Según el comunicado de Glencore Colombia, la empresa resalta su reconocimiento hacia los esfuerzos que se están brindando en el territorio para asistir a la población vulnerable. A través de este mensaje, subrayaron el compromiso de la organización con la sociedad colombiana y su disposición de apoyar en momentos difíciles. Edgar Alfonso, quien lidera Cerrejón como presidente, reiteró que sus pensamientos y oraciones están con las familias perjudicadas, enfatizando que, ante situaciones de este tipo, la empresa espera que la donación pueda servir de alivio y apoyo concreto en medio de la emergencia.

El compromiso social del sector empresarial no se ha limitado únicamente a Glencore Colombia. De acuerdo con una información confirmada por Abelardo de la Espriella, presidente de la República, a través de su cuenta en la red social X, la compañía Drummond realizará una donación del mismo monto: 1,5 millones de dólares estadounidenses. Estos recursos también serán destinados a fortalecer la reconstrucción de la región occidental del país, la más impactada por el terremoto acontecido el lunes 10 de agosto.

A estas iniciativas solidarias se han sumado los principales conglomerados nacionales. La familia Santo Domingo, uno de los grupos empresariales más influyentes del país, anunció la entrega de 100.000 millones de pesos. La administración de estos recursos se realizará mediante una estructura fiduciaria, creada especialmente para asegurar una gestión adecuada de los fondos privados y optimizar los aportes del sector empresarial en la atención a la emergencia.

La respuesta articulada de empresas como Glencore Colombia, Drummond y la familia Santo Domingo evidencia el papel fundamental del sector privado en la atención a emergencias nacionales y el respaldo a las comunidades en momentos de crisis.

¿Qué empresas mineras donaron para ayudar tras el terremoto en Colombia?

Las empresas mineras que anunciaron donaciones para apoyar la reconstrucción tras el reciente terremoto en Colombia son Glencore Colombia, a través de su operación Cerrejón, y la empresa Drummond. Ambas compañías comprometieron 1,5 millones de dólares estadounidenses cada una, según comunicados y declaraciones oficiales.

¿Cómo se administrarán las donaciones privadas para víctimas del terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada, la donación de la familia Santo Domingo, que asciende a 100.000 millones de pesos, será administrada mediante una estructura fiduciaria. Esta figura permitirá coordinar y gestionar los aportes del sector privado, asegurando un uso eficiente y transparente de los recursos para atender la emergencia causada por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

No obstante, la coyuntura ha cambiado en el entorno energético israelí. Durante el periodo en el que disminuyó el comercio, Israel buscó alternativas, sustituyendo parte del reemplazo de carbón por gas en su matriz de suministro. Como explicó Aisen, "ahora Israel tiene otras soluciones. Nosotros hemos encontrado gas". Esto ha reducido la dependencia del carbón colombiano: aunque existe la disposición de comprarlo nuevamente, la necesidad se limita a circunstancias extraordinarias, como emergencias. La embajadora insistió en que "ya está reemplazado por gas, pero nosotros necesitamos de carbón como en casos de emergencia".

En cuanto a la posibilidad de reanudar las compras, Aisen fue clara: "Sí vamos a volver a importar carbón de Colombia, pero no creo que será la misma cantidad que antiguamente". Esto marca un punto clave en la transición comercial, pues la reacreditación de ventas no asegura el retorno de los volúmenes previos en el mercado israelí. Además, no precisó una estimación sobre el posible descenso en el volumen de importaciones y subrayó la importancia de diversificar el intercambio comercial. Según sus palabras, "hay muchas otras maneras de exportar otros productos que pueden ser exportados y otras maneras de cooperar".

Uno de los sectores mencionados por la embajadora fue el del agua, donde Israel cuenta con experiencia en gestión y tecnología, como lo demuestra su interés ante la contaminación hídrica en regiones colombianas como Santander. Esta ampliación del enfoque comercial ya forma parte de una agenda más amplia de recuperación de las relaciones, que incluye la eliminación de visados y la implementación del tratado de libre comercio vigente desde 2020. De acuerdo con Aisen, estos factores podrían dinamizar la economía y la inversión bilateral, en especial al facilitar la llegada de empresarios y turistas israelíes al país. Así, aunque Israel contempla importar carbón en el futuro, el gas y las nuevas áreas de cooperación marcarán el rumbo de esta relación.

¿Cuándo retomaría Israel las importaciones de carbón colombiano?

Israel ha expresado su disposición para retomar la compra de carbón colombiano, aunque no se ha anunciado una fecha específica para la reanudación de estas importaciones. Según la embajadora Vivian Aisen, la decisión depende de las circunstancias y de necesidades puntuales, principalmente en casos de emergencia, considerando que el gas ha ocupado ya un lugar relevante en la matriz energética de Israel.

¿Por qué Israel sustituyó parte del carbón colombiano por gas?

Durante la reciente caída en el comercio bilateral, Israel buscó alternativas energéticas y encontró en el gas una solución que le permitió reducir su dependencia del carbón colombiano. De acuerdo con lo explicado por la diplomática, el gas ahora cubre parte de la demanda energética del país, limitando el uso del carbón solo a situaciones excepcionales, como emergencias energéticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El decreto otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para reorganizar el presupuesto, contratar con mayor rapidez y movilizar recursos.

Entre las principales medidas está el uso temporal de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y otros fondos especiales, además de la flexibilización de los trámites para obtener créditos nacionales e internacionales.

También se amplía el programa Obras por Impuestos a todos los municipios afectados y se agiliza la venta de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destinando los recursos a la emergencia.

Para los damnificados, se eliminan algunas restricciones para acceder a subsidios de vivienda, incluido el requisito de ahorro previo y la limitación de recibir el beneficio una sola vez.

También se contemplan subsidios de arriendo y medidas para evitar aumentos especulativos.

El decreto crea ayudas para pagar parte de las nóminas de micro y pequeñas empresas afectadas, transferencias extraordinarias para trabajadores independientes y flexibiliza requisitos de programas sociales.

Además, las cooperativas podrán otorgar créditos a damnificados, con tasas subsidiadas y periodos de gracia.

En solo una semana, Santafé, Plaza de las Américas, Titán Plaza y Plaza Imperial lograron reunir y movilizar más de 116 toneladas de alimentos, agua, ropa, insumos médicos y artículos de primera necesidad hacia las regiones devastadas.

Lejos de ser simples puntos de paso, estos establecimientos se transformaron en centros de operaciones logísticas, demostrando que el sector privado tiene un rol fundamental en la gestión de crisis cuando articula su infraestructura con la voluntad de la comunidad.

A través de su iniciativa ‘Imperial Solidario’, alcanzó la cifra más relevante del consolidado: 80 toneladas de ayudas humanitarias despachadas durante la primera semana. La operación contó con la participación activa de más de 320 voluntarios, quienes trabajaron en la recepción, clasificación y cargue de los envíos que ya llegaron a Armenia, Pereira, Quimbaya, Sevilla, Calarcá y el Chocó.

“Lo que hemos vivido esta semana demuestra que la unión de una comunidad genera un impacto inmenso. 80 toneladas son el reflejo de miles de personas que donaron y de 320 voluntarios que entregaron su tiempo con generosidad. Hoy iniciamos una segunda fase, porque la reconstrucción apenas comienza y nuestra capacidad operativa sigue al servicio de quienes más lo necesitan”, señaló Luis Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial.

En el norte de la ciudad, Santafé puso en marcha un centro de acopio en articulación con Fenalco y el Gobierno Nacional, recibiendo 12.640 kilos en donaciones. Este volumen representa cerca del 30 % de las 68 toneladas totales que Fenalco ha logrado reunir en Bogotá, consolidando al centro comercial como un nodo clave en la red de ayuda. Más de 100 voluntarios se sumaron a las labores de organización y despacho.

“En momentos críticos, las palabras sobran y las acciones hablan. Abrimos nuestras puertas para ser un puente entre la ciudadanía y las regiones afectadas, y la respuesta de nuestra comunidad nos llena de orgullo. Los 12.640 kilos recolectados son la prueba de que, cuando nos articulamos con el sector público y gremial, podemos mover montañas”, afirmó Andrés Hernández, gerente de Santafé.

Con un enfoque territorial claro, Plaza de las Américas destinó su centro de acopio a apoyar a las comunidades del Chocó. En apenas cuatro días, logró reunir más de 14.000 kilos, enviados en tres camiones a Quibdó, Medio Atrato y Beté, con el respaldo logístico de la Fundación Isla de Agua. Más de 500 vecinos del sector hicieron donaciones, y 150 voluntarios participaron activamente en el empaque y marcación de los productos.

“Sabemos que el Chocó requiere un acompañamiento sostenido. Por eso, nuestra operación no se detiene; seguimos recibiendo donaciones porque entendemos que la reconstrucción será un proceso largo. Nuestro compromiso es mantener la infraestructura disponible para que la solidaridad de los bogotanos siga fluyendo”, expresó Ana Isabel Coba, gerente de Plaza de las Américas.

Entre el 11 y el 17 de agosto, Titán Plaza recolectó 10 toneladas de productos, gracias a la generosidad de 289 ciudadanos. De esta cifra, 1,8 toneladas fueron entregadas a la Fundación Fuerza Colombia para su traslado al Chocó junto con la Armada Nacional, mientras que 1,45 toneladas fueron canalizadas a través del grupo de creadores de contenido liderado por Camilo Triana y Julián Pinilla hacia el Tolima. Las ayudas restantes están siendo organizadas para un último envío.

De la urgencia a la reconstrucción: una nueva convocatoria

Superada la fase de atención inmediata, los centros comerciales ajustan sus requerimientos para alinearse con las necesidades reales en los territorios. La convocatoria actual se centra en la recolección de:

• Kits de insumos médicos y de primeros auxilios.
• Elementos para el hábitat y el descanso (colchonetas, almohadas, cobijas).
• Alimentos no perecederos (con prioridad en enlatados y granos).
• Productos de higiene personal y aseo.

Los puntos de acopio de los cuatro centros comerciales permanecen activos, invitando a la ciudadanía a mantener viva la solidaridad. La invitación es clara: la reconstrucción de Colombia no es tarea de unos pocos, y cada centro comercial reafirma su vocación de ser un espacio de encuentro y apoyo comunitario más allá del consumo.

La evolución de la tasa de cambio responde a causas diversas. Según lo explicado, influyen los movimientos internacionales del dólar, la entrada de capital extranjero y el atractivo de las tasas de interés locales para ciertos inversionistas. Otro factor clave es el precio internacional del petróleo, fundamental para la economía colombiana debido al fuerte peso de las exportaciones de crudo en la generación de divisas. Cuando el precio del crudo sube, esto suele aumentar la entrada de dólares al país, reforzando la apreciación de la moneda local.

Sin embargo, no todo el impacto es positivo ni homogéneo. Entre quienes se benefician destacan aquellos que dependen de bienes o insumos importados, pues sus costos en dólares se convierten en menos pesos al momento de pagar, lo cual incluye desde importadores de materias primas hasta empresas que requieren tecnología o maquinaria extranjera. Asimismo, consumidores que planean viajar o hacer compras internacionales necesitarán menos pesos para adquirir dólares. El mismo efecto aplica a quienes tienen deudas denominadas en esa moneda, pues ahora requieren menos moneda nacional para cumplir dichas obligaciones.

En contraste, el descenso del dólar perjudica a los exportadores, ya que sectores como el caficultor, el floricultor, el de manufacturas y petróleo reciben menos pesos al convertir sus ganancias en dólares. Esta situación afecta especialmente al sector cafetero. La Federación Nacional de Cafeteros apunta que el cálculo del precio interno depende tanto del valor internacional del grano como de la tasa de cambio. Familias que reciben remesas en dólares también reciben menos pesos colombianos, y empresas como los call center que reciben pagos en dólares tienen menores ingresos al hacer la conversión. De igual forma, el turismo se ve tocado: para visitantes extranjeros, un peso más fuerte puede volver costosos algunos productos y servicios locales.

En última instancia, la caída del dólar plantea ventajas y desventajas según la actividad económica y el perfil de quienes participan en el mercado, ilustrando cómo un cambio en la cotización puede beneficiar a unos y presionar a otros.

¿Por qué el precio del dólar baja en Colombia?

El precio del dólar baja debido a factores como la llegada de inversiones extranjeras al país, el atractivo de las tasas de interés locales y el aumento del precio internacional del petróleo, que refuerzan la confianza en el peso colombiano y contribuyen a incrementar la disponibilidad de dólares en el mercado.

¿Qué sectores se ven afectados negativamente por la caída del dólar en Colombia?

Los sectores más impactados por la baja del dólar son los exportadores como el de café, flores, manufacturas y petróleo, además de familias que reciben remesas y empresas con ingresos en dólares, quienes, al convertir sus divisas a pesos, obtienen ahora un menor valor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según señaló, detectar una transacción fraudulenta después de que se haya realizado ya no es suficiente, por lo que el sector debe avanzar hacia mecanismos capaces de anticiparse a las amenazas.

En este escenario, destacó el potencial de herramientas como Bre-B, que permiten realizar operaciones en cuestión de milisegundos, pero que también representan un reto para las entidades financieras, pues deben contar con sistemas capaces de analizar las transacciones prácticamente en tiempo real.

Chaves señaló que la inteligencia artificial se convierte en un elemento clave para responder a este desafío.

Su aplicación permite revisar modelos, analizar grandes volúmenes de información y utilizar agentes de IA y herramientas de inteligencia de amenazas para identificar comportamientos sospechosos antes de que se concrete un fraude.

La ejecutiva sostuvo que el objetivo debe ser pasar de una estrategia reactiva a una preventiva, utilizando la tecnología para detectar señales de riesgo con anticipación.

De esta manera, la IA puede convertirse en una herramienta fundamental para fortalecer la protección de las finanzas y ofrecer mayor seguridad a los usuarios.

Explica que los delincuentes suelen generar miedo y urgencia para conseguir que las personas actúen sin verificar la información.

Por eso, recomienda desconfiar de llamadas, mensajes de WhatsApp, correos o enlaces que presionen al usuario para realizar una acción inmediata, especialmente cuando advierten sobre supuestos riesgos para la cuenta.

El experto señala que, ante cualquier comunicación que parezca provenir del banco, el cliente debe detenerse y realizar una segunda validación.

En lugar de responder directamente al mensaje o continuar una llamada sospechosa, aconseja colgar y comunicarse por iniciativa propia con el banco a través de sus canales oficiales para confirmar si la solicitud es legítima.

Muñiz insiste en que ningún procedimiento realmente importante debería obligar al cliente a actuar de inmediato.

Tomarse un minuto antes de hacer clic, entregar información o realizar una operación puede marcar la diferencia frente a una estafa.

Su mensaje central para fortalecer la ciberseguridad es claro: detener las urgencias, mantener la calma y verificar. Según explica, el miedo hace que las personas sean más manipulables, mientras que la paciencia permite detectar señales de alerta y evitar caer en fraudes.

Detrás de este comportamiento del mercado de divisas se encuentran una serie de factores externos e internos que han favorecido particularmente al peso colombiano. Según explicó Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, parte del contexto global ha jugado un papel central. El déficit fiscal elevado y el crecimiento notable de la deuda pública en Estados Unidos han minado la fortaleza de la moneda norteamericana. Además, hay movimientos asociados a la recompra de bonos del Tesoro estadounidense, que también han ejercido presión sobre el dólar.

Colombia, como país exportador de petróleo, ha recibido un impulso adicional por el aumento del precio internacional de este recurso. Las tensiones en Oriente Medio han provocado incrementos en la cotización del crudo, lo que traduce en mayores ingresos de divisas para la economía local. Este flujo adicional de dólares abarata la moneda extranjera dentro del mercado colombiano.

En la dinámica nacional, las tasas de interés elevadas que mantiene el Banco de la República—alrededor del 12 %—siguen atrayendo inversionistas extranjeros, quienes buscan mejores rendimientos. Su entrada de capitales hace necesario convertir dólares en pesos, manteniendo una presión a la baja en el tipo de cambio. Este fenómeno ha tomado fuerza especialmente después de conocerse resultados clave en la política nacional, como la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según Suárez. Igualmente, las remesas enviadas por colombianos en el exterior continúan incrementando la oferta de dólares.

Este escenario ha abierto la puerta a la posibilidad de ver un dólar negociándose incluso por debajo de los $3.000. Aunque el Banco de la República ha intervenido con compras de dólares para mitigar la volatilidad, si se sostienen las condiciones actuales, la moneda estadounidense podría continuar cayendo. Un dólar barato beneficia especialmente a viajeros, importadores y consumidores de tecnología y servicios digitales, pero también afecta a exportadores y quienes reciben remesas, para quienes cada dólar representa menos pesos.

Con la divisa tan cercana a los $3.000, el mercado está atento para saber si se consolidará una nueva tendencia o si el tipo de cambio encontrará un nuevo punto de equilibrio.

¿Por qué el precio del dólar en Colombia ha caído tanto en 2026?

La caída del dólar en Colombia durante 2026 responde a una combinación de factores internacionales y locales. De acuerdo con El Diario y Omar Suárez, el déficit fiscal de Estados Unidos, el aumento de la deuda pública de ese país y la recompra de bonos han debilitado la moneda. Paralelamente, el alza en el precio internacional del petróleo y las altas tasas de interés en Colombia han atraído más dólares al país, presionando el tipo de cambio hacia abajo.

¿Cuáles son las consecuencias de un dólar bajo para los colombianos?

Un dólar bajo supone ventajas para aquellos con obligaciones o compras en moneda extranjera, como viajeros, importadores y consumidores de bienes tecnológicos. Sin embargo, quienes exportan productos o reciben remesas ven reducido el valor de sus ingresos al cambiar los dólares por pesos, debido a la menor tasa de conversión.

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Esta medida representa una alternativa para quienes planean comprar un vehículo con menor impacto en el consumo de combustible y buscan aprovechar los incentivos tributarios disponibles en el país. No obstante, el beneficio no aplica de manera automática a todos los carros híbridos, ya que es necesario cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos.

(Lea también: Este es el pago que deberían hacer los conductores por servicio que no cubre el SOAT)

Uno de los principales aspectos que deben tener en cuenta los compradores es la certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Este documento permite acreditar que el vehículo cumple con las características necesarias para acceder al incentivo tributario.

Además, los vehículos que pueden beneficiarse de esta medida deben contar con tecnologías HEV (Hybrid Electric Vehicle) o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Por esta razón, antes de realizar la compra, es recomendable verificar que el modelo elegido se encuentre dentro de las categorías contempladas y que cuente con la certificación correspondiente.

¿De cuánto es el beneficio del IVA para quienes compran carros híbridos?

Para los vehículos que cumplen con las condiciones establecidas, la tarifa del IVA aplicable es del 5 %, lo que representa una reducción frente a la tarifa general del impuesto. En consecuencia, el comprador puede obtener un ahorro sobre el valor del automotor, siempre que este se encuentre dentro de los vehículos que tienen derecho al tratamiento tributario diferencial.

(Recomendado: Se disparó la venta de carros eléctricos en Colombia)

El beneficio también puede ser relevante para las personas que ya realizaron el pago del impuesto. En estos casos, si el vehículo cumple con los requisitos y cuenta con la documentación exigida, el propietario puede solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la devolución del valor correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la entidad.

El monto que podría recuperarse depende directamente del precio del vehículo y del valor del IVA que haya sido pagado. Por tratarse de automotores cuyo precio puede alcanzar varios millones de pesos, la diferencia asociada al impuesto puede representar una suma considerable para el comprador.

Sin embargo, es importante precisar que la devolución no se concede de manera automática. El propietario debe acreditar que el vehículo cumple las condiciones previstas en la normativa y presentar el certificado correspondiente para respaldar la solicitud ante la DIAN.

El mandatario explicó que el Gobierno utilizará la información de las empresas aseguradoras para identificar los inmuebles con cobertura y precisar los procedimientos a seguir en cada caso. Además, destacó la importancia de esta herramienta para canalizar subsidios a quienes más los requieren. Según De la Espriella, uno de los enfoques centrales está puesto en los hogares de estratos 1, 2 y 3, así como en las viviendas de interés social. Esta priorización, sin embargo, no excluye a otros asegurados, pues todos los afectados con pólizas recibirán atención. Quienes no cuenten con seguro también recibirán respaldo mediante mecanismos de ayuda pública.

El presidente subrayó que los reclamantes no deben dejarse influenciar por noticias falsas referidas a los plazos o procedimientos. De la Espriella recordó que existe un plazo de hasta dos años para presentar reclamaciones por daños cubiertos, y aclaró que los trámites serán atendidos y agilitados, desmintiendo la información errónea sobre plazos reducidos. Igualmente, se estableció que, en el caso de inmuebles o copropiedades asegurados en varias compañías, serán dichas entidades las encargadas de coordinar los trámites entre ellas, evitando que los damnificados tengan que asumir esa responsabilidad mientras viven las consecuencias del desastre.

Según datos oficiales revelados a las 12:30 del 19 de agosto, el terremoto tuvo un impacto en 262.154 personas, que integran 147.464 familias en 15 departamentos y 471 municipios. En la infraestructura habitacional, se registran 30.664 inmuebles destruidos, 136.946 averiados, 302 edificios colapsados y 5.809 afectados. Además de las viviendas, la destrucción se extiende a hospitales, comercios y centros educativos. En respuesta, el Gobierno declaró la emergencia económica para movilizar recursos y enfocarse en la reconstrucción, anunciando la participación conjunta de entidades públicas, privadas y las comunidades. El presidente reconoció el compromiso del sector asegurador y su disposición para afrontar la crisis, resaltando la importancia de su papel en este proceso nacional de recuperación.

¿Qué opciones de ayuda tienen las personas sin seguro tras el terremoto?

Las personas que no cuentan con una póliza de seguro también recibirán apoyo mediante mecanismos de asistencia diseñados por el Estado, según afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Mientras que las aseguradoras se encargan de responder por los bienes cubiertos, el Gobierno implementará ayudas públicas para quienes carecen de cobertura, diferenciando ambos tipos de respaldo en función de las necesidades detectadas.

¿Cuál es el plazo para presentar reclamaciones de pólizas tras el terremoto?

Según información suministrada por el Gobierno Nacional y citada por el presidente De la Espriella, los afectados disponen de un plazo de hasta dos años para presentar sus reclamaciones ante las aseguradoras por los daños ocasionados por el sismo. Esta medida busca brindar tranquilidad y tiempo suficiente para que los damnificados formalicen sus solicitudes sin presión.

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De acuerdo con la cartera, el nombramiento de Pumarejo tiene como fin dar continuidad e impulsar la participación de Colombia en espacios donde se deciden asuntos fundamentales en torno a los recursos financieros y las inversiones orientadas a diferentes sectores estratégicos de la economía nacional. El Ministerio de Hacienda precisó que la representación frente al BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones implica estar presente en iniciativas enfocadas en el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de infraestructura, la transición energética y el bienestar general del país.

La entidad gubernamental también resaltó que el trabajo en estos organismos busca reforzar la presencia nacional en discusiones y decisiones que atañen a inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo del país. En palabras del propio ministerio, la representación ante los organismos del Grupo BID —que juegan un papel clave en la financiación y gestión de proyectos en los países miembros— permite a Colombia participar de forma activa en la orientación de políticas y el uso de recursos internacionales.

No obstante, la información oficial entregada no proporcionó mayores detalles sobre las funciones específicas que desempeñará Jaime Pumarejo ni precisó la duración de su mandato en estos cargos. Con esta designación, Colombia ratifica su intención de mantenerse activa en la toma de decisiones internacionales que influyen directamente en las prioridades de inversión y desarrollo nacional.

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¿Cuál es la función del director ejecutivo de Colombia ante el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones?

El director ejecutivo de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones tiene la tarea de representar al país en discusiones y decisiones sobre recursos, inversiones y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, según informó el Ministerio de Hacienda. Esta función incluye impulsar iniciativas en crecimiento económico, empleo, infraestructura y transición energética.

¿Por qué es relevante la representación de Colombia en organismos como el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones?

La representación de Colombia ante estos organismos resulta clave porque permite al país participar en la asignación de recursos y en la toma de decisiones relacionadas con inversiones y proyectos que afectan directamente sectores prioritarios de la economía. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta presencia fortalece las posibilidades de acceso a financiación y apoyo internacional.

Actualmente, el Banco Mundial ya desembolsó 200 millones de dólares para ayudar a los damnificados del sismo, según datos suministrados por el Gobierno. Sin embargo, la línea de crédito podría incrementarse hasta llegar a 450 millones de dólares, con el objetivo de responder a las múltiples necesidades surgidas de la emergencia. “Garantizar recursos para atender terremoto exige trabajo con varios actores. Hoy, en reunión con comisiones económicas del Congreso, solicitamos citar Comisión Interparlamentaria de Crédito para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial, que ya desembolsó US$200 millones”, precisó Gómez.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público es una instancia compuesta por seis miembros, seleccionados por las Comisiones Terceras tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Su función principal es examinar las operaciones de crédito externo permitidas por la ley que tengan como propósito financiar el desarrollo económico y social del país, así como fortalecer el equilibrio de la balanza de pagos. Para llevar a cabo estos análisis, la comisión puede ser convocada en cualquier momento, incluso durante recesos legislativos, con el fin de recibir información pertinente sobre las operaciones de crédito propuestas.

Entre las tareas de la comisión está analizar los posibles riesgos de endeudamiento que puedan afectar la capacidad de Colombia para cumplir con sus obligaciones internacionales o cuando las condiciones del préstamo sean consideradas desfavorables. La convocatoria hecha por el Ministerio de Hacienda busca que este órgano estudie la ampliación de la línea de crédito, en aras de asegurar fondos adicionales para la gestión de la emergencia. Así, el Gobierno Nacional iniciará el proceso formal para negociar la extensión con el Banco Mundial, bajo la supervisión y el análisis de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

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¿Qué es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y cuál es su función en la ampliación del crédito con el Banco Mundial?

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está compuesta por seis miembros designados por las Comisiones Terceras del Senado y de la Cámara de Representantes. Su responsabilidad es analizar y conocer las operaciones de crédito externo autorizadas legalmente al Gobierno Nacional, especialmente aquellas orientadas a financiar el desarrollo económico y social y a mantener el equilibrio de la balanza de pagos. En el caso de la ampliación del crédito con el Banco Mundial, deberá evaluar si las condiciones del nuevo préstamo son adecuadas y si el endeudamiento resultante es sostenible para el país.

¿Cuánto dinero desembolsó el Banco Mundial para la atención del terremoto y cuánto busca el Gobierno ampliar?

De acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el Banco Mundial ya realizó un desembolso inicial de 200 millones de dólares dirigidos a la atención de los damnificados del terremoto. El Gobierno Nacional busca ampliar esta línea de crédito hasta 450 millones de dólares, con el fin de disponer de recursos adicionales que permitan cubrir las crecientes necesidades originadas por la emergencia natural.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, explicó que la iniciativa es muestra del respaldo gubernamental a las apuestas de desarrollo regional, asegurando que la medida permitirá “mejorar la vida de sus habitantes, para que sea una ciudad más verde, que siga avanzando en infraestructura y genere empleo”. El plan financiado se apoya en cuatro ejes: Ciudad Segura y Solidaria, Ciudad Dinámica, Ciudad Ambiental y Sostenible, y Gobierno Eficiente y Responsable.

Entre las acciones destacadas se encuentra la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, que involucra la protección de ecosistemas, playas y manglares, además de distintas áreas públicas. Igualmente, el crédito respaldará el programa “Siembra Barranquilla”, que busca ampliar y cuidar zonas verdes y bosques urbanos. También se cubrirá la operación y el mantenimiento de las cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire y se actualizará el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

En cuanto a espacio público, Barranquilla potenciará el programa “Todos al Parque”, orientado a la recuperación y el mantenimiento de parques, plazas y bulevares, y desarrollará el Proyecto de Transformación de Entornos Urbanos (TEU), enfocado en renovar andenes. Por otro lado, parte de los recursos se destinará a fortalecer la formación artística y cultural y el Sistema Distrital de Estímulos, incentivando la creación y la gestión sostenible de las artes y el patrimonio.

La autorización ministerial fue el fruto de una solicitud radicada por el Distrito el 23 de febrero de 2026. Tras varias pausas y reactivaciones, Barranquilla logró acreditar que cumplía los requisitos de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015. Entre los documentos presentados estuvieron el aval técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), un concepto positivo del Consejo Distrital de Política Fiscal (CODFIS) y la calificación de riesgo internacional: “BB” por Fitch Ratings y “Baa3” de Moody’s Ratings. Además, el Distrito demostró tener una solvencia del 13,0% y una sostenibilidad de 107,6%, en línea con las exigencias legales, lo que permitió la formalización del empréstito externo con la CAF.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué proyectos financiará Barranquilla con el crédito de 50 millones de dólares de la CAF?

Barranquilla usará los recursos de la CAF para financiar iniciativas como la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, la ampliación y el cuidado de zonas verdes con “Siembra Barranquilla”, el mantenimiento de estaciones de monitoreo ambiental, la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, la renovación urbana de parques y bulevares con “Todos al Parque” y TEU, y el fortalecimiento de la formación artística y el Sistema Distrital de Estímulos.

¿Cuáles son los requisitos para que un distrito acceda a un empréstito externo según la Ley 358 de 1997?

Según la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Barranquilla debió acreditar ante esa cartera el cumplimiento de los requisitos de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015, que establecen condiciones para operaciones de crédito público, entre ellas solvencia y sostenibilidad enmarcadas en indicadores, conceptos técnicos favorables y calificaciones de riesgo aceptables.

El avance también se reflejó en los ingresos netos por comisiones, que aumentaron 15,9 % en el periodo analizado. En Colombia, Mibanco encabezó este crecimiento al elevar en 86,6 % sus ingresos por comisiones frente al segundo trimestre del año anterior, seguido por Credicorp Capital, que reportó un alza de 27,6 %. Estos resultados muestran el impulso que han tomado las microfinanzas y la mayor actividad en los mercados de capitales del país.

De acuerdo con Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, a pesar de los retos persistentes en Colombia y del impacto del reciente terremoto, se ha evidenciado una mejora en el sentimiento del mercado, favorecida por los cambios políticos recientes. Esta percepción positiva se tradujo en una moneda nacional más fuerte y en menores rendimientos de los bonos soberanos.

En materia de innovación, Credicorp destacó que el portafolio en esta área ya representa el 9,9 % de los ingresos ajustados por riesgo, una mejora significativa frente al 6,2 % registrado un año antes. Yape, la plataforma digital insignia del grupo, alcanzó 16,7 millones de usuarios activos mensuales, con un aumento del 62,5 % en los ingresos por comisiones durante el trimestre, lo que evidencia la consolidación de la innovación como pieza clave en la creación de valor, el fortalecimiento de la inclusión financiera y la diversificación de los resultados.

En cuanto a la calidad de la cartera, Credicorp consiguió reducir la cartera deteriorada en 7,6 % interanual, logrando una cobertura de 117,3 %, mientras las colocaciones mantienen una tendencia de crecimiento, respaldadas por la disciplina en la gestión del riesgo y la solidez del modelo de negocio. Con base en estos indicadores, el grupo espera alcanzar un ROE cercano al 22 % en el mediano plazo y mantiene su proyección de aproximadamente 19,5 % para 2026, aunque está sujeta a la evolución del fenómeno de El Niño.

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¿Cuáles son las cifras clave del crecimiento de Credicorp en el segundo trimestre de 2026?

En el segundo trimestre de 2026, Credicorp destacó por un crecimiento del 8,8 % en su utilidad neta atribuible, alcanzando los USD 581,2 millones. Además, reportó un ROE del 20,3 % y un aumento del 15,9 % en ingresos netos por comisiones. En Colombia, Mibanco y Credicorp Capital sobresalieron en este indicador, con alzas del 86,6 % y 27,6 %, respectivamente.

¿Cómo ha impactado la innovación y la digitalización en los resultados de Credicorp?

La innovación se refleja en que el portafolio innovador del grupo representa ahora el 9,9 % de los ingresos ajustados por riesgo, frente al 6,2 % de un año atrás. Además, la plataforma digital Yape alcanzó 16,7 millones de usuarios activos y creció 62,5 % en ingresos por comisiones, fortaleciendo la diversificación de utilidades e inclusión financiera dentro de la organización.

El programa plantea una meta de consumo individual por usuario, calculada a partir del promedio diario consumido en los últimos 12 meses, contados desde el 3 de agosto de 2026 hacia atrás. Esta meta será fija durante todo el periodo de vigencia del mecanismo. A partir de ahí, si un usuario regulado supera en más de un 10 % su meta, recibirá un cobro adicional solo sobre el exceso. Por el contrario, quienes logren disminuir su consumo por debajo del 90 % de la meta podrán acceder a una porción de los recursos reunidos por esos cobros adicionales. Todo lo recaudado formará una “bolsa” que se distribuirá entre quienes consigan menores consumos, según las reglas que defina la CREG.

Esta herramienta es transitoria y autofinanciada, con aplicación automática para los usuarios que cumplan las condiciones, sin que sea necesario algún trámite o solicitud. No contempla reconocimientos de costos extra para los comercializadores ni traslados tarifarios a los usuarios, y su duración inicial será de seis meses, prorrogables por otro semestre si la CREG lo decide. La medida incluye varias excepciones: usuarios con medición distinta al medidor convencional, con medidores prepago, con el servicio suspendido, de instituciones de salud, educativas, centros de atención, seguridad, organismos oficiales y quienes no puedan tener una meta individual diaria, entre otros casos. Los cobros del alumbrado público tampoco están incluidos.

La fecha de aplicación en la factura aún depende de la definición por parte de la CREG, que evalúa incluso la exclusión de usuarios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Una vez haya claridad sobre las condiciones y fechas de inicio, las empresas del Grupo EPM serán las encargadas de informar a los usuarios sobre su meta, consumos y posibles cobros o beneficios. Esta iniciativa hace parte de la campaña “Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño”, y busca fortalecer la participación de los usuarios ante los desafíos de la demanda y el comportamiento del sistema eléctrico colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica de la CREG?

El programa consiste en asignar una meta individual de consumo de energía a cada usuario regulado, basada en su promedio de consumo durante los últimos 12 meses previos al 3 de agosto de 2026. Si el usuario supera en más de un 10 % su meta, pagará un cobro adicional sobre el consumo excedente. En caso de reducir el consumo a menos del 90 % de la meta, podrá recibir un beneficio económico, dependiendo del ahorro alcanzado y de los recursos generados por los cobros adicionales.

¿Quiénes están excluidos del programa de incentivos al ahorro de energía del Grupo EPM?

El programa no aplica a usuarios con medición distinta a la de medidor tradicional, medidores prepago, servicio suspendido, instituciones de salud, educativas, centros asistenciales, organismos de atención de emergencias, instituciones de seguridad, entidades penitenciarias y organismos públicos oficiales. También quedan exceptuados quienes no puedan tener una meta diaria individual calculable o usuarios de Comunidades Energéticas, así como el cobro derivado del alumbrado público.

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La decisión fue comunicada luego de conversaciones entre Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y Omar Bula Escobar, canciller de Colombia. Según el anuncio, ambos gobiernos acordaron establecer la exención para sus ciudadanos.

El cambio supone una modificación frente a las condiciones migratorias que regían para los viajeros de ambos países. En el caso de los colombianos, Israel había restablecido el requisito de visa para turismo en mayo de 2025, mientras que Colombia adoptó posteriormente una medida recíproca para los ciudadanos israelíes.

Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1…

— Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 20, 2026

¿Desde cuándo los colombianos podrán viajar a Israel sin visa?

La nueva medida comenzará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el anuncio del gobierno israelí. Esto luego de que el presidente Abelardo del Espriella decidiera retomar relaciones con ese país.

Hasta que llegue esa fecha, los viajeros deben tener en cuenta las condiciones migratorias vigentes. De hecho, la información disponible actualmente en el sitio del Consulado General de Israel en Bogotá todavía señala que los ciudadanos colombianos necesitan visa para ingresar al país con fines turísticos.

Por esta razón, quienes tengan previsto viajar antes del cambio deberán verificar los requisitos correspondientes a la fecha de su desplazamiento. La exención anunciada no significa que las condiciones de ingreso sean idénticas a las de otros países, pues pueden existir controles migratorios y requisitos adicionales.

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De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el reporte fue presentado por la empresa F&M Chocolates S.A.S. y corresponde a productos que fueron sustraídos y que podrían terminar en canales de comercialización sin la trazabilidad correspondiente. Por esa razón, el Invima pidió a ciudadanos, establecimientos y autoridades mantener especial atención sobre los lotes relacionados.

El Invima también solicitó a las Entidades Territoriales de Salud y a las autoridades competentes adelantar la búsqueda de los productos relacionados. En caso de encontrarlos en distribución o comercialización, deberán adoptarse las medidas correspondientes.

La entidad mantiene un sistema de alertas sanitarias para alimentos y bebidas, mediante el cual publica advertencias relacionadas con productos que pueden representar riesgos o que presentan irregularidades en su comercialización.

¿Cuáles son los lotes de materias primas robadas en Cundinamarca?

La alerta comprende cuatro lotes de base de cobertura de chocolate industrial, cada uno con 1.000 kilogramos. Los productos tienen fecha de vencimiento en junio de 2027 y están identificados con el código B01FMINCMP.

Los lotes reportados son 22102066, 22103066, 22104066 y 22105066. El producto aparece identificado como “BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg”.

El Invima también reportó el hurto de 160 kilogramos de grasa vegetal, correspondiente al lote 17052026TB1 y al código de producto 4GV01CBAKG. Este producto igualmente registra vencimiento en junio de 2027.

Ante esta situación, la entidad recomendó a la población no adquirir ni comercializar los productos incluidos en la alerta. La advertencia busca evitar que las materias primas hurtadas ingresen a establecimientos o procesos de elaboración de alimentos sin que pueda garantizarse su procedencia y condiciones de manejo.

Por ahora, la recomendación para consumidores y establecimientos es verificar cuidadosamente la procedencia de estas materias primas y evitar cualquier producto que corresponda a los lotes incluidos en la alerta oficial.

Según el Comité Risaralda de la Federación Nacional de Cafeteros, en este departamento existen cerca de 20.000 caficultores y más de 19.000 familias dedicadas a esta actividad, lo que evidencia la relevancia económica del café para la región. La llegada de trabajadores temporales provenientes de diferentes zonas del país, como Cauca y Nariño, es fundamental durante la cosecha. De acuerdo con Luis Miguel Ramírez, representante de Risaralda ante el Comité Directivo de la Federación, los daños en viviendas dificultan no solo la vida diaria, sino también el alojamiento de recolectores, lo que podría llevar a un déficit de mano de obra en el momento más crucial de la cosecha.

Además de los hogares, los beneficiaderos han recibido un duro golpe. Más de 400 caficultores reportaron la pérdida de estos espacios, lo que limita la posibilidad de procesar el café a tiempo y con la calidad necesaria. El panorama se repite en otros municipios del departamento. En Mistrató, el 90 % de los daños ocurrieron en la zona rural, con 292 familias afectadas, 61 viviendas colapsadas y 219 averiadas.

Esta situación no es exclusiva de Risaralda. La Federación Nacional de Cafeteros recogió información en seis departamentos donde 8.070 caficultores han reportado daños en sus viviendas. Adicionalmente, el municipio de Belén de Umbría enfrenta retos adicionales por condiciones climáticas adversas: déficit de agua, altas temperaturas y problemas en el desarrollo de las plantas, lo que podría mermar aún más la producción.

Según declaraciones del alcalde John Fredy Montes Velásquez, proteger a los productores es clave para salvaguardar el empleo y la economía rural. Tanto la Federación como el Gobierno Nacional ya han entablado diálogo para buscar soluciones rápidas. En paralelo, la Federación activó la campaña internacional “Súmate a la Causa” para canalizar apoyo a las familias damnificadas, mientras se procesan diagnósticos más precisos.

Ahora, la prioridad es la reconstrucción no solo de viviendas, sino también de los beneficiaderos y espacios para recolectores, pues de esto depende que el café, aunque esté listo en los árboles, no se pierda antes de llegar al mercado.

¿Cuál es el principal riesgo para la cosecha cafetera de Risaralda tras el terremoto?

El riesgo no es la pérdida directa del grano, sino la imposibilidad de recoger y procesar el café debido a la destrucción de viviendas y beneficiaderos. Esto puede dejar a los productores sin la infraestructura para recibir a los recolectores y procesar el café a tiempo.

¿Qué función cumple un beneficiadero en la producción de café?

Un beneficiadero es el espacio donde se recibe, despulpa, fermenta y lava el café luego de la recolección. Su pérdida o daño limita la capacidad de transformar el grano recolectado en producto apto para la venta, poniendo en riesgo todo el ciclo productivo.

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El análisis detallado expuesto por el DANE muestra que estas cifras no afectan a la población de manera uniforme. En particular, las mujeres enfrentan una incidencia de pobreza monetaria del 45,9 %, mientras que en los hombres la cifra es de 42,8 %. Esto evidencia una brecha de 3,1 puntos porcentuales entre ambos géneros, aspecto que ha despertado especial atención entre expertos y organizaciones sociales.

El economista Fernando Herrera explicó que existen razones profundas que sostienen esta diferencia. "El desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. Y existe lo que se llama brecha salarial de género. Les pagan menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. Entonces más desempleo y menos pago es un cóctel desafortunado para ellas", aseguró Herrera, en referencia directa a la disparidad en el ámbito laboral.

Los datos aportados por el DANE muestran que el 20,9 % de las mujeres en el Cesar se encuentra desempleada, un porcentaje considerablemente superior al 12,7 % de los hombres. No es el único aspecto que agrava la condición de vulnerabilidad femenina: la llamada economía del cuidado —término utilizado para describir el tiempo y esfuerzo invertidos en tareas de cuidado no remunerado, como la atención de niños, adultos mayores y actividades domésticas— recae mayoritariamente sobre las mujeres.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, realizada por la red Valledupar Cómo Vamos, aporta cifras claras sobre esta situación: el 71 % de las mujeres en Valledupar dedica cinco horas o más al día a estas labores sin compensación económica. Apenas el 33 % de los hombres asume una carga comparable, lo que evidencia la desigualdad en las tareas dentro del hogar y la sociedad. Estos factores inciden de forma determinante en que la pobreza tenga mayor rostro de mujer en el Cesar, según las fuentes oficiales referidas.

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¿Cuál es la razón de la brecha de pobreza entre hombres y mujeres en Cesar?

De acuerdo con el economista Fernando Herrera, la diferencia principal radica en que las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo y reciben menores salarios que los hombres por trabajos similares. Además, la sobrecarga de labores de cuidado no remunerado limita sus oportunidades de acceder a empleo formal y mejor remunerado, lo que profundiza la pobreza en este grupo.

¿Cómo afecta la economía del cuidado a la pobreza de las mujeres en el Cesar?

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Valledupar Cómo Vamos, el 71 % de las mujeres dedica cinco o más horas diarias a tareas de cuidado no pagadas. Esta responsabilidad recae sobre ellas mucho más que sobre los hombres y las priva de tiempo para buscar trabajo o desarrollarse laboralmente, lo que influye directamente en las altas tasas de pobreza femenina detectadas por el DANE.

El nuevo cargo también incluye la representación ante BID Invest, brazo de financiación al sector privado del grupo, y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Pumarejo reemplazará a Roy Alejandro Barreras y ocupará una silla que reúne los votos correspondientes a Colombia y Perú dentro del organismo.

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El Ministerio de Hacienda destacó que la participación de Colombia en estas entidades resulta clave para impulsar proyectos relacionados con crecimiento económico, empleo, infraestructura, transición energética y bienestar. El nuevo director tendrá su sede en Washington D. C., donde funciona la oficina principal del BID.

El nombramiento también supone la salida de Pumarejo de Portafolio, medio de economía y negocios de El Tiempo Casa Editorial. Según el medio citado, asumió como director y editor en jefe el 1 de septiembre de 2025, después de una trayectoria marcada por cargos en el sector público, privado y organismos internacionales.

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Antes de llegar al medio, Pumarejo fue alcalde de Barranquilla entre 2020 y 2023. Durante su administración impulsó proyectos relacionados con infraestructura, sostenibilidad y modernización institucional. También ocupó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 2017.

La trayectoria que llevará Pumarejo al BID

Su experiencia internacional también aparece entre los antecedentes destacados. Entre 2024 y 2025 fue director ejecutivo de Breathe Cities, iniciativa enfocada en políticas de aire limpio en diferentes regiones del mundo.

Pumarejo es administrador de la Universidad de Purdue, con énfasis en gestión de sistemas de información, y cuenta con un MBA ejecutivo internacional del IE Business School de Madrid. Además, ha participado en iniciativas relacionadas con financiación climática, desarrollo urbano y sostenibilidad.

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La caída tiene una consecuencia directa para los colombianos que durante este año y años anteriores compraron dólares o mantienen sus ahorros en esa moneda: cada dólar que hoy se convierta a pesos vale menos que al comienzo de 2026.

Para dimensionar el movimiento, la TRM del 2 de enero de 2026 fue de 3.757,08 pesos por dólar. Frente al nivel de 3.050 pesos alcanzado durante la jornada de este 19 de agosto, la diferencia es de aproximadamente 707 pesos por cada dólar.

El Banco de la República explica que una disminución de la tasa de cambio representa una apreciación del peso colombiano, porque se necesitan menos pesos para adquirir un dólar.

El nivel actual resulta particularmente llamativo porque el dólar se está acercando nuevamente a valores que no se veían desde hace casi ocho años. En octubre de 2018, por ejemplo, la TRM se movía alrededor de los 3.000 pesos y llegó a superar los 3.090 pesos durante ese mes.

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La mejor forma de entender el impacto es llevar la caída a casos concretos. Si una persona tenía 100 dólares y los hubiera valorado al nivel de 3.757,08 pesos del 2 de enero, esos dólares equivalían entonces a 375.708 pesos. Con una cotización de 3.050 pesos, los mismos 100 dólares representarían actualmente 305.000 pesos. La diferencia es de 70.708 pesos.

El punto importante es que la persona no perdió 100 dólares ni le desapareció ese dinero. Continúa teniendo 100 dólares. Lo que disminuyó fue el valor de esos dólares cuando se expresa en pesos colombianos.

El efecto se vuelve mucho mayor a medida que aumenta el monto ahorrado. Para 500 dólares, al comienzo del año el equivalente era de 1’878.540 pesos. Con una cotización de 3.050 pesos, esos mismos dólares representarían 1’525.000 pesos. La diferencia llega a 353.540 pesos.

En el caso de 1.000 dólares, la comparación es todavía más clara. Al 2 de enero equivalían a 3.757.080 pesos, mientras que a 3.050 pesos representarían 3’050.000 pesos. Es decir, hay una diferencia de 707.080 pesos en el valor expresado en pesos.

Y para una persona con 5.000 dólares ahorrados, el efecto alcanza una dimensión mucho mayor. Al comienzo del año esos dólares equivalían a 18’785.400 pesos. Con el dólar en 3.050 pesos, pasarían a representar 15’250.000 pesos. La diferencia sería de 3’535.400 pesos.

Hay una precisión fundamental para entender estos cálculos. Si alguien compró 5.000 dólares y todavía conserva los 5.000 dólares, sigue teniendo 5.000 dólares. La caída de la tasa de cambio no reduce la cantidad de dólares que tiene en su cuenta, efectivo o inversión.

Lo que cambia es cuánto valen esos dólares cuando se convierten nuevamente a pesos. Por eso, hablar de una pérdida efectiva dependerá de la decisión que tome el ahorrador. Si necesita vender los dólares ahora y convertirlos a pesos, recibirá menos pesos que si hubiera hecho esa operación cuando la cotización estaba en 3.757,08 pesos.

En cambio, si mantiene los dólares y posteriormente el peso vuelve a depreciarse frente a la moneda estadounidense, el valor de esos ahorros expresado en pesos podría aumentar nuevamente.

La misma caída que perjudica, en términos de conversión a pesos, a quien mantiene dólares favorece a quienes necesitan adquirir la moneda estadounidense.

Por ejemplo, una persona que necesita 1.000 dólares para pagar un servicio, realizar una compra, viajar o cumplir una obligación denominada en dólares tendría que destinar aproximadamente 3,05 millones de pesos si logra comprar la divisa a una tasa de 3.050 pesos.

Al comienzo del año, utilizando la TRM de 3.757,08 pesos como referencia, ese mismo monto habría representado cerca de 3,76 millones de pesos. La diferencia entre ambos escenarios es de aproximadamente 707.080 pesos.

Eso explica por qué una caída del dólar tiene efectos diferentes dependiendo de la posición de cada persona: es desfavorable para quien tiene dólares y piensa convertirlos a pesos, pero puede resultar favorable para quien necesita comprar dólares con pesos.

El comportamiento de la tasa de cambio no se limita a los ahorros personales. Una apreciación del peso tiene efectos sobre empresas importadoras, exportadoras y compañías que tienen ingresos, costos o deudas denominadas en dólares.

Para un importador, un dólar más barato reduce, en principio, el valor en pesos de los productos o insumos que compra en el exterior. Para un exportador colombiano, en cambio, cada dólar que recibe por sus ventas externas se convierte en una cantidad menor de pesos.

La magnitud del efecto depende de la estructura financiera de cada compañía, de los contratos y de las coberturas cambiarias que tenga.

En la sesión se propuso invitar también al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad que ha advertido sobre un posible déficit fiscal significativo para el cierre del año. Según El Espectador, la suma urgía el debate debido a la reciente devolución del presupuesto del 2027 por parte de las comisiones económicas, lo cual requiere una reestructuración de los recursos proyectados y correcciones que el Congreso ha solicitado al gobierno entrante. El presidente Abelardo de la Espriella también entregó a entes de control el “Libro de la Verdad”, en el que denuncia presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro, lo que ha incentivado la atención sobre el manejo fiscal previo y actual.

En el ámbito legislativo, El Espectador reportó que congresistas de partidos como La U, liberales y el Centro Democrático consensuaron en una reunión la necesidad de este debate y el manejo del cupo de endeudamiento internacional. Además, se informó que el Congreso devolvió el proyecto de presupuesto 2027 presentado por el Gobierno Petro, calculado en 575,7 billones de pesos, por considerar que existía un desfase de al menos 30,2 billones de pesos para cubrir todos los gastos, cifra que algunos sostienen podría ser aún mayor.

Paralelamente, la senadora Zandra Bernal anunció un debate de control político para el Ministerio de Trabajo, el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), con el fin de analizar la brecha entre los indicadores oficiales de empleo y la realidad laboral actual en el país. De esta manera, el Congreso busca claridad sobre el panorama económico, presupuestal y social que hereda la nueva administración.

¿Por qué fue citado el ministro de Hacienda a debate de control político sobre la situación fiscal?

El ministro de Hacienda fue citado a debate de control político para explicar ante la Comisión Tercera del Senado cómo recibe el nuevo gobierno la situación fiscal del país. De acuerdo con lo reportado, se busca transparencia sobre los ingresos, los gastos, el endeudamiento y los retos económicos inmediatos, como la reconstrucción por el terremoto y la necesidad de corregir el presupuesto presentado por la administración anterior.

¿Qué representa el déficit fiscal mencionado en el debate y cuál es su impacto?

El déficit fiscal señalado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y los senadores se refiere a la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos proyectados para el próximo año. El posible hueco de al menos 30,2 billones de pesos plantea desafíos serios para la administración de Abelardo de la Espriella, pues implica ajustes presupuestales o endeudamiento adicional para financiar la operación estatal y atender emergencias como las zonas afectadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según el primer informe consolidado de Fasecolda, recibido apenas cuatro días después del evento, hasta el 14 de agosto ya se habían contabilizado 10.465 reclamaciones en todo el país, cuyo valor asciende a unos $281.000 millones. La mayor parte de estas reclamaciones, 9.310, están asociadas a daños en bienes inmuebles, mientras que el resto corresponde a coberturas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. Estos datos evidencian que el terremoto tuvo impactos significativos, especialmente en la infraestructura y el patrimonio inmobiliario.

Fasecolda también reveló que, para marzo de 2026, había en Colombia 2.681.964 inmuebles asegurados contra terremoto, lo que incluye viviendas, empresas, copropiedades y bienes públicos y privados. El valor de aseguramiento agregado es de aproximadamente $2.582 billones, de los cuales cerca de $361 billones protegen alrededor de 1,65 millones de viviendas. Sin embargo, este nivel de protección solo abarca cerca del 9,3 % de las viviendas en el país, lo que evidencia un reto relevante en la cultura de aseguramiento frente a desastres naturales.

En cuanto a las zonas más afectadas, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío suman 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor acumulado que supera los $426 billones. Cali encabeza las principales ciudades de la zona con 99.179 hogares protegidos, seguida de Pereira, Manizales y Armenia. Destaca que los porcentajes más altos de aseguramiento se observan en Quindío, con el 18 %, y en Risaralda, con el 13 %.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, recalcó la importancia de usar canales oficiales para reportar siniestros, consultar al intermediario correspondiente y verificar coberturas a través del Registro Único de Seguros (RUS). Este llamado busca asegurar que los afectados tengan una atención oportuna y eviten fraudes durante el proceso de reclamación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es Fasecolda y cuál es su función en los desastres naturales en Colombia?

Fasecolda es la Federación de Aseguradores Colombianos, un gremio sin ánimo de lucro que agrupa a las compañías de seguros, reaseguros y capitalización que operan en el país. Su papel es coordinar los protocolos y acciones gremiales ante eventos catastróficos, apoyando a las aseguradoras en la atención eficiente de afectados por desastres como terremotos, según información del propio gremio.

¿Qué porcentaje de viviendas en Colombia está asegurado contra terremotos?

Según datos de Fasecolda, solo cerca del 9,3 % de las viviendas en Colombia cuentan con algún tipo de seguro de hogar que las protege ante terremotos y otras emergencias, lo que supone un desafío en la cultura de protección patrimonial frente a eventos sísmicos.

Fenalcarbón expuso que la producción nacional de carbón retrocedió de 67,7 millones de toneladas en 2022 a un estimado de 51,4 millones en 2025. Igualmente, el valor de las exportaciones de carbón y coque mermó de US$12.200 millones a apenas US$4.901 millones, con una pérdida de US$2.200 millones tan solo entre 2024 y 2025. Este declive no solo afectó la economía macro, sino que también impactó directamente en el empleo: en ese periodo se suprimieron más de 25.000 trabajos directos y 100.000 indirectos, de acuerdo con el gremio.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, justificó la urgencia de la agenda gremial afirmando que la reducción de la actividad incide directamente en los ingresos fiscales y, en consecuencia, en la inversión social e infraestructura, aun en circunstancias críticas como la reconstrucción tras el terremoto reciente. Cante recordó que Colombia mantiene una capacidad de producción próxima a los 92 millones de toneladas, dependiendo de que se mejoren las condiciones que afectan la competitividad.

Entre las medidas resaltadas por el gremio está la derogación de la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel, decisión tomada por el Comité Triple A del Gobierno. Esta restricción, según Fenalcarbón, hacía perder a Colombia alrededor de 3,5 millones de toneladas en ventas al año, equivalentes a US$200 millones y regalías estimadas en $100.000 millones. Sin embargo, Cante advirtió que será difícil recuperar ese mercado, pues Israel y otros compradores han diversificado sus proveedores.

La propuesta gremial identificó factores críticos como altos costos laborales y logísticos, elevada tasa de cambio, restricciones en terminales portuarias y costos de transporte que han llegado a superar los $70.000 adicionales en rutas clave. Fenalcarbón calculó que estos sobrecostos pueden debilitar la competitividad del sector en hasta un 30%. A esto se agrega la necesidad de revisar medidas tributarias, como el anticipo de renta, y fortalecer políticas para diversificar mercados y garantizar seguridad jurídica.

¿Cuáles son las propuestas de Fenalcarbón para recuperar la competitividad del carbón en Colombia?

Las propuestas de Fenalcarbón incluyen revisar medidas tributarias vinculadas al anticipo de renta, reducir costos logísticos y laborales, habilitar nuevas salidas portuarias, fortalecer la seguridad jurídica y promover políticas de defensa comercial para recuperar mercados internacionales. El gremio también propuso revisar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

¿Por qué la restricción de exportaciones hacia Israel impactó a la industria del carbón en Colombia?

De acuerdo con Fenalcarbón, la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel significó la pérdida de un mercado de aproximadamente 3,5 millones de toneladas al año, lo que representó una disminución estimada de US$200 millones y $100.000 millones en regalías para Colombia. Recuperar ese segmento tardará debido a la diversificación de proveedores por parte de Israel durante el periodo de la restricción.

De acuerdo con el artículo publicado por El Diario, la emergencia causada por el sismo del 10 de agosto en departamentos como Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas ha dejado a miles de edificaciones con distintos niveles de afectación. Para las personas de ciudades como Pereira y Dosquebradas, esta disposición resulta especialmente oportuna, pues muchos se ven obligados a reparar daños antes de regresar a la normalidad.

No obstante, es fundamental precisar que esta opción no corresponde a un subsidio exclusivo para afectados por el terremoto, sino a un derecho laboral descrito en las normas colombianas. Según el Decreto 1072 de 2015, los trabajadores pueden usar parte de sus cesantías para adquirir, construir o, como en este caso, mejorar su vivienda. El alcance de la norma incluye obras de reparación de paredes, pisos, cubiertas e instalaciones, siempre que se demuestre legalmente la destinación del dinero.

El proceso de retiro de cesantías comienza presentando una solicitud ante el empleador, explicando el destino del dinero y adjuntando la documentación requerida, como contrato de obra y certificado de libertad y tradición del inmueble con hasta 30 días de antigüedad, según orientaciones del Ministerio de Justicia. Una vez aceptada la solicitud, el empleador y el fondo de cesantías —ya sea Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el Fondo Nacional del Ahorro— realizan las verificaciones y, cumplidos todos los requisitos, el pago debe efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, según lo estipula el Decreto 1562 de 2019.

La posibilidad de retiro está limitada a la vivienda propia, de la pareja o compañera o compañero permanente del solicitante y no se aplica en inmuebles de familiares o en arriendo. Todo esto cobra relevancia mientras se adelanta la reconstrucción y las autoridades, lideradas por el Gobierno Nacional, articulan estrategias de ayuda, subsidios y seguros. Por tanto, se recomienda a los trabajadores revisar primero la disponibilidad de seguros o subsidios antes de usar sus cesantías como fuente de financiamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden usar las cesantías para reparar una vivienda afectada por terremoto en Colombia?

Las cesantías pueden retirarse parcialmente en Colombia para la reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda si el inmueble es propiedad del trabajador o su pareja. Es indispensable presentar al empleador una solicitud con los documentos que demuestran la finalidad del dinero, como contrato de obra y certificado de libertad y tradición. El fondo de cesantías y el empleador revisan la documentación y, si todo está en regla, desembolsan los recursos dentro de los cinco días hábiles siguientes.

¿Qué documentos se requieren para retirar cesantías por daños en vivienda tras un terremoto?

Para retirar cesantías destinadas a reparar una vivienda tras un terremoto, la persona debe aportar contrato de obra, certificado de libertad y tradición del inmueble con una antigüedad menor a 30 días y, en algunos casos, otros documentos que prueben que la vivienda es de su propiedad o de su pareja. Los fondos de cesantías pueden solicitar papeles adicionales según sus propias políticas internas.

Al término de las operaciones bursátiles, la divisa estadounidense cerró en $3.039, lo que representó un desplome del 1,81 % (-$55,91) frente al dato del martes ($3.094,91).

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Durante la rueda, en dólar en Colombia abrió en su precio máximo de $3.070 y profundizó su corrección hasta marcar un mínimo intradiario de $3.032,32, bajo una intensa dinámica de oferta que movilizó un volumen de negociación superior a los US$1.650 millones a través de 2.619 operaciones.

De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar experimentó un sesgo marcadamente vendedor que rompió de manera consecutiva varios niveles clave de soporte técnico. Hacia el mediodía, el par tocó su piso antes de presentar un leve rebote comprador en los minutos previos al toque de campana.

Mientras tanto, el Índice DXY cotizó con fuertes pérdidas, ubicándose en las 98,96 unidades (-0,70 %). El retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la moderación en los datos de empleo, consumo e inflación en EE. UU. enfriaron las expectativas de nuevos ajustes monetarios por parte de la Reserva Federal.

Petróleo encadena cuatro jornadas al alza y el Brent supera los US$92

El apetito por activos colombianos estuvo respaldado por el avance firme en las cotizaciones internacionales del crudo, que completaron su cuarta sesión consecutiva en terreno positivo debido al agravamiento de la crisis geopolítica en Oriente Medio.

El Brent, referencia internacional para Colombia subió un 1,34 %, alcanzando los US$92,24 por barril. El barril de WTI avanzó un 1,30 %, cotizándose en US$85,15.

Las alzas se mantuvieron firmes ante la falta de diálogos para la reapertura del Estrecho de Ormuz, la intensificación de las tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el gobierno iraní, el despliegue del bloqueo naval en la zona y los reportes de ataques a embarcaciones comerciales.

Noticias en Colombia

Este miércoles se conoció que las compras externas de Colombia alcanzaron un valor total de US$6.775,8 millones CIF en junio de 2026. Esta cifra representó un crecimiento de 27 % frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicaron en US$5.336,8 millones CIF, según las declaraciones de importación registradas ante la DIAN y analizadas por el DANE.

En el acumulado de los primeros seis meses de 2026, las importaciones colombianas alcanzaron US$38.075,8 millones CIF, con un crecimiento del 13,6 % en comparación con el periodo enero-junio de 2025 (US$33.514,9 millones CIF).

Pese a la racha apreciadora de la moneda local, analistas de Acciones & Valores señalan que el margen para caídas lineales adicionales comienza a estrecharse. Ante la cercanía del piso de los $3.000, aumenta la probabilidad de episodios de toma de ganancias o rebotes correctivos en las próximas jornadas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,23 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,150 % desde los 12,204 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,125 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,134 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 11,989 %; la jornada anterior en 12,035 %.

El eje de su crítica apunta a la insuficiencia de los fondos recaudados por medio de donaciones privadas, incluso cuando estas provienen de reconocidos empresarios y familias adineradas como Jaime Gilinski, la familia Santo Domingo, David Vélez y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Estas figuras han hecho públicos significativos aportes para apoyar a las comunidades impactadas. Además, empresas como Bavaria también anunciaron recursos destinados a ayudar a aquellos negocios afectados por el sismo. Sin embargo, Petro se preguntó de manera irónica si la reconstrucción se financiará únicamente “de las limosnas de los ricos”, sugiriendo que los aportes del sector privado, aunque valiosos, no cubrirían el elevado costo de la reconstrucción nacional.

En este contexto, Petro expresó dudas acerca de la alternativa de recurrir al endeudamiento estatal con el fin de financiar la obra de reconstrucción, al considerar que esta carga financiera recaería finalmente sobre toda la población. Como alternativa, el exjefe de Estado propuso retomar una de las medidas fiscales de su administración: una reforma tributaria de $20 billones, cuyos recursos, según su opinión, permitirían atender la emergencia sin recurrir a más deuda y, de paso, reducir los costos mediante una disminución en las tasas de interés.

En sus declaraciones, el expresidente también criticó el manejo gubernamental durante las primeras horas posteriores al terremoto. Petro enfatizó la importancia de las primeras cien horas tras la emergencia para socorrer a los damnificados, sugiriendo que el Gobierno actual no aprovechó plenamente las capacidades humanas y técnicas que, según él, se mantenían tras su administración. Además, Petro cuestionó la gestión de la ayuda internacional, asegurando que “politizarla” habría incrementado las consecuencias para las víctimas.

¿Cuál es la propuesta de Gustavo Petro para financiar la reconstrucción tras el terremoto?

Según Gustavo Petro, la alternativa para conseguir los fondos necesarios debería ser la implementación de una reforma tributaria por $20 billones, una propuesta que el exmandatario consideraba fundamental durante su administración. Petro señala que estos recursos ayudarían a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas sin recurrir a un mayor endeudamiento y pide que se bajen las tasas de interés, para que así el costo de la deuda sea menor para el país.

¿Por qué Gustavo Petro critica la gestión del Gobierno en la respuesta al terremoto?

Petro argumenta que la urgencia de las primeras cien horas tras la emergencia fue desaprovechada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, lo que, en su opinión, habría afectado la atención a los damnificados. Además, cuestiona la manera en que se manejó la ayuda internacional, asegurando que “politizarla” influyó negativamente en la cantidad de víctimas, según lo manifestado en sus recientes declaraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, se refirió al anuncio: “Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España”.

Según la entidad, los recursos destinados a ACNUR se orientarán a ofrecer refugio a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas, a distribuir artículos de emergencia y a brindar protección y asistencia a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Por su parte, UNICEF reforzará su respuesta dirigida a niños, niñas y adolescentes, con apoyo en la emergencia y en la reconstrucción y recuperación de instituciones educativas, con el fin de asegurar la continuidad educativa.

BBVA informó también que se sumará a “Empresas Unidas por Colombia”, iniciativa liderada por la ANDI y la Fundación ANDI que articula la respuesta del sector empresarial colombiano ante la emergencia. A través de esta iniciativa se apoyarán acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas, con foco en infraestructura educativa.

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La donación de 2 millones de euros hace parte de una respuesta que la entidad comenzó a desplegar tras el terremoto, orientada a apoyar a las comunidades afectadas, atender a sus empleados y a las familias de estos, movilizar la solidaridad de clientes y empleados, y mantener la continuidad del servicio financiero en las zonas impactadas. Como primera medida de urgencia, BBVA Colombia había aportado 3.500 kits de alimentación y de aseo, distribuidos a través de los Bancos de Alimentos con la coordinación del Banco de Alimentos de Bogotá.

El Grupo BBVA puso en marcha, en Colombia y en España, una campaña de recolección de fondos entre sus clientes y empleados. En Colombia, el banco activó una campaña de recaudación en colaboración con Solidaridad por Colombia y habilitó su red de más de 1.400 cajeros automáticos para que clientes y empleados puedan realizar donaciones a través de la cuenta de ahorros 0777001919. En España, las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo desde la aplicación de BBVA mediante Bizum, seleccionando la opción de donaciones solidarias e ingresando el código correspondiente a cada organización, o mediante transferencia a las cuentas de UNICEF y ACNUR habilitadas para este fin. También es posible realizar aportes de manera presencial en la red de oficinas. De forma adicional, BBVA en España eliminó temporalmente las comisiones y los gastos para clientes particulares en las transferencias emitidas y recibidas entre España y Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, BBVA en Colombia mantiene un seguimiento de la situación de 479 empleados que trabajan en las zonas afectadas y de sus familias. Además del acompañamiento y del apoyo psicosocial, el banco ha entregado ayudas de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo, y evaluará las necesidades adicionales de los empleados afectados, en particular en materia de vivienda. En paralelo, los equipos de la entidad avanzan en la evaluación de los daños sobre su infraestructura física; hasta el momento, 25 de las 42 oficinas ubicadas en la zona se encuentran operando, mientras que los canales digitales han continuado funcionando con normalidad durante la emergencia.

Sobre la respuesta del banco en el país, Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, afirmó: “Todo el equipo de BBVA en Colombia se ha volcado desde el primer momento en acompañar a nuestros compañeros y sus familias, apoyar a las comunidades y asegurar la atención de nuestros clientes. La emergencia continúa y nuestro compromiso es estar presentes no solo durante estos primeros días, sino también en la etapa de recuperación y reconstrucción que tiene por delante el país”.

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Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, se refirió al anuncio: “Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España”.

Según la entidad, los recursos destinados a ACNUR se orientarán a ofrecer refugio a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas, a distribuir artículos de emergencia y a brindar protección y asistencia a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Por su parte, UNICEF reforzará su respuesta dirigida a niños, niñas y adolescentes, con apoyo en la emergencia y en la reconstrucción y recuperación de instituciones educativas, con el fin de asegurar la continuidad educativa.

BBVA informó también que se sumará a “Empresas Unidas por Colombia”, iniciativa liderada por la ANDI y la Fundación ANDI que articula la respuesta del sector empresarial colombiano ante la emergencia. A través de esta iniciativa se apoyarán acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas, con foco en infraestructura educativa.

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La donación de 2 millones de euros hace parte de una respuesta que la entidad comenzó a desplegar tras el terremoto, orientada a apoyar a las comunidades afectadas, atender a sus empleados y a las familias de estos, movilizar la solidaridad de clientes y empleados, y mantener la continuidad del servicio financiero en las zonas impactadas. Como primera medida de urgencia, BBVA Colombia había aportado 3.500 kits de alimentación y de aseo, distribuidos a través de los Bancos de Alimentos con la coordinación del Banco de Alimentos de Bogotá.

El Grupo BBVA puso en marcha, en Colombia y en España, una campaña de recolección de fondos entre sus clientes y empleados. En Colombia, el banco activó una campaña de recaudación en colaboración con Solidaridad por Colombia y habilitó su red de más de 1.400 cajeros automáticos para que clientes y empleados puedan realizar donaciones a través de la cuenta de ahorros 0777001919. En España, las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo desde la aplicación de BBVA mediante Bizum, seleccionando la opción de donaciones solidarias e ingresando el código correspondiente a cada organización, o mediante transferencia a las cuentas de UNICEF y ACNUR habilitadas para este fin. También es posible realizar aportes de manera presencial en la red de oficinas. De forma adicional, BBVA en España eliminó temporalmente las comisiones y los gastos para clientes particulares en las transferencias emitidas y recibidas entre España y Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, BBVA en Colombia mantiene un seguimiento de la situación de 479 empleados que trabajan en las zonas afectadas y de sus familias. Además del acompañamiento y del apoyo psicosocial, el banco ha entregado ayudas de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo, y evaluará las necesidades adicionales de los empleados afectados, en particular en materia de vivienda. En paralelo, los equipos de la entidad avanzan en la evaluación de los daños sobre su infraestructura física; hasta el momento, 25 de las 42 oficinas ubicadas en la zona se encuentran operando, mientras que los canales digitales han continuado funcionando con normalidad durante la emergencia.

Sobre la respuesta del banco en el país, Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, afirmó: “Todo el equipo de BBVA en Colombia se ha volcado desde el primer momento en acompañar a nuestros compañeros y sus familias, apoyar a las comunidades y asegurar la atención de nuestros clientes. La emergencia continúa y nuestro compromiso es estar presentes no solo durante estos primeros días, sino también en la etapa de recuperación y reconstrucción que tiene por delante el país”.

El proyecto busca ampliar el alcance del mecanismo conocido como obras por impuestos, que en este momento se aplica principalmente en territorios como los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y las zonas ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). Con el cambio sugerido, se pretende que esta herramienta esté disponible para otros lugares que hayan enfrentado crisis a raíz de desastres naturales u otras problemáticas graves.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es permitir que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta al desarrollo y ejecución de obras que respondan a las necesidades urgentes surgidas en los municipios afectados. De este modo, parte de la obligación tributaria no quedaría únicamente como un pago al Estado, sino que se transformaría en infraestructura esencial para las comunidades que más la necesitan.

Las iniciativas que podrían recibir apoyo comprenden la construcción o reparación de viviendas, colegios, centros de salud, sistemas de saneamiento básico y vías, entre otros, además de proyectos que contemplen la restauración ambiental y la provisión de espacios temporales para familias que han perdido sus hogares. La participación del sector privado, según los promotores del proyecto, podría acelerar la ejecución de obras fundamentales en contextos de emergencia, así como fortalecer su impacto.

El desarrollo de estos proyectos podría llevarse a cabo directamente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o mediante esquemas como fiducias (mecanismos fiduciarios) y convenios, de acuerdo con el diseño presentado. Para Santiago Barreto, el objetivo es aprovechar de manera más eficiente los recursos que las empresas ya aportan vía impuestos, convirtiéndolos en respuestas tangibles para quienes necesitan ayuda tras una catástrofe.

El proyecto aún debe superar los debates en el Congreso y sus impulsores han solicitado prioridad en el trámite, así como la evaluación de su viabilidad dentro del Presupuesto General de la Nación por parte del Ministerio de Hacienda. La iniciativa surge en un momento en que se requieren nuevos instrumentos para financiar la recuperación de zonas cuyas viviendas, servicios básicos e infraestructura han quedado gravemente afectados.

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¿En qué consiste el mecanismo de obras por impuestos propuesto para la reconstrucción tras el terremoto?

El mecanismo de obras por impuestos permitiría que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta a la financiación y ejecución de proyectos que atiendan necesidades de municipios declarados en emergencia, desastre o calamidad pública. Entre las obras contempladas están viviendas, instituciones educativas, centros de salud, infraestructura y saneamiento básico, transformando así el recaudo de impuestos en soluciones directas para las comunidades afectadas.

¿Qué papel tendría el sector privado en la recuperación de municipios afectados por el terremoto?

El sector privado desempeñaría un rol más activo al participar directamente en la ejecución y financiación de proyectos prioritarios para la reconstrucción. De acuerdo con la propuesta, empresas podrían invertir parte de sus impuestos en obras urgentes, lo que ayudaría a reducir los tiempos de respuesta y a cubrir necesidades inmediatas en las zonas impactadas por el desastre.

De acuerdo con Credicorp Capital, la tasa de cambio mostrará esta semana niveles intermedios técnicos que van desde los $3.104 hasta los $3.200, evidenciando que el movimiento actual responde a presiones vendedoras significativas asociadas a estrategias de carry trade con tasas.

Por su parte, JP Tactical Trading destacó que la divisa opera bajo un fuerte apetito vendedor y con un volumen muy superior al promedio, mientras que a nivel global el índice DXY se mantiene lateral, respetando la zona de soporte clave entre los 99,200 y los 99,000 puntos.

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Brent supera los US$91 por la crisis en Ormuz

En el frente energético, los precios del crudo extienden sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, con el Brent escalando un 0,3 % hasta los US$91,32 y el WTI avanzando un 0,4 % hasta los US$85,28 por barril.

La cotización se mantiene firme en máximos de tres semanas debido al persistente bloqueo y la reducción del tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

La incertidumbre se agravó tras la suspensión temporal de transacciones comerciales con Irán por parte de Emiratos Árabes Unidos —tras denunciar el lanzamiento de misiles balísticos— y los temores sobre posibles escaladas hacia bases estadounidenses en Europa, manteniendo ajustada la oferta global.

PIB del segundo trimestre sorprende al alza

En el plano macroeconómico local, el DANE reveló que la economía colombiana creció un 3,5 % anual en el segundo trimestre de 2026, acelerándose de forma notable frente al 2,2 % del primer trimestre y ubicando el acumulado del primer semestre en el 2,9 %.

No obstante, el informe generó debate entre los analistas: gran parte del impulso provino del gasto público (que aumentó un 12,2 %), mientras que el consumo de los hogares creció a un ritmo más moderado del 2,8 %.

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Expertos señalan que, sin el fuerte apalancamiento estatal, el crecimiento real se habría ubicado entre el 1,5 % y el 1,8 %. A esto se suman las alertas sobre la sostenibilidad de este dinamismo ante el elevado déficit fiscal, las altas tasas de interés y la contracción del 1 % en las exportaciones.

El negocio estratégico entre el holding Grupo Argos y la cadena chilena Mallplaza marca un hito relevante. Esta operación fortalece la rentabilidad corporativa en el mercado actual.

La transacción contempla la transferencia de ocho centros comerciales Gran Plaza a Mallplaza por $1,2 billones. El movimiento optimiza el portafolio inmobiliario del grupo empresarial.

Las cifras operacionales del primer semestre respaldan la solidez del holding antioqueño. La organización registró ingresos operacionales por $5,5 billones durante la primera mitad del año.

El Ebitda semestral alcanzó los $1,4 billones con un margen cercano a 26%. Estos datos financieros sirven como base para impulsar nuevas iniciativas corporativas.

La corporación acelera la ejecución del programa de transformación denominado ACE 1.0. Este plan estratégico abarca tres frentes principales para potenciar el desempeño global.

Los pilares incluyen la excelencia operacional, la consolidación de activos y la recompra de acciones. La meta busca disminuir la brecha de valor frente al mercado.

La desinversión inmobiliaria representa un avance fundamental dentro del esquema de transformación. La transacción con Mallplaza demuestra una gestión activa de la propiedad corporativa.

“La fecha de cierre de esta transacción, que se hace con Mallplaza, una compañía chilena listada, está estimada para el 30 de septiembre de este año”, afirmó Aristizábal.

El esquema de pago acordado ofrece condiciones claras para ambas organizaciones empresariales. La estructura financiera contempla desembolsos específicos para concretar el traspaso total.

“En esta fecha, ocurriría un pago mínimo de 50%, y Mallplaza puede financiar el otro 50% por 30 días a una tasa que ya tenemos pactada. Para Grupo Argos, representaría cerca de 260.000 millones de pesos en caja. Para nosotros, es muy importante haber monetizado estos activos tan cerca de su valor en libros”, añadió.

La monetización efectiva de estos espacios comerciales aporta liquidez directa al conglomerado. El capital ingresado fortalecerá la posición financiera para futuros proyectos.

A la par de estos movimientos inmobiliarios, el holding avanza en el sector de infraestructura. La empresa planea unificar sus plataformas en un solo gestor especializado.

“Vamos a tener un único gestor en el grupo empresarial que va a ser la evolución de Odinsa en Grupo Argos Asset Management, donde esperamos poner todas las verticales de infraestructura”, afirmó Calle.

El nuevo vehículo gestor incorporará diversos proyectos energéticos y viales estratégicos. La estructura busca optimizar los rendimientos de cada activo gestionado.

“Lo que va a hacer a futuro Grupo Argos Asset Management es tener, dentro de su universo de actuación, la vertical de infraestructura también en energía, pero este es un proceso absolutamente abierto y competitivo que busca maximizar el valor de sus activos”, indicó.

El vehículo gestor recibirá un Ebitda consolidado de $39.000 millones. Su portafolio incluye obras clave en logística y conectividad vial nacional.

La iniciativa comprende el nuevo aeropuerto de Cartagena y proyectos viales regionales. Destacan las obras Conexión Centro y la Perimetral de la Sabana.

“Vemos una oportunidad para movilizar capital privado hacia infraestructura esencial, ampliar capacidad y mejorar la conectividad del país sin presionar las finanzas públicas”, afirmó Aristizábal.

Paralelamente, Celsia ejecutará un plan de desapalancamiento dentro del programa ACE. La filial energética busca reducir sus pasivos mediante desinversiones seleccionadas.

“Celsia tiene un compromiso de desapalancamiento con el mercado de al menos $1 billón en este 2026 y, por lo tanto, está explorando la desinversión de algunos activos, incluidas las plataformas C2 y Caoba”, afirmó Calle.

“Eso es un proceso totalmente abierto donde se busca maximizar el valor de esas desinversiones para beneficio de todos los accionistas”, indicó.

El presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, invitó al empresariado y a la ciudadanía a seguir donando para la reconstrucción de viviendas en los territorios afectados por el sismo.

Para acceder al beneficio, los concejales o ediles deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, el hogar no podrá ser propietario de una vivienda ubicada en el territorio nacional y deberá estar registrado en el Sisbén IV, en cualquiera de sus categorías. Además, sus integrantes no podrán haber recibido previamente un subsidio familiar de vivienda, salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente.

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Una de las principales novedades de la regulación es que el ahorro previo no será exigido como requisito para acceder al subsidio cuando este se destine a la adquisición de vivienda. La disposición elimina esta condición para los hogares beneficiarios en los casos establecidos por la norma y modifica uno de los requisitos que tradicionalmente se han aplicado a este tipo de programas.

¿Para qué tipo de vivienda puede aplicar el subsidio para concejales y ediles?

Los recursos podrán destinarse a distintas modalidades de solución habitacional. En el componente urbano, el subsidio podrá utilizarse para la adquisición de vivienda nueva o usada, así como para la construcción en sitio propio y el mejoramiento de vivienda, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada modalidad.

En el componente rural también se contemplan alternativas para la adquisición o construcción de soluciones habitacionales y el mejoramiento de vivienda. Estas opciones estarán sujetas a las disposiciones específicas que regulan los programas de vivienda de interés social rural.

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La normativa también permite que los hogares puedan combinar el subsidio con otros aportes otorgados por entidades que integran el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Esta concurrencia y complementariedad estará sujeta al cumplimiento de las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos para cada programa y fuente de financiación.

¿Cómo se determinará el valor del beneficio?

Para el subsidio destinado a soluciones de vivienda urbana, el monto corresponderá al valor solicitado por el hogar, sin exceder el tope máximo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y en las disposiciones que posteriormente lo modifiquen, adicionen o complementen.

En el caso de las soluciones de vivienda rural nueva, el valor del subsidio será determinado conforme a las normas vigentes que regulan esta modalidad y a las condiciones definidas para cada convocatoria.

Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos no implica la asignación automática del beneficio. Fonvivienda será la entidad encargada de definir, mediante las respectivas convocatorias, las modalidades de subsidio disponibles, los hogares que podrán participar y las condiciones particulares de cada proceso.

Mire aquí el documento completo

Los alivios fueron anunciados especialmente para beneficiar a las personas con créditos vigentes en entidades financieras de Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, departamentos que figuran entre los más golpeados por la tragedia. El presidente De la Espriella agradeció al gremio bancario, en particular a Asobancaria, por sumarse a la reconstrucción económica. Entre las alternativas ofrecidas, se incluyen además modificaciones en las condiciones de los créditos, aplicación de seguros cuando estén contemplados en los productos financieros, atención prioritaria al cliente y simplificación de trámites al momento de solicitar el beneficio.

No obstante, se remarcó que no todas las personas recibirán automáticamente los 12 meses de gracia. Asobancaria ya había advertido que cada banco tendrá la autonomía de evaluar la situación de sus clientes y definir en cada caso qué tipo de beneficio procede. Por ello, el mensaje a quienes resultaron damnificados es no dejar de cumplir sus obligaciones sin antes comunicarse formalmente con la entidad y sin presentar documentación que acredite el impacto recibido.

El alcance de estas medidas es considerable: según Asobancaria, hasta 2,8 millones de usuarios del sistema bancario están en las zonas afectadas y podrían beneficiarse. Además, 533 oficinas bancarias sufrieron daños, aunque se mantiene la operación digital para la atención, mientras se restauran sucursales físicas.

Los estragos del terremoto fueron de gran dimensión, tal como relata la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): 312 fallecidos, 4.380 heridos, 143.533 familias afectadas, cerca de 30.000 viviendas destruidas y daños significativos en infraestructura educativa, sanitaria y vial. El monto estimado de reconstrucción nacional ronda los $30 billones, y el gobierno ha declarado Emergencia Económica para agilizar recursos e implementar subsidios y apoyos adicionales. Se creó el Fondo Milagro para canalizar recursos a obras de recuperación, como hospitales y vías.

Finalmente, el procedimiento para acceder a la ayuda bancaria exige a los afectados comunicarse directamente con sus bancos, conservar documentos probatorios y verificar coberturas de seguros asociados.

¿Cómo pueden los damnificados del terremoto acceder a los alivios bancarios?

Para acceder a los alivios bancarios, cada persona debe comunicarse directamente con la entidad financiera en la que posee el crédito, presentar pruebas del daño sufrido (certificados, fotografías o conceptos técnicos) y cumplir con los requisitos y procedimientos que señale la entidad. Los bancos evaluarán individualmente cada caso para determinar el tipo y el alcance de los beneficios según las condiciones del usuario y el impacto del terremoto.

¿Qué beneficios concretos ofrece el paquete bancario a los afectados por el terremoto?

El paquete bancario para los afectados ofrece periodos de gracia de hasta 12 meses (según evaluación individual), posibles condonaciones de intereses, suspensión temporal de cobros judiciales, protección del historial crediticio, modificación de plazos y condiciones del crédito, aplicación de seguros cuando corresponda, atención prioritaria y la simplificación de algunos trámites, de acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella y Asobancaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El proceso podría extenderse entre cinco y seis años debido a la magnitud de los daños, especialmente en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó.

Con corte al 18 de agosto, el sismo dejaba 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas.

Además, 15 departamentos y 472 municipios resultaron afectados, con 123.789 familias y 292.043 personas damnificadas. El balance incluye 29.554 viviendas destruidas, 134.342 averiadas, 267 edificios colapsados y otros 5.808 con daños.

Pereira requeriría entre $ 10 y $ 12 billones, mientras que Cali tendría necesidades cercanas a $ 10 billones.

El DNP advierte que el Gobierno no podría asumir solo la financiación, por lo que sería necesario recurrir al sector privado, entidades territoriales, regalías y créditos multilaterales.

Asocapitales calcula inicialmente daños físicos por al menos $ 2 billones en las cinco capitales más afectadas, aunque el costo final será mayor.

La reconstrucción también aumentaría la demanda de acero hasta 50 %, mientras las autoridades plantean no solo reconstruir viviendas e infraestructura, sino recuperar integralmente las ciudades y su actividad económica.

En palabras de Harold Londoño, gerente de Inteligencia de Negocios de la Cámara de Comercio de Cali, la recuperación de los territorios que resultaron más afectados depende en gran medida de la reactivación del tejido productivo. Según datos proporcionados por la entidad, en los departamentos impactados por el sismo existen cerca de 270.000 empresas responsables de la generación de más de un millón de empleos. Por ello, desde la Cámara de Comercio se habilitaron diferentes canales para que los empresarios reporten los casos y se sumen al registro de afectaciones: las líneas telefónicas 602 886 1300 y 300 913 1811, así como el canal de WhatsApp en el número 300 913 1811.

Al profundizar en las cifras iniciales recolectadas se observa que aproximadamente la mitad de las empresas inscritas en este censo han reportado afectaciones graves o críticas. Esta realidad no solo limita la operación diaria de los negocios, sino que también empieza a verse reflejada en consecuencias negativas para el empleo local, lo que incrementa la urgencia de diseñar e implementar soluciones enfocadas en proteger el tejido empresarial.

Las necesidades reportadas por las empresas van más allá del acceso a recursos financieros. Los afectados también requieren asesoría para adelantar trámites administrativos, gestionar reclamaciones ante seguros, reparar instalaciones o equipos, además de buscar cómo garantizar la continuidad de sus operaciones. El gerente Harold Londoño recordó que es fundamental que todas las empresas, incluso aquellas que aún no se encuentran inscritas, se animen a participar en este censo empresarial, pues contar con información actualizada permitirá articular respuestas y soluciones de manera oportuna entre distintas instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas de Cali reportar daños y afectaciones tras el terremoto?

Las empresas de Cali pueden dar a conocer los daños que sufrieron por el terremoto contactando a la Cámara de Comercio de Cali a través de las líneas telefónicas 602 886 1300 y 300 913 1811, así como mediante el número de WhatsApp 300 913 1811. La entidad recomienda que todos los empresarios realicen el reporte, estén o no inscritos previamente, para facilitar la atención y la conexión con soluciones.

¿Qué tipo de afectaciones reportan las empresas de Cali tras el terremoto?

Según información de la Cámara de Comercio de Cali, las empresas han reportado principalmente daños en establecimientos, infraestructura, equipos, inventarios y dificultades para operar normalmente. Además de afectaciones físicas, existen necesidades en asesoría para trámites, reclamaciones de seguros y requerimientos de apoyo para la continuidad operativa del negocio.

De acuerdo con la información publicada por El Diario, el sector financiero dispuso de una serie de beneficios destinados a aproximadamente 2,8 millones de usuarios potenciales en las zonas impactadas. Las medidas se concentran en periodos de gracia de hasta 12 meses, condonación de intereses según sea el caso y suspensión de cobros jurídicos. Entre otros puntos clave, se encuentra la protección del historial crediticio y la aplicación de seguros asociados a productos bancarios cuando corresponda.

El objetivo central es evitar que la emergencia física derivada de la catástrofe termine ocasionando también una crisis financiera entre los afectados. Por eso, las familias y empresas podrán suspender temporalmente sus pagos y recibir condonación de intereses, dependiendo del nivel de afectación y de la evaluación de cada entidad bancaria.

Sin embargo, Asobancaria aclaró que los alivios no son automáticos ni generalizados. Para acceder a los beneficios, las personas y empresas deben contactar a su banco y reportar su situación. Será cada entidad financiera la que defina el tipo de ayuda y los mecanismos de acceso, evaluando las condiciones particulares de cada caso. Por lo tanto, es esencial que los damnificados informen directamente a su banco si el sismo perjudicó su vivienda, negocio o su capacidad de pago.

Las empresas, en igual condición que personas naturales, también podrán solicitar estas medidas de alivio, especialmente en ciudades como Pereira, donde muchos negocios y actividades económicas han experimentado interrupciones o pérdidas importantes. Tanto en la suspensión de procesos jurídicos como en los periodos de gracia, la banca busca frenar que la crisis física se traslade al ámbito financiero.

El presidente Abelardo de la Espriella resaltó el compromiso de Asobancaria y del sistema financiero en las estrategias de reconstrucción. Explicó que el monto anunciado es adicional a donaciones realizadas previamente y que los bancos trabajan junto con el Gobierno Nacional y diversas organizaciones para reactivar la región. La principal recomendación es que los usuarios eviten dejar de pagar sin previo aviso y gestionen directamente la aplicación de los alivios con sus bancos.

En este contexto, la posibilidad de postergar obligaciones, mitigar intereses y preservar la vida crediticia representa para muchas familias y empresarios una herramienta fundamental en el inicio de su reconstrucción.

¿Cómo pueden los afectados por el terremoto acceder a los alivios de la banca colombiana?

Las personas y empresas afectadas deben contactar directamente a su respectiva entidad financiera y reportar la afectación sufrida. Cada banco será responsable de determinar los beneficios específicos y los mecanismos para acceder. Es indispensable acreditar la situación de damnificado y consultar qué tipos de alivios aplican para cada caso, pues las soluciones varían según el nivel de daño y las políticas de cada banco.

¿Qué medidas exactas incluyen los alivios anunciados tras el terremoto?

De acuerdo con El Diario, las medidas establecidas contemplan periodos de gracia de hasta 12 meses, condonación de intereses en casos definidos, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y la posibilidad de activar seguros vinculados a productos bancarios. Estas acciones están diseñadas para proteger la estabilidad financiera de los afectados mientras recuperan su capacidad económica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Entre enero y agosto de 2026, la tasa de usura pasó de 24,36% a 29,66%, un incremento de 530 puntos básicos. Sin embargo, la mayoría de las entidades financieras mantiene fija la tasa pactada al momento de adquirir la deuda.

Bancolombia, Davibank, Lulo Bank, Nu, Davivienda, Banco Popular, Banco Falabella, Banco W y Banco Agrario señalaron que, en general, sus créditos manejan tasas fijas, señala La República.

Nu explicó que sus tasas para nuevos créditos y compras se actualizan mensualmente según la usura vigente, pero una vez desembolsado el préstamo, se conserva la tasa acordada, añade ese medio.

No obstante, existen excepciones. Banco de Occidente y Banco Agrario tienen productos con tasas variables que pueden ajustarse si así lo establece el contrato., resalta ese diario.

Itaú también puede reducir la tasa cuando la pactada supera el nuevo límite de usura. En créditos rotativos, sus nuevas utilizaciones se calculan con la tasa vigente.

Finandina igualmente realiza ajustes en determinados créditos, tanto cuando la usura baja como cuando sube.

Por ello, se recomienda revisar las condiciones del contrato y preguntar al banco si la tasa es fija o variable antes de adquirir una deuda.

Fedegán pidió al Gobierno fortalecer el monitoreo y evaluar mecanismos de defensa comercial para proteger a los productores nacionales.

Durante los primeros cinco meses del año ingresaron 28.160 toneladas de leche en polvo provenientes principalmente de Estados Unidos, Chile y Bolivia.

Este volumen equivale a cerca de 234 millones de litros de leche líquida y representa el 16,3 % del acopio formal nacional, frente al 9,2 % registrado durante todo 2025.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, atribuyó parte del incremento a la entrada en vigor de la desgravación total contemplada en el TLC con Estados Unidos, que eliminó contingentes y aranceles para la mayoría de productos lácteos de ese país.

El gremio solicitó revisar posibles subsidios o prácticas de competencia desleal, reforzar los controles sanitarios y aduaneros y verificar el cumplimiento de las reglas de origen.

Además, recordó que más de 300.000 familias dependen de la producción de leche en Colombia, especialmente pequeños y medianos ganaderos. Fedegán también propuso avanzar con Estados Unidos en la admisibilidad de la carne bovina colombiana.

Las entidades financieras anunciaron un programa de alivios dirigido a las familias y empresas damnificadas de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Quiero agradecer a Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra Patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto.

El programa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 19, 2026

Entre las medidas contempladas se encuentran periodos de gracia de hasta 12 meses, durante los cuales se contempla la condonación de intereses.

Además, se suspenderán los cobros jurídicos para los afectados y se protegerá su historial crediticio, con el objetivo de evitar que la emergencia termine agravando su situación financiera.

El programa también incluye la aplicación de los seguros bancarios correspondientes a los casos afectados.

Según lo anunciado por el mandatario, el paquete de ayudas representa un aporte estimado de $1,1 billones, cifra que se suma a las donaciones que las entidades bancarias ya han realizado para atender la emergencia.

De la Espriella destacó la solidaridad y el compromiso de la banca con las comunidades afectadas y aseguró que la recuperación requerirá el trabajo conjunto entre el Gobierno, los empresarios y los ciudadanos.

El mandatario afirmó que estos esfuerzos serán fundamentales para avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

Según el reporte, el grueso de los casos corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles, con 9.310 reclamaciones registradas bajo esta cobertura. Además, hay reportes asociados con pólizas que también pueden cubrir los efectos de un sismo, tales como seguros de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. Al conocerse el sismo, Fasecolda activó de inmediato su protocolo gremial para atención de eventos catastróficos y, de manera paralela, las aseguradoras desplegaron sus propios protocolos institucionales, manteniendo abiertos diversos canales para facilitar la notificación de siniestros, informar a los asegurados y orientarlos en el proceso de reclamación.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, resaltó el acompañamiento permanente a quienes reportan afectaciones y recalcó que los asegurados deben comunicarse directamente con sus compañías o intermediarios para recibir información sobre sus coberturas y el proceso que deben seguir. Además, el reporte pone en evidencia el bajo nivel de aseguramiento frente al riesgo de terremoto en el país: con corte a marzo de 2026, existen 2.681.964 inmuebles asegurados (incluyendo viviendas, copropiedades y bienes privados y públicos), con un valor asegurado aproximado de 2.582 billones de pesos. Solo 1,65 millones de viviendas cuentan con protección, equivalentes a cerca del 9,3 % del total, según datos de las aseguradoras y proyecciones oficiales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

Respecto a la distribución regional, los departamentos con mayor número de reclamaciones y aseguramiento son Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, que en total agrupan 485.415 inmuebles asegurados por más de 426 billones de pesos. Cali sobresale con 99.179 hogares asegurados, además de copropiedades, riesgos privados e inmuebles públicos. En otras ciudades como Pereira, Manizales y Armenia también se destaca un considerable número de hogares asegurados. Para facilitar la atención, en Cali se habilitó incluso un punto presencial en la Cámara de Comercio, reforzando los canales digitales y telefónicos tradicionales.

Fasecolda insiste en la recomendación de usar exclusivamente los canales oficiales para cualquier trámite y verificar siempre la identidad de los contactos antes de entregar información sensible o dinero. Por último, anunció que seguirá entregando balances periódicos sobre la evolución de las reclamaciones y la atención a los damnificados.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un seguro tras un sismo en Colombia?

Los asegurados deben comunicarse directamente con su aseguradora o intermediario para notificar el siniestro, verificar las coberturas contratadas y recibir orientación sobre cómo presentar la reclamación. Fasecolda y las aseguradoras mantienen habilitados canales oficiales y, en algunos casos como en Cali, puntos de atención presenciales.

¿Qué porcentaje de viviendas en Colombia tiene seguro contra terremotos?

De acuerdo con Fasecolda y proyecciones basadas en datos del DANE, aproximadamente el 9,3 % de las viviendas en Colombia cuentan con algún tipo de seguro de hogar que cubre riesgos como el de terremoto, lo que refleja un bajo nivel de aseguramiento a nivel nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Las cifras reveladas por Fasecolda muestran que la gran mayoría de los reportes, 9.310 en total, corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles. Sin embargo, el impacto del sismo también alcanzó otras pólizas relacionadas, como las de automóviles, riesgos laborales, salud y vida, que pueden activarse como consecuencia de eventos sísmicos. Estas diferentes coberturas han movilizado la respuesta de las aseguradoras, que activaron sus protocolos de atención catastrófica tan pronto se presentó el fenómeno.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, enfatizó que las compañías han estado trabajando de manera continua para atender a las personas afectadas. Morales recomendó que quienes hayan sufrido daños contacten directamente a su aseguradora o intermediario para recibir orientación sobre las coberturas y el proceso requerido para presentar una reclamación.

El reporte también permite dimensionar el nivel de aseguramiento ante el riesgo de terremoto en Colombia. Hasta marzo de 2026, existían 2.681.964 inmuebles asegurados contra este tipo de desastres, incluyendo viviendas, copropiedades, bienes públicos y privados, así como empresas, según los datos de las aseguradoras y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El valor asegurado ascendía a 2.582 billones de pesos. De estos inmuebles, 1,65 millones eran viviendas, con un valor de aseguramiento cercano a 361 billones de pesos, lo que indica que cerca del 9,3% de las viviendas del país dispone de algún tipo de seguro de hogar.

En los departamentos más afectados —Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío— existen 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto, cuyo valor asegurado supera los 426 billones de pesos. Aunque hay diferencias notables en los niveles de aseguramiento regional: Quindío lidera con un 18% de viviendas aseguradas, mientras que Chocó registra apenas 1.214 viviendas aseguradas, evidenciando desafíos en la cobertura del seguro contra sismos.

En Cali, la ciudad más importante del balance, se habilitó además un punto presencial de orientación en la Cámara de Comercio, sumando así un canal físico de apoyo a los canales digitales y telefónicos existentes. Fasecolda insistió en la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero ni datos a personas no verificadas. Asimismo, el gremio aseguró que continuará proporcionando balances periódicos sobre el proceso de atención y reclamaciones.

¿Cuántas reclamaciones por daños tras el sismo fueron atendidas por aseguradoras en Colombia?

Según datos de Fasecolda, el sector asegurador recibió 10.465 reclamaciones relacionadas con el sismo del 10 de agosto, de las cuales 9.310 correspondieron a daños en bienes inmuebles y el resto a coberturas como automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

¿Cuál es el porcentaje de viviendas aseguradas contra terremoto en Colombia?

De acuerdo con cifras de las aseguradoras y el DANE entregadas por Fasecolda, cerca del 9,3% de las viviendas en Colombia cuenta con alguna póliza de seguro de hogar contra terremoto, evidenciando un bajo nivel de aseguramiento en el país frente a este tipo de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Grupo Argos anunció el despliegue de su programa ACE (Argos Convergence Effort), una hoja de ruta que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado de su acción y el valor fundamental de la compañía. Esta estrategia, según la propia empresa, se fundamenta en tres pilares principales: mejorar la rentabilidad de sus negocios, consolidar la gestión de activos reales a través de Grupo Argos Asset Management y ejecutar una readquisición de acciones por 500.000 millones de pesos colombianos en un plazo de seis a doce meses. Desde la puesta en marcha de este programa, la acción ordinaria de Grupo Argos se valorizó un 30 %, mientras que la preferencial aumentó 21 %. La inclusión de la acción preferencial en el índice MSCI Small Cap también fue destacada por la empresa como un factor de mayor visibilidad para inversionistas.

El presidente Juan Esteban Calle atribuyó los resultados del primer semestre a la ejecución disciplinada de las iniciativas en el marco del programa ACE. De acuerdo con la compañía, en los primeros seis meses de 2026 se reportaron ingresos consolidados por 5,5 billones de pesos, un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 1,4 billones y un margen Ebitda cercano al 26 %. La utilidad neta consolidada ascendió a 378.000 millones. Por otro lado, la deuda neta disminuyó un 30,4 % en comparación con junio de 2025, mientras que el efectivo consolidado superó los 525.000 millones.

ACE también abarca la transformación de Cementos Argos, dividiendo entre Argos Latam y Argos Materials. Durante el segundo trimestre, Argos Latam aumentó sus volúmenes de cemento y concreto, generando ingresos por 1,3 billones de pesos y un Ebitda de 279.000 millones, impulsados principalmente por el mercado colombiano, que representa entre el 55 % y el 60 % del Ebitda del negocio. Argos Materials, por su parte, reportó mejoras en logística y envíos internacionales.

Otras filiales, como Celsia, mostraron ingresos de 1,35 billones y lograron mejorar su eficiencia operacional, mientras que Odinsa avanzó en proyectos estratégicos y vio crecer el tráfico en sus concesiones aeroportuarias y viales. Además, se concretó la venta de los centros comerciales Gran Plaza a Mallplaza, que aportará recursos para incrementar la flexibilidad financiera y continuar la asignación estratégica de capital.

Entre las prioridades de ACE están la generación de caja, la reducción de deuda y la monetización de activos, reforzadas por la readquisición de acciones. Además, Grupo Argos activó ayudas para empleados tras el terremoto del 10 de agosto, acelerando pagos a proveedores en regiones afectadas para aportar liquidez.

¿Cómo funciona el programa ACE de Grupo Argos y qué objetivos busca alcanzar?

El programa ACE, según información directa de Grupo Argos, es una hoja de ruta diseñada para cerrar la diferencia entre el precio de mercado de la acción y el valor fundamental de la compañía. Se basa en tres pilares: rentabilidad de negocios, consolidación de la gestión de activos y asignación estratégica de capital, incluyendo una readquisición significativa de acciones. Además, busca reducir la deuda, generar caja y monetizar activos, para entregar mayores retornos a los accionistas.

¿Cuáles han sido los principales resultados financieros de Grupo Argos en el primer semestre de 2026?

De acuerdo con los datos reportados por la propia compañía, Grupo Argos alcanzó ingresos consolidados por 5,5 billones de pesos, un Ebitda de 1,4 billones y una utilidad neta consolidada de 378.000 millones. Además, la compañía logró reducir su deuda neta en 30,4 % y aumentó sus niveles de caja, reflejando los efectos positivos de la ejecución disciplinada del programa ACE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En cuanto a tributación, el informe menciona que el sector energético aportó en total $5,5 billones, incluyendo impuestos, Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), inversión ambiental y Obras por Impuestos. De ese total, los impuestos representaron $3,72 billones, mientras que las TSE dirigidas a los territorios fueron de $718.000 millones. Las TSE beneficiaron directamente a 495 municipios y a 21 organizaciones como Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Parques Nacionales Naturales (PNN) y comunidades, de acuerdo con el informe de Acolgen. En la distribución, $358.000 millones fueron girados a municipios, $359.000 millones a autoridades ambientales y $717 millones a comunidades.

En protección ambiental, el gremio destinó más de $261.000 millones. Estas inversiones permitieron la intervención de 10.352 hectáreas mediante restauración y conservación de ecosistemas estratégicos. Un monto de $2.221 millones tuvo como destino específico la protección de cuencas hidrográficas, a través de la compra y conservación de terrenos, cuidado de la fauna silvestre y recuperación de áreas recargadoras de agua. De acuerdo con el informe, la labor ambiental incluyó la siembra de más de 2 millones de árboles y la producción en viveros de más de 1,6 millones de plántulas nativas.

La inversión social de más de $335.000 millones benefició a comunidades en 14 departamentos y 80 municipios. De ese monto, $278.000 millones se dirigieron a comunidades no étnicas, con más de 192.000 personas beneficiadas en infraestructura, vías rurales y dotaciones educativas. Además, se ejecutaron proyectos productivos y asesorías técnicas para más de 6.737 personas, así como la instalación de paneles solares en sedes educativas rurales. Por otra parte, $57.000 millones se invirtieron en comunidades étnicas, con proyectos de agua en territorio Wayúu, energía solar en Zonas No Interconectadas de la Alta Guajira, infraestructura para comunidades Emberá Katío y unidades productivas.

Finalmente, mediante Obras por Impuestos, se ejecutaron más de $539.000 millones en proyectos de infraestructura social y vial en 20 municipios, beneficiando a más de 361.000 personas. El sector generó un total de 5.771 empleos directos y 2.016 indirectos, donde las mujeres representaron el 29% de la fuerza laboral, con presencia en todos los niveles jerárquicos, según Acolgen.

¿Cuáles son los resultados del Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025 en inversión ambiental y social?

Según el Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025, las inversiones ambientales superaron los $261.000 millones e incluyeron restauración de 10.352 hectáreas y la siembra de más de 2 millones de árboles, mientras que la inversión social fue mayor a $335.000 millones y benefició a comunidades étnicas y no étnicas en varios departamentos con infraestructuras, acceso a agua, energía y proyectos productivos.

¿Cómo se distribuyeron las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) en 2025?

En 2025, de acuerdo con el informe de Acolgen, las Transferencias del Sector Eléctrico sumaron $718.000 millones y se distribuyeron así: $358.000 millones a municipios, $359.000 millones a autoridades ambientales y $717 millones a comunidades, impactando a 495 municipios, 21 autoridades y comunidades diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Durante las semanas previas, el dólar ya había experimentado cotizaciones inferiores a los $3.100 en distintas ocasiones, lo cual resultó llamativo para analistas y actores del mercado. No obstante, la noticia adquiere especial relevancia porque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) —que es el valor oficial certificado para las transacciones cambiarias y se calcula con base en las operaciones de compra y venta de dólares efectuadas el día anterior— también se ubicará por debajo de esa cifra para el miércoles 19 de agosto. Específicamente, la TRM llegará a $3.098,79, marcando un hito que no se había visto desde abril de 2019, según la misma fuente.

Es importante aclarar la diferencia entre los dos indicadores clave en el comportamiento del dólar en Colombia. El precio que el dólar registra durante la jornada obedece a las operaciones concretas negociadas en el mercado cambiario en tiempo real, mientras que la TRM es el cálculo promedio de esas transacciones, certificado y divulgado oficialmente para su utilización en contratos y obligaciones comerciales. Por ello, un descenso en la TRM refuerza la tendencia de apreciación del peso constatada previamente en la negociación diaria.

Ya hacia finales de julio, episodios similares habían ocurrido: el 30 de julio, el dólar alcanzó un mínimo intradía de $3.086, aunque la TRM vigente era todavía de $3.206,18, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia. En ese contexto, la TRM cerró julio con un valor de $3.132,42, situándose en su punto más bajo desde el 15 de abril de 2019. Desde esa fecha, tanto el precio negociado como la tasa oficial han seguido una senda descendente, permitiendo que, con el valor fijado para este miércoles, el peso colombiano alcance un nuevo nivel dentro de su apreciación frente al dólar.

¿Por qué es significativa la caída del dólar por debajo de los $3.100 en Colombia?

La relevancia de que el dólar cierre y la Tasa Representativa del Mercado se sitúen por debajo de los $3.100 radica en que es un comportamiento que no se evidenciaba desde abril de 2019. Esto marca un hito en el fortalecimiento del peso colombiano frente a la divisa estadounidense y refuerza una tendencia de apreciación que ha sido persistente en las últimas semanas.

¿Qué diferencia existe entre el precio del dólar en el mercado y la Tasa Representativa del Mercado (TRM)?

El precio del dólar negociado durante la jornada refleja las operaciones efectuadas en tiempo real en el mercado cambiario. Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) corresponde al valor promedio calculado y certificado con base en las operaciones de compra y venta realizadas el día anterior, y es utilizada como referencia oficial para transacciones y contratos en Colombia.

Dentro de las alternativas, ANIF sugiere revisar el Presupuesto General de la Nación de 2026, identificando hasta $20,1 billones en recursos de inversión aún no comprometidos. El énfasis inicial está en los sectores con ejecución presupuestal menor al 20 %, mientras que para el Presupuesto de 2027 el llamado es a priorizar entidades relacionadas con gestión de riesgos y reconstrucción. El gremio también recomienda utilizar fondos del Sistema General de Regalías (SGR); propone liberar $3,7 billones de proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y encaminar otros $10,1 billones no asignados a proyectos de reconstrucción. Además, plantea que municipios afectados puedan aprobar directamente proyectos de reconstrucción, siempre que estén justificados en daños y población impactada.

Para preservar la actividad económica en las zonas más golpeadas, ANIF destaca la necesidad de habilitar líneas de crédito para microempresarios, con garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG), ampliando la experiencia de apoyo crediticio implementada durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La cobertura de estos créditos se situaría entre el 60 % y el 90 %, con periodos de gracia iniciales definidos por la Superintendencia Financiera. Si entre el 30 % y el 80 % de las microempresas accedieran al esquema, el Gobierno tendría que capitalizar el FNG en un rango de $90.000 millones a $240.000 millones.

En cuanto a la colaboración privada, ANIF propone una extensión temporal de mecanismos como Obras por Impuestos y Obras por Regalías para que ciudades como Pereira, Manizales y Cali puedan beneficiarse. En 2026, el cupo para Obras por Impuestos fue de $1,145 billones, con alrededor de $269.000 millones aún disponibles. Adicionalmente, sugiere crear un “Anticipo Solidario para la Reconstrucción”, un pago voluntario de hasta el 10 % sobre el impuesto de renta declarado, descontable en el año siguiente, con el fin de dar liquidez inmediata sin crear un tributo nuevo. ANIF enfatiza la importancia de garantizar trazabilidad mediante un certificado que respalde estos aportes.

Finalmente, la asociación plantea la posibilidad de flexibilizar temporalmente algunas rentas de destinación específica, como las de instituciones públicas, con el objetivo de liberar recursos para la emergencia y la reconstrucción. ANIF señala que, al aprovechar recursos existentes y evitar impuestos permanentes, se puede responder oportunamente a las necesidades de las zonas afectadas, aprendiendo de la experiencia con la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999. El reto será acordar los criterios y mecanismos para redireccionar, canalizar y complementar fondos públicos y privados para garantizar tanto la atención inmediata como la reactivación a largo plazo en los territorios impactados.

¿Cómo propone ANIF financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con ANIF, la reconstrucción debe financiarse a través de una combinación de recursos no comprometidos del Presupuesto General de la Nación, la reasignación de fondos del Sistema General de Regalías, la creación de líneas de crédito especiales para microempresarios y la ampliación temporal de mecanismos como Obras por Impuestos. La propuesta también incluye un anticipo solidario voluntario al impuesto de renta y la flexibilización de rentas de destinación específica, siempre bajo criterios técnicos y sin crear impuestos permanentes.

¿Qué es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y cuál es su papel en la emergencia?

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) es un documento que garantiza que existen recursos presupuestales para respaldar proyectos específicos antes de la firma de contratos. ANIF propone destinar a la reconstrucción aquellos recursos del Sistema General de Regalías ya asignados a proyectos sin CDP, es decir, fondos aún no vinculados a obligaciones contractuales, permitiendo canalizar rápidamente recursos hacia territorios afectados por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La magnitud del impacto se entiende mejor al revisar la programación habitual de Matecaña: su red incluye 226 frecuencias nacionales y 13 internacionales cada semana, para un total de 239 salidas, cerca de 34 al día. Así, en un periodo de diez días, el aeropuerto habría operado alrededor de 341 vuelos de salida, y sumando llegadas equivalentes se acerca a unas 680 operaciones. Datos estadísticos de Flightradar24 confirman la abrupta caída de estas operaciones a partir del terremoto, poniendo en evidencia la diferencia radical entre la normalidad y la suspensión total.

Medir la pérdida económica de forma exacta sería especulativo sin datos concretos sobre devoluciones, ocupación hotelera o gasto de viajeros. Sin embargo, el contexto empresarial ayuda a dimensionar el alcance: Risaralda generó en 2025 unos 31,6 billones de pesos en bienes y servicios, y la gobernación estima que el turismo pesa un 4,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) departamental. Esto equivale, aproximadamente, a 1,45 billones anuales o 4.000 millones de pesos diarios vinculados al sector turismo, lo que significa que, en diez días, en condiciones normales, se moverían unos 40.000 millones de pesos. Aunque no toda esa cifra se pierde —el turismo por carretera sigue—, el impacto en hoteles, restaurantes, bares, transporte y comercio es significativo.

El cierre del aeropuerto ha coincidido con la temporada de Fiestas de la Cosecha, época en la que Pereira esperaba más de 400.000 visitantes y una dinámica económica superior a los 70.000 millones de pesos. La falta de vuelos, especialmente de larga distancia y del exterior, limita la llegada de estos visitantes. En el primer trimestre de 2025, Matecaña movilizó 643.703 pasajeros; el cierre ha afectado, en solo diez días, entre 80.000 y 100.000 movimientos de pasajeros, quienes han debido incurrir en gastos extra de transporte y reorganización.

Sobre la reapertura, Luis Fernando Collazos, gerente de Matecaña, explicó que la pista y la torre de control no sufrieron daños, concentrándose estos en la terminal de pasajeros. Se estudia usar la zona internacional para vuelos nacionales, y la reapertura podría iniciarse gradualmente alrededor del 22 de agosto, siempre supeditada a la seguridad. Así, la recuperación plena de la conectividad aérea marcará el inicio de la reactivación económica tras este evento natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del cierre del aeropuerto Matecaña?

El cierre del aeropuerto internacional Matecaña ha impactado principalmente al turismo, sector que representa el 4,6 % del Producto Interno Bruto de Risaralda. Durante diez días, se han dejado de movilizar entre 80.000 y 100.000 pasajeros y se ha restringido el movimiento de unos 40.000 millones de pesos en actividad económica turística, afectando a hoteles, restaurantes, comercio, transporte y el desarrollo de eventos clave dentro de la región.

¿Cuándo reabrirá el aeropuerto Matecaña después del terremoto?

De acuerdo con Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto internacional Matecaña, la estimación después del terremoto es que la operación comercial podría reanudarse aproximadamente en diez días, es decir, hacia el 22 de agosto. Sin embargo, esta fecha dependerá de las evaluaciones de seguridad en las instalaciones, especialmente en la terminal de pasajeros, pues la prioridad es que toda la infraestructura sea segura para pasajeros y trabajadores.

El presidente de ETB, Diego Molano Vega, aseguró que estos resultados reafirman el rumbo de la compañía: "La transformación de ETB sigue reflejándose en un negocio que crece, una operación cada vez más eficiente y una compañía que amplía sus capacidades para impulsar la transformación digital del país".

El principal motor de este crecimiento ha sido el segmento de Hogares y Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), con ingresos que crecieron 24 % comparado con el año anterior, pasando de 331.000 a 409.000 millones de pesos. Este desempeño estuvo impulsado por la transición a una operación basada completamente en fibra óptica, el crecimiento del 10 % en la base de clientes de fibra, ventas superiores en 151 % e instalaciones que aumentaron 145 %. Destaca el programa Conexión Social, que amplió la cobertura de internet de alta velocidad a más de 82.000 familias en los estratos 1 y 2, contribuyendo así a reducir la brecha digital en la capital.

En el segmento de Empresas y Gobierno, ETB reestructuró su oferta, integrando conectividad, infraestructura y soluciones digitales, y logró reducir en un 93 % las fallas por hurto y vandalismo de su red de fibra óptica. Además, la compañía avanza en el fortalecimiento de verticales tecnológicas como EdTech (tecnología educativa), promoviendo formación digital e iniciativas con la Agencia ATENEA, entre otras. Todo esto se vio complementado por el impacto positivo de diversas iniciativas de innovación, aseguramiento de ingresos y recuperación de cartera, que generaron recursos adicionales cercanos a 197.000 millones solo en el primer semestre de 2026.

¿Cómo impactó la transformación de ETB los ingresos y utilidades en 2026?

De acuerdo con la información reportada por ETB, la transformación ejecutada durante el primer semestre de 2026 permitió alcanzar ingresos totales de 838.481 millones de pesos, un crecimiento del 8,9 %, y una utilidad neta de 26.126 millones, con una recuperación significativa respecto al año anterior. Estos resultados reflejan el efecto positivo del plan de transformación en la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la compañía.

¿Qué es el segmento de EdTech impulsado por ETB y cómo contribuye a la transformación digital?

EdTech, o tecnología educativa, se consolidó como una de las principales apuestas estratégicas de ETB, orientada al desarrollo de talento y apropiación tecnológica. A través de iniciativas como Plataforma A Confiar y el Observatorio de Talento Digital, la compañía fomenta la formación de habilidades digitales, impulsando así la transformación digital y ofreciendo nuevas oportunidades educativas e innovadoras en Colombia.

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El mandatario calificó el diálogo como “muy fructífero” y aseguró que existe disposición del gobierno estadounidense para avanzar en el trámite necesario. Por esa razón, ordenó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajar a Washington para encargarse personalmente del proceso.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, afirmó De la Espriella.

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El presidente también agradeció a Rubio por la asistencia estadounidense entregada después del terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó. De acuerdo con De la Espriella, Estados Unidos ha enviado ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de recuperación. “Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, manifestó el mandatario. 

Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

El Departamento de Estado estadounidense confirmó la conversación y señaló que Washington ha destinado 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia, además de equipos de búsqueda y rescate y vuelos C-130 para apoyar a Colombia.

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¿Por qué De la Espriella insiste con los aranceles?

La solicitud había sido planteada previamente durante una conversación que De la Espriella sostuvo el 15 de agosto con el presidente Donald Trump. En ese contacto, el mandatario colombiano relacionó la petición con las dificultades económicas derivadas del terremoto.

El nuevo acercamiento con Rubio busca avanzar ahora en el trámite que permitiría una eventual suspensión temporal de los aranceles. Además, el proceso todavía requiere pasos antes de que pueda concretarse una decisión definitiva.

El calendario tributario definido por la Dian establece que el periodo para presentar la declaración irá del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026. Sin embargo, es necesario precisar que el plazo específico para cada persona depende de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). Esto significa que no todos declararán en una misma fecha, por lo que resulta esencial consultar el cronograma individualmente para cumplir correctamente y no incurrir en sanciones.

Durante la semana del 18 al 21 de agosto de 2026, el proceso de declaración tiene fechas puntuales según el NIT. El martes 18 deberán declarar quienes tengan sus NIT terminados en 07 y 08. El miércoles 19 corresponde a terminados en 09 y 10, el jueves 20 a quienes finalizan en 11 y 12, y el viernes 21 a los terminados en 13 y 14. Estas fechas hacen parte de un cronograma específico diseñado para ordenar el flujo de declaraciones y garantizar la eficiencia del procedimiento, según detalla la Dian en su comunicación oficial.

Es fundamental tener presente que estar obligado a declarar renta no implica necesariamente que se deba pagar dinero a la Dian. Este proceso permite a la entidad tener conocimiento detallado sobre los ingresos, egresos, patrimonio, bienes y transacciones financieras de cada contribuyente durante el periodo fiscal respectivo. La Dian recomienda verificar constantemente las notificaciones que se reciben en los canales oficiales, pero advierte que el hecho de no recibir alguna comunicación no exime de cumplir este deber, razón por la cual cada ciudadano debe revisar si supera los topes definidos y organizar su información financiera de 2025 antes de iniciar el trámite.

Preparar con anticipación los documentos, revisar la información personal y consultar el calendario evitará apuros de último momento y reducirá el riesgo de tener inconvenientes, como sanciones por retrasos en la presentación. Cumplir en los plazos ofrece mayor tranquilidad y contribuye a mantener buenas prácticas tributarias.

¿Cuáles son las fechas clave para declarar renta en agosto de 2026 en Colombia?

Durante la semana comprendida entre el 18 y el 21 de agosto de 2026, las personas cuyos NIT terminen en 07 a 14 tienen plazo para presentar su declaración de renta, con fechas asignadas según los dos últimos dígitos, de acuerdo con el calendario oficial de la Dian. Este cronograma permite organizar el proceso y facilitar la presentación oportuna del trámite.

¿Qué significa el NIT y por qué es importante para la declaración de renta?

El NIT, o Número de Identificación Tributaria, es un número único asignado a cada contribuyente por la Dian. Su relevancia radica en que determina la fecha exacta de vencimiento para declarar renta, lo que ayuda a organizar el proceso tributario y evitar sanciones por presentación extemporánea.

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De acuerdo con Lafaurie, el aumento del ingreso de productos lácteos importados se explica, en parte, por la desgravación total que se aplica desde el 1 de enero tras el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con el fin de los contingentes y los aranceles para la mayoría de productos lácteos estadounidenses, estos pueden acceder al mercado colombiano sin las restricciones cuantitativas previas. FEDEGÁN advierte que esta situación pone en riesgo la estabilidad económica de más de 300.000 familias colombianas productoras de leche, en particular a los pequeños y medianos productores de regiones como la Costa Caribe, quienes dependen de sistemas de doble propósito.

La inquietud de Lafaurie no solo recae sobre el incremento desde Estados Unidos, sino también sobre el aumento de importaciones desde Chile y Bolivia. Si bien no señala irregularidades directas, considera indispensable asegurar que las preferencias arancelarias otorgadas mediante acuerdos comerciales solo beneficien a productos que realmente cumplan con las reglas de origen establecidas. FEDEGÁN, según los datos citados, reporta un crecimiento del 56,4 % en el volumen de leche y derivados importados durante los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

Ante estos desafíos, Lafaurie solicita a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, reforzar el monitoreo de las importaciones, revisar eventuales casos de competencia desleal o subsidios, y fortalecer los controles sanitarios y aduaneros. Además, plantea la posible activación de salvaguardias, mecanismos de defensa comercial que se utilizan ante aumentos sustanciales de importaciones que puedan causar daño a la industria nacional, si se cumplen las condiciones legales.

Como alternativa, FEDEGÁN propone que el país convierta esta situación en una oportunidad para reconvertir el sector y buscar acceso al mercado estadounidense para la carne bovina colombiana, algo que, según Lafaurie, debe figurar como prioridad en la agenda comercial bilateral.

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¿Por qué la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) está preocupada por las importaciones de leche?

FEDEGÁN, en voz de su presidente José Félix Lafaurie, advierte que el notable aumento de las importaciones de leche y derivados provenientes de Estados Unidos, Chile y Bolivia podría afectar gravemente los ingresos de más de 300.000 familias productoras de leche en Colombia. El incremento está ligado a nuevas condiciones comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eliminó restricciones a los lácteos, elevando el volumen importado y representando una competencia directa para los productores locales.

¿Qué es una salvaguardia comercial y cuándo puede aplicarse en Colombia?

Una salvaguardia comercial es una medida temporal permitida por los acuerdos internacionales que restringe las importaciones cuando estas crecen de manera inusual y amenazan con causar daño a la producción nacional. Según FEDEGÁN, estas herramientas pueden ser utilizadas en Colombia si el aumento de las importaciones de lácteos cumple con las condiciones legales establecidas, y son clave para defender a los productores locales ante competencias desleales o prácticas distorsionantes del mercado.

Así, en el segundo trimestre de 2026, el indicador creció un 3,5 %, respecto al mismo periodo el año anterior. Este dato fue superior a las expectativas de los analistas, que apenas superaban el 3 %.

De acuerdo con el Dane, al comparar el dato con el primer trimestre de este año, el PIB se expandió en 1,3 %, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Por su parte, el indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) presentó un crecimiento del 3,5 % en junio de 2026 frente al año anterior. De acuerdo con el DANE, su desempeño estuvo jalonado por las actividades terciarias.

Noticia en desarrollo…

La ceremonia de graduación estuvo marcada por un conversatorio especial con César Ramos Junior, reconocido empresario ibaguereño y fundador de ROOT+CO. Ramos compartió su propia experiencia personal y profesional, contando cómo logró consolidar siete empresas y abrir más de 130 tiendas en Colombia. Sus palabras se centraron en las dificultades y recompensas de emprender, y ofreció recomendaciones puntuales para que los graduados enfrenten los retos iniciales que suelen acompañar toda creación empresarial. La historia de Ramos fue tomada como ejemplo por muchos de los jóvenes que esperan convertir sus propuestas en verdaderos proyectos empresariales.

Por su parte, Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, resaltó el propósito de STARTLAB, afirmando que la intención es motivar a los jóvenes para que confíen en sus propias capacidades. “Con STARTLAB queremos que nuestros jóvenes crean en sus capacidades y descubran que, con preparación, disciplina y perseverancia, es posible convertir una idea en un proyecto de vida”, expresó Aristizábal durante el acto. Según la Alcaldía, estos espacios no solo impulsan el emprendimiento juvenil, sino también la innovación y el crecimiento económico local, abriendo nuevas oportunidades para las generaciones jóvenes.

La Administración Municipal confirmó que STARTLAB continuará promoviendo programas para fomentar el espíritu emprendedor y potenciar la proyección de los jóvenes empresarios, en beneficio del desarrollo económico de Ibagué.

¿Qué es STARTLAB y cómo fortalece el emprendimiento juvenil en Ibagué?

STARTLAB es un laboratorio empresarial juvenil diseñado por la Alcaldía de Ibagué para potenciar ideas de negocio entre jóvenes. Ofrece formación, asesoría y acompañamiento en la estructuración de proyectos, orientando a los participantes para identificar oportunidades de crecimiento y llevar sus emprendimientos al mercado con mayor solidez.

¿Quién es César Ramos Junior y por qué su experiencia inspira a jóvenes emprendedores?

César Ramos Junior es un empresario originario de Ibagué, fundador de ROOT+CO, y propietario de más de 130 tiendas en Colombia y siete empresas. Compartió su experiencia durante la ceremonia de graduación de STARTLAB, sirviendo como ejemplo de perseverancia y disciplina para quienes buscan convertir sus ideas en proyectos empresariales de éxito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información suministrada, esta dinámica responde a tres factores clave. En primer lugar, la debilidad global del dólar, caída que se evidencia en el descenso del índice DXY (índice que mide la fortaleza del dólar respecto a otras monedas principales). En segundo término, la estabilidad de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país, ofrece soporte al valor de la moneda local. Por último, el Banco de la República mantiene las tasas de interés en un nivel atractivo del 12%, lo que incentiva a los inversionistas extranjeros a ubicar sus recursos en Colombia, aumentando así la demanda de pesos.

Esta apreciación de la moneda tiene repercusiones distintas entre los actores de la economía nacional. El descenso del dólar permite que la importación de materias primas, insumos agrícolas y tecnologías sea menos costoso, controlando el aumento de los precios internos y frenando la inflación. A esto se suma el alivio en el servicio de la deuda externa: tanto entidades públicas como empresas privadas requieren menos pesos para pagar obligaciones en divisas extranjeras. Para los consumidores, acciones como viajar al exterior, asistir a eventos internacionales o comprar en plataformas electrónicas globales resultan ahora más económicas.

Sin embargo, el texto no desarrolla los efectos negativos en otros sectores, limitándose a detallar los beneficios para los consumidores, importadores y deudores externos. Así, se evidencia un impacto asimétrico, donde los ganadores son claros, mientras que las posibles desventajas para exportadores o sectores dependientes de ingresos en dólares no se abordan en la fuente consultada.

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¿Por qué bajó tanto el precio del dólar en Colombia últimamente?

La reciente caída en el precio del dólar en Colombia obedece principalmente al debilitamiento global de la moneda estadounidense, como reflejan las cifras del índice DXY. Además, factores como la estabilidad de los precios internacionales del petróleo y las tasas de interés elevadas —que el Banco de la República mantiene en 12%— hacen atractivas las inversiones en pesos colombianos, fortaleciendo aún más la moneda local.

¿Qué significa TRM y cómo afecta la economía de Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial del dólar en Colombia, calculado con base en las transacciones diarias. Su impacto es directo: una TRM baja abarata importaciones y deudas externas, beneficiando a consumidores y empresas con obligaciones en dólares; mientras que exportadores pueden ver afectados sus ingresos por recibir menos pesos por cada dólar.

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El economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación Jorge Iván González aseguró que reducir impuestos, como algunos sectores han planteado, sería una decisión equivocada en el contexto actual del país.

Para el experto, el terremoto dejó al descubierto la necesidad de aumentar la inversión pública y replantear la forma en la que Colombia recauda y distribuye sus recursos.

De hecho, González fue más allá y afirmó que disminuir la carga tributaria sería “absolutamente imposible”, especialmente cuando el país enfrenta el reto de reconstruir regiones enteras afectadas por la emergencia.

“Es absolutamente imposible. Cuando empezó el Gobierno, algunos economistas hablaban de bajar 35 billones e incluso 50 billones de pesos. Eso no tiene ningún sentido”, afirmó durante una entrevista en Caracol Radio.

La propuesta que podría beneficiar a muchos colombianos

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones del economista fue su postura frente al impuesto al patrimonio.

Mientras algunos sectores han planteado la posibilidad de eliminarlo, González defendió su permanencia y sostuvo que el país necesita aumentar la capacidad de recaudo.

Sin embargo, también propuso revisar otros tributos que, según él, podrían distribuirse de una manera más equilibrada.

Entre ellos destacó el impuesto predial, especialmente en las grandes ciudades.

Según explicó, el país debe analizar de manera conjunta los impuestos nacionales, departamentales y municipales, en lugar de seguir tratándolos como asuntos independientes.

“Me parece un error enorme acabar con el impuesto al patrimonio. Yo creo que necesitamos más impuestos, porque el gasto no puede bajar”, aseguró.

El economista señaló que muchos municipios tienen un amplio margen para fortalecer sus ingresos y puso como ejemplo el caso de Cartagena. “Hay ciudades que están cobrando el 8 o el 9 por mil. ¿Por qué Cartagena no les cobra el 15 por mil a apartamentos de 4.000 millones de pesos?“, se preguntó.

El terremoto cambió el debate económico

Las declaraciones se producen pocos días después de que Abelardo de la Espriella anunciara la intención de implementar una especie de “plan Marshall” para el Chocó.

La iniciativa busca acelerar la reconstrucción del departamento y saldar una deuda histórica con una de las regiones más afectadas por el terremoto.

Precisamente, González considera que la tragedia demostró que el país debe dejar de analizar los problemas únicamente desde la división política y comenzar a hacerlo desde una perspectiva regional.

“Lo que nos demostró el terremoto es que la división político-administrativa no es el problema. La geografía es una sola”, afirmó.

Por esa razón, insistió en que Colombia necesita desarrollar proyectos regionales y fortalecer la coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios.

El catastro multipropósito, una de las claves

Otra de las propuestas del economista está relacionada con el fortalecimiento del catastro multipropósito.

Según explicó, esta herramienta permite conocer con mayor precisión el territorio, establecer los límites de los predios y mejorar la planificación del desarrollo.

Además, aseguró que el Gobierno no debería frenar su implementación.

“Sería un error absolutamente grave que el Gobierno no siga estimulando el catastro multipropósito”, señaló.

González también pidió cambiar la percepción que existe sobre el Chocó.

“No sigamos diciendo que el Chocó es pobre. El departamento del Chocó es el más rico del país desde el punto de vista de la biodiversidad”, afirmó.

El economista concluyó que el debate tributario debe replantearse por completo y advirtió que no es posible construir un país sin aumentar la inversión pública.

“Hay que gastar más y hay que gastar mejor”, insistió.

Sin embargo, la dinámica del mercado cambiario es inestable. Mientras la cotización internacional se acerca a los $3.100, la realidad para los compradores de divisas en bancos y casas de cambio puede diferir debido a los márgenes de intermediación propios de cada entidad financiera. Por ello, es aconsejable consultar varias fuentes antes de concretar cualquier transacción, ya que los precios fluctúan constantemente y no corresponden siempre al valor de referencia en los mercados internacionales.

El contexto que explica la relativa debilidad del dólar se relaciona principalmente con el desempeño económico de Estados Unidos. Según reportó El Diario, una reciente caída en las ventas minoristas y otros datos más débiles de lo esperado impulsaron la percepción de que la Reserva Federal podría no aumentar las tasas de interés como se anticipaba. Esto debilitó al dólar en los mercados globales y benefició a monedas de mercados emergentes como el peso colombiano. El índice dólar incluso alcanzó mínimos de dos meses frente al euro.

Al mismo tiempo, el petróleo Brent, referencia relevante para la economía colombiana, subió hasta US$91,07 por barril, niveles no vistos en cerca de tres semanas. Factores como la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el temor a interrupciones en la oferta del crudo han impulsado el alza, situación que puede generar un aumento de divisas en Colombia por sus exportaciones. Aun así, los analistas advierten que una mayor tensión geopolítica puede desencadenar movimientos volátiles en el dólar, ya que incrementa la demanda por activos seguros.

En cuanto a otras monedas, la libra esterlina (moneda del Reino Unido) se ubicaba en $4.243 y el real brasileño en $602, ambos referenciados internacionalmente, aunque estas cifras pueden variar en casas de cambio. La apreciación reciente del peso brinda mejores condiciones para quienes planean viajes a esos países.

Por su parte, el oro, considerado históricamente refugio en tiempos de incertidumbre, mostró una caída de 0,5 % en su cotización, descendiendo a US$4.392,86 por onza, comportamiento atribuido a los mayores retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Así, el mercado se caracteriza por fuerzas opuestas entre la debilidad del dólar y la fortaleza del petróleo, lo que obliga a compradores y vendedores a seguir atentamente los movimientos antes de tomar decisiones.

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¿Es buen momento para comprar dólares en Colombia en agosto de 2026?

Según información citada por El Diario, el dólar se mantiene en torno a los $3.134 para el 18 de agosto de 2026, un valor bajo respecto a meses previos. Para quienes necesitan comprar dólares por motivos de viaje, ahorro o gastos internacionales, la tasa resulta favorable en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, dada la volatilidad del mercado cambiario, no se puede garantizar que se trate del mejor momento posible, por lo que es recomendable comparar precios y consultar varias entidades antes de tomar una decisión.

¿Por qué el dólar está más barato frente al peso colombiano actualmente?

De acuerdo con la información ofrecida por El Diario, el dólar estadounidense ha perdido terreno ante el peso colombiano por datos económicos débiles en Estados Unidos, como la caída en ventas minoristas. Esto llevó a que inversores consideren menos probable una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, debilitando el dólar y fortaleciendo monedas emergentes como el peso colombiano.

Uno de los puntos centrales de esta estrategia es un convenio entre la Gobernación del Tolima y el Banco Agrario que permitirá a los productores beneficiados tener un periodo de gracia, durante el cual la gobernación asumirá los intereses de los créditos. En palabras de la gobernadora Matiz: “Ellos dan un tiempo de gracia para que las personas obviamente no paguen la cuota que tienen que pagar en los bancos, nosotros mientras tanto pagamos estos intereses”. Esta medida estará vigente por varios meses, con una fecha estimada que se proyecta hasta junio del próximo año. Esto busca brindar un alivio financiero inmediato, ayudando a que los afectados no tengan que preocuparse por el pago de cuotas bancarias mientras se reponen de la emergencia.

Adicionalmente, la Gobernación anunció que, junto con Cortolima, las administraciones municipales y otras entidades, están diseñando una estrategia para ofrecer empleos temporales a las familias cuyas fuentes de ingreso fueron impactadas. Las actividades estarán enfocadas en trabajos de restauración ambiental para recuperar vegetación, fuentes de agua y otros recursos en las zonas más afectadas por los incendios. Según Matiz, “ya estamos estructurando un programa para poder hacer un convenio con Cortolima donde los invitamos a ustedes también a que nos ayuden, con poquito puede ser, pero que nos ayuden ustedes con algo y nosotros colocamos un recurso”.

La Gobernación también comenzó a preparar un inventario detallado sobre las pérdidas sufridas por las familias y productores, el cual solicitó el Ministerio de Agricultura, para consolidar el diagnóstico y gestionar más apoyos con el Gobierno Nacional. El objetivo es mantener una coordinación efectiva entre los municipios, el departamento y el Gobierno Nacional, permitiendo poco a poco la recuperación económica y productiva de los campesinos tolimenses.

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¿Qué alivios económicos recibirán los productores del Tolima por los incendios?

Los productores del Tolima afectados por los incendios contarán con un periodo de gracia en el pago de sus créditos en el Banco Agrario; durante ese tiempo, la gobernación del departamento asumirá el pago de los intereses. Además, se implementarán empleos temporales enfocados en la recuperación ambiental, para ayudar a restablecer la actividad económica en las zonas rurales perjudicadas.

¿Cómo se coordina la ayuda entre la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional para los afectados por incendios?

La Gobernación del Tolima está preparando un inventario detallado de las pérdidas y necesidades de los productores y familias afectadas, a solicitud del Ministerio de Agricultura. Con esta información, se busca establecer una mesa de trabajo que facilite nuevas medidas de apoyo para el sector agropecuario en coordinación con el Gobierno Nacional, preservando así la articulación entre entidades para una recuperación integral.

El último terremoto, de 7,4 grados, ha causado daños en 448 municipios de 15 departamentos. De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hasta el 15 de agosto se contabilizaban 14.493 casas destruidas, 81.506 averiadas, 66 edificios colapsados, además de cientos de centros educativos, instituciones de salud, vías, acueductos y aeropuertos gravemente dañados. Villegas advierte que, aunque actualmente se calcula que los afectados reciben entre 5.000 y 7.000 dólares en ayuda cada uno, la experiencia demuestra que el total final de afectados y costos puede ser superior a las estimaciones iniciales.

La diferencia principal frente a la tragedia de hace casi tres décadas es la capacidad económica del país. En aquel entonces, el producto interno bruto (PIB) rondaba los 100.000 millones de dólares, mientras que hoy asciende a 600.000 millones de dólares. Sin embargo, al igual que en 1999, Colombia enfrenta una crisis fiscal, lo que obliga a buscar soluciones financieras extraordinarias como impuestos, emisiones de bonos, renegociación y reprogramación de la deuda, así como cooperación internacional. El gobierno nacional ya anunció empréstitos —entre ellos uno del Banco Mundial por 450 millones de dólares— y múltiples naciones han entregado donaciones, aunque, según Villegas, estos aportes representan apenas un 4% del total.

El FOREC sirve como lección clave: debe garantizarse cercanía a la comunidad para conocer sus necesidades reales, aplicar una micro-administración en zonas pequeñas para un control preciso y, sobre todo, mantener la transparencia y blindar los recursos contra la politiquería, especialmente ante la proximidad de elecciones locales. El proceso de reconstrucción no es inmediato y puede extenderse entre cuatro y cinco años, con una fase inicial de emergencia, seguida de una estabilización progresiva.

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¿Cuáles son los retos financieros para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

El principal desafío es obtener más de 4.000 millones de dólares, el 96% desde el presupuesto nacional, lo que requiere recurrir a fuentes ordinarias y extraordinarias como nuevos impuestos, emisiones de bonos, préstamos internacionales y reprogramación de la deuda. La crisis fiscal actual obliga a tomar decisiones rigurosas para no dejar sin recursos el proceso, priorizando la gestión transparente y eficiente, según explicó el ex ministro Villegas en El Diario.

¿Qué enseñanzas dejó el modelo FOREC en los procesos de reconstrucción en Colombia?

El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) demostró la importancia de trabajar cerca de las comunidades, segmentar la administración por zonas pequeñas y blindar los recursos contra la política partidista, priorizando la transparencia. Estos principios permitieron un proceso más eficiente y confiable, y hoy se consideran referentes para estructurar la actual reconstrucción.

Sin embargo, hay una serie de requisitos que se deben cumplir a riesgo de que la mesada sea eliminada para el beneficiario.

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La ley nacional deja en claro que la pensión en Colombia se deja de pagar siempre y cuando se logre establecer faltas graves en el proceso, incluyendo la entrega de información falsa.

Casos en los que un jubilado puede perder su pensión en Colombia

1. Fraude o falsedad documental

Constituye la causal más grave e implica la revocación inmediata del beneficio:

• Inconsistencias en registros de cotización: Presentar certificaciones laborales falsas o alterar historias laborales para simular semanas no cotizadas.
• Falsificación de documentos: Usar identidades, registros civiles o certificados médicos alterados para acreditar parentesco o condiciones de invalidez.
• Consecuencias: Además de perder la mesada, el sistema ordena la devolución de los dineros pagados (cobro coactivo) y remite el caso a la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la administración pública o la seguridad social.

Ahora, para el caso de la pensión en Colombia que se otorga por invalidez la ley exige valoraciones periódicas a cargo de las administradoras (Colpensiones o AFP) para evaluar la evolución de la invalidez. La no asistencia injustificada suspende o cancela el pago.

(Recomendado: Estos trabajadores aún podrán pasarse de fondos privados a Colpensiones tras el cierre de la ventana pensional)

Finalmente, existen algunas incompatibilidades, como reincorporarse al sector público sin las excepciones estipuladas en la norma genera incompatibilidad y la suspensión inmediata de la mesada pensional.

La recuperación después del desastre tiene como uno de sus focos principales a los comerciantes y pequeños negocios, sector especialmente impactado por el sismo. De acuerdo con declaraciones oficiales, el Gobierno Nacional prepara actualmente un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica. Este plan está dirigido a comerciantes y microempresarios cuyas infraestructuras y operaciones se vieron afectadas, e incluirá una serie de medidas, alivios e instrumentos de apoyo para que logren restablecer sus actividades.

La presentación de esta estrategia estará a cargo del presidente Abelardo de la Espriella en los próximos días, aunque aún no se ha dado a conocer la cifra exacta de recursos destinados ni el número definitivo de establecimientos perjudicados. Sin embargo, el Ministerio de Comercio, encabezado por Mauricio Gómez Amín, junto a gremios como Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio) y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), ha iniciado un diagnóstico minucioso para dimensionar los daños y escuchar directamente a los empresarios sobre sus necesidades.

La estrategia gubernamental señala tres metas centrales: apoyar la reconstrucción de los comercios afectados, reactivar la economía local y proteger los empleos que dependen de esta red empresarial. Según las autoridades, la prioridad es que los comerciantes logren reabrir sus puertas y mantengan las fuentes laborales que son sustento de miles de familias en Pereira.

Como parte fundamental de la estrategia, la participación de gremios empresariales busca aportar datos precisos sobre el tejido productivo afectado y ayudar a diseñar un plan acorde con la realidad que viven los comerciantes. Para ello, se emplean herramientas como el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la Encuesta de Micronegocios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuales permiten conocer la composición y evolución de las empresas en la región.

El desafío que enfrenta Pereira, según El Diario, es pasar prontamente de la etapa de emergencia a una fase de recuperación económica efectiva, garantizando que los afectados puedan reconstruir sus negocios y mantener empleos fundamentales para la ciudad.

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¿En qué consiste el plan de reconstrucción y reactivación económica para comerciantes afectados en Pereira?

El plan de reconstrucción y reactivación económica anunciado por el Gobierno Nacional está dirigido a comerciantes y pequeños empresarios de Pereira afectados por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con El Diario, la iniciativa contempla apoyo para reconstruir establecimientos, reactivar la economía local y proteger los empleos asociados, aunque aún no se han revelado detalles exactos de los recursos ni el número total de beneficiarios.

¿Qué apoyo brindan los gremios como Acopi, Confecámaras y Fenalco en la recuperación de los comercios tras el sismo?

Según indica El Diario, gremios como Acopi, Confecámaras y Fenalco contribuyen con información y representación del tejido empresarial afectado, participando en la construcción del diagnóstico de daños y en la definición de una hoja de ruta que refleje las necesidades y prioridades reales de los comerciantes pereiranos tras el desastre.

El alcalde Alejandro Eder denunció incrementos desproporcionados en los precios de los arriendos, señalando que en algunos sectores los cánones incluso se habrían duplicado pocos días después de la emergencia.

Ante esta situación, propuso al presidente Abelardo De La Espriella congelar temporalmente los precios de los alquileres en las zonas más afectadas.

La iniciativa contempla fijar un tope a los arriendos para evitar aumentos injustificados y sancionar a quienes se aprovechen de la alta demanda generada por las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que evacuarlas por daños estructurales.

Además, Eder planteó entregar subsidios directos de arrendamiento a los hogares damnificados para que puedan acceder a una vivienda temporal.

También propuso habilitar canales prioritarios de denuncia ante la Personería y la Secretaría de Seguridad y Justicia para reportar cobros abusivos y desalojos irregulares.

El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que los caleños afectados queden desamparados mientras avanzan los censos de daños y la entrega de ayudas económicas.

Estos recursos buscan proporcionar liquidez al Ministerio de Hacienda para atender las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia.

Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, explicó que existe la posibilidad de ampliar el financiamiento hasta 450 millones de dólares.

Los 250 millones adicionales aún no han sido solicitados formalmente por el Gobierno, pero están disponibles mediante un mecanismo de financiamiento adicional que podría aprobarse en cuestión de meses.

Martínez destacó la experiencia de Colombia en gestión financiera del riesgo de desastres y señaló que el país es el segundo del mundo con más créditos contingentes acordados con el Banco Mundial.

Además del apoyo financiero, la entidad participa en la evaluación de los daños, cuyos resultados estarían disponibles a finales de agosto.

También brindará asistencia técnica para planificar la reconstrucción mediante la metodología Grade, que permite calcular las pérdidas económicas.

El Banco Mundial advierte que la reconstrucción debe enfocarse en la resiliencia, evitando repetir vulnerabilidades y garantizando que las nuevas infraestructuras sean más resistentes frente a futuros desastres.

El concepto de banca adaptativa supone una reorganización interna de las entidades. Tradicionalmente, las áreas de pagos, riesgo, crédito y experiencia del cliente funcionaron separadas, pero el modelo actual impulsa su integración mediante tecnologías en la nube y la utilización de interfaces de programación de aplicaciones (APIs). Este cambio permite a las instituciones financieras analizar datos y comportamientos de usuarios en tiempo real, optimizando la toma de decisiones para responder eficazmente a las particularidades de cada caso.

Como aseguró Santiago Etchegoyen, CTO de uFlow, en el informe citado, en el modelo tradicional aprobar un crédito podía tomar días, mientras que ahora, con motores de decisión automatizados, ese análisis se resuelve en segundos. La evaluación inmediata de variables como historial financiero, hábitos de consumo y contexto de la operación define el monto, condiciones y el riesgo permitido para cada cliente. Sin embargo, el estudio advierte que muchas entidades aún encuentran obstáculos tecnológicos: por ejemplo, en Colombia, el 80,2 % de las organizaciones tarda más de seis meses en lanzar un producto nuevo y el 76,5 % necesita más de tres meses para incorporar sugerencias de sus clientes.

Estos desafíos se agravan debido a sistemas heredados u obsoletos que obstaculizan la integración de información y atrasan la modernización. En Colombia, aunque el 96,3 % de los adultos posee al menos un producto financiero, según la Superintendencia Financiera, solo el 35,5 % cuenta con financiamiento, y la mayoría depende de productos de corto plazo. Esto revela una brecha significativa entre inclusión financiera y acceso efectivo a créditos, especialmente en carteras como vivienda, limitada al 3,1 % de la población adulta.

La banca adaptativa apuesta por automatizar y agilizar la gestión, integrando datos y herramientas de toma de decisiones bajo esquemas flexibles como los sistemas no-code, todo para ofrecer mejores respuestas y acelerar el lanzamiento de productos. Modernizar las infraestructuras tecnológicas y conectar sistemas que operaban de manera aislada resulta ahora prioritario para el crecimiento y la capacidad de adaptación de la banca colombiana y regional.

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¿Qué es la banca adaptativa y cuáles son sus principales diferencias frente al modelo tradicional?

La banca adaptativa es un enfoque donde los servicios y decisiones financieras se ajustan en tiempo real a las características de cada cliente. A diferencia del modelo tradicional, que fragmenta áreas como pagos, riesgo y créditos, la banca adaptativa las integra mediante tecnologías avanzadas como la nube y APIs, lo que permite evaluar datos y comportamientos de inmediato, agilizando procesos y ofreciendo productos más personalizados.

¿Cuáles son los retos que enfrentan las entidades financieras de Colombia para adoptar la banca adaptativa?

Según el SoFi Tech Solutions Adaptive Banking Report, los principales retos para la banca en Colombia incluyen la lentitud en el desarrollo de nuevos productos, el uso de sistemas tecnológicos heredados que dificultan la integración y la actualización de datos, así como la brecha entre el acceso a servicios financieros y el otorgamiento efectivo de créditos. Modernizar las infraestructuras y automatizar la toma de decisiones se presenta como una necesidad para enfrentar estos desafíos.

De acuerdo con Confecámaras, los recursos originalmente asignados a la realización del congreso serán redirigidos hacia acciones directas para restablecer el tejido empresarial en las zonas que presentan mayores necesidades tras el terremoto. La organización señaló textualmente: “Hemos decidido destinar los recursos previstos para la realización del Congreso Confecámaras 2026 a apoyar las acciones de recuperación del tejido empresarial en las regiones que hoy más lo necesitan”.

Confecámaras avanza en la identificación de los daños y en la formulación de estrategias para la recuperación económica del sector productivo. Según el comunicado, ya se entregó al Gobierno Nacional una línea base, elaborada con información tomada del Registro Único Empresarial y Social (RUES), para caracterizar las afectaciones experimentadas por empresarios y comerciantes. Esta labor se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con quienes se construye una hoja de ruta para la recuperación y reactivación económica de los territorios perjudicados por el sismo.

La magnitud del impacto queda reflejada en los datos citados por Confecámaras: en Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, antes del evento, existían 269.786 empresas registradas, responsables de aproximadamente 1,4 millones de empleos. De estas, 250.628 corresponden a microempresas, es decir, el 93 % del total, lo que dibuja un panorama particularmente vulnerable de pequeños empresarios frente a la crisis.

La emergencia humanitaria es igualmente grave. Medicina Legal y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaron 288 personas fallecidas, 4.018 heridas y 202 desaparecidas. Frente a este contexto, la Red de Cámaras de Comercio continúa acompañando tanto a los empresarios como a las comunidades, reafirmando su compromiso con la recuperación integral de las regiones afectadas.

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¿Por qué Confecámaras decidió aplazar el Congreso Confecámaras 2026 tras el terremoto?

Confecámaras pospuso el Congreso Confecámaras 2026 para priorizar la atención de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4. Según su comunicación a EL PILÓN, esta decisión responde al llamado del Gobierno Nacional para enfocar capacidades y recursos en la recuperación de los territorios impactados, asignando los fondos previstos del evento a acciones concretas de apoyo empresarial en las regiones más afectadas.

¿Cuántas empresas y empleos fueron impactados por el terremoto según Confecámaras?

Confecámaras informó, con datos basados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), que en Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas existían 269.786 empresas antes del terremoto, responsables de cerca de 1,4 millones de empleos. La mayoría son microempresas, representando el 93 % del tejido empresarial en las zonas más afectadas.

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El resultado contrasta con el comportamiento internacional. Aunque las ventas fuera de Colombia crecieron 0,4 % medidas en dólares durante el semestre, su conversión a pesos registró una caída de 12,4 %, afectada por la revaluación de 12,9 % de la moneda colombiana. En este contexto, la fortaleza de la operación local resultó determinante para que Nutresa cerrara los primeros seis meses de 2026 con ingresos consolidados por 10,3 billones de pesos, un crecimiento de 2,4 %.

La expansión no estuvo acompañada únicamente por mayores ventas. El EBITDA ajustado alcanzó 2 billones de pesos, con un crecimiento de 30,8 %, mientras que su margen se ubicó en 19,5 %. La utilidad neta ajustada llegó a 724.673 millones de pesos, 36,6 % más que en el primer semestre de 2025. Estas cifras reflejan una operación más eficiente, respaldada por mejoras en costos, coberturas de materias primas y divisas y una mayor productividad.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó que la compañía continuará fortaleciendo su talento, sus marcas y su capacidad de llegada al mercado, con el propósito de construir una organización cada vez más sostenible, innovadora y rentable.

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Alimentos al consumidor acelera su crecimiento

Entre las unidades con mejor comportamiento durante el segundo trimestre sobresalió Alimentos al Consumidor, negocio al que pertenecen marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Leños & Carbón, Papa John’s y Beer Station. Sus ventas en Colombia alcanzaron 294.700 millones de pesos entre abril y junio, con un incremento de 20,7 % frente al mismo trimestre de 2025.

El resultado representa una aceleración importante frente al primer trimestre, cuando la unidad había registrado ingresos por 263.900 millones de pesos y un crecimiento de 13,2 %. En consecuencia, durante el primer semestre Alimentos al Consumidor acumuló ventas cercanas a 558.600 millones de pesos en Colombia.

La unidad generó aproximadamente 30.800 millones de pesos más que durante los primeros tres meses del año, equivalentes a un aumento secuencial de 11,7 %. Más relevante todavía es el cambio en su velocidad de crecimiento anual: la variación pasó de 13,2 % en el primer trimestre a 20,7 % en el segundo.

Alimentos al Consumidor fue, además, el cuarto negocio de mayor tamaño dentro de las ventas colombianas de Nutresa durante el trimestre, por detrás de cárnicos, galletas y snacks y café. Con una participación cercana al 8,9 % de los ingresos locales, superó a helados, food service y pastas.

Aunque Nutresa no revela públicamente los resultados individuales de El Corral, el tamaño de la marca, su extensa red y su participación dentro del portafolio permiten identificarla como uno de los activos centrales de esta unidad. El crecimiento reportado pertenece al conjunto del negocio y no puede atribuirse exclusivamente a la cadena de hamburguesas.

El Corral mantiene su protagonismo

El Corral llega a este nuevo ciclo de expansión con más de 200 restaurantes en Colombia, mientras que El Corral Gourmet opera 14 establecimientos. La cadena vende más de 16 millones de hamburguesas al año, alrededor de 1.800 por hora, una escala que la convierte en una de las plataformas gastronómicas más importantes del mercado colombiano.

Para 2026, la Unidad de Alimentos al Consumidor anunció la apertura de más de 40 restaurantes de sus diferentes marcas. De ese total, 25 corresponderían a El Corral y El Corral Gourmet, mientras que las demás aperturas se distribuirían entre Papa John’s, Leños & Carbón y Beer Station. La estrategia incluye grandes capitales, ciudades intermedias y la exploración de nuevas oportunidades internacionales.

La expansión adquiere especial relevancia para la industria de centros comerciales. Los restaurantes no solo ocupan espacios dentro de las plazoletas de comidas: se han convertido en generadores de tráfico, permanencia y experiencias. El hecho de que alrededor del 80 % de las ventas de las cadenas de Nutresa todavía se produzca en los puntos físicos confirma que el establecimiento continúa siendo el centro de la relación con el consumidor. El 20 % restante procede de domicilios propios y plataformas de terceros.

Los resultados dejan una conclusión clara: el negocio gastronómico está ganando peso dentro de la operación colombiana de Nutresa. El Corral combina tradición, escala, reconocimiento y una ambiciosa agenda de aperturas, mientras el resto del portafolio amplía la capacidad del grupo para atender diferentes ocasiones de consumo. El reto será ejecutar esa expansión sin perder consistencia, proteger la propuesta de valor frente a la inflación y conservar la relevancia de unas marcas que compiten en un mercado cada vez más diverso y exigente.

Durante su intervención, el senador del Centro Democrático resaltó la importancia de la fraternidad y la solidaridad en momentos de adversidad, señalando que, pese a las diferencias, la nación debe reconocerse como un solo cuerpo social. Destacó que en los años recientes, las pruebas políticas y sociales sirvieron para ratificar el valor de la institucionalidad y la democracia colombiana, así como el funcionamiento de los llamados sistemas de pesos, contrapesos y balances previstos en las normas, lo que permitió la operatividad de las instituciones incluso en periodos difíciles, de acuerdo con lo que remarcó el congresista.

Haciendo eco de esa visión, insistió en la construcción de un "gran consenso nacional" que trascienda las distancias ideológicas. Recalcó que la transición que vive el país requiere de la capacidad colectiva para enfrentar retos como pobreza, inseguridad, desigualdad, crimen, violencia y corrupción. El mensaje fue dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y a los sectores de oposición, a quienes recordó la necesidad de retomar la sensatez y la austeridad en la administración pública, con un manejo responsable de los recursos.

El senador identificó entre las prioridades el tema de la seguridad, señalando la proliferación y fragmentación de grupos armados vinculados al crimen organizado como un factor que obstaculiza el crecimiento económico. Otro punto crítico expuesto fue la seguridad energética en la región Caribe, donde las dificultades con las empresas Air-e y Afinia han afectado gravemente el bienestar de la población y la competitividad regional, según expresó. Además, subrayó la urgencia de pagar la deuda de las plantas térmicas y evitar nuevos problemas de abastecimiento frente al Fenómeno del Niño.

En su agenda económica, el dirigente propuso articular esfuerzos con los empresarios para concertar leyes clave del semestre, como el presupuesto 2027, el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, ajustes fiscales y la próxima reforma tributaria. Finalizó advirtiendo sobre los altos costos y la sobrevaluación de la moneda, factores que afectan la competitividad y ponen en riesgo miles de empleos, haciendo un llamado a enfocar el trabajo conjunto en lograr progreso y un orden social justo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas del presidente del Senado frente a la crisis energética en la costa Caribe?

El presidente del Senado propuso resolver el problema estructural de las empresas Air-e y Afinia, responsables del suministro eléctrico en la costa Caribe, ya que la situación actual está perjudicando a familias y empresas de la región. Además, planteó pagar la deuda de las plantas térmicas y corregir decisiones regulatorias previas. Insistió en diversificar la matriz energética con alternativas como energía eólica, solar, biomasa y geotérmica, para garantizar la seguridad energética en el país y prevenir crisis similares asociadas, por ejemplo, al Fenómeno del Niño.

¿Qué retos económicos y sociales mencionó el Congreso Empresarial Colombiano según ANDI?

Según lo expuesto en el Congreso Empresarial Colombiano y de acuerdo con la ANDI, los principales retos señalados incluyen superar la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el crimen y la corrupción. Asimismo, se alertó sobre los efectos de un peso sobrevaluado y altos costos que afectan el sector productivo, poniendo en riesgo las exportaciones y el empleo. El llamado fue a la concertación de políticas económicas y a unir esfuerzos intersectoriales para recuperar la competitividad y lograr un orden social justo.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO) presentó al Gobierno Nacional un conjunto de medidas orientadas a apoyar a los comerciantes perjudicados por el reciente terremoto, en busca de recuperar la actividad económica de las zonas afectadas. Según informó El Diario, la propuesta surgió en una reunión entre el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y otros representantes gubernamentales, centrando sus esfuerzos en mitigar pérdidas, evitar cierres definitivos de negocios y preservar los empleos comprometidos en medio de la emergencia.

Uno de los principales puntos expuestos fue la elaboración de un censo único que identifique a los comerciantes y establecimientos afectados por municipio, registrando empleos en riesgo y cuantificando las pérdidas. Este censo, de acuerdo con FENALCO, debe contar con una metodología validada y liderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), e incluir visitas de verificación para garantizar la precisión de los datos, tarea que se haría en colaboración entre entidades públicas y privadas.

Otro eje de la propuesta consiste en la implementación de subsidios directos para empresarios cuyas pérdidas sean totales o parciales, junto con la renegociación y aplazamiento de créditos financieros. Además, se sugirió suspender o flexibilizar temporalmente el cobro de servicios públicos y entregar subsidios a la nómina de empresas improductivas, para reducir el impacto sobre los ingresos de trabajadores y empleadores. FENALCO también planteó alivios transitorios en los aportes a entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación.

Para robustecer estos apoyos, el gremio propuso crear empleos de emergencia mediante cuadrillas locales dedicadas a la limpieza y recuperación de establecimientos y zonas afectadas. Sobre los sectores estratégicos, FENALCO hizo énfasis en la atención a actividades como el turismo y la caficultura. Para el primero, sugirió una exención temporal del impuesto al consumo del 8 % a restaurantes, promoción de la oferta regional y programas que impulsen la reconversión laboral hacia servicios turísticos. En el caso de la caficultura, se destacó la necesidad de generar ingresos estables a los productores y fortalecer las cadenas locales de abastecimiento, además de explorar la opción de compra de futuros en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros.

En la reunión participaron entidades como Bancóldex, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el Fondo Nacional de Garantías e iNNpulsa, enfocando sus esfuerzos en coordinar acciones que permitan reconstruir negocios, preservar empleos y reactivar la economía local. FENALCO anunció que mantendrá el acompañamiento a los empresarios afectados y continuará su trabajo articulado con el Gobierno Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas que FENALCO pidió al Gobierno para comerciantes afectados?

Las principales iniciativas presentadas por FENALCO incluyen la realización de un censo único de afectados, subsidios directos para empresarios que hayan perdido sus establecimientos, alivios y renegociación de créditos, suspensión temporal de cobros de servicios públicos y aportes parafiscales, apoyo a la nómina y creación de empleos de emergencia. Según El Diario, estas medidas buscan focalizar la ayuda y evitar cierres definitivos en los comercios afectados por el sismo.

¿Qué es el DANE y cuál sería su papel en el censo de comerciantes afectados?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de la producción de estadísticas oficiales en Colombia. En la propuesta de FENALCO, el DANE jugaría el papel de autoridad técnica en la metodología y validación de la información del censo, asegurando cifras precisas y confiables sobre los establecimientos perjudicados por el terremoto.

El Bitcoin es la criptomoneda más grande y conocida del mundo. Aunque se le abona que ha provocado importantes ganancias para muchos inversionistas, también se caracteriza por las fuertes variaciones en su precio.

Pensando en ese perfil de personas, la comisionista de bolsa Acciones & Valores lanzó un Fondo de Inversión Colectiva que permite invertir tomando como referencia el comportamiento del Bitcoin, pero sin necesidad de comprar la criptomoneda directamente y con la tranquilidad de recuperar el 100% del capital al vencimiento del fondo.

La inversión mínima será de un millón de pesos y el fondo tendrá una duración de 31 meses. El dinero se invertirá a través de una nota estructurada que brinda exposición a un ETF llamado IBIT, un instrumento financiero administrado por BlackRock, la mayor administradora de activos del mundo, cuyo comportamiento sigue la evolución del precio del Bitcoin. De esta forma, el inversionista obtiene exposición a esta criptomoneda sin tener que comprarla directamente.

“Muchas personas creen en el potencial del Bitcoin, pero no invierten porque les preocupa la volatilidad o porque no saben cómo comprarlo de manera segura. Con este fondo queremos ofrecer una alternativa sencilla, administrada por expertos y que les permita participar en una eventual recuperación del mercado sin asumir el riesgo de perder su capital al vencimiento”, explica Luis Felipe Aparicio,  gerente de Acciones & Valores.

A diferencia de comprar Bitcoin directamente, donde cada persona debe encargarse de abrir cuentas, administrar billeteras digitales y proteger sus claves de acceso, este fondo ofrece una alternativa más simple, ya que la inversión es gestionada por Acciones & Valores y cuenta con una estructura respaldada por un banco internacional con calificación mínima grado de inversión.

El lanzamiento llega en un momento en el que muchos analistas consideran que el Bitcoin está pasando por un periodo de precios atractivos luego de la fuerte corrección registrada desde los máximos del año pasado.

La comisionista Acciones & Valores asegura que la estrategia es similar a la utilizada anteriormente con sus fondos estructurados sobre acciones de Brasil y Estados Unidos, creados en momentos en que esos mercados atravesaban caídas y que posteriormente registraron valorizaciones superiores al 20%.

El nuevo fondo está dirigido tanto a personas que quieren dar sus primeros pasos en este tipo de inversiones como a quienes ya conocen el mercado, pero prefieren hacerlo mediante un vehículo administrado y con protección del capital al vencimiento.

¿Cómo funciona la inversión en bitcoin con Acciones & Valores?

• Inversión mínima: un millón de pesos.
• Plazo: 31 meses.
• Referencia: ETF IBIT de BlackRock.
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• Potencial de rentabilidad de hasta el 50% en dólares si el activo registra una valorización.
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¿Qué es Acciones & Valores en Colombia?

Acciones & Valores es una comisionista de bolsa colombiana con más de 70 años de trayectoria en el mercado de valores nacional.

La firma financiera ofrece servicios de intermediación bursátil, administración de portafolios de inversión, banca de inversión y distribución de fondos de inversión colectiva.

Adicionalmente, actúa como agente oficial de Western Union en Colombia, facilitando el envío y recepción de giros internacionales en todo el territorio patrio.

La empresa opera bajo la estricta vigilancia y supervisión continua de la Superintendencia Financiera de Colombia para garantizar la transparencia institucional.

Los clientes individuales y corporativos acceden a negociación de acciones locales, títulos de deuda pública, divisas y diversos instrumentos financieros del mercado global.

La comisionista implementa soluciones tecnológicas modernas para permitir a los usuarios gestionar sus inversiones personales de forma digital, rápida y segura.

Su equipo de analistas económicos elabora investigaciones del mercado bursátil que orientan las decisiones financieras estratégicas de inversionistas locales y extranjeros.

La entidad promueve la inclusión financiera acercando alternativas de inversión diversificadas a pequeños ahorradores y grandes capitales corporativos del país.

Sus alianzas comerciales estratégicas expanden la cobertura operativa facilitando transacciones de dinero nacional e internacional a millones de usuarios colombianos.

Con una sólida estructura de capital y buen gobierno corporativo, la firma consolida su reputación en el ecosistema bursátil colombiano.

Su compromiso con la innovación constante posiciona a la comisionista como un aliado estratégico fundamental para el crecimiento patrimonial sostenible.

Sobre el tema, Álvaro Carrillo Buitrago, presidente de Seguros Bolívar, habló con Pulzo y respondió algunos de los interrogantes el torno al manejo de dichas pólizas. Por ejemplo, este medio le preguntó acerca de un caso que se podría dar: si una persona fallece en el terremoto y la vivienda estaba asegurada y quedó en ruinas o en pérdida total, ¿los familiares pueden hacer valer el seguro?

La respuesta del experto fue: “Claro que sí, ese es un activo, pues no soy abogado, pero corresponde a la sucesión. Entonces, los recursos que se generen por esa indemnización le corresponden a los herederos del beneficiario de la persona que, desafortunadamente, falleció”.

Esta es la respuesta al interrogante de muchas personas:

En términos prácticos, esto significa que la indemnización que habría recibido el titular en vida se convierte en parte del patrimonio que se distribuye entre sus herederos, siguiendo las reglas del proceso de sucesión establecidas en la ley colombiana.

¿Cómo deben reclamar los herederos el seguro si el titular murió?

Para hacer efectiva la póliza, los herederos deben iniciar o acreditar un proceso de sucesión ante notaría o juzgado, según el caso. Con ese trámite en curso, pueden acercarse a la aseguradora y presentar los documentos que acrediten su calidad de herederos, junto con el registro de defunción del titular y la póliza vigente.

¿Qué pasa con el seguro si el inmueble quedó inhabitable pero el titular sobrevivió?

En ese escenario, el titular conserva todos sus derechos y puede reclamar directamente ante la aseguradora, presentando un peritaje o informe técnico que certifique los daños sufridos por la propiedad. La cobertura dependerá de las condiciones pactadas en la póliza, por lo que es recomendable revisar el contrato con detalle antes de radicar la reclamación.

La operación, acordada con Pactia por cerca de $1,18 billones, comprende los centros comerciales Gran Plaza Alcaraván, Bosa, El Ensueño, Florencia, Ipiales, San Antonio, Soacha y Yopal. En conjunto, aportarán aproximadamente 180.000 m² de área arrendable y elevarán el portafolio colombiano de Mallplaza de cinco a trece activos y de cerca de 280.000 a más de 460.000 m² de GLA.

Sin embargo, antes de desarrollar esta hipótesis es necesario precisar que la compra todavía debe cumplir las condiciones previstas para su cierre definitivo. Asimismo, no existe información oficial de Mallplaza ni de Falabella sobre la instalación de una tienda por departamentos en alguno de los activos adquiridos.

Mallplaza no significa necesariamente Falabella

Aunque Falabella controla Mallplaza, esta última funciona como una compañía inmobiliaria independiente, con accionistas minoritarios y una estrategia basada en construir mezclas comerciales adaptadas a cada mercado. Por consiguiente, la propiedad de un centro comercial no obliga a que Falabella forme parte de sus anclas.

Esta conclusión se confirma al revisar el portafolio regional. Al cierre de 2025, Mallplaza operaba 37 activos distribuidos entre Chile, Perú y Colombia, con más de 2,3 millones de m² de área arrendable, 5.300 tiendas y 385 millones de visitas anuales.

En Chile, Falabella está presente en la gran mayoría de los 17 centros comerciales, pero no en todos. Las tiendas de Mallplaza Alameda y Mallplaza Sur cerraron en 2023, de manera que la cobertura actual se aproxima a 15 de los 17 activos, equivalentes al 88%.

En Perú, donde Mallplaza opera 15 activos después de integrar el antiguo portafolio de Open Plaza, la presencia es menor. Falabella funciona como tienda departamental convencional en aproximadamente siete centros: Trujillo, Bellavista, Arequipa, Comas, Angamos, Piura y Huancayo. Si se incluye el formato outlet de Atocongo, la cobertura se eleva a ocho activos, alrededor del 53% del portafolio.

Otros centros están anclados principalmente por Tottus, Sodimac, supermercados, entretenimiento y comercio especializado. Por ejemplo, Open Trujillo–Los Jardines tiene como anclas a Tottus y Sodimac, pero no una tienda departamental Falabella.

En Colombia, antes de la adquisición de Gran Plaza, Falabella estaba presente en tres de los cinco activos: Mallplaza Barranquilla, Cartagena y Manizales. No forma parte de Mallplaza NQS ni de Mallplaza Cali, pese a que estos son dos de los proyectos más grandes de la compañía en el país. Su cobertura era, por tanto, del 60%.

Las cifras demuestran que Falabella es un ancla recurrente, pero no indispensable para la estrategia de Mallplaza. La compañía también construye sus multidestinos alrededor de operadores como IKEA, Homecenter, Tottus, Ripley, supermercados, cines, gimnasios, restaurantes y grandes marcas internacionales.

¿Cabría una tienda en el sur de Bogotá?

Aclarado lo anterior, resulta válido desarrollar un ejercicio estrictamente hipotético: si Falabella quisiera fortalecer su cobertura en Bogotá y su área metropolitana, ¿podría alguno de los activos Gran Plaza convertirse en una alternativa?

Actualmente, la cadena cuenta con 26 tiendas en once ciudades colombianas. En Bogotá se encuentra en Titán Plaza, Galerías, Hayuelos, Plaza Imperial, Colina, Santafé y Multiplaza, pero no tiene presencia en Soacha ni en el extremo sur de la capital.

Gran Plaza El Ensueño y Gran Plaza Soacha permitirían atender una amplia zona conformada por Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y sectores del sur de Kennedy.

No obstante, entre los dos activos, Soacha ofrece una situación particular: ya funciona allí una tienda departamental Flamingo.

Gran Plaza Soacha fue concebido con Éxito, Flamingo, Cinemark, Bodytech y diferentes operadores de entretenimiento como sus principales anclas. La presencia histórica de una tienda departamental como Flamingo demuestra que el activo y su zona de influencia han admitido este formato comercial.

El área no sería el único factor

La disponibilidad de una gran superficie sería apenas la primera condición. La decisión de Falabella dependería principalmente de la viabilidad comercial de la tienda.

La compañía tendría que determinar si su posicionamiento resulta compatible con el perfil del consumidor de Soacha y el sur de Bogotá. También debería analizar el surtido apropiado, la participación de moda, belleza, tecnología, electrodomésticos y hogar; la capacidad de financiación; la frecuencia de compra; el nivel de competencia y, especialmente, la factura promedio necesaria para sostener una operación de gran formato.

Una zona con una población numerosa no garantiza por sí sola la rentabilidad. El volumen de clientes debe traducirse en ventas suficientes por metro cuadrado, rotación de inventarios y márgenes capaces de cubrir los costos de operación. También habría que estudiar la competencia de Éxito, Alkosto, Ktronix, Dollarcity, el comercio independiente y las plataformas digitales.

Incluso si Mallplaza dispusiera del área adecuada, Falabella podría concluir que una tienda departamental tradicional no forma parte de la mejor estrategia competitiva para este mercado. Las alternativas podrían ser un formato más pequeño, un outlet, un punto de retiro digital, Banco Falabella o, sencillamente, mantener el centro comercial con otras anclas más próximas al perfil de consumo de la zona.

Un caso hipotético para estudiar estrategia

La eventual llegada de Falabella a Gran Plaza Soacha no es una decisión anunciada ni un proyecto conocido. Se trata únicamente de una hipótesis construida a partir de la relación entre Mallplaza y Falabella, la ausencia de la cadena en el sur de Bogotá y la existencia de una superficie departamental dentro del activo.

Este podría ser, más bien, un interesante caso para un curso universitario de estrategia: ¿debería Falabella aprovechar la expansión inmobiliaria de Mallplaza para entrar en un mercado densamente poblado, pero sensible al precio? ¿Sería conveniente adaptar su posicionamiento y su surtido? ¿Debería operar una tienda departamental, desarrollar un formato compacto o permitir que Mallplaza fortalezca el activo con operadores diferentes?

No conocemos cuál sería la respuesta de las compañías. Por ahora, solo tenemos un escenario hipotético que permite discutir cómo se toman las decisiones de localización, posicionamiento y expansión en el retail moderno.

De acuerdo con la SDHT, el primer paso es revisar la póliza de seguro vinculada a la vivienda o apartamento. Si la póliza tiene cobertura para sismos o terremotos, el propietario debe reportar el siniestro ante la aseguradora, documentar cuidadosamente los daños con evidencia visual y técnica, y seguir el proceso establecido por la compañía. La determinación de la indemnización y la cobertura específica dependerán exclusivamente de la aseguradora, conforme al contrato de seguro vigente y la normatividad aplicable.

Para quienes habitan bajo el régimen de propiedad horizontal, la Ley 675 de 2001 señala que los bienes comunes asegurables deben contar con cobertura ante incendio y terremoto. Las indemnizaciones mayoritariamente deben destinarse primero a la reconstrucción del espacio común afectado. Si la vivienda tiene un crédito hipotecario, es importante verificar las condiciones de la póliza relacionada y determinar si el daño está amparado.

En cuanto a arrendamientos, el Código Civil establece que, si un inmueble arrendado se destruye totalmente, el contrato se extingue automáticamente. Para daños parciales que afecten la habitabilidad, el contrato puede terminarse por solicitud de alguna parte, o ajustarse el valor del canon, conforme al daño. La SDHT recalca que su intervención en estos casos es de inspección, vigilancia y control, sin competencia para decidir jurídicamente sobre la terminación contractual. Cuando no exista acuerdo entre inquilino y propietario, se recomienda acudir a conciliación o a la vía judicial.

Sobre la administración de conjuntos residenciales, la SDHT aclara que no está facultada para suspender, reducir o exonerar el pago de cuotas de administración aun tras un sismo. Las decisiones sobre cuotas y obligaciones corresponden a los órganos internos de la copropiedad, según la Ley 675 de 2001 y sus reglamentos; el simple hecho de un terremoto no implica que estos pagos se detengan automáticamente.

Las personas cuyas viviendas tengan grietas u otros daños pueden comunicarse con la línea de emergencia 123. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lidera con sus inspectores postsismo la evaluación de riesgos. Además, los ciudadanos pueden reportar los daños al correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co o completar el formulario dispuesto por IDIGER, lo que permitirá programar visitas técnicas para analizar cada situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo solicitar asistencia técnica para daños en viviendas después de un sismo en Bogotá?

Para recibir asistencia técnica tras un sismo en Bogotá, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea de emergencias 123, donde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) coordina la gestión de estos reportes. También es posible enviar un correo a ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co o completar el formulario online habilitado por el IDIGER. De este modo, se podrá agendar una visita de expertos e ingenieros que evaluarán el nivel de daño en la vivienda.

¿Quién decide sobre el pago de seguro o indemnización por daños en propiedad horizontal tras un terremoto?

La decisión sobre el pago de un seguro o indemnización, en caso de daños en propiedad horizontal tras un terremoto, queda a cargo de la aseguradora con base en las condiciones del contrato firmado y la normatividad vigente, según informa la Secretaría Distrital del Hábitat. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, las indemnizaciones deben priorizar la reconstrucción de los bienes comunes, y solo los órganos de administración de la copropiedad toman decisiones respecto al uso de esos recursos.

Las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las que reveló supuestas las trabas e impedimentos burocráticos impuestos por las autoridades colombianas para el ingreso de sus brigadas especializadas de salvamento, encendieron el debate público en medio de las urgentes labores de búsqueda de supervivientes.

El contrapunto se profundizó cuando Sheinbaum confirmó desde Ciudad de México que la delegación militar y los emblemáticos rescatistas mexicanos no habían podido desplegarse en la “zona cero” debido a exigencias técnicas del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según la mandataria mexicana, a pesar de que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y brigadas de rescate cuentan con amplia experiencia en decenas de países, las autoridades de gestión del riesgo en Bogotá exigieron “certificaciones adicionales” para autorizar su ingreso, frenando el operativo militar bautizado como Agrupamiento Cali.

Desde la orilla colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y voceros del Ejecutivo justificaron la medida bajo el argumento de priorizar únicamente a contingentes de salvamento que cuenten con la acreditación formal del sistema internacional INSARAG. Sin embargo, la explicación no impidió las duras críticas de analistas políticos y sectores de oposición en Colombia, quienes señalaron una presunta politización y sesgo ideológico en la recepción de la solidaridad internacional, dado que el país sí autorizó el ingreso de delegaciones de rescate de naciones como Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel.

Ante la polémica, se conoció que los impedimentos no fueron propiamente del gobierno de De la Espriella, sino por una carta firmada por Javier Pava, quien se desempeñó como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro.

(Vea también: Érika Zapata revela el barrio más abandonado luego del terremoto: “No llega una botellita de agua”)

El documento, enviado a la Cancillería antes del cambio de funcionario, señala que, con base en la evaluación hecho hasta ese momento, no era necesario solicitar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR), al considerar que Colombia contaba con capacidades suficientes para atender la situación.

Una de las primeras en criticar dicha comunicación, ligada al gobierno anterior, fue la exsenadora María Fernanda Cabal, que calificó de “perversa” la actitud del petrismo al querer culpar al nuevo Gobierno de dicho gesto.

“El petrismo es perverso. Salieron a señalar al gobierno de Abelardo de la Espriella de no recibir ayuda internacional, pero ocultaron la carta donde queda en evidencia que el concepto fue el que entregó el funcionario petrista Javier Pava”, afirmó Cabal a través de sus redes sociales.

Ante este contexto adverso, el ministro señaló la importancia de gestionar y administrar con eficacia los recursos que se tienen actualmente. Más allá del manejo interno de las finanzas públicas, Beltrán recalcó que para sacar adelante los proyectos de reconstrucción es indispensable acudir a la colaboración entre diferentes sectores. De acuerdo con lo expuesto, el Gobierno Nacional no puede asumir solo la carga financiera y, por ello, se requiere la articulación con el sector privado y las administraciones territoriales. Este trabajo conjunto permitirá encontrar alternativas y ayudas adicionales que fortalezcan la respuesta institucional ante la catástrofe.

En sus declaraciones, Beltrán reconoció que parte de la estrategia inmediata es adelantar reuniones con el Ministerio de Hacienda. Estas mesas de trabajo tienen como meta principal buscar alternativas de financiación para que las obras puedan materializarse en los lugares afectados. El funcionario recalcó que la reconstrucción solo será posible con apoyo y coordinación efectiva en todos los niveles de gobierno, además del concurso del sector privado.

Pese a las dificultades presupuestales, el ministro transmitió un mensaje de confianza y aseguró que ya existe una ruta definida para abordar la reconstrucción. Según se explicó, el Gobierno ha trazado un plan específico que contempla etapas y acciones concretas para avanzar en el proceso. Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer una cifra exacta sobre los recursos disponibles ni el costo total que supondrá la reconstrucción. Tales detalles tendrán que establecerse en el marco de las discusiones técnicas entre el Gobierno y las autoridades territoriales responsables.

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¿Por qué el Gobierno habla de “olla pelada” en la reconstrucción tras el terremoto?

La expresión “nos dejaron la olla pelada”, utilizada por el ministro Jaime Andrés Beltrán, se refiere a la ausencia de recursos financieros suficientes en el presupuesto estatal para hacer frente a la emergencia causada por el terremoto. El funcionario detalló que el Gobierno actual encontró grandes limitaciones fiscales y, por ello, la reconstrucción no puede depender solo de las finanzas públicas existentes, sino que requiere apoyos adicionales y trabajo colaborativo con el sector privado y las administraciones territoriales.

¿Cómo busca el Gobierno financiar la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto?

Según lo expuesto por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Gobierno está gestionando los fondos disponibles y, al mismo tiempo, busca opciones de financiamiento a través de reuniones con el Ministerio de Hacienda. Además, se prevé articular esfuerzos con el sector privado y las autoridades territoriales para sumar recursos y concretar los proyectos de reconstrucción en las regiones perjudicadas por el sismo.

A través de un pronunciamiento, Restrepo aseguró que nunca ha presentado una iniciativa de ese tipo, ni ha impartido instrucciones relacionadas con el retiro de trabajadores pensionados del sector público.

Frente a la información falsa que circula en medios de comunicación, me permito aclarar:

Es falso que esté promoviendo, preparando o haya propuesto un decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes.

No he presentado una… pic.twitter.com/UtvZmaIFam

— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 14, 2026

El funcionario también negó haber realizado las declaraciones que algunos medios de comunicación le atribuyeron sobre este asunto y enfatizó que, además, no tiene competencia legal para expedir decretos del Gobierno Nacional.

Restrepo calificó las versiones como un ataque en su contra y rechazó que se le atribuyan propuestas o afirmaciones que, según dijo, nunca ha formulado.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación, servidores públicos y ciudadanos para verificar la información antes de compartirla.

El vicepresidente insistió en que la discusión pública debe sustentarse en hechos comprobables y fuentes confiables, y recomendó consultar directamente los canales oficiales de la Vicepresidencia de la República para confirmar cualquier información relacionada con sus actuaciones o propuestas.

Con esta aclaración, busca desmentir la existencia de un decreto o iniciativa gubernamental impulsada por él sobre el retiro obligatorio de funcionarios pensionados.

Además del primer punto de venta que iniciará su actividad este lunes, la empresa informó en un comunicado que “está prevista la apertura de otros tres puntos de venta —uno de ellos con establecimiento físico abierto al público— antes de final de año”. Según su página web, estarán disponibles en Barcelona desde septiembre de 2026.

(Lea también: “No ha culminado”: Frisby dice que pleito legal en España sigue vivo y anunció qué vendrá)

La compañía, de igual manera, reiteró que aún hay “diversos procedimientos judiciales iniciados por Frisby España” que continúan su curso. Cabe resaltar que en abril de este año la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) falló a favor de esta marca y, por el contrario, declaró la caducidad de tres registros realizados por la empresa colombiana Frisby S.A. BIC.

Con este fallo, la OEPM canceló los registros hechos por Frisby Colombia en 2001 bajo los nombres de ‘Frisby’ y ‘Frisby Pollo Frito’. Según esta oficina, la decisión se debe a que nunca fueron realmente utilizadas en territorio español, a pesar de que la marca pereirana ha argumentado que Frisby España se ha apropiado del nombre y los símbolos identitarios de la marca.

Para la oficina, la presencia de Frisby Colombia en redes sociales, las descargas de aplicaciones o el reconocimiento de la marca entre la comunidad colombiana en España no son factores que den prueba de una actividad comercial de la empresa en ese país.

Tras la disputa judicial, Frisby España se describe como “una compañía española de restauración especializada en pollo frito y sabores sudamericanos, que opera bajo un modelo de cocinas de producción (dark kitchens), establecimiento físicos y establecimientos franquiciados”. Asegura en su página web que es “un proyecto independiente, creado y desarrollado en Europa, con identidad propia y una visión adaptada al mercado europeo”.

(Vea también: Frisby España anunció nueva jugada para abrir restaurantes y lanzó agresivo mensaje: “Fracaso”)

Y añade: “Nuestra propuesta gastronómica se inspira en sabores sudamericanos, con platos característicos como el pollo apanado, las arepas o la ensalada de repollo, acompañados de salsas icónicas. Ahora bien, se trata de una creación propia y auténtica, desarrollada en Europa para el público europeo, bajo los derechos exclusivos de la marca FRISBY en la Unión Europea. No existe relación societaria ni contractual con empresas homónimas de otros países, por lo que nuestro menú no puede considerarse una copia ni una franquicia de terceros”.

Sobre la apertura en el mercado de Madrid, su portavoz, Charles Dupont, aseguró: “Este lunes culmina una etapa y comienza otra: la de servir a los madrileños. Nuestro plan de desarrollo avanza con paso firme”.

(Le puede interesar: Reforma tributaria del nuevo gobierno pone en alerta a las empresas: qué deben revisar desde ya)

Lo primero que dicen equipos técnicos y de investigación, como el del Banco de la República, es que el aumento para el año entrante debería darse de manera mesurada.

Según estos pronósticos, el salario mínimo en Colombia del 2027 no debería sobrepasar sustancialmente el dato de inflación, además del punto que suele sumarse como dato final de productividad laboral.

Puntos determinantes para el salario mínimo en Colombia del 2027

Miguel Gómez, nuevo ministro de Hacienda, ha dejado en claro que la política económica del gobierno De la Espriella no va a optar por aumentos desproporcionados con miras a cuidar el poder adquisitivo de los hogares, la inflación, así como la salud financiera de las empresas.

Los principales pronósticos señalan entonces que el salario mínimo en Colombia del 2027 arrancaría con un aumento del 7 %, que es el dato del IPC que se espera para el año total del 2026.

(Lea también: Gobierno plantea cambios en la fórmula del salario mínimo en Colombia: productividad será clave en el ajuste para 2027)

Esta inflación seguiría siendo más alta frente al 5,10 %, aclarando que, según analistas locales, más allá de los efectos coyunturales el aumento se habría dado por un incremento desproporcionado decretado por el gobierno Petro.

Si se tomara el supuesto de que la inflación será del 7 % y se le sumara un punto por la productividad laboral el salario mínimo en Colombia del 2027 quedaría en 1’890.977 pesos, mientras que el auxilio de transporte rozaría los 270.000 pesos.

Álvaro Carrillo Buitrago, presidente de Seguros Bolívar, habló con Pulzo sobre esos interrogantes y aclaró algunos de los principales mitos que pueden aparecer después de una tragedia de esta magnitud.

Seguros sí cubren daños causados por un terremoto

Carrillo explicó que existen dos formas habituales en las que una persona puede tener asegurada su vivienda. La primera aparece cuando el inmueble está financiado mediante un crédito hipotecario, pues las entidades financieras suelen exigir una póliza para proteger la propiedad.

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La segunda corresponde a quienes adquieren voluntariamente un seguro de hogar. En ambos escenarios, explicó el presidente de Seguros Bolívar, las pólizas pueden incluir cobertura por daños y pérdidas ocasionados por un terremoto.

Según Carrillo, en Colombia hay cerca de 2 millones de hogares que cuentan con este tipo de protección, ya sea mediante seguros asociados a créditos o pólizas contratadas directamente por sus propietarios.

Cuando existe una pérdida total, la indemnización depende de las condiciones de la póliza y del valor asegurado. Carrillo puso como ejemplo una vivienda cuyo valor comercial sea de $300 millones: si se determina una pérdida total y ese es el valor asegurado, la compañía cubriría ese monto.

En el caso de una vivienda hipotecada, primero se cubre el saldo de la deuda con el banco y el excedente corresponde al propietario. Así, si la deuda pendiente fuera de $80 millones y la indemnización alcanzara $300 millones, $80 millones irían al banco y los $220 millones restantes al cliente, según explicó.

También existe la posibilidad de que el inmueble no haya quedado destruido por completo. Cuando presenta daños importantes en paredes u otras partes de la estructura, el seguro puede cubrir los costos de reparación, dependiendo de las condiciones contratadas.

¿Cuánto tiempo hay para reportar los daños?

Uno de los principales mitos que Carrillo quiso despejar tiene que ver con el tiempo para avisar sobre los daños.

El presidente de Seguros Bolívar aseguró que no se negará una cobertura simplemente porque el aviso no se haya hecho de inmediato. Explicó que habrá tiempo suficiente para que los afectados puedan revisar sus inmuebles y establecer el alcance de las pérdidas.

“En ningún momento por no generar el aviso prontamente se va a negar la cobertura”, afirmó Carrillo.

El ejecutivo añadió que la compañía dará los meses necesarios para que sus clientes puedan reportar los daños. Sin embargo, recomendó hacerlo lo antes posible, siempre que las condiciones de seguridad permitan ingresar a las viviendas.

Después del reporte, las aseguradoras cuentan con diferentes mecanismos para establecer el estado del inmueble y determinar la afectación. En este proceso también se deben tener en cuenta las restricciones impuestas por las autoridades, como toques de queda o limitaciones para ingresar a determinadas zonas.

¿Qué pasa si el dueño del inmueble falleció?

Otro de los escenarios que puede generar dudas después de una tragedia es qué sucede cuando el titular de la póliza murió.

Carrillo explicó que los familiares pueden reclamar el seguro. La indemnización entra a formar parte de la sucesión y los recursos corresponden a los herederos o beneficiarios, de acuerdo con las condiciones aplicables al seguro.

La situación, por tanto, no significa que una familia pierda automáticamente el derecho a la indemnización por el fallecimiento del titular.

Los carros también pueden estar asegurados

La protección no se limita a las viviendas. Carrillo confirmó que los vehículos asegurados también pueden contar con cobertura frente a daños provocados por desastres y catástrofes naturales, incluido un terremoto, según las condiciones de cada póliza.

Las pequeñas empresas también pueden tener coberturas para enfrentar los efectos de una emergencia de este tipo, por lo que los propietarios deben revisar las condiciones específicas de sus contratos.

¿Cuándo una aseguradora puede negarse a pagar?

Carrillo fue enfático en que las compañías están obligadas a responder por los riesgos que aparecen contemplados en el contrato de seguro.

En este caso, si el daño fue provocado por un terremoto y la póliza contempla esa cobertura, no habría razón para negar el pago por tratarse de una catástrofe de grandes dimensiones.

Las excepciones aparecen cuando existen circunstancias contempladas en el contrato que excluyen la cobertura. Entre ellas están los daños provocados de manera intencional por el propio asegurado o cuando existe evidencia de mala intención.

Otra situación que puede impedir el pago es el incumplimiento en el pago de las cuotas de la póliza. Sin embargo, Carrillo explicó que en los seguros asociados a créditos de vivienda suele ocurrir que la entidad financiera mantiene al día la protección del inmueble.

Finalmente, el presidente de Seguros Bolívar destacó que las compañías cuentan con respaldo financiero y reaseguradores internacionales para enfrentar eventos de gran magnitud. En el caso de su empresa, señaló que cuenta con un patrimonio cercano a $5 billones y una calificación AAA, además del respaldo de reaseguradores de Suiza, Alemania y Estados Unidos.

De acuerdo con datos de Confecámaras, la Red de Cámaras de Comercio, en los cinco departamentos priorizados —Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas— se encontraban establecidas 269.786 empresas antes del terremoto. De estas, 250.628 son microempresas, lo que equivale al 93 % del tejido empresarial. Este dato revela la predominancia de pequeños negocios con pocas reservas financieras, que enfrentan grandes obstáculos cuando se trata de recuperarse tras una emergencia de gran magnitud.

El sismo representa, además, un reto considerable para el empleo en las zonas afectadas. Las empresas ubicadas en estos municipios suman 1.396.020 empleos formales, y fueron identificados 237.774 establecimientos. Una eventual interrupción prolongada en su funcionamiento podría disminuir los ingresos de miles de trabajadores, así como frenar la recuperación económica de las familias que dependen de estos empleos, advierte Confecámaras.

El mayor peso empresarial se ubica en las cámaras de comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia. Estos territorios concentran en conjunto 189.754 empresas y 1.152.119 empleos formales, representando el 70 % de las empresas y el 83 % de los puestos de trabajo de las áreas estudiadas por la Red de Cámaras de Comercio. En cuanto a los sectores económicos más afectados, el comercio ocupa el primer lugar, seguido de servicios, industria manufacturera y actividades profesionales y técnicas.

Chocó y Buenaventura, por su parte, muestran la menor densidad empresarial con apenas 16 y 21 empresas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Esta baja concentración señala una mayor vulnerabilidad de su tejido productivo. Frente a este panorama, Confecámaras ha implementado un proceso de caracterización para que empresarios reporten los daños sufridos, ayudando a identificar necesidades y facilitar medidas de recuperación. Si bien la atención a las víctimas sigue siendo prioritaria, la reactivación de los negocios será clave para el futuro económico de estos territorios.

¿Cuáles son los sectores económicos más afectados tras el terremoto en Colombia?

Según Confecámaras, el sector comercio es el que concentra la mayor cantidad de empresas en las regiones afectadas, seguido de servicios, industria manufacturera y actividades profesionales y técnicas. Esto implica que el impacto del terremoto podría sentirse en la oferta de productos, servicios esenciales y el empleo que dependen de estos sectores.

¿Cómo afecta la vulnerabilidad del tejido empresarial en Chocó y Buenaventura tras el sismo?

La baja densidad empresarial en Chocó y Buenaventura, con solo 16 y 21 empresas por cada 1.000 habitantes respectivamente, refleja una mayor fragilidad económica. Esta escasez de empresas incrementa la dificultad para recuperarse después de la emergencia, ya que hay menos opciones para sostener empleos y reactivar la economía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta medida transitoria beneficia tanto a personas naturales como a sucesiones ilíquidas domiciliadas en los municipios afectados. Se destacan las seccionales del Valle del Cauca, con cobertura especial para contribuyentes de Cali, Palmira, Tuluá y Buenaventura, además de municipios adscritos a las seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán. De acuerdo con la DIAN, también se extiende el beneficio a quienes deban presentar su declaración de renta por primera vez y se inscriban en el Registro Único Tributario (RUT), siempre que su domicilio corresponda a las zonas impactadas.

El nuevo cronograma establece que la fecha límite para presentar la declaración de renta dependerá de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT), excluyendo el dígito de verificación. Los vencimientos se distribuyen entre finales de octubre y el 13 de noviembre de 2026, comenzando con los NIT terminados en 01 y 02 el 27 de octubre y finalizando con 25 y 26 el 13 de noviembre. Por ejemplo, quienes tengan un NIT terminando en 03 o 04 podrán cumplir con la obligación tributaria hasta el 28 de octubre.

En cuanto a las obligaciones de retención en la fuente, la DIAN autorizó a agentes de retención y autorretenedores domiciliados en municipios afectados que la declaración mensual correspondiente a julio de 2026 se presente y pague en las fechas previstas para agosto. Se eliminan así intereses moratorios y sanciones por estos aplazamientos; los nuevos vencimientos inician el 9 de septiembre para los NIT terminados en 1 y cierran el 22 de septiembre para aquellos con terminación en 0. Sin embargo, la entidad resaltó que estas modificaciones no aplican para grandes contribuyentes y que los demás plazos continúan conforme al calendario original.

La DIAN enfatizó que los proyectos de decreto aún están sujetos a cambios, por lo que los contribuyentes deben mantenerse informados sobre la emisión de regulaciones definitivas. Resulta fundamental que quienes residan en municipios cobijados por la medida verifiquen la terminación de su NIT para identificar la nueva fecha que les corresponde, garantizando así el cumplimiento adecuado de sus deberes fiscales tras la emergencia.

¿Cuáles son las nuevas fechas para presentar la declaración de renta en zonas afectadas por el sismo?

Las nuevas fechas son escalonadas y dependen de los dos últimos dígitos del NIT, sin incluir el dígito de verificación. Los vencimientos inician el 27 de octubre para los NIT terminados en 01 y 02, y concluyen el 13 de noviembre para los terminados en 25 y 26, según información oficial de la DIAN. Consultar el cronograma es esencial para cumplir con las obligaciones tributarias en los plazos correctos.

¿A quiénes aplica el aplazamiento de obligaciones tributarias por la emergencia del 10 de agosto de 2026?

El aplazamiento cobija a personas naturales, sucesiones ilíquidas, agentes de retención y autorretenedores cuyos domicilios fiscales, al 10 de agosto, estaban en las zonas que la DIAN incluyó en la medida, lo cual abarca municipios de varias seccionales, principalmente del Valle del Cauca. No aplica para grandes contribuyentes ni fuera de los municipios estipulados en los proyectos de decreto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El departamento del Cesar fue reportado como el sexto con mayor incidencia de pobreza, alcanzando un 44,4 %. Si bien esta cifra representa una mejora de 3,4 % en comparación con el año 2024, las cifras continúan siendo alarmantes. Según el informe del DANE, aproximadamente 619 mil personas en el Cesar viven con ingresos mensuales inferiores a 422.694 pesos, valor que la entidad considera como el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas. Esto implica que, en promedio, cada persona dispone de cerca de 14.000 pesos diarios para subsistir, monto que debe ser suficiente para cubrir alimentación, arriendo, servicios públicos y transporte.

El informe también destaca el fenómeno de la pobreza extrema, también conocida como indigencia. En el Cesar, el 16 % de la población se encuentra en este nivel, lo que representa a 229 mil personas que sobreviven con menos de 214.994 pesos al mes, cifra insuficiente incluso para garantizar una alimentación adecuada. Esta realidad condena a quienes la padecen a vivir con apenas 7.100 pesos diarios, volumen que obliga a muchas familias a limitarse a una o dos comidas al día y a renunciar completamente a gastos como arriendo o servicios esenciales.

El informe señala, además, cómo el desempleo y la estructura familiar agravan la situación. Cuando el jefe de hogar en Cesar está sin trabajo, la pobreza alcanza el 72,9 %, pero se reduce al 38,7 % si esta persona accede a un empleo. El tipo de ocupación influye notablemente: mientras el 48,9 % de quienes trabajan por cuenta propia son pobres, el nivel de pobreza baja al 26,2 % en el caso de los asalariados. La cantidad de menores en el hogar es otro elemento clave. Vivir en un hogar con tres o más niños menores de 12 años incrementa la pobreza monetaria al 79,8 % y eleva el riesgo de pobreza extrema al 45,7 %. Por el contrario, en viviendas sin niños la pobreza disminuye considerablemente, situándose en 29,0 %, y en hogares unipersonales la incidencia baja al 14,5 %.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mide el Dane la pobreza monetaria y la pobreza extrema?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) define la pobreza monetaria como la situación en la que una persona o familia no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Por su parte, la pobreza extrema, también llamada indigencia, se refiere a quienes ni siquiera pueden acceder a los recursos mínimos para una alimentación adecuada. Estos umbrales de ingresos se actualizan cada año y varían según el costo de vida en diferentes regiones del país.

¿Qué factores aumentan la incidencia de pobreza en el Cesar según el último informe del DANE?

Según el informe del DANE, el desempleo del jefe de hogar, la informalidad laboral y la presencia de varios niños menores de 12 años en el interior de los hogares incrementan significativamente los niveles de pobreza en el Cesar. Asimismo, el tamaño de la familia y el tipo de empleo —asalariado o por cuenta propia— marcan una diferencia notable en la capacidad de los hogares para superar la línea de pobreza definida por la entidad.

Otros sectores emblemáticos no estuvieron exentos del impacto. En la Plaza de Bolívar existían, de acuerdo con el mismo registro, 3.009 negocios, mientras que el sector del Lago Uribe alojaba 1.767 comercios. En SanAndresito, más de 100 locales especializados en ropa, accesorios, teléfonos inteligentes y servicios técnicos conforman una red diaria de empleos y oportunidades que también sufrió las consecuencias.

La tragedia se hizo tangible para cientos de comerciantes. Por ejemplo, en Calcomanías ML, una empresa dedicada a la venta de repuestos y accesorios para motos, ocho personas dependían de sus actividades; calculan pérdidas que rondan los 300 millones de pesos como resultado del colapso de estructuras vecinas. Alejandra Pérez, representante de este local, relató para El Diario que, aunque lograron rescatar parte de la mercancía antes de ser saqueados, la mayoría quedó sepultada bajo los restos: “el muro del hotel de enseguida le cayó encima”.

Casos similares se repiten. Ricardo Cano, dueño de Muebles K’no, instalado desde hace tres años en la carrera 8 #12–16, contó que apenas pudo salvar el 20 % de su negocio, ya que “al ser este tipo de mercancía, con solo ensuciarse ya no se vende”. El panorama de los esposos Pavón, de Celumanía JD, resulta igualmente devastador: su local acabó completamente agrietado pero, afortunadamente, no había personas dentro: “mi única esperanza es que todo es para bien, Pereira es hermosa”.

Ferney Valencia, de Remates y más, narra cómo la evaluación técnica de su local concluyó que debían evacuar inmediatamente por el riesgo inminente de colapso. Un amigo les prestó una bodega para guardar lo que quedaba, pero muchas mercancías se dañaron en el proceso. Testimonios como estos reflejan el impacto emocional y económico que enfrentan las familias detrás de cada emprendimiento, mientras el histórico cruce comercial espera resurgir de sus ruinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios resultaron afectados en el centro de Pereira según la Cámara de Comercio?

De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad se contabilizaban 1.552 negocios y puntos comerciales. Además, en la Plaza de Bolívar existían 3.009 establecimientos, y el sector del Lago Uribe registraba 1.767 comercios. Estas cifras evidencian la magnitud del daño y la cantidad de negocios que enfrentaron pérdidas tras el desastre.

¿Cómo afectaron los daños estructurales a los comerciantes de Pereira?

Los daños estructurales ocasionaron que muchos comerciantes tuvieran que evacuar sus locales ante el riesgo inminente de derrumbe, lo que resultó en la pérdida de mercancía, la suspensión de actividades y daños económicos importantes. Testimonios como el de Alejandra Pérez, quien perdió mercancía sepultada bajo escombros, y el de Ricardo Cano, que solo logró rescatar una mínima parte de sus muebles, reflejan el profundo impacto que tuvo la emergencia no solo sobre los negocios, sino también sobre los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, la Dian aclara que declarar no significa necesariamente tener que pagar impuestos, pues el tributo se calcula sobre una base que resulta después de descontar costos, gastos y beneficios permitidos por la ley.

Para 2026, deben declarar quienes cumplan determinadas condiciones relacionadas con su patrimonio, ingresos, consumos, compras, movimientos financieros o responsabilidad frente al IVA.

Entre los topes establecidos están un patrimonio bruto igual o superior a $235.683.500 al 31 de diciembre de 2025, o ingresos, compras, consumos con tarjeta de crédito, consignaciones, depósitos o inversiones por $73.323.600 o más durante el año.

La obligación también puede aplicar a personas naturales, empresas, sociedades, compañías extranjeras con activos o ingresos en Colombia y sucesiones ilíquidas con bienes en el país.

Quienes deban declarar deben estar inscritos en el RUT y cumplir las fechas establecidas en el calendario tributario, determinadas según los dos últimos dígitos del documento.

La Dian recomienda revisar los plazos para evitar sanciones y recuerda que presentar la declaración no implica automáticamente generar un impuesto por pagar.

De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, en la zona del Parque de la Libertad existían 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Esta cifra evidencia la importancia del sector y la concentración de actividades económicas que sostenían a cientos de familias. No solo esta área resultó afectada. Otros sectores emblemáticos del centro, como la Plaza de Bolívar y el Lago Uribe, suman respectivamente 3.009 y 1.767 establecimientos comerciales, lo cual pone en relieve la magnitud de la afectación.

Para los empresarios y comerciantes afectados, la situación representa mucho más que una pérdida material. Por ejemplo, en Calcomanías ML, donde se venden repuestos y accesorios para motos, la pérdida estimada asciende a cerca de $300 millones y ocho personas dependen de este negocio, según revelaron a El Diario. Para otros locales, como Muebles K’no, la pérdida ha sido total, ya que, según palabras del dueño, “al ser este tipo de mercancía, con que solo se ensucie ya no se vende”. Lo anterior muestra el golpe irreversible a productos cuya reposición resulta inviable.

El impacto llegó a obligar mudanzas forzadas, como ocurrió con Celumanía JD, que debió trasladar parte de sus operaciones a Barranquilla, allá donde reside uno de sus socios, pues la continuidad en Pereira resultó imposible tras los daños sufridos. Las historias humanas detrás de las cifras reflejan el drama: quitar el aviso comercial se convierte en un acto doloroso que simboliza el cierre de un ciclo y la incertidumbre sobre el futuro laboral y personal.

El escenario de estos comercios históricos, atestados de silencio y angustia mientras se adelantaba la búsqueda de personas entre los escombros, contrasta con la habitual vitalidad de la peatonal de la 18 o el movimiento de locales en SanAndresito, donde existen más de 100 negocios enfocados en ropa, accesorios y electrónica.

Negocios de tradición familiar, como la Compraventa La 30, que operó por 40 años en el sector, desaparecieron junto a viviendas enteras. Los testimonios recogidos por El Diario retratan el dolor, la esperanza y la resiliencia ante la imposibilidad de anticipar lo ocurrido. Algunos pudieron evacuar parte de la mercancía antes de ser saqueados, otros apenas lograron rescatar el 20 % de lo que tenían, y varios debieron buscar refugio en bodegas prestadas por amigos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios fueron afectados en el sector del Parque de la Libertad de Pereira?

Según el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad había 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Esta cifra evidencia el alto grado de afectación en uno de los corredores más importantes del comercio en la ciudad, donde el cierre y destrucción de locales golpeó tanto la economía local como a las familias que dependían directamente de estos establecimientos.

¿Qué consecuencias tuvieron los daños en los comercios tradicionales de Pereira?

De acuerdo con los testimonios publicados en El Diario, las consecuencias incluyeron pérdidas económicas millonarias, como el caso de Calcomanías ML con cerca de $300 millones, desplazamiento de operaciones hacia otras ciudades, imposibilidad de venta de mercancía dañada y pérdida de negocios familiares de larga trayectoria. Además, muchos comerciantes se vieron obligados a evacuar por órdenes de ingenieros, mientras se apoyaban en amigos para guardar la mercancía restante, dejando una percepción de incertidumbre sobre el futuro del comercio local.

El golpe no solo afectó a este sector. Cifras de la Cámara de Comercio indican que la Plaza de Bolívar registraba 3.009 establecimientos y el área del Lago Uribe recogía 1.767 comercios. Estas cifras muestran la magnitud de la actividad afectada y la extensa red de empresarios y empleados que dependen del comercio local. El impacto llegó hasta sectores como la peatonal de la carrera 18, anteriormente reconocida por su colorido, y al sector de SanAndresito, con más de 100 locales dedicados a ropa, accesorios y tecnología.

Las historias detrás de los afectados reflejan el drama humano tras los números. Alejandra Pérez, de Calcomanías ML, relató cómo, después de cuatro años con su negocio, lograron rescatar algo de mercancía antes de que se produjera un saqueo y de que el muro de un hotel vecino colapsara sobre su local, lo que dejó pérdidas cercanas a los $300 millones y afectó a ocho personas que dependían económicamente del establecimiento. El acto de retirar el aviso comercial se convirtió en un momento simbólicamente doloroso para muchos, pues implicaba aceptar la difícil realidad.

En el caso de Ricardo Cano, propietario de Muebles K’no, establecido desde hace tres años, la situación fue devastadora: apenas pudo rescatar el 20 % de su inventario, al ser muebles que, con solo ensuciarse, pierden valor comercial. Para la familia Pavón de Celumanía JD, las grietas dejaron su local inhabitable, lo que los obligó a trasladar parte de la operación a Barranquilla. La experiencia no solo resquebrajó estructuras físicas, sino que erosionó la esperanza y las redes de apoyo construidas por décadas. Ferney Valencia, de Remates y más, se vio obligado a evacuar por orden de los ingenieros, logrando salvar mercancía mínima gracias a la solidaridad de amigos.

Además, la pérdida de negocios tradicionales como Compraventa La 30, con 40 años de historia familiar, representa una herida simbólica para el comercio y la memoria de la ciudad. Las calles antiguamente vivas permanecen en silencio, mientras la comunidad asimila la magnitud de las pérdidas y busca opciones para reubicarse y sostenerse en medio de este contexto desafiante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios y empresas se vieron afectados en el área del Parque de la Libertad y el centro de Pereira?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Pereira, se registraron 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales en el sector del Parque de la Libertad. Sumando otros sectores céntricos, como la Plaza de Bolívar con 3.009 establecimientos y el Lago Uribe con 1.767 comercios, el impacto total sobre la actividad empresarial es considerable y afecta a miles de personas dependientes de estos negocios.

¿Qué pérdidas económicas y humanas han experimentado los comerciantes desplazados por la emergencia en Pereira?

El drama de los comerciantes incluye desde la pérdida total de inventarios, como el caso de Muebles K’no cuyos muebles perdieron su valor al ensuciarse, hasta cuantificaciones puntuales de pérdidas como las que reportó Calcomanías ML, que calcula alrededor de $300 millones. Además, muchas familias han debido reubicarse, como los propietarios de Celumanía JD y Remates y más, dependiendo en gran medida de la solidaridad de amigos para recuperar algo de su actividad mientras buscan estabilidad frente a la crisis.

La iniciativa, que estará disponible hasta el próximo 14 de septiembre, se implementará en las marcas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, así como en las aplicaciones y plataformas digitales de la compañía. La oferta abarca alimentos de la canasta básica —como aceite, arroz, atún, café, azúcar, leche y agua—, artículos de aseo y opciones en categorías de ropa, calzado, electrodomésticos y productos para el hogar, incluyendo neveras, lavadoras, televisores, vajillas, toallas, cobijas y almohadas.

Los artículos participantes estarán debidamente identificados bajo los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable. El primero ofrecerá productos esenciales con tarifas bajas y estables durante ciclos de dos meses, mientras que el segundo agrupará referencias de marcas propias y nacionales que garantizan una favorable relación entre precio y calidad por un tiempo limitado.

“Este esfuerzo conjunto con más de 160 de nuestros proveedores nos permite ampliar el número de productos con precios altamente competitivos y acompañar a las familias colombianas. Estar más cerca de los colombianos es también ayudarles a tener mayor tranquilidad al momento de hacer sus compras en nuestras tiendas”, destacó Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito.

En paralelo a la medida comercial, la compañía y la Fundación Éxito pusieron en marcha un plan de asistencia para entregar ayuda alimentaria a 3.500 familias ubicadas en San José del Palmar (Chocó), Cali, Pereira y Manizales, zonas que resultaron fuertemente impactadas por el movimiento telúrico.

Asimismo, la organización habilitó canales para que los ciudadanos se sumen a esta labor solidaria mediante aportes a través de las “Goticas” disponibles en las tiendas físicas o mediante donaciones directas a la Fundación Éxito, combinando de esta forma el alivio al bolsillo de los consumidores con el respaldo activo a las comunidades que enfrentan las consecuencias del desastre.

La medida comenzará el 14 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso, con el objetivo de facilitar el envío de recursos a las familias damnificadas sin cobros por transacción.

La compañía, vinculada a la campaña nacional “Colombia, un solo Corazón”, pondrá a disposición su red de más de 25.000 puntos de atención en todo el país para fortalecer la distribución de ayudas y convertir sus oficinas en una red de apoyo para las comunidades afectadas.

Además, SuperGiros activará el convenio “Colombia Unida”, desarrollado junto con la fundación ProPacífico.

A través de esta alianza, los ciudadanos podrán realizar donaciones en efectivo en cualquier oficina de la empresa, sin importar si están bancarizados.

Los recursos serán administrados por ProPacífico y destinados inicialmente a la compra de artículos de primera necesidad y posteriormente a la reconstrucción de infraestructura comunitaria.

La iniciativa busca facilitar la llegada rápida y transparente de ayudas a las zonas más afectadas, sumándose a los esfuerzos del Gobierno, organizaciones sociales y empresas privadas para atender la emergencia y apoyar la recuperación de los territorios.

Al repasar la evolución reciente del dólar en el país, se observa que hace una semana, el 6 de agosto, la TRM se ubicaba en $3.179,40. Es decir, la referencia actual está $56,12 por debajo, una baja de 1,77%. El contraste es mayor si se toma como punto de partida el valor de hace un mes: el 13 de julio era de $3.248,87, por lo que la disminución se amplía a $125,59, es decir, casi 3,87%. Frente a la TRM registrada el 1 de enero de 2026, con $3.757,08, el cambio es considerable: $633,80 menos, lo que significa una variación de 16,87%. Al comparar con el valor de hace un año ($4.017,12), la reducción alcanza $893,84, una disminución del 22,25%, de acuerdo con datos informados por Noticias Caracol.

Durante agosto se han percibido jornadas mayoritariamente a la baja. Por ejemplo, el 4 de agosto la TRM era de $3.230,44; el 5 de agosto bajó a $3.204,51 y el 6 de agosto a $3.179,40. El valor permaneció prácticamente estable durante el fin de semana siguiente, hasta llegar a $3.125,47 el 11 de agosto y $3.121,07 el 12 de agosto, antes del leve repunte del 13 de agosto. Así, el precio se mantiene por debajo del inicio de mes.

En cuanto al mercado cambiario en Colombia, Noticias Caracol expone los precios promedios de las principales capitales. Bogotá presenta precios de compra y venta de $3.340 y $3.390, respectivamente; Medellín de $3.360 y $3.500; Cali de $3.200 y $3.350; Cartagena de $3.750 y $3.980; Cúcuta de $3.290 y $3.340; y Pereira de $3.730 y $3.800.

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, indicó que factores internacionales, como el mercado laboral en Estados Unidos y la situación geopolítica en Medio Oriente, influirán en el comportamiento del dólar. Lama resaltó que el dato del NFP (‘non-farm payrolls’ o nóminas no agrícolas) será clave para consolidar la tendencia a la baja, pero advirtió que una nueva escalada en el conflicto podría invertir este escenario para Colombia y otras monedas emergentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado el precio del dólar en Colombia durante agosto de 2026?

El precio del dólar en Colombia durante agosto de 2026 ha mostrado una marcada tendencia a la baja, con caídas diarias que llevaron a la TRM de $3.230,44 el 4 de agosto hasta $3.123,28 el 13 de agosto. Este comportamiento se refleja en una caída continua en los principales días hábiles del mes, según registros oficiales de sitios como Noticias Caracol.

¿Qué significa NFP y por qué es importante para el precio del dólar en Colombia?

NFP, sigla en inglés de ‘non-farm payrolls’ o nóminas no agrícolas, es un indicador del mercado laboral en Estados Unidos. Según Rodrigo Lama, de Global66, este dato tiene gran relevancia ya que puede influir directamente en el valor del dólar en mercados internacionales, afectando también la TRM en Colombia.

El nivel agregado de los embalses del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia cerró el mes de julio en 79,99 % de su capacidad útil, según el reporte de XM, operador del sistema eléctrico colombiano. Este resultado estuvo por debajo de la senda de referencia establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que fijó el valor en 81,88 % para ese mes. El informe de XM resaltó que las reservas de agua presentaron aportes inferiores al promedio histórico, completando cuatro meses consecutivos por debajo de ese indicador. A raíz de esta tendencia, la entidad subrayó la importancia del monitoreo constante y la ejecución de acciones conjuntas por parte de instituciones y agentes del sector para garantizar la seguridad y confiabilidad en el suministro de energía.

En los primeros 11 días de agosto, la situación de los embalses mostró una disminución adicional: el nivel agregado bajó a 78,49 %, cifra que representó una caída de 1,5 puntos porcentuales frente a julio. Los aportes hídricos también retrocedieron, situándose en 59,94 % de la media histórica. Para ese periodo, la senda de referencia de la CREG se elevó a 82,44 %, lo que mantuvo el nivel de los embalses 3,95 puntos por debajo del objetivo.

El comportamiento de los aportes hídricos presentó variaciones regionales. Oriente superó el promedio histórico con un 108,27 %, mientras que Valle, Centro, Antioquia, Caldas y Caribe reportaron cifras entre 54,04 % y 92,91 % respecto a sus medias históricas. Además, durante julio, hubo vertimientos de agua desde los embalses equivalentes a 338,89 GWh-mes, de los cuales Guavio concentró la mayor parte, seguido por Esmeralda e Ituango.

En ese contexto, la producción total de energía eléctrica llegó a 7.695,18 GWh durante julio. Un promedio diario de 248,23 GWh-día reflejó un aumento de 2,1 % respecto a junio y de 5,55 % en comparación con julio del año anterior. El 75,42 % de la energía provino de fuentes renovables, en su mayoría generación hidráulica (87,18 %), aunque se evidenció una reducción mensual de 4,41 %. Las plantas solares y eólicas incrementaron su aporte respecto a junio, mientras que entre los recursos no renovables destacó el crecimiento del uso de carbón, gas nacional e importado.

De acuerdo con XM, el monitoreo sobre el comportamiento de los embalses, los aportes hídricos y otras variables continuará, en coordinación con los agentes del mercado y las instituciones del sector, para asegurar la prestación del servicio eléctrico con calidad y minimizar riesgos energéticos.

¿Cómo afecta el bajo nivel de los embalses del Sistema Interconectado Nacional a la generación de energía?

El bajo nivel de los embalses puede comprometer la generación de energía hidroeléctrica, que es la principal fuente renovable en Colombia. Esto obliga a una vigilancia constante de los recursos disponibles y puede requerir mayores aportes de las fuentes no renovables como carbón y gas, incrementando los retos para la seguridad y confiabilidad del sistema, de acuerdo con el reporte de XM.

¿Qué significa que los aportes hídricos estén por debajo del promedio histórico y cómo se mide este indicador?

Según XM, los aportes hídricos representan la cantidad de agua que llega a los embalses respecto a la media histórica registrada para el periodo. Estar por debajo de este promedio indica menos disponibilidad de agua, afectando la capacidad de generación hidroeléctrica y debe ser considerado un factor de riesgo para el suministro energético.

Dentro de los anuncios principales, se destacan alivios temporales en el pago de servicios públicos destinados a hogares damnificados y la implementación de subsidios de arrendamiento para quienes resultaron sin vivienda. Según lo comunicado por el presidente Abelardo de la Espriella, estas acciones buscan ofrecer soluciones concretas durante el proceso de reconstrucción y aliviar la carga para las familias que, además de perder sus bienes, enfrentan la incertidumbre económica y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

La declaratoria de emergencia económica, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, habilita al gobierno para expedir decretos con fuerza de ley que permitan desplegar un abanico más amplio de ayudas. Entre las medidas económicas anunciadas se incluyen alivios tributarios, apoyos financieros y mecanismos de respaldo especialmente dirigidos a comerciantes y pequeños empresarios afectados, con el objetivo de evitar que los daños en la infraestructura empeoren la ya compleja situación económica de las regiones golpeadas.

Sumado a esto, el Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro. Este fondo tendrá la misión de canalizar recursos tanto nacionales como internacionales, destinados a la financiación de la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías, aeropuertos y demás infraestructuras primordiales dañadas por el sismo. Así mismo, se pondrán en marcha acciones para dinamizar la economía local, estimular la inversión y fomentar el empleo en las zonas afectadas.

Por su parte, el ministro de Hacienda confirmó el uso inmediato de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades y fortalecer la respuesta institucional. Asimismo, se gestionó un crédito de 450 millones de dólares ante el Banco Mundial para financiar las labores de emergencia, y se anunció el aplazamiento por un mes de los vencimientos de la declaración de renta de personas naturales, pasando las fechas de agosto a septiembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas económicas se anunciaron tras el terremoto en Colombia en agosto de 2026?

Tras el terremoto, las autoridades, según La Silla Vacía, anunciaron alivios en servicios públicos y subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas. Se contemplan apoyos financieros, alivios tributarios y recursos para comerciantes y pequeños empresarios. Además, se creó el Fondo Milagro para canalizar ayudas a la reconstrucción y se aplazó el vencimiento de la declaración de renta, junto con la gestión de un crédito de 450 millones de dólares ante el Banco Mundial.

¿Qué es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y cómo apoyará la emergencia?

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento del Gobierno destinado a financiar acciones de prevención y respuesta ante emergencias por fenómenos naturales. En este contexto, según información oficial, se utilizarán sus recursos para cubrir las necesidades urgentes de damnificados y reforzar la recuperación de las zonas afectadas tras el terremoto.

La iniciativa, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca promover el relevo generacional y facilitar el ingreso de nuevos trabajadores a las entidades públicas.

La medida también podría afectar al magisterio, debido a que contempla a docentes que ya reciben una pensión y permanecen vinculados al sector educativo. Por esta razón, sindicatos y representantes de los docentes siguen con atención el alcance de la propuesta.

Sin embargo, el decreto todavía no ha sido expedido y se desconoce su texto definitivo. Por ahora, tampoco está claro cuántos funcionarios serían cobijados, qué excepciones existirían ni cuándo comenzaría a aplicarse.

El Gobierno ha señalado que la iniciativa no busca eliminar las pensiones reconocidas ni afectar derechos adquiridos. El posible retiro estaría relacionado exclusivamente con la permanencia en los cargos públicos.

Actualmente, la Ley 1821 de 2016 establece los 70 años como edad de retiro forzoso para los servidores públicos, aunque existen condiciones que permiten a algunos pensionados continuar trabajando hasta alcanzar ese límite.

La nueva reglamentación podría modificar esas condiciones y establecer nuevas reglas para los pensionados que permanecen en el servicio estatal.

De acuerdo con Noticias RCN, la iniciativa tendría como uno de sus principales argumentos la necesidad de promover el relevo generacional en las entidades estatales. Esto implicaría que algunos trabajadores que ya cumplieron los requisitos para pensionarse tendrían que dejar los puestos que todavía ocupan.

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Uno de los sectores que más atención presta al proyecto es el educativo. La eventual salida de docentes pensionados es uno de los puntos que despierta preocupación entre organizaciones sindicales y representantes del magisterio, debido al posible impacto que tendría en las plantas docentes.

Por ahora, el decreto todavía no ha sido expedido y tampoco se conoce su versión definitiva. Por esa razón, aún no está claro cuántas personas quedarían cobijadas, qué excepciones contemplaría la medida o cuál sería la fecha para su entrada en vigencia.

Retiro forzoso de pensionados cambiaría condiciones laborales

La propuesta no estaría enfocada en quitarles la pensión a quienes ya tienen reconocido ese derecho, sino en modificar las condiciones bajo las cuales pueden permanecer trabajando para el Estado después de cumplir los requisitos para pensionarse.

En ese sentido, una persona podría conservar su pensión y seguir recibiendo la prestación económica, pero tendría que dejar el cargo público que ocupa. El debate, por tanto, se concentra en la continuidad laboral y no en la pérdida de derechos pensionales.

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La legislación colombiana ya establece una edad máxima para permanecer en determinados cargos públicos. Se trata de la Ley 1821 de 2016 elevó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso para quienes desempeñan funciones públicas, con las excepciones previstas en la normativa.

Además, la legislación permite que una persona que ya cumple los requisitos para pensionarse permanezca voluntariamente en su puesto hasta alcanzar la edad de retiro forzoso, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

Ese escenario podría cambiar si el Gobierno expide el nuevo decreto. La reglamentación determinará si se modifican las condiciones actuales y cuáles serán las reglas aplicables para los funcionarios pensionados.

En el caso de los docentes, todavía no existe claridad sobre posibles excepciones o disposiciones particulares. Los sindicatos esperan conocer el texto definitivo para determinar el alcance de la medida y sus efectos sobre el magisterio.

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Precisamente cuando comienzan los primeros vencimientos, el Gobierno anunció una modificación excepcional del calendario para contribuyentes afectados por el terremoto del 10 de agosto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que se aplazará durante un mes el cumplimiento de estas obligaciones para las personas ubicadas en las zonas de real afectación y dejó abierta la posibilidad de ampliar aún más el plazo si las circunstancias lo requieren.

“Hoy inicia el pago de impuesto de renta para personas naturales, vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos”.

El anuncio genera una pregunta inmediata para quienes tienen un vencimiento próximo: ¿cuándo cambia oficialmente el calendario de la Dian y desde qué momento los contribuyentes podrán acogerse al nuevo plazo de la Dian?

El anuncio por sí solo no modifica las fechas que actualmente aparecen en el calendario tributario. Guillermo Benítez, CEO de Foccus Consultores, explica que para que el aplazamiento tenga efectos jurídicos debe expedirse y publicarse el instrumento normativo correspondiente, con las condiciones concretas del beneficio.

“El anuncio por sí solo no modifica los vencimientos. Para que tenga efectos jurídicos, el Gobierno debe expedir el instrumento normativo correspondiente”.

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Según el experto, ese acto debe establecer con claridad quiénes serán beneficiarios, qué obligaciones se aplazan y cuáles serán las nuevas fechas. Hasta que la norma correspondiente entre en vigencia, los plazos ordinarios continúan siendo los que establece el calendario tributario.

Esto adquiere especial importancia porque los primeros vencimientos de renta comienzan justamente el 12 de agosto. La Dian estableció que las personas naturales y sucesiones ilíquidas deben presentar y pagar la declaración correspondiente al año gravable 2025 entre esa fecha y el 26 de octubre, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

El punto que deberá quedar definido en la norma es quién puede acceder al nuevo plazo. Benítez considera que podría utilizarse un criterio territorial para identificar automáticamente a los contribuyentes de las zonas afectadas, pero también debería contemplarse la situación de personas que, aunque no tengan su domicilio fiscal en uno de esos municipios, puedan demostrar una afectación directa ocasionada por el terremoto.

Entre esas circunstancias podrían estar la pérdida de información, daños en establecimientos, interrupciones de servicios, dificultades para acceder a documentos o problemas de movilidad derivados de la emergencia: “La afectación no necesariamente coincide con el domicilio fiscal”, explica el experto.

Sin embargo, Benítez considera que una regla territorial objetiva permitiría identificar con mayor facilidad a los beneficiarios y facilitaría tanto la aplicación como la fiscalización de la medida.

Esta es otra precisión que deberá quedar establecida. El anuncio del ministro de Hacienda se refirió al aplazamiento del pago de las obligaciones, pero el análisis tributario advierte que no debe darse por sentado que cualquier ampliación del pago modifica automáticamente el plazo para presentar la declaración.

“Un aplazamiento del pago no necesariamente implica el aplazamiento de la presentación”, señala Benítez.

Por eso, la norma que finalmente expida el Gobierno tendrá que precisar si el nuevo plazo cobija tanto la presentación de la declaración como el pago del impuesto a la DIAN, y cuáles obligaciones específicas quedarán incluidas.

La diferencia es importante para los contribuyentes que tienen fechas de vencimiento próximas, porque cumplir con una obligación dentro del plazo especial dependerá de que esta haya sido expresamente incluida en la modificación.

Si la norma amplía expresamente tanto el plazo para declarar como el de pagar, quienes estén cobijados por el beneficio y cumplan dentro de la nueva fecha no deberían generar sanciones por extemporaneidad ni intereses de mora derivados de haber utilizado ese plazo adicional, explica Benítez.

Pero el experto insiste en que la respuesta definitiva dependerá del contenido del acto que modifique el calendario.

La razón es que un aplazamiento tributario puede tener un alcance específico. No necesariamente cobija otras obligaciones que tengan vencimientos en el mismo periodo ni modifica automáticamente todos los deberes formales de un contribuyente.

Por eso, quienes tengan obligaciones adicionales deben revisar individualmente qué conceptos quedan incluidos en la eventual modificación.

Por ahora, quienes estén próximos a presentar su declaración deben tener presente que el calendario vigente de la DIAN sigue estableciendo los vencimientos entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

El Gobierno anunció que aplazará durante un mes las obligaciones para las personas afectadas, pero el alcance concreto dependerá del instrumento que formalice la medida.

Por eso, el dato clave no es únicamente que habrá una prórroga, sino cuándo quedará jurídicamente vigente, quiénes estarán incluidos y si modificará tanto la fecha de presentación como la de pago.

Mientras se conoce el acto definitivo, los contribuyentes no deberían asumir que su vencimiento individual ya cambió únicamente por el anuncio del ministro.

Así, el Gobierno ya puso sobre la mesa un alivio para los afectados por el terremoto, pero el detalle que falta para que realmente cambie el calendario de declaración de renta es la norma que convierta ese anuncio en una obligación jurídica aplicable a los contribuyentes.

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Por esta razón, además de evaluar los daños, es importante conocer qué ocurre con la deuda y si existe una cobertura que responda por las afectaciones y quite a las víctima sun dolor de cabeza más.

En este sentido, las créditos hipotecarios suelen estar asociados a un seguro sobre el inmueble, que contempla determinadas situaciones que pueden afectar la vivienda, entre ellas los movimientos sísmicos.

En caso de un terremoto, la cobertura y el monto que podría reconocer la aseguradora dependen de las condiciones establecidas en el contrato. Sin embargo, la protección depende de las condiciones específicas de cada póliza y de la evaluación que haga la aseguradora.

Lo primero que debe hacer el propietario es reportar los daños y revisar la póliza vinculada al crédito. La aseguradora será la encargada de evaluar el inmueble y determinar si los daños están cubiertos y cuál sería el monto de la indemnización, de acuerdo con las condiciones contratadas.

¿Qué hacer si su vivienda sufrió daños por el terremoto?

Si su casa o apartamento resultó afectado por el terremoto en Colombia, es importante dejar constancia de los daños y revisar las coberturas que podrían responder por el inmueble. Estos son algunos pasos que puede seguir:

1. Documente las afectaciones: tome fotografías y videos de las grietas, daños estructurales y demás afectaciones antes de iniciar reparaciones.
2. Reporte el daño a la aseguradora: si tiene un crédito hipotecario, comuníquese con el banco para conocer cuál es la compañía que tiene asegurado el inmueble y solicitar el proceso para reportar el siniestro.
3. Revise el valor asegurado: verifique en la póliza cuál es el monto contratado y qué tipo de daños ocasionados por un movimiento sísmico están incluidos en la cobertura.
4. Si vive en un conjunto, consulte la póliza: los propietarios de apartamentos también deben preguntar a la administración por el seguro de las zonas comunes y establecer si las afectaciones corresponden al inmueble privado o a áreas compartidas.
5. Espere la evaluación del inmueble: la aseguradora debe determinar el alcance de los daños y establecer, según las condiciones de la póliza, si procede una indemnización o algún otro tipo de cobertura.
6. No suspenda el crédito por cuenta propia: que la vivienda haya sufrido daños no significa automáticamente que desaparezca la obligación con el banco. Antes de dejar de pagar, consulte con la entidad financiera y conozca las alternativas disponibles para su caso.

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El crédito hipotecario no desaparece automáticamente

Un punto importante es que el daño de la vivienda no significa por sí solo que la deuda con el banco quede cancelada. El seguro funciona de acuerdo con la cobertura contratada y el procedimiento establecido para atender el siniestro.

En productos de seguro para deudores hipotecarios, existen coberturas frente a terremoto que pueden contemplar la indemnización del inmueble e incluso alternativas de alojamiento temporal cuando el daño obliga a desocupar la vivienda.

Por eso, antes de asumir reparaciones o tomar decisiones sobre el crédito, el propietario debe conocer qué cubre su póliza, cuál es el procedimiento para reportar el siniestro y qué documentación solicita la aseguradora.

¿Qué pasa si la vivienda quedó inhabitable?

Si los daños provocados por el terremoto son suficientemente graves para impedir que las personas permanezcan en el inmueble, la situación debe ser evaluada por la aseguradora mediante el proceso correspondiente. Algunas pólizas contemplan alojamiento temporal cuando el siniestro obliga a abandonar la vivienda.

El alcance de esa protección no es igual para todos los propietarios: depende de la póliza contratada, del tipo de crédito y de las condiciones particulares del seguro. Por eso, la revisión del contrato es fundamental antes de determinar qué gastos serán reconocidos.

La resolución de la CREG responde a la necesidad de reducir la demanda regulada para evitar problemas de abastecimiento, como la estrechez energética o incluso la posibilidad de apagones. Para ello, el programa diseñado será de carácter transitorio, excepcional y autofinanciado, pero su aplicación será automática, es decir, no requiere procedimientos adicionales por parte de los usuarios y no implica modificaciones en las fórmulas de cálculo de las tarifas eléctricas ni en los precios regulados vigentes de los comercializadores.

Un rasgo fundamental de este mecanismo es la fijación de una meta individual de consumo para cada usuario, construida con base en el historial de uso energético del consumidor y asignada en cada ciclo de lectura. Además, la población de usuarios se clasifica en categorías según su naturaleza y estrato: residenciales (estratos de 1 a 6), usuarios comerciales e industriales regulados. Este método permite evaluar y comparar los resultados de ahorro de manera más equitativa entre usuarios con características semejantes.

La resolución también estipula consecuencias directas para los usuarios según su comportamiento energético: quienes excedan su meta, pero no sobrepasen el 110 % de su consumo de referencia, no tendrán cobros adicionales. Sin embargo, si el consumo ultrapasa ese umbral, se aplicarán cargos incrementales basados en un factor que varía según el tipo de usuario: 1,30 para estratos 1 a 3, 1,50 para estratos 4 a 6 y 1,70 para usuarios comerciales e industriales regulados.

En contraste, los usuarios que logren una reducción importante en su consumo podrán acceder a incentivos, dentro del concepto llamado Consumo Ahorrado Reconocido (CAR). Este cálculo parte del 90 % de la meta individual y se limita a un máximo del 30 % de dicha meta. Los recursos obtenidos de los cargos adicionales serán usados para financiar estos incentivos a los mejores ahorradores. De acuerdo con la CREG, el programa no está diseñado para penalizar pequeñas fluctuaciones normales del consumo ni altera la libertad de los consumidores para elegir su comercializador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios trae el programa transitorio de la CREG para reducir el consumo de energía en Colombia?

La resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas introduce metas individuales de consumo, cobros adicionales para quienes superen ciertos límites y esquemas de incentivos para consumidores que reduzcan su uso energético. Estos ajustes buscan disminuir la demanda eléctrica y evitar riesgos de desabastecimiento, sin modificar las tarifas actuales ni restringir la libre elección de comercializador.

¿Cómo funcionan los incentivos y sanciones del programa de ahorro de energía de la CREG?

El sistema reconoce a los usuarios que logren reducir significativamente su consumo energético a través del Consumo Ahorrado Reconocido, otorgando incentivos a quienes consigan los mejores resultados en cada categoría. Por otro lado, se aplican cargos adicionales a los que exageren su consumo, según un factor definido para cada tipo de usuario, garantizando así una mayor responsabilidad en el uso de la energía eléctrica.

Como parte de su estrategia de ayuda, la compañía puso a disposición 12 toneladas de donaciones: siete toneladas de alimento para perros y gatos y otras cinco toneladas de ayudas humanitarias.

Además, habilitó tiendas en Bogotá, Cali y Medellín como puntos de recolección para recibir concentrado, alimento húmedo, snacks, medicamentos y guacales para animales, así como alimentos no perecederos y medicamentos para las personas damnificadas.

Los puntos de acopio están ubicados en cuatro zonas de Bogotá, dos en Cali y tres en Medellín.

La empresa también habilitó asesoría veterinaria virtual gratuita para familias cuyos perros o gatos hayan resultado afectados por el sismo.

A través de una línea de atención, los tutores podrán recibir orientación profesional sobre posibles lesiones, estrés, desorientación y otras consecuencias derivadas de la emergencia.

Laika invitó a clientes, colaboradores y ciudadanos a sumarse a la iniciativa mediante donaciones y difusión de la información.

En la actualidad, aunque en algunos corredores viales se brinda paso de forma controlada, las prioridades gubernamentales están orientadas a la atención de afectaciones y la distribución de ayudas. Los daños estructurales sobre las rutas continúan complicando el acceso al puerto. Colombia despacha aproximadamente un millón de sacos de café al mes; si se toma una semana como referencia, serían 250.000 sacos los que están en riesgo de retraso —más de 600 vehículos y cerca de 1.000 contenedores deberían estar en movimiento, pero ahora permanecen a la espera de soluciones.

La crisis se agrava porque, de acuerdo con el reporte, algunas de las regiones más golpeadas aún tienen fallas en la conectividad, el suministro eléctrico y otros servicios, haciendo muy difícil rastrear el estado preciso de toda la cadena logística. Para sortear las restricciones de Buenaventura, los exportadores evalúan alternativas como los puertos de Cartagena, Santa Marta y Puerto Antioquia; sin embargo, recurrir a estos terminales exige conseguir camiones y logística, justo cuando la demanda de transporte ha subido y otras carreteras clave, como la vía Letras-Fresno-Manizales, también sufren bloqueos por derrumbes.

El corazón cafetero del país, el Eje Cafetero —especialmente en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales y Cartago— se encuentra en el núcleo del problema, pues allí se concentra buena parte del procesamiento del grano antes de exportarse. Además, en departamentos como Huila y Tolima, donde los daños fueron menores pero la escasez de transporte es igual de crítica, el café listo para exportación permanece estancado en bodegas por falta de vehículos.

En consecuencia, algunas plantas de trilla han empezado a reducir operaciones para evitar la acumulación de producto sin salida. Si la crisis sigue, podría afectar la compra de café a los productores, comprometiendo todo el ciclo productivo. A esto se suma la preocupación de los exportadores sobre su capacidad para cumplir compromisos con clientes internacionales, ante la imposibilidad de hacer llegar el producto a tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales vías afectadas para la exportación de café colombiano?

Las restricciones en la red vial que conecta con Buenaventura y las afectaciones en rutas clave, como la vía Letras-Fresno-Manizales, han generado una crisis logística. Los derrumbes y daños tras el sismo han complicado el paso en varias zonas estratégicas para el transporte, frenando la logística de exportación del café colombiano.

¿Cómo impacta la falta de transporte en la cadena de exportación de café en Colombia?

La escasez de vehículos para transportar café desde las regiones productoras hacia los puertos, agravada por el mal estado de las carreteras, ha frenado el movimiento de cientos de miles de sacos. Esto genera acumulación en bodegas, ralentiza el procesamiento y puede afectar tanto la compra a los productores como el cumplimiento de compromisos con compradores internacionales.

Márquez detalló que, en la meseta de Ibagué, el precio de una carga estándar de 125 kilos de arroz paddy verde ronda los $178.000. Sin embargo, al desglosar los números, la situación es desalentadora para los agricultores: aunque una hectárea en condiciones normales podría dejar entre $7 y $9 millones de ingresos, los gastos asociados a su siembra y cosecha llegan a cifras cercanas a los $12 millones. Esto significa que, lejos de obtener utilidades, los productores suelen terminar en una constante pérdida económica. Márquez afirmó: “En cualquier parte donde usted mire la cifra no le da. En este momento el arroz, cuando usted comienza a sacar costos, logra eventualmente llegar a un punto de equilibrio, pero normalmente usted empieza a perder plata”.

El panorama se complica debido a que los agricultores continúan afrontando gastos aún cuando no hay cosecha. Estos compromisos incluyen el pago a trabajadores, servicios como el agua y otros desembolsos, lo que obliga a los productores a buscar nuevas siembras para mantener un flujo de caja y cumplir con sus obligaciones económicas. Según Márquez: “El agricultor necesita sembrar para poder tener flujo de caja para poder pagar las otras cosas que debe. No está porque la gente paga con lo que vende, no con lo que gana”.

Ante este escenario, el gremio demandó atención directa por parte del presidente Abelardo De La Espriella y del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Márquez insistió en que las decisiones sobre política agrícola no deben tomarse desde los despachos sin antes conocer la realidad de los territorios, sino que es fundamental que la información provenga directamente de los departamentos, para así acertar en las soluciones que se dicten desde Bogotá. De acuerdo con el dirigente, estas acciones permitirían construir alternativas más ajustadas a la verdadera situación del sector arrocero de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los productores arroceros del Tolima están en crisis económica?

La crisis económica de los productores arroceros del Tolima se debe principalmente a que los costos de producción superan ampliamente los ingresos obtenidos por las cosechas. Según información de El Nuevo Día recogida por Gabriel Márquez, aunque los ingresos por hectárea pueden oscilar entre $7 y $9 millones, los gastos llegan a los $12 millones, lo que genera pérdidas constantes y dificulta la sostenibilidad de la actividad agrícola en la región.

¿Qué piden los arroceros del Tolima al Gobierno Nacional?

El gremio arrocero de Tolima solicita que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Agricultura Indalecio Dangond, se acerque a las regiones para conocer directamente las problemáticas del sector. Proponen que la información para tomar decisiones de política agrícola se recoja en los departamentos, de forma que las soluciones sean más pertinentes y ajustadas a la realidad de los productores.

Según Díaz-Granados, CAF reaccionó de inmediato al enterarse de la situación en el país, canalizando la donación para apoyar en la estabilización de las áreas afectadas. Además, la entidad puso a disposición del Gobierno un préstamo de urgencia por 50 millones de dólares para iniciar labores de reconstrucción, una vez se concreten las necesidades y prioridades sobre el terreno. El ejecutivo planteó que esta oferta incluye acompañamiento técnico y asesoría para planificar y ejecutar la reconstrucción, según lo requiera el Estado colombiano.

Estos recursos extraordinarios hacen parte de un marco más amplio de financiamiento anunciado previamente por CAF: un paquete de 9.000 millones de dólares para Colombia a lo largo de cuatro años. El presidente de CAF detalló que parte de este financiamiento puede redirigirse a las zonas afectadas, dependiendo de la gravedad de los daños y las determinaciones del Gobierno. Las líneas de apoyo contempladas van desde infraestructura –como carreteras, puentes, aeropuertos, edificaciones públicas– hasta infraestructura social, que abarca colegios y hospitales; también puede incluir asesoría no reembolsable en estructuración de proyectos.

Díaz-Granados enfatizó que la reconstrucción debe enfocarse en soluciones resilientes, es decir, que tengan la capacidad de soportar futuros riesgos como los eventos sísmicos. El monto y las condiciones de los préstamos ofrecidos, entre los que se destaca un posible periodo de gracia de hasta cuatro años y plazos que podrían alcanzar veinte años, dependerán de la magnitud del daño y el tipo de infraestructura a reconstruir.

El funcionario explicó que los recursos podrán canalizarse a través de diversas entidades, ya sean el Gobierno nacional, departamentos, municipios o actores del sector privado, dependiendo de la estructura que se decida para la reconstrucción. También mencionó la posibilidad de crear un fondo específico para la reconstrucción, similar al que se utilizó tras el terremoto del Eje Cafetero en los años 90, donde CAF podría aportar no solo financiamiento sino también asistencia técnica y seguimiento. Incluso, se contempla la coordinación con otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para fortalecer la respuesta a la emergencia.

De acuerdo con Díaz-Granados, la atención humanitaria y el rescate de las comunidades afecta das son la prioridad inmediata, mientras se inician los análisis para determinar la ejecución y distribución de los recursos destinados a la reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recursos y líneas de financiamiento que ofreció CAF a Colombia tras el terremoto?

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ofreció una donación de 500.000 dólares para atención inmediata de la emergencia, un préstamo de urgencia por 50 millones de dólares y la posibilidad de redirigir parte del financiamiento total de 9.000 millones de dólares previamente anunciado. Estas líneas pueden aplicarse a infraestructura, obras públicas y sociales, así como apoyo técnico, dependiendo de las necesidades identificadas por el Gobierno nacional.

¿Qué significa infraestructura resiliente y por qué es importante en la reconstrucción tras un terremoto?

Infraestructura resiliente se refiere a edificios, vías y sistemas diseñados para resistir y recuperarse de eventos extremos, como terremotos. En este contexto, implica reconstruir hospitales, colegios y otros servicios con características que reduzcan su vulnerabilidad sísmica, priorizando la seguridad y funcionalidad para mitigar daños futuros, como explicó el presidente de la CAF.

El porcentaje supera en 6,9 puntos el promedio de los 15 países analizados, que fue de 47,4%.

Bolivia lideró el ranking con 82,2%, seguida por Ecuador (70,1%), Perú (69,8%), Guatemala (66,2%) y Paraguay (64,3%). En contraste, Uruguay presentó la menor informalidad, con 22,4%.

La OIT señala que la informalidad colombiana responde a múltiples factores, como la baja productividad, las dificultades para acceder a financiamiento y los altos costos de formalización.

El estudio estima que 65% de las empresas informales tendría capacidad para formalizarse, mientras 22% opera cerca del límite de supervivencia y 13% enfrenta condiciones de exclusión o barreras de entrada.

Aunque el desempleo bajó de 10,5% a 9,1% en el primer trimestre de 2026 y la ocupación aumentó a 58,2%, persisten problemas entre los jóvenes.

El desempleo juvenil llegó a 20,2% en 2025 y 59,1% de los jóvenes ocupados trabajaba informalmente. Además, persisten amplias brechas laborales entre hombres y mujeres.

El informe advierte que Colombia tiene prácticamente agotado su cupo de endeudamiento para 2026: el 97 % ya fue utilizado, dejando solo un 3 % de margen de maniobra.

El recaudo también muestra dificultades. A junio, los ingresos netos alcanzaron $285,78 billones, apenas el 51,9 % de lo previsto para todo el año, mientras los ingresos tributarios sumaron $153,17 billones.

Una parte importante de los recursos obtenidos provino del endeudamiento y la emisión de TES.

La deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó a $1.167,22 billones, equivalente al 60,3 % del PIB. Dentro de esta cifra, la deuda interna alcanzó $899,80 billones, después de aumentar $61,25 billones durante el primer semestre.

Además, el Estado enfrenta vencimientos e intereses por $62,39 billones entre 2026 y 2027. La Contraloría también cuestionó la baja ejecución de la inversión y el vencimiento de recursos destinados a proyectos.

El nuevo Gobierno deberá enfrentar estas restricciones fiscales mientras atiende las necesidades económicas derivadas del terremoto y busca mantener la estabilidad financiera del país.

En ese contexto, una de las acciones más relevantes es la activación de un crédito por hasta 450 millones de dólares estadounidenses con el Banco Mundial. Según la información oficial, estos recursos estarán disponibles antes de finalizar la semana, lo que dotará al Estado de una mayor capacidad financiera para enfrentar las consecuencias de la emergencia. El dinero gestionado será destinado a fortalecer la atención de las necesidades inmediatas, así como a respaldar los futuros procesos de recuperación en las regiones golpeadas.

Adicionalmente, el Gobierno determinó poner a disposición dineros provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y revisar partidas específicas del Presupuesto General de la Nación, con el fin de redirigir recursos tanto hacia la respuesta inmediata como hacia la reconstrucción de las áreas más afectadas. Según explicó el ministro Gómez Martínez, la declaratoria de emergencia económica habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos que están directamente relacionados con la crisis; esto incluye la reasignación temporal de dineros y la autorización de nuevos desembolsos, siempre bajo los controles y límites que establece la Constitución.

En conferencia de prensa, el jefe de Hacienda aclaró que, hasta el momento, el paquete de respuestas económicas no implica aumentar impuestos, lo que sugiere que la prioridad será realizar recortes y ajustes presupuestales para no crear nuevas cargas tributarias a la población. Como parte de las medidas de alivio, se anunció que el plazo para pagar el impuesto de renta de personas naturales en los departamentos afectados —Risaralda, Chocó, Quindío y Valle del Cauca— será extendido un mes.

Mientras tanto, entidades de socorro y autoridades nacionales evalúan la dimensión de los daños y las necesidades urgentes de las comunidades damnificadas, en espera de la entrada en vigor de estas medidas económicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la declaratoria de emergencia económica en Colombia tras un desastre natural?

La declaratoria de emergencia económica otorga al Gobierno de Colombia facultades extraordinarias para expedir decretos legislativos y adoptar medidas excepcionales centradas en la atención de la crisis, como reasignar recursos públicos y autorizar gastos adicionales. Estas facultades son temporales y están sujetas a los controles de la Constitución.

¿Cómo se usarán los US$450 millones del Banco Mundial para atender la emergencia?

Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el préstamo por 450 millones de dólares estadounidenses gestionado con el Banco Mundial será destinado a reforzar la capacidad financiera del Estado, cubriendo las necesidades inmediatas de las zonas afectadas y respaldando la recuperación y reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto.

La determinación de postergar el pago y la presentación de la declaración de renta responde a la compleja situación que enfrentan quienes han vivido el terremoto. Tal como expresó el ministro, “vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos”. Este aplazamiento adquiere especial relevancia dado que el calendario tributario ordinario establecía que las personas naturales debían cumplir con la declaración entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT (Número de Identificación Tributaria).

Sin embargo, el anuncio del Ministerio de Hacienda aún requiere la reglamentación formal por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) o el propio gobierno nacional. Allí se especificará oficialmente cuáles municipios y contribuyentes serán cobijados, cuáles serán las nuevas fechas y si el alivio aplica tanto a la declaración como al pago del impuesto. Por ahora, la obligación no desaparece: únicamente se extiende el plazo para quienes se han visto afectados por la emergencia.

Se recomienda a quienes viven o desarrollan actividades económicas en las zonas anunciadas que conserven toda la documentación necesaria para la declaración y sigan exclusivamente los canales oficiales de la DIAN para confirmar la fecha exacta cuando se expida la reglamentación. El cumplimiento de la obligación tributaria sigue vigente, solo que ha sido modificado temporalmente para quienes atraviesan esta emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A quiénes aplica el aplazamiento de la declaración de renta por el terremoto en Pereira?

El aplazamiento anunciado por el Ministerio de Hacienda beneficia a las personas naturales radicadas en las zonas declaradas como más afectadas por el sismo, entre ellas los departamentos de Risaralda, Chocó, Caldas y Valle del Cauca, incluido el municipio de Pereira. Sin embargo, la cobertura exacta y la lista definitiva de municipios se oficializarán luego de que la DIAN emita la reglamentación correspondiente.

¿Qué significa la reglamentación de la DIAN sobre el aplazamiento tributario tras el terremoto?

La reglamentación de la DIAN establece, de manera oficial y detallada, cómo operará el aplazamiento: define los municipios cobijados, determina las nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración de renta, e indica la forma en que los contribuyentes afectados deberán cumplir la obligación tributaria post-emergencia. Hasta su expedición, se recomienda consultar exclusivamente los comunicados oficiales de la entidad.

La decisión coincide con el inicio del calendario de vencimientos para la declaración y el pago de renta de personas naturales. “Vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos”, afirmó Gómez. El ministro añadió: “Si es necesario ir más lejos lo haremos”.

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¿Quiénes tendrán un mes más para pagar el impuesto de renta?

El alcance de la medida fue explicado por el exviceministro de Hacienda Juan Londoño, quien señaló que el beneficio corresponde a las personas naturales cuyo vencimiento para declarar y pagar renta se produzca durante este periodo. Entre los criterios para estar obligado a declarar están haber tenido ingresos superiores a 80 millones de pesos durante el año anterior o un patrimonio superior a 125 millones.

El Gobierno también descartó aumentar los impuestos para financiar las necesidades ocasionadas por la emergencia. Gómez sostuvo: “No vamos a subir impuestos. No lo vamos a hacer porque creemos que este presupuesto que está lleno de burocracia permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia”. Además, indicó: “Vamos a movernos primero, ajustando el presupuesto y no pidiéndole a los colombianos que asuman mayores impuestos”.

@larazoncoEl ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el pago del impuesto de renta para personas naturales será postergado durante un mes, como medida de alivio ante la emergencia causada por el terremoto. El funcionario aseguró que el Gobierno no aumentará impuestos y que priorizará recortes y ajustes al presupuesto para financiar la atención de la emergencia, al tiempo que cuestionó el alto gasto de funcionamiento y servicio de la deuda.

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El anuncio se conoce mientras el Gobierno revisa el proyecto de presupuesto de 2027. Gómez cuestionó el nivel de gasto heredado y afirmó: “Este presupuesto que estamos considerando hoy, refleja la crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual. Es altísimo en funcionamiento, en otras palabras, en gasto”.

Londoño respaldó la revisión de las cuentas públicas y señaló: “Yo creo que el ministro está actuando de la forma más responsable. No podemos seguir en el país aprobando presupuestos que no tienen cómo ejecutarse porque están desfinanciados”. También explicó que el Gobierno busca ajustar las prioridades presupuestales para 2027 y afirmó: “Lo que el ministro quiere hacer es ajustarlo y adicionalmente dirigirlo hacia las prioridades del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y no hacia las prioridades que tenía Gustavo Petro”.

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La situación no es sencilla, teniendo en cuenta que además de las personas que han perdido la vida, los daños estructurales son muy notorios y por eso hay alerta roja en la capital de Risaralda. 

Además, muchas personas perdieron su hogar, sus negocios y más, por lo que ahora comienza toda una etapa de reconstrucción que no será sencilla ni rápida.

Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella ya estuvo en Pereira haciendo un análisis de la situación y contando cuál es el paso a seguir para recomponer de alguna manera la ciudad, anunciando alivios para miles de pereiranos y residentes de Risaralda. 

En una rueda de prensa convocada por el mandatario, dijo que se expedirá un decreto para que por los siguientes tres meses los pereiranos tengan un alivio económico en los servicios públicos, que será de gran ayuda para que las personas vuelvan a ponerse de pie luego de esta tragedia.

“Se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, anunció el presidente.

Esto lo que permitirá es que las personas paguen menos por los servicios tales como agua, gas y luz y ese dinero ahorrado les sirva para reponer sus viviendas o sus negocios, luego de este desastre natural.

(Ver también: De la Espriella anunció ayuda (en plata) para afectados por terremoto, para cubrir gastos clave)

Por lo pronto, el presidente seguirá visitando los distintos puntos más afectados por el terremoto e irá anunciando las medidas necesarias en cada región para mitigar el impacto y ayudar a los ciudadanos más afectados.

De acuerdo con la institución, hay distintos tipos de multas que se van a aplicar, dependiendo sea el caso, en el inmediato plazo.

(Lea también: Bancos toman medidas en departamentos afectados por terremoto en Colombia y garantizarán acceso al dinero)

Por cuenta de esto, el no hacer la declaración de renta ante la Dian genera una multa mínima que se va incrementando dependiendo del tipo de falta, el tiempo que deje de presentarse y si hay sanciones o faltas extra.

Lo primero que habría que tener en cuenta es que la sanción mínima es del orden de los $524.000, lo que son cerca de 10 UVT; ese es el tope desde el cual se empiezan a fijar las sanciones.

Otras fuertes multas por no hacer la declaración de renta ante la Dian

Sanción por Extemporaneidad (presentación voluntaria con retardo)

• Con impuesto a cargo: Se liquida un 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin que el total supere el 100 % del impuesto.

Sin impuesto a cargo: Si la declaración da un saldo a pagar de cero, la multa corresponde al 0,5 % de los ingresos brutos del periodo por cada mes o fracción de mes de retardo, o al 1 % del patrimonio bruto en caso de no registrar ingresos.

Indica la Dian que en la sanción por no hacer la declaración de renta ante la Dian, y si la entidad emite un emplazamiento oficial, la multa puede alcanzar hasta el 20 % de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado.

¿Quiénes deben presentar la declaración de renta a la Dian?

Patrimonio bruto: Que la suma de todos los bienes (propiedades, vehículos, cuentas bancarias, ahorros, etc., sin descontar deudas) al 31 de diciembre de 2025 haya sido superior a $224.095.500 (4.500 UVT de 2025).

Ingresos brutos: Que la totalidad de los ingresos obtenidos durante el año 2025 (salarios, honorarios, arriendos, comisiones, ganancias ocasionales) sea igual o superior a $69.718.600 (1.400 UVT de 2025).

(Recomendado: Recaudo tributario en Colombia creció 11 % a junio a pesar de que ralentizó su avance)

Consumos con tarjeta de crédito: Que los pagos o compras realizados con tarjetas de crédito durante 2025 hayan superado los $69.718.600 (1.400 UVT).

Compras y consumos totales: Que el valor acumulado de todas las compras y consumos (efectivo, débito, transferencia o crédito) en el año sea superior a $69.718.600 (1.400 UVT).

Consignaciones o depósitos: Que la suma acumulada de las consignaciones bancarias, depósitos en cuentas, billeteras digitales (como Nequi o Daviplata) o inversiones financieras en 2025 sea mayor a $69.718.600 (1.400 UVT).

Desde julio de 2026, las más de 2.800 tiendas D1 ubicadas en 540 municipios de 28 departamentos comenzaron a operar como corresponsales bancarios para facilitar retiros de efectivo a clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas. La iniciativa permite retirar entre $10.000 y $600.000 por transacción mediante tarjeta física, en múltiplos de $10.000 y dependiendo de la disponibilidad de efectivo en la caja de cada establecimiento.

La dimensión territorial de esta alianza es especialmente relevante. D1 ha construido la red de tiendas más extensa del comercio colombiano, apoyada en un modelo de proximidad que le permite llegar tanto a las grandes capitales como a ciudades intermedias y municipios donde la infraestructura financiera tradicional puede ser limitada. Al incorporar estas tiendas a su ecosistema de corresponsales, Grupo Aval lleva sus servicios hasta lugares que ya forman parte de la rutina semanal de millones de hogares.

Para Banco de Bogotá, la operación fortalece una red presencial que supera los 36.000 corresponsales bancarios, sin que sea necesario realizar grandes inversiones en oficinas, cajeros automáticos o infraestructura bancaria convencional. Para D1, significa añadir una nueva razón de visita a sus establecimientos y avanzar desde el concepto de tienda de descuento hacia el de plataforma de servicios de proximidad.

La lógica comercial es sencilla: un consumidor que entra a retirar dinero puede terminar comprando alimentos, productos de aseo o artículos para el hogar. De la misma forma, quien inicialmente visita la tienda para hacer mercado puede aprovechar el recorrido para obtener efectivo. La integración disminuye desplazamientos, ahorra tiempo y concentra diferentes actividades en un único punto de atención.

Nubank sale de la pantalla y entra al comercio físico

El segundo movimiento que evidencia esta transformación es la alianza de Nubank con Oxxo y Farmatodo. El neobanco permitirá que sus usuarios realicen depósitos en efectivo y pagos de tarjetas de crédito en cientos de establecimientos físicos de estas dos cadenas.

La operación ampliaría la cobertura de Nu en más de 850 puntos adicionales. La información divulgada identifica alrededor de 630 tiendas Oxxo y 140 establecimientos Farmatodo dentro de la iniciativa, aunque estas cifras parciales suman 770 puntos, por lo que el detalle completo de la cobertura deberá precisarse conforme avance la implementación.

La alianza es estratégica para Nubank porque resuelve una de las principales limitaciones de los bancos completamente digitales: la relación con el efectivo. Aunque las transferencias inmediatas, las aplicaciones y los pagos electrónicos continúan ganando participación, una parte considerable de la economía colombiana todavía recibe ingresos, realiza compras y administra sus gastos en dinero físico.

Un cliente puede tener una cuenta digital, pero necesita lugares cercanos para depositar el efectivo que recibe o pagar el saldo de su tarjeta. Oxxo y Farmatodo proporcionan precisamente esa conexión entre el mundo digital y la calle, gracias a redes comerciales de alta frecuencia, horarios amplios y ubicaciones cercanas a zonas residenciales, oficinas y corredores de movilidad.

Nu ya atiende aproximadamente cinco millones de clientes en Colombia y ofrece productos como cuenta de ahorro, tarjeta de crédito y préstamos. La compañía forma parte de una plataforma financiera que supera los 135 millones de usuarios entre Brasil, México y Colombia. Su llegada a redes físicas no significa abandonar su naturaleza digital, sino complementarla con puntos de contacto que faciliten el manejo de efectivo y reduzcan las barreras de entrada para nuevos segmentos de consumidores.

Más tráfico y nuevas posibilidades de conversión

Para Oxxo y Farmatodo, la alianza puede convertirse en un generador adicional de tráfico. Ambas cadenas operan formatos de conveniencia caracterizados por compras rápidas y frecuentes. Oxxo se concentra en bebidas, alimentos, consumo inmediato y soluciones de proximidad, mientras Farmatodo combina medicamentos, cuidado personal, belleza, productos para bebés, alimentos y artículos para el hogar.

La incorporación de servicios financieros puede incrementar las visitas de clientes que inicialmente no tenían intención de comprar. El reto para las cadenas será convertir una parte de esas operaciones bancarias en ventas adicionales mediante una adecuada ubicación de productos, promociones cruzadas y categorías de impulso cercanas a las cajas.

Sin embargo, el valor de estas alianzas no debe evaluarse únicamente por la venta inmediata. Cada transacción contribuye a incrementar la utilidad percibida de la tienda. Cuando un establecimiento permite comprar, retirar dinero, depositar efectivo o pagar una tarjeta, aumenta su relevancia dentro del entorno cercano y fortalece su posición como punto de solución cotidiana.

Este fenómeno puede ser especialmente importante en municipios pequeños y sectores periféricos, donde una tienda de cadena cuenta con mayor presencia y horarios más amplios que una oficina bancaria. El comercio se convierte así en una extensión de la infraestructura financiera del país y en un instrumento para reducir las distancias entre los consumidores y los servicios formales.

La tienda como plataforma de servicios

Las alianzas también muestran dos caminos diferentes de integración entre la banca y el retail. Grupo Aval utiliza la red de D1 para ampliar el alcance territorial de instituciones financieras tradicionales. Nubank, por su parte, recurre a Oxxo y Farmatodo para darle presencia física a una plataforma nacida en el entorno digital.

En ambos casos, el establecimiento comercial se convierte en el punto donde convergen la economía física y la digital. Las tiendas aportan ubicaciones, flujo de personas, horarios, personal y confianza cotidiana. Los bancos aportan tecnología, clientes y nuevas transacciones. El resultado es una relación en la que cada participante aprovecha la infraestructura y las fortalezas del otro.

Para el retail, operar servicios bancarios también implica desafíos. Las compañías deberán garantizar disponibilidad de efectivo, capacitación del personal, estabilidad tecnológica, seguridad y rapidez en las cajas. Si una operación financiera genera filas prolongadas o afecta la experiencia de compra, el beneficio puede convertirse en una dificultad operativa. Por ello será necesario diseñar procesos sencillos y medir permanentemente su impacto sobre los tiempos de atención.

También existe una oportunidad para conocer mejor las nuevas ocasiones de visita. Aunque la información bancaria debe permanecer protegida y separada, las cadenas pueden analizar variables operativas como horarios de mayor demanda, frecuencia de transacciones y comportamiento de compra asociado. Esto permitirá ajustar surtidos, programación de personal y estrategias promocionales.

Lo que está ocurriendo con D1, Oxxo y Farmatodo anticipa una nueva etapa para el comercio colombiano. Las tiendas dejarán de competir exclusivamente por precio, surtido o ubicación y comenzarán a diferenciarse por la cantidad de necesidades que pueden resolver durante una visita.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, estas alianzas demuestran que la infraestructura física del comercio conserva un enorme valor en medio de la digitalización. “La banca necesita la cercanía, la frecuencia y la capilaridad territorial que han construido las cadenas de retail, mientras los comercios encuentran en los servicios financieros una oportunidad para aumentar el tráfico y profundizar su relación con los consumidores. La tienda del futuro no será únicamente un lugar para comprar productos, sino un centro de soluciones conectado con la vida cotidiana de las comunidades”.

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Ante este escenario, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá hizo un llamado a administradores, consejos de administración y propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal para que activen los mecanismos disponibles y prioricen la seguridad de quienes habitan las edificaciones.

La recomendación cobra especial importancia para quienes viven en conjuntos residenciales o edificios que pudieron presentar daños a causa del movimiento telúrico. Antes de permitir el ingreso o permanencia de residentes en una estructura afectada, es necesario contar con las evaluaciones técnicas que determinen si existen condiciones adecuadas de seguridad.

Lina María Torrado, presidente ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, señaló que, además de atender de manera inmediata a las personas, las copropiedades deben actuar con rapidez para proteger las viviendas y el patrimonio de las familias.

¿Qué deben hacer administradores de conjuntos después del sismo?

La Lonja recomienda que las administraciones comiencen por reportar el siniestro ante la compañía aseguradora y soliciten la inspección correspondiente para establecer el alcance de las afectaciones.

“Hacemos un llamado a los administradores y órganos de administración de las copropiedades para que activen los mecanismos de protección con los que cuentan y adelanten las gestiones necesarias frente a las aseguradoras”, indicó Lina María Torrado, presidente ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

También es importante revisar si el seguro contratado contempla coberturas adicionales. Dependiendo de las condiciones de cada póliza, podrían existir protecciones relacionadas con gastos de alojamiento temporal para familias que no puedan permanecer en sus viviendas.

Otro punto clave es la evaluación de los daños. Si existen señales que puedan comprometer la estructura del edificio, no se debe autorizar el ingreso o la permanencia de residentes hasta contar con los conceptos técnicos necesarios que permitan establecer si el inmueble es seguro.

Una vez determinadas las intervenciones necesarias, la administración deberá adelantar las reparaciones que correspondan y adoptar las medidas necesarias para reducir riesgos adicionales y proteger los bienes de los propietarios.

En resumen, el gremio recomienda:

• Revisar inmediatamente las pólizas vigentes y verificar las coberturas aplicables a los daños ocasionados por el terremoto.
• Reportar oportunamente los siniestros a las compañías aseguradoras y solicitar la inspección y valoración de los daños.
• Verificar las coberturas adicionales contratadas que puedan resultar pertinentes, incluyendo, cuando estén contemplados en la póliza, gastos asociados al alojamiento temporal de las familias afectadas.
• Adelantar las reparaciones y obras que correspondan para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y preservar el patrimonio de los propietarios.
• Contar con los conceptos y evaluaciones técnicas correspondientes antes de autorizar el ingreso o permanencia de personas en edificaciones que hayan sufrido daños estructurales.
• Mantener informados a los copropietarios sobre las actuaciones adelantadas por la administración, el estado de las reclamaciones y las medidas de seguridad adoptadas.

¿Qué bienes del conjunto están protegidos por el seguro?

En una copropiedad existen elementos que hacen parte de los bienes comunes, entre ellos estructuras, cimientos, fachadas, cubiertas y determinadas instalaciones y áreas compartidas. Su protección resulta fundamental para garantizar la estabilidad y conservación de la edificación.

Por eso, después de una emergencia como la registrada este lunes, conocer qué cubre la póliza y activar a tiempo el procedimiento de reclamación puede facilitar la atención de los daños y la recuperación del inmueble.

La Lonja también pidió que, una vez atendida la emergencia inmediata, administradores, consejos de administración y propietarios revisen sus medidas de prevención y mantenimiento, así como los mecanismos de aseguramiento, con el propósito de fortalecer la preparación de los conjuntos residenciales frente a futuros eventos naturales.

Mientras se adelantan estas gestiones, la prioridad debe mantenerse en la seguridad de las personas. Las decisiones sobre el ingreso a edificaciones que presenten daños deben estar respaldadas por las evaluaciones técnicas correspondientes y por las instrucciones de las autoridades competentes.

Con el propósito de priorizar la seguridad física y el bienestar de los usuarios y colaboradores, la entidad confirmó el cierre temporal de sus oficinas físicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

Pese a la suspensión temporal del servicio en sucursales presenciales de esta región, el banco garantizó el pleno acceso a los recursos y la continuidad del servicio financiero a través de canales alternativos digitales y presenciales.

(Vea también: Critican a Petro por trino que publicó luego del terremoto en Colombia hoy: “No sea miserable”)

Reembolso de costos en cajeros y funcionamiento de tarjetas

Para facilitar la disposición de efectivo durante la contingencia, la entidad financiera habilitó su red de cajeros automáticos a nivel nacional y desplegó un beneficio especial para los usuarios afectados:

• Devolución de costos en cajeros: los clientes podrán realizar retiros de efectivo y consultas no solo en los cajeros de Davivienda, sino también en la red de cajeros automáticos de otras entidades bancarias, y la entidad reintegrará los costos asociados a dichos retiros en efectivo.
• Medios de pago: Davivienda confirmó que tanto las tarjetas de débito como de crédito operan con total normalidad para compras físicas y transacciones electrónicas.

Davivienda hace anuncios hoy: canales digitales habilitados las 24 horas

En materia transaccional, el banco ratificó la estabilidad de su ecosistema tecnológico. La ‘app’ Davivienda y la plataforma web oficial (davivienda.com) se encuentran 100% operativas durante las 24 horas del día para realizar transferencias, consultas de saldo, pagos de servicios y demás trámites operativos de manera remota y sin desplazamientos.

Davivienda reiteró su solidaridad con la población afectada e informó que mantendrá un monitoreo permanente de la situación en las zonas de impacto para comunicar de forma oportuna la reapertura gradual de sus oficinas físicas tan pronto existan condiciones de seguridad.

El Ministerio señaló que, junto a los distintos actores del sector, está desplegando operativos de verificación y evaluación de la infraestructura eléctrica, así como valorando alternativas que permitan el restablecimiento seguro del suministro. La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango, enfatizó en que el proceso de recuperación prioriza la protección de la ciudadanía. El recorte en la demanda eléctrica ocurre en medio de interrupciones del servicio reportadas en algunos puntos del territorio nacional, obligando a las autoridades a intensificar el monitoreo sobre la evolución del sistema y las medidas necesarias para recuperar el suministro en las áreas donde se presenta demanda no atendida.

Dentro de los informes preliminares presentados por otras entidades, la Gobernación de Antioquia reportó completa normalidad en Hidroituango, reconocida como una de las principales centrales hidroeléctricas del país. En esa misma línea, Isagen dio parte de normalidad en Hidrosogamoso, la importante central ubicada en el departamento de Santander. Estos comunicados forman parte de la información proporcionada sobre el estado actual de la infraestructura asociada al sistema de generación eléctrica después del sismo.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que el monitoreo del sistema eléctrico continuará y que las actualizaciones sobre su comportamiento y estado serán divulgadas conforme avance la evaluación de daños. La entidad recalcó que se informará con responsabilidad sobre cualquier novedad y que las acciones de restablecimiento del servicio se ejecutarán priorizando la protección de las personas afectadas. Por último, el Ministerio expresó su solidaridad con las comunidades y familias impactadas por el terremoto y reiteró su compromiso en la recuperación rápida y segura del suministro eléctrico en los departamentos donde se han presentado mayores afectaciones.

¿Por qué se redujo la demanda de energía eléctrica en Colombia tras el terremoto?

La reducción del 18 % en la demanda de energía eléctrica declaró el Ministerio de Minas y Energía, se debe a la demanda no atendida en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Esta disminución está relacionada con las interrupciones del servicio producto de los daños en la infraestructura eléctrica luego del terremoto, mientras se realizan revisiones técnicas y se establecen acciones para restablecer el suministro.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Minas y Energía ante los daños provocados por el terremoto?

El Ministerio, junto con los actores del sector eléctrico, está verificando el estado de la infraestructura eléctrica y evaluando alternativas para avanzar en la recuperación del servicio. De acuerdo con la ministra María Nohemi Arboleda Arango, las labores de restablecimiento se realizan priorizando la seguridad de las personas, y se continuará informando sobre los avances a medida que se evalúen los daños y se implementen soluciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Entre las opciones presentadas, los viajeros tendrán la oportunidad de reprogramar la fecha de su vuelo hasta 15 días después de la jornada original, sin que deban pagar penalidades ni asumir diferencias en las tarifas. También existe la posibilidad de cambiar la ruta hacia otro destino nacional sin cobros adicionales; sin embargo, quienes opten por esta alternativa deberán hacerse cargo por cuenta propia del traslado hacia o desde el nuevo destino seleccionado.

Otra alternativa relevante es solicitar el reembolso del valor del tiquete, siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por Avianca. Según detalló la empresa, estas medidas de flexibilidad cubren tanto el trayecto impactado como el vuelo de retorno, incluso si los tiquetes de ida y regreso se encuentran en reservas separadas, siempre y cuando todos los trayectos involucrados sean operados y comercializados directamente por Avianca.

La aerolínea recomendó a todos sus pasajeros que consulten en primer lugar el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse a los diferentes aeropuertos. Para ello, la compañía invitó a revisar la información mediante su página web, su aplicación móvil y los otros canales oficiales de atención. La recomendación de Avianca responde a las posibles alteraciones que pueden surgir a raíz del fuerte movimiento sísmico, que fue percibido en distintas zonas del país y que ocasionó inconvenientes en la operación de algunos aeropuertos.

Finalmente, la empresa reiteró que continuará monitoreando atentamente el desarrollo de la situación para ofrecer información precisa y oportuna a los viajeros, pues las condiciones operacionales pueden variar conforme evoluciona la emergencia causada por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de protección que ofrece Avianca para viajeros afectados por sismos?

Avianca ofrece a sus pasajeros la posibilidad de reprogramar su viaje sin penalidades ni diferencias tarifarias hasta quince días después de la fecha original, cambiar la ruta a otro destino nacional sin cobro adicional y solicitar el reembolso, siguiendo los procedimientos de la compañía. Todas estas medidas aplican siempre y cuando los trayectos sean operados y comercializados por Avianca y el tiquete sea para vuelos nacionales programados el 10 de agosto de 2026.

¿Cómo consultar el estado de un vuelo de Avianca tras los sismos en Colombia?

La aerolínea recomienda a los pasajeros revisar el estado actualizado de sus vuelos a través de su sitio web oficial, la aplicación móvil y demás canales oficiales antes de desplazarse a los aeropuertos, para evitar inconvenientes causados por las afectaciones derivadas del sismo y los cambios en la operación aeroportuaria.

Las seis empresas analizadas —OXXO, Dislicores, Miniso, Dufry, Librería Nacional y Foto Japón— registraron ingresos operacionales conjuntos por $3,44 billones con cierre a  2025,  a continuación el análisis de cada una.

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OXXO: la especialidad de resolver lo cotidiano

OXXO lideró la categoría con ingresos por $1,36 billones, un crecimiento de 34,0 % frente a 2024. La compañía terminó 2025 con 597 tiendas en Colombia. Su especialidad no está concentrada en una sola familia de productos, sino en la conveniencia: ubicaciones cercanas, horarios extendidos, alimentos listos para consumir y servicios digitales y financieros. FEMSA ha reforzado en Colombia el formato 24 horas, la oferta de alimentos de consumo inmediato y las soluciones de pagos y remesas. Su principal ventaja competitiva es la densidad de la red, que le permite capturar compras pequeñas, inmediatas y frecuentes cerca de los lugares de residencia, trabajo y movilidad de los consumidores. El reto será continuar creciendo sin deteriorar la productividad por establecimiento y adaptar el surtido a las características de cada zona.

Dislicores: conocimiento, surtido y experiencia

Dislicores registró ingresos por $1,29 billones, con un aumento de 20,4 %. La marca termino con cerca de  41 tiendas distribuidas en 19 ciudades del país. Su modelo depende menos de la frecuencia diaria y más del valor de cada transacción. Para ello, combina licores populares y productos de alta gama con asesoría, catas, maridajes, sommeliers, bartenders, regalos empresariales y soluciones para celebraciones y eventos.

La tienda física de Dislicores funciona simultáneamente como vitrina, centro de conocimiento y punto de recogida para las compras realizadas a través de canales digitales. Esta integración le permite competir no solamente por precio, sino también por disponibilidad, recomendación y capacidad para construir una experiencia completa alrededor del consumo de bebidas. Su oportunidad está en profundizar el conocimiento de sus clientes para personalizar recomendaciones, anticipar ocasiones de consumo y elevar el valor promedio de las compras.

Miniso: convertir la novedad en tráfico

Miniso alcanzó ingresos por $375.361 millones, 12,6 % más que en 2024. Termino el 2025 en Ibagué con su tienda número 100, alcanzando presencia en 30 ciudades. Su estrategia combina diseño accesible, alta rotación de mercancía, licencias internacionales y colecciones que convierten personajes, temporadas y tendencias culturales en razones recurrentes de visita.

Su fortaleza principal de Miniso ocurre principalmente en la velocidad: identificar una tendencia, llevarla rápidamente a las tiendas y estimular compras no planeadas mediante vitrinas llamativas, exhibiciones temáticas y productos coleccionables. La expansión hacia ciudades intermedias también le permite encontrar nuevos mercados con menor saturación y creciente actividad comercial.

Dufry: rentabilizar cada pasajero

Dufry Colombia, integrada a la plataforma global Avolta, obtuvo ingresos por $280.605 millones, un crecimiento de 34,3%. Su operación en el país llega a  diez locales y cerca de 3.200 m² de superficie comercial en el aeropuerto El Dorado, entre establecimientos libres de impuestos, comercio gravado, boutiques especializadas y formatos de conveniencia.

Su modelo es diferente al de las demás compañías analizadas porque no depende principalmente de consumidores residentes, sino de pasajeros con tiempo limitado y alta exposición a marcas internacionales. La estrategia combina ubicaciones de tráfico cautivo, surtidos de perfumería, cosméticos, licores, alimentos y accesorios, productos exclusivos, reserva digital, recogida en tienda y programas de fidelización. Su productividad depende de variables como el número de pasajeros, la conversión de viajeros en compradores y el gasto promedio por pasajero.

Librería Nacional: la curaduría frente al algoritmo

Librería Nacional reportó ingresos por $101.096 millones, un crecimiento de 11,2 %. La compañía cuenta con 31 puntos de venta en seis ciudades, maneja más de 60.000 referencias y recibe un promedio de 500 novedades mensuales.

Su reto consiste en competir contra plataformas digitales y otros formatos comerciales que ofrecen libros como una categoría adicional. Por ello, su ventaja debe concentrarse en aquellos atributos que un algoritmo no reproduce completamente: recomendación humana, selección editorial, lanzamientos, encuentros con autores y espacios de conversación cultural.

La integración de cafeterías y heladerías en algunas sedes, junto con la tienda virtual, muestra una estrategia orientada a ampliar el tiempo de permanencia y conectar el descubrimiento físico con la disponibilidad digital. La librería deja así de ser únicamente un lugar para comprar libros y se convierte en un espacio de encuentro y formación de comunidades.

Foto Japón: reinventarse después del rollo fotográfico

Foto Japón cerró con ingresos por $12.629 millones, con un crecimiento del 9,9%. Actualmente tiene  14 puntos de atención en Bogotá, Chía, Mosquera y Medellín.

La compañía ha tenido que transformar radicalmente su especialidad. Pasó del revelado masivo de rollos a la impresión digital, los álbumes, retablos, lienzos, regalos personalizados, revelado analógico, cámaras profesionales y accesorios.

Su oportunidad está en convertir las miles de fotografías almacenadas en los teléfonos celulares en objetos físicos y emocionales. Para conseguirlo deberá facilitar los pedidos digitales, reducir los tiempos de entrega y comunicar mejor una propuesta que conserva un importante reconocimiento de marca, pero participa en un mercado mucho más reducido que el existente durante la época de la fotografía analógica.

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De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “el Mapa Nacional del Retail 2026 demuestra que no existe una sola fórmula para triunfar en el comercio de especialidad. OXXO y Miniso crecen mediante escala, frecuencia y renovación; Dislicores y Librería Nacional construyen autoridad a partir del surtido y el conocimiento; Dufry convierte el tráfico de viajeros en ventas; y Foto Japón busca transformar la nostalgia en servicios de personalización”.

“El gran desafío para todos estos jugadores será evitar que la tienda se limite a exhibir productos. El punto de venta deberá funcionar como espacio de asesoría, experiencia, comunidad y conexión con los canales digitales, porque en un mercado donde casi cualquier artículo puede encontrarse en línea, la especialidad debe ofrecer una razón clara para comprarlo precisamente allí”, concluyó Vargas Brand.

El dólar pasó de niveles superiores a $4.000 el año pasado a ubicarse alrededor de $3.200, con mínimos cercanos a $3.100, una reducción superior al 20 %.

Cafeteros, floricultores, bananeros, azucareros, palmicultores y productores de aguacate hass advierten que la situación amenaza su rentabilidad y competitividad.

En conjunto, estos sectores representan más de US$10.200 millones en exportaciones y cerca de 2,5 millones de empleos formales.

Los cafeteros calculan que han dejado de recibir hasta $690.000 por carga, mientras que las flores pierden cerca de $240.000 millones por cada $100 que cae la tasa de cambio.

En el banano, los productores consideran que un dólar inferior a $3.550 compromete la rentabilidad y podría generar pérdidas operacionales por $286.000 millones en la región Caribe. Por su parte, el sector azucarero estima pérdidas de unos $100.000 millones durante el primer semestre de 2026.

Los gremios piden al nuevo Gobierno medidas como coberturas cambiarias, financiación, apoyo directo y estrategias para fortalecer la competitividad exportadora.

Tras consolidarse entre personas naturales, la plataforma del Banco de la República ya supera los 35,5 millones de usuarios, 111 millones de llaves y 1.320 millones de transacciones, por un valor cercano a $201 billones.

Ahora, la apuesta está en facilitar los pagos y recaudos empresariales mediante herramientas que permiten recibir dinero desde cualquier banco o billetera digital, con disponibilidad inmediata, conciliación automática y operación las 24 horas.

Esto beneficia a colegios, universidades, conjuntos residenciales, empresas de servicios, comercios y otros negocios al mejorar su liquidez y reducir costos administrativos.

Las entidades financieras están desarrollando soluciones con códigos QR interoperables. AV Villas espera vincular 17.000 empresas; BBVA trabaja con Credibanco para ampliar los pagos en más de 30.000 comercios, mientras Santander, Banco Caja Social, Banco Popular, Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y otras entidades fortalecen sus servicios empresariales.

El objetivo es reducir el uso de efectivo y simplificar los pagos. La siguiente fase podría ser la conexión de Bre-B con sistemas internacionales para habilitar transferencias transfronterizas inmediatas.

Sin embargo, al hacer la lupa en la dinámica mensual, el panorama muestra un respiro para los consumidores: entre junio y julio, el valor promedio cayó un 5,21%, tras ubicarse previamente en $44.417. Según explicó Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, esta reducción mensual obedecía a que la demanda superó temporalmente la oferta, impulsada por un mayor flujo de caja en los hogares gracias a la prima salarial y al estímulo en el consumo generado por eventos como el mundial de fútbol.

Por su parte, el analista económico Nicolás Cruz, de Corficolombiana, señaló en el citado medio que la caída mensual también respondió a una mayor disponibilidad de oferta y a una leve reducción en el costo de la materia prima, permitiendo que algunos establecimientos bajaran sus precios al público.

¿Dónde está más caro y dónde más económico?

El mapa de precios en el país deja ver marcadas diferencias entre regiones. Las ciudades que registraron el pollo asado más caro al cierre de julio fueron:

• Cartagena: $46.833
• Medellín: $45.733
• Cúcuta: $45.433 (siendo además la ciudad donde más se encareció en el último año, con un salto del 14,21%).

En la otra orilla, los bolsillos sufrieron un poco menos en ciudades como:

• Tunja: $36.333
• Cali: $39.500
• Bogotá: $40.217

Los expertos coinciden en que el principal motor del encarecimiento anual no proviene de la materia prima principal, sino de los costos asociados a la operación y los servicios. Desde el gremio avícola se destacó que el impacto superior al 28% en el costo de la mano de obra —impulsado por el incremento del salario mínimo, la reducción legal de la jornada laboral y el recargo en el pago de horas extras— ha pesado fuertemente en las finanzas de los asaderos.

A esto se suman presiones inflacionarias generales reflejadas en el IPC y alzas en insumos puntuales señalados por analistas locales, como la electricidad, el gas y los combustibles. No obstante, los analistas aclararon que el dólar ha dejado de ser una presión mayor para este sector, debido a la reciente estabilización y fortalecimiento del peso colombiano frente a la divisa estadounidense, lo que mitiga en parte el costo de insumos importados para la alimentación de aves como el maíz y la soya.

Sin embargo, contar con el SOAT no significa que el vehículo esté protegido frente a todos los riesgos asociados con su uso. De acuerdo con cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), solo el 12,2 % de los vehículos que circulan en Colombia cuenta con un seguro voluntario. Esto implica que una amplia proporción de propietarios debe asumir directamente los costos derivados de situaciones como accidentes, hurto, daños al automotor o afectaciones ocasionadas a terceros.

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Una de las principales confusiones entre los propietarios está relacionada con las diferencias entre el SOAT y los seguros voluntarios para automóviles y motocicletas. Aunque ambos productos están vinculados con los riesgos derivados de la movilidad, sus objetivos y coberturas son distintos.

El SOAT es un mecanismo de protección social orientado a garantizar la atención de las personas involucradas en un accidente de tránsito, así como las indemnizaciones previstas por la normativa. Su cobertura está centrada en las personas afectadas y no en la protección patrimonial del vehículo.

Por su parte, los seguros voluntarios para carros y motos están diseñados para proteger el patrimonio del propietario frente a diferentes situaciones, entre ellas daños al automotor, hurto y responsabilidad frente a terceros. Según las condiciones de la póliza contratada, también pueden incluir servicios de asistencia como grúa, conductor elegido, carro taller o vehículo de reemplazo.

Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar, señala que considerar el SOAT y el seguro voluntario como alternativas excluyentes puede generar riesgos económicos para los propietarios.

“Considerar el SOAT y el seguro para autos y motos como alternativas independientes es un error que puede tener consecuencias económicas importantes para las familias. En las vías colombianas, un siniestro grave, especialmente si involucra daños a terceros, puede comprometer el patrimonio y el ahorro construido durante años”, explicó.

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir un seguro para carros y motos?

Al momento de contratar una póliza, el precio no debería ser el único criterio de decisión. Las condiciones de cobertura, los límites, los deducibles y los servicios incluidos pueden determinar el nivel de protección con el que contará el propietario ante un eventual siniestro.

Uno de los primeros aspectos que se debe revisar es el valor del deducible, es decir, la suma que debe asumir el asegurado cuando ocurre un siniestro. Este monto puede establecerse como una cifra fija o como un porcentaje del valor de la pérdida, según las condiciones de la póliza.

También es fundamental verificar el límite de la Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE). Esta cobertura responde por los daños materiales o las lesiones que el asegurado pueda ocasionar a terceros. Por ello, revisar el monto asegurado es un aspecto relevante al momento de comparar diferentes alternativas.

Otro elemento que se debe considerar son los servicios de asistencia. La cobertura de grúa, el número de servicios de conductor elegido, el carro taller y la posibilidad de acceder a un vehículo de reemplazo son algunas de las prestaciones que puede incluir una póliza. Las condiciones, los límites y la cantidad de servicios disponibles dependen de cada aseguradora y del producto contratado.

También es necesario evaluar el respaldo y la capacidad de respuesta de la aseguradora. Contar con canales de atención para reportar un siniestro y recibir orientación durante el proceso puede facilitar la gestión de una emergencia y el trámite correspondiente.

Finalmente, se debe revisar el valor asegurado del vehículo y comprobar que corresponda con su valor comercial. Para realizar esta valoración pueden utilizarse referencias como las guías de Fasecolda, con el objetivo de evitar tanto un valor asegurado superior al necesario como una cobertura insuficiente frente a una eventual pérdida.

¿Qué hacer en caso de un siniestro?

La protección no termina con la contratación de la póliza. Ante un accidente o cualquier otro evento cubierto, el propietario debe reportar el hecho a la aseguradora tan pronto como sea posible y seguir las instrucciones establecidas para la atención del caso y el proceso de reclamación.

También es importante mantener vigentes documentos como la licencia de conducción, el SOAT y la revisión técnico-mecánica, cuando corresponda. Asimismo, determinadas conductas pueden afectar las condiciones de cobertura. Entre ellas se encuentra conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, así como realizar reparaciones en el vehículo sin contar previamente con la autorización de la aseguradora cuando esta sea requerida de acuerdo con las condiciones de la póliza.

(Vea también:  Formalizar el traspaso de vehículos en Bogotá: pasos, requisitos y riesgos de no hacerlo según la SDM)

Parada también destacó la importancia de revisar de manera periódica las condiciones contratadas y verificar que la póliza continúe respondiendo a las necesidades del propietario y a las características del vehículo.

“El seguro para autos y motos no debe verse como un documento que se compra y se guarda hasta la renovación anual. Para que realmente funcione como respaldo, el asegurado debe revisar periódicamente si las condiciones de la póliza siguen respondiendo a su realidad y a las características del vehículo”, explicó.

La propuesta, según lo expresado, busca transformar la relación entre el Estado y quienes generan riqueza en el país. De La Espriella afirmó: “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, insistiendo en que la eliminación del impuesto hace parte de una apuesta para fortalecer la confianza de inversionistas y dueños de capital. Sin embargo, esta decisión implica que el Estado dejará de recibir recursos provenientes de los contribuyentes con grandes patrimonios, por lo que se abre un debate sobre el futuro de las finanzas públicas.

Acompañando a la eliminación de este tributo, el presidente anunció que presentará al Congreso una “reforma tributaria estructural” que, en sus palabras, busca convertir a su administración en aliada de empresarios e inversionistas sin importar el tamaño de sus negocios. De acuerdo con el anuncio, “invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura para ustedes”, señalando una clara intención de atraer capital y fomentar el crecimiento empresarial.

Desde una perspectiva fiscal, el impuesto al patrimonio representa una fuente importante de ingresos estatales dirigida principalmente a las personas con mayor capacidad económica. Su eliminación traería un efecto directo: los actuales contribuyentes dejarían de pagar este gravamen una vez la modificación sea aprobada, lo que reducirá el recaudo proveniente de este segmento y pondrá presión sobre las cuentas públicas. El Gobierno, por tanto, tendrá que buscar alternativas como recortes de gasto, aumento de otros impuestos o intensificación de la lucha contra la evasión, asunto que el propio De La Espriella resaltó al afirmar que “desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados”.

Adicionalmente, existe un debate sobre el impacto de esta medida en la equidad tributaria. El impuesto al patrimonio fija la carga fiscal especialmente sobre los ciudadanos con más riqueza, por lo que su desaparición podría afectar la progresividad del sistema y generar cuestionamientos sobre la justicia tributaria. Por otra parte, el Gobierno argumenta que gravar menos la acumulación de riqueza puede incentivar la permanencia de capitales e impulsar la inversión y el empleo.

No obstante, aunque el anuncio es claro, la eliminación del impuesto depende de la aprobación del Congreso, donde se deberá discutir cómo compensar el menor recaudo y lograr apoyos suficientes para la reforma. Así, este se convierte en uno de los primeros grandes retos económicos de la administración De La Espriella.

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¿Por qué el Gobierno de Abelardo De La Espriella quiere eliminar el impuesto al patrimonio?

De acuerdo con las declaraciones del propio presidente, eliminar este impuesto responde a la intención de no castigar a quienes producen e invierten en Colombia. La medida, incluida en sus compromisos de campaña, busca transformar la relación con empresarios y generar mayor confianza entre inversionistas y propietarios de capital.

¿Qué consecuencias tendría eliminar el impuesto al patrimonio en las finanzas públicas de Colombia?

La eliminación de este gravamen haría que el Estado deje de recibir recursos provenientes de quienes tienen grandes patrimonios. Esto implicaría un desafío fiscal, pues el Gobierno tendría que compensar el menor recaudo con alternativas como el recorte de gastos, la ampliación de otros tributos o el fortalecimiento de la lucha contra la evasión.

La llegada de Velásquez se produce en un contexto de alta importancia para la economía colombiana, ya que el presidente De la Espriella ha anunciado la presentación de una nueva reforma tributaria. En consecuencia, la Dian será fundamental en el diseño e implementación de políticas de recaudo, fiscalización y control de la evasión fiscal. Según lo reportado por El Diario, la experiencia de Velásquez resulta especialmente relevante, dadas las expectativas y retos para fortalecer el recaudo estatal y enfrentar prácticas como el contrabando.

El perfil académico y profesional de Velásquez está marcado por una especialización en temas tributarios. Es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. También cursó estudios de Tax M&A en la Universidad de los Andes, consolidando así una trayectoria de más de 16 años en áreas claves como planeación tributaria y litigios ante la administración pública y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En el sector privado, Velásquez ha sido socio y fundador de firmas reconocidas como Velásquez Osorio Abogados, con un enfoque en derecho tributario, constitucional y hacienda pública. A su vez, su experiencia se extiende al ámbito académico, siendo profesor en la especialización de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y docente en la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido conjuez de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y asesor en el Senado de la República.

Además, ha participado como autor y coautor en publicaciones relacionadas con impuestos, procedimientos tributarios e IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado). También integró el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y fue director de la revista de esa organización. Con este nombramiento, el Gobierno Nacional completa su equipo económico: junto a Velásquez, Miguel Gómez Martínez liderará el Ministerio de Hacienda, con Juan Sebastián Betancur y Andrés Quevedo Caro como viceministros, sumando además a César Arias y Marcela Numa en las direcciones de Crédito Público y Presupuesto respectivamente.

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¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Andrés Felipe Velásquez como director de la Dian?

El principal reto para Andrés Felipe Velásquez será fortalecer el recaudo público en un contexto de inminente reforma tributaria, así como enfrentar la evasión y el contrabando. También deberá liderar la ejecución de nuevas políticas fiscales propuestas por el Gobierno y asegurar que la entidad mantenga su papel central en la administración tributaria y aduanera, de acuerdo con información de El Diario.

¿Qué significa IVA y cuál es su importancia en la gestión de la Dian?

IVA significa Impuesto sobre el Valor Agregado. Es un tributo fundamental en el sistema fiscal colombiano porque grava el consumo de bienes y servicios, lo que lo convierte en uno de los principales mecanismos de recaudo. La Dian tiene la responsabilidad de vigilar y administrar este impuesto, asegurando que los recursos asociados lleguen al Estado y se combata la evasión tributaria.

La DIAN es la entidad que determina los procedimientos para la declaración de renta, la facturación y la vigilancia del comercio en departamentos como Tolima, lo que convierte el nombramiento de su líder en un asunto de interés directo para comerciantes, tenderos, independientes y empresarios, tanto de Ibagué como de los 46 municipios restantes. La gestión de Velásquez repercute en las relaciones diarias entre el Estado y el sector productivo regional, afectando de manera concreta los bolsillos de los habitantes del Tolima.

La trayectoria profesional y académica de Andrés Felipe Velásquez está profundamente ligada al ámbito tributario. Es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, en España, y actualmente cursa un posgrado en Tax M&A (Fusiones y Adquisiciones Fiscales) en la Universidad de Los Andes. Su perfil técnico se respalda por su experiencia como conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como por su labor docente en la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda. Además, dirige el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y fue socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, así como autor de varias obras sobre derecho tributario y constitucional.

Este nombramiento termina de conformar el equipo económico bajo el liderazgo de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, acompañado de funcionarios como Juan Sebastián Betancur, Andrés Quevedo Caro, César Arias y Marcela Numa. La llegada de Velásquez ocurre en un contexto crucial: el Gobierno anticipó la presentación de una reforma tributaria estructural y el presidente anunció que el impuesto al patrimonio será eliminado. En sus redes sociales, Velásquez había expresado rechazo al proyecto tributario de 21,9 billones de pesos presentado por la administración anterior, manifestando que impactaría negativamente a empleados y empresarios, y exhortó a que fuera retirado del Congreso. Hasta ahora, no ha habido un comunicado oficial que formalice su nombramiento.

¿Quién es Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la DIAN en el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Andrés Felipe Velásquez es abogado especializado en derecho tributario, con formación en varias universidades nacionales e internacionales, y una hoja de vida construida en torno al manejo de impuestos. Ha trabajado como conjuez, docente, director de instituto especializado y autor de libros sobre derecho tributario y constitucional, lo que lo posiciona como una figura técnica y experta en los temas fiscales del país.

¿Qué implica el nombramiento de Andrés Felipe Velásquez para el recaudo de impuestos en Tolima?

El nombramiento de Velásquez como director de la DIAN impacta de manera directa la manera en que se realiza la declaración de renta, la facturación y el control del comercio en Tolima, afectando a comerciantes y empresarios locales. La gestión de esta entidad es clave para la relación tributaria entre el Estado y los cientos de contribuyentes de la región.

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Según lo expresado en la proposición, la bancada solicita formalmente que "se devuelva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027", de modo que el Gobierno pueda corregir y presentar nuevamente el texto ajustado, dentro del plazo legal, incluyendo todas las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos imprescindibles. El objetivo de estos ajustes es revisar que el presupuesto cumpla con los mandatos constitucionales, normas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

En el documento entregado se identifican ocho aspectos puntuales que ameritan revisión. Por ejemplo, se exige que se esclarezca de dónde provendrán los recursos faltantes, específicamente COP 30,2 billones, cuya fuente no está debidamente detallada en el proyecto inicial. Así mismo, la proposición insta a incorporar medidas alternativas que puedan ser empleadas en caso de que la propuesta de reforma tributaria no obtenga el visto bueno del Congreso.

Otra de las solicitudes clave es que se agreguen los ajustes y observaciones emitidos por entidades como el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y las Comisiones Económicas Conjuntas. Entre los temas de fondo que se deben recalcular figuran los supuestos macroeconómicos, las proyecciones de crecimiento económico, inflación, tasas de interés, el recaudo fiscal, el balance presupuestal y la sostenibilidad de la deuda.

La petición de la bancada está alineada con los lineamientos del actual gobierno: Abelardo de la Espriella, en su primer discurso y a través de su equipo económico liderado por el ministro de Hacienda Miguel Gómez, ha subrayado la importancia de la austeridad. De hecho, se tiene previsto presentar una nueva reforma tributaria en septiembre y aplicar recortes de aproximadamente COP 20 billones. El mandatario también anunció un decreto de congelamiento del gasto público y planteó la necesidad de una reforma estructural al sistema tributario, con el fin de simplificarlo.

En la coyuntura política actual, el gobierno cuenta con el respaldo del Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical; a esto se sumarían, según lo informado, el Partido de la U y el Partido Liberal, mientras que solo el Pacto Histórico se mantiene en la oposición.

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¿Por qué el Centro Democrático pide devolver el proyecto de presupuesto de 2027?

La bancada del Centro Democrático solicita la devolución del proyecto porque considera que tiene “graves problemas” técnicos y de planeación, como la falta de claridad sobre fuentes de financiación y la ausencia de soportes técnicos que avalen los cálculos allí consignados. Además, piden que se incluyan ajustes a partir de las observaciones de entidades como el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, para asegurar que el presupuesto cumpla con los criterios constitucionales y de sostenibilidad fiscal, según precisa el documento citado.

¿Qué significa sostenibilidad y responsabilidad fiscal en el presupuesto?

Sostenibilidad y responsabilidad fiscal son principios que buscan garantizar que las finanzas públicas sean manejadas de manera tal que los gastos del Estado no superen sus ingresos, para evitar que la deuda pública crezca de forma insostenible. En el proyecto de presupuesto, esto implica mantener un equilibrio razonable entre lo que el país recauda y lo que gasta, y proyectar a futuro la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras sin afectar la estabilidad económica general, de acuerdo con la proposición presentada.

El congelamiento del gasto público implica limitar temporalmente la ejecución de ciertos recursos o impedir que algunas entidades públicas incrementen sus niveles de gasto. Según la información suministrada, el propósito central de la medida es contener las obligaciones del Estado y afianzar un mayor control sobre las finanzas nacionales. Sin embargo, esta decisión no equivale a recortar automáticamente programas o reducir todos los recursos presupuestales ya aprobados. La forma concreta en la que se implementará dependerá del contenido del decreto que deberá expedir el Ejecutivo; en dicho documento quedará establecido cuáles partidas específicas estarán sujetas a restricciones y cuáles podrán continuar ejecutando sus recursos normalmente.

En su intervención, De la Espriella enfatizó que el Gobierno busca recuperar la confianza y que, antes de poner en marcha las reformas prometidas, su principal objetivo será “poner la casa en orden”. El congelamiento del gasto se utilizaría como herramienta de disciplina fiscal, limitando nuevos compromisos y posponiendo ejecuciones presupuestales no prioritarias, con el fin de reducir la presión financiera y evitar un mayor endeudamiento.

Un aspecto clave resaltado en su discurso es la diferencia entre congelar y recortar gasto público. Mientras que un recorte implica disminuir recursos ya asignados, el congelamiento consiste en restringir o aplazar la ejecución, dejando esos dineros apropiados pero sin movimientos hasta nueva orden. Es posible, de acuerdo con lo anunciado, que el Gobierno decida que proyectos administrativos o de inversión que no han comenzado se suspendan temporalmente, mientras los recursos para obligaciones prioritarias permanezcan sin cambios.

El alcance exacto de la medida solo se conocerá una vez el decreto sea publicado. Allí se detallarán los gastos que serán congelados, las entidades afectadas, el tiempo que durará la restricción y cuáles programas sociales, catalogados como prioritarios, quedarán exentos según lo prometido por De la Espriella.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa congelar el gasto público en Colombia?

Congelar el gasto público en Colombia, según lo explicado por Abelardo de la Espriella, significa limitar temporalmente la ejecución de ciertos recursos o impedir que entidades públicas eleven su gasto, sin recortar recursos ya asignados. El objetivo principal es contener obligaciones del Estado y controlar las finanzas nacionales, permitiendo que partidas específicas queden restringidas o aplazadas según lo disponga el decreto que emitirá el Gobierno.

¿Cuáles programas quedarían protegidos del congelamiento del gasto público en el nuevo Gobierno?

De acuerdo con el anuncio hecho por De la Espriella, los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable serán preservados y quedarían por fuera de las restricciones del congelamiento del gasto público. Sin embargo, los detalles concretos de las áreas protegidas y las que estarán sujetas a límites solo se conocerán cuando el decreto respectivo sea publicado oficialmente.