumentó su participación dentro de la producción total, pasando de 16,4% a 19,5%. Por su parte, el destino de obras civiles también mostró señales positivas, con una variación de 2,2% que elevó la producción de 155.400 a 158.900 metros cúbicos. El grupo "instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil" impulsó especialmente estos resultados, al crecer 15,2% anual.

El comportamiento de la vivienda fue más moderado. La producción alcanzó 357.500 metros cúbicos, lo que representa un incremento marginal de 0,9% frente a agosto del año anterior. Sin embargo, este resultado esconde diferencias: mientras el concreto destinado a vivienda No VIS (no de interés social) creció 1,8%, la vivienda VIS (vivienda de interés social) retrocedió 0,3%. La vivienda a nivel general perdió peso dentro de la producción nacional de concreto, al pasar de 57,1% a 54,5% de participación, en contraste con las edificaciones, que ganaron relevancia.

Al analizar el periodo entre enero y agosto de 2026, la producción nacional llegó a 5 millones de metros cúbicos, con un avance global de 2,1%. Las edificaciones y las obras civiles lideraron el crecimiento (29,3% y 9,3%, respectivamente), mientras que el concreto para vivienda cayó 8,1%, debido al descenso en vivienda VIS (14,9%) y en vivienda No VIS (2,9%).

En los últimos doce meses, la producción acumulada fue de 7,63 millones de metros cúbicos, un alza de 1,8%. El motor fue nuevamente el segmento de edificaciones (20,1% de crecimiento), seguido de las obras civiles (8,4%), mientras que la vivienda disminuyó 6,3%, con una baja relevante en el segmento VIS (15,4%).

En el ámbito regional, Antioquia sobresalió con un incremento de 28,9% en agosto, aportando 3,1 puntos porcentuales al crecimiento nacional, y se observaron alzas importantes en Atlántico, Bolívar, Santander y Boyacá. Por el contrario, Bogotá y sus alrededores, así como Valle del Cauca, mostraron caídas destacadas. Los datos, de carácter provisional, fueron recopilados por el DANE con una cobertura del 94,37% de las fuentes habituales y procesos de imputación equivalentes al 0,76% de la producción total reportada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la participación de la vivienda en la producción de concreto premezclado en Colombia?

De acuerdo con el DANE, la participación de la vivienda en la producción total de concreto premezclado disminuyó en agosto de 2026 frente a agosto de 2025. La cuota de la vivienda bajó de 57,1% a 54,5%, mientras que las edificaciones incrementaron su peso. Este cambio refleja una tendencia de menor dinamismo en el segmento de vivienda, en especial en la vivienda de interés social (VIS).

¿Qué significa la sigla VIS en los reportes sobre construcción y concreto en Colombia?

La sigla VIS hace referencia a "vivienda de interés social". En los informes del DANE y el sector de la construcción, este término se utiliza para identificar proyectos de vivienda orientados a personas o familias con ingresos limitados. El comportamiento de este segmento es seguido de cerca, pues suele reflejar políticas de vivienda y el acceso de diferentes sectores de la población a soluciones habitacionales.

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La tarifa corresponde a $4.235 por cada tonelada transportada y fue establecida por la Alcaldía de Buenaventura mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026 bajo la figura de “precio público por circulación”. Para Colfecar, el cobro llega en un momento en que el transporte de carga ya enfrenta mayores gastos por combustible, peajes, salarios, seguridad y las dificultades de movilidad en el corredor hacia el puerto.

El impacto se puede dimensionar en una operación concreta: un tractocamión con capacidad para movilizar 30 toneladas tendría que asumir cerca de $127.050 adicionales por recorrido. El gremio advierte que ese costo no necesariamente quedaría limitado a las empresas transportadoras, pues podría terminar repercutiendo en otros actores de la cadena comercial.

¿Por qué Colfecar cuestiona el cobro en puerto de Buenaventura?

La Federación sostiene que la Alcaldía debe explicar con mayor detalle cómo se obtuvo la tarifa de $4.235 y cuál es la relación entre el peso de la carga y los problemas de congestión que la Administración busca atender.

El gremio también solicitó conocer el estudio técnico, financiero y de movilidad de 2024 que habría servido como fundamento para establecer el cobro. Además, pidió información sobre la destinación de los recursos: cuánto se espera recaudar, cuáles obras se financiarían y quién estaría encargado de ejecutarlas.

La Administración Distrital sostiene que el aumento del tránsito de vehículos pesados ha contribuido al deterioro de las vías urbanas y que los recursos disponibles no alcanzan para atender las necesidades de infraestructura. Según el decreto, lo recaudado tendría destinación exclusiva para construcción, mantenimiento y reparación de vías, además de proyectos de movilidad sostenible.

El Distrito también calcula que el tránsito de vehículos de carga podría acercarse a los 10.000 camiones diarios durante los próximos 30 años, una proyección que hace parte de los argumentos para la medida.

Transportadores alertan por más costos en la ruta a Buenaventura

La preocupación de Colfecar no se limita al monto de la nueva tarifa. El gremio asegura que la operación hacia el puerto ya está marcada por congestiones que pueden extender las filas hasta 25 kilómetros y producir esperas de hasta ocho horas para ingresar o salir de las terminales.

A esas dificultades se suman, según el sector, los incrementos en el precio del diésel, los peajes y los costos laborales, además de los problemas de seguridad y los bloqueos que afectan el corredor Cali-Buenaventura.

Colfecar advierte que esta combinación puede restarle competitividad al puerto y llevar a algunas empresas a considerar alternativas en terminales de la costa atlántica. “Colombia necesita reducir sus costos logísticos, no crear nuevos”, sostuvo el gremio.

¿Qué propone Colfecar frente a la tarifa?

En lugar de comenzar a recaudar el nuevo precio público, la Federación planteó que se suspenda su aplicación mientras funciona una Mesa Institucional de Concertación, espacio que, según el gremio, ya fue aceptado por la Administración de Buenaventura.

La propuesta consiste en revisar desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico la tarifa antes de definir su entrada en operación. Colfecar también planteó que la Alcaldía acompañe al Gobierno nacional en las obras previstas para mejorar la infraestructura vial de acceso al puerto.

Entre las intervenciones mencionadas están las unidades funcionales 2, 3 y 4 de la concesión vial, que contemplan trabajos sobre 3,5 kilómetros y la construcción de 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna.

La discusión adquiere especial relevancia por el papel de Buenaventura en el comercio exterior colombiano. Mientras Colfecar pide revisar el cobro antes de aplicarlo, el Gobierno nacional también expresó reparos frente a la medida y advirtió que puede encarecer la operación logística y afectar la competitividad del puerto.

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Dicha promoción contempla viajes desde finales de octubre de 2026 hasta mayo de 2027, por lo que no se limita a las celebraciones de diciembre. Sin embargo, la oferta tiene un periodo de compra definido: estará disponible hasta el 12 de octubre, según la información publicada por Noticias RCN.

Entre las tarifas más económicas aparecen rutas que conectan varias de las principales ciudades del país. El trayecto Bogotá-Cali parte desde $69.300 por persona y le siguen Bogotá-Medellín, desde $72.300, y Bogotá-Bucaramanga, desde $74.600.

La campaña también incluye otras conexiones nacionales. Medellín-Montería aparece desde $74.800, Bucaramanga-Bogotá desde $75.600 y Medellín-Barranquilla desde $75.700.

¿Qué vuelos internacionales tienen descuento en JetSmart?

La oferta no se concentra únicamente en Colombia. JetSmart también incluyó algunas rutas internacionales, aunque con precios superiores a los de los trayectos nacionales.

Entre las opciones reportadas están Cali-Antofagasta, desde $531.100; Medellín-Punta Cana, desde $606.300, y Cali-Punta Cana, desde $617.400. En estos vuelos los descuentos llegan hasta el 18 %, según Noticias RCN.

¿Hasta cuándo se pueden comprar los tiquetes?

La promoción está vigente del 5 al 12 de octubre de 2026. Las fechas habilitadas para viajar comienzan el 26 de octubre de este año y se extienden hasta el 27 de mayo de 2027, aunque pueden variar dependiendo del destino elegido.

Por tratarse de tarifas promocionales, los precios corresponden a rutas y cupos específicos. Por eso, el valor disponible al momento de consultar puede cambiar según la fecha y el trayecto seleccionado.

Esto significa que, en los últimos 12 meses, los precios aumentaron 1,11 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. En septiembre, por su parte, la variación mensual fue de 0,37 %, mientras que la inflación acumulada durante 2026 llegó a 5,74 %.

El resultado anual estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. La encuesta de analistas de Citi apuntaba a una inflación de 6,33 % para septiembre.

Sin embargo, el dato mantiene una distancia considerable frente al objetivo del Banco de la República, que busca una inflación de 3 %. La diferencia entre ambos niveles es de 3,29 puntos porcentuales.

Alimentos y educación, entre los que más presionaron los precios

El comportamiento de los precios fue diferente entre los distintos grupos de bienes y servicios. Las mayores variaciones anuales se presentaron en restaurantes y hoteles (9,44 %), salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles y artículos para el hogar (6,75 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %).

En términos de aporte al resultado general, los grupos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación explicaron buena parte de la inflación anual.

Algunos productos tuvieron aumentos especialmente fuertes. La papa subió 78,24 % en el último año y acumula un incremento de 67,70 % en lo corrido de 2026. Las frutas frescas aumentaron 16,64 %, mientras que la carne de res y sus derivados subió 14,22 %.

En contraste, también hubo productos que bajaron de precio. Los vehículos particulares nuevos o usados registraron una disminución de 2,85 % anual, mientras la zanahoria cayó 39,68 %, las legumbres secas 11,56 %, la carne de cerdo 6,17 % y el arroz 2,83 %.

Durante septiembre, educación aumentó 1,43 % y alimentos y bebidas no alcohólicas 0,78 %. En este último grupo sobresalieron las hortalizas y legumbres frescas, con un aumento mensual de 9,10 %, y la papa, cuyo precio subió 7,29 %.

Inflación sigue siendo un reto para el Banco de la República

El dato se conoce pocos días después de que el Banco de la República aumentara su tasa de interés de política monetaria de 12 % a 12,25 %. La decisión del 30 de septiembre sorprendió al mercado, que esperaba principalmente una pausa.

Uno de los factores detrás de la decisión fue precisamente la persistencia de las presiones inflacionarias. Las expectativas de los analistas para el cierre de 2026 se acercan al 7 %, mientras que el Banco de la República ha advertido que el regreso de la inflación hacia su meta será gradual.

Así, aunque el dato de septiembre estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, el panorama todavía muestra una inflación elevada frente al objetivo del Emisor. Los precios de alimentos, educación, vivienda y otros servicios continúan siendo determinantes para el costo de vida de los colombianos.

Según explicó Hernández, una de las principales dificultades radica en los precios de compra del arroz, que tienden a recuperarse solo después de que la mayor parte de la cosecha ya ha sido comercializada por los agricultores. "Los precios apenas comienzan a reaccionar cuando el 80 o 90% de la cosecha ya salió", aseguró. Esta dinámica, según el dirigente, deja al margen a la mayoría de los productores y no contribuye a resolver sus problemas urgentes.

El dirigente de Fedearroz también atribuyó las dificultades del sector a la disminución de disponibilidad de agua de riego y el incremento de las temperaturas. En sus declaraciones, sostuvo que el área destinada para el cultivo de arroz en Colombia ha disminuido más de un 30%. Sin embargo, no especificó el periodo exacto que abarca este porcentaje ni presentó datos detallados para las zonas de Cesar y La Guajira.

Respecto a la propuesta de cambio al cultivo de marañón, Hernández fue enfático en afirmar que no es una alternativa inmediata, ya que esta planta requiere de cuatro a cinco años para empezar a producir, mientras que el ciclo del arroz es de alrededor de 120 días. En palabras del dirigente, “no es la salida” para una problemática que demanda soluciones inmediatas y advirtió que no todos los agricultores cuentan con los recursos necesarios para soportar varios años sin retorno económico.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, indicó que su propuesta de sustitución se refería a la situación específica de La Guajira, donde el arroz acumula cinco años seguidos de pérdidas. El Ministerio, según el boletín del 5 de octubre, presentó además un modelo integral para 2027 que abordaría las áreas de financiación, producción, transformación y comercialización. Entre tanto, Hernández resaltó los avances logrados por Fedearroz en materia de tecnología y reducción de costos, alegando que el programa tecnológico del gremio ha permitido disminuir hasta en un 30% los costos de producción y reducir el consumo de agua de riego en un 42%.

Finalmente, el gerente de Fedearroz solicitó fortalecer el diálogo y la cooperación entre los productores y el Estado, insistiendo en la importancia de la seguridad alimentaria y advirtiendo sobre el riesgo que representa depender de importaciones de arroz para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Fedearroz considera inviable que los productores de arroz cambien al cultivo de marañón?

Fedearroz considera inviable la propuesta porque el cultivo de marañón tarda entre cuatro y cinco años en producir, lo que implica un periodo prolongado sin ingresos para los agricultores, mientras que el arroz tiene un ciclo productivo mucho más corto, de aproximadamente 120 días. Además, el dirigente Rafael Hernández señaló que no todos los productores cuentan con los recursos necesarios para esperar tanto tiempo un retorno económico, por lo que el cambio de cultivo no representa una solución inmediata a las dificultades actuales.

¿Cuáles son las principales causas de la crisis del arroz en zonas como Cesar y La Guajira según Fedearroz?

De acuerdo con Fedearroz, la crisis del arroz en regiones como Cesar y La Guajira se debe principalmente a los bajos precios que reciben los agricultores y a condiciones climáticas adversas, como la escasez de agua y las altas temperaturas, que han obligado a reducir más de un 30% el área sembrada con arroz. Asimismo, los incrementos de precio suelen llegar tarde, cuando la mayor parte de la cosecha ya fue vendida, lo que no ayuda a la mayoría de los productores afectados.

A eso se le suma otro dolor de cabeza común: la factura de la energía. Al ser el único aparato del hogar encendido las 24 horas del día, los 365 días del año, la nevera se lleva una buena tajada del consumo eléctrico mensual.

Con un comprador local cada vez más informado, que compara fichas técnicas y lee comentarios en internet antes de tomar una decisión de inversión para el hogar, la eficiencia energética y la conservación real de los alimentos se han convertido en las prioridades número uno a la hora de equipar la cocina.

Tecnología pensada para la vida real

Para responder a estos retos, el mercado de electrodomésticos en el país viene evolucionando con soluciones que buscan hacer la vida más fácil. Un ejemplo es la llegada al país de la línea PRIME+ Edition de Panasonic, ya disponible en Alkosto, una apuesta que combina el diseño de la arquitectura japonesa contemporánea con acabados en espejo negro e innovación enfocada en la economía del hogar.

Estas son algunas de las innovaciones clave que están cambiando el juego en la conservación de los alimentos:

• Congelación suave sin perder textura: tecnologías como Prime Fresh permiten mantener carnes y pescados frescos a -3 grados centígrados hasta por siete días sin llegar a congelarlos del todo. Esto evita que pierdan sus nutrientes y jugos naturales. Además se pueden cocinar de una vez sin esperar horas a que se descongelen.
• Ahorro automático de energía: gracias a la combinación de motores Inverter con sensores de inteligencia artificial (iA ECONAVI), los equipos aprenden las rutinas de la casa. Detectan cuándo se abre menos la puerta (como en la noche) y ajustan la potencia del compresor para no gastar luz de más.
• Aire más limpio en el interior: sistemas como nanoe™ X utilizan partículas de agua para inhibir hasta el 99,99 % de las bacterias, neutralizar malos olores y reducir residuos de pesticidas en frutas y verduras, logrando que el mercado dure mucho más tiempo fresco.

Esto significa que, en los últimos 12 meses, los precios aumentaron 1,11 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. En septiembre, por su parte, la variación mensual fue de 0,37 %, mientras que la inflación acumulada durante 2026 llegó a 5,74 %.

El resultado anual estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. La encuesta de analistas de Citi apuntaba a una inflación de 6,33 % para septiembre.

Sin embargo, el dato mantiene una distancia considerable frente al objetivo del Banco de la República, que busca una inflación de 3 %. La diferencia entre ambos niveles es de 3,29 puntos porcentuales.

Alimentos y educación, entre los que más presionaron los precios

El comportamiento de los precios fue diferente entre los distintos grupos de bienes y servicios. Las mayores variaciones anuales se presentaron en restaurantes y hoteles (9,44 %), salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles y artículos para el hogar (6,75 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %).

En términos de aporte al resultado general, los grupos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación explicaron buena parte de la inflación anual.

Algunos productos tuvieron aumentos especialmente fuertes. La papa subió 78,24 % en el último año y acumula un incremento de 67,70 % en lo corrido de 2026. Las frutas frescas aumentaron 16,64 %, mientras que la carne de res y sus derivados subió 14,22 %.

En contraste, también hubo productos que bajaron de precio. Los vehículos particulares nuevos o usados registraron una disminución de 2,85 % anual, mientras la zanahoria cayó 39,68 %, las legumbres secas 11,56 %, la carne de cerdo 6,17 % y el arroz 2,83 %.

Durante septiembre, educación aumentó 1,43 % y alimentos y bebidas no alcohólicas 0,78 %. En este último grupo sobresalieron las hortalizas y legumbres frescas, con un aumento mensual de 9,10 %, y la papa, cuyo precio subió 7,29 %.

Inflación sigue siendo un reto para el Banco de la República

El dato se conoce pocos días después de que el Banco de la República aumentara su tasa de interés de política monetaria de 12 % a 12,25 %. La decisión del 30 de septiembre sorprendió al mercado, que esperaba principalmente una pausa.

Uno de los factores detrás de la decisión fue precisamente la persistencia de las presiones inflacionarias. Las expectativas de los analistas para el cierre de 2026 se acercan al 7 %, mientras que el Banco de la República ha advertido que el regreso de la inflación hacia su meta será gradual.

Así, aunque el dato de septiembre estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, el panorama todavía muestra una inflación elevada frente al objetivo del Emisor. Los precios de alimentos, educación, vivienda y otros servicios continúan siendo determinantes para el costo de vida de los colombianos.

La principal meta del ejecutivo es identificar y resolver los obstáculos que impiden la implementación de nuevos proyectos de generación. Entre las dificultades abordadas se destacan los retrasos en trámites de permisos y las regulaciones asociadas, una inquietud planteada durante la reunión por figuras como Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, y Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia. La ministra de Minas y Energía, María Natalia Arboleda, acompañó el encuentro y recalcó la importancia de incrementar la oferta energética nacional y apoyar la soberanía energética del país.

El Ministerio de Minas y Energía subrayó que una reactivación de los proyectos traería consigo beneficios adicionales, tales como la recuperación de inversiones y la creación de empleo para las comunidades del Caribe. Este impulso encaja dentro de la estrategia de crecimiento económico nacional, alineándose con la necesidad de que Colombia cuente con una matriz energética robusta frente a fenómenos como El Niño.

Según las autoridades, La Guajira posee condiciones excepcionales para el desarrollo de energías renovables. Sus características naturales, entre las que se destacan elevados niveles de radiación solar y fuertes vientos, permiten la viabilidad de proyectos solares y eólicos. Datos citados en el encuentro señalan que la velocidad del viento puede superar los nueve metros por segundo a 80 metros de altura, y la radiación solar alcanza hasta seis kilovatios por metro cuadrado, lo que representa valores significativamente por encima del promedio global. El potencial estimado para generación limpia en el departamento se calcula cercano a los 130 gigavatios, combinando ambas fuentes renovables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos energéticos que se quieren destrabar en La Guajira?

Los proyectos que el gobierno busca destrabar en La Guajira están enfocados principalmente en ampliar la capacidad de generación eléctrica mediante fuentes renovables como la energía solar y eólica. La administración calcula que las iniciativas suman inversiones superiores a los 2.500 millones de dólares, y su desarrollo permitirá aprovechar las condiciones naturales de la región, facilitando una mayor oferta de energía y nuevas oportunidades socioeconómicas.

¿Por qué la energía renovable es importante para el desarrollo de La Guajira?

La energía renovable ocupa un lugar central en el futuro de La Guajira, dado que el departamento cuenta con viento y radiación solar en niveles muy superiores al promedio mundial. Según el Ministerio de Minas y Energía, esto convierte a la región en ideal para proyectos eólicos y solares, permitiendo ampliar la capacidad energética, atraer inversiones y generar empleo, así como fortalecer la autonomía energética de Colombia frente a desafíos como el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con un reporte técnico de Anif, la administración del presidente Abelardo de la Espriella encarará una negociación donde ponderará la protección del poder adquisitivo junto a los efectos macroeconómicos.

Aunque la concertación salarial aún no arranca formalmente, el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras entablaron un diálogo tripartito inicial que servirá como marco previo de discusión.

La primera reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ocurrió el primero de octubre, reuniendo a delegados de los diferentes sectores productivos.

El proceso de concertación formal iniciará a finales de noviembre y tomará como base diversos indicadores técnicos, incluyendo la productividad laboral, la inflación, las cifras de empleo y proyecciones económicas.

Estos insumos resultarán fundamentales para que las partes estructuren sus propuestas iniciales y midan las implicaciones fiscales ligadas al incremento en los costos operativos y de personal.

El ajuste del salario mínimo en 2027 produce consecuencias que van más allá del sueldo directo percibido por la fuerza laboral en el territorio nacional.

La decisión impacta el desembolso de mesadas pensionales y las cargas de nómina, dos elementos que ganan trascendencia ante el escenario de “alta estrechez fiscal” que afrontan las finanzas públicas.

Por esta razón, el espacio financiero para asumir compromisos presupuestales adicionales constituirá un eje determinante a lo largo de las reuniones tripartitas.

La mesa de concertación buscará resguardar la capacidad de compra de los trabajadores, evaluando simultáneamente los efectos sobre la ocupación, los precios al consumidor y el déficit fiscal.

El propósito central será hallar un punto medio razonable entre la recuperación del poder de compra real y el entorno económico general del país.

El antecedente del reajuste pactado en 2026 también influirá en las posturas, pues la información señala que dicho incremento causó “compresión salarial” y estimuló la informalidad laboral.

Asimismo, la economía nacional continúa encarando presiones inflacionarias provocadas por excesos en la demanda agregada y un avance productivo moderado.

Por consiguiente, la negociación no se limitará exclusivamente a definir un porcentaje porcentual de aumento para los sueldos de la población trabajadora.

Los delegados evaluarán cómo una nueva elevación se transmite a distintos sectores productivos y en especial al gasto social dependiente del ingreso mínimo.

En el área fiscal, el impacto sobre el sistema pensional adquiere valor prioritario porque la subida incrementa los recursos gubernamentales requeridos para cubrir estas obligaciones.

Una vez consolidados los informes técnicos oficiales, los voceros de los trabajadores y los gremios patronales presentarán sus exigencias sobre el sueldo y el auxilio de transporte.

El diálogo del salario mínimo de 2027 avanzará mediante sesiones colectivas donde expondrán argumentos, analizarán alternativas y presentarán contrapropuestas, mientras el Ministerio del Trabajo procurará acercar las posturas contrapuestas.

Si las partes no logran un acuerdo unánime antes del 15 de diciembre, deberán justificar sus diferencias y evaluar las observaciones planteadas en la mesa.

Si la falta de consenso persiste tras este periodo de revisión, el Gobierno fijará el salario mínimo de 2027 mediante decreto con fecha límite del 30 de diciembre de 2026.

La determinación final ocurrirá en medio de un amplio análisis con repercusiones laborales, tributarias y empresariales para toda la nación.

Previo a ese vencimiento, la Comisión mantendrá activa una mesa de trabajo sobre asuntos regulatorios e institucionales del mercado laboral.

Durante la sesión inicial acordaron estructurar un equipo técnico y jurídico para revisar temas sobre plataformas digitales, empleo doméstico remunerado, negociación colectiva, tercerización e intermediación laboral.

Aunque estos aspectos no integran directamente la fijación del sueldo, constituyen el trasfondo normativo donde se acordará la remuneración básica.

De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas, la organización que la acompañó durante el proceso y le brindó respaldo en sus intentos por evitar la expulsión, Maricarmen Abascal murió en el hospital. Estaba internada desde el 23 de septiembre, fecha en la que se produjo su desalojo. El grupo emitió un comunicado en el que reconoció el legado y la enseñanza de Abascal, asegurando que, a pesar del desenlace, continuarán luchando por lo que consideran un derecho básico: el acceso digno a una vivienda.

A través de un mensaje emotivo, el Sindicato recordó las palabras que guiaron la vida de Abascal hasta sus últimos días: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro". En ese sentido, destacaron que tanto la familia, como la abogada que la representó y la propia organización, seguirán defendiendo el derecho a la vivienda en España. La entidad subrayó la importancia de combatir la especulación y mantener viva la causa por la que Maricarmen se hizo visible, reiterando el compromiso de impulsar la lucha por todas las personas afectadas por la crisis habitacional.

El caso de Maricarmen Abascal simbolizó el drama que viven miles de familias frente a los procesos de desahucio en el contexto de dificultades económicas y tensiones sociales relacionadas con el acceso a un hogar digno. Si bien la noticia sobre su fallecimiento aún está en desarrollo, el impacto de su experiencia y la atención que recibió de organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas evidencian el debate persistente en torno al derecho a la vivienda en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el caso de Maricarmen Abascal se volvió símbolo de la crisis de vivienda en España?

El caso de Maricarmen Abascal se convirtió en símbolo porque reflejó la situación de muchas personas mayores y familias vulnerables que, tras décadas habitando una vivienda, enfrentan procesos de desahucio como consecuencia de la crisis habitacional. Según información del Sindicato de Inquilinas, su historia fue representativa por la duración de su residencia y la lucha constante para no ser expulsada, lo que motivó movilizaciones y atención mediática.

¿Qué rol desempeñó el Sindicato de Inquilinas en el proceso de desahucio de Maricarmen Abascal?

De acuerdo con lo expresado por el Sindicato de Inquilinas, la organización acompañó a Maricarmen Abascal durante su proceso para evitar el desahucio, brindándole apoyo legal y social. Además, tras su fallecimiento, reiteraron el compromiso de seguir defendiendo el derecho a la vivienda y de luchar contra los especuladores, como ella misma había solicitado en vida.

Eso es lo que ocurrió en miles de hogares en Bogotá cuando recibieron el recibo del acueducto y vieron cobros desmesurados por el consumo de agua.

El caso ocurrió en Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde más de 1.200 familias y cerca de 700 viviendas han estado expuestas a facturas de acueducto que, en algunos casos, han superado los $9 millones.

La situación llevó a abrir una mesa de trabajo entre la comunidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos y la concejala Rocío Dussán Pérez, con el propósito de revisar los cobros que reciben los habitantes del sector.

(Vea también: Barrios de Usaquén en Bogotá enfrentan suspensión de agua y cierre vial por daño en tubería Tibitoc)

El caso tiene una particularidad que resulta clave para entender la discusión: en Hacienda Los Molinos no existe un mecanismo de medición del consumo de agua, pese a que los usuarios reciben las facturas correspondientes al servicio.

De acuerdo con la información presentada en las mesas de trabajo, Hacienda Los Molinos es un sector de estrato 2 en el que no existe una red formal de acueducto y alcantarillado.

La comunidad construyó de manera artesanal su propia infraestructura para llevar el servicio a las viviendas. Sin embargo, los habitantes han recibido facturas con valores que, según el caso, pueden superar ampliamente lo que una familia esperaría pagar por su consumo habitual.

(Vea también: Recibo de luz podría subir más de $ 50.000: estos hogares serían los más afectados)

La situación también alcanza a los usuarios no residenciales, es decir, establecimientos comerciales ubicados en el sector. Precisamente, el Acueducto reconoció que existen cobros que no se ajustan a la realidad de algunos usuarios no residenciales. El problema estaría relacionado con la manera en que se calculó el consumo ante la ausencia de mecanismos de medición.

Cuando no existe una medición efectiva, se utilizó un sistema de estimación del consumo, situación que, de acuerdo con lo expuesto en las mesas, terminó generando facturas desproporcionadas para algunos usuarios.

¿Qué hará el Acueducto para corregir los cobros y los recibos?

Uno de los primeros resultados de las reuniones es la decisión de realizar aforos a los usuarios, con el objetivo de establecer cuál es realmente el consumo y evitar que el valor de la factura continúe dependiendo de una estimación que no necesariamente refleja la cantidad de agua utilizada.

Los aforos permitirán determinar el consumo de los usuarios y servirán como insumo para revisar los cobros que actualmente se están realizando en el sector.

La medida responde a una de las principales solicitudes planteadas durante las mesas de trabajo: que el valor que aparece en las facturas tenga una relación con el consumo efectivo y no con una cantidad estimada cuando no existe un mecanismo que permita medirlo.

Para un hogar, la diferencia no es menor. Una factura de servicios públicos que no corresponde con su consumo puede representar una presión significativa sobre los ingresos disponibles, especialmente en hogares de estratos bajos.

Otro de los puntos centrales de la discusión fue planteado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La entidad confirmó que los usuarios tienen derecho a la medición de su consumo, y señaló que no existe una norma colombiana que impida la instalación de medidores para los usuarios de servicios públicos.

(Vea también: Dolor de cabeza por recibos de luz en estratos 3 y 4 de Colombia: alertan con aumento de $ 52.250)

CRA cuestiona los 11 metros cúbicos cobrados a viviendas

La discusión también llegó a los cobros realizados a las viviendas del sector. Según lo expuesto en las mesas, la CRA cuestionó el cobro de 11 metros cúbicos (m³) a los usuarios residenciales, debido a que esa cantidad no necesariamente representa el consumo real de cada vivienda.

La precisión es importante porque, de acuerdo con lo señalado en el caso, los 11 m³ corresponden al límite utilizado para establecer los subsidios, y no necesariamente a la cantidad de agua que efectivamente consume cada familia.

La concejala Rocío Dussán Pérez, quien ha acompañado las mesas de trabajo con las entidades y los representantes de la comunidad, cuestionó los cobros que han recibido las familias del sector: “No es justo que familias de estrato 1 y 2, que construyeron con sus propias manos el acueducto de su barrio, reciban facturas de hasta 9 millones de pesos, hoy el Acueducto y la CRA reconocen lo que la comunidad denunciaba, vamos a seguir en las mesas hasta que el cobro sea justo para cada familia.”

La discusión tiene además una dimensión más amplia para Bogotá, debido a que la concejala señala que el problema podría trascender Hacienda Los Molinos y alcanzar a otros sectores con características similares. Según lo expuesto durante las mesas, la situación podría tener repercusiones para hasta 50.000 hogares en Bogotá que presentan condiciones de irregularidad.

Para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, la sanción corresponde a un recargo del 30 % sobre el precio de cada kilovatio hora consumido por encima del 110 % del promedio individual. En el caso de los estratos 4, 5 y 6, el cobro adicional asciende al 50 %, mientras que para los consumidores no residenciales, como comercios e industrias, el recargo es del 70 %. Según precisó el gerente general de Energua, Omar Otero, durante septiembre, más de 100.000 usuarios de esa empresa incrementaron su consumo por encima del 10 %. Si bien ese mes fue de socialización, y no se aplicaron recargos, la advertencia es clara: mantener este comportamiento llevaría a sanciones a partir de octubre, reflejándose en los recibos de energía.

Otero recalcó que se trata de “una medida nacional de la CREG”, y enfatizó que Energua se limita a cumplir con esta regulación. Hizo un llamado urgente a “racionalizar el consumo” debido a que un tercio de los 300.000 usuarios que la compañía atiende en esta zona ya superó la barrera de consumo permitida. Cada usuario dispone de una meta individual, definida por el consumo de los últimos 12 meses, y el umbral de tolerancia permite hasta un 10 % de aumento. Superar ese límite implica automáticamente la penalización.

Esta política fue adoptada en respuesta al aumento del consumo de energía causado por las altas temperaturas y la amenaza del fenómeno de El Niño, que pone en riesgo el sistema eléctrico nacional. Pese a los llamados a la moderación, el gerente de Energua señaló que la demanda ha crecido un 18 % en los últimos tres meses, superando la capacidad de la infraestructura existente, lo que provoca sobrecargas y obliga a retirar equipos como transformadores y circuitos para evitar daños. Los cortes de energía son frecuentes en sectores donde se reporta un alto índice de conexiones ilegales y fraude, fenómeno que agrava la presión sobre el sistema eléctrico y obstaculiza el uso racional de la energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se sanciona el aumento de consumo de energía en Colombia?

La sanción al aumento de consumo de energía en Colombia responde a la resolución implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuyo objetivo es incentivar el uso racional en un contexto de riesgo por el fenómeno de El Niño. El incremento de la demanda, especialmente en regiones afectadas por altas temperaturas, amenaza la estabilidad del sistema eléctrico y puede conducir a apagones si no se controla el consumo.

¿Cómo se calcula el recargo por consumo adicional de energía según la resolución de la CREG?

El recargo por consumo adicional de energía se calcula comparando el gasto promedio de los últimos 12 meses de cada usuario. Si el consumo supera el 110 % de ese promedio, se aplica un recargo del 30 % para los estratos 1, 2 y 3; del 50 % para los estratos 4, 5 y 6; y del 70 % para usuarios no residenciales como comercio e industria, tal como quedó estipulado en la reciente regulación de la CREG, según explicó el gerente general de Energua.

Según informó EL PILÓN, Dangond explicó que la recomendación de no continuar sembrando arroz en esa región del norte colombiano no significa abandonar la producción de este cereal en el país. El ministro centró su advertencia únicamente en La Guajira, donde aseguró que los productores de Fonseca han experimentado cinco quiebras consecutivas, incluso con el apoyo hídrico que ofrece el Distrito de Riego del Ranchería. Los argumentos del jefe de la cartera agrícola son claros: los bajos rendimientos y los elevados costos de producción vuelven insostenible el cultivo. Para Dangond, si se cosechan menos de ocho o nueve toneladas por hectárea y el costo supera los 10 millones de pesos, el precio de venta del arroz no permite recuperar la inversión.

La situación contrastante trae a la memoria los problemas históricos del sector arrocero colombiano. En 1980, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya evidenciaba el estancamiento de la productividad y otros inconvenientes que aquejaban al gremio. En aquellos años, sembrar arroz se veía como una salida ante la adversidad, como simbolizó Diomedes con su célebre frase. Hoy, de acuerdo con la postura del ministro, insistir en este cultivo bajo las condiciones actuales podría agravar la crisis.

El arroz no solo representa un tema agrícola, sino también musical y social. Antes de ‘Lo mismo me da’, Diomedes Díaz y Colacho Mendoza habían grabado ‘Señor gerente’ en 1978. La canción, de Rafael Escalona, relataba los infortunios de un agricultor afectado por una plaga y la búsqueda de financiamiento para sobrevivir. Así, el recorrido histórico muestra cómo la economía agraria y sus desafíos han acompañado a la cultura vallenata a lo largo de los años y cómo una misma frase puede adquirir sentidos muy distintos según el tiempo y el contexto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministro de Agricultura recomienda no sembrar arroz en La Guajira?

El ministro Indalecio Dangond sugiere que los productores de La Guajira eviten el cultivo de arroz debido a los bajos rendimientos y los altos costos. Señala que, pese al acceso al agua del Distrito de Riego del Ranchería, los agricultores acumulan varias quiebras y no logran cubrir sus inversiones, pues producir menos de ocho o nueve toneladas por hectárea y gastar más de 10 millones de pesos por hectárea hace que este cultivo no sea rentable en la región.

¿Qué problemas históricos afectan al sector arrocero colombiano?

De acuerdo con un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicado en 1980 y citado en el texto, la productividad del arroz en Colombia ha enfrentado episodios de estancamiento y diversas dificultades, entre ellos altos costos de producción, bajo rendimiento y retos de comercialización. Estos problemas han sido recurrentes y persistieron durante décadas, afectando la estabilidad de los productores y la viabilidad del cultivo.

La posición del Gobierno, expresada en este caso por el Ministerio de Hacienda, es que el ajuste salarial se base en variables técnicas: la variación de la inflación y el dato de productividad laboral.

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Por su parte, los empresarios consideran que definir de esta manera el salario mínimo en Colombia permite preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, proteger el empleo.

Tras el aumento del 23 % decretado este año por el Gobierno anterior, algunos empresarios han tenido que congelar sus nóminas o incluso eliminar puestos de trabajo. A su vez, el Banco de la República señala esa decisión como una de las causas de que la inflación haya sido considerablemente más alta de lo previsto.

Factores determinantes para el salario mínimo en Colombia de 2027

Sobre esta base, y ante la previsión de que la inflación del país se sitúe alrededor del 7 % en 2026, el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año podría acercarse al 8 %, tras sumar un punto correspondiente a la productividad laboral.

Aún falta conocer la propuesta de las centrales obreras del país, que, cabe recordar, suelen solicitar un ajuste sustancialmente mayor que la inflación.

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Finalmente, el ajuste del auxilio de transporte podría ser distinto al del salario mínimo: incluso podría ser menor o, como ocurrió el año anterior, mayor que el incremento del pago mínimo de los trabajadores.

El ministro enfatizó que la problemática en La Guajira radica en la ineficiencia del cultivo de arroz bajo las condiciones actuales. Puso de ejemplo la situación de los productores de Fonseca, quienes han atravesado más de cinco quiebras consecutivas, a pesar de contar con el suministro de agua del distrito de riego del Ranchería. Dangond explicó que los costos por hectárea superan los $10 millones, pero los rendimientos, incluso con riego, no llegan al rango óptimo de entre 8 y 9 toneladas por hectárea. Ante este contexto, el precio de venta del arroz no logra igualar ni superar la inversión realizada por los agricultores, un dato corroborado por las intervenciones recogidas en medios reconocidos como El Nuevo Día.

La raíz del problema, según Dangond, no solo se relaciona con el costo, sino también con el alto consumo de agua y la volatilidad en los precios del arroz. Esta combinación representa un riesgo significativo para los productores, porque entre la siembra y la cosecha pueden variar los precios y afectar la rentabilidad. Por esta razón, el ministro sugirió que se analicen alternativas como cultivos de marañón, que pueden adaptarse mejor a las condiciones climáticas y de suelo de regiones como La Guajira.

Pese a que Dangond centró su mensaje en La Guajira, también dirigió comentarios a los productores de Tolima, instándolos a mejorar la eficiencia de sus cultivos y a tomar decisiones productivas que consideren las particularidades de cada territorio. En este departamento, la preocupación entre los arroceros persiste por los bajos precios de comercialización, altos costos de producción y factores climáticos adversos, según informes de El Nuevo Día. Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros) ha solicitado al Gobierno Nacional mayor apoyo debido a los bajos precios registrados durante las cosechas de 2025 y 2026.

En resumen, la discusión propuesta por Dangond enfatiza la importancia de buscar rentabilidad y eficiencia en el cultivo de arroz bajo realidades territoriales específicas, y abre el debate a la necesidad de alternativas agrícolas viables en Colombia.

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¿Por qué Indalecio Dangond considera inviable sembrar arroz en La Guajira?

Dangond argumenta que la siembra de arroz en La Guajira es inviable debido a los altos costos por hectárea y los bajos rendimientos, aun con acceso a riego. Explica que si los rendimientos no alcanzan al menos entre 8 y 9 toneladas por hectárea, los agricultores no logran una rentabilidad suficiente, por lo que sugiere analizar otras alternativas agrícolas para la región.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los arroceros en Tolima según Fedearroz?

Los arroceros del Tolima encaran desafíos como los bajos precios de comercialización, altos costos de producción y condiciones climáticas adversas. Según Fedearroz, estos factores han generado preocupación y han motivado a la federación a pedir al Gobierno Nacional medidas de apoyo, en especial por los precios bajos que se han presentado en las cosechas de 2025 y 2026.

Según las cifras reportadas, Davivienda lidera con 11 millones de clientes con llaves, seguido de Bancolombia con 9 millones y Banco de Bogotá con 6 millones. Banco Caja Social registra 3,8 millones, mientras AV Villas suma 1,3 millones y Banco Popular 1,13 millones.

Bancolombia también reporta un alto volumen de actividad, con 270 millones de transacciones, mientras Banco de Bogotá registra 102 millones. AV Villas contabiliza 20 millones de operaciones y Banco Popular, 15 millones.

En total, el Banco de la República reportó 116 millones de llaves y 36 millones de clientes vinculados durante el primer año.

De estos, 32,2 millones son personas naturales, equivalentes al 89,3% del total. Además, los usuarios movilizaron más de $262 billones, con un promedio de $146.872 por transacción.

El balance muestra que Bre-B ha impulsado la interoperabilidad entre entidades y reducido la dependencia del efectivo.

Bancos y fintech destacan que el sistema facilita transferencias entre diferentes entidades y abre nuevos retos para consolidar su uso cotidiano entre personas, comercios y empresas.

Estos apoyos se entregan mediante los Fondos de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y funcionan como complemento al ahorro y a otros mecanismos de financiación.

El valor del subsidio depende de las condiciones y la ubicación del beneficiario. Para construcción en sitio propio, por ejemplo, puede llegar hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes en un lote rural o hasta 18 salarios mínimos en uno urbano.

En algunos casos, el apoyo puede alcanzar hasta $122 millones. La ayuda no puede superar el 90 % del valor de la vivienda o del costo de construcción o mejoramiento.

Para acceder, es necesario estar afiliado a una caja de compensación como trabajador dependiente, pensionado aportante del 2 % o trabajador independiente que realice el aporte correspondiente.

Además, el hogar debe tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos en 2026 y no haber recibido previamente determinados subsidios de vivienda.

También existen condiciones relacionadas con la propiedad. En general, los postulantes no pueden ser propietarios o poseedores de otra vivienda en Colombia, salvo excepciones para el terreno donde construirán.

El beneficio puede solicitarse tanto por hogares familiares como por personas que viven solas y cumplen los requisitos.

La propuesta de la Gobernación contempla la entrega de 1.800 créditos condonables, cada uno de hasta cinco millones de pesos. Estos recursos buscan responder específicamente a necesidades como la reposición de insumos, maquinaria y equipos esenciales. El secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, Jerson Valencia, explicó que el proceso de convocatoria y selección de beneficiarios se efectuará en un plazo de siete días. De acuerdo con sus palabras, la mayoría de las empresas afectadas reportan daños inferiores a cinco millones de pesos, razón por la cual la cuantía de los créditos fue definida en ese tope, enfocada en una reactivación pronta y eficaz.

La inscripción para acceder a los créditos condonables estará abierta hasta el 8 de octubre, y las personas interesadas deberán estar registradas en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) y en el Registro Único de Damnificados (RUD), cumpliendo así con las bases de la convocatoria. Además, la Gobernación del Valle otorgará prioridad a grupos vulnerables, como víctimas del conflicto armado, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y población LGBTIQ+.

El proceso para acceder a estos apoyos también contempla visitas técnicas a cada emprendedor registrado, con el fin de verificar que las afectaciones en sus unidades productivas sean consecuencia directa del terremoto y determinar el monto necesario para la reposición de los elementos perdidos. Posterior a la validación, los emprendedores recibirán la suma aprobada en sus cuentas bancarias. Para que el crédito les sea condonado, es obligatorio presentar facturas que evidencien la inversión en los insumos o equipos dañados.

El gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez Cabrera, explicó que este esquema funciona bajo la figura de crédito condonable: el dinero otorgado no debe ser devuelto siempre que se cumplan las condiciones pactadas y la inversión esté justificada. Sin embargo, quienes hagan uso indebido de los recursos deberán devolverlos, tal como advirtió el secretario Valencia.

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¿Quiénes pueden acceder a los créditos condonables para emprendedores afectados por el terremoto en Valle del Cauca?

De acuerdo con los requisitos anunciados por la Gobernación del Valle y citados por Noticiero 90 Minutos, los créditos condonables están dirigidos a emprendedores de Cali, Cartago, Buenaventura, Zarzal, La Unión, Sevilla y Roldanillo que hayan sufrido daños significativos en sus unidades productivas a raíz del terremoto. Es obligatorio estar inscrito en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) y en el Registro Único de Damnificados (RUD), además de priorizarse la atención a poblaciones vulnerables.

¿Cómo funciona el proceso de verificación y condonación de los créditos para los damnificados?

Tras la inscripción, equipos técnicos realizan visitas a cada emprendedor registrado con el objetivo de certificar la afectación vinculada al sismo y calcular el monto requerido para reponer lo perdido. Una vez aprobados, los beneficiarios reciben el dinero, pero para que el crédito sea condonado deben presentar las facturas de compra correspondientes. Si se detecta uso indebido, el recurso debe ser reembolsado como crédito regular, según lo explicado por las autoridades.

Con esto, el dólar en Colombia alcanza un precio promedio de $3.259, lo que son $50 más frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

En el plano local, el mercado está pendiente de lo que pueda pasar con el dato de inflación a septiembre que dará a conocer el DANE la tarde de hoy.

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Lo otro que mueve al dólar en Colombia

Una porción de los analistas espera que el dato no varíe sustancialmente, aunque algunos pronósticos señalan que el indicador pudo haberse acelerado a cierre del noveno mes, llegando al 6,34 %.

De otro lado, un informe de JP Tactical muestra que el Banco Mundial mantuvo en 2,3 % su proyección de crecimiento para la economía colombiana en 2026, por encima del promedio regional de América Latina y de países como Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay, aunque por debajo del 2,6 % registrado en 2025.

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En el escenario internacional, el dólar en Colombia se condiciona por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que continúan estancadas, “luego de que Washington señalara que Teherán ha dejado pasar varias oportunidades para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear”.

La movida empresarial responde a una transformación profunda en los hábitos de consumo de los colombianos. Las cifras oficiales del DANE no dejan lugar a dudas: el 40,8 % de los hogares en el territorio nacional vive actualmente en condición de arriendo o subarriendo, superando por cuarto año consecutivo a quienes logran adquirir vivienda propia. La tendencia se agudiza con fuerza en la capital antioqueña, donde la proporción de arrendatarios escaló del 36 % en 2015 al 45 % en 2024, impulsada en paralelo por el incremento de hogares unipersonales, que ya representan el 20,2 % del total nacional.

Lejos del modelo tradicional de arrendamiento entre particulares, donde lidiar con inmobiliarias y pólizas se vuelve un desgaste constante, el concepto multifamily centraliza la propiedad del edificio bajo un operador institucional único. Sebastian Muñoz, Managing Director para Sudamérica de HASTA Capital, explicó que la apuesta busca profesionalizar la renta residencial para responder a un público que prioriza la flexibilidad y los servicios integrados. En la misma línea, Cristian Calcutta, gerente general de Parque Arauco División Colombia, destacó que la iniciativa redefine la experiencia de habitar al conectar espacios privados con amenidades de alto nivel.

Ubicado estratégicamente en Ciudad del Río —un epicentro de renovación urbana contiguo al famoso Mercado del Río y a pocos pasos de las estaciones del metro Industriales y Poblado—, el complejo inmobiliario cuenta con 319 unidades habitacionales que abarcan desde estudios hasta apartamentos de dos habitaciones dotados con línea blanca completa. Sin embargo, el verdadero atractivo reside en su propuesta de valor comunitaria: los residentes tienen acceso ilimitado a zonas de coworking, gimnasio equipado, salas de yoga, piscina, terrazas con zonas BBQ, social kitchen y un pet park, todo respaldado por una certificación LEED que garantiza estrictos estándares de sostenibilidad ambiental.

Con este megaproyecto, los dueños de Parque La Colina consolidan una estrategia de expansión orientada a capturar el apetito de las nuevas generaciones que prefieren invertir en experiencias y movilidad antes que atarse a una hipoteca a largo plazo, transformando por completo el horizonte urbano del Valle de Aburrá.

Estos encuentros se han convertido en espacios clave para exhibir las piedras, contactar compradores especializados y fortalecer la presencia de Colombia en los mercados de lujo, detalla El Tiempo.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de esmeraldas alcanzaron 85,6 millones de dólares, un aumento del 14 % frente a los 75,1 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue desigual: solo febrero concentró 34 millones de dólares, equivalentes al 39,7 % del total, añade ese medio.

El mayor valor está en las piedras procesadas. De las exportaciones, 80,3 millones de dólares correspondieron a esmeraldas talladas, el 93,8 % del total, mientras las piedras en bruto representaron 5,3 millones.

Aunque las talladas apenas fueron el 17,8 % de los quilates registrados, concentran casi todas las divisas, demostrando el impacto del valor agregado.

Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia son los principales destinos directos. Ferias en Bangkok, Hong Kong, Dubái y Tucson permiten además conocer las tendencias, establecer relaciones comerciales y posicionar las esmeraldas colombianas por su origen, rareza, calidad y reputación.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1490 de 2026, que modifica el régimen de inversión y reversa el tope fijado en abril por el Decreto 369.

Según el Ministerio de Hacienda, la decisión busca ampliar las alternativas para administrar el ahorro pensional y permitir que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) definan sus portafolios principalmente con criterios de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no por una restricción general relacionada con la ubicación de las inversiones.

El límite había sido establecido durante el gobierno de Gustavo Petro y obligaba a las AFP a reducir progresivamente sus inversiones internacionales y dirigir nuevas cotizaciones hacia activos nacionales hasta llegar al 30 %.

MinHacienda explicó que una evaluación técnica encontró que un límite uniforme podía reducir las posibilidades de diversificación y dificultar el funcionamiento del esquema de multifondos.

Con la nueva norma, las AFP podrán acceder a un universo más amplio de inversiones en Colombia y otros mercados.

Sin embargo, la eliminación del tope no significa libertad total: continuarán vigentes límites específicos, reglas prudenciales y exigencias de gestión de riesgos. La medida busca facilitar una mejor distribución del riesgo entre mercados, sectores, monedas y activos.

Vanessa Rodríguez Guerrero, CEO de Efecty; Henry Alejandro Cubides, presidente de la junta directiva de Envía; Isaac Chaparro, CMO de Inter Rapidísimo, y Carolina Murcillo, líder administrativa de Transportes Centrovalle, cuentan sus experiencias y planes.

Aunque sus historias de sucesión son diferentes, los cuatro coinciden en la importancia de conservar los valores y el propósito con los que sus familias construyeron las empresas, pero también en la necesidad de innovar para responder a los nuevos desafíos del mercado.

Cubides plantea un ambicioso plan para triplicar el tamaño de Envía hacia 2030. Rodríguez explica cómo asumió el liderazgo de Efecty, que cuenta con 10.000 puntos en Colombia.

Chaparro impulsa una aplicación que permitirá a viajeros transportar paquetes y busca mejorar la conexión del país en 24 horas. Por su parte, Murcillo trabaja en el crecimiento de Transportes Centrovalle, con el objetivo de sumar 20 vehículos.

El especial muestra así cómo estos herederos buscan convertir la responsabilidad de recibir un negocio familiar en una oportunidad para transformarlo y hacerlo crecer.

Las fluctuaciones que se presenten en la tasa de cambio nominal provocan efectos directos en la economía del país. De acuerdo con el citado medio, cuando la tasa de cambio nominal aumenta, se da lugar a una depreciación del peso colombiano; en esta situación, el valor de la moneda local disminuye frente al dólar, lo que obliga a que los colombianos tengan que pagar más pesos para acceder a la divisa estadounidense. Esto repercute principalmente en el costo de las importaciones, las cuales se encarecen, y por ende, afecta a consumidores y sectores que dependen de insumos extranjeros.

Por el contrario, si la tasa de cambio disminuye, ocurre una apreciación del peso colombiano. En este contexto, se experimenta un fortalecimiento de la moneda nacional, ya que se necesitan menos pesos para comprar un dólar. Este escenario facilita la adquisición de productos extranjeros, pues resultan más económicos, aunque simultáneamente representa desafíos para los exportadores, quienes pierden competitividad en el mercado internacional debido al encarecimiento de sus bienes y servicios en dólares.

Para cuantificar oficialmente estos movimientos, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De conformidad con la definición citada en la fuente, la TRM se establece como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que surgen de todas las operaciones de compra y venta de dólares a cambio de pesos colombianos, siempre y cuando ambas monedas se negocien y paguen el mismo día. Diversas instituciones vigiladas intervienen en este proceso, entre ellas bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

Según Noticiero 90 Minutos, la más reciente TRM sitúa el valor de un dólar en 3.216,01 pesos colombianos, reflejando el comportamiento actual del mercado cambiario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa representativa del mercado (TRM) en Colombia y cómo se calcula?

La tasa representativa del mercado en Colombia, conocida como TRM, es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a pesos colombianos, negociados para el mismo día. Esta tasa es calculada a partir de operaciones realizadas por bancos comerciales, corporaciones financieras y otras entidades reguladas.

¿Cómo afectan la depreciación y apreciación del peso colombiano a la economía del país?

La depreciación del peso incrementa la cantidad de pesos requeridos para obtener un dólar, haciendo más costosas las importaciones y afectando el bolsillo de los consumidores. Por el contrario, la apreciación del peso reduce el valor del dólar en pesos, abaratando los productos extranjeros pero restando ventajas a los exportadores colombianos en el mercado internacional.

El presidente de Davivienda, Javier Suárez, explicó que la cesión contempla cerca de $30 billones en activos y el traslado de 3,5 millones de clientes.

La operación fue autorizada por la Superintendencia Financiera y se espera que el anuncio de la integración total se haga antes de finalizar 2026.

Según Suárez, el proceso ha requerido preparación tecnológica, operativa y de los equipos de trabajo, y ahora entrará en una etapa de alistamiento de algunas semanas.

Uno de los principales mensajes para los clientes es que no habrá cambios inmediatos en la atención.

Los usuarios de Davibank seguirán utilizando las mismas aplicaciones, oficinas y canales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Legalmente pasarán a ser clientes de Davivienda, pero mantendrán la continuidad de los servicios.

La integración hace parte del proceso iniciado tras el acuerdo entre Davivienda y Scotiabank en enero de 2025.

En diciembre de ese año, Scotiabank Colpatria pasó a llamarse Davibank y continuó operando de forma independiente mientras se preparaba su integración con Davivienda. Ahora, con las autorizaciones regulatorias, el proceso entra en su etapa final.

(Lea también: Estos son los alimentos en Colombia que más se pusieron caros: No hay esperanza de que bajen de precio)

Ese escenario vuelve relevante el comportamiento reciente de los precios agropecuarios en Colombia. La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) reportó un nuevo repunte en septiembre y ajustó al alza su expectativa para la inflación de alimentos con la que terminaría 2026.

La proyección pasó de 5,9 % a 6,1 %, luego de que el Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia (IPAP-BMC) aumentara 1,72 % en septiembre frente a agosto y llegara a 254,74 puntos. En lo corrido de 2026, este indicador acumula un incremento de 4,72 %, mientras que su variación en los últimos 12 meses fue de 5,86 %.

El comportamiento no fue generalizado para todos los productos. De las 33 subclases que componen el IPAP-BMC, el 60,6 % registró aumentos entre agosto y septiembre. La mayor presión estuvo concentrada en algunos alimentos específicos, que explican buena parte del repunte observado durante el mes.

Estos son los alimentos que más están presionando los precios

La papa fue el producto que más contribuyó al aumento del índice durante septiembre, con 0,94 puntos porcentuales. Le siguieron las hortalizas de hoja o de tallo, con 0,46 puntos porcentuales, y los huevos de gallina frescos, con 0,42 puntos porcentuales.

También aportaron al incremento las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas, con 0,23 puntos porcentuales, y la leche cruda de vaca, con 0,22 puntos porcentuales.

En términos sencillos, esto significa que no todos los alimentos están aumentando al mismo ritmo. El comportamiento de septiembre estuvo especialmente marcado por productos que tienen un peso importante dentro de las compras habituales de los hogares y que enfrentaron condiciones particulares de producción y oferta.

Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia, explicó que el repunte no estuvo acompañado por una situación generalizada de desabastecimiento: “El IPAP repuntó en septiembre, aunque no observamos un desabastecimiento generalizado. Las presiones estuvieron concentradas en algunos productos y acompañadas por mayores costos en determinadas cadenas. Con la información disponible, nuestra proyección de inflación de alimentos para diciembre pasa de 5,9% a 6,1%”.

¿Por qué están subiendo algunos alimentos?

Uno de los factores identificados está relacionado con las condiciones de producción. En el caso de la papa, las condiciones climáticas redujeron la producción de algunas variedades, mientras que en las hortalizas la finalización de algunas cosechas limitó temporalmente la oferta disponible.

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Los huevos también enfrentaron presiones. La Bolsa Mercantil señala que los reportes disponibles relacionaron el aumento de sus precios con una menor producción en algunas zonas proveedoras y con el encarecimiento del alimento concentrado utilizado en la producción.

Esto es importante porque el precio que paga el consumidor final no depende únicamente de lo que ocurre en el supermercado o en la plaza de mercado. Los costos que enfrentan productores y comercializadores a lo largo de la cadena también pueden terminar trasladándose a los precios.

Aun así, la BMC advierte que los datos disponibles no muestran una reducción generalizada de la oferta de alimentos. El abastecimiento total se recuperó al comienzo de septiembre y entre el 17 y el 23 de ese mes solamente registró una disminución de 0,32 %, lo que apunta a que las mayores presiones estuvieron concentradas en productos determinados.

A las condiciones internas se sumaron factores internacionales que pueden terminar afectando los costos de producción en Colombia.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el precio internacional del maíz aumentó 5,6 % en septiembre, debido a menores rendimientos esperados en Estados Unidos y restricciones en la oferta exportable.

El movimiento es relevante especialmente para productos como los huevos, debido a que un aumento en el precio del maíz puede elevar el costo del alimento balanceado utilizado en las cadenas de producción.

Por esa vía, un cambio que comienza en los mercados internacionales puede terminar generando presión sobre los costos de producción nacionales y, eventualmente, sobre el precio que enfrentan los consumidores.

Las condiciones climáticas también aparecen entre los factores que podrían determinar el comportamiento de los precios durante los próximos meses.

La BMC identificó condiciones secas en zonas del Caribe y de la región Andina durante septiembre. A esto se suman los costos de energía, fertilizantes y transporte, variables que pueden incidir sobre la producción y comercialización de los productos agropecuarios.

Esto quiere decir que la evolución de la inflación de alimentos dependerá de varios factores al mismo tiempo. Una mejora en la oferta de un producto podría aliviar su precio, mientras que problemas climáticos, mayores costos de producción o dificultades en alguna cadena podrían generar nuevas presiones.

No todos los precios agropecuarios están subiendo

Hay también productos que están ayudando a contener el aumento del índice. El ganado bovino, por ejemplo, registró una caída de 3,90 % en septiembre frente a agosto, contribuyendo a moderar el incremento general de los precios agropecuarios.

Sin embargo, su comportamiento acumulado todavía muestra aumentos: en los últimos 12 meses sus precios subieron 9,40 %, mientras que en lo corrido de 2026 acumulan un incremento de 5,46 %.

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La diferencia muestra por qué resulta necesario mirar el comportamiento de cada producto y no únicamente un promedio general. Mientras algunos alimentos enfrentan aumentos por menor oferta o mayores costos, otros pueden registrar descensos y compensar parcialmente esas presiones.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, pidió que la negociación se base en argumentos técnicos y jurídicos y planteó la premisa de “escuchar antes de decidir”.

Gobierno, empresarios y trabajadores acordaron crear una mesa técnica y jurídica para recoger las propuestas, preocupaciones y posiciones de los diferentes sectores.

Los comentarios podrán presentarse hasta el 9 de octubre y la Comisión volverá a reunirse el 13 de octubre. También se conformará una subcomisión para analizar normas laborales y determinar puntos de acuerdo y desacuerdo.

La discusión abordará temas como inspección laboral, plataformas digitales, trabajo doméstico, acoso, discriminación, negociación colectiva y tercerización.

El debate comenzará en un mercado laboral con señales de deterioro. En agosto, el desempleo subió de 8,6 % a 9,4 %, mientras la ocupación cayó de 58,4 % a 57,4 %.

Hubo unos 126.000 ocupados menos y una fuerte reducción en la industria manufacturera. Los empresarios también pidieron revisar normas expedidas durante la administración anterior y sus posibles efectos.

Aunque el comportamiento mensual mostró un leve respiro con un incremento marginal de apenas el 0,30 % frente a los 43.170 pesos registrados en agosto, la tendencia alcista anual golpea con fuerza a los consumidores. Las razones detrás de este encarecimiento no responden únicamente a la materia prima avícola, sino a una compleja estructura de gastos operativos que impactan directamente a los asaderos del país, impulsados por los mayores costos en mano de obra, energía, transporte, arriendos y servicios generales de restaurantes, según el periódico.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, explicó al medio económico que este salto en los precios no significa que el pollo en pie haya subido en la misma proporción. “Por el contrario, la información reciente del Sipsa del Dane muestra una tendencia a la baja en los precios mayoristas de las carnes y, en el caso particular del pollo, hemos venido observando reducciones importantes en diferentes mercados del país”, señaló el dirigente, recalcando que el valor final incluye empaques, salsas, domicilios y servicios comerciales.

Por su parte, Nicolás Cruz Walteros, analista de economía local de Corficolombiana, advirtió en el citado diario que el fenómeno también está atado a presiones internacionales de producción. La avicultura depende fuertemente de materias primas importadas como el maíz y la soya para el alimento balanceado, cuyos costos internacionales han fluctuado como consecuencia de tensiones geopolíticas como la guerra entre Estados Unidos e Irán. No obstante, el analista destacó que la tasa de cambio favorable del dólar ha amortiguado en parte la importación de insumos agrícolas, aunque advirtió que el fenómeno de El Niño previsto para el cierre del año podría volver a encender las alarmas sobre los costos energéticos y logísticos.

El impacto del IPA varía drásticamente según la región geográfica del país. Las ciudades que lideraron el ranking del pollo asado más caro durante el mes de septiembre fueron Medellín, donde el plato se cotiza en 51.390 pesos; Cartagena, con 48.090 pesos; y Cúcuta, con 44.210 pesos. En la otra orilla, los precios más económicos del país se registraron en Tunja, con 37.450 pesos; Cali, con 40.500 pesos; y Bogotá, que se mantiene en un promedio de 41.550 pesos, reflejando las profundas disparidades en las estructuras de costos de la gastronomía urbana nacional.

La información suministrada por las empresas señala que el acuerdo se compone de dos partes: la adquisición de acciones que pertenecían a Grupotec S.A.S., uno de los accionistas de Sumatec, y un aporte directo de capital que ingresa a la compañía. Como resultado de la transacción, Grupotec mantiene una participación minoritaria, lo cual permite que el grupo fundador conserve un vínculo activo con la empresa y participe en la gestión de este nuevo ciclo de crecimiento. De acuerdo con lo expresado, esta decisión busca preservar el legado y la experiencia del equipo fundador de Sumatec.

Sumatec, que cuenta con más de setenta años en el mercado colombiano, opera desde Manizales y se extiende a 11 ciudades mediante 14 puntos de venta, dirigidos sobre todo a clientes empresariales e industriales. La integración estratégica busca aportar el conocimiento sectorial de Sumatec y la capacidad operativa y financiera de Sodimac Colombia. Pedro Gallón, gerente general de Sodimac Colombia, expresó que esta alianza responde tanto al conocimiento especializado que tiene Sumatec sobre las necesidades industriales como a la posibilidad de complementar las competencias de ambas organizaciones. Según sus palabras, la suma de estas fortalezas permitirá ofrecer soluciones confiables y escalables a más empresas en el país.

Por su lado, Oscar Villegas, representante de Grupotec S.A.S., destacó la importancia de que la familia fundadora continúe vinculada a la historia de Sumatec y el valor que representa contar con un aliado experimentado como Sodimac Colombia. Ambos directivos coinciden en que la transacción permitirá acelerar los planes de crecimiento de Sumatec y ampliar la cobertura de atención a clientes profesionales e industriales. Las compañías informaron que Sumatec mantendrá su nombre y operará de manera independiente, aunque compartirán iniciativas orientadas a expandir la oferta para su mercado objetivo.

En definitiva, este movimiento posiciona a Sodimac Colombia de manera estratégica en el sector industrial y empresarial, mientras que Sumatec recibe recursos nuevos que le permitirán crecer y consolidar su presencia en el mercado del país.

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¿Qué implica la adquisición de Sumatec para Sodimac Colombia?

La adquisición significa para Sodimac Colombia una oportunidad concreta de fortalecer su presencia en el segmento MRO, pues podrá aprovechar la experiencia técnica de Sumatec en mantenimiento y reparación industrial, sumando capacidades y recursos para ofrecer una oferta ampliada a empresas del sector.

¿Qué son los servicios MRO y cuál es su relevancia en el sector industrial?

Los servicios MRO, o Maintenance, Repair and Operations, hacen referencia al suministro de productos y soluciones necesarias para el mantenimiento, reparación y operación de instalaciones industriales. Son esenciales para prolongar la vida útil de los equipos y asegurar la continuidad operativa de empresas industriales y corporativas.

De acuerdo con los datos del DANE, el sector de explotación de minas y canteras fue el de mayor variación en el periodo, con un aumento del 12,21%. Le siguieron los sectores de agricultura, ganadería y pesca, con una variación de 2,35%, mientras que la industria manufacturera apenas subió un 0,22%. El informe destaca que el impulso más fuerte provino del alza en los precios de los hidrocarburos, especialmente en los aceites de petróleo y aceites extraídos de minerales bituminosos. Estos productos reportaron una variación mensual de 15,48%, aportando 1,33 puntos porcentuales al crecimiento general del IPP.

Otros bienes destacados que registraron fuertes incrementos fueron las papas, con un aumento en sus precios de 16,8%, y la hulla sin aglomerar, que se encareció en un 7,44%. Tanto estos, como el petróleo y sus derivados, explicaron una buena parte del comportamiento mensual del índice. En contraposición, algunos productos agrícolas ayudaron a moderar las cifras. El precio del café cayó un 7,83% en septiembre, y también se observaron reducciones en las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas (−4,08%) y en otros frutos oleaginosos (−6,15%).

En el acumulado de 2026 hasta septiembre, el IPP creció 5%. La minería presentó el mayor aumento acumulado, de 18,25%, seguida de agricultura, ganadería y pesca con 12,03%, mientras que la industria apenas alcanzó 0,27%. En cuanto a productos específicos, las papas registran un incremento de 102,73% en lo que va del año. Frutas de pepita y hueso ascendieron un 25,45% y los cítricos 62,33%. Por el contrario, el café acumula una disminución de 31,09%.

Comparando septiembre de 2026 con el mismo mes del año anterior, el índice general subió 2,2%. La minería lideró el alza con 6,38%, seguida de agricultura, ganadería y pesca con 4,57%, y la industria con 0,52%. El DANE informó además que el índice de precios de la oferta interna ascendió 1,01% en septiembre, con agricultura contribuyendo 0,52 puntos porcentuales, minería 0,35 e industria 0,13. En cuanto a la procedencia, los bienes exportados subieron 6,02%, empujados por el petróleo crudo y la hulla, mientras que los productos elaborados para el consumo interno crecieron 1,14% y los importados 0,58%.

Respecto a los bienes finales, los productos hechos y consumidos en el país aumentaron 1,15% en septiembre. Por destino económico, los bienes de consumo final registraron el incremento más alto, de 1,33%, mientras que los materiales de construcción mostraron la menor variación, de solo 0,05%. El IPP es un indicador que permite observar cómo evolucionan los precios de los bienes en las primeras etapas de comercialización y sirve como señal anticipada para identificar posibles presiones de costos que pueden trasladarse a otros sectores económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Índice de Precios del Productor (IPP) y para qué sirve en la economía colombiana?

El Índice de Precios del Productor (IPP), según explica el DANE, mide la evolución de los precios de los bienes en las primeras etapas de comercialización dentro del país. Este indicador es seguido por analistas y autoridades económicas ya que permite anticipar cambios o presiones de costos que podrían trasladarse posteriormente a otros ámbitos del mercado, afectando incluso los precios finales que paga el consumidor.

¿Por qué subieron los precios de los bienes en Colombia en septiembre de 2026 según el DANE?

El aumento de los precios en Colombia durante septiembre de 2026, de acuerdo con el DANE, se debió principalmente al incremento en los sectores de minería y agricultura. El mayor impacto provino de los hidrocarburos, particularmente de aceites de petróleo y minerales bituminosos, así como de productos como la papa y la hulla sin aglomerar. Estos aumentos compensaron las caídas de precio del café y ciertas hortalizas, generando una aceleración en la variación mensual del IPP.

La declaración la realizó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, en el panel “Ampliando el impacto de Bre-B: oportunidades para ciudadanos, empresas, comercios y el sector público”. En este espacio, se debatieron las opciones que ofrece la infraestructura del sistema para facilitar transacciones en diversos sectores, incluidas las administraciones públicas.

De acuerdo con Cadena, la inclusión de Bre-B en la distribución de beneficios sociales podría fortalecer los procedimientos mediante los que se canalizan las ayudas económicas a quienes más lo necesitan. La responsable de la Secretaría expresó: “Estamos convencidos que poder dar ese paso es un mensaje para esta población sobre una forma de relacionarnos más clara, más transparente, más directa”. Así, la intención es avanzar hacia mecanismos de entrega de recursos más eficaces y accesibles.

El programa Ingreso Mínimo Garantizado, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, entrega subsidios económicos focalizados en hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Cadena subrayó la importancia de encontrar métodos que incrementen la eficiencia en la relación Estado-ciudadano y faciliten los trámites para beneficiarios de programas sociales.

La Tesorería Distrital, brazo operativo de la Secretaría, tiene un papel clave en este propósito, ya que según las cifras compartidas, ejecuta más de cuatro millones de pagos al año y administra un recaudo de aproximadamente $20 billones. Este manejo de grandes volúmenes exige optimizar los canales para garantizar que los recursos estatales fluyan directamente a sus destinatarios. Cadena recalcó, además, que uno de los grandes desafíos radica no solo en formular políticas públicas efectivas, sino en asegurar que los dineros lleguen a quienes están destinados, superando las barreras de los sistemas de pago tradicionales.

La propuesta surge en el contexto del primer año de Bre-B y de resultados que evidencian su dinamismo: más de 36 millones de colombianos tienen una llave registrada en la plataforma, y el volumen diario de transacciones ha aumentado considerablemente. El 62% de esta actividad corresponde a montos menores de $50.000, con 245 entidades inscritas, entre bancos, cooperativas, billeteras digitales y proveedores de servicios de pago.

Por ahora, el uso de Bre-B para transferir el Ingreso Mínimo Garantizado se halla en evaluación y no hay una decisión definitiva sobre su implementación, aunque la administración distrital se mantiene abierta a nuevas alternativas para la entrega eficiente de los subsidios sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Bre-B y por qué podría ser útil para el Ingreso Mínimo Garantizado?

Bre-B es un sistema de pagos desarrollados por el Banco de la República que facilita transferencias inmediatas y es interoperable entre distintas entidades financieras. Según datos presentados en el foro citado, permite un alto volumen de operaciones diarias y ha sido adoptado por millones de usuarios, lo que podría hacer más eficiente y ágil la entrega de recursos del Ingreso Mínimo Garantizado a sus beneficiarios.

¿Cuáles son los desafíos actuales para entregar subsidios mediante canales tradicionales?

De acuerdo con la secretaria Ana María Cadena, uno de los grandes retos es asegurar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios, superando obstáculos en los sistemas de transferencia. La efectividad no solo depende de la focalización de la política pública, sino también de que los canales sean eficientes, seguros y accesibles para la población objetivo.

(Vea también: Gobierno oficializa el Fondo Milagro para coordinar la atención y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto)

El anuncio fue hecho por el presidente durante el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, realizado en Pereira. Allí confirmó que el fondo ya quedó constituido y que contará inicialmente con $1 billón para comenzar a atender las necesidades de los territorios golpeados por el sismo.

El mecanismo funcionará mediante una fiduciaria, cuya constitución quedó lista el lunes 5 de octubre. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que, a partir de este miércoles, comenzarán a disponerse los recursos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

#POLÍTICA El presidente de Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro con un presupuesto inicial de $1 billón de pesos.

Este mecanismo, constituido jurídicamente como un patrimonio autónomo, comenzará a operar este miércoles 7 de octubre de 2026 para financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2026

¿Para qué servirá el Fondo Milagro?

El fondo fue concebido como el instrumento para administrar y coordinar recursos públicos y privados destinados a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Su propósito comprende tanto la atención de las necesidades derivadas de la emergencia como las obras de reconstrucción.

El Gobierno prevé que el capital del mecanismo aumente en los próximos meses. Según lo anunciado, en noviembre se proyecta incorporar $2,7 billones adicionales, con una meta de movilizar cerca de $4 billones para la recuperación de los territorios afectados.

De esta manera, el inicio de operaciones del Fondo Milagro marca el paso de la atención inmediata de la emergencia hacia una etapa enfocada en la reconstrucción de las zonas que sufrieron daños por el terremoto.

(Vea también: Nutresa, de los Gilinski, sigue comprando: ya son varias sus empresas y estas son las más recientes)

El World Business Forum Bogotá 2026, organizado por WOBI, tendrá lugar el 28 y 29 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y contará con ocho conferencistas internacionales.

Entre los nombres más llamativos están Francis Ford Coppola, director de películas como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’; Carl Lewis, uno de los atletas olímpicos más destacados de la historia; y Renée Mauborgne, coautora del reconocido libro Blue Ocean Strategy.

El encuentro tendrá como concepto “Trascender. Creando organizaciones sin límites”, una propuesta que busca abordar los retos que enfrentan actualmente las empresas y sus líderes.

¿Qué temas abordará el World Business Forum Bogotá 2026?

El evento estará enfocado en cuatro dimensiones: liderazgo, innovación, desarrollo personal y negocio.

La idea de WOBI es plantear que las organizaciones no solo deben responder a los cambios del mercado, sino desarrollar la capacidad de transformarse continuamente sin perder de vista su propósito.

En ese contexto, Coppola hablará sobre creatividad, gestión de la incertidumbre, talento y storytelling, mientras que Mauborgne abordará la estrategia y la creación de nuevos espacios de mercado.

Por su parte, Carl Lewis llevará al escenario aprendizajes del deporte de alto rendimiento, con temas como fortaleza mental, presión, motivación y rendimiento sostenido.

La agenda también contará con:

• Rita McGrath, experta en innovación y crecimiento
• Efrén Martínez, psicólogo especializado en desarrollo del potencial humano
• Tricia Wang, enfocada en inteligencia artificial y futuro del trabajo
• Scott Anthony, especialista en innovación disruptiva
• Pilar Jericó, experta en liderazgo y gestión del talento.

IA, liderazgo y nuevas formas de hacer negocios

La inteligencia artificial y la transformación tecnológica también tendrán un papel importante durante el encuentro.

De acuerdo con el CEO Survey Mid-Year Snapshot de PwC, el 38 % de los CEO consultados aseguró que sus compañías utilizaron inteligencia artificial durante este año para detectar oportunidades relacionadas con la disrupción.

El estudio, realizado con 351 CEO de 59 países y 27 industrias, también encontró que las compañías con mayores capacidades de “tecno-resiliencia” tienen 66 % más probabilidades de expresar una alta confianza en el crecimiento futuro de sus ingresos.

Con ese panorama, el World Business Forum Bogotá buscará llevar la discusión más allá de la tecnología y abordar cómo las personas y las organizaciones pueden responder a un entorno de cambios permanentes.

La edición de 2026 llega después de que el encuentro reuniera en Bogotá, en 2025, a más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas, provenientes de 10 países. Según WOBI, aquella edición registró un índice de satisfacción del 97 %.

Este año, además de las conferencias, los asistentes tendrán espacios de networking e intercambio de experiencias alrededor de liderazgo, creatividad, innovación, estrategia y nuevas formas de generar valor.

El Fondo Milagro, establecido como patrimonio autónomo según el decreto 1379 del 9 de septiembre, opera como un ente separado del presupuesto ordinario del Ministerio de Hacienda. Esto le permite recibir recursos provenientes del presupuesto nacional, créditos, donaciones de origen nacional e internacional, cooperación y aportes de entidades territoriales y actores privados. El fondo financiará la asistencia humanitaria, así como soluciones de vivienda temporales o definitivas y la reconstrucción de infraestructura esencial, incluyendo hospitales, colegios, vías, acueductos, redes de energía y telecomunicaciones en los 16 departamentos afectados.

El manejo del fondo está coordinado por el gerente Jaime Uribe Tamayo, designado por el presidente De la Espriella el 21 de agosto. Un Consejo Directivo, conformado por cinco representantes del presidente, un delegado de Planeación Nacional, uno del Ministerio de Hacienda y uno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre, es el encargado de dirigirlo. De estos integrantes, cinco son delegados presidenciales y el presidente elige quién preside el consejo.

La fiducia mercantil implica que el Ministerio, en calidad de fideicomitente, crea un patrimonio autónomo separado tanto del presupuesto ministerial como de los bienes de la fiduciaria. Fiducoldex es responsable de representar y administrar el fondo, firmando contratos, llevando la contabilidad, custodiando archivos y rindiendo cuentas. La administración financiera garantiza que los recursos permanezcan en la Cuenta Única Nacional bajo control del Tesoro, siendo liberados a los beneficiarios solo cuando se certifique el cumplimiento de los contratos y estos sean validados y autorizados por las entidades responsables.

Fiducoldex recibe, por esta gestión, una comisión mensual equivalente a 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que asciende a 248 millones de pesos colombianos al mes y que se paga sin IVA por tratarse de recursos estatales. Habrá auditoría independiente elegida por el Consejo Directivo y vigilancia de la Contraloría. Además, se estableció que Fiducoldex fue seleccionada por sus indicadores positivos de liquidez, bajo nivel de endeudamiento y alta eficiencia, mientras que otras fiduciarias como Fiduprevisora y fiduagraria fueron descartadas por razones de especialización y concentración de fondos.

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¿Cómo funciona el Fondo Milagro para atender la emergencia por el terremoto?

El Fondo Milagro fue creado como patrimonio autónomo y recibe recursos del presupuesto nacional, créditos, donaciones y aportes diversos para financiar la atención humanitaria y reconstrucción en los departamentos afectados. Su administración está a cargo de Fiducoldex y es coordinada por un gerente y un Consejo Directivo, asegurando que los fondos solo se desembolsen tras cumplirse los procedimientos de certificación y validación señalados por el Ministerio de Hacienda, según informan los documentos obtenidos por El Espectador.

¿Por qué Fiducoldex fue elegida para administrar el Fondo Milagro y no otras fiduciarias?

De acuerdo con El Espectador, la elección de Fiducoldex se basó en sus destacados indicadores de liquidez, bajo nivel de endeudamiento y eficiencia administrativa en inversiones. Además, Fiduprevisora fue descartada porque ya gestiona el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y el Ministerio de Hacienda optó por evitar la concentración de ambos fondos en la misma entidad. La fiduagraria quedó excluida debido a su especialización en el sector agropecuario, que no corresponde al alcance del Fondo Milagro.

La mesa de trabajo convocó a pequeños y medianos productores, representantes de molinos, distritos de riego, gremios y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El objetivo compartido en esta reunión fue claro: avanzar hacia la construcción de un modelo que oriente la toma de decisiones más allá de las eventualidades, articulando los intereses y retos de cada segmento de la cadena productiva.

De acuerdo con Juan Camilo García, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, el propósito central es elaborar una propuesta técnica rigurosa, que reconozca las dinámicas particulares del departamento y pueda ser llevada luego a las instancias nacionales. García enfatizó que esta conformación institucional y espacio de diálogo no busca soluciones de corto plazo, sino un documento que recoja la experiencia y el conocimiento del sector para que sirva como soporte de una política coherente y efectiva en el largo plazo.

Entre los ejes identificados para estructurar la propuesta se encuentran el fortalecimiento de la tecnificación, la gestión eficiente de los distritos de riego, la mejora de la calidad de la producción y la consolidación de los gremios. Según el secretario García, el Tolima cuenta con particularidades que justifican una política diferenciada: alta calidad en su arroz, importante formalización y niveles destacados de tecnificación gracias a sus distritos de riego. Por lo anterior, el reto será compilar las conclusiones y planteamientos surgidos en la mesa y presentarlas ante Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, con la expectativa de que Tolima cuente con un respaldo institucional que reconozca el valor estratégico de su cadena arrocera.

El siguiente paso, de acuerdo con lo definido en la jornada, consistirá en consolidar una propuesta integral que recoja las perspectivas de todos los eslabones: productores, molinos, gremios y demás actores. Esta apuesta, aún en construcción, busca dar respuesta de fondo a los desafíos estructurales del arroz en Tolima y defender su posicionamiento ante el escenario nacional.

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¿Cuál es la importancia del Consejo Departamental de la Cadena del Arroz en Tolima?

La creación de este consejo representa un avance significativo en la estructuración de una política pública específica para el sector arrocero en Tolima. Según El Nuevo Día, al reunir a todos los actores de la cadena, se busca diseñar soluciones de largo plazo que respondan a las necesidades propias del departamento, superando las respuestas coyunturales y apostando por el fortalecimiento del sector.

¿Qué significa tecnificación en el contexto de la producción de arroz en Tolima?

En el contexto del sector arrocero de Tolima, tecnificación se refiere a la implementación de tecnologías y métodos modernos en los procesos productivos, incluidos sistemas de riego eficiente, mejoramiento de la calidad y formalización de la cadena. Según explicó el secretario Juan Camilo García, la tecnificación es uno de los elementos fundamentales para mejorar la competitividad y sostenibilidad del arroz en el departamento.

La sentencia instruye de manera directa: "Ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG que continúen y culminen las actuaciones administrativas correspondientes, acorde con la normatividad vigente, a fin de modificar las fórmulas tarifarias que contribuyan a la reducción y establecimiento de un precio justo para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe". Este pronunciamiento tiene un fuerte impacto en departamentos como César, donde los habitantes de Valledupar y los 25 municipios soportan altas temperaturas que elevan el consumo energético por el uso constante de electrodomésticos para la refrigeración y ventilación.

El fallo judicial surge en un escenario de transición en el mercado eléctrico de César, que históricamente operó bajo Afinia y ahora migra hacia Energua. A pesar de que la orden no precisa fechas ni porcentajes automáticos de reducción del valor del recibo, sí exige que la CREG valide que las pérdidas reconocidas por los operadores coincidan con situaciones técnicas reales y no respondan a ineficiencias o a sobrecostos trasladados a los usuarios.

Adicionalmente, el fallo ordena a la CREG implementar medidas orientadas a modernizar las redes eléctricas y garantizar que la medición del consumo se base en datos reales. La providencia establece que las autoridades deben demostrar una reducción comprobable de las pérdidas de energía, con la obligación de que esto tenga un efecto proporcional en el valor que pagan los usuarios residenciales y comerciales de la costa norte. Así, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG deberán poner fin a las resoluciones transitorias y expedir regulaciones definitivas que alivien la carga económica en los siete departamentos del Caribe colombiano.

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¿Qué implica la revisión de las fórmulas tarifarias para los usuarios de energía eléctrica en la costa Caribe?

La revisión de las fórmulas tarifarias ordenada por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico obliga a que los valores cobrados por el consumo de energía reflejen condiciones técnicas reales y eviten trasladar sobrecostos e ineficiencias a los usuarios. Además, busca establecer un precio más justo para quienes residen en la región Caribe, afectando directamente el bolsillo de la población y promoviendo una mayor transparencia en la facturación.

¿Cuál es el impacto de exigir una medición real y modernización de redes eléctricas en la región Caribe?

La exigencia de una medición basada en el consumo real, junto con la modernización de las redes eléctricas, pretende reducir las pérdidas de energía no justificadas técnicamente. Esto beneficia a los usuarios residenciales y comerciales, ya que las mejoras deben reflejarse en una disminución proporcional del costo del servicio, promoviendo mayor equidad en el acceso a la energía eléctrica y menor vulnerabilidad frente a prácticas tarifarias injustas.

La crisis arroja dos posiciones: por un lado, el Ministerio de Agricultura, liderado por Indalecio Dangond, cuestiona la viabilidad de cultivar arroz en ciertas zonas como La Guajira y duda de los resultados de las inversiones realizadas. Por su parte, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicita alivios financieros, mejores condiciones de comercialización y reconocimiento por sus inversiones en tecnología e infraestructura. Mientras tanto, el Gobierno anuncia un nuevo modelo productivo a partir de 2027.

La identidad del arroz en la región Caribe se refleja no solo en su papel dentro de la gastronomía local, sino también en las cifras de consumo. Una publicación de febrero de 2023 citada por la Cámara Induarroz de la ANDI ubicaba el consumo regional del cereal en cerca de 50 kilos por persona al año, aunque el promedio nacional era de 42 kilos. Datos de Fedearroz Valledupar muestran que el consumo per cápita nacional bajó de 45,22 kilos en 2024 a 41,52 kilos en 2025, lo que representa una reducción del 8,2 %.

En Valledupar, la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de Fedearroz, establecida en 2018 según EL PILÓN, supuso una inversión cercana a $11.800 millones, enfocada en fortalecer capacidades productivas e infraestructura. Además, la ciudad aloja una planta de semillas que ofrece variedades como Fedearroz 67, Fedearroz 70, Fedearroz 2000 y Fedearroz 2020, resultado de procesos de investigación de aproximadamente diez años.

El ministro Dangond, en declaraciones recientes y boletines oficiales, aclara que sus advertencias sobre no sembrar arroz estaban dirigidas a la situación crítica específica de La Guajira, referenciando cinco años consecutivos de pérdidas en esa región. Dangond también cuestiona el uso de semilla no certificada en más del 70 % del área cultivada, aunque los datos de soporte no se anexan. Por otro lado, Fedearroz atribuye parte de la crisis a los bajos precios y factores climáticos recientes, y demanda refinanciar deudas para mantener la capacidad productiva de los agricultores.

La discusión se enmarca en antecedentes de control fiscal y exigencias a la federación por el uso de recursos, según un hallazgo de la Contraloría reportado en 2026 por El Espectador, sin que ello constituya todavía una declaración de responsabilidad. Aunque existen diferencias en el diagnóstico y las cifras, tanto Gobierno como gremio reconocen la urgencia de recuperar la sostenibilidad del sector y garantizar el acceso al arroz, parte esencial de la tradición alimentaria vallenta y guajira.

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¿Cuál es el origen del conflicto entre Fedearroz y el Ministerio de Agricultura sobre el arroz en el Caribe?

El conflicto surge por la discrepancia en el diagnóstico y las soluciones frente a la crisis arrocera en regiones como La Guajira y Valledupar. Mientras el Ministerio de Agricultura, bajo Indalecio Dangond, afirma que en ciertas condiciones ya no es viable sembrar arroz y cuestiona la eficacia de las inversiones, Fedearroz defiende su gestión y solicita alivios financieros, además de destacar su papel en la investigación y oferta de semillas certificadas. La tensión también se relaciona con dudas sobre el uso de recursos parafiscales y una preocupación común: evitar que la producción deje de ser sostenible para los agricultores.

¿Qué diferencia existe entre las semillas certificadas y las no certificadas en el sector arrocero?

La semilla certificada, según Fedearroz, es resultado de procesos de investigación científica que pueden extenderse hasta diez años y garantiza ventajas como mayor germinación, vigor y pureza genética. El uso de semilla no certificada —criticada por el ministerio— estaría asociado a menores rendimientos y problemas de productividad. La discusión sobre este punto radica en que, según declaraciones del Ministerio, más del 70 % de las áreas sembradas aún utilizan semilla no certificada, aunque los datos específicos no se adjuntan en los boletines oficiales.

Sobre el tema se refirió este martes la ministra del Trabajo, que enfatizó en la necesidad de un sustento técnico y jurídico que permita que el proceso se desarrolle con la siguiente base: “escuchar antes de decidir”.

Esta consideración de la funcionaria se dio durante una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario en el que no se mencionó ninguna cifra ni postura por parte del Gobierno.

Al mencionar dicho diálogo franco y con voz de ambas partes, la ministra Natalia López fue enfática en que dicha mesa de concertación debe tener una agenda constante y que se avance con base en conceptos jurídicos.

“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”, afirmó la ministra en el encuentro.

Según el diario Portafolio, en esa primera sesión extraordinaria la Comisión tendrá en cuenta no solo la tarea de definir el salario mínimo de 2027, sino decisiones relacionadas con inspecciones laborales, plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, negociación colectiva, tercerización e intermediación laboral, entre otros.

¿Cómo se define el salario mínimo en Colombia?

La definición del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) en Colombia es el resultado de un riguroso proceso de negociación técnica y política que se desarrolla en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL). Este organismo, de carácter constitucional y tripartito, fue creado al amparo del artículo 56 de la Carta Política de 1991 y reglamentado en detalle por la Ley 278 de 1996.

Su función trasciende la simple revisión porcentual de un sueldo: actúa como un espacio permanente de diálogo social para fomentar la concertación en las relaciones laborales, evaluar la política salarial del país y procurar el equilibrio macroeconómico entre la calidad de vida de los trabajadores y la productividad del sector empresarial.

(Vea también: ¿150.000 pesos más? Davivienda revela cifra (posible) del salario mínimo en Colombia en 2027)

Composición tripartita: ¿Quiénes se sientan en la mesa?

El principio rector de la Comisión es la equidad en la representación de los actores que dinamizan la economía nacional. La estructura está compuesta por tres sectores claramente delimitados:

1. El Gobierno Nacional: encabezado por la ministra del Trabajo (quien preside la comisión), acompañada por los ministros de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura, junto al Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
2. Los Trabajadores: integrados por los presidentes o delegados de las centrales obreras más representativas del país (CUT, CGT y CTC), además de un representante de la Confederación de Pensionados (CDPC) y un delegado de las asociaciones de desempleados.
3. Los Empresarios: representados por los líderes de los gremios productivos de mayor peso económico, como la Andi, Fenalco, la SAC, Asobancaria y ACOPI.

Negociación del salario mínimo en Colombia en 2027: fases del proceso

La fijación del salario mínimo sigue un cronograma estricto fijado por la ley, el cual inicia formalmente en los últimos dos meses de cada año:

• Noviembre – Instalación de la mesa: Se conforma la Subcomisión de Productividad, encargada de consolidar y analizar los insumos técnicos del DANE y del Banco de la República (inflación observada, metas de inflación, Producto Interno Bruto y Productividad Total de los Factores).
• Primeros días de diciembre – Presentación de propuestas: Las centrales obreras y los gremios económicos exponen formalmente sus porcentajes iniciales de incremento en presencia del Gobierno.
• 15 de diciembre – Primer plazo legal: Es la fecha límite que establece la ley para lograr un acuerdo concertado y unánime entre las tres partes.
• Periodo de salvedades (Si no hay acuerdo): Si al 15 de diciembre no hay consenso, las partes que no apoyaron la propuesta deben presentar por escrito sus “salvedades” y justificaciones dentro de los 48 días hábiles siguientes.
• 30 de diciembre – Segundo plazo de concertación: La Comisión se reúne nuevamente para evaluar las contrapropuestas y buscar un punto de equilibrio antes de finalizar el año.

Ahora, diferentes sectores miran los posibles escenarios que tendrá el nuevo Gobierno y la mediación que habrá entre empresarios y las centrales obreras.

Ayer, por ejemplo, se conoció una estimación que da por hecho que el incremento del salario mínimo para 2027 sería de 9 % o 10 %, cifras que podrían llevar el salario mínimo por encima de 2’200.000 pesos, incluido el auxilio de transporte.

Sin embargo, otro cálculo conocido en las últimas horas, hecho por analistas de Davivienda, dan una cifra más exacta que ubica el alza del salario mínimo del otro año en 8,5 %, es decir, un aumento de 148.827 pesos.

“Nuestra proyección para el salario mínimo de 2027 resulta de la suma de 3 variables: la primera es nuestra proyección de inflación que para el cierre de 2026 es 6,91 por ciento. En segundo lugar, una proyección de la productividad media del trabajo para 2026 que es -0,32 por ciento y una ‘sorpresa política’ que calculamos como la diferencia entre el incremento efectivo del salario mínimo y la suma tanto de la inflación observada junto a la productividad, para este año sería de 1,91 por ciento”, explicó Germán Cristancho, jefe de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda, al exponer su análisis.

(Vea también: Condición que puso el gobierno De la Espriella para definir el aumento del salario mínimo del 2027)

Salario mínimo 2027: cálculos que se podrían dar en gobierno de De la Espriella

Para la fijación del salario mínimo de 2027, las proyecciones iniciales de los analistas y centros de pensamiento económico apuntan a incrementos que buscan equilibrar la pérdida del poder adquisitivo sin generar presiones inflacionarias adicionales. Las primeras estimaciones técnicas sugieren un aumento que oscilaría entre el 6 % y el 8 %, cifra calculada a partir de una inflación proyectada para el cierre de 2026 cercana al 5 % y una adición por concepto de productividad que se situaría entre el 1 % y el 1,5 %.

Desde el sector sindical, representado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la postura histórica apunta a buscar un incremento de dos dígitos, proyectando propuestas que se acercan al 10 % o 12 %.

Los voceros de los trabajadores argumentan que un ajuste significativo es indispensable para recuperar el poder de compra de los hogares de menores ingresos y dinamizar el consumo interno en las principales ciudades del país.

En la orilla opuesta, los gremios empresariales agrupados en el Consejo Gremial Nacional y la Andi sostienen una postura más conservadora, sugiriendo un reajuste alineado estrictamente con la fórmula legal (inflación más productividad), lo que ubicaría su propuesta más cerca del 6,5% o 7%. Desde la perspectiva de los empresarios, un incremento desmedido en el costo laboral podría desincentivar la creación de empleo formal, acelerar la informalidad y encarecer la producción en sectores clave como el comercio, la agricultura y los servicios.

(Vea también: Gobierno y sectores sociales inician diálogo para definir salario mínimo en Colombia en 2027)

¿Cómo se define el salario mínimo en Colombia?

La fijación del salario mínimo en el territorio colombiano no es una decisión arbitraria ni puramente política; responde a un marco legal y constitucional claramente delimitado. La norma rectora de este proceso es la Ley 278 de 1996, la cual reglamenta el artículo 56 de la Constitución Política y establece los criterios técnicos que deben considerarse obligatoriamente al momento de concertar o decretar el ajuste.

De acuerdo con la legislación vigente, la mesa de negociación debe evaluar formalmente los siguientes indicadores macroeconómicos oficiales expedidos por el DANE y el Banco de la República:

• Índice de Precios al Consumidor (IPC): La inflación causada en el año que termina, especialmente la registrada en los hogares de ingresos bajos.
• Meta de inflación: La proyección inflacionaria fijada por el Banco de la República para el año subsiguiente.
• Productividad Total de los Factores (PTF): La aportación de la eficiencia del trabajo y el capital al crecimiento económico nacional.
• Contribución de los salarios al ingreso nacional: La participación del trabajo en la distribución del Producto Interno Bruto (PIB).
• Crecimiento del PIB: El comportamiento general y el desempeño de la economía colombiana durante el periodo.

¿Quiénes definen el salario mínimo en Colombia?

El escenario institucional donde se discute y busca acordar el reajuste salarial es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL). Se trata de un organismo de carácter tripartito diseñado para promover el diálogo social y la concertación entre los actores fundamentales del mercado de trabajo.

La Comisión está integrada por tres partes con voz y voto dentro de la mesa:

1. El Gobierno Nacional: Representado por el Ministerio del Trabajo (quien preside la mesa), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
2. Los Trabajadores: Integrados por los representantes de las principales centrales obreras del país (CUT, CGT, CTC) y los pensionados (CDPC).
3. Los Empresarios: Representados por las directivas de los gremios más importantes del sector productivo, como la ANDI, Fenalco, la SAC, Asobancaria y ACOPI.

El encuentro servirá como plataforma estratégica para proyectar el desarrollo tecnológico de la cadena agroalimentaria regional, abordando los desafíos climáticos, de eficiencia operativa y de seguridad alimentaria a través del ecosistema agrifoodtech. Esta tendencia engloba emprendimientos dedicados al desarrollo de soluciones en categorías como AgTech, FoodTech, AnimalTech y aplicaciones transversales para el campo.

(Vea también: Homecenter amplía negocio en Colombia y compró reconocida empresa con más de 70 años)

Crecimiento sostenido del ecosistema emprendedor en Colombia

La apuesta por la innovación tecnológica en el sector primario responde a una dinámica de expansión constante dentro del país. Según datos del informe “El Estado del Emprendimiento Agrifoodtech en Colombia 2025”, elaborado por Eatable Adventures, el territorio nacional cerró el año 2025 con 201 startups activas en este segmento.

Esta cifra representó un incremento del 24% frente a las 163 empresas registradas en 2024, consolidando a Colombia como uno de los polos de innovación agroindustrial más dinámicos de la región. La maduración de este ecosistema ha incrementado la necesidad de articular alianzas estratégicas entre los desarrolladores de tecnología, los productores del campo y los fondos de capital privado.

‘AgStar’: La vitrina para las soluciones tecnológicas más disruptivas de la región

Dentro de la estructura de la feria, la plataforma de innovación AgStar desempeñará un papel central al seleccionar a las 10 mejores ‘startups’ de América Latina para exhibir sus modelos de negocio e innovaciones dentro de la muestra comercial.

Esta iniciativa busca visibilizar propuestas de alto impacto capaces de resolver problemas estructurales en la producción y distribución de alimentos.

“Colombia tiene todo para consolidarse como un referente de innovación agrifoodtech en América Latina, un ecosistema cada vez más maduro y con más emprendedores buscando espacios para crecer”, señaló María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink, al destacar la importancia de conectar el talento emergente con redes de escalamiento.

Transferencia de conocimiento y acceso a capital de inversión

Además de la exhibición comercial, la agenda contempla el desarrollo del AgStar Summit, un ciclo de conferencias especializadas dentro del componente académico de la feria. Este espacio abordará temáticas enfocadas en la financiación de proyectos de agrotecnología, estrategias de inversión, modelos de mentoría y escalamiento operativo.

La articulación entre emprendedores e inversionistas busca acelerar la adopción de herramientas de agricultura de precisión, biotecnología y optimización de cadenas de suministro. Con esta visión, el evento refuerza la importancia de la tecnología como motor indispensable para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del agro latinoamericano en los próximos años.

Estos operativos contaron con la participación activa de funcionarios de la DIAN, así como del acompañamiento de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Ejército Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Policía de Vigilancia y autoridades territoriales. De acuerdo con la entidad, la colaboración interinstitucional fue clave para articular capacidades y fortalecer la supervisión sobre el transporte, movilización y comercialización de productos en corredores estratégicos y puntos de acopio a lo largo del país.

La primera fase de estos controles estuvo dirigida a vigilar el transporte y la movilización de mercancías. Para ello, se instalaron 31 puestos de control en carreteras de 28 ciudades diferentes, donde 627 funcionarios revisaron un total de 4.450 vehículos. Como resultado, las autoridades efectuaron 67 aprehensiones de mercancía equivalentes a $4.159 millones y realizaron 92 inmovilizaciones de bienes por $996 millones. Además, se reportaron cuatro retenciones temporales con fines de verificación, valoradas en $331 millones, sumadas al acompañamiento de productos durante su trayecto. Los artículos decomisados abarcaron confecciones, calzado, cigarrillos, productos agrícolas, maquinaria, baterías portátiles, drones, equipos de telecomunicaciones y mercancías que se movían por servicios de paquetería.

En la segunda operación, el foco se desplazó a depósitos públicos, parques empresariales, centros comerciales, grandes bodegas y espacios orientados al almacenamiento. Las autoridades intervinieron 36 puntos fijos y móviles, practicando 992 verificaciones sobre las mercancías y sus operaciones de almacenamiento y comercialización. En esta etapa, las medidas cautelares recayeron sobre productos valorados en $14.675 millones, con 56 retenciones temporales por $9.303 millones, 23 aprehensiones por $4.229 millones y siete inmovilizaciones equivalentes a $1.123 millones, además de 26 suspensiones de operaciones de importación o exportación y 20 seguimientos adicionales a mercancías.

De acuerdo con la DIAN, estos procedimientos se inscriben en la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento permanente de los controles aduaneros. El trabajo conjunto entre diversas autoridades busca prevenir el ingreso y la circulación irregular de mercancías, así como proteger la legalidad de las actividades económicas vinculadas al comercio exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mercancías incautó la DIAN en los operativos contra el contrabando?

Durante los recientes operativos contra el contrabando, la DIAN incautó mercancías como confecciones, calzado, cigarrillos, productos agrícolas, maquinaria, baterías portátiles, drones, equipos de telecomunicaciones y bienes transportados mediante servicios de paquetería. Todas estas medidas fueron el resultado de verificaciones realizadas en carreteras, puntos de almacenamiento y comercialización en distintas regiones del país, según la información suministrada por la entidad.

¿Cómo se coordinó la DIAN con otras autoridades en los controles aduaneros?

Según la DIAN, los operativos de control contra el contrabando se realizaron de manera articulada con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Ejército Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Policía de Vigilancia y autoridades territoriales. Esta colaboración permitió fortalecer los controles en diversas etapas del comercio exterior, optimizando la vigilancia sobre el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías.

El análisis detallado indica que la noticia no es totalmente alentadora, debido a que otros sectores presentan comportamientos desfavorables. Díaz especificó que las exportaciones agropecuarias han caído significativamente y las manufacturas acumulan una disminución del 1,5% en el mismo periodo. En palabras del presidente de Analdex: "Lo preocupante es que ya en el acumulado el sector agropecuario cae y cae fuerte. Y el sector manufacturero -1,5 en el acumulado".

Este fenómeno genera inquietudes sobre la sostenibilidad y diversidad del crecimiento exportador colombiano. Para Díaz, el reto principal consiste en conseguir que los productos agrícolas y las manufacturas tengan un peso mayor dentro del repunte global, de modo que las cifras no dependan casi exclusivamente de las exportaciones de hidrocarburos y minerales. "Creo que hay que ver cómo logramos que el crecimiento sea jalonado no solo por el sector minero energético, sino por los productos agrícolas y las manufacturas", puntualizó el directivo.

En cuanto al sector agropecuario, Díaz explicó que gran parte de la caída está asociada al café, que históricamente ha sido uno de los productos bandera de Colombia en los mercados internacionales. No obstante, aclaró que hay otros productos agrícolas que también presentan resultados negativos en el acumulado a agosto, aunque no detalló cuáles.

Un aspecto clave para entender el escenario de cierre de año está vinculado al fenómeno de El Niño, un evento climático que, según advirtió Díaz, podría golpear aún más las exportaciones agropecuarias en los próximos meses. Esta situación complejiza el panorama y aumenta la presión sobre la necesidad de diversificar la canasta exportadora del país.

Así, aunque las exportaciones colombianas crecen, existen señales de alerta por el bajo desempeño de sectores distintos al minero-energético y la amenaza de factores climáticos que pueden agravar las dificultades para los productos agrícolas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las exportaciones agropecuarias de Colombia presentan una caída en el acumulado a agosto?

De acuerdo con el presidente de Analdex, la disminución en el sector agropecuario se explica principalmente por la fuerte baja en las exportaciones de café. Sin embargo, no es el único producto afectado, ya que otros productos agrícolas también muestran cifras negativas. Esta caída preocupa al sector debido a su impacto en la diversificación y sostenibilidad del crecimiento exportador colombiano.

¿Cómo puede afectar el fenómeno de El Niño a las exportaciones agropecuarias colombianas?

Según lo señalado por Analdex, el fenómeno de El Niño podría incidir negativamente en las exportaciones agropecuarias en lo que resta del año. Este evento climático puede impactar la producción y, en consecuencia, el volumen de productos disponibles para exportar, representando un factor de riesgo para el cierre del año en ese sector.

El boletín precisa que la demanda del SIN llegó a 266,81 gigavatios hora (GWh) diarios, con una potencia máxima de 12.683 megavatios (MW) y un incremento del 6,15 % en septiembre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Además, resalta récords históricos en ese periodo. En materia de generación, la energía térmica promedio desde la activación del mecanismo de la Resolución CREG 101 127 fue de 83 GWh día; la capacidad efectiva térmica fue de 142 GWh día y la Obligación de Energía Firme (OEF) alcanzó 118 GWh diarios. Uno de los puntos críticos es la caída de los aportes hídricos, que al 1 de octubre de 2026 representaban solo el 56,83 % de la media histórica. Esta diferencia equivale a 18 días de demanda promedio y resalta la importancia de los embalses para mantener reservas en el próximo verano.

XM subraya la necesidad de anticipar restricciones y fortalecer la generación térmica frente a posibles hidrologías deficitarias. En escenarios como los vividos en 2015-2016 o 1991-1993, algunos embalses podrían ubicarse bajo sus mínimos históricos, generando incertidumbre en la disponibilidad hidráulica. El análisis de XM revela que el sistema podría incumplir índices de confiabilidad establecidos por la regulación si se presentan condiciones adversas, observadas en uno de los modelos energéticos empleados. Entre 2026 y 2030, la brecha entre la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (ENFICC) y la demanda media proyectada oscila entre 7.669 y 10.603 GWh año, lo que implica una diferencia porcentual que evidencia la urgencia de asegurar más recursos de generación.

La infraestructura de transmisión también enfrenta retos: el 50 % de los proyectos presenta retrasos y, dependiendo de la materialización de futuras obras, el número de restricciones podría aumentar a 297 en 2029. Entre enero y octubre de 2026, XM reportó 362 instrucciones de desconexión de carga por motivos de seguridad y confiabilidad, de las cuales la región Caribe concentró el 73 % de las restricciones en alerta o emergencia. El boletín concluye que, bajo estas condiciones, el SIN no podría garantizar un suministro seguro para Colombia durante el verano 2026-2027, señalando una demanda adicional que requiere mayor generación térmica y disponibilidad de gas y combustibles líquidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el escenario de riesgo energético para Colombia en el verano 2026-2027 según el Boletín energético 362 de XM?

De acuerdo con XM, el SIN enfrenta un escenario de riesgo elevado durante el verano 2026-2027 debido a la combinación de aumento de la demanda, reducción de aportes hídricos, embalses en niveles mínimos y retrasos en la infraestructura de transmisión. Estos factores generan dificultades para asegurar la energía indispensable frente a consumos crecientes, lo que hace probable la adopción de medidas adicionales como el fortalecimiento de la generación térmica y la obtención de nuevos recursos energéticos.

¿Cuáles son las causas principales de las restricciones eléctricas en el Sistema Interconectado Nacional?

Según el boletín, las principales causas de las restricciones eléctricas en el Sistema Interconectado Nacional son la sobrecarga de activos, los retrasos del 50 % en proyectos de transmisión y los bajos aportes hídricos. Estos elementos han ocasionado que la región Caribe concentre la mayoría de restricciones en estado de alerta o emergencia, reflejando la presión sobre la red eléctrica y la necesidad de mantención y expansión oportuna de las obras definidas.

El contexto de esta evaluación surge tras la solicitud del Gobierno, el pasado 27 de septiembre, para que el FMI realice una revisión técnica mediante la consulta del Artículo IV, procedimiento que permite al organismo examinar la situación macroeconómica nacional y las políticas previstas. Según ANIF, este acercamiento abre la puerta a un diálogo más profundo que podría derivar en mecanismos de cooperación financiera. Durante la semana analizada, una delegación del Ministerio de Hacienda inició conversaciones en Washington para avanzar en este proceso.

La preocupación de fondo radica en que la deuda neta del Gobierno se ubica en el 56% del producto interno bruto (PIB), y las proyecciones fiscales pronostican déficits de 7,2% del PIB para 2026 y 9,4% para 2027. ANIF advierte que, si las estimaciones se materializan, Colombia experimentará los mayores déficit fiscales del siglo. Para atender estos compromisos, el Plan Financiero proyecta desembolsos externos e internos que, solo para 2027, llegan a $87,7 billones y $150,8 billones respectivamente, lo que evidencia la presión sobre las fuentes de financiación habituales.

Colombia ya tiene antecedentes de acuerdos con el FMI. En 1999 y 2002 suscribió programas que respaldaron ajustes fiscales y reformas, aunque no implicaron desembolsos efectivos en algunos casos. El análisis de ANIF también toma como ejemplo el caso de Ecuador, que en 2024 accedió a un programa del FMI con desembolsos directos, sujeto al cumplimiento de metas y compromisos de política económica. Esta experiencia refuerza la visión de que los programas del FMI no solo aportan recursos, sino también señal de credibilidad para los mercados e impulso a las reformas.

En su informe, ANIF concluye que una eventual negociación con el FMI debe valorarse tanto por su apoyo financiero como por el reconocimiento internacional al proceso de ajuste fiscal de Colombia. Sin embargo, señala que, tras perder el acceso a instrumentos como la Línea de Crédito Flexible y la Línea de Liquidez de Corto Plazo, las opciones más probables son la Línea de Precaución y Liquidez y el Acuerdo Stand-By, cada una con diferentes requisitos de acceso y condicionalidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las alternativas de financiamiento del FMI para Colombia según ANIF?

De acuerdo con el informe de ANIF, las alternativas más viables que podría considerar Colombia son la Línea de Precaución y Liquidez, que exige el cumplimiento previo de criterios específicos, y el Acuerdo Stand-By, una modalidad con mayor condicionalidad. El acceso a la Línea de Crédito Flexible quedó descartado tras su cancelación en 2025, mientras que las demás opciones no se ajustan completamente a la naturaleza del déficit fiscal actual del país.

¿Por qué es importante el respaldo del Fondo Monetario Internacional para el ajuste fiscal de Colombia?

Según el análisis de ANIF, más allá de los recursos directos que pueda aportar, un acuerdo con el FMI proporciona credibilidad internacional y apoya el proceso de ajuste fiscal. Este respaldo es relevante porque envía señales positivas a los mercados sobre la voluntad y capacidad del país para implementar reformas y estabilizar sus cuentas públicas.

La mesada 13 es un pago adicional reconocido para quienes están pensionados por vejez, invalidez laboral y sobrevivencia, según lo establece el artículo 50 de la Ley 100 de 1993. Este pago se efectúa junto con la mesada correspondiente al mes de noviembre, en la primera quincena de diciembre, lo que significa que en ese mes muchos pensionados reciben dos pagos relacionados con su pensión. Un detalle importante es que, sin importar el fondo de pensiones al que se pertenezca, todos los pensionados tienen derecho a este beneficio, sin distinción entre regímenes públicos o privados.

Por otro lado, la mesada 14, que por lo general se paga en junio, está restringida a ciertos grupos de pensionados a partir de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Este acto estableció que, a partir de su entrada en vigencia, quienes accedan a la pensión no podrán recibir más de 13 pagos pensionales al año. La exclusividad de la mesada 14 se refleja en los requisitos que se deben cumplir para obtenerla: haber adquirido la pensión antes del 25 de julio de 2005 y que la pensión no supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pensionados entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 con un monto pensional igual o menor a 3 salarios mínimos, pensionados de la Fuerza Pública o docentes del sector público y quienes sean beneficiarios de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional que cumplan los criterios anteriores. Para quienes se pensionaron después del 31 de julio de 2011, la posibilidad de acceder a esta mesada extra está eliminada.

Si usted considera que cumple con los requisitos para recibir la mesada 13 o 14 y no la está recibiendo, la recomendación es presentar una solicitud formal ante la entidad responsable del pago pensional. Según 90minutos.co, la entidad tiene 15 días hábiles para responder. Si la respuesta no es favorable o no responde, se puede iniciar una demanda ordinaria laboral con la asesoría de un abogado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes tienen derecho a la mesada 14 en Colombia?

De acuerdo con 90minutos.co y las normas vigentes, tienen derecho a la mesada 14 quienes se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 con pensiones inferiores a 15 salarios mínimos, los pensionados entre esa fecha y el 31 de julio de 2011 con pensiones hasta de 3 salarios mínimos, los miembros de la Fuerza Pública, docentes del sector público y beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que cumplen con los otros requisitos.

¿Cómo solicitar la mesada 13 o 14 si no la está recibiendo?

Si usted cumple los requisitos legales y no recibe alguna de estas mesadas, debe presentar una solicitud formal ante la entidad que paga su pensión. De acuerdo con lo informado, la entidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para responder y, en caso de negativa o falta de respuesta, es posible iniciar una demanda ordinaria laboral con el apoyo de un abogado.

Un total de 1.033.019 afiliados cuentan con la posibilidad legal de optar por la oportunidad de traslado de régimen pensional en el país, según el reporte oficial entregado por la entidad.

La administradora pública presentó esta cifra dentro de su boletín informativo sobre la gestión del Régimen de Prima Media y el programa de Beneficios Económicos Periódicos en el territorio nacional.

El informe detalla que este grupo con opción de cambio reúne a 487.848 ciudadanos pertenecientes a Colpensiones y a 545.171 cotizantes inscritos en el régimen de ahorro individual administrado por fondos privados.

Dicha alternativa surge en el marco de la Ley Pensional 2381 de 2024, norma que fijó un régimen de transición claro para la población trabajadora colombiana antes de finalizar junio de 2025.

Este esquema ampara a mujeres con 750 semanas o más y hombres con 900 semanas o más cotizadas al 30 de junio de 2025, ofreciendo traslado a quienes estén a menos de una década del retiro.

Para orientar a los usuarios, el sistema promueve la Doble Asesoría como un derecho fundamental donde especialistas del sector público y privado evalúan el futuro pensional de cada trabajador.

Las estadísticas señalan un acumulado de 304.769 solicitudes de Doble Asesoría, desglosadas en 55.740 personas con una sola orientación y 9.626 trámites que avanzan actualmente sin asesorías previas registradas.

Adicionalmente, un total de 239.403 afiliados completaron satisfactoriamente el ciclo entero de dos orientaciones personalizadas exigidas por la normatividad para formalizar cualquier cambio pensional en Colombia.

En cuanto a las solicitudes de traslado de régimen, las plataformas contables contabilizan 178.033 peticiones formales radicas por los trabajadores ante los administradores pensionales del país.

De esta cifra, las autoridades aprobaron 176.261 trámites, mientras 471 continúan en procesamiento, 1.301 resultaron rechazados, 29.092 corresponden a pensionados y 3.277 permanecen en periodo de validación.

Los movimientos efectivos entre sistemas muestran que 162.022 afiliados pasaron del régimen privado a Colpensiones, mientras 10.962 personas decidieron ingresar al sistema administrado por los fondos privados.

Colpensiones puso este boletín técnico en formato PDF para ser descargado o visualizado en línea con el fin de garantizar el acceso público a la información financiera del sistema.

La publicación busca facilitar la comprensión de temas neurálgicos como afiliaciones, historia laboral, cotizaciones, prestaciones económicas y la sostenibilidad pensional para que los ciudadanos ejerzan sus deberes y derechos.

Respecto al total de personas afiliadas, la entidad estatal cerró el mes de agosto registrando 7.294.605 ciudadanos en el Régimen de Prima Media, con un 52,5 % de hombres y 47,5 % de mujeres.

Frente al periodo anterior se presentó un crecimiento del 0,4 %, gracias a la entrada de 23.710 nuevas vinculaciones y al ingreso de 25.604 personas trasladadas desde los fondos privados.

Dentro de los afiliados, 3.017.403 ciudadanos, equivalentes al 41,4 %, aportan activamente como cotizantes, factor determinante para apalancar los recursos que sostienen la estructura pensional pública.

Durante el mes analizado, el recaudo por cotizaciones alcanzó $2,01 billones, donde el 85,7 % corresponde a mesadas de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes en el país.

El reporte destaca la presencia de 74.393 afiliados domiciliados en el exterior, grupo en el cual 50.352 personas mantienen sus aportes de manera activa desde sus países de residencia.

Territorialmente, la mayor cantidad de afiliados se concentra en la regional Bogotá con el 26,2 %, seguida por la regional Antioquia con el 18,1 % y la regional Occidente con el 14,4 %.

En el renglón de pensionados, la entidad estatal reporta el pago oportuno a 1.943.036 jubilados, grupo conformado por un 56,4 % de mujeres y un 43,6 % de hombres.

Este grupo creció 0,4 % en comparación con el mes previo, debido al reconocimiento de 10.199 nuevas pensiones, cifra compensada por el fallecimiento de 2.426 titulares en el mismo lapso.

El 96,6 % de los jubilados, correspondiente a 1.876.063 personas, supera los 55 años de edad, dinámica explicada por la mayor longevidad femenina observada en las mediciones demográficas.

Por tipo de prestación, el 74,3 %, equivalente a 1.443.013 personas, recibe pensión de vejez, el 21,0 % cobra sustitución por sobrevivencia y el 4,8 % percibe invalidez.

El desembolso mensual por concepto de mesadas pensionales ascendió a $5,59 billones, donde el 81,9 % de los pagos beneficia a personas que perciben hasta dos salarios mínimos mensuales.

Por su parte, el programa Beneficios Económicos Periódicos representa la alternativa de ahorro ideal para ciudadanos con ingresos inferiores a un salario mínimo o sin semanas suficientes para pensionarse.

El programa contabiliza 2.171.922 personas vinculadas, de las cuales 1.239.341 son ahorradoras efectivas, sobresaliendo una participación femenina del 67,7 %, representada en 1.469.334 mujeres inscritas en el sistema.

Finalmente, el programa otorga Anualidades Vitalicias a 59.732 colombianos, brindando un pago bimestral de por vida ajustado anualmente con la inflación, reforzado con un subsidio del 20 % entregado por el Gobierno nacional.

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Esta última posibilidad puede resultar especialmente relevante para los hogares de las zonas rurales de Colombia que tienen un terreno, pero todavía no cuentan con una vivienda adecuada. De hecho, el Ministerio de Vivienda registra que 61,2 % de los hogares ubicados en centros poblados y suelo rural disperso presenta algún tipo de déficit habitacional.

En este contexto existe el subsidio para construcción en sitio propio, un aporte económico destinado a familias que cuentan con un lote y buscan levantar allí una vivienda nueva. En la modalidad rural, el beneficio puede alcanzar $122.563.350, equivalentes a 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

¿Quiénes pueden acceder al subsidio para construir en lote propio?

El primer requisito es precisamente tener un terreno propio. Sin embargo, contar con el lote no es suficiente para acceder al beneficio. El terreno debe estar legalizado y habilitado para construir una vivienda. Además, no puede estar ubicado en una zona de riesgo ni en un área de preservación natural. También debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos.

Otro de los aspectos que deben tener en cuenta las familias es la licencia de construcción, junto con otros requisitos relacionados con las características del grupo familiar y las condiciones particulares del proyecto habitacional.

Esto significa que tener un lote heredado, comprado o recibido por otra vía no implica automáticamente que pueda utilizarse para solicitar el subsidio. El predio debe cumplir las condiciones necesarias para que legal y técnicamente pueda desarrollarse la vivienda.

El alcance del beneficio también tiene una dimensión que va más allá de la construcción de la casa. La ejecución de estos proyectos moviliza mano de obra, materiales, proveedores y servicios locales, lo que genera actividad económica alrededor de las obras y puede favorecer la permanencia de las familias en sus comunidades.

Estos son los requisitos que debe revisar antes de postularse a este subsidio

Para una familia interesada en construir su vivienda en un lote propio, hay varios aspectos que deben estar resueltos antes de avanzar con el proceso:

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• Tener un terreno propio.
• El lote debe estar legalizado.
• El predio debe estar habilitado para la construcción de vivienda.
• No puede encontrarse en una zona de riesgo.
• No debe estar ubicado en una zona de preservación natural.
• Debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos.
• Se debe contar con la licencia de construcción.

También deben cumplirse condiciones relacionadas con el grupo familiar y las características del proyecto. Por eso, antes de iniciar una postulación, no basta con verificar el valor del subsidio. También es necesario revisar que el lote cumpla las condiciones jurídicas, urbanísticas y técnicas exigidas para desarrollar la vivienda.

En el caso de Compensar, la entidad señala que ofrece acompañamiento a las familias desde la postulación hasta la ejecución del proyecto. Ese acompañamiento incluye apoyo en la validación e inscripción al beneficio, además de la articulación con alcaldías y oficinas de planeación municipal y la realización de charlas y convocatorias en los territorios.

La orientación también puede incluir apoyo para estudios de suelos y diseños estructurales, interventoría externa para hacer seguimiento a las obras y diferentes oferentes constructores para facilitar la ejecución del proyecto.

Esto es relevante porque la construcción de una vivienda no termina con la aprobación de un subsidio. El terreno debe ser viable, el diseño debe responder a las condiciones del lugar y la obra requiere seguimiento para que pueda convertirse efectivamente en una solución habitacional.

La experiencia de Compensar en esta modalidad también incluye resultados acumulados durante varios años: “Entre 2019 y 2025, Compensar ha entregado 515 subsidios de construcción en sitio propio y 476 de mejoramiento habitacional”, señaló Miguel Andrés Rodríguez, coordinador de Vivienda de Compensar.

El funcionario agregó que esta experiencia muestra que la combinación entre recursos y acompañamiento puede convertir las oportunidades de acceso a vivienda en proyectos concretos para las familias rurales.

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Para Rodríguez, una vivienda formal y bien construida también representa mejores condiciones para quienes la habitan: “Una vivienda formal y bien construida ofrece un entorno adecuado para las familias. Permite contar con espacios más seguros, adaptados a sus necesidades y con mejores condiciones sanitarias, al tiempo que brinda mayor tranquilidad frente a factores como la exposición climática”, explicó.

Quienes deseen obtener más información sobre este subsidio pueden consultar: https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-de-vivienda/construccion-sitio-propio

De acuerdo con el funcionario, la medida busca generar apetito por el consumo para mejorar la situación financiera de los comerciantes de la región.

(Lea también: ¿Subirá el IVA en Colombia? El golpe al bolsillo que se avecina por decisión urgente)

Cabe recordar que este día sin IVA ya se había aplicado en Colombia en medio de la reactivación económica posterior a la pandemia de la COVID-19.

En su momento, esta jornada fue diseñada como una exención temporal del Impuesto sobre las Ventas (IVA del 19 %) para incentivar el consumo, beneficiar el bolsillo de los consumidores y reactivar el comercio formal, quedando formalizada en reformas tributarias como la Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021).

Los artículos que quedaron con bajos precios en el día sin IVA

El descuento se aplicó a categorías de bienes específicos y bajo topes máximos de valor (medidos en Unidades de Valor Tributario – UVT). Entre los productos beneficiados solían estar:

• Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones
• Prendas y complementos de vestir
• Juguetes y juegos
• Útiles escolares
• Bienes e insumos para el sector agropecuario
• Equipos deportivos

Inicialmente, el día sin IVA en Colombia requería compras exclusivas con medios de pago electrónicos (tarjetas de crédito, débito u otros mecanismos certificados); sin embargo, posteriormente se habilitaron flexibilizaciones para pagos en efectivo bajo comprobantes de venta válidos.

(Recomendado: Colombia estaría dejando de percibir cerca de $1 billón en IVA por importaciones de bajo monto, como Temu)

Adicionalmente, se establecieron límites en la cantidad de unidades por comprador de hasta 3 unidades del mismo tipo por establecimiento, con el fin de evitar el acaparamiento y garantizar que el beneficio llegara al consumidor final.

En un comunicado, el banco indicó que la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó, mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre de 2026, la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de Davibank a favor de Davivienda.

Esta transacción abarca la totalidad de las operaciones bancarias ejecutadas actualmente por Davibank en calidad de cedente, actuando el Banco Davivienda como la entidad cesionaria dentro del proceso.

Según la información oficial, la ejecución definitiva del traspaso requiere completar ciertas condiciones previas. Davivienda notificará oportunamente al público y a los usuarios cuando el cierre se concrete.

El monto económico de la operación se determinará posteriormente mediante la valoración técnica de un perito independiente. El cálculo considerará únicamente los activos y pasivos cedidos en la fecha formal.

Para la tranquilidad del público, los clientes de Davibank mantendrán la atención mediante los canales habituales. No se requiere realizar modificaciones en el uso diario de los productos financieros.

Adicionalmente, el trámite cuenta con la vigilancia estricta de las autoridades reguladoras colombianas. El objetivo central consiste en garantizar continuidad operativa y estabilidad financiera para todos los inversionistas.

La operación entre Banco Davivienda y Davibank responde a un proceso de estructuración corporativa diseñado para consolidar los negocios bancarios bajo una misma entidad operativa dentro del grupo financiero.

Bajo este esquema, DAVIbank actúa en calidad de entidad cedente, mientras que Banco Davivienda asume el rol de entidad cesionaria.

El valor final de la transacción dependerá de la valoración técnica efectuada por un perito independiente para la fecha efectiva del traspaso.

Además, el perfeccionamiento del acuerdo requiere completar condiciones operativas previas para su cierre definitivo.

¿Cuántos clientes tiene DaviBank en Colombia?

DaviBank nació el primero de diciembre de 2025, luego de la integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria en Colombia. Esta nueva entidad surgió una vez la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la fusión entre ambos bancos.

Con su lanzamiento, Davivienda Group, el holding matriz, alcanzó más de 29 millones de clientes totales.

Esa cifra incluye operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá, según confirmó la propia entidad financiera.

En entrevista con Bloomberg Línea, Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, precisó la cifra en 29,6 millones.

Ese número corresponde a la suma de clientes de Banco Davivienda y de la nueva marca DaviBank.

DaviBank reemplazó oficialmente a Scotiabank Colpatria, que desapareció del mercado financiero colombiano luego de la integración. Incluso, tiene un logo propio y demás detalles para los clientes a nivel nacional.

El nuevo banco ofrece a sus usuarios cuatro veces más cajeros disponibles para retiros gratuitos e ilimitados. Davivienda Group quedó así con activos totales superiores a 261 billones de pesos colombianos tras la fusión.

En pesos, esa cifra equivale a más de 60.000 millones de dólares, según datos oficiales del grupo.

La red combinada de ambas marcas cuenta hoy con 2.800 cajeros automáticos y 600 oficinas físicas.

En cuota de mercado, la entidad combinada alcanzó cerca del 18,5 % de participación en cartera colombiana.

Meses después, en agosto de 2026, Suárez actualizó la cifra durante la asamblea de accionistas del grupo.

Según el directivo, el grupo suma actualmente 27 millones de clientes entre Davivienda, DaviBank y Centroamérica.

Esta cifra más reciente refleja la operación consolidada tras el primer año de integración entre ambas marcas.

Davivienda Group opera hoy en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y en Miami, Estados Unidos.

La compañía pertenece al Grupo Bolívar y es considerada el segundo banco más grande de Colombia por activos, con lo que cada movimiento marca un punto clave para la economía a nivel nacional.

La transacción hace parte de la estrategia de crecimiento de Sodimac Colombia, compañía que opera en el país las marcas Homecenter y Constructor. Pedro Gallón, gerente general de la organización, destacó el conocimiento que tiene Sumatec sobre las necesidades de las empresas. “Sumatec conoce como pocos las necesidades de mantenimiento y operación de la industria, y nosotros sumamos escala y respaldo”, afirmó.

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El negocio se estructuró mediante dos movimientos: Sodimac Colombia adquirió acciones que estaban en manos de Grupotec S.A.S. y, adicionalmente, hizo un aporte de capital directamente a Sumatec. La compañía explicó que esos recursos permitirán fortalecer la operación y ampliar su cobertura, aunque no reveló cuánto dinero se destinó a la transacción ni el porcentaje exacto de participación que pasó a manos de Sodimac.

Grupotec, que representa a los accionistas vinculados a la familia fundadora, conservará una participación minoritaria en Sumatec. Óscar Villegas, representante de la sociedad, destacó el acuerdo alcanzado con Sodimac. “En Sodimac encontramos un socio que comparte nuestra visión de servicio, crecimiento y desarrollo del negocio”, señaló.

Uno de los principales intereses de Sodimac con la operación está en el mercado MRO, sigla que hace referencia a mantenimiento, reparación y operación. Sumatec tiene experiencia en este segmento y cuenta con sede principal en Manizales, además de presencia en 11 ciudades y 14 puntos de venta para atender clientes profesionales e industriales mediante sus canales mayorista, industrial y profesional.

Con la adquisición, Sodimac busca combinar el conocimiento especializado de Sumatec con su escala y cobertura nacional. La operación también le permitirá ampliar su portafolio de suministros técnicos, servicios de asesoría y alternativas de abastecimiento para empresas. Gallón resaltó además el carácter familiar de la compañía adquirida y su trayectoria en el mercado colombiano.

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Para los clientes, uno de los cambios importantes es que Sumatec conservará su nombre y continuará operando con su equipo. Sodimac Colombia trabajará junto con la compañía para impulsar esta nueva etapa, mientras Grupotec mantendrá una participación minoritaria. “Esta operación abre un capítulo de crecimiento sobre la misma vocación de servicio que la ha distinguido desde su fundación en Manizales”, afirmó Villegas.

En palabras de la misma plataforma, estos resultados demuestran la relevancia de contar con talento colombiano tanto detrás como delante de cámaras, respaldando el posicionamiento de Colombia como un destino atractivo y competitivo para grandes producciones internacionales. La directora general de Proimágenes Colombia, Claudia Triana, resaltó que esta producción, considerada una de las más ambiciosas de Netflix en América Latina, evidencia la capacidad del país para afrontar retos de gran escala. “Una producción como ‘Cien años de soledad’ demuestra que Colombia cuenta con el talento, la infraestructura y todas las condiciones para asumir los proyectos más ambiciosos a nivel internacional”, señaló Triana.

Gran parte de este impulso se debe al Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un instrumento que ofrece un descuento tributario del 35 % sobre el gasto en servicios audiovisuales realizados dentro de Colombia. Según Triana, este mecanismo no solo fomenta el desarrollo de la industria y atrae inversión extranjera, sino que también dinamiza otros sectores de la economía y fortalece la imagen internacional del país.

La producción tuvo como epicentro el departamento del Tolima, donde se construyó el poblado ficticio de Macondo y la emblemática casa de los Buendía. Allí se rodaron, durante 190 días, escenas de la segunda parte de la serie, involucrando a más de 850 personas entre actores y equipo técnico, además de más de 970 proveedores y empresarios de al menos 15 departamentos. Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, destacó que el impacto de la serie abarcó temas tan variados como la generación de empleo, el reconocimiento cultural y el dinamismo de los negocios regionales.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, también resaltó el papel clave de los incentivos estatales, locaciones diversas y el talento nacional, que han permitido que Colombia sobresalga en el ámbito audiovisual internacional. Para Netflix, el legado de ‘Cien años de soledad’ va mucho más allá de lo cultural, marcando un antes y un después para la industria audiovisual y la economía del país.

¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) y cómo impulsó la producción de ‘Cien años de soledad’?

El Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) es un incentivo tributario que otorga un descuento del 35 % en servicios audiovisuales realizados en Colombia. En el caso de la serie ‘Cien años de soledad’, este instrumento fue clave para atraer inversión internacional, fortalecer el sector audiovisual local y dinamizar otros sectores económicos, de acuerdo con Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura.

¿Cuál fue el impacto económico de la serie ‘Cien años de soledad’ de Netflix en Colombia?

Según cifras de Netflix, la serie registró un impacto superior a COP 525.000 millones, abarcando gastos directos de producción y el efecto en la cadena de suministro, superando ampliamente los resultados previos reportados por la plataforma tras la primera parte del proyecto. Este impacto se refleja en empleo, encadenamientos productivos y proyección internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia se ubica en $3.175, es decir, $34 menos frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

Los analistas están a la espera del dato de inflación que se dará a conocer este miércoles 7 de octubre y para el cual se prevé una estabilización de la variación anual.

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Lo que mueve al dólar en Colombia

Además, un informe de JP Tactical muestra que Colombia podría reducir de manera significativa el costo de su endeudamiento externo si concreta un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional.

“Una Línea de Precaución y Liquidez podría ofrecer una tasa cercana al 3,7 % anual, frente al 6,6 % que actualmente exigiría el mercado para emisiones con plazos similares. Esto representa un ahorro de hasta 290 puntos básicos”, señala el informe.

Desde JP Tactical añaden que la alternativa cobra relevancia “en medio de una situación fiscal exigente, con una deuda neta del Gobierno central cercana al 56 % del PIB y elevados déficits proyectados, por lo que el acceso al FMI podría ayudar a diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la presión sobre el costo de la deuda pública”.

Estados Unidos se posiciona como el destino principal para el café colombiano, destacándose dentro de una industria internacional cada vez más especializada. En este contexto, los consumidores estadounidenses buscan características específicas en cada taza, lo que obliga a productores y comercializadores colombianos a adaptarse y diferenciarse, no solo con la calidad del producto, sino también con la variedad de los perfiles de sabor. La comercialización internacional, tal como lo señala la información, muchas veces se estructura a partir de una relación directa entre compradores y productores. Esto incluye visitas de compradores internacionales a las fincas, contactos cercanos con los caficultores y procesos de catación—una práctica que consiste en probar y evaluar los cafés para identificar sus atributos—que les permite seleccionar los granos ideales para responder a las exigencias de sus países de origen.

Ese proceso directo y personalizado ha sido fundamental para que hoy el café colombiano tenga presencia en más de 100 países, y para que la variedad de sus orígenes sea reconocida como un valor agregado en los mercados globales. Resalta también el papel de la Federación Nacional de Cafeteros, que ha impulsado el reconocimiento de los cafés especiales, valorando no solo las características de la bebida, sino también el origen y la historia de quienes la producen.

Por otra parte, la modernización de procesos como el despulpado y secado del grano—ambos fundamentales en la calidad final del café—, junto con la implementación de beneficiaderos regionales, han fortalecido el manejo del producto al interior de las zonas productoras. Como afirma Natalia Valencia, jefe de Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros y directora de Cafés de Colombia Expo 2026, “todo lo que hay detrás de una taza, el trabajo de los caficultores, el conocimiento, la calidad, la innovación y toda una cadena” representa el verdadero valor del café colombiano que conquista el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos es el principal mercado para el café colombiano?

Estados Unidos destaca como el mercado líder para el café colombiano debido a que, en una industria internacional con consumidores cada vez más exigentes, busca perfiles de taza específicos y altos estándares de calidad. Según la información proporcionada, las relaciones directas entre compradores internacionales y productores colombianos, incluyendo visitas a fincas y procesos de catación, permiten al café nacional adaptarse y responder a esas preferencias, lo que consolida su presencia en ese país.

¿Cómo influyen las regiones de Colombia en los perfiles del café que se exporta?

De acuerdo con los datos citados, la diversidad de alturas, suelos y climas de los 23 departamentos y 601 municipios productores permite obtener una variedad de perfiles de taza. Cada región aporta características distintas a los granos, lo cual se traduce en cafés con notas y acideces particulares, adaptándose a los distintos gustos de los consumidores internacionales y enriqueciendo la oferta exportadora.

Una de las primeras precisiones es que el Código Civil exige que, para ser heredero, se requiere existir y tener capacidad jurídica cuando se dé inicio a la sucesión.

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La Ley 1774 de 2016 explica que, aunque los animales pasaron de ser considerados «cosas» a «seres sintientes», no tienen la categoría legal de personas, por lo que no pueden ser titulares de bienes ni figurar como propietarios en una escritura o registro mercantil.

En el caso en que una persona quiera heredarle a su mascota en Colombia el 50 % de sus bienes, la cláusula particular se considera ineficaz por falta de capacidad del asignatario.

Detalles del mecanismo para que una mascota en Colombia pueda heredar

Ahora, el mecanismo legal para asegurar la manutención de una mascota debe tener en cuenta que, si bien el animal no puede recibir directamente el patrimonio, el testador sí puede hacer uso de su 50 % de libre disposición para garantizar la protección económica del animal.

Uno de los puntos clave en ese sentido es que el testador puede nombrar como beneficiario del 50 % de libre disposición a un tercero —ya sea un amigo, un familiar o un cuidador— imponiéndole una asignación modal.

En el testamento se puede condicionar a que la persona reciba el patrimonio únicamente si destina los fondos al cuidado, alimentación, salud y bienestar de la mascota en Colombia.

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En este punto, la normativa impone que, si el asignatario acepta la herencia pero incumple el cuidado del animal, los interesados pueden solicitar “la resolución de la asignación por incumplimiento del modo”.

Uno de los factores clave de la segunda parte fue la incorporación de más de 850 personas, entre el elenco artístico y el equipo técnico. Adicionalmente, Netflix entabló vínculos comerciales con 970 proveedores distribuidos en más de 15 departamentos del país. Estos proveedores ofrecieron servicios en áreas como transporte, alimentación, hospedaje, construcción de escenarios, alquiler de equipos, iluminación y consultorías. Según la información recopilada por la propia plataforma, este movimiento económico reflejó cómo una producción internacional puede irrigar actividad en múltiples sectores y regiones.

El departamento del Tolima adquirió un protagonismo especial durante el rodaje: aquí se construyó el Macondo televisivo, epicentro de la mayor parte de las grabaciones. La segunda entrega de la serie permaneció durante 190 días en este territorio, y los distintos escenarios levantados a lo largo de la filmación ocuparon cerca de 560.000 metros cuadrados. Esta infraestructura implicó una importante movilización de recursos y talento local.

No solo la infraestructura se vio beneficiada. El sector hotelero fue otro de los grandes ganadores, con la ocupación reportada de 154.888 noches de alojamiento solo en la segunda parte. También resalta la confección de 30.000 trajes adicionales para los actores, que sumados a los de la primera parte alcanzaron cerca de 70.000 prendas. La música fue otro elemento destacado, con la colaboración de 227 músicos nacionales que contribuyeron a dar vida sonora a la serie.

El alcance económico supera en más del doble el impacto estimado en su primera parte, impulsado en parte por el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA). Este mecanismo permite un descuento tributario del 35 % sobre los gastos en servicios audiovisuales en Colombia, lo cual estimuló la contratación local. Netflix y Proimágenes Colombia evaluaron que, con este modelo, el proyecto no solo reactivó distintos sectores y generó empleo, sino que demostró la capacidad de una historia colombiana para resurgir como motor de inversión y desarrollo en todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto invirtió Netflix en ‘Cien años de soledad’ y en qué sectores tuvo impacto?

La serie ‘Cien años de soledad’ movilizó más de $525.000 millones en Colombia, según cifras publicadas por Netflix. Este movimiento económico abarcó no solo el gasto directo en grabación, sino también el impacto sobre empresas y trabajadores de sectores como hotelería, transporte, alimentación, construcción de escenarios, alquiler de equipos, iluminación y servicios profesionales.

¿Cómo benefició la producción de ‘Cien años de soledad’ a las regiones de Colombia?

El rodaje de la serie tuvo presencia en más de 15 departamentos, con un papel central para el Tolima, donde se construyó el Macondo y se realizó buena parte de las grabaciones. Además, impulsó el sector hotelero con más de 154.000 noches de hospedaje y fomentó el trabajo de proveedores locales tanto en servicios como en elaboración de vestuario y producción musical.

El comportamiento también fue analizado por Asobancaria mediante un indicador construido a partir de registros administrativos de transacciones en efectivo. La herramienta permite observar la demanda de dinero físico en los departamentos y regiones del país y, según el gremio, cuenta con información desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2026.

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Los datos muestran diferencias importantes entre las regiones. Los niveles más altos de demanda de efectivo se concentran en zonas del Eje Cafetero, la Amazonía y la región Insular, con Quindío, Risaralda, Vaupés, Amazonas, Guainía y San Andrés entre los territorios que presentan mayores registros. Asobancaria relaciona este comportamiento con factores como el comercio minorista, las actividades agrícolas, la menor infraestructura financiera digital y las dinámicas comerciales fronterizas.

Sin embargo, el principal cambio aparece al revisar la evolución del indicador. Entre el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025, los niveles mostraron relativa estabilidad, pero a partir del segundo trimestre de 2025 se registró una caída en las distintas regiones. El indicador nacional pasó de cerca del 23 % en ese periodo a aproximadamente 17 % en el cuarto trimestre de 2025, una reducción de alrededor de seis puntos porcentuales en dos trimestres.

Para Asobancaria, la coincidencia temporal de esta disminución con el despliegue de los pagos inmediatos es un elemento relevante. El gremio señala que la caída comenzó durante la etapa de anuncios, registro de llaves y puesta en marcha del sistema, antes de la entrada oficial de Bre-B. La región Insular tuvo una de las mayores reducciones, mientras que Amazonía, Andina, Caribe y Pacífica terminaron 2025 en niveles cercanos entre sí y mantuvieron una tendencia similar durante los dos primeros trimestres de 2026.

El comportamiento también se refleja en la encuesta del Banco de la República sobre el instrumento de pago preferido por los colombianos. Allí, la preferencia por el efectivo medida por número de operaciones cayó del 91 % en 2012 al 66 % en 2026. La diferencia entre este indicador y el elaborado por Asobancaria responde a las metodologías utilizadas, pero ambos permiten observar una menor participación del efectivo en las transacciones.

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Con estos resultados, el sistema financiero cuenta con una herramienta para seguir de cerca cómo cambia el uso del dinero físico en Colombia y las diferencias entre regiones. Los datos del segundo trimestre de 2026 muestran que la reducción se mantiene después del fuerte descenso observado desde mediados de 2025, en un periodo marcado por la expansión de los pagos inmediatos y la digitalización de las transacciones.

En términos prácticos y cotidianos, la tasa de cambio nominal indica cuántos pesos colombianos es necesario entregar para obtener un solo dólar. Esto afecta tanto a consumidores individuales como a empresas, pues influye directamente en los precios de productos importados, bienes de consumo, servicios financieros y compromisos de deuda en moneda extranjera.

Los cambios en la tasa de cambio nominal pueden producir dos fenómenos económicos de peso: la depreciación y la apreciación del peso colombiano. Cuando la tasa se incrementa, se observa una depreciación: el peso pierde valor ante el dólar, lo que implica que se deben entregar más pesos para obtener la misma cantidad de dólares. Esto encarece el costo de importar productos o servicios, haciendo que la economía enfrente precios más elevados en productos extranjeros. Por contraste, cuando la tasa de cambio nominal disminuye, el peso se aprecia: se requieren menos pesos para adquirir un dólar. Ello facilita el acceso a bienes importados, aunque puede restar atractivo y competitividad a los productos colombianos en mercados internacionales.

Para medir de manera oficial y transparente estas fluctuaciones, en Colombia se usa la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según la información consultada, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas en el mercado por entidades autorizadas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia. Es fundamental que las operaciones consideradas para la TRM se liquiden el mismo día en que se pactan, para garantizar precisión y transparencia en el cálculo.

Según los datos más recientes, la tasa representativa del mercado sitúa el dólar en 3.209,78 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal impacta en varios frentes: cuando aumenta, encarece los productos importados y puede contribuir a la inflación, pues se debe pagar más en pesos por el mismo producto extranjero. Cuando disminuye, facilita la importación, pero puede complicar las exportaciones al hacer los productos nacionales menos competitivos en el exterior.

¿Qué significa la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que promedia las tasas reales de compra y venta de dólares entre entidades vigiladas en Colombia. Se utiliza como referencia diaria tanto para operaciones comerciales como para decisiones financieras, asegurando un parámetro común en el sistema económico nacional.

Este alivio permite a quienes tienen deudas ponerse al día con hasta cinco vigencias por inmueble, siempre que paguen el valor correspondiente al impuesto de cada año beneficiado. El mecanismo funciona así: para la ciudadanía en general, el descuento total de intereses puede aprovecharse hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, para familias o inmuebles que fueron afectados directamente por el sismo, el beneficio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, a condición de estar certificados por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

En palabras de Jhon Quinchua Ceballos, director de Hacienda Distrital, se buscó ofrecer una opción tangible a quienes enfrentan dificultades económicas: "Entendimos que las finanzas públicas tienen que ponerse del lado de la gente cuando más se necesita. Este alivio [...] es una mano extendida para quitarle un peso de encima a los caleños".

En la práctica, los beneficiarios solo deben cubrir el monto del impuesto predial, sumado a las sobretasas correspondientes (bomberil, ambiental y alumbrado) con sus propios intereses. El descuento del 100 % se aplica únicamente sobre los intereses de mora del impuesto como tal, y puede aplicarse de manera independiente a cada inmueble. No es requisito estar al día con los años anteriores para recibir el beneficio sobre las vigencias seleccionadas.

El proceso se ha simplificado para ofrecer acceso digital y presencial. Aquellos con deudas de 1 a 5 años pueden descargar su factura desde la web institucional o la aplicación móvil Impuestos Cali, donde el descuento ya estará aplicado de manera automática. Quienes tienen deudas de más de cinco años, desean pagar solo ciertos periodos, o tienen acuerdos vigentes, deben acercarse a un punto de atención de Hacienda para concretar el detalle de su pago.

Igualmente, existe una exoneración adicional para inmuebles afectados por el sismo. Los predios colapsados, no reconstruidos, tendrán exención total del impuesto de la vigencia 2026; si son reconstruidos, la exoneración se extiende por hasta cinco vigencias fiscales. Aquellas propiedades que permanecen como lote o las que resultaron solo parcialmente inhabilitables también participan de exoneraciones parciales, siempre que mantengan la condición certificada.

¿Cómo funciona el descuento del 100 % en intereses moratorios del Impuesto Predial en Cali?

El descuento, establecido en el Acuerdo 0647 de 2026, elimina el 100 % de los intereses moratorios sobre deudas de hasta cinco años por cada inmueble, siempre que el contribuyente pague el capital del impuesto junto con las sobretasas. No hace falta tener paz y salvo de vigencias anteriores.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al alivio tributario para predios afectados por el sismo en Cali?

Para acceder a plazos extendidos y exoneraciones adicionales, el predio debe estar certificado por la Secretaría de Gestión del Riesgo como afectado por el sismo del 10 de agosto. Según el nivel de daños, los beneficios van desde exoneración total del impuesto hasta descuentos parciales durante varias vigencias.

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Ese riesgo podría ser mayor durante una temporada fuerte de El Niño, fenómeno climático que puede modificar las condiciones de generación eléctrica y, al mismo tiempo, llevar a algunos hogares a consumir más energía. Un análisis financiero de Russell Bedford calculó cuánto podría representar ese escenario para una familia y encontró una diferencia que puede superar los $ 50.000 mensuales.

El ejercicio parte de una factura de energía de $ 175.000. Si al mismo tiempo se presenta un aumento de la tarifa y el consumo del hogar crece 20 %, el recibo podría acercarse a $ 227.300, es decir, unos $ 52.250 adicionales cada mes.

La cifra no significa que todos los colombianos vayan a recibir automáticamente un incremento de $ 52.250 ni que exista una tarifa nacional definida con ese aumento. Se trata de un escenario calculado por Russell Bedford bajo unas condiciones específicas de precio y consumo.

El estudio financiero tomó como referencia las tarifas de septiembre de los principales operadores del servicio residencial de energía para hogares de estratos 3 y 4, cercanas a $875 por kilovatio hora.

Sobre esa base, Russell Bedford planteó el caso de un hogar cuyo consumo pasa de 200 a 240 kWh al mes, equivalente a un aumento de 20 %. A esto se suma el supuesto de que producir electricidad se encarece 18,7 %, mientras los demás componentes del recibo permanecen iguales.

Bajo esas condiciones, la tarifa completa aumentaría 8,2 %, llevando la factura del ejemplo de $175.000 hasta aproximadamente $227.300. El 18,7 % utilizado en el ejercicio corresponde al aumento mayorista registrado en agosto y reportado por XM. Sin embargo, el mismo análisis advierte que los contratos destinados a atender hogares y pequeños negocios registraron una reducción de 0,8 %.

Por esa razón, Russell Bedford aclara que el ejercicio sirve para anticipar cómo podría comportarse el gasto bajo determinadas condiciones, pero no representa un incremento ya aprobado para todos los usuarios. Las tarifas cambian dependiendo de la región, la empresa prestadora y el estrato.

El Niño puede afectar el recibo de luz incluso si no usa aire acondicionado

Uno de los puntos centrales del análisis es que el impacto del fenómeno climático no depende únicamente de que una familia encienda más veces un aire acondicionado o un ventilador.

Una menor cantidad de lluvias puede afectar los niveles de los embalses utilizados para la generación eléctrica y generar efectos sobre diferentes actividades económicas. Russell Bedford señala que esta situación debe mirarse dentro de un escenario climático más amplio.

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El documento toma como referencia una estimación del Ideam, según la cual existe una probabilidad superior al 90 % de que se presente un fenómeno de El Niño muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Para Mauricio Serna, socio de Finanzas Corporativas de Russell Bedford, el problema adquiere mayor importancia para las familias que tienen poco margen después de cubrir sus obligaciones básicas:

“En términos financieros, una familia con poco margen después de pagar el arriendo o la cuota del crédito de vivienda, la alimentación y los servicios públicos puede sentir con fuerza incluso un aumento aparentemente pequeño”, explica Serna.

El escenario planteado por Russell Bedford tiene otro componente que los hogares pueden controlar en mayor medida: el consumo. Una de las situaciones utilizadas para dimensionar el impacto es el uso de la ducha eléctrica. Si cuatro personas extienden cinco minutos diarios su tiempo de baño y utilizan una ducha de 5.500 vatios, el consumo adicional sería de unos 55 kWh en 30 días.

Con la tarifa utilizada inicialmente en el ejercicio, esos kilovatios adicionales representarían aproximadamente $48.100 al mes, sin incluir el consumo de agua ni eventuales cargos adicionales. El cálculo muestra por qué pequeñas modificaciones en las rutinas diarias pueden terminar teniendo un efecto considerable cuando se mantienen durante varias semanas.

Hay otro posible cobro si el consumo supera la meta

A ese escenario se suma el esquema de cargos adicionales asociado al consumo que supere el 110 % de la meta individual. De acuerdo con el análisis, la CREG contempla cargos sobre ese consumo adicional de 30 % para los estratos 1, 2 y 3 y de 50 % para los estratos 4, 5 y 6, sujetos a los topes y excepciones correspondientes.

El primer ciclo tiene un propósito pedagógico y no genera un cobro efectivo, pero posteriormente el comportamiento del consumo sí puede tener consecuencias sobre el bolsillo del usuario. Esto significa que el riesgo para una familia no necesariamente está solamente en que aumente la tarifa de energía. También importa cuánto consume frente a la meta que le haya sido asignada.

La nevera también puede explicar una diferencia importante en la factura de energía

Otro electrodoméstico que merece atención es la nevera, incluso en ciudades donde las temperaturas no son particularmente altas. El análisis cita la caracterización de consumo de la UPME, según la cual la refrigeración representa el 52 % del consumo eléctrico en clima templado, 49 % en clima frío y 45 % en clima cálido.

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Para dimensionar ese impacto, Russell Bedford plantea dos refrigeradores similares con consumos ilustrativos de 70 y 30 kWh mensuales. La diferencia sería cercana a $35.000 al mes con la tarifa utilizada en el ejercicio, lo que equivale a unos $420.000 en un año si el precio de la energía permaneciera constante.

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Según recogió Semana, uno de los reconocimientos principales fue para Rappi y sus fundadores, Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, por el denominado “Efecto Multiplicador”. Endeavor destacó que la compañía ha trascendido su propio crecimiento y que más de 130 startups cuentan actualmente con antiguos integrantes de Rappi entre sus equipos. La plataforma tiene presencia en nueve países.

También hubo un reconocimiento para Beatriz Fernández y Eduardo Macía, fundadores de Crepes & Waffles, quienes fueron distinguidos como Colombianos Destacados. Endeavor resaltó la trayectoria de ambos en la construcción de una marca colombiana con impacto empresarial y social.

Endeavor Colombia dio cifras de su red de emprendimientos

Las cifras de la red de Endeavor también ocuparon un lugar importante durante la celebración. Desde su llegada al país, la organización ha seleccionado 81 empresas y 46 continúan vinculadas a su red. Al cierre de 2025, esas compañías sumaban más de 24.000 empleos directos, ingresos superiores a $10 billones y más de US$300 millones obtenidos mediante deuda y equity para financiar sus procesos de expansión.

La celebración incluyó además la presentación de la cohorte de emprendedores seleccionados para 2026, entre cuyos integrantes están los fundadores de Littio, Movii y Refurbi. Con esta nueva generación, Endeavor busca continuar ampliando la red de empresas de alto impacto que acompaña en Colombia.

El encuentro tuvo, además, un componente de apoyo a los damnificados por el terremoto del Pacífico colombiano del 10 de agosto. La organización anunció que destinó el 10 % de los ingresos obtenidos durante el evento a la iniciativa “Multiplicar para Reconstruir”, orientada a respaldar a las familias afectadas.