Nuevas proyecciones indican que su intensidad será mucho mayor, lo que ya ha generado alertas sobre los niveles de los embalses y la prestación del servicio de energía eléctrica, entre otros aspectos.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, indicó que el fenómeno alcanzará una magnitud calificable como “muy fuerte”. Asimismo, la actualización de dicha proyección señala que el evento mantendrá una alta probabilidad (cercana al 100 %) de persistir durante los próximos meses.

Efectos más intensos del fenómeno de El Niño en Colombia

El aspecto central radica en que el evento continuará cobrando fuerza hacia el cierre del año y extenderá las altas temperaturas, al menos, hasta febrero.

La OMM estima que esta fase de mayor intensidad se debe a las temperaturas submarinas excepcionalmente cálidas detectadas en el océano Pacífico, las cuales impulsan la aceleración del fenómeno.

Debido a estas condiciones, la situación abarcará un incremento sostenido en el riesgo de sequías, olas de calor extremo e inundaciones en distintas regiones del país.

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Los principales pronósticos de inflación, incluidos los del Banco de la República, coinciden en que el país registrará incrementos en los precios de los alimentos y de los servicios públicos esenciales, tales como gas, acueducto y energía.

El problema que ahora llega a los estrados judiciales no está relacionado con el valor que cobran los concesionarios por utilizar las carreteras, sino con un posible cobro adicional que se estaría haciendo a algunos usuarios por cada paso por un peaje electrónico.

Una acción de grupo fue presentada contra F2X S.A.S., empresa propietaria de Flypass, para que se determine si determinados cobros de $220 por transacción se ajustan a las reglas que regulan la intermediación electrónica de los peajes. Si la justicia determina que esos valores fueron cobrados indebidamente, los usuarios afectados podrían tener derecho a la restitución de esos recursos.

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La discusión tiene como punto central la diferencia entre la tarifa oficial del peaje y el dinero que eventualmente pueda descontarse adicionalmente por utilizar un sistema electrónico para realizar el pago.

De acuerdo con los apoderados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, la acción cuestiona un supuesto cobro de $220 por cada paso por peaje en los planes Standard y Colpass de Flypass, valor que se sumaría a la tarifa oficial establecida para cada estación.

El proceso está radicado ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí, bajo el número 05360310300220260036300. La importancia de la discusión está en que esos $220 pueden parecer un valor pequeño cuando se observa una sola transacción.

Sin embargo, el efecto acumulado cambia si se tiene en cuenta la cantidad de veces que un conductor puede utilizar un peaje electrónico durante un mes o un año y, especialmente, el volumen total de operaciones de la plataforma.

Según datos atribuidos a la propia compañía, Flypass registra cerca de cuatro millones de transacciones mensuales y tiene presencia en todos los peajes de la red Colpass del país.

Por eso, los demandantes plantean que se trataría de un posible “cobro hormiga”: un monto individual reducido que puede adquirir una dimensión considerable cuando se repite operación tras operación.

Uno de los elementos principales de la demanda es la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. La Resolución 20213040035125 de 2021 establece que, en el paso por una estación de peaje, al usuario no se le puede cobrar un valor superior a la tarifa correspondiente. La misma regulación, según la acción presentada, también prohíbe pactar con los usuarios cobros adicionales al pago de la tarifa del peaje.

Los abogados de los usuarios sostienen que esta regla resulta relevante porque las tarifas de los peajes son fijadas bajo regulación estatal y no libremente por una empresa intermediadora.

“Esta acción no cuestiona a los concesionarios ni el cobro de los peajes, que financian las vías del país”, señalaron los apoderados. La controversia, explicaron, está en que el juez determine si cobrar un valor por encima de la tarifa oficial se ajusta a las normas vigentes.

Esto es importante para entender el alcance del proceso: no se está pidiendo eliminar ni desconocer el pago de los peajes, sino establecer si un cobro adicional realizado mediante un intermediador electrónico puede ser considerado válido.

La acción también incorpora elementos relacionados con la forma en que Flypass presenta sus tarifas a los usuarios. Para el plan Standard, la plataforma publica un concepto denominado “costo por débito directo a medio de pago por uso de peajes”, por $220 IVA incluido. Ese valor aparece tanto para la modalidad de pago inmediato como para la de pospago, según la información incorporada al proceso.

La situación que los demandantes consideran particularmente relevante se presenta con Colpass. En este caso, la página de Flypass señala que los usuarios no pagan “ningún costo”. Sin embargo, la demanda sostiene que existen pruebas de un débito adicional de $220 al momento de descontar el valor del peaje, lo que los demandantes califican como un posible cobro que no estaría siendo informado de manera visible a los usuarios.

Será precisamente la justicia la que deberá determinar, dentro del proceso, si esos cobros corresponden efectivamente a valores adicionales indebidos y cuál sería su tratamiento frente a la regulación.

Una eventual decisión favorable a los demandantes podría tener un efecto que vaya más allá de quienes presentaron directamente la acción.

La figura de acción de grupo busca que una controversia que afecta a varias personas pueda ser examinada de manera conjunta. En este caso, los apoderados sostienen que, si el juez determina que el cobro fue indebido, la decisión podría beneficiar a los usuarios afectados, incluso cuando estos no hayan presentado individualmente una demanda.

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Por esa razón, la eventual restitución de dinero es uno de los puntos que mayor interés genera para los conductores que utilizan sistemas de pago electrónico en peajes. Por ahora, no existe una decisión judicial que haya determinado que Flypass deba devolver los $220 a los usuarios. Lo que existe es una acción de grupo que busca que esa discusión sea resuelta por la justicia.

El siguiente paso será que el proceso avance y se determine si los cobros cuestionados se ajustan a la regulación de los peajes electrónicos. De esa decisión dependerá si finalmente se abre la posibilidad de recuperar esos recursos para los usuarios que hayan resultado afectados.

Según la información reportada por el ICETEX, hay una amplia lista de trámites que las personas pueden hacer sin costo alguno. Entre ellos se incluyen la descarga de certificados de resultados de las pruebas Saber 11°, Saber TyT y Saber Pro —documentos electrónicos con validez legal y firma digital—, así como la consulta de diferentes estados de solicitudes o de trámites anteriores a través del sitio oficial del ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación). Asimismo, radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias u otras solicitudes conocidas como PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones) tampoco tiene ningún costo y puede hacerse directamente.

El ICETEX enfatiza la importancia de usar exclusivamente los canales oficiales para cualquier gestión y alerta sobre el peligro de proporcionar datos personales o financieros a terceros. Las ofertas de tramitadores externos que prometen beneficios especiales, descuentos o la aprobación de créditos a cambio de un pago no representan un canal autorizado y pueden constituir una estafa. La entidad es tajante en su advertencia: ninguna persona externa puede garantizar beneficios o solucionar obligaciones mediante dádivas, y pedir dinero a cambio de ello es fraudulento.

En caso de encontrarse con situaciones sospechosas, los ciudadanos pueden reportarlas al correo oficial denunciatramitadores@icetex.gov.co o a la Línea Anticorrupción (601) 379-0521. ICETEX insiste en que ningún trámite requiere costos adicionales fuera de lo informado por sus canales institucionales y recomienda abstenerse de entregar dinero o información sensible a personas no autorizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los trámites gratuitos que se pueden hacer con el ICETEX?

De acuerdo con el ICETEX, entre los trámites sin costo para los usuarios están la obtención de certificados de resultados de pruebas como Saber 11°, Saber TyT y Saber Pro, la consulta del estado de solicitudes y la radicación de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRSDF). Todos estos procesos deben realizarse directamente por medio de los canales oficiales de la entidad y no requieren intermediarios.

¿Cómo identificar a un supuesto tramitador o estafador que ofrece servicios del ICETEX?

Un supuesto tramitador puede acercarse a las personas ofreciendo agilizar trámites, garantizar aprobaciones u otorgar beneficios especiales del ICETEX a cambio de un pago. La entidad advierte que ninguna gestión exige dinero extra y que los usuarios nunca deben entregar contraseñas ni datos personales a desconocidos. Ante cualquier ofrecimiento sospechoso, se recomienda reportarlo por los canales oficiales.

La compañía explicó que atraviesa una fuerte crisis económica y financiera que comenzó a profundizarse en 2023 y que terminó provocando la pérdida de capital de trabajo y una situación de cesación de pagos.

Alter calificó el escenario como la crisis más grave y prolongada de sus 56 años de historia.

La situación de la empresa ocurre en medio de una fuerte caída de la industria textil argentina. Entre enero y mayo de 2026, la producción del sector disminuyó 26,5 %, mientras que en junio la utilización de la capacidad instalada llegó apenas al 46,6 %.

Además, 115 establecimientos dejaron de operar durante los primeros cuatro meses del año.

Fundada en 1970, Alter tiene una planta en Berazategui, Buenos Aires, donde produce tejidos para sectores como lencería, ropa deportiva, trajes de baño y moda. También cuenta con procesos integrados de tejeduría, tintorería y terminación.

La empresa atribuye su deterioro a la menor demanda interna, el aumento de las importaciones y los mayores costos, factores que redujeron sus márgenes y dejaron parte de su capacidad productiva sobredimensionada.

Su nuevo pedido se suma a otros cierres y procesos de reestructuración dentro de la industria textil argentina.

La compañía busca incorporar talento con formación en carreras como Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Publicidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Derecho, entre otras. Los requisitos de experiencia varían de acuerdo con cada posición.

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Una de las vacantes disponibles es la de Jefe de Sistemas de Información, dirigida a profesionales en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines. El cargo requiere más de cinco años de experiencia liderando proyectos relacionados con datos, analítica o ingeniería de datos.

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Para esta posición también se solicitan conocimientos en herramientas y tecnologías como Azure, AWS o GCP, ETL/ELT, SQL, Python y Power BI, además de experiencia en arquitecturas cloud, migración y modernización de plataformas de datos.

Otra de las oportunidades es la de Analista Soporte y Experiencia Claro Pay, para profesionales en Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Publicidad, Ingeniería o áreas relacionadas. El candidato debe contar con mínimo dos años de experiencia en soporte funcional, aseguramiento de la operación y experiencia del usuario. También se valoran conocimientos en procesos relacionados con billeteras digitales y seguimiento de indicadores de calidad y servicio.

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Finalmente, Claro busca un abogado o abogada con título profesional en Derecho y al menos tres años de experiencia en asuntos contenciosos y procesos administrativos. La compañía señala como conocimientos deseables el Derecho de la Competencia y/o Derecho del Consumo, especialmente si la experiencia está relacionada con el sector de telecomunicaciones.

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Las personas interesadas en estas oportunidades deben revisar las condiciones específicas de cada cargo, así como los requisitos y proceso de postulación definidos por la compañía. Las vacantes representan opciones para profesionales con distintos perfiles que buscan vincularse a una de las empresas del sector tecnológico y de telecomunicaciones en Colombia.

La jornada de entrega, donde participaron representantes gremiales y corporativos, fue resaltada por su impacto social positivo. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, enfatizó que este programa trasciende la simple donación de animales. Según él, la iniciativa incluye asistencia y acompañamiento técnico especializado, lo que significa que las familias beneficiadas reciben apoyo integral para asegurar la sostenibilidad de sus proyectos ganaderos. Esto busca fortalecer el emprendimiento y la estabilidad económica dentro de las comunidades rurales.

Dentro de los beneficiados se encuentran principalmente madres cabeza de hogar y miembros de comunidades indígenas, quienes han visto en el programa una oportunidad real de mejorar sus condiciones de vida. Maricruz Salcedo, una de las beneficiarias, afirmó que este incentivo le permitirá aumentar los ingresos familiares y crear nuevas alternativas productivas en su territorio, mostrando así el alcance social que puede tener el programa.

El modelo de trabajo contempla un enfoque de ‘cadena de solidaridad’. Nataly Delgado Pinzón, directora ejecutiva de Fundagán, explicó que las primeras crías que nazcan de las novillas entregadas serán posteriormente transferidas a otras familias de la región. De esta forma, el beneficio se distribuirá de manera progresiva, permitiendo que más pequeños productores tengan acceso a estas oportunidades en el futuro.

Desde el sector privado, Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón, subrayó la importancia del trabajo articulado entre empresa, gremio y comunidad. Según sus palabras, estas alianzas productivas refuerzan la resiliencia y la autogestión entre los pobladores rurales, en una zona marcada por retos económicos y sociales.

En total, la alianza estratégica ha entregado 102 vacas preñadas en La Guajira durante los últimos dos años, consolidando su compromiso con el desarrollo rural y ofreciendo soluciones que buscan un impacto duradero en la región.

¿Cómo funciona el programa Una Vaca por la Paz en La Guajira?

El programa Una Vaca por la Paz consiste en entregar novillas preñadas a familias rurales seleccionadas, acompañando este incentivo con asistencia técnica y acompañamiento continuo. Además, las primeras crías de las vacas donadas se deben transferir a otras familias, extendiendo así el impacto y el beneficio de manera progresiva en toda la comunidad.

¿Qué significa el modelo de ‘cadena de solidaridad’ en el programa ganadero?

La ‘cadena de solidaridad’ es un esquema que permite que los beneficios iniciales se multipliquen: quienes reciben las novillas preñadas entregan las primeras crías nacidas a otras familias dentro de la región. Este sistema busca asegurar que más hogares de pequeños productores puedan acceder, con el tiempo, a los mismos recursos productivos.

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El proyecto propone puntualmente fijar un límite cercano a los 150 kilómetros de distancia entre cada caseta de cobro.

Según el proyecto, la modificación para los peajes en Colombia responde a la falta de una reglamentación unificada sobre la ubicación de estas estructuras. En la exposición de motivos se señala que existen casos con casetas separadas por distancias de apenas 1,5 kilómetros.

Peajes en Colombia tendrían cambio que regularía la distancia entre puntos

Adicionalmente, la iniciativa plantea la creación de un registro único centralizado para coordinar las concesiones y las entidades administradoras.

De esta manera, según se indica en la propuesta, se evitaría la instalación de casetas sin una adecuada comunicación entre los sectores viales o regionales.

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Finalmente, se pretende implementar controles y tarifas diferenciales para los peajes en Colombia, enfocados en las personas que residen o transitan habitualmente por las zonas donde operan dichos puntos.

Asimismo, se busca que los recursos recaudados en las casetas pasen a un fondo único e independiente que garantice de forma continua el mantenimiento de la red vial del país.

La Ley 1861 de 2017 establece que el tiempo del servicio militar obligatorio puede contabilizarse para efectos de pensión de vejez, invalidez, cesantías y otros beneficios.

Según la información presentada, los hombres que hayan prestado servicio militar pueden sumar ese periodo a su historial de cotización para cubrir semanas faltantes.

Quienes realizaron 12 meses de servicio podrían acreditar 52 semanas, mientras que quienes cumplieron 18 meses podrían sumar hasta 77 semanas.

Para acceder a este beneficio, es necesario contar con el certificado correspondiente, entre ellos el Cetil, que acredita los tiempos de servicio. Este documento debe presentarse ante la administradora de pensiones para que el periodo sea reconocido y contabilizado.

La medida puede ser especialmente relevante para quienes están próximos a cumplir los requisitos de jubilación y buscan completar las semanas necesarias.

Actualmente, los requisitos generales mencionados son 62 años y 1.300 semanas para hombres, y 57 años y 1.250 semanas para mujeres, aunque la reforma pensional contempla cambios.

El beneficio señalado aplica principalmente a hombres que realizaron el servicio militar obligatorio. Las mujeres pueden prestarlo voluntariamente, pero la norma descrita no les otorga este mismo mecanismo.

La compañía suscribirá un contrato de participación productiva por 25 años con PDVSA Petróleo S.A., bajo el nuevo marco contractual venezolano.

El proyecto contempla un ambicioso plan de redesarrollo para aumentar la producción y mejorar el factor de recobro del campo. Actualmente, Bare produce cerca de 11.000 barriles diarios, pero su potencial máximo se estima entre 85.000 y 95.000 barriles por día.

GeoPark calcula una producción neta acumulada de unos 400 millones de barriles y espera elevar su producción total, junto con el crecimiento de Vaca Muerta en Argentina, a entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes diarios para 2030.

La operación también modificará el control accionarial de GeoPark. La empresa emitirá 42,1 millones de acciones al Grupo Gilinski, a US$12,22 cada una, lo que permitirá al conglomerado colombiano alcanzar inicialmente cerca de 56,3 % de las acciones y convertirse en accionista controlante.

La participación podría subir hasta 58,4 %. Además, Gilinski lanzará una OPA estimada en US$100 millones.

El segmento no se limita al brasier y el panty tradicional; incluye también vestidos de baño, fajas o prendas de control y lencería, cuatro universos que cada vez se cruzan más. La transformación viene del consumidor. La comodidad dejó de ser un atributo secundario para convertirse en una condición de compra: ganan terreno los brasieres sin aro, las copas suaves, las prendas seamless y los materiales elásticos y transpirables. Al mismo tiempo, la estética se volvió más visible. Bodies, bralettes, encajes y prendas moldeadoras pasan a formar parte del vestuario exterior; el shapewear migra de la compresión extrema hacia propuestas que moldean sin oprimir y los vestidos de baño se acercan al resortwear.

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La categoría ya no vende únicamente funcionalidad: vende bienestar, seguridad, versatilidad y expresión personal. Esa evolución también se observa internacionalmente en la incorporación de la lencería al vestuario exterior y en una nueva generación de prendas de control que privilegia tecnología, diseño y comodidad.

Las 23 empresas incluidas en el análisis registraron ingresos operacionales conjuntos por $3,497 billones en 2025, con un crecimiento del 5,9%. El resultado también revela una categoría altamente concentrada: las tres primeras compañías explican 71,3% de la facturación total y Leonisa, por sí sola, participa con 48,1%. Detrás del líder aparecen Lili Pink/Yoi, con $594.274 millones y un crecimiento de 14,8%, y Feria del Brasier/Solo Kukos, con $218.367 millones y un avance de 5,9%.

El desempeño muestra dos caminos competitivos: marcas que construyen valor alrededor de tecnología, diseño y especialización, y operadores que ganan escala mediante precios accesibles, amplitud de surtido, promociones frecuentes y redes físicas de alta capilaridad. En ambos casos, la integración entre tiendas y canales digitales dejó de ser complementaria para convertirse en estructural.

Leonisa mantiene una ventaja difícil de disputar. En 2025, el ecosistema empresarial con el que atiende el mercado alcanzó ingresos consolidados por $1,68 billones, un crecimiento de 3,6%. Su estructura integra tres compañías con funciones complementarias: Girdle & Lingerie, enfocada en la operación internacional; Votre Passion, que soporta la venta directa y el tradicional negocio por catálogo; y Distribuidora Colombiana de Sentimientos de Belleza, encargada del retail y los puntos de venta directos. Esa arquitectura explica buena parte de su fortaleza: Leonisa no depende de un solo canal. Combina tiendas, catálogo, comercio electrónico, mayoristas y operación internacional, y ha convertido la innovación textil en una barrera competitiva con desarrollos en control, soporte, postura y telas de alto desempeño. La marca comercializa alrededor de 40 millones de prendas anuales en más de 100 países y cuenta con una red que supera las 130 tiendas físicas en el mundo. Su capacidad para extenderse hacia shapewear, vestidos de baño y ropa deportiva, sin abandonar la especialización en ajuste y conocimiento del cuerpo femenino, continúa siendo uno de sus mayores diferenciales.

El segundo lugar lo ocupa Lili Pink/Yoi, que con $594.274 millones creció 14,8%, uno de los avances más fuertes entre los jugadores de mayor escala. Su modelo se apoya en alta frecuencia de compra, precios accequibles, novedades permanentes y una red física intensiva. La compañía había alcanzado alrededor de 540 puntos de venta en Colombia bajo Lili Pink y Yoi, mientras su expansión internacional sumaba cerca de 189 tiendas en 13 países.

La tercera posición corresponde a Feria del Brasier/Solo Kukos, con $218.367 millones y un crecimiento de 5,9% que incluye Marrocar y Mujer Latina. Su fortaleza está en un ecosistema que combina marcas propias y de terceros, promociones de alta rotación y una red cercana a 135 establecimientos entre tiendas, agencias y outlets. El Top 3 confirma que no existe una sola fórmula ganadora: Leonisa construye liderazgo desde tecnología, marca y multicanalidad; Lili Pink desde volumen, accesibilidad y expansión regional; y Feria del Brasier desde surtido, precio y cercanía.

Dentro de los jugadores que vienen ganando protagonismo sobresalen Agua Bendita y Fajas M&D, dos compañías colombianas que representan caminos diferentes de especialización dentro de la categoría. Agua Bendita, enfocada principalmente en vestidos de baño y resortwear, alcanzó ingresos por $132.788 millones en 2025, con un crecimiento de 11,8%, consolidando una propuesta basada en diseño, identidad latinoamericana, trabajo artesanal y una fuerte vocación internacional.

Por su parte, Fajas M&D registró ventas por $78.746 millones, con un aumento de 16,9%, uno de los mayores crecimientos de la categoría. Su especialización en prendas de control la posiciona en un segmento que está migrando de la compresión tradicional hacia soluciones más cómodas, funcionales y estéticas. En conjunto, ambas marcas evidencian cómo el negocio de la ropa interior amplía sus fronteras hacia propuestas donde diseño, tecnología, bienestar y especialización son cada vez más determinantes.

El ranking de crecimiento introduce nuevos protagonistas. Oysho encabezó el avance entre las compañías analizadas, con ingresos por $28.783 millones y una variación de 20,7%. Le siguieron Unico Interior, con $26.358 millones y un crecimiento de 18,9%, y Fajas M&D, con $78.746 millones y un aumento de 16,9%.

El caso de Oysho es especialmente revelador porque muestra cómo se están moviendo las fronteras de la categoría. La marca de Inditex nació vinculada a la lencería, pero hoy concentra buena parte de su propuesta en activewear, fitness, yoga, pilates y running, acercándose cada vez más a la moda deportiva.

En Colombia opera actualmente cinco establecimientos: El Tesoro en Medellín, Buenavista II en Barranquilla, Parque La Colina y Calle 82 en Bogotá, y Jardín Plaza en Cali, complementados por el canal digital. Su Oysho Training App, con sesiones, retos y programas de entrenamiento, lleva la relación con la consumidora más allá de la venta y construye comunidad alrededor del movimiento. Esa combinación de producto, contenido, tecnología y bienestar ayuda a explicar por qué un operador nacido desde la ropa íntima se está convirtiendo en un competidor cada vez más relevante dentro del universo deportivo.

Hacia adelante, la ropa interior será una categoría cada vez menos “interior”. El crecimiento vendrá de la convergencia entre lencería, shapewear, moda deportiva, sleepwear y prendas exteriores; de telas más ligeras y funcionales; de productos que ofrezcan soporte sin sacrificar comodidad; y de diseños suficientemente cuidados para que la prenda pueda mostrarse.

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También ganarán peso la inclusión de tallas y morfologías, la personalización del ajuste, la asesoría apoyada en tecnología y la sostenibilidad. La tienda física seguirá siendo decisiva porque la prueba, el tacto y el fitting pesan más que en otras categorías, pero deberá convivir con un consumidor que investiga, compara y recompra digitalmente.

Para las marcas, el reto será dejar de pensar en productos aislados y construir ecosistemas de uso. La próxima batalla competitiva no estará únicamente en quién moldea más o quién diseña mejor, sino en quién logra acompañar al consumidor durante más momentos del día con comodidad, estética y funcionalidad.

Colombia mantiene una economía fuertemente ligada a las exportaciones de productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, los cuales suelen negociarse en dólares en los mercados globales, según la información del medio 90 Minutos. Cuando la moneda estadounidense sube en comparación con el peso colombiano, los exportadores nacionales reciben más pesos por cada dólar que ingresa al país. Sin embargo, esta ventaja para los exportadores implica un efecto opuesto para aquellos sectores que se dedican a las importaciones. Productos como maquinaria, equipos tecnológicos, vehículos, medicamentos e insumos industriales que se adquieren en el exterior se pagan en dólares, por lo que el alza en la divisa termina encareciendo estos bienes en el mercado nacional.

Este fenómeno incide directamente en la vida de los ciudadanos colombianos. El precio del dólar afecta la inflación, especialmente en aquellos productos importados. Empresas que deben pagar más por insumos extranjeros a menudo trasladan esa alza a los consumidores, incrementando los precios de artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso ciertos alimentos dependientes de componentes importados. Además, los viajes internacionales resultan más costosos para los colombianos cuando la tasa de cambio se incrementa.

En cuanto a la percepción de la economía, el valor del dólar es un termómetro que observan de cerca tanto inversionistas nacionales como extranjeros. Una tasa de cambio estable genera confianza sobre el estado de la economía, mientras que fluctuaciones bruscas pueden alimentar la incertidumbre. Para hoy viernes, el valor de la moneda norteamericana se ubica en 3.140,55 pesos colombianos, según el reporte de 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la subida del dólar a los productos importados en Colombia?

Cuando el dólar sube frente al peso colombiano, los productos importados se vuelven más costosos. Esto se debe a que muchos de esos bienes —como maquinaria, tecnología y medicamentos— requieren pagos en dólares, por lo que su precio en pesos aumenta; en consecuencia, empresas y consumidores finales terminan asumiendo esos incrementos.

¿Por qué el precio del dólar es tan relevante para la economía colombiana?

El precio del dólar es clave para Colombia porque sirve como referencia en una amplia gama de operaciones económicas, desde exportaciones e importaciones hasta la inversión extranjera. Variaciones en su valor pueden beneficiar a los exportadores, pero también encarecen productos importados y afectan la inflación, impactando de manera directa a empresas y ciudadanos.

La reunión estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien participa en la junta como delegada del presidente Abelardo De La Espriella.

Urrego tendrá como principales responsabilidades garantizar la continuidad administrativa y operativa de Colpensiones y mantener la prestación de sus servicios a millones de afiliados.

Entre sus tareas estará fortalecer la eficiencia en la atención y respuesta a los usuarios, especialmente en procesos como el reconocimiento de pensiones, la actualización de historias laborales y el pago oportuno de las prestaciones.

El nuevo presidente encargado también deberá enfrentar los retos administrativos que atraviesa actualmente la entidad y preparar a Colpensiones para las transformaciones derivadas de la reforma pensional.

Esto implicará realizar ajustes institucionales y mantener una coordinación permanente con el Gobierno Nacional y otras entidades del sistema.

Antes de asumir el cargo, Urrego se desempeñaba como gerente de Defensa Judicial de Colpensiones, donde gestionaba asuntos jurídicos relacionados con el sistema pensional.

Además, cuenta con experiencia académica como docente de la Universidad del Rosario. El Ministerio del Trabajo destacó su nombramiento como parte del propósito de fortalecer la articulación del sector y atender las necesidades de trabajadores y pensionados.

El panorama se vuelve más crítico al analizar cifras de la Fundación WWB Colombia, institución que realizó una encuesta con cerca de 4.000 personas en 147 municipios que sufrieron los efectos de la emergencia. De acuerdo con el informe citado, el 80 % de los micronegocios consultados no estaban funcionando de manera normal y la mayoría incluso suspendió por completo sus operaciones. Esta cifra pone en evidencia la magnitud del problema, especialmente si se considera la relevancia de los micronegocios para el sustento de amplios sectores de la población.

En Cali existe una relación directa entre el hogar y el negocio para muchas emprendedoras, pues siete de cada diez personas encuestadas trabajan desde su casa. Por ello, cuando la vivienda resulta afectada, las consecuencias trascienden el ámbito familiar e involucran la producción, la atención de clientes y el almacenamiento de productos. Así, un daño en la vivienda equivale a una paralización casi total del flujo productivo y comercial, golpeando de manera severa la economía de quienes dependen de su pequeña empresa para generar ingresos.

Las consecuencias económicas son palpables: cerca de la mitad de las emprendedoras reportó una disminución de ventas y cuatro de cada diez mencionaron una reducción en la cantidad de clientes. Además, seis de cada diez personas consultadas manifestaron dificultades para cubrir los gastos esenciales de su hogar, lo que demuestra cómo la emergencia ha puesto en riesgo la estabilidad económica y social de muchas familias.

Por todo esto, el proceso de recuperación implica más que reparar el espacio físico; demanda restablecer las condiciones productivas, recuperar la clientela y asegurar los recursos mínimos para el sostenimiento familiar, retos que hoy siguen vigentes para las emprendedoras de Cali.

¿Qué resultados arrojó la encuesta de la Fundación WWB Colombia sobre los micronegocios en Cali?

De acuerdo con la Fundación WWB Colombia, alrededor del 80 % de los micronegocios encuestados señalaron que no están operando con normalidad, y muchos debieron suspender completamente sus actividades debido a la emergencia. Estas cifras destacan el impacto negativo sostenido en la actividad económica de la ciudad.

¿Por qué las afectaciones en vivienda impactan tanto a las emprendedoras de Cali?

La encuesta de la Fundación WWB Colombia mostró que siete de cada diez emprendedoras desarrollan su actividad productiva desde sus casas, por lo que cualquier daño en la vivienda interfiere directamente en el negocio, dificultando tanto la producción como la interacción con los clientes y el almacenamiento de productos.

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La medida tendrá una duración inicial de seis meses y busca incentivar el ahorro mediante metas individuales para cada usuario.

Durante septiembre se estableció un periodo pedagógico en el que no se aplicarán cobros adicionales.

Sin embargo, las facturas comenzarán a mostrar la meta de consumo asignada a cada hogar y la diferencia frente al consumo real, para que los usuarios conozcan cómo funciona el esquema.

A partir del siguiente ciclo de facturación, los hogares que superen el 110 % de su meta individual podrán recibir un cobro adicional en la factura de energía.

Por el contrario, quienes logren consumir menos del 90 % de la meta acumularán un saldo favorable como incentivo al ahorro, que se reflejará al finalizar los seis meses del programa.

La medida contempla excepciones para personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, así como para hospitales, colegios y estaciones de Policía. El objetivo es reducir el consumo excesivo y promover un uso más eficiente de la energía en los hogares colombianos.

Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reforma al sistema pensional, algunos pilares y derechos adquiridos se mantienen tanto para los cotizantes como para quienes se pensionen bajo la nueva ley.

La norma establece que el auxilio funerario de Colpensiones se conservará el próximo año, con la entrada en vigor de la nueva ley. Esta prestación económica estará destinada a la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro o cremación de un afiliado o pensionado.

La norma indica que las condiciones y los montos se mantienen tal como están establecidos en la Ley 100, por lo que el valor asignado equivale a los gastos efectivamente realizados y debidamente comprobados.

¿Cuál será el monto del auxilio funerario de Colpensiones con la reforma?

La ley establece un límite mínimo equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y un límite máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tras la entrada en vigor de la reforma pensional, Colpensiones asumirá directamente la cobertura de este pago para sus afiliados y los integrantes del Pilar Contributivo. Quien solicite la compensación deberá presentar y validar las facturas originales de la funeraria y la documentación que acredite el fallecimiento.

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Finalmente, el auxilio funerario de Colpensiones mantendrá los requisitos para acreditar el pago. Entre ellos estará la verificación de que, al momento del fallecimiento, la persona tenía la condición de afiliado activo o pensionado.

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Sin embargo, existe una habilidad que puede marcar una diferencia importante al momento de acceder a determinados cargos y que muchas personas comienzan a desarrollar demasiado tarde: el dominio del inglés.

En Colombia, esta brecha empieza incluso antes de ingresar al mercado laboral. Solo 15 % de los estudiantes alcanza el nivel B1 o superior en inglés al terminar la educación media, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi sobre los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa su posible impacto sobre los ingresos. Según estimaciones de PageGroup Latinoamérica, los profesionales bilingües pueden acceder a remuneraciones entre 30 % y 50 % superiores frente a quienes no dominan un segundo idioma, particularmente en industrias donde el inglés hace parte habitual de las actividades laborales.

Es decir, el idioma no necesariamente funciona como un simple elemento adicional en la hoja de vida. Para determinados perfiles y sectores, puede convertirse en una herramienta para acceder a posiciones mejor remuneradas y ampliar el número de empresas y mercados a los que puede aspirar un trabajador.

El problema comienza desde la formación escolar. El análisis del ORE de la Universidad Icesi encontró que, en 2025, inglés fue el área de las Pruebas Saber 11 con menor nivel de logro. Apenas 15 % de los estudiantes alcanzó los niveles esperados, mientras que la diferencia entre colegios oficiales y no oficiales también fue considerable: 8 % frente a 33 %, respectivamente.

Esto significa que buena parte de los jóvenes llega al final de la educación media sin alcanzar un nivel que les permita desenvolverse con suficiente confianza en escenarios académicos o laborales en los que el inglés sea necesario.

El panorama también aparece en mediciones internacionales. El EF English Proficiency Index 2025 ubicó a Colombia en el puesto 76 del listado mundial, con un puntaje de 480 y dentro de la categoría de nivel bajo de dominio del idioma.

La situación contrasta con un mercado laboral en el que cada vez tienen mayor presencia las compañías multinacionales, los equipos distribuidos entre varios países y los modelos de trabajo que permiten prestar servicios desde Colombia para organizaciones ubicadas en otros mercados.

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Sectores como tecnología, servicios globales, comercio exterior, turismo, finanzas e ingeniería requieren trabajadores capaces de comunicarse con clientes, proveedores, compañeros y equipos internacionales.

Por eso, el beneficio de hablar inglés puede ir más allá de una negociación salarial dentro de una compañía. También puede ampliar el universo de vacantes al que puede postularse un profesional.

La diferencia salarial señalada por PageGroup no implica que cualquier persona que estudie inglés vaya automáticamente a recibir un aumento de 50 %. El impacto depende del cargo, la industria, la experiencia profesional y, especialmente, de que el idioma sea una herramienta necesaria para desempeñar el trabajo.

Cuando una posición exige comunicarse permanentemente con equipos internacionales, atender clientes extranjeros, participar en reuniones globales o trabajar con documentación técnica en inglés, la competencia lingüística adquiere un valor económico.

En Colombia ya existen ofertas laborales que reflejan esa demanda. Por ejemplo, actualmente se encuentran posiciones bilingües en áreas como finanzas, servicio al cliente, recursos humanos, ventas y asesoría jurídica, con cargos que exigen niveles avanzados de inglés. Esto ayuda a explicar por qué el dominio del idioma puede convertirse en un factor diferenciador entre candidatos con formación profesional y experiencia similares.

Catalina Acero, Country Manager de Berlitz Colombia, explica que el cambio también está relacionado con la transformación del mercado laboral: “Aprender inglés dejó de ser únicamente una herramienta para viajar o acceder a contenidos internacionales. Hoy es una competencia que puede influir directamente en la trayectoria profesional de una persona, desde el acceso a mejores oportunidades laborales hasta la posibilidad de trabajar para empresas ubicadas en cualquier parte del mundo”.

Aunque aprender inglés es posible en cualquier momento de la vida, la formación durante la adolescencia puede permitir que los estudiantes lleguen a la universidad y posteriormente al mercado laboral con una base más sólida.

Berlitz Colombia reportó un crecimiento de 9 % en las matrículas de sus programas Kids & Teens durante 2025, frente al año anterior. El resultado incluye sus modalidades presenciales, clases online con profesor en vivo y cursos de temporada.

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La compañía sostiene que durante esta etapa los estudiantes pueden fortalecer habilidades de comunicación, pronunciación y confianza para utilizar el idioma en situaciones reales.

“Cuando un joven aprende inglés no solamente incorpora vocabulario y gramática. También desarrolla confianza para comunicarse, capacidad de adaptación cultural y herramientas para desenvolverse en escenarios internacionales, competencias que hoy son altamente valoradas por las organizaciones”, señaló Acero.

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Su importancia es cada vez mayor: NielsenIQ estimó que en 2025 representaron el 44,3% del valor vendido en cadenas y discounters en Colombia, una participación que confirma la transformación de los hábitos de compra y la creciente confianza del consumidor en productos desarrollados directamente por los retailers. Sin embargo, la estrategia no es igual para todos. Mientras D1 y Ara han construido buena parte de su modelo alrededor de las marcas propias, Olímpica y Grupo Éxito las utilizan para fortalecer categorías específicas, y Falabella las convierte en verdaderas marcas de moda, hogar y estilo de vida.

D1: cuando la marca propia es el modelo de negocio

D1 presenta la mayor intensidad de marca propia dentro del grupo analizado. La compañía ha desarrollado 97 marcas y más de 750 productos propios, que representan aproximadamente el 80% de sus ventas. Es decir, cuatro de cada cinco pesos que pasan por sus cajas están asociados con referencias diseñadas específicamente para su ecosistema comercial. Más que complementar el surtido, las marcas propias constituyen la esencia de su propuesta de valor.

Entre las más reconocidas se encuentran Latti, en lácteos; El Estío, en granos; Brilla King y Bonaropa, en productos para el aseo; Viandé, en carnes frías; Brasset, en apanados; Masmaí, en arepas; Kulfi, en helados; Natural Feeling, en cuidado personal, y Horneaditos, en panadería. D1 reporta además que 28 de sus 97 marcas son líderes dentro de sus respectivas categorías, un indicador que evidencia hasta qué punto la marca propia puede trascender el concepto de producto económico y convertirse en una marca preferida por el consumidor.

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Esta estrategia también reduce la comparación directa de precios frente a otros supermercados. Cuando el consumidor busca una referencia de Latti, El Estío o Brilla King no puede comparar exactamente el mismo producto en otra cadena, permitiéndole a D1 administrar de manera más integral precio, proveedor, formulación, presentación y posicionamiento.

Ara: una fórmula híbrida entre marca propia y fabricante

Tiendas Ara desarrolla una estrategia diferente. Sus marcas propias representan 41% de las ventas, una cifra muy elevada frente a los supermercados tradicionales, aunque distante del 80% registrado por D1. Durante el primer semestre de 2026 la compañía incorporó además 95 nuevos productos propios, ratificando que el desarrollo del portafolio continúa siendo uno de los principales motores de su estrategia comercial.

La compañía ha desarrollado históricamente más de 100 marcas, aunque no existe en la información analizada una cifra corporativa actualizada que permita precisar cuántas permanecen vigentes actualmente. Entre las más reconocidas aparecen De La Cuesta, asociada especialmente con leche; Del Costal, en granos; Sonelo, en aceites; Arbora, en papel e higiene, y Be Beauty Care, en cuidado personal femenino. Su cobertura comprende alimentos, bebidas, refrigerados, congelados, despensa, aseo, cuidado personal, productos para mascotas y bazar.

Ara conserva, sin embargo, una mayor participación de marcas tradicionales de fabricantes. Su modelo puede considerarse híbrido: utiliza la marca propia para garantizar precios competitivos y mejorar rentabilidad, pero mantiene marcas líderes que amplían la capacidad de elección y atraen compradores que todavía conservan fuertes preferencias por determinados fabricantes.

Olímpica: uno de cada cinco pesos ya viene de marcas propias

 Entre las cadenas tradicionales, Olímpica presenta una de las estrategias más avanzadas. Para 2025 contaba con más de 900 referencias activas de marcas propias, responsables de aproximadamente 20% de las ventas, y durante ese mismo año incorporó más de 90 nuevos productos.

Uno de sus principales atributos es la segmentación. Olímpica y Medalla de Oro concentran buena parte de los productos de canasta básica; UltraLimp se especializa en limpieza del hogar y cuidado de la ropa; Suppra Care, en cuidado personal; Yia, en alimentación saludable; Hacienda La Giralda, en frutas y verduras frescas, y Olimpo, en electrodomésticos. Esta arquitectura permite que cada enseña tenga identidad propia y pueda competir más allá del precio.

El caso de UltraLimp es particularmente significativo: Olímpica señala que uno de cada dos detergentes comercializados en sus establecimientos pertenece a esta marca. El resultado muestra que las cadenas tradicionales pueden construir marcas capaces de disputar categorías dominadas históricamente por grandes compañías de consumo masivo.

Grupo Éxito: la arquitectura más diversificada

Grupo Éxito ha manejado históricamente alrededor de 30 marcas propias, distribuidas en alimentos, consumo masivo, moda, hogar y entretenimiento. Su participación se ha estimado alrededor del 18% de las ventas.

En alimentos sobresalen Éxito, Frescampo, Taeq y Carulla. Frescampo trabaja particularmente la propuesta de valor y precio, mientras Taeq ocupa el segmento asociado con bienestar y alimentación saludable. Pero es en moda donde Grupo Éxito ha construido posiblemente la arquitectura de marca propia más sofisticada entre los supermercados nacionales: Arkitect, Bronzini y People se comportan cada vez más como marcas independientes. En hogar sobresale Finlandek y en entretenimiento y tecnología aparece Simply.

La dimensión del fenómeno se observa especialmente en textiles. Para 2025 el Grupo proyectó ventas superiores a $1,4 billones en moda, de las cuales aproximadamente 47% corresponderían a prendas de marcas propias. Esto significa que, aunque la participación total de estas marcas en Éxito sea inferior a la de los discounters, en determinadas categorías su penetración puede resultar extraordinariamente alta.

Falabella: una verdadera casa de marcas

Falabella representa una lógica diferente porque su negocio se concentra principalmente en moda, hogar y categorías discrecionales. A nivel regional, la compañía reporta 45 marcas propias y 74 marcas exclusivas para sus operaciones en Chile, Perú y Colombia. Entre las principales se encuentran Sybilla, Basement, University Club, Newport, Bearcliff y Mountain Gear en moda y vestuario; Mica y Mica Kids en hogar e infantil, además de Recco, Wurden, Yamp y Ddesign, entre otras propuestas.

Falabella señala que alrededor del 70% de los productos ofrecidos corresponde conjuntamente a marcas propias o marcas internacionales exclusivas. El indicador no es comparable directamente con el 80% de D1, 41% de Ara, 20% de Olímpica o 18% de Éxito, porque Falabella habla de participación dentro de la oferta y combina marcas propias con marcas exclusivas, mientras las demás compañías reportan principalmente participación sobre ventas.

Su gran fortaleza consiste en desarrollar cada enseña con identidad, consumidor objetivo, estilo y posicionamiento propios. Sybilla, Basement o University Club no son percibidas simplemente como “la marca Falabella”, sino como propuestas diferenciadas dentro de la tienda, acercando su estrategia a la utilizada históricamente por los grandes department stores internacionales.

De la marca blanca a la marca deseada

El análisis permite identificar cuatro modelos. D1 domina por penetración, con cerca del 80% de sus ventas; Ara ocupa una posición intermedia, con 41%, combinando descuento con marcas tradicionales; Olímpica y Éxito utilizan la marca propia como instrumento de segmentación, margen y diferenciación, con participaciones cercanas al 20% y 18%, respectivamente; mientras Falabella desarrolla una verdadera casa de marcas, vinculada principalmente con moda, hogar y estilo de vida.

Lo relevante es que el consumidor colombiano ya no identifica necesariamente la marca propia con un producto de menor calidad. Latti, Bonaropa, UltraLimp, Taeq, Arkitect o Sybilla están construyendo territorios propios de reconocimiento, mientras los retailers obtienen mayor control sobre surtido, precio, diferenciación y margen.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “El próximo capítulo de esta competencia ya no estará solamente en determinar quién tiene más referencias propias, sino quién consigue convertirlas en marcas que el consumidor busque deliberadamente. En ese nuevo escenario, el retailer deja de ser únicamente distribuidor de productos para convertirse también en uno de los mayores constructores de marcas del mercado colombiano”.

De acuerdo con la empresa, el proyecto contempla la recuperación y modernización de un campo con una extensa trayectoria productiva, infraestructura instalada y cerca de 1.100 pozos existentes. El objetivo es aprovechar las reservas y la capacidad operativa disponible para incrementar progresivamente los niveles de extracción.

Según las estimaciones divulgadas por GeoPark, el bloque Bare cuenta con aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo originalmente en sitio y acumula más de 700 millones de barriles producidos a lo largo de su historia. El campo llegó a registrar una producción superior a los 100.000 barriles diarios durante sus periodos de mayor actividad.

Actualmente, Bare produce cerca de 11.000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, GeoPark estima que el activo podría alcanzar una producción bruta de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en su máximo potencial. La compañía también proyecta más de una década de producción estabilizada, con niveles de entre 55.000 y 62.000 barriles diarios netos para GeoPark.

La entrada de GeoPark a Venezuela, respaldada por el Grupo Gilinski

La operación contó con el impulso del Grupo Gilinski, cuya participación fue determinante para establecer con Petróleos de Venezuela (PDVSA) un contrato de participación en la producción con una vigencia de 25 años.

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Como parte de la estructura acordada, la transacción será financiada mediante la emisión de acciones de GeoPark. Este mecanismo busca preservar la liquidez y la posición financiera de la compañía durante el proceso de incorporación del activo venezolano.

El acuerdo también contempla que el Grupo Gilinski adquiera indirectamente el control de GeoPark. Las nuevas acciones serán emitidas con una prima y, adicionalmente, se establecerá una oferta pública que permitirá a los actuales accionistas contar con una alternativa de liquidez.

El plan de desarrollo de Bare contempla una producción acumulada cercana a 400 millones de barriles netos para GeoPark. Asimismo, la compañía busca elevar el factor de recobro del campo desde niveles estimados de entre 4% y 5% hasta un rango de entre 8% y 9%, mediante inversiones destinadas a la recuperación y modernización de la infraestructura existente.

La empresa proyecta que la incorporación de Bare, sumada al crecimiento esperado de sus operaciones en Vaca Muerta, Argentina, permita aumentar de manera significativa su producción regional.

Bajo este escenario, GeoPark calcula que podría alcanzar entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en 2030, lo que representaría aproximadamente 2,7 veces su nivel actual de producción.

La falta de avance en la jornada estuvo marcada por el inconformismo de varios legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, quienes manifestaron sus críticas hacia los ministros que no asistieron personalmente al debate, a pesar de haber sido convocados para explicar los detalles y alcances de las cifras incluidas en el presupuesto. El senador Carlos Meisel fue explícito al afirmar que “tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”. En este caso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no estuvo presente y envió al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo, mientras que el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, delegó en la subdirectora, Marta Cecilia García.

El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alex Bermúdez, señaló que existe una notable falta de comunicación entre el Congreso y el Gobierno, afirmación que fue respaldada por diferentes voces durante la sesión. Como consecuencia, la discusión fue suspendida y solo será retomada la próxima semana.

Frente al motivo de las ausencias, el ministro de Hacienda y la ministra de Educación, Viviane Morales, aclararon que tuvieron que asistir a un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conocido como Fomag. Por su parte, el director de Planeación Nacional señaló compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, argumentó estar atendiendo una sesión de control político en el Senado sobre la atención al terremoto.

Es importante destacar que el ministro de Hacienda sí había estado en el Congreso recientemente, donde justificó el carácter austero del presupuesto, aunque ese argumento provocó risas entre los asistentes debido al elevado valor del proyecto. Gómez enfatizó que el presupuesto busca frenar el incremento del gasto sin respaldo de ingresos, evitando así un escenario crítico de endeudamiento, devaluación, y posible recesión económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso?

La discusión del Presupuesto General de la Nación se suspendió porque varios ministros citados al debate, como el de Hacienda y el de Planeación Nacional, no asistieron personalmente y delegaron la representación en funcionarios de menor rango. Esto generó críticas de congresistas, quienes consideraron fundamental la presencia de los ministros para explicar detalles del presupuesto, situación que llevó a levantar la sesión sin avances.

¿Qué consecuencias advierte el ministro de Hacienda sobre no ajustar el presupuesto?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que si no se implementan ajustes en el presupuesto, el país podría enfrentar un nivel insostenible de deuda pública, lo cual desembocaría en una crisis de pago. Esto implicaría la devaluación de la moneda, un freno al crecimiento económico y la posibilidad de una recesión.

De acuerdo con Marco Páez, director de Greenwood Energy en Colombia, citado en El Espectador, la empresa inicialmente adquirió la totalidad del terreno y posteriormente lo cedió a la comunidad indígena, asegurando su participación y control territorial. Esta acción se complementa con un acuerdo que incluye la construcción de un nuevo asentamiento arhuaco con acceso a vivienda, salud y educación, respondiendo al interés de la comunidad por proteger espacios sagrados y sus fuentes de agua. Ati Viviam Villafaña, indígena arhuaca y politóloga, explicó a El Espectador que la ampliación territorial es central, ya que permitiría fortalecer la protección de áreas valiosas desde lo ambiental, cultural y espiritual. Además, según la vocera, los ingresos generados durante los 25 años de vida útil previstos para el parque podrían destinarse a la compra anual de entre 15 y 20 hectáreas para ese fin.

Un reto fundamental ha sido la conexión eléctrica. El transporte de la energía hasta el sistema nacional depende de la construcción de una línea de más de 10 kilómetros hasta la subestación de El Copey. Según Greenwood Energy, los retrasos en la asignación de capacidad y puntos de conexión por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) limitaron el inicio de una segunda fase, que estima adicionar 120 megavatios y la construcción de dos nuevos pueblos arhuacos. Aunque el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han anunciado medidas para priorizar proyectos con requisitos técnicos y ambientales cumplidos, persisten trámites represados.

La comunidad arhuaca se consolida como socia del proyecto. La primera fase exigió más de USD 50 millones de inversión y, al cumplir 25 años, Greenwood Energy transferirá la infraestructura a la comunidad, que decidirá su destino. Para la etapa siguiente, los arhuacos buscan participar en la financiación y recibir parte de las utilidades, aunque advierten de dificultades para acceder a crédito, ya que entidades financieras son reticentes a financiar proyectos en territorio indígena, una situación reconocida por Páez, quien aboga por líneas de crédito preferenciales y avales estatales para estos procesos.

¿Cómo beneficia el parque solar Terra Initiative a la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada?

El parque solar Terra Initiative contribuye a la ampliación del territorio arhuaco, la protección de espacios sagrados y fuentes de agua, y la construcción de un nuevo asentamiento con acceso a servicios básicos. Además, los recursos económicos generados permitirían la compra anual de tierras para fortalecer la conservación ambiental y cultural, según explicó Ati Viviam Villafaña a El Espectador.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la conexión del parque solar al Sistema Interconectado Nacional?

El proyecto ha enfrentado retrasos debido a trámites de asignación de capacidad y puntos de conexión por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), lo que ha frenado el desarrollo de una segunda fase mayor. La construcción de una línea de más de 10 kilómetros hasta la subestación de El Copey es clave, pero persisten solicitudes represadas a pesar de cambios normativos anunciados por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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La divisa estadounidense cerró este miércoles en 3.159 pesos, registrando una leve caída del 0,09 % (-2,70 pesos) frente al dato del martes (3.161,70 pesos).

La sesión abrió en 3.150 pesos y marcó un máximo de 3.162,50 pesos antes de acelerar su descenso hasta un mínimo intradiario de 3.125 pesos, nivel no visto en las últimas jornadas.

El mercado interbancario absorbió tanto las tensiones internacionales en el mercado de materias primas como la dinámica operativa de la más reciente subasta de opciones del Banco de la República.

Por su parte, el Índice DXY (dólar global) mostró una ligera variación del -0,09 % hacia las 99,59 unidades (con picos intradiarios cercanos a 99,9). El billete verde permaneció respaldado por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un mercado que descuenta cerca de un 68 % de probabilidad de que la Reserva Federal incremente su tasa de interés en la reunión de septiembre.

En el ámbito local, la atención de los agentes del mercado se concentró en los resultados de la segunda subasta de opciones PUT de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco de la República.

De acuerdo con análisis de Acciones & Valores, la reducción en la prima de corte refleja una menor probabilidad inmediata de ejercicio en comparación con el mes anterior. Sin embargo, la elevada demanda observada durante la subasta continúa generando incentivos tácticos de corto plazo para una apreciación del peso, en la medida en que los operadores buscan acercar la Tasa Representativa del Mercado a los niveles técnicos del Promedio Móvil de 20 días (PM20).

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Petróleo consolida máximos de seis semanas

En el escenario internacional, los precios del crudo se mantuvieron firmes en la parte alta del rango, actuando como un amortiguador clave para las divisas de países exportadores de energía frente al fortalecimiento del dólar.

El petróleo Brent avanzó un 0,86 %, consolidándose en los 95,46 dólares por barril. El petróleo WTI subió un 0,69 %, cotizando en 90,84 dólares por barril.

La prima de riesgo geopolítico se mantuvo elevada tras nuevos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz. Pese a la postura firme de Washington, los precios pausaron su rally tras reportarse un volumen récord de tránsito de cerca de 17 millones de barriles diarios en el corredor marítimo.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,68 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,195 % desde los 12,268 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,550 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,678 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 12,670 %; la jornada anterior en 12,850 %.

Así lo manifestó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, quien también señaló que existen preocupaciones en este debate fiscal, ya que considera que el Presupuesto está desequilibrado, argumentando que el servicio de la deuda pasó de $100 billones a $155 billones.

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El congresista propuso medidas en materia de refinanciación y acuerdos sin incumplir con los pagos, junto con el potenciamiento del desarrollo económico, con la finalidad de reducir el déficit, la deuda y ajustar las finanzas públicas.

“Lo veo totalmente desequilibrado. Es absolutamente imposible que este 2026 estemos gastándonos $100 billones en servicio de la deuda, intereses y amortizaciones y en 2027 tengamos un presupuesto (en servicio de la deuda) de $155 billones. ¿Cómo pasamos de $100 billones a $155 billones?”, dijo.

Para el representante, es importante hacer un análisis sobre la conversión de US$10.000 millones en francos suizos del gobierno Petro, y cuál fue el impacto de las tasas de interés de los títulos de tesorería (TES).

“De cada peso destinábamos $22 centavos para servir la deuda. Ahora de cada peso tenemos que destinar $35 centavos. Eso no puede pasar sin que haya un impacto o una responsabilidad. Veo grave la situación de la deuda. La comunidad internacional nos tiene que ayudar. Hay que bajarle enormes costos”, agregó.

Luego añadió que vislumbra para el debate que se disminuya el monto de lo que se planea destinar al servicio de la deuda al interior del Presupuesto, pero sin que se generen impagos.

“Se pueden acudir a métodos de financiación, de prefinanciación, de reperfilamiento, de ver cómo hacemos para liquidar estos TES que se colocaron a 13 % y 14 %. Eso no puede ser. Eso es una tasa elevada a nivel internacional”, aseguró.

Levantamiento de la sesión del 2 de septiembre

En la fecha mencionada, las comisiones económicas de Cámara y Senado se reunieron para discutir el monto que, como se señaló anteriormente, debe quedar listo antes del 15 de septiembre.

A la diligencia estaban citados el ministro de Hacienda, Miguel Gómez; el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago; la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y la ministra de Educación, Vivian Morales.

Ninguno de los ministros asistió al debate, y en su lugar, enviaron a asesores o viceministros para la discusión. Pérez señaló que esto es «normal» y que es responsabilidad del Congreso el desarrollo de las ponencias para el debate.

Según Raúl Fernando Rodríguez, secretario de la Comisión Cuarta de la Cámara, el ministro de Hacienda presentó sus excusas por no asistir al debate debido a reuniones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta misma excusa fue presentada por la ministra de Educación, mientras que el director del DNP presentó excusas por atender compromisos de carácter institucional.

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Ante la ausencia de los funcionarios citados, la mesa directiva de las comisiones económicas decidió levantar la sesión en la que se tenía previsto avanzar en la discusión.

El programa fue implementado desde el 1 de septiembre de 2026, iniciando con una etapa pedagógica e informativa en la que los usuarios reciben información acerca de sus metas individuales de consumo y recomendaciones para mejorar la eficiencia energética. Durante esta fase, cualquier cobro relacionado con el programa es únicamente informativo; no se exige su pago en este periodo inicial.

Posteriormente, en los periodos de facturación siguientes, cada usuario podrá verificar en su factura la meta de consumo establecida y su nivel de cumplimiento. Si el consumo sobrepasa en más de un 10 % la meta individual asignada, se aplicará un cobro adicional sobre el exceso, de acuerdo con la regulación vigente. Las metas individuales son determinadas con base en el historial de uso de cada usuario y no cambian durante la vigencia del programa.

Según información de Enel Colombia, la medida se implementa de manera automática para usuarios residenciales, comerciales e industriales del mercado regulado, quienes reciben el servicio a través de comercializadores minoristas. Destacan excepciones, como hospitales, colegios, alumbrado público y entidades de seguridad y emergencias. Los usuarios pueden consultar su meta individual de consumo en la factura o a través de los canales virtuales de Enel Colombia.

La empresa sugiere adoptar prácticas sencillas para ahorrar energía, como desconectar equipos que no se estén utilizando, aprovechar la luz natural, secar la ropa al sol y utilizar bombillos LED, al igual que cuidar el uso de equipos de alto consumo como nevera, aire acondicionado y agua caliente. Según Enel Colombia, si muchos usuarios suman estos sencillos hábitos, se podrá mejorar la confiabilidad eléctrica nacional durante la temporada del fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa de uso eficiente de energía de la CREG durante el fenómeno de El Niño en Colombia?

El programa de uso eficiente de energía fue creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en respuesta a la menor generación hídrica y a la mayor demanda eléctrica provocada por el fenómeno de El Niño. Consiste en asignar a cada usuario una meta individual de consumo, basada en su historial, e incentiva el ahorro con información y posibles cobros adicionales si se supera el límite permitido.

¿Cómo se calcula la meta individual de consumo eléctrico en el programa de la CREG en Bogotá?

La meta individual de consumo es establecida por la CREG y el comercializador, tomando como base el historial de consumo de cada cliente. Esta meta permanece fija durante el tiempo que dura el programa y se puede consultar tanto en la factura como en los canales digitales de Enel Colombia.

Este reordenamiento de los recursos implica que la inversión queda relegada al tercer lugar en importancia dentro del presupuesto, detrás de gastos operativos y de las obligaciones financieras del Estado. En este contexto, Buitrago insistió en la relevancia de proteger el gasto público social, priorizándolo en medio de las restricciones presupuestales. De los $87 billones asignados a inversión, $69 billones son recursos provenientes de la Nación y $17,6 billones corresponden a recursos propios. La inversión pública, según detalló el director del DNP, equivale al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que, de acuerdo con la exposición, es similar a los registrados antes de la pandemia, como en los años 2018 y 2019 cuando la inversión fue del 3,9% del PIB.

Sin embargo, la reducción en la inversión trae consigo consecuencias para el potencial de crecimiento económico del país. Buitrago señaló que con los niveles actuales, es difícil que Colombia vuelva a registrar tasas de crecimiento económico del 4% o 5%. Añadió que una de las mayores preocupaciones es la inflexibilidad del presupuesto de inversión, ya que el 84% de estos recursos están comprometidos con obligaciones previas, denominadas vigencias futuras, rentas de destinación específica, subsidios especiales y otros compromisos legales. Tras descontar estos montos, solo quedan $14 billones disponibles para ajustes y nuevas decisiones de política pública.

En cuanto a la distribución sectorial, inclusión social lidera con $21,5 billones, seguido de transporte con $16 billones, trabajo con $10 billones, educación y defensa con $6,4 billones cada uno, minas con $5,9 billones y hacienda, principalmente para transporte masivo, con $5,7 billones. Vivienda recibe $2,2 billones, de los cuales la mayor parte se destina a saneamiento básico y acueducto. Sobre este último punto, Buitrago advirtió que la estructura reducida limita la posibilidad de otorgar subsidios para vivienda, afectando la reactivación del sector de la construcción.

Finalmente, el director del DNP sugirió que la discusión presupuestal debe centrarse en recortar el gasto y dar una señal clara de manejo responsable de las finanzas públicas. El objetivo es crear condiciones que permitan a futuro ampliar el espacio para la inversión y facilitar una política monetaria menos restrictiva por parte del Banco de la República. Según Buitrago, estos ajustes buscan que la inversión pública vuelva a desempeñar un papel clave en el impulso del crecimiento económico.

¿Cómo afecta la reducción del presupuesto de inversión al crecimiento económico de Colombia?

La disminución del presupuesto destinado a inversión implica un menor impulso a proyectos y obras públicas que dinamizan la economía nacional. Tal como explicó el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, niveles bajos de inversión pública dificultan que el país alcance tasas de crecimiento superiores al 4% o 5%, ya que la inversión es vista como un motor fundamental para el desarrollo económico.

¿Por qué el presupuesto de inversión en Colombia es considerado inflexible?

El presupuesto de inversión se considera inflexible porque el 84% de estos recursos ya están comprometidos en obligaciones de años anteriores, conocidas como vigencias futuras, además de rentas de destinación específica, subsidios y compromisos legales. Esto reduce el margen de maniobra para reasignar recursos o emprender nuevos proyectos, lo que limita la capacidad del Gobierno para responder a nuevas necesidades o prioridades de política pública.

De acuerdo con la información revisada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto para 2027 contemplado en el nuevo proyecto alcanza la cifra de $634,9 billones, es decir, $59,3 billones más que el proyecto inicial presentado en julio. En términos comparativos con los recursos previstos para 2026, que ascienden a $555,8 billones, esto implica un aumento de 14,2%. El gerente del Banco de la República desglosó la distribución del presupuesto: $392,6 billones están destinados a gastos de funcionamiento, $87 billones a inversión y $155 billones al servicio de la deuda. Un aspecto relevante dentro del ajuste es el incremento de $37,4 billones en el servicio de la deuda, frente a lo proyectado inicialmente.

Sin embargo, el tema de fondo subrayado por Villar gira en torno al desbalance fiscal. El Gobierno reconoce que para 2027 los números serán menos favorables de lo previsto: según la proyección actualizada, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría a 9,4% del producto interno bruto (PIB) y la deuda neta ascendería a 66,2% del PIB. Estas cifras, aclaró Villar, no constituyen metas del Ejecutivo, sino un diagnóstico de los riesgos que se presentan si no se actúa de manera oportuna para reducir el déficit.

Con el objetivo de enfrentar este panorama, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley de ajuste fiscal que se enfocaría en racionalizar el gasto público. La meta, de acuerdo con Villar, es reducir el déficit primario de 2027 en 2,2% del PIB, ubicándolo en 2,3%. A pesar de ello, el déficit global seguiría siendo alto, en cerca de 7,2% del PIB, un nivel que según el gerente, no bastaría para cumplir con la regla fiscal vigente a partir de 2028 ni tampoco para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública.

En materia de financiación, Villar reveló que se proyecta un aumento significativo: mientras el primer borrador presupuestal contempló capital por $187 billones, la versión revisada estima $287 billones. Además, si la ley de ajuste fiscal es aprobada, las necesidades de endeudamiento del país podrían disminuirse en $42 billones, equivalentes al 2% del PIB.

Finalmente, el funcionario recomendó elaborar un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o documento similar, que permita definir de manera explícita las bases y metas concretas para el ajuste fiscal, con el fin de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas en los próximos años.

¿Cuáles son las principales cifras del presupuesto general de Colombia para 2027?

El presupuesto general de Colombia proyectado por el Ministerio de Hacienda para 2027 asciende a $634,9 billones. De ese total, $392,6 billones se asignan a funcionamiento, $87 billones a inversión y $155 billones al servicio de la deuda. Este incremento representa un crecimiento de 14,2% frente a la apropiación vigente en 2026, que era de $555,8 billones, y está marcado principalmente por un aumento en el servicio de la deuda por $37,4 billones.

¿Qué significa el déficit fiscal y por qué es un riesgo para Colombia en 2027?

El déficit fiscal corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno; en otras palabras, es cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Para 2027, se estima que el déficit total podría alcanzar 9,4% del PIB, duplicando lo previsto inicialmente. Este alto nivel representa un riesgo, ya que compromete la capacidad del país para cumplir con la regla fiscal y amenaza la sostenibilidad de la deuda pública, aspectos que pueden afectar la estabilidad económica de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Al quedar represadas sus mercancías a causa del desastre, muchos productores vieron afectados sus ingresos y capacidad de recuperación. "Juntos por el Pacífico" se estructura como una red de apoyo colectivo, liderada por la coach Danna Rendón y la creadora de contenido Carolina Cortés. La finalidad principal es ofrecer canales comerciales alternativos que ayuden a estos emprendedores a colocar sus productos y a revitalizar la economía desde el interior mismo de la comunidad.

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, la cancha ubicada en el barrio Guabal, en Cali, será transformada en un espacio cultural y comercial en el que convergerán la gastronomía, las artesanías, las bebidas ancestrales y los saberes tradicionales del Pacífico. Las promotoras de esta iniciativa subrayan que el objetivo no es solamente atender la emergencia económica sino también recuperar los espacios urbanos mediante el fortalecimiento de la identidad cultural local.

El proyecto se basa en el modelo de “etnoeconomía circular”, entendido como una dinámica social que impulsa la valorización de los saberes tradicionales y promueve el consumo consciente. De acuerdo con Danna Rendón, es crucial que la comunidad caleña rompa la indiferencia y apoye activamente a quienes arriesgaron sus ahorros invirtiendo en insumos y materia prima para el festival que no se realizó. Según explicó, esta circulación de recursos dentro de la comunidad contribuye a que la cultura se convierta en un motor esencial para la recuperación económica.

Carolina Cortés añadió que el evento busca convertir la tragedia en acciones solidarias, permitiendo que la ciudadanía descubra la riqueza cultural del Pacífico y, al mismo tiempo, apoye directamente a las familias y emprendimientos afectados. En ese sentido, participar en esta convocatoria no solo implica visitar un mercado, sino aportar al bienestar colectivo y a la preservación del patrimonio local.

¿En qué consiste la etnoeconomía circular y cómo contribuye a la recuperación tras el terremoto en Cali?

La etnoeconomía circular es un modelo económico que enfoca la circulación de recursos dentro de una comunidad, priorizando los saberes y productos tradicionales. En el contexto del terremoto en Cali, esta dinámica promueve el apoyo directo a los productores locales, sosteniendo las economías familiares e impulsando la reconstrucción desde la identidad cultural de la región.

¿Cómo pueden los ciudadanos apoyar la reactivación económica tras el terremoto en Cali a través de "Juntos por el Pacífico"?

Participar y consumir en las jornadas de comercio y cultura organizadas en la cancha del barrio Guabal entre el 18 y el 20 de septiembre permite a la ciudadanía contribuir directamente con los emprendimientos afectados. Así, se fomenta la reactivación de la economía y se fortalece el tejido social en un momento crítico para Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Oscar Fernández Rincón, representante del gremio, sostiene que los hidrocarburos pueden generar recursos para atender problemas como la pobreza, el déficit fiscal, la seguridad, el empleo formal y la recuperación del occidente del país, cuyo costo estima en cerca de $30 billones.

Acipet advierte que la actividad del sector ha disminuido considerablemente. Entre 2015 y 2026, la producción de petróleo cayó 27%, mientras el gas comercializado bajó 32% y la producción total de gas se redujo más de 50%.

Además, los equipos de perforación disminuyeron 45% entre 2022 y 2026 y los pozos exploratorios pasaron de 131 en 2014 a 45 en 2025.

El gremio considera que Colombia mantiene un importante potencial en el subsuelo, pero enfrenta obstáculos como trámites, permisos, problemas de orden público y conflictos sociales.

Actualmente, el país importa 31% del gas que consume, situación que, según Acipet, amenaza la seguridad energética.

Por ello, el sector pide recuperar la autosuficiencia en gas y mantenerla en petróleo, aumentando la exploración y producción para generar mayores ingresos para la Nación y las regiones.

Durante septiembre, octubre y noviembre, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia no cobrarán la comisión de ley asociada al retiro de cesantías cuando estos recursos sean destinados a la compra o reparación de vivienda.

La decisión fue anunciada por Asofondos como parte de la campaña de apoyo a las personas damnificadas por la emergencia. El objetivo es facilitar que los trabajadores puedan utilizar de manera más rápida y completa sus ahorros para reconstruir o recuperar sus hogares afectados por el sismo.

Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán solicitar por escrito a su empleador la autorización para retirar las cesantías y presentar los documentos que acrediten su condición de damnificados.

Posteriormente, con la autorización y los soportes requeridos, deberán presentar la solicitud ante su respectivo fondo de cesantías.

El trámite podrá realizarse de forma presencial o mediante los canales virtuales habilitados por cada AFP. Una vez aprobada la solicitud, el fondo realizará el desembolso de los recursos en los días siguientes.

Asofondos destacó que esta medida busca respaldar a miles de colombianos y contribuir a la recuperación de sus viviendas tras la emergencia.

Martin Brudermüller, presidente del consejo de supervisión de Mercedes-Benz, sostuvo que el trabajo se ha vuelto “demasiado caro” en Alemania frente a otros mercados. “Deberíamos considerar seriamente un regreso a la semana de 40 horas”, afirmó.

Según el Financial Times, una hora de trabajo en el sector manufacturero alemán cuesta en promedio 49,50 euros, frente a 33,70 euros en la Unión Europea y 15,60 euros en Hungría.

Aunque los trabajadores alemanes mantienen una productividad superior a la de varios países de Europa del Este, los costos laborales por unidad producida han aumentado con mayor rapidez desde el 2023.

Desde su máximo registrado a finales de 2017, la producción industrial de Alemania ha caído más de 15 %, afectada por los altos precios de la energía, una mayor competencia de China, los aranceles de Estados Unidos y la transición hacia los vehículos eléctricos.

Actualmente, cerca de 6,5 millones de personas trabajan en la industria alemana, pero expertos advierten que esa cifra podría caer por debajo de los cinco millones.

Entre 12.000 y 15.000 empleos industriales estarían desapareciendo cada mes, mientras compañías como Volkswagen ya han anunciado nuevas reducciones de personal.

Sin embargo, pasar de una semana laboral de 35 a 40 horas sin modificar el salario semanal implicaría un aumento de aproximadamente 14 % en el tiempo trabajado sin elevar el costo total de la nómina.

Economistas que respaldan la propuesta sostienen que esta medida podría ayudar a mantener fábricas y empleos en Alemania al reducir el costo de producción frente a otros países.

Martin Werding, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, afirmó que las herramientas utilizadas anteriormente por las empresas para compensar los elevados costos laborales ya no serían suficientes frente a los actuales desafíos económicos.

Por otra parte, IG Metall, el sindicato industrial más grande de Alemania, con más de 2,2 millones de afiliados, rechazó que la jornada de 35 horas sea la principal causa de los problemas de competitividad.

Nadine Boguslawski, responsable de negociación colectiva del sindicato, aseguró que los convenios actuales ya permiten a las compañías aumentar o reducir las horas de trabajo según sus necesidades.

También advirtió que ampliar la jornada podría generar el efecto contrario sobre el empleo. Según el sindicato, si cada trabajador cumple más horas, las empresas podrían necesitar menos empleados para realizar la misma cantidad de trabajo.

Además, la jornada de 35 horas es actualmente el estándar acordado colectivamente para cerca de una quinta parte de los trabajadores alemanes, especialmente en sectores como el automotor, la ingeniería y la siderurgia.

En el conjunto de la economía, la semana laboral promedio se sitúa en 37,8 horas.

Alemania se encuentra entre los países de la Ocde donde los trabajadores acumulan menos horas de trabajo al año, aunque esta comparación está influenciada por la elevada proporción de empleados a tiempo parcial.

La discusión podría cobrar mayor fuerza en octubre, cuando los sindicatos industriales y las empresas comiencen una nueva ronda de negociaciones salariales.

La divisa continúa operando en rangos considerados atractivos para compras tácticas de corto plazo, mientras los operadores monitorean de cerca los pisos clave de la región y la persistencia de los mercados globales.

(Vea también: Caída del dólar golpea a exportadores en Colombia: café y flores reciben menos por sus ventas)

Por su parte, el índice global DXY mantiene un sesgo alcista, tras consolidar su soporte clave en los 99,75 puntos.

JP Tactical Trading destacó que, a nivel regional, las monedas respetan soportes técnicos y se aproximan a romper resistencias de corto plazo, lo que realinea el camino alcista del dólar en América Latina. Además, señaló que, para el mercado colombiano, el retroceso actual de la divisa es visto como una ventana de oportunidad en operaciones de compra.

Petróleo y shock inflacionario

Los precios del crudo escalan por tercera sesión consecutiva impulsados por los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico.

Los futuros del Brent trepan un 0,9 % hasta los US$95,55 por barril (llegando a tocar picos de US$97,04), mientras el WTI gana un 0,6 % y se negocia en US$90,73. Este nuevo golpe de materias primas aviva los temores de que la inflación energética persista hasta 2027.

Tras el tono restrictivo del presidente de la FED, Kevin Warsh, en Jackson Hole, los operadores ya asignan una probabilidad de 60 % a 65 % a un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de la FED para la reunión del próximo 16 de septiembre.

(Lea también: ¿Por qué el peso está tan fuerte frente al dólar? Gerente del Banco de la República lo explicó y lanzó seria advertencia)

Debate fiscal y Presupuesto 2027 en el Congreso

En Colombia, las comisiones económicas conjuntas del Congreso continúan este miércoles el debate en torno al Presupuesto General de la Nación de 2027, propuesto por el Ejecutivo en $634,95 billones.

La discusión en el Legislativo, que inició el pasado martes 1 de septiembre, toma máxima relevancia de cara al cumplimiento del plazo perentorio del 15 de septiembre para definir el monto, en un momento en que el Ministerio de Hacienda advierte sobre los retos fiscales y la necesidad de ajustar el gasto estructural.

En términos generales, los requisitos no cambian frente a lo establecido en la Ley 100, pero la reforma precisa quiénes pueden ser beneficiarios de la denominada pensión de sobrevivientes.

(Vea también: Nuevo fallo de la Corte Suprema fija reglas clave sobre la edad para recibir pensión en Colombia)

El documento señala que el artículo 47 define quiénes tienen el derecho legal directo a heredar una pensión en Colombia tras el fallecimiento del titular del ahorro.

Estas son las personas que pueden heredar una pensión en Colombia con la reforma pensional:

• El cónyuge o compañero permanente, siempre que acredite cinco años de convivencia
• Los hijos menores de 18 años o de hasta 25 años, si estudian.
• Los hijos en situación de discapacidad
• A falta de cónyuge e hijos, los padres que dependan económicamente del causante
• A falta de todos los anteriores, los hermanos en situación de discapacidad que dependan económicamente del causante

(Recomendado: ¿Sube la edad de pensión en Colombia con la nueva reforma pensional?)

Este nuevo sistema de jubilaciones, que incluye el procedimiento para heredar una pensión en Colombia, entrará en vigor el 1 de abril de 2027, por disposición de la Corte Constitucional.

La balanza comercial colombiana se caracteriza por exportar bienes como petróleo, café, flores, banano y carbón, cuyos negocios internacionales se manejan mayoritariamente en dólares. Por esta razón, cuando el dólar sube frente al peso, los exportadores reciben más pesos por cada dólar obtenido, lo cual puede representar un beneficio. Sin embargo, es importante considerar el efecto opuesto en el caso de las importaciones, en las que se incluyen artículos como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales, que también se pagan en dólares. Si la divisa estadounidense incrementa su valor, estos productos suelen encarecerse, lo que puede aumentar los costos de producción y afectar a los consumidores finales.

Este fenómeno también incide en la inflación, puesto que el alza del dólar impacta el costo de los productos importados. Una parte de las empresas traslada estos aumentos a los precios de bienes como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos y alimentos que dependen de suministros del exterior. Además, el turismo internacional para los colombianos se ve impactado negativamente cuando la moneda local pierde valor frente al dólar, pues viajar fuera del país se vuelve más costoso.

El precio del dólar es utilizado además como un indicador de confianza en la economía. Inversionistas tanto nacionales como internacionales suelen fijarse en una tasa de cambio estable, la cual suele transmitir estabilidad; por el contrario, las fluctuaciones abruptas pueden generar desconfianza. Según la información disponible, el precio del dólar hoy viernes es de 3.184 pesos colombianos.

¿Cómo afecta el precio del dólar a la economía de Colombia?

El precio del dólar impacta las exportaciones e importaciones del país, el costo de vida, la inflación y la percepción de confianza de los inversionistas. Un dólar alto favorece a los exportadores, pero encarece los productos importados y puede aumentar los precios para los consumidores colombianos.

¿Por qué las exportaciones e importaciones de Colombia dependen tanto del dólar?

Las principales exportaciones colombianas, como petróleo, café y flores, se negocian internacionalmente en dólares, lo que obliga a utilizar esa moneda como referencia. A su vez, la mayoría de los bienes importados –maquinaria, tecnología, medicamentos– también se pagan en dólares, de modo que cualquier cambio en su valor afecta directamente los precios y los flujos económicos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La medida, establecida por la CREG, busca incentivar a los hogares a reducir su consumo eléctrico mediante un esquema temporal de cobros y beneficios.

Durante septiembre habrá un periodo pedagógico, por lo que los usuarios no deberán pagar cobros adicionales, aunque sus facturas mostrarán información sobre la meta individual de consumo y los posibles excedentes. Los cobros comenzarán a aplicarse desde el ciclo de lectura siguiente.

La CREG enfatizó que la tarifa de energía no aumentará por esta medida. El cobro adicional será temporal y se aplicará durante seis meses únicamente a quienes superen en más de 10 % su meta individual de consumo.

Por ejemplo, si una vivienda tiene una meta de 180 kWh, podrá consumir hasta 198 kWh sin pagar un recargo. Solo el consumo que supere ese límite generará un cobro adicional.

Los recursos recaudados conformarán una bolsa destinada posteriormente a entregar incentivos a quienes reduzcan su consumo, aunque el monto dependerá de lo efectivamente recaudado.

Quedan excluidos del programa los hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto, además de hospitales, colegios y estaciones de Policía.

La propuesta fue presentada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante el XXII Congreso Nacional de Fenavi, en Cali.

La iniciativa busca aumentar la productividad y competitividad del sector mediante mejores condiciones de financiación, incluyendo créditos de largo plazo, periodos de gracia, menores tasas de interés, fortalecimiento del ICR y reducción de costos de garantías.

Además, el Gobierno plantea incrementar la producción nacional de maíz y soya, materias primas fundamentales para alimentar las aves, con el propósito de reducir la dependencia de importaciones y disminuir costos.

Otro eje será la diplomacia comercial para abrir nuevos destinos al pollo y huevo colombianos, mediante una coordinación entre Gobierno, productores y empresarios.

También se propone crear una Red Nacional de Protección Sanitaria, con participación del ICA, Invima, Policía Fiscal y Aduanera, Fenavi y autoridades territoriales, para fortalecer la prevención y respuesta ante riesgos sanitarios.

La estrategia parte de un sector que produjo más de 3,1 millones de toneladas en 2025, representa 26% del PIB pecuario y genera más de 350.000 empleos formales directos.

Según datos de captación promedio ponderada de la Superfinanciera, con corte al 31 de agosto, algunas entidades ofrecen rendimientos superiores a 12% efectivo anual.

Banco Pichincha lidera entre los bancos con una tasa de 13,4% E.A., seguido por Banco W, con 12,83%, Ban100, con 12,7%, Banco Contactar, con 12,6%, Banco Unión, con 12,58%, y Mibanco, con 12,5%.

Entre las compañías de financiamiento, KOA alcanza 12,98%, Iris 12,91% y Coltefinanciera 12,85%.

En plazos más cortos, Banco Contactar ofrece la mayor tasa bancaria a 180 días, con 12,65%, mientras que Ban100 lidera a 90 días, con 11,73%.

Expertos destacan que los CDT ofrecen seguridad, estabilidad y permiten conocer desde el inicio el rendimiento esperado.

Sin embargo, advierten que el dinero permanece inmovilizado durante el plazo acordado. Por eso, recomiendan no invertir recursos destinados a emergencias y evaluar factores como inflación, impuestos, plazo y diversificación antes de elegir la opción con mayor tasa.

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Los datos de Pandapé, plataforma de software en la nube (tipo ATS y HCM) diseñada para automatizar y simplificar la gestión de recursos humanos, muestran cuáles son las principales razones asociadas a la rotación laboral y ponen al salario en el primer lugar, con 63 %. Sin embargo, la remuneración no es el único elemento que influye en la permanencia de los trabajadores. El crecimiento profesional aparece con 46 %, seguido por el equilibrio entre la vida personal y laboral, con 36 %.

La lista también incluye la búsqueda de mayor flexibilidad, con 24 %; un liderazgo más empático, con 24 %; y un mejor clima laboral, con 19 %. Esto muestra que las decisiones de los empleados pueden estar relacionadas con una combinación de factores y no exclusivamente con el sueldo que aparece en la nómina.

Para un trabajador, una oferta laboral con un salario superior puede convertirse en un incentivo para cambiar de empresa. Pero, al mismo tiempo, una compañía puede perder a una persona que ya conoce sus procesos, equipos y responsabilidades si no logra responder a otras necesidades que influyen en su permanencia.

Ese escenario ha llevado a que las estrategias de retención de talento incorporen el concepto de compensación total, que busca complementar el salario con beneficios, bienestar y posibilidades de desarrollo profesional.

Alex Robbio, cofundador y CEO de la fintech Glim, explicó que la respuesta empresarial ante la presión salarial no necesariamente consiste únicamente en aumentar el sueldo base: “Si el salario impulsa la rotación, la respuesta no es solo subir el sueldo base; es rediseñar la estrategia de compensación total”.

Robbio agregó que beneficios relacionados con alimentación, transporte, salud y bienestar financiero pueden convertirse en herramientas para fortalecer la permanencia de los empleados.

La lógica detrás de esta estrategia es que un trabajador puede valorar de manera diferente una parte de su compensación cuando esta responde directamente a gastos que enfrenta en su vida cotidiana. De ahí que los beneficios flexibles hayan ganado espacio dentro de las políticas empresariales.

A diferencia de los incentivos tradicionales, que suelen entregarse bajo condiciones iguales para todos los empleados, los beneficios flexibles permiten adaptar parte de la compensación a las necesidades, preferencias o etapa de vida de cada trabajador.

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Entre las alternativas mencionadas se encuentran apoyos para alimentación y movilidad, opciones relacionadas con salud y educación, acceso a liquidez, bonos digitales y tarjetas con cupo disponible para determinados gastos cotidianos.

El nivel de utilización también marca una diferencia. De acuerdo con los datos suministrados, los beneficios tradicionales estandarizados registran tasas de utilización inferiores al 10 %, mientras que las herramientas de retribución flexible pueden alcanzar un 82 % de uso activo cuando están disponibles para los colaboradores.

Para las empresas, esto plantea una pregunta relevante: no se trata únicamente de ofrecer más beneficios, sino de entregar aquellos que realmente sean utilizados y valorados por los trabajadores.

La rotación laboral también tiene una dimensión financiera. Cuando un empleado abandona una compañía, el costo no termina con el pago de su liquidación o con la contratación de su reemplazo.

La empresa debe afrontar procesos de selección, contratación y capacitación. A esto se suma el periodo en el que la nueva persona adquiere experiencia y alcanza el nivel de productividad del trabajador que dejó el cargo.

La evidencia citada por Glim señala que mejorar los beneficios laborales puede reducir la rotación entre 20 % y 40 %, dependiendo de qué tan competitivos, personalizados y pertinentes sean los incentivos.

Además, perder y reemplazar a un colaborador puede representar un costo equivalente a entre 33 % y 150 % de su salario anual, debido a los gastos asociados con selección, contratación, capacitación y la pérdida inicial de productividad.

En términos sencillos, un trabajador que recibe un salario determinado puede representar para la compañía un costo de reemplazo considerablemente superior a ese pago mensual cuando abandona su puesto.

Los datos de Pandapé señalan que entre las principales estrategias para retener talento están mejorar el clima organizacional, desarrollar líderes, impulsar planes de carrera, ofrecer salarios competitivos y entregar beneficios o prestaciones adicionales.

Esto implica que las empresas tienen diferentes frentes para reducir la salida de trabajadores. Una compañía que no puede competir únicamente mediante incrementos salariales puede evaluar otros componentes de la compensación y de la experiencia laboral.

Robbio sostuvo que los beneficios flexibles también pueden tener una relación con la productividad al atender necesidades cotidianas de los trabajadores: “Un colaborador que no está preocupado por cómo resolver su alimentación, salud o transporte, está enfocado en su trabajo”.

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La discusión, por tanto, no se limita a cuánto gana un trabajador. Para las compañías colombianas, el desafío consiste en determinar qué combinación de salario, beneficios, liderazgo, desarrollo profesional, flexibilidad y ambiente laboral resulta suficiente para conservar talento que ya conoce el negocio.

La ministra del Trabajo, Natalia López, quien además asumió temporalmente como superintendente del Subsidio Familiar, anunció que se reforzará la vigilancia, inspección y control sobre estas entidades.

La decisión se produce tras las alertas por posibles irregularidades en Comfenalco Antioquia, donde la ministra denunció una presunta red de corrupción que intentaría apropiarse de más de un billón de pesos pertenecientes a los trabajadores y otras cajas del país.

Luego de una visita administrativa a Comfenalco, López señaló que la entidad atraviesa una transición hacia una nueva dirección y pidió que el proceso sea transparente, alejado de intereses políticos o particulares y enfocado en garantizar servicios para los afiliados.

La ministra enfatizó que las cajas cumplen una función social que debe ser protegida y fortalecida. Estas entidades ofrecen subsidios familiares, programas de vivienda, educación y recreación, financiados principalmente mediante aportes de los empleadores.

Según Asocajas, en enero de 2026 había más de 10 millones de colombianos afiliados y cerca de 9 millones de beneficiarios. Entre las cajas con más afiliados están Colsubsidio, Compensar, Comfama y Cafam.

(Lea también: Reforma pensional: ¿qué pasó con la ventana pensional tras la decisión de la Corte Constitucional?)

Estas preguntas volvieron a tomar relevancia a raíz de una decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que analizó el caso de un trabajador de la Universidad de Antioquia y precisó cómo deben concurrir la edad y el tiempo de servicio cuando una pensión de jubilación está establecida en una convención colectiva.

La sentencia es SL500-2026, con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, y fue proferida el 18 de febrero de 2026. El caso resulta especialmente relevante porque muestra que cumplir primero los años de servicio no necesariamente significa que el derecho a la pensión ya quedó consolidado.

El protagonista del proceso fue Willmar Alonso Patiño Arango, trabajador oficial de la Universidad de Antioquia, quien ingresó a la institución el 28 de febrero de 1990 y se desempeñaba como aseador.

Al momento de presentar la demanda acumulaba 32 años, cuatro meses y 27 días de servicio. Además, había cumplido 20 años continuos de trabajo el 28 de febrero de 2010 y llegó a los 45 años de edad el 29 de noviembre de 2013.

Su reclamación tenía como fundamento una antigua convención colectiva suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, Sintraudea. En particular, solicitó el reconocimiento de la pensión prevista en el artículo decimocuarto de esa convención, además del pago de las mesadas desde su retiro, en una cuantía equivalente al 100 % de su salario, junto con intereses moratorios, indexación y costas.

El punto central de la discusión estaba en determinar cuándo se causaba realmente ese derecho. El trabajador sostenía que había cumplido los 20 años de servicio en 2010 y que la edad de 45 años constituía un requisito para poder exigir el pago, pero no para causar el derecho. Bajo esa interpretación, consideraba que posteriormente podía acceder a la pensión cuando cumpliera la edad y se retirara.

La Universidad de Antioquia, en cambio, sostuvo que la edad también era un requisito indispensable para que naciera el derecho pensional. En el proceso defendió que la utilización de la palabra “y” en la convención significaba que debían cumplirse conjuntamente el tiempo de servicio y la edad.

Este es uno de los puntos que explica la importancia de la sentencia. La cláusula decimocuarta de la convención colectiva de 1976-1977 establecía: “reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años”.

La misma disposición señalaba que la Universidad pagaría a los trabajadores jubilados una pensión equivalente al 100 % de su salario. Para la Corte Suprema, la redacción no permitía separar ambos requisitos.

La Sala explicó que la palabra “y” conecta las dos condiciones necesarias para acceder al beneficio: los 20 años de servicio y los 45 años de edad. Por eso concluyó que ambos requisitos debían cumplirse de manera conjunta para que se causara la pensión.

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En términos sencillos, el trabajador no podía considerar que la pensión había quedado consolidada únicamente porque alcanzó primero los 20 años de servicio. Por ejemplo, si una convención estableciera que un trabajador debe cumplir 20 años de servicio y 45 años de edad, no sería suficiente con que la persona complete los 20 años si todavía no ha alcanzado los 45.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en este proceso: Patiño Arango cumplió los 20 años de servicio el 28 de febrero de 2010, pero solo llegó a los 45 años el 29 de noviembre de 2013. El problema es que para entonces ya había pasado un límite temporal establecido por la Constitución para este tipo de beneficios pensionales convencionales.

La Corte explicó que la convención colectiva estaba prorrogándose automáticamente cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005. Por esa razón, las prerrogativas pensionales quedaron extendidas hasta el 31 de julio de 2010.

La propia sentencia recordó las reglas fijadas previamente por la Sala Laboral en la sentencia CSJ SL3635-2020. Entre ellas, estableció que las reglas pensionales convencionales que estaban vigentes al momento de la entrada en vigor del Acto Legislativo podían conservar eficacia según el término inicialmente pactado; pero cuando se trataba de una convención en prórroga automática, sin denuncia de las partes, las prerrogativas pensionales se extendían solamente hasta el 31 de julio de 2010.

Por eso, aunque Patiño Arango ya había cumplido los 20 años de servicio antes de esa fecha, no había alcanzado todavía los 45 años. La Corte señaló expresamente que completó el tiempo de servicio el 28 de febrero de 2010 y llegó a la edad requerida el 29 de noviembre de 2013, es decir, después del límite constitucional del 31 de julio de 2010.

La decisión tuvo además una particularidad relevante. El Tribunal Superior de Medellín había considerado que el trabajador no había demostrado suficientemente su afiliación a Sintraudea, entre otras razones porque en un listado de socios de 1990 su nombre aparecía tachado o borrado.

La Corte Suprema revisó las pruebas y concluyó que sí estaba acreditada su afiliación al sindicato desde el 4 de abril de 1990. Para llegar a esa conclusión tuvo en cuenta la solicitud de ingreso presentada el 30 de marzo de 1990, la aprobación registrada por la junta directiva el 4 de abril y otros elementos documentales.

También valoró que la Universidad le hubiera reconocido una prima de antigüedad con fundamento en la convención colectiva de 1991-1993. En esa certificación aparecía el reconocimiento de $177.466, correspondiente a 265 días de salario a razón de $6.696,84 diarios. Para la Corte, esto demostraba que el trabajador había recibido efectivamente un beneficio convencional.

Incluso, la Sala consideró que el Tribunal se había equivocado al concluir que Patiño Arango no había demostrado su condición de afiliado. Sin embargo, ese reconocimiento no fue suficiente para otorgarle la pensión.

La razón fue que, aunque estaba acreditada la afiliación al sindicato, el trabajador no cumplió simultáneamente los requisitos de tiempo y edad dentro del periodo en que todavía podían producir efectos las reglas pensionales de esa convención.

La Sala fue contundente al señalar que en este caso no había dos interpretaciones razonables de la cláusula convencional. Según la Corte, el texto era claro y no permitía considerar la edad como un requisito meramente posterior para exigir el pago.

Por esa razón tampoco podía aplicarse el principio de favorabilidad, pues este principio parte de que exista una duda sobre la aplicación o interpretación de normas vigentes, situación que, según la Sala, no se presentaba en este caso.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Medellín el 14 de noviembre de 2024, por lo que se mantuvo la decisión que negó el reconocimiento de la pensión convencional solicitada por Patiño Arango.

Cabe aclararar que la sentencia no establece una nueva edad general de pensión para todos los colombianos. El caso analiza una pensión de jubilación originada específicamente en una convención colectiva de trabajo de la Universidad de Antioquia y las reglas que aplicaban a ese beneficio.

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Lo que sí deja la decisión es una referencia importante para controversias similares: cuando una norma convencional exige conjuntamente una determinada edad y un tiempo de servicio, no necesariamente puede considerarse causado el derecho solo porque el trabajador haya cumplido primero uno de esos requisitos.

La propia Corte advirtió que no todas las controversias pensionales basadas en convenciones colectivas pueden resolverse de la misma manera. La respuesta depende de las particularidades de la redacción de cada norma.

El Gobierno, presidido por Abelardo de la Espriella, formuló un presupuesto por 634,9 billones de pesos, lo que implica un aumento cercano a los 60 billones respecto a la propuesta del gobierno anterior. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, más de la mitad de ese incremento será destinada a cubrir rubros desfinanciados. No obstante, para hacer frente al déficit fiscal heredado, se estableció un recorte de 21,9 billones de pesos al presupuesto vigente para 2026.

Pese a la magnitud del presupuesto proyectado, Cuello destacó la insuficiencia de recursos para responder a los efectos del fenómeno de El Niño en la región Caribe. El funcionario mencionó específicamente las dificultades que atraviesa la Costa Atlántica y criticó la reducción en los presupuestos de los sectores de agricultura, minas, energía, ambiente y salud. Según sus palabras, la dimensión de la crisis local no parece estar debidamente reflejada en la asignación de recursos.

El representante Cuello también cuestionó la equidad en el reparto de los recortes. Señaló que, mientras la inversión global cae 3 %, entidades como el Congreso, la Registraduría y los organismos de control enfrentan recortes de 26 %, 16 % y hasta 61 %, respectivamente, en su presupuesto de inversión. De acuerdo con Cuello, el Gobierno central compensa las reducciones en determinados sectores aumentándolas en otros, afectando principalmente a los organismos independientes.

Finalmente, el debate se tornó fiscal al señalar la ausencia de una propuesta de ley de endeudamiento. Cuello recordó que los cupos aprobados mediante la Ley 2382 de 2024 solo cubren la vigencia actual y solicitó claridad sobre cómo se obtendrán nuevos créditos para sostener las finanzas en 2027. Como presidente de la Comisión Tercera, el papel de Cuello será clave en la discusión y votación del presupuesto nacional, lo que anticipa una negociación compleja en los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 ha generado controversia en el Congreso?

La controversia surge por la reducción de inversiones en sectores clave, especialmente ante la crisis climática y la asignación de recortes más severos a entidades independientes como el Congreso, la Registraduría y organismos de control, mientras que el Gobierno central equilibra recortes y aumentos en diferentes áreas. Esto ha sido criticado principalmente por el representante Alfredo Ape Cuello, de acuerdo con los debates documentados.

¿Qué implicaciones tiene la ausencia de una nueva ley de endeudamiento para el financiamiento del presupuesto 2027?

La falta de una nueva ley de endeudamiento es relevante porque los cupos crediticios vigentes solo cubren la actualidad, lo que pone en duda la capacidad del Gobierno para autorizar nuevos créditos necesarios para financiar el presupuesto de 2027. El presidente de la Comisión Tercera ha pedido explicaciones al ministro de Hacienda sobre cómo se resolverá este vacío legal y financiero.

La firma Marsh, experta en servicios profesionales, confirmó que su negocio especializado en personas e inversiones, Mercer, adoptará la marca Marsh a partir del primero de septiembre de 2026.

La empresa indicó que esta evolución estratégica representa un avance significativo en la unificación de las capacidades globales de la compañía. Además, de que la decisión fortalece la propuesta de valor y mejora el acompañamiento integral a las organizaciones frente a los desafíos laborales, financieros y corporativos actuales.

Mercer ha sido un negocio clave de Marsh desde 1959, apoyando a sus clientes en el cumplimiento de metas de inversión, la transformación del trabajo y la optimización de los esquemas de salud y jubilación.

A lo largo de más de nueve décadas, la empresa ha desarrollado un conocimiento profundo en áreas clave como salud y beneficios, inversiones y jubilación, fuerza laboral y compensación, posicionándose como un aliado estratégico.

En octubre de 2025, Marsh anunció la integración progresiva de sus distintas líneas comerciales bajo una sola marca para reflejar de forma óptima su escala, alcance de mercado e impacto colectivo con los clientes.

La consolidación facilita un acceso directo a un portafolio más amplio de soluciones, permitiendo aprovechar la experiencia de la organización en un entorno global cambiante.

Debido a esta transición, desde el primero de septiembre de 2026, la unidad operará formalmente como Marsh People and Investments. La nueva identidad combinará la trayectoria especializada de Mercer con la escala internacional de la marca Marsh.

“En un mundo que cambia más rápido que nunca, nuestros clientes necesitan la amplitud de capacidades, conocimiento y escala a las que pueden acceder a través de Marsh”, afirmó Pat Tomlinson, CEO de Marsh People and Investments (anteriormente Mercer), sobre esta evolución.

El directivo enfatizó el valor histórico de este proceso corporativo. Tomlinson continuó: “La marca Marsh ampliada se basa en todo lo que ha hecho grande a Mercer: nuestra profunda experiencia, especialización y datos inigualables en salud y beneficios, inversiones y jubilación, y fuerza laboral y compensación”.

Asimismo, la alta dirección resaltó los beneficios que traerá esta consolidación para todos los sectores atendidos. Tomlinson concluyó: “Bajo una marca unificada, podremos tener un impacto más visible en nuestros colegas, clientes y comunidades de todo el mundo”.

La unificación optimiza la toma de decisiones estratégicas conectando la gestión del capital humano con las inversiones empresariales. Esta plataforma integral refuerza la capacidad operativa de la firma para abordar retos globales de manera coordinada en múltiples mercados continentales.

¿Por qué es conocida Mercer en Colombia?

Mercer goza de un sólido reconocimiento en el sector empresarial de Colombia por sus aportes técnicos en consultoría estratégica sobre talento humano. Las organizaciones locales recurren a sus análisis para estructurar sus esquemas salariales.

La compañía, ahora llamada Marsh People and Investments, destaca ampliamente por elaborar estudios periódicos de compensación y beneficios para corporaciones nacionales. Esas mediciones especializadas sirven como punto de referencia para los departamentos de recursos humanos en la fijación de sueldos competitivos.

Asimismo, la firma brinda asesoramiento continuo en el diseño de planes de salud y protección para los trabajadores. Sus consultores ayudan a las compañías a optimizar presupuestos mientras mejoran el bienestar laboral de sus plantillas operativas.

En el área pensional y financiera, Mercer (ahora Marsh People and Investments) ofrece orientación estratégica a fondos de inversión y directivos. Sus profesionales analizan riesgos del mercado para garantizar un manejo adecuado de las contingencias financieras en el contexto macroeconómico colombiano.

Las directivas corporativas valoran su base de datos inigualable para la toma de decisiones informadas sobre contratación. La precisión de sus informes anuales posiciona a la entidad como un aliado esencial del empresariado privado en el país.

Su experiencia multisectorial facilita la transformación digital y la reestructuración del trabajo en organizaciones medianas y grandes. La firma acompaña procesos complejos de adaptación ante los cambios regulatorios y las exigencias del entorno laboral vigente.

De igual forma, la corporación desarrolla estrategias integrales para medir el clima organizacional y retener personal cualificado. Estas metodologías especializadas incrementan la productividad y reducen los niveles de rotación en puestos directivos y operativos claves.

Con el anuncio de integración global, todas sus líneas operativas locales adoptan formalmente la marca Marsh People and Investments desde el primero de septiembre de 2026. Esta evolución consolida su trayectoria histórica bajo un portafolio unificado internacionalmente.

El legado de liderazgo y la especialización analítica acumulada durante décadas permanecen vigentes en el mercado nacional. La estructura operativa sigue impulsando soluciones efectivas para los retos laborales y financieros de las entidades del país.

El anuncio no solo responde a preocupaciones económicas, sino también a motivos de soberanía y seguridad alimentaria. Según cifras citadas en El Espectador, en los últimos años se ha observado un creciente interés por parte de fondos de inversión y compañías extranjeras que buscan terrenos para actividades agroindustriales o especulación. Ante esta dinámica, la administración nacional decidió endurecer los controles con el fin de evitar procesos de acaparamiento y garantizar que los habitantes nacionales sean los principales beneficiarios del desarrollo rural.

En esta línea, la decisión incluye restricciones puntuales en la adquisición de terrenos ubicados en áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional y el desarrollo agrícola. El Gobierno advierte que, aunque Colombia mantiene una economía abierta a la inversión extranjera, existen límites cuando se trata de recursos sensibles para la nación, entre los que se encuentran la tierra y el agua. Organizaciones campesinas, consultadas por El Espectador, han manifestado su apoyo a estas restricciones, ya que consideran que facilitan el acceso de los trabajadores rurales a predios que históricamente han estado en manos de grandes terratenientes nacionales y foráneos.

De acuerdo con el reportaje de El Espectador, la nueva regulación también pretende prevenir prácticas de “agricultura contract farming”, que han sido fuente de controversia en cuanto a los derechos laborales y la calidad de vida de los habitantes en el interior de las regiones rurales. No obstante, algunos sectores económicos han solicitado que la medida sea transparente y cuente con criterios claros para evitar incertidumbre en los inversionistas y garantizar la confianza en el sector agropecuario colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca el Gobierno colombiano al restringir la compra de tierras por extranjeros?

El Gobierno colombiano procura frenar el acaparamiento de tierras por inversionistas internacionales en zonas estratégicas, buscando favorecer el acceso a la tierra para los campesinos nacionales y garantizar la soberanía agroalimentaria, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Cuáles son las preocupaciones sobre la inversión extranjera en tierras rurales colombianas?

El principal temor es que la compra masiva de tierras por capitales extranjeros genere desplazamiento de comunidades locales y desequilibrios sociales y económicos, razón por la que la medida adoptada pretende priorizar los intereses y derechos de la población campesina, como explica El Espectador.

Esta resolución llega en un momento crítico: el proyecto inmobiliario, tras más de diez años de retrasos, adoptó una nueva estructura de negocio. Desde principios de este año, el edificio cambió su nombre a Bogotá Tower 2862 y se reorientó hacia un modelo predominantemente residencial, dejando atrás parcialmente su perfil hotelero. No obstante, los reclamos de inversionistas realizados bajo el esquema de BD Bacatá siguen vigentes, como demuestra el fallo anunciado para uno de los afectados.

Durante la última audiencia, la Delegatura señaló que accederá a las pretensiones de la demanda, aunque la sentencia final se publicará en detalles en un lapso de diez días hábiles. El reintegro ordenado deberá hacerse en un plazo de 15 días una vez la sentencia quede en firme. Es importante precisar que esta decisión responde a una controversia contractual donde la Superintendencia Financiara actúa como juez entre un consumidor financiero y una entidad vigilada, y no como sanción administrativa; por ello, busca reparar al demandante y no al Estado.

La acción emprendida no implica una devolución automática para todos los compradores: se trata de un proceso individual y similar a lo ocurrido en una sentencia previa de 2023 sobre el componente hotelero, donde se estableció que la fiduciaria puede ser responsable patrimonial ante incumplimientos. Acción Fiduciaria sigue vinculada al manejo del fideicomiso, aunque la estructura de los proyectos y los derechos adquiridos por los inversionistas varían.

El BD Bacatá, iniciado en 2009 bajo financiación colectiva mediante derechos fiduciarios (‘Fidis’), implicó la participación de más de 4.000 inversionistas que esperaban utilidades con la entrada en operación del proyecto. Pese a los cambios y entrada en liquidación de la promotora original, los inversionistas continúan buscando salidas legales y respuestas a la falta de rendimientos y devolución de recursos.

Hoy, el proyecto busca resurgir como Bogotá Tower 2862, bajo un modelo diferente donde algunos inversionistas originales han podido integrar sus derechos fiduciarios al nuevo esquema, pero otros aún insisten en demandas y reclamaciones económicas. La decisión reciente es un paso relevante para los afectados y podría constituir un precedente en futuros fallos, aunque cada caso deberá examinarse de manera particular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ‘derechos fiduciarios’ en proyectos inmobiliarios como el BD Bacatá?

En el contexto del BD Bacatá, los derechos fiduciarios eran títulos adquiridos por inversionistas que aportaban dinero al fideicomiso para financiar componentes del edificio, sin que esto representara necesariamente la compra de un bien inmueble específico. Estos derechos daban la expectativa de recibir utilidades o rendimientos una vez los componentes del proyecto entraran en operación.

¿La sentencia de la Superintendencia Financiera obliga a Acción Fiduciaria a devolver dinero a todos los inversionistas del BD Bacatá?

No. Hasta ahora, la orden es resultado de un proceso individual y solo ampara al demandante representado por Jhon Morales. Aunque el fallo puede usarse como referencia en casos similares, cada inversionista deberá instaurar su propia reclamación y demostrar sus circunstancias particulares para exigir la devolución de su dinero o compensaciones.

(Vea también: Toman decisión (grande) con el famoso BD Bacatá y bogotanos ponen lupa: “En los próximos 20 días”)

La oferta reúne inmuebles ubicados en diferentes regiones de Colombia y hay propiedades con precios base que parten desde poco más de 20 millones de pesos.

Además, Noticias Caracol señala que algunas de las personas interesadas en adquirir estos bienes pueden buscar financiación a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad que podría financiar hasta el 80 % del valor de determinados inmuebles, siempre que el comprador cumpla con los requisitos establecidos para el crédito.

El catálogo incluye desde pequeños locales y casas hasta apartamentos, oficinas, lotes y grandes inmuebles destinados a actividades comerciales o industriales.

¿Cómo funciona la venta de inmuebles de la SAE con el FNA?

La SAE administra bienes que han pasado a manos del Estado a través de diferentes procesos establecidos por la ley, entre ellos extinción de dominio, procesos judiciales, embargos y liquidaciones.

Posteriormente, estos activos pueden ser comercializados mediante diferentes mecanismos, incluida la venta y la subasta pública.

Para quienes buscan comprar uno de estos inmuebles, el primer paso consiste en revisar las propiedades disponibles y las condiciones particulares establecidas para cada proceso.

El Fondo Nacional del Ahorro, por su parte, cuenta con alternativas de financiación para determinados inmuebles. Según la información suministrada por la entidad, el crédito puede cubrir hasta el 80 % del valor de la propiedad, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones exigidas.

Esto significa que el comprador debe contar con recursos propios para cubrir la parte del precio que no sea financiada y asumir los demás gastos asociados a la adquisición.

Las condiciones de financiación pueden variar de acuerdo con el inmueble y el perfil del solicitante, por lo que es necesario revisar cada caso antes de participar.

¿Qué casas y locales de la SAE se pueden conseguir desde $ 20 millones?

Dentro del catálogo aparecen propiedades con precios muy diferentes, desde pequeños inmuebles comerciales hasta viviendas y activos de varios cientos de millones de pesos.

Entre las opciones de menor valor aparece un local en Samaná, Caldas, identificado con el código 114-16637. El inmueble tiene un área construida de 20,5 metros cuadrados y un precio base de $ 20.564.741.

También aparece un local ubicado en Bogotá, identificado con el código 50N-20208167, cuyo valor es de $ 43.071.526.

Otra de las propiedades es una casa lote ubicada en Espinal, Tolima. Cuenta con un lote de 90 metros cuadrados y una construcción de 85 metros cuadrados, con precio base de $ 62.710.482.

En Samaná también aparecen opciones residenciales. Una casa de habitación tiene un valor de $ 80.721.163, mientras que otra casa con garaje figura con un precio de $ 84.158.865.

Estos valores corresponden a los precios base indicados para los inmuebles mencionados y no necesariamente representan el valor final que tendría una eventual operación de compra.

Hay apartamentos y casas en Bogotá, Medellín y Cartagena

La oferta de la SAE no se concentra únicamente en propiedades de bajo valor. El catálogo también incluye inmuebles ubicados en algunas de las principales ciudades del país.

En Ibagué, por ejemplo, aparecen dos apartamentos de 56,62 metros cuadrados, cada uno con un precio de $ 187.194.452.

En Medellín hay varias alternativas. Una casa de 131,46 metros cuadrados tiene un precio base de $ 185.551.203, mientras que otra propiedad, con un lote de 88 metros cuadrados y una construcción de 135 metros cuadrados, figura por $ 336.959.000. También aparece un apartamento de 241 metros cuadrados con un precio de $ 434.933.000.

En Cartagena, una casa de 132 metros cuadrados tiene un valor de $ 203.661.000, mientras que un apartamento de 116 metros cuadrados aparece con un precio de $ 1.068 millones.

Bogotá también cuenta con diferentes opciones dentro del catálogo. Entre ellas hay una casa de 316 metros cuadrados por $ 962 millones, un apartamento de 114 metros cuadrados por $ 738 millones, una oficina de 27,86 metros cuadrados por $1 76 millones y un local comercial de 4,26 metros cuadrados por $ 98 millones.

La oferta también contempla propiedades destinadas a actividades empresariales. En Turbaco, Bolívar, aparece una bodega de más de 617 metros cuadrados construidos por $ 1.016 millones.

En Cali se encuentra una bodega de más de 4.000 metros cuadrados, con un valor superior a $ 11.248 millones, mientras que en Barranquilla figura un local comercial de más de 5.000 metros cuadrados cuyo precio supera los $ 13.527 millones.

También hay un lote con construcciones industriales en Buenaventura, cuyo valor es de $ 5.256 millones.

¿Dónde consultar las casas y apartamentos de la SAE?

Las personas interesadas pueden consultar directamente el catálogo de inmuebles disponible en el portal oficial de la Sociedad de Activos Especiales.

La plataforma permite revisar las propiedades disponibles y conocer información relacionada con su ubicación, características, precio y condiciones de comercialización.

También es importante revisar cuidadosamente las condiciones particulares de cada inmueble antes de iniciar cualquier proceso, pues los bienes disponibles y sus precios pueden cambiar.

La oferta puede variar a medida que nuevas propiedades ingresan a los procesos de comercialización o que otras dejan de estar disponibles.

Por eso, quienes estén interesados en comprar una casa, apartamento, local, lote u oficina mediante estos mecanismos deben consultar periódicamente los canales oficiales de la SAE y verificar la información vigente antes de tomar una decisión.

La medida tiene como objetivo principal incentivar el ahorro de electricidad en hogares y pequeños comercios, especialmente teniendo en cuenta que, según la CREG, existe hasta un 81 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se intensifique entre octubre y diciembre, lo que podría traducirse en una menor disponibilidad de agua en los embalses y en una mayor demanda de energía. En este contexto, el control al consumo es crucial para prevenir dificultades en el suministro. El programa aplica exclusivamente a usuarios regulados: hogares y pequeños negocios que reciben facturación bajo una tarifa regulada. En Cesar, la coincidencia con la entrada de Energía Atenea, que reemplazó a Afinia en la atención de 19 municipios, marca el inicio de este programa para una gran parte del departamento.

Quienes quedan excluidos de la medida son usuarios con medidor prepago o con servicio suspendido; hospitales, colegios, instituciones de atención, organismos de emergencia y seguridad, penitenciarías, entidades públicas y usuarios en municipios afectados por el reciente terremoto del 10 de agosto. Personas que dependan de equipos eléctricos para vivir o preservar su salud también pueden solicitar exclusión presentando soporte médico. La meta de consumo asignada no será igual para todos: se basa en la mediana del consumo diario promedio registrado durante los 12 meses previos, de acuerdo con la CREG. Si el usuario no tiene suficiente historial, se asigna una meta referencial según tipo de usuario, estrato y zona. Esta meta nunca será inferior al consumo mínimo vital.

En la práctica, la factura de Atenea mostrará la meta, el consumo real y el balance de ahorro o exceso. Tras el primer ciclo pedagógico, quienes consuman entre el 90 % y el 110 % de su meta no tendrán cobros ni beneficios; si ahorran más allá del 10 %, podrán acceder a un saldo a favor cuando termine el programa, dependiendo de los recursos recaudados. Los cobros extra por excedente varían según el estrato y tipo de usuario, y no alteran la tarifa base. El beneficio económico del ahorro no será inmediato, puesto que se distribuirá al finalizar el programa (de seis meses), solo entre quienes cumplan condiciones y no presenten deudas pendientes.

La recomendación para los habitantes del Cesar es vigilar el consumo desde la primera factura, emplear responsablemente electrodomésticos como aire acondicionado y ventiladores, y revisar el estado de los equipos. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, junto con la CREG y otras entidades regulatorias, supervisará el avance del ahorro en la región.

¿Qué es el programa de metas individuales de consumo de Energía Atenea en el Cesar?

El programa es una estrategia regulatoria adoptada por la CREG que busca que cada hogar o pequeño negocio registrado con Energía Atenea limite su consumo eléctrico a una meta individual, calculada en función de su historial de uso, para contrarrestar el impacto del fenómeno de El Niño. A través de la factura, los usuarios pueden conocer su meta y el resultado de su comportamiento mensual, con la posibilidad de acceder a beneficios si logran ahorrar energía sostenidamente.

¿Cómo se calcula la meta de consumo eléctrico para los usuarios de Energía Atenea?

La meta de consumo individual se fija con base en la mediana de los consumos diarios promedio facturados durante los últimos 12 meses a cada usuario, según lo establecido por la CREG. Si el usuario no tiene un historial de consumo suficiente, se le asigna una meta de referencia de acuerdo con el tipo de usuario, el estrato y si vive en zona urbana o rural. Esta cifra funciona como base para determinar quiénes ahorran y quiénes se exceden en su consumo mensual.

La medida había sido impulsada por la administración de Gustavo Petro con el propósito de repatriar cerca de $ 125 billones en un periodo de cinco años.

La disposición generó una fuerte controversia porque, según advertencias de la entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, trasladar recursos al país únicamente por obligación podía afectar los intereses y la rentabilidad de los afiliados.

Además, la expectativa sobre la llegada de estos recursos habría influido en la caída del precio del dólar.

El nuevo Gobierno también analiza revertir otras decisiones relacionadas con el sistema pensional.

Entre ellas está el restablecimiento de la protección frente al aumento del salario mínimo por encima de la inflación, mecanismo que busca evitar impactos negativos sobre las pensiones y el seguro previsional.

Asimismo, se contempla eliminar la obligación de que los fondos privados entreguen hasta $ 25 billones correspondientes a afiliados que se trasladaron a Colpensiones mediante el denominado traslado exprés contemplado en la reforma pensional.

Las decisiones hacen parte de una revisión de medidas de la administración anterior, mientras Hacienda define prioridades para el presupuesto y los ajustes fiscales del próximo año.

La certificación fue obtenida luego del proceso de evaluación de B Lab bajo el estándar v1.6, en el que el medio alcanzó un B Impact Score de 92,5 puntos, frente a un mínimo de 80 puntos requerido para obtener la certificación y una mediana global de 50,9 puntos entre las empresas que completan la evaluación B.

De este modo, el resultado ubica a Valora Analitik como un actor pionero dentro del ecosistema de Empresas B pues en Colombia existen 144 compañías con esta certificación en el país, mientras que en Latinoamérica la comunidad supera las 1.300 compañías y a nivel mundial se acerca a las 11.000.

Así, dentro de la categoría de industria de información, comunicación y tecnología, y específicamente en la subcategoría de portales web, Valora Analitik se posiciona entre solo ocho medios certificados en Latinoamérica y 80 en el mundo que han logrado este sello.

Más allá de esto, la certificación representa para Valora Analitik una nueva manera de entender la gestión empresarial, en la que las decisiones deben considerar no solamente los resultados financieros, sino también su impacto sobre colaboradores, clientes, proveedores, audiencias, comunidad, accionistas y futuras generaciones.

Uno de los elementos más relevantes del reconocimiento está precisamente en el corazón de la actividad de Valora Analitik: el periodismo ético e independiente fue reconocido como un Modelo de Negocio de Impacto. La evaluación destacó el propósito de brindar información económica, financiera y empresarial rigurosa, clara e independiente para fortalecer la toma de decisiones, así como su contribución a generar audiencias mejor informadas, mayor confianza, transparencia de mercado y una conversación pública más responsable.

La certificación reconoce también prácticas asociadas directamente con el ejercicio periodístico. Entre ellas se encuentran la producción de información económica, financiera, empresarial y de mercados; la transformación de temas complejos en contenidos claros y útiles; y la diferenciación entre el contenido editorial y los espacios comerciales. El proceso también pone especial énfasis en la necesidad de preservar el rigor, el contraste de fuentes, la independencia editorial, el manejo responsable de la información y los conflictos de interés.

Para Camilo Silva, CEO de Valora Analitik, la certificación representa la evolución natural de una compañía cuyo propósito está ligado a la generación de información confiable y a su impacto en la sociedad.

“Recibir la certificación como Empresa B es un reconocimiento a una forma de hacer empresa que hemos venido construyendo desde Valora Analitik: con rigor, independencia, responsabilidad y una visión de largo plazo. Para nosotros, el periodismo no termina en informar; también tiene la responsabilidad de aportar a una sociedad mejor informada y a decisiones más conscientes. Este proceso nos permitió medir aquello que hacemos bien, identificar oportunidades de mejora y asumir nuevos compromisos. Ser el primer medio de comunicación certificado como Empresa B en Colombia nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a demostrar todos los días que el impacto y la sostenibilidad también hacen parte de la manera en que se construye un medio de comunicación”.

En tanto, Natalia Henao, gerente Jurídica y secretaria General en Valora Analitik, afirmó que «fue un proceso muy exigente, de cerca de año y medio, en el que B Lab revisó profundamente nuestras prácticas, políticas, indicadores y evidencias. Evaluaron aspectos como nuestra cultura organizacional, bienestar de los colaboradores, gobierno corporativo, relación con proveedores y clientes, impacto ambiental y nuestros modelos de negocio de impacto, entre ellos el periodismo ético e independiente. Finalmente obtuvimos 92,5 puntos, superando ampliamente los 80 requeridos para certificarnos”.

Para Camilo Ramírez, director de Sistema B Región Norte, el ingreso de Valora Analitik al Movimiento de Empresas B tiene además un significado particular para la industria de medios en Colombia.

“Ser el primer medio de su sector en Colombia en hacer parte del Movimiento de Empresas B envía un mensaje potente: el periodismo también puede y debe gestionar su impacto en las personas y el planeta. El hecho de que Valora se someta a este riguroso proceso de evaluación, certificación y mejora, es coherente de una forma poco común: se trata de un medio que no solo informa o exige, también hace y lo demuestra. Celebramos este paso pionero y esperamos que inspire a otros medios y empresas del país a sumarse a esta transformación en la forma de hacer empresa”, destacó.

La certificación también abre nuevas oportunidades para Valora Analitik en términos de comunidad, alianzas, talento y posicionamiento dentro del ecosistema de impacto. Entre los beneficios identificados están el acceso a una comunidad global de Empresas B, programas de mejora continua en áreas como acción climática, diversidad, equidad e inclusión y proveeduría sostenible, así como el fortalecimiento de una cultura organizacional alrededor de un propósito tangible. También contempla oportunidades de visibilidad ante inversionistas y mecanismos para proteger la misión de la compañía mediante ajustes estatutarios que consideren a las diferentes partes interesadas.

Así Valora Analitik se incorpora a una comunidad global de compañías que buscan generar valor económico, social y ambiental y establece un precedente para el sector de medios en Colombia pues muestra una convicción central de la compañía: la independencia, el rigor y la generación de información útil para la sociedad también pueden convertirse en una forma concreta de generar impacto positivo.

Para conocer más detalles de Valora Analitik como Empresa B certificada puede visitar el perfil del medio en el Sistema B donde encuentra más información al respecto.

En el cargo estará, en calidad de encargado, Juan Carlos Álvarez, quien se venía desempeñando como gerente de manufactura y tecnología. En calidad de encargado de la gerencia de manufactura y tecnología estará Lázaro Navarro, quien se desempeñaba como jefe de producción.

(Vea también: Gobierno de De la Espriella mueve fichas para renovar seis puestos de la junta de Ecopetrol)

Estos cambios no son fortuitos, ya que se vienen presentando modificaciones en los puestos directivos, no solo de las filiales de Ecopetrol, sino también de la misma estatal energética. Entre varios ejemplos está el de Luis Eduardo Parra, quien venía liderando Hocol, pero al finalizar su administración, Abner Duarte asumió temporalmente el cargo.

Otros directivos que se fueron de la organización fueron David Riaño, expresidente de Ocensa; José Vicente Azuero, exgerente general del negocio Cenit; y Jorge Andrés Martínez, expresidente de Ecopetrol Brasil.

De esta manera, tras la llegada del gobierno De la Espriella, el grupo está haciendo modificaciones en los altos puestos directivos y se espera que los cambios continúen en la Asamblea que se celebrará este 15 de septiembre de 2026, con el fin de seleccionar a nueve integrantes de la Junta Directiva y también al presidente definitivo de la empresa.

El pilar solidario está dirigido a personas en condiciones de pobreza extrema que no tienen pensión y contempla una renta básica mensual.

El semicontributivo beneficiará a quienes lleguen a la edad de jubilación sin cumplir las semanas necesarias, pero hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas. En estos casos, recibirán una renta vitalicia calculada con sus ahorros, un rendimiento y un subsidio estatal.

En el pilar contributivo, los aportes se dividirán entre Colpensiones y los fondos privados. Colpensiones recibirá las cotizaciones correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que el excedente irá al componente de ahorro individual. La pensión será pagada por Colpensiones y se calculará sumando el componente de prima media y el ahorro individual.

Las edades de pensión se mantienen en 57 años para mujeres y 62 para hombres. El requisito general es de 1.300 semanas, aunque para las mujeres disminuirá progresivamente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

El régimen de transición cobijará a quienes, al entrar en vigencia la reforma, tengan al menos 750 semanas cotizadas si son mujeres o 900 si son hombres. Estas personas continuarán bajo las reglas de la Ley 100 de 1993.

También quedó pendiente definir el beneficio que permitiría a las mujeres con hijos reducir las semanas requeridas hasta 850, pues este punto fue devuelto a la Cámara. Por su parte, el Banco de la República administrará el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, pero no será una administradora de pensiones.

Finalmente, la ventana de oportunidad para trasladarse entre regímenes venció el 16 de julio de 2026 y estaba dirigida a personas cercanas a la edad de pensión que cumplieran requisitos específicos.

Según datos de JP Tactical Trading, la tasa de cambio comenzó este martes en $3.220, mientras el mercado pone sus ojos una vez más en la Reserva Federal de Estados Unidos.

“Los mercados inician septiembre con un tono negativo, con los futuros de Wall Street retrocediendo mientras el repunte de los precios del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos reavivan las preocupaciones sobre inflación”, aseguró la firma de análisis.

(Vea también: Banco de la República explica factores detrás de la fuerte caída del dólar en Colombia durante 2026)

Y añadió: “El mercado vuelve a evaluar la posibilidad de que la FED adopte una postura más restrictiva en su reunión de este mes, en un contexto de mayores costos energéticos y presión simultánea sobre la renta fija y los activos de riesgo”.

De hecho, la probabilidad de una subida de tasas en EE. UU. en septiembre se disparó del 35 % al 60 % tras el discurso del presidente Kevin Warsh en Jackson Hole, según recogen los mercados.

Sumado a lo anterior, CNBC aseguró que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron este martes, por cuenta de las renovadas tensiones en Medio Oriente. El indicador creció tres puntos básicos hasta 4,788 % y alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025.

Mercados, atentos a Presupuesto de 2027 de Colombia

A nivel local, el mercado envió una señal de alerta por las cifras del proyecto de Presupuesto de 2027 presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Según Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, los TES en Colombia “comienzan a alejarse al alza de la tasa del BanRep y ahora el Gobierno tiene que demostrar que sus recortes fiscales si son de amor verdadero”.

De otro lado, el mercado recibió este lunes novedades sobre el financiamiento que tomará el gobierno de Abelardo de la Espriella para cumplir las cuotas pendientes de este año.

(Lea también: Presupuesto 2027 cambia las cuentas: qué agregó y qué corrigió el Gobierno en el nuevo proyecto)

En una reunión con creadores de mercado, el director de Crédito Público, César Arias, aseguró que el país tomará unos US$11.000 millones de deuda, de los cuales US$3.000 millones serían de mercados internacionales y lo restante con el mercado local de bonos.

Finalmente, este martes, los precios del petróleo aumentan con fuerza por cuenta de las tensiones que se reavivaron entre EE. UU. e Irán. Con esto en mente, la referencia Brent crece 4,68 % hasta US$92,52, mientras que el WTI aumenta 2,75 % a US$88,10.

Señaló que los ciudadanos tienen cada vez más productos de ahorro, como cuentas y billeteras digitales, pero no ocurre lo mismo con el acceso al crédito. Además, muchas personas continúan por fuera del sistema financiero y recurren al “gota a gota”, cuyos intereses pueden alcanzar hasta 400% anual.

Gutiérrez explicó que Grupo Aval busca impulsar nuevas jornadas de bancarización para reincorporar a personas que abandonaron el sistema, entre ellas quienes tienen reportes negativos.

Consideró que contar con crédito es fundamental para estudiar, adquirir vivienda, desarrollar negocios y atender necesidades cotidianas.

También resaltó el papel de la digitalización y de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, como herramientas para facilitar las transacciones y avanzar en la inclusión financiera. A esto se sumarán iniciativas como Open Data y Open Finance.

Sobre la economía, Gutiérrez afirmó que Colombia atraviesa uno de sus peores niveles de inversión en cuatro décadas y advirtió que sin inversión no habrá crecimiento ni mayores ingresos.

Por ello, pidió impulsar infraestructura, minería, vivienda y agroindustria, además de reducir las trabas regulatorias. También cuestionó el déficit fiscal de 9,4% y llamó a aumentar los ingresos del Estado.

El cambio corresponde a una reorganización empresarial y no implica modificaciones en el funcionamiento habitual de la aplicación.

Los más de 27 millones de usuarios registrados podrán continuar utilizando Nequi con normalidad para realizar pagos, transferencias, consignaciones y retiros.

La compañía aclaró que no es necesario realizar ningún trámite ni actualizar información por la separación de Bancolombia.

En cuanto a los retiros de dinero, los usuarios podrán seguir utilizando los cajeros de Bancolombia con normalidad, además de los corresponsales y puntos autorizados disponibles para las operaciones de Nequi.

La compañía reiteró que los servicios continuarán funcionando de la misma manera para los clientes.

Nequi también hizo un llamado a estar atentos a posibles estafas relacionadas con el cambio. Los usuarios no deben entregar información personal, claves ni ingresar a enlaces enviados por terceros que prometan actualizar o modificar sus cuentas.

Ante cualquier duda, la compañía recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales, como la aplicación, el sitio web nequi.com.co, el correo hola@nequi.com.co, la línea 300 600 0100 y sus redes sociales verificadas.

Así lo explicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi, en entrevista con Valora Analitik, al señalar que la compañía operará con una licencia separada y continuará siendo una compañía 100 % de Grupo Cibest.

El cambio no implica modificaciones para los usuarios. “Para los usuarios no hay cambios”, aseguró Vásquez. De acuerdo con el ejecutivo, se mantendrán los beneficios, servicios, costos, la gratuidad en los cajeros electrónicos, la interoperabilidad de las transacciones desde y hacia Bancolombia y los corresponsales bancarios.

(Vea también: Nequi explicó si va a pasar algo con préstamos que dio, luego de su separación de Bancolombia)

Vásquez explicó que la separación responde principalmente a una decisión organizacional y corporativa y busca que Nequi pueda ser visto de manera independiente de Bancolombia por los inversionistas y por el mercado.

Nequi ya es rentable y tiene cartera de $2,3 billones

Uno de los principales avances del negocio en los últimos años ha sido el desarrollo de su oferta de crédito. Vásquez señaló que Nequi actualmente tiene 30 millones de usuarios y una cartera de $2,3 billones, distribuida entre aproximadamente un millón de clientes.

Los créditos tienen montos que van desde $10.000 hasta $25 millones, mientras que el desembolso promedio se ubica en alrededor de $2,7 millones.

El 45 % de esos créditos corresponde a personas con nula o baja experiencia crediticia. Es decir, para ese grupo la primera experiencia con un crédito se produjo a través de Nequi.

La compañía también cuenta con 3 millones de personas con crédito preaprobado. Quienes no tengan esta condición pueden solicitarlo directamente desde la aplicación y recibir una respuesta en tiempo real.

Para Vásquez, el crédito representa una evolución frente a los servicios con los que comenzó Nequi, centrados en transferencias y pagos.

“Ofrecerle crédito a las personas es la verdadera inclusión financiera”, afirmó el CEO, quien explicó que la compañía busca que las personas puedan acceder a financiación que puedan pagar y contar con una alternativa frente al crédito informal.

En materia de resultados, Vásquez aseguró que Nequi registra resultados positivos desde noviembre de 2025, de acuerdo con el modelo interno de evaluación de la compañía dentro de Bancolombia. “Tenemos unos resultados muy positivos y somos rentables”, afirmó.

El ejecutivo agregó que, con la nueva estructura, las cifras detalladas de Nequi serán públicas y podrán ser conocidas por el mercado.

La operación también mantiene un elevado nivel transaccional. En un día normal, Nequi procesa entre 70 y 73 millones de transacciones, mientras que los domingos el volumen baja a cerca de 50 millones.

El récord mencionado por Vásquez corresponde a 93 millones de transacciones en un solo día, durante una jornada de pago de prima.

Nuevos productos para la siguiente etapa

Los resultados positivos permitirán a Nequi avanzar hacia una segunda fase de su plan estratégico, en la que la compañía está evaluando nuevos negocios, productos y servicios.

Entre ellos está una tarjeta de crédito, proyecto que, según Vásquez, ya venía siendo anunciado por la compañía. También trabajan en productos y servicios dirigidos principalmente al segmento corporativo y empresarial.

Nequi además incorporó la posibilidad de comprar dólares digitales y contar con un número de cuenta para recibir dólares desde Estados Unidos y llevarlos en tiempo real a la cuenta de dólares digitales de Nequi.

En tecnología, Vásquez explicó que el año pasado la compañía realizó un traslado importante de su infraestructura y actualmente el 100 % de su tecnología está en la nube. Entre los aliados mencionados están AWS, Infosys y Pragma.

Nequi llevará crédito a los datáfonos de Redeban

Otro de los nuevos frentes es la alianza con Redeban para llevar la oferta de crédito de Nequi directamente a los datáfonos de la red.

El mecanismo permitirá que, al momento de realizar una compra, el usuario seleccione Nequi como medio de pago en el datáfono. Posteriormente recibirá una notificación en la aplicación para desembolsar el crédito y completar la operación.

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El modelo corresponde al concepto de “compre ahora y pague después”. El usuario podrá seleccionar el plazo y la flexibilidad del crédito, mientras que el comercio recibirá inmediatamente el pago.

Vásquez puso como ejemplo la compra de un colchón: una persona podría utilizar el dinero que tenía presupuestado y, si necesita un monto adicional, desembolsar en ese momento un crédito de Nequi para completar la compra.

La solución estará disponible para los clientes que tengan crédito preaprobado y también podrá solicitarse desde la aplicación para quienes aún no cuenten con esa condición.

De acuerdo con el medio citado, Colombia basa buena parte de su comercio exterior en productos como petróleo, café, flores, banano y carbón; todos estos son negociados usualmente en dólares en los mercados internacionales. Cuando el valor del dólar sube respecto al peso colombiano, los exportadores obtienen más pesos por cada dólar ingresado al país. No obstante, este fenómeno tiene un efecto adverso en las importaciones. Una amplia gama de productos importados, que incluye maquinaria, tecnología, medicamentos, vehículos y otros insumos industriales, también se paga en dólares. Por ello, un aumento en el precio de la divisa significa que dichos bienes resultarán más costosos para quienes los adquieran en el mercado colombiano.

El efecto de la cotización del dólar no se limita al ámbito empresarial o estatal, pues también impacta directamente el costo de vida de la ciudadanía. Si los productos importados aumentan de precio debido a una cotización alta del dólar, muchas empresas trasladan estos incrementos a los consumidores finales. En consecuencia, se experimentan alzas en productos de uso cotidiano como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos y alimentos que dependen de insumos del exterior. Además, los colombianos que planean hacer viajes internacionales también ven afectados sus presupuestos cuando la tasa de cambio incrementa. Todo esto puede influir en la inflación, ya que los mayores costos de importación pueden reflejarse en los índices generales de precios.

Finalmente, el artículo indica que el precio del dólar este viernes se ubica en 3.213,97 pesos colombianos por dólar. Esta cifra es seguida de cerca por inversionistas, quienes interpretan una tasa de cambio estable como un signo de confianza en la economía, mientras que grandes fluctuaciones pueden despertar incertidumbre en el sector financiero nacional e internacional.

¿Cómo afecta la subida del dólar al precio de productos importados en Colombia?

Cuando el valor del dólar frente al peso colombiano aumenta, los productos que se importan y se pagan en esta moneda —como tecnología, vehículos y medicamentos— tienden a encarecerse. En consecuencia, empresas que dependen de insumos importados, así como los consumidores, deben asumir mayores costos en bienes y servicios del exterior.

¿Por qué el precio del dólar influye en la inflación colombiana?

El dólar impacta la inflación en Colombia porque muchos productos e insumos se pagan en esa moneda. Si el dólar sube, los costos de importación aumentan y las empresas pueden trasladar estos mayores precios al consumidor final, contribuyendo a un alza en el índice general de precios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Hay que tener en cuenta que el nuevo sistema contempla, entre otros aspectos, que se mantenga el derecho a la pensión de sobrevivientes, tal como se aplica actualmente en el país.

(Lea también: Dos personas ya pueden heredar una pensión en Colombia en partes iguales, pero con requisito clave)

Sin embargo, debido a los nuevos pilares del sistema pensional, heredar una pensión en Colombia queda completamente prohibido para algunas mesadas.

La nueva norma establece que no se puede heredar ni sustituir una prestación cuando se trate de mesadas otorgadas a través del fondo solidario, es decir, del subsidio destinado a los adultos mayores en situación de pobreza.

Prohibiciones para heredar una pensión en Colombia

La ley determina que los beneficios o subsidios otorgados en el Pilar Solidario —una renta básica para adultos mayores vulnerables— son de carácter estrictamente vitalicio e individual, por lo que no pueden sustituirse por fallecimiento ni heredarse.

Para las personas que se encuentran en el régimen de transición se mantienen las reglas vigentes. En estos casos, las disposiciones sobre la propiedad individual de las cuentas de los afiliados continúan bajo el régimen anterior.

(Recomendado: Banco de la República cumplirá un rol clave en el nuevo sistema de jubilaciones)

Finalmente, la nueva reforma pensional establece que heredar una pensión en Colombia solo será posible si se cumplen requisitos de consanguinidad y dependencia económica, entre otros.

De los 42 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional, el 60% presenta demoras, mientras que de los 4.475 MW de nueva capacidad previstos para 2026, solo habían ingresado 732,8 MW hasta el 27 de agosto.

La congestión de las redes impide llevar electricidad desde las regiones productoras hacia los principales centros de consumo, reduciendo los márgenes de seguridad, especialmente ante el fenómeno de El Niño.

Proyectos como Colectora, Chivor II Norte y Sogamoso Norte enfrentan retrasos relacionados con consultas previas, licencias ambientales y adquisición de predios.

A esta situación se suma la crisis financiera de Air-e, cuya cartera vencida alcanza $3,3 billones y afecta a generadores térmicos necesarios durante la sequía. La empresa atiende a 1,3 millones de usuarios y registra bajos niveles de recaudo en algunas zonas.

Además, Colombia enfrenta mayores costos del gas natural debido al declive de la producción nacional.

Cerca del 30% de la demanda se cubre con gas natural licuado importado, cuyo precio casi se ha triplicado en ocho años, aumentando los costos para hogares y empresas.

Con un valor de USD 223, la capital colombiana es la tercera ciudad más costosa de Latinoamérica, después de Buenos Aires, con USD 322, y Ciudad de México, con USD 224.

La canasta utilizada para el estudio incluye una botella de vino, un par de jeans, un vestido, dos cafés, una cena para dos, dos entradas de cine, dos pasajes de transporte público y un viaje en taxi de cinco kilómetros.

En Bogotá, la ropa representa 59% del costo total, con cerca de USD 131 entre los jeans y el vestido.

El vino también tiene un precio elevado, de unos USD 15 por botella. En contraste, el cine, el café y los restaurantes se encuentran entre los rubros más económicos frente a otras ciudades.

A nivel mundial, Ginebra lidera como la ciudad más cara para una cita, con USD 475, seguida de Zúrich, Tel Aviv, Oslo y Copenhague. Nueva Delhi es la más económica, con USD 103.

El estudio advierte que, al estar expresado en dólares, el índice también refleja las variaciones de las monedas y no únicamente el costo real de vida.

(Vea también: El Congreso inicia discusión sobre el presupuesto general de la Nación 2027 con aumento proyectado y nuevas designaciones)

Según dio a conocer El Tiempo, la nueva propuesta reduce varias de las partidas que había presentado la administración de Gustavo Petro, aunque las diferencias más grandes se explican porque el anterior Gobierno había elevado de manera considerable algunas solicitudes.

El proyecto que dejó Petro contemplaba inicialmente recursos por $94,2 billones para la implementación de los seis puntos del acuerdo, mientras que la propuesta ajustada por la nueva administración los ubica en cerca de $9,5 billones. La diferencia, sin embargo, no significa que todos los recursos para la paz hayan caído en esa proporción, pues el punto de comparación también debe hacerse con las apropiaciones solicitadas para 2026.

El cambio se produce en un contexto en el que De La Espriella ha marcado distancia con la política de paz de su antecesor. Su Gobierno presentó una nueva versión del presupuesto después de que las comisiones económicas del Congreso devolvieran el proyecto inicial para ajustar el monto total.

Uno de los casos más representativos es el primer punto del acuerdo, relacionado con la Reforma Rural Integral. Para 2026 se habían solicitado $12,8 billones, mientras que Petro elevó esa solicitud a $94,2 billones para 2027. La administración De La Espriella la redujo nuevamente a $9,5 billones, lo que representa una disminución de 25,3 % frente a los recursos solicitados para 2026, y no de más de 90 % como podría interpretarse al comparar únicamente las dos propuestas de 2027.

¿Qué pasó con los otros puntos del Acuerdo de Paz?

La reducción también aparece en otros componentes. En Participación Política, Petro había solicitado $10,7 billones para 2027, mientras que la nueva propuesta contempla $4.670 millones. Aunque la diferencia entre ambos proyectos es cercana al 99,9 %, frente a los $7.876 millones solicitados para 2026 el descenso es de 40,71 %.

En el tercer punto, correspondiente al Fin del Conflicto, el Gobierno Petro había planteado $12,7 billones para 2027. La administración De La Espriella dejó la solicitud en $1,7 billones. En este caso, la comparación con 2026 muestra un comportamiento distinto, pues para ese año se habían solicitado $1,1 billones, por lo que la nueva propuesta representa un aumento de 52,37 %.

Otro componente presenta incluso un incremento frente a lo solicitado por Petro. Para la solución al problema de las drogas, la nueva administración plantea $230.052 millones, frente a los $173.039 millones contemplados en el proyecto anterior.

Las cifras muestran, por tanto, que el cambio en el presupuesto de paz no consiste únicamente en eliminar recursos. El nuevo Gobierno modificó la distribución entre los diferentes puntos del acuerdo y, en algunos casos, aumentó las partidas frente a lo solicitado para la vigencia anterior.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación todavía debe continuar su trámite en el Congreso, por lo que las cifras podrían cambiar antes de su aprobación definitiva. La propuesta general asciende a $634,9 billones para 2027, una cifra que incluso supera en cerca de $60 billones el proyecto que había presentado Petro.

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Su fortaleza está asociada a una ecuación difícil de replicar por los grandes formatos: cercanía, bajo desembolso, compra inmediata, venta fraccionada y conocimiento del cliente. La expansión de supermercados, hard discount y comercio electrónico no ha acabado con el tradicional; por el contrario, el consumidor combina canales y reserva para la tienda una misión fundamental: resolver las necesidades cotidianas con rapidez y dentro del presupuesto disponible.

Colombia, una potencia regional de la tienda de barrio

Colombia es una de las mayores expresiones de este fenómeno. NielsenIQ contabiliza 453.750 tiendas de barrio, equivalentes al 13,1 % de los 3’458.544 establecimientos tradicionales existentes en América Latina. El país sobresale también por el nivel de surtido.

Una tienda colombiana maneja en promedio cerca de 350 artículos, frente a aproximadamente 2.000 que puede ofrecer un supermercado, y ocupa el segundo lugar regional en amplitud de portafolio, únicamente detrás de Argentina, donde el promedio llega a unos 500 artículos. Más que competir por profundidad de surtido, el tendero compite por tener disponibles las referencias de mayor rotación en el momento exacto en que el consumidor las necesita.

La composición de las ventas ayuda a entender esa lógica. Las bebidas generan el 63,5 % del dinero movilizado en las tiendas colombianas y los alimentos otro 24,5%. Además, los alimentos han aumentado su participación en 3,4 puntos porcentuales desde 2020. Cervezas, gaseosas, leche, pasabocas y cigarrillos concentran por sí solos cerca de la mitad de las ventas. Otro dato resulta especialmente revelador: 76 % de las ventas corresponde a productos cuyo desembolso individual es inferior a 6.000 pesos. El ticket promedio alcanza los 9.260 pesos, mientras el gasto acumulado de un hogar en este canal se aproxima a 276.993 pesos por trimestre. La tienda colombiana no necesariamente vence a un supermercado o un discounter por precio por unidad; gana por cercanía, velocidad, tamaño del desembolso y frecuencia de compra.

Cinco países y distintas formas de comprar

La comparación regional evidencia que el tradicional cambia de fisonomía según el país, aunque mantiene una importancia estratégica. En Ecuador existen alrededor de 130.000 tiendas de barrio y el canal tradicional concentra aproximadamente 65 % de las compras. NielsenIQ había contabilizado 128.800 puntos del canal tradicional, incluyendo tiendas, minimercados, panaderías, bazares y otros pequeños comercios, mostrando además la enorme cercanía física del formato con los hogares. Su funcionamiento está muy asociado a compras pequeñas y frecuentes, por lo que la tienda termina actuando como una prolongación de la despensa doméstica.

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En Perú, la tienda de barrio recibe principalmente el nombre de bodega y la capilaridad es todavía mayor. Existen unas 380.000 bodegas formales, aunque estimaciones gremiales elevan el universo hasta aproximadamente 500.000. Para efectos comparativos, utilizando la media del intervalo, el mercado puede estimarse en cerca de 440.000 establecimientos. Su importancia dentro del presupuesto familiar es enorme: durante el primer trimestre de 2026 las bodegas captaron 37 % del gasto en productos de consumo masivo, mientras los mercados de abasto concentraron otro 29 %. En conjunto, estos dos formatos tradicionales representan cerca de 66 % de la canasta FMCG, aproximadamente dos terceras partes del mercado.

Chile presenta una realidad diferente. Es el mercado de los cinco analizados con menor participación relativa del canal tradicional, pero NielsenIQ estima más de 105.000 puntos independientes, entre almacenes, minimarkets, botillerías y distribuidores. Este ecosistema responde por 33 % de las ventas de productos de consumo masivo, lo que significa que uno de cada tres productos todavía pasa por un establecimiento independiente. Allí el canal está más orientado a conveniencia y reposición, en medio de una estructura de supermercados, formatos modernos y comercio electrónico mucho más desarrollada.

En Argentina, por su parte, la proximidad está dividida entre almacenes, kioscos, minimercados y autoservicios independientes. NielsenIQ registra más de 194.700 puntos de venta independientes y sitúa alrededor del 35 % de las ventas de consumo masivo en el canal tradicional y los autoservicios. La dinámica reciente incluso ha favorecido estos formatos: durante el último bimestre de 2025 los almacenes aumentaron 8% su consumo y los autoservicios independientes 4%, mientras los supermercados de cadena retrocedieron 4 %. NIQ relaciona este comportamiento con consumidores que compran con mayor frecuencia y administran de manera más cuidadosa el dinero disponible.

Perú lidera la densidad comercial

Una mirada particularmente interesante surge al relacionar el número de establecimientos con la población. El número absoluto puede llevar a conclusiones equivocadas: Colombia tiene más tiendas registradas que Perú bajo determinadas mediciones, pero la densidad peruana resulta significativamente mayor.

Tomando un promedio de 440.000 bodegas en Perú y una población cercana a 34,2 millones de habitantes, existirían aproximadamente 129 establecimientos por cada 10.000 habitantes, es decir, una bodega por cada 78 personas. Colombia, con 453.750 tiendas y cerca de 53,4 millones de habitantes, tendría alrededor de 85 tiendas por cada 10.000 habitantes, una por cada 118 personas.

Ecuador, utilizando 130.000 establecimientos y unos 18,1 millones de habitantes, registra aproximadamente 72 tiendas por cada 10.000 habitantes, equivalentes a una por cada 139 personas. Chile, con 105.000 puntos independientes y alrededor de 19,9 millones de habitantes, tendría 53 por cada 10.000 habitantes, mientras Argentina, con 194.700 establecimientos y aproximadamente 45,9 millones de habitantes, se sitúa en unas 42 unidades por cada 10.000 habitantes.

Así, Perú aparece como el mercado más densamente atendido por el pequeño comercio, seguido por Colombia y Ecuador, mientras Chile y Argentina muestran una menor densidad. Esto también ayuda a comprender las distintas velocidades de penetración de supermercados y formatos de descuento: competir contra el tradicional significa enfrentarse no a una cadena, sino a cientos de miles de pequeños puntos localizados literalmente dentro de los barrios.

Para fabricantes, distribuidores y retailers, la conclusión es clara. La tienda de barrio no es un vestigio de un retail que todavía no se ha modernizado. Es un formato perfectamente adaptado a buena parte de la realidad económica y cultural latinoamericana. Mientras los supermercados ganan en amplitud de surtido y los discounters compiten agresivamente en precio, el tradicional conserva ventajas difíciles de copiar: proximidad, velocidad, desembolso controlado, compra fraccionada y conocimiento del comprador. Colombia ocupa una posición especialmente relevante por escala y densidad, mientras Perú y Ecuador evidencian una dependencia aún mayor. En una región cada vez más omnicanal, las marcas que quieran ganar participación tendrán que seguir ganándose también un espacio privilegiado en la tienda de la esquina.

El suministro de estos apoyos económicos estaba planeado inicialmente para los últimos días de agosto. Sin embargo, Prosperidad Social informó que la agenda fue ajustada para garantizar la correcta implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), instrumento socioeconómico desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el gobierno de Gustavo Petro. Este nuevo sistema, el RUI, define los criterios para determinar quiénes tienen derecho a acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias. Según la entidad, la reprogramación del ciclo permitió concluir los ajustes y las verificaciones técnicas necesarias, evitando así interrupciones para los actuales beneficiarios.

En este cuarto ciclo de pagos, los estudiantes de educación superior serán apoyados con la subsanación de matrículas correspondientes al primer semestre de 2026, mientras los aprendices del SENA recibirán transferencias asociadas a los meses de abril y mayo del mismo año. Por otra parte, Prosperidad Social habilitará del 3 al 11 de septiembre el Portal del Joven, donde los beneficiarios podrán gestionar novedades como actualización de datos, graduación de bachiller, subsanación de suspensiones, retiro, aplazamiento y cambio de programa de formación. Estas modificaciones empezarán a aplicarse desde el ciclo 5 de 2026, como explicó la entidad.

Finalmente, Prosperidad Social exhorta a los jóvenes a mantener actualizada su información a través del portal oficial para no perder la continuidad en los apoyos.

¿Cuándo se entrega el pago del cuarto ciclo de Renta Joven 2026?

Los pagos del cuarto ciclo de Renta Joven 2026 se entregarán en dos modalidades: el abono a cuentas bancarias será efectivo a partir del 3 de septiembre, mientras que quienes reciben el pago mediante giro podrán reclamar su transferencia entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, según indicó Prosperidad Social.

¿Qué es el RUI y cómo afecta la entrega de subsidios de Renta Joven?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una herramienta creada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para establecer quiénes cumplen los requisitos de acceso y permanencia en programas de transferencias monetarias como Renta Joven. El ciclo de pagos fue ajustado para garantizar que el RUI estuviera plenamente verificado antes de su aplicación, evitando afectaciones a los beneficiarios actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Por ahora, la Comisión Tercera del Senado ha dado a conocer el grupo inicial de coordinadores y ponentes del proyecto, donde figuran Christian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U) y Alix Yirley Vargas (Partido Liberal) como coordinadores. A ellos se suman Gustavo Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), David Racero (Pacto Histórico), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal) y Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico) como ponentes. Todavía falta que la Cámara y las Comisiones Cuartas designen sus representantes, una tarea pendiente para completar el proceso de discusión legislativa.

La hoja de ruta legislativa establece que las comisiones económicas tienen plazo hasta el 15 de septiembre para analizar y votar el monto general del presupuesto. Posteriormente, y tras una serie de reuniones clave entre ponentes y el ministro de Hacienda, se deberá votar el articulado completo a más tardar el 25 de septiembre. Luego de esto, el proyecto será remitido a las plenarias, donde tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar el documento final. Si el Congreso no logra un consenso en ese tiempo, el presidente Abelardo de la Espriella tendrá la facultad de expedir el presupuesto incorporando las modificaciones sugeridas por las comisiones, siguiendo el procedimiento ya aplicado en años recientes.

La agenda económica actual también contempla el posible aumento de la línea de crédito del Banco Mundial a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una iniciativa adelantada por el Ministerio de Hacienda. El trasfondo de estas reuniones y del incremento presupuestal está marcado por la urgencia de enfrentar la crisis desencadenada por el terremoto del 10 de agosto. El Gobierno ha reiterado que los planes de reducción del tamaño estatal siguen firmes y podrían reflejarse más claramente en los próximos meses, conforme avance la implementación de este proyecto presupuestal.

¿Cuáles son las fechas clave del proceso de aprobación del presupuesto general 2027?

De acuerdo con El Espectador, el cronograma oficial establece que las comisiones económicas deberán votar el monto general del presupuesto antes del 15 de septiembre, el articulado completo antes del 25 de septiembre, y las plenarias tienen hasta el 20 de octubre para aprobar el texto final. Si no se alcanza un acuerdo, el presidente podrá expedir el presupuesto con las modificaciones propuestas.

¿Qué implica la reestructuración estatal mencionada en el articulado del presupuesto?

El Gobierno, según El Espectador, ha señalado que la reducción del Estado es una prioridad y el actual proyecto presupuestal contiene las primeras señales de este ajuste. Esto sugiere un proceso de recorte y reorganización institucional, aunque el plan de acción concreto se conocerá en los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Durante este ciclo, Prosperidad Social dispuso de varias modalidades para reclamar la transferencia. De acuerdo con la información oficial, una parte de los beneficiarios recibirá el dinero directamente en su cuenta bancaria o en el depósito electrónico previamente registrado en el Gestor de Información Financiera, conocido por la sigla GIF. Esta modalidad facilita que las personas que realizaron el registro puedan recibir el incentivo sin tener que desplazarse hasta un punto físico de atención.

Para los usuarios que aún no han completado el registro de una cuenta bancaria o depósito electrónico, Prosperidad Social mantiene activo el sistema GIF, permitiendo a los beneficiarios reportar o actualizar su producto financiero. Aquellos que continúan recibiendo el pago mediante giro deberán acercarse a los operadores habilitados para este ciclo, que en esta ocasión serán SuperGiros y SuRed. En todos los casos, la entidad recomienda verificar la información antes de presentarse en los puntos de pago, así como mantener actualizados los datos personales y de contacto dentro del programa, lo que facilita la recepción de información y novedades sobre las transferencias.

Un punto crucial para Prosperidad Social es advertir sobre posibles estafas. La institución recalcó que ningún trámite relacionado con Colombia Mayor tiene costo ni requiere intermediarios. En caso de recibir mensajes en los que se solicite dinero, datos bancarios u otra información personal a cambio de tramitar el pago, la recomendación es no entregar datos y confirmar siempre que la comunicación provenga de canales oficiales. La entidad aconseja consultar únicamente su página web y otros canales de atención reconocidos para evitar fraudes.

¿Cuándo y cómo se paga el subsidio de Colombia Mayor en septiembre?

El séptimo ciclo de pagos para beneficiarios activos de Colombia Mayor se llevará a cabo entre el 3 y el 13 de septiembre, según Prosperidad Social. El dinero se entregará directamente en cuentas registradas, depósitos electrónicos o a través de giros en los operadores SuperGiros y SuRed.

¿Cómo registrar una cuenta bancaria en el Gestor de Información Financiera (GIF) de Colombia Mayor?

Para registrar una cuenta en el Gestor de Información Financiera, las personas mayores deben acceder al sistema GIF y reportar o actualizar el producto financiero donde desean recibir la transferencia. Este proceso permite recibir el subsidio directamente, evitando desplazamientos, siempre que el registro sea correcto y se mantengan los datos actualizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En cifras, el precio promedio de la gasolina corriente para las principales trece ciudades será de $15.886 por galón. Para el ACPM, que es un tipo de diésel utilizado tanto en el transporte pesado como en algunas flotas urbanas, el promedio nacional alcanzará los $11.320 por galón. Esto se traduce en que los propietarios de automóviles particulares y motocicletas, así como los conductores de vehículos diésel, podrán costear su operación diaria sin variaciones en el precio durante septiembre.

Sin embargo, las diferencias regionales persisten. Villavicencio lidera la lista nacional con la gasolina más costosa: $16.431 por galón. Le siguen Cali ($16.339), Bogotá ($16.331) y Manizales ($16.304), reflejo de cómo el costo puede variar dependiendo de la ciudad. Otras urbes como Pereira, Medellín, Ibagué y Montería también sobrepasan los $16.000. En contraste, la región Caribe mantiene precios un poco más bajos, con Barranquilla ($15.964) y Cartagena ($15.921). En el extremo opuesto, Cúcuta y Pasto ofrecen las tarifas más económicas, de $14.281 y $13.920 respectivamente, evidenciando una notable brecha en el costo de los combustibles en las distintas regiones.

En lo que respecta al ACPM, la tendencia a precios elevados se mantiene en Cali ($11.763) y Villavicencio ($11.716). Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá e Ibagué también presentan cifras superiores a $11.600. En la Costa Caribe, el diésel registra precios de $11.291 en Barranquilla y $11.256 en Cartagena. Como sucede con la gasolina, Pasto y Cúcuta vuelven a registrar los valores menos onerosos: $10.529 y $9.486 respectivamente. Así, septiembre iniciará sin alteraciones en el costo de estos combustibles, lo cual representa estabilidad para los conductores.

La decisión del Gobierno de no modificar los precios de la gasolina y el ACPM responde también a las acciones tomadas tras el terremoto del 10 de agosto. Como parte de la respuesta a la emergencia, mantener estables estos valores busca evitar que los costos de los combustibles se conviertan en un obstáculo adicional para las operaciones de ayuda y el transporte de recursos esenciales hacia las zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los precios de la gasolina corriente y ACPM en septiembre de 2026 en las principales ciudades de Colombia?

Durante septiembre de 2026, la gasolina corriente tendrá un precio promedio de $15.886 por galón en las 13 principales ciudades. Los valores más altos se registran en Villavicencio ($16.431), Cali ($16.339) y Bogotá ($16.331). Por su parte, el ACPM promedia $11.320, llegando hasta $11.763 en Cali y descendiendo a $10.529 en Pasto y $9.486 en Cúcuta.

¿Por qué el Gobierno de Colombia decidió mantener estables los precios de la gasolina y ACPM en septiembre?

La decisión del Gobierno de no subir los precios de la gasolina y el ACPM durante septiembre está relacionada con las medidas adoptadas tras el terremoto del 10 de agosto. El principal motivo es evitar que el costo de los combustibles represente una carga adicional para quienes participan en las labores de atención y recuperación en los territorios afectados por la emergencia.

(Ver también: El Niño sería muy fuerte en Colombia: estos son los efectos que advierte el Ideam)

La principal estrategia quedó establecida mediante la Resolución 101 120 de 2026, que creó un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica. La medida tiene una duración inicial de seis meses y busca disminuir la demanda ante el riesgo de baja hidrología y posibles dificultades para garantizar el suministro.

Así funcionará el programa de ahorro de energía

El mecanismo establece una meta individual de consumo para cada usuario, calculada a partir de su comportamiento histórico. Para determinarla, la CREG toma como referencia los consumos registrados durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia de la resolución.

A partir de esa meta se establecen dos escenarios. Quienes reduzcan su consumo y se ubiquen por debajo del 90 % de la referencia podrán acceder a un beneficio monetario, que será distribuido con los recursos recaudados por el programa.

En contraste, los usuarios que superen el 110 % de su meta tendrán un cobro adicional sobre el consumo que exceda ese límite. La medida busca que el mayor consumo tenga un costo adicional y, al mismo tiempo, que quienes ahorren puedan recibir un beneficio económico.

La aplicación es automática para los usuarios regulados incluidos en el programa, por lo que no deben realizar una inscripción o trámite para participar. Además, la CREG aclaró que estos cobros y beneficios son transitorios y no modifican las tarifas generales del servicio público de energía.

¿Por qué se toma esta medida?

La decisión está relacionada con el fortalecimiento del Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. La CREG señala que existe una probabilidad del 81 % de que el fenómeno alcance una categoría muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras que la probabilidad de que las condiciones persistan hasta comienzos de 2027 llega al 97 %.

El problema está en que una menor cantidad de lluvias puede reducir los niveles de los embalses, fundamentales para la generación eléctrica colombiana. Por eso, el objetivo es anticiparse a un escenario de mayor presión sobre el sistema y promover desde ahora un menor consumo.

(Ver también: La razón por la que están enfriando puentes con agua durante ola de calor en Europa; evitaría tragedia)

La medida hace parte de una estrategia que busca que el ahorro energético sea una herramienta de prevención frente a la posible intensificación de El Niño, además de proteger la confiabilidad del suministro eléctrico en los próximos meses.

La medida beneficiará a los trabajadores radicados en capitales y municipios impactados, tales como Pereira y sus alrededores, Cali, Buenaventura y diversos municipios del departamento del Chocó, cubriendo en general todas las poblaciones declaradas en contingencia. El alivio temporal aplicará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Uso de cesantías para reparación de vivienda y requisitos legales

Ante los estragos causados en la infraestructura habitacional, la administradora recordó que el ahorro de cesantías, además de ser un amparo frente al desempleo y un fondo para educación, puede destinarse legalmente a la compra de vivienda (nueva o usada) o a la ejecución de reparaciones locativas. En la coyuntura actual, estos recursos se perfilan como un soporte clave para la reconstrucción del patrimonio familiar de los afiliados.

(Vea también: “Más de 166.000 trabajadores”: fondos privados explican novedad con la pensión en Colombia)

Sin embargo, la AFP precisó puntos normativos fundamentales:

• Autorización del empleador: La validación y aprobación para el uso parcial o total de las cesantías sigue siendo competencia exclusiva del empleador.
• Causal de retiro: El sismo, por sí solo, no representa una causal general para el retiro de los fondos. Los empleadores deben auditar y verificar que el destino final de los recursos cumpla con las causales de ley.

Porvenir pensiones y cesantías: canales de atención y red ampliada para trámites

María Lorena Botero, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir, destacó que la suspensión de comisiones busca facilitar el acceso a la liquidez de los trabajadores golpeados por la catástrofe. Para radicar las solicitudes y acogerse al beneficio de comisión cero, los afiliados cuentan con diversos canales digitales y presenciales:

• Consultas de saldo y requisitos: Disponibles las 24 horas en el portal www.porvenir.com.co, la App Porvenir, el canal de WhatsApp oficial y el Chat Porvenir.
• Gestión de retiros y atención presencial: Oficinas físicas de Porvenir, la Línea de Servicio al Cliente en el #857 y la red ampliada a través de las sucursales de Banco AV Villas y puntos Reval.

La compañía reiteró el llamado a realizar todos los trámites a través de sus canales oficiales —los cuales son gratuitos, seguros y ágiles— para evitar intermediarios o tramitadores fraudulentos durante la emergencia.

(Ver también: Nequi explicó si va a pasar algo con préstamos que dio, luego de su separación de Bancolombia)

De hecho, algo que gusta mucho es la facilidad de uso, puesto que las personas solo necesitan del número de celular para activar la cuenta y poder comenzar a hacer transacciones.

Sin embargo, esta aplicación tendrá un cambio grande en las próximas horas, lo cual ha llamado la atención y ha prendido de cierta manera las alarmas de los usuarios de la plataforma.

Quién será el nuevo dueño de Nequi

A partir de este primero de septiembre, la aplicación financiera será administrada por Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, lo cual significa la división total con Bancolombia.

Sin embargo, esto no significa un cambio para los usuarios, pues tal como comunicó la aplicación, todo seguirá funcionando tal y como se viene presentando. 

De hecho, cuestiones como el número de cuenta, las transacciones habituales, la relación con Bancolombia e incluso los costos y tarifas se mantienen tal y como venía funcionando, por lo que los usuarios no deben hacer ni completar ningún proceso adicional.

Cómo cerrar la cuenta de Nequi

Finalmente, para los usuarios que no están de acuerdo con el cambio y quieren cerrar definitivamente la cuenta, el proceso que deben completar los clientes es:

• Iniciar sesión en la cuenta de Nequi con el número de celular y la contraseña.
• Desocupar y dejar en 0 la cuenta, moviendo la plata a otra cuenta o, en su defecto, gastándola.
• Luego ingresar a la opción ‘Tu Nequi’.
• Elegir ‘Cerrar tu cuenta’ y aceptar las condiciones que pone la plataforma.

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Con eso, la cuenta queda completamente cerrada y ya no podrá hacer movimientos ni transferencias.

La jornada abrió a la baja en $3.170 e incluso tocó un mínimo intradiario de $3.150 en las primeras horas de negociación. Sin embargo, una fuerte ola compradora revirtió el movimiento inicial y catapultó la cotización hasta un techo de $3.231,37.

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Según reportes de JP Tactical Trading, el mercado exhibió una sólida estructura de recuperación con montos negociados superiores a los US$219 millones en más de 355 operaciones, confirmando la presencia de compradores activos en los niveles inferiores de la curva.

Paralelamente, la divisa estadounidense se mantuvo fortalecida a nivel global luego de que el discurso restrictivo (hawkish) del presidente de la FED, Kevin Warsh, elevara a un rango de entre 58 % y 60 % las probabilidades de un nuevo incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.

El índice DXY anotó una ligera corrección del -0,29 % hasta las 99,41 unidades, permaneciendo muy cerca de sus máximos de dos semanas.

Tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz dispara el petróleo

El frente internacional estuvo dominado por un rápido deterioro geopolítico tras el reinicio de las hostilidades directas entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Las fuerzas estadounidenses neutralizaron lanzadores iraníes que desplegaban minas marítimas en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un drástico repunte en la prima de riesgo energético.

El petróleo Brent, la referencia europea y marcador para las exportaciones colombianas, se disparó un 4,80 %, superando la barrera psicológica de los US$90,25 por barril. Por su parte, el WTI avanzó un 2,59 %, ubicándose en US$85,56.

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Desempleo en Colombia cae al 8,1 %

En el ámbito doméstico, el DANE reveló que la tasa de desocupación en Colombia para el mes de julio se situó en el 8,1 %. El dato representó una mejora de 0,6 puntos porcentuales (pp) frente al 8,8 % registrado en julio de 2025 y superó holgadamente las expectativas del mercado, que proyectaba una tasa del 8,4 %.

Este lunes también se reunió la Junta Directiva del Banco de la República y, aunque no se tomaron decisiones de política monetaria, la sesión fue relevante para el mercado porque contó con la participación del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por primera vez.

Pese al sólido comportamiento del empleo y al importante aumento en los precios del petróleo —factores que teóricamente favorecen la apreciación del peso—, la moneda colombiana no logró consolidar un avance sostenible. De acuerdo con el equipo de investigaciones de Acciones & Valores, las dudas del mercado respecto al Presupuesto General de la Nación de 2027 continúan pesando de forma diferenciada sobre el activo local:

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,15 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,351 % desde los 12,300 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,745 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,620 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 12,823 %; la jornada anterior en 12,720 %.

De acuerdo con las cifras, en el último año 578.000 personas se sumaron a la población ocupada, con lo que el número total de trabajadores llegó a 24,547 millones en el país. Al mismo tiempo, la cantidad de personas desocupadas cayó en 160.000 frente a julio de 2025, una reducción equivalente al 6,9 %.

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La participación en el mercado laboral también mostró una variación positiva. La tasa global de participación pasó de 64,6 % en julio de 2025 a 64,8 % en el mismo mes de 2026, mientras que la tasa de ocupación aumentó de 58,9 % a 59,5 %. Es decir, hubo más personas participando en el mercado laboral y una mayor proporción consiguió empleo.

Por sectores, administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue la rama que más contribuyó al crecimiento del empleo. Allí se pasó de 2,824 millones de ocupados en julio del año pasado a 3,229 millones en julio de 2026, lo que representa 404.000 trabajadores adicionales.

El comercio y la reparación de vehículos también tuvieron un comportamiento positivo, al pasar de 4,062 millones a 4,219 millones de ocupados, con un incremento de 158.000 personas. En construcción, entretanto, el número de trabajadores aumentó en 156.000, al pasar de 1,667 millones a 1,823 millones.

Otros sectores también aportaron al crecimiento de la ocupación. Información y comunicaciones sumó 92.000 trabajadores, mientras que las industrias manufactureras incorporaron 82.000 y las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron en 79.000 personas ocupadas.

No todas las actividades tuvieron el mismo comportamiento. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdió 204.000 ocupados, al pasar de 3’442.000 a 3’238.000 en un año. También se registraron disminuciones en transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades financieras y de seguros, y suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos.

“En redes sociales circula un documento falso en el que se afirma que, como consecuencia de esta Resolución, las empresas del sector dejarían de reconocer y pagar horas extras y recargos nocturnos”, dice el gremio.

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Esta afirmación sobre el pago de horas extra en Colombia, dice el gremio, carece de fundamento jurídico y genera desinformación entre trabajadores, empresas y ciudadanía.

Según el comunicado, la Resolución 2708 derogó once circulares administrativas, entre ellas la Circular 0040 de 2026, que contenía una interpretación del Ministerio del Trabajo sobre la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector.

Otras claridades sobre el pago de las horas extra en Colombia para celadores

“Una circular puede orientar la aplicación de la ley, pero no tiene la capacidad de crear, modificar o eliminar derechos laborales establecidos en normas superiores”, agrega.

Indica el gremio que, por esta razón, su derogatoria tampoco elimina esos derechos ni exonera a los empleadores de su cumplimiento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago de las horas extras en Colombia y los recargos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de conformidad con la legislación laboral vigente.

“Las empresas afiliadas a FedeSeguridad reiteran su compromiso con el respeto de los derechos laborales, el cumplimiento de la ley y la dignificación de la labor que diariamente desempeñan miles de hombres y mujeres dedicados a proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los colombianos”, añade el gremio.

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“Hacemos un llamado a los dirigentes políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanos para que verifiquen la autenticidad de los documentos, consulten las fuentes oficiales y analicen con rigor el alcance de las normas antes de difundir afirmaciones que puedan inducir a error. La defensa de los derechos de los trabajadores exige responsabilidad, precisión y respeto por la verdad”, concluye la comunicación sobre las horas extra en colombia.

La Dian recuerda a los jubilados que también son sujetos de esta obligación tributaria y, en algunos casos, deben asumir el pago del impuesto.

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Los pensionados en Colombia que no lleven a cabo el proceso u omitan algún posible cargo deberán, en los próximos meses, asumir las respectivas sanciones monetarias.

¿Qué pensionados en Colombia deben hacer la declaración de renta?

1. Ingresos brutos anuales: Recibir ingresos totales (mesadas pensionales, arriendos, rendimientos financieros, etc.) iguales o superiores a 1.400 UVT en el año gravable
2. Patrimonio bruto: Poseer bienes (vivienda, vehículos, ahorros o predios) con un valor total igual o superior a 4.500 UVT al 31 de diciembre del año a declarar
3. Movimientos financieros: Superar las 1.400 UVT en consumos con tarjeta de crédito, compras acumuladas o consignaciones bancarias registradas durante el año

Lo anterior no quiere decir que un pensionado deba asumir algún tipo de pago, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pensionados no paga impuesto debido al beneficio de renta exenta establecido en el Estatuto Tributario.

Las pensiones en Colombia están exentas del impuesto de renta hasta un límite de 1.000 UVT mensuales (12.000 UVT anuales). Solo se paga cuando la fracción de la mesada mensual supera las 1.000 UVT.

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La Dian dispone que si el pensionado percibe ingresos por otros conceptos que no están protegidos por la exención pensional —como cánones de arrendamiento, honorarios o dividendos— y estos generan una renta líquida gravable tras las deducciones de ley, se deberá pagar el impuesto.

El pago comenzará el jueves 3 de septiembre para 1.557 jóvenes que tienen registrada una cuenta o producto financiero habilitado para recibir el abono directamente.

Por su parte, 1.171 estudiantes que reciben el beneficio mediante giro podrán reclamar el dinero entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros.

Este ciclo estaba inicialmente programado para finales de agosto, pero Prosperidad Social decidió reprogramarlo mientras se expedía la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

La entidad explicó que el aplazamiento busca garantizar la continuidad de las transferencias y evitar que beneficiarios actuales queden por fuera debido a la implementación del nuevo mecanismo de focalización.

Los recursos de este ciclo tienen conceptos diferentes según el tipo de beneficiario. Los estudiantes de instituciones de educación superior recibirán pagos relacionados con la subsanación de matrícula correspondiente al primer semestre. En el caso de los aprendices del Sena, las transferencias corresponden a los meses de abril y mayo.

Además, Prosperidad Social habilitará entre el 3 y el 11 de septiembre el Portal del Joven para que los participantes puedan gestionar novedades que tendrán efecto a partir del quinto ciclo de pagos de 2026. Entre los trámites disponibles están la actualización de datos personales, la acreditación de graduación de bachiller para jóvenes suspendidos, la subsanación de suspensiones por condiciones socioeconómicas, el retiro del programa, el aplazamiento y el cambio de programa de formación.

Los jóvenes también pueden verificar si son beneficiarios de Renta Joven mediante la consulta con su número de cédula en el portal habilitado por Prosperidad Social. De esta manera, podrán conocer si tienen derecho al próximo pago y determinar si deben esperar un abono en cuenta o realizar el cobro mediante giro.

Durante su gestión, la empresa colombiana experimentó una importante transformación y logró duplicar el tamaño de su negocio en cinco años.

En 2025, Alquería alcanzó ingresos cercanos a los $2 billones, impulsada por una estrategia de crecimiento y diversificación.

Uno de los principales cambios fue la expansión del portafolio más allá de la leche.

La compañía fortaleció categorías como quesos, yogures, avenas, bebidas lácteas, cremas de leche, arequipe y snacks, además de consolidar marcas como Freskaleche, Del Vecchio y Vitad. Actualmente, más del 40 % de sus ventas proviene de categorías diferentes a la leche.

Álvarez también lideró un proceso de fortalecimiento organizacional, enfocado en innovación, crecimiento, generación de valor y desarrollo de equipos. La Junta Directiva destacó su aporte a la consolidación de una compañía más sólida y diversificada.

Alquería aseguró que su estrategia continuará sin cambios y que la operación seguirá con normalidad. La Junta Directiva ya adelanta el proceso para seleccionar al nuevo CEO y comunicará los avances oportunamente.

La reforma pensional establece nuevas reglas para quienes reciben ingresos por cuenta propia y para los prestadores de servicios.

De acuerdo con la Ley 2381 de 2024, los trabajadores independientes que hagan parte del pilar contributivo deberán realizar sus aportes a Colpensiones sobre los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Esto significa que, dentro de ese límite, el aporte destinado a pensión será dirigido completamente al fondo público.

La medida cobija a diferentes tipos de independientes. Entre ellos están las personas que trabajan mediante contratos de prestación de servicios, quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia y aquellos que reciben ingresos provenientes de otros tipos de contratos.

También se incluyen los llamados rentistas de capital, es decir, personas cuyos ingresos provienen de inversiones u otras actividades que generan rentas.

Para quienes tengan ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, el funcionamiento será diferente.

En estos casos, la cotización se dividirá: la parte correspondiente a los primeros 2,3 salarios mínimos deberá ir a Colpensiones, mientras que el dinero correspondiente al ingreso que supere ese límite será destinado a una administradora privada de fondos de pensiones.

Uno de los principales cambios, por tanto, es que los independientes ya no podrán escoger libremente una administradora privada para la totalidad de su cotización cuando sus ingresos estén dentro del componente contributivo establecido por la reforma. Colpensiones tendrá un papel obligatorio en la administración de la primera parte de los aportes.

El nuevo esquema busca establecer una distribución entre el régimen público y los fondos privados dependiendo del nivel de ingresos de cada trabajador. Por esta razón, los independientes deberán prestar especial atención a sus ingresos y a la manera en que calculan sus aportes cuando comience a aplicarse el nuevo sistema.

La entidad explicó que los recursos fueron garantizados pese a que la actual administración recibió el programa con una desfinanciación estimada en $ 3,5 billones.

Para cubrir el nuevo ciclo, el Gobierno aseguró que optimizó recursos del Presupuesto General de la Nación y priorizó la continuidad de las ayudas económicas destinadas a los adultos mayores.

Los pagos estarán disponibles en todo el territorio nacional a través de SuperGiros y SuRed, operadores encargados de entregar los recursos a los beneficiarios que reciben el subsidio bajo esta modalidad.

Una de las novedades del séptimo ciclo será el pago mediante cuentas bancarias o depósitos electrónicos para 24.598 beneficiarios que previamente registraron sus productos financieros ante el Gestor de Información Financiera (GIF) de Prosperidad Social. Estas personas no tendrán que desplazarse hasta un punto de pago, ya que el dinero será consignado directamente en la cuenta registrada.

La entidad destacó que la modalidad electrónica puede facilitar el acceso a los recursos, reducir desplazamientos y ofrecer mayor seguridad. Además, los beneficiarios que aún no tengan registrada una cuenta pueden hacerlo mediante el GIF, disponible en la página oficial de Prosperidad Social.

Finalmente, Prosperidad Social pidió a los beneficiarios estar atentos a posibles intentos de fraude. Recordó que los trámites relacionados con Colombia Mayor son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que cualquier consulta o actualización debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales de la entidad.

Así, el principal cambio para septiembre es que el Gobierno logró asegurar la financiación del nuevo ciclo, mientras amplía el uso de pagos electrónicos para facilitar la entrega del subsidio.

Con corte a junio, Huila, Tolima y Caquetá presentaron los costos unitarios de energía más altos del país. ElectroHuila registró el mayor valor, con $1.045,95 por kilovatio hora, seguido de Celsia Tolima, con $1.042,82, y ElectroCaquetá, con $1.005,75.

Estos valores reflejan el costo unitario de la energía, un indicador que reúne los principales componentes de la cadena eléctrica y sirve como referencia para medir las diferencias entre regiones.

El incremento está relacionado, entre otros factores, con la mayor exposición de algunas empresas al mercado de energía en bolsa.

En el caso de ElectroHuila, esta exposición supera 22%, alrededor de nueve puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Esto hace que los precios que pagan los comercializadores sean más sensibles a las condiciones del mercado y al comportamiento climático.

La situación se produce mientras el sistema eléctrico enfrenta mayores desafíos por el aumento de la demanda, la menor oferta y los altos precios de la energía en bolsa. Más de 70% de la generación eléctrica de Colombia depende de fuentes hídricas, por lo que la reducción de los niveles de agua puede presionar aún más los costos.

En contraste, Atlántico, Valle del Cauca y Meta registraron los costos unitarios más bajos, con $840,15, $868,56 y $869,47 por kilovatio hora, respectivamente.

Expertos explican que las diferencias regionales también obedecen a los contratos de los comercializadores, los cargos regulados y las pérdidas reconocidas en las tarifas. Además, la generación y distribución son los componentes que más pesan en el costo unitario, pues juntos representan más de 65% del total.

La propuesta será presentada en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas convocada para el próximo 15 de septiembre.

El principal cambio está relacionado con el artículo 20 de los estatutos. Actualmente, las planchas de candidatos deben incluir obligatoriamente al menos tres integrantes de la junta que se encuentren en ejercicio, una condición que limita la posibilidad de realizar una renovación amplia del órgano directivo.

La reforma plantea convertir esa obligación en un criterio orientador. Así, las planchas deberán procurar mantener al menos tres miembros actuales, pero esta condición ya no será un requisito para validar la elección. De esta manera, la Asamblea tendría la facultad de escoger una junta completamente nueva si así lo considera.

El Gobierno argumenta que el cambio busca equilibrar la continuidad institucional con la flexibilidad necesaria para definir la estrategia de Ecopetrol, teniendo en cuenta factores como experiencia, independencia, diversidad y funcionamiento de los comités.

Otro ajuste se refiere al séptimo renglón de la junta, reservado para un representante de los trabajadores.

La propuesta establece que, si ya existe un trabajador elegido mediante votación interna para el periodo vigente, no será necesario repetir el proceso cuando se convoque una nueva elección integral. El Gobierno podría incluir directamente al mismo representante en su plancha, siempre que mantenga los requisitos y acepte la postulación.

Además, si el proceso de elección de los trabajadores queda desierto o ningún candidato cumple las condiciones, el Gobierno podrá proponer directamente a otro candidato que reúna los requisitos.

La modificación busca despejar el camino jurídico para sustituir a seis de los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol y facilitar una recomposición significativa de su máximo órgano de administración.

Las modificaciones sobre estas mesadas, correspondientes a los pensionados con mayores ingresos, buscan mantener el enfoque solidario del sistema de jubilaciones.

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La reforma pensional en Colombia genera nuevos descuentos en las mesadas para completar los recursos necesarios del fondo de solidaridad, mediante el cual se entregan subsidios a los adultos mayores de menores ingresos.

¿A cuáles pensionados les harán más descuentos en las mesadas por la reforma pensional en Colombia?

Se trata del artículo 26 de la nueva norma, que regula los descuentos o contribuciones adicionales con destino a la Subcuenta de Subsistencia.

• Descuento del 1 %: para los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) y hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes
• Descuento del 2 %: para los pensionados que devenguen una mesada superior a veinte (20) salarios mínimos

(Recomendado: Por la reforma pensional en Colombia, millones de trabajadores deberán cotizar más semanas para jubilarse)

La reforma pensional en Colombia, avalada en este punto, establece que estos aportes adicionales se deducen directamente para financiar los subsidios de los adultos mayores y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.

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La decisión fue adoptada por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía y comenzará a aplicarse desde el 30 de agosto de 2026. La medida busca responder, principalmente, a las dificultades económicas que dejó el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto y que afectó varias zonas del occidente del país.

¿Por qué congelaron la gasolina y el ACPM?

El Gobierno explicó que mantener estables los precios de los combustibles permitirá contener los costos de transporte de alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, especialmente hacia las regiones que resultaron afectadas por el fuerte sismo.

Esto tiene un impacto que va mucho más allá de quienes tienen carro o motocicleta. El precio de los combustibles hace parte de los costos de transporte de numerosos productos que llegan diariamente a supermercados, tiendas, farmacias y otros establecimientos.

Por eso, evitar un incremento durante septiembre busca impedir que mayores costos logísticos terminen trasladándose al consumidor final.

La medida cobra especial importancia para departamentos que han sufrido afectaciones por el terremoto, entre ellos Chocó, Quindío y Valle del Cauca, donde las autoridades han tenido que atender daños en infraestructura y las necesidades de las comunidades afectadas.

¿Cuánto dinero se ahorraría con la medida?

De acuerdo con las proyecciones entregadas por el Gobierno, mantener los precios sin aumentos permitiría un ahorro de 152.600 millones de pesos durante 2026.

El objetivo, además de ayudar a las familias afectadas por la emergencia, es evitar que los costos de transporte aumenten en un momento en el que varias regiones necesitan movilizar alimentos, medicamentos, equipos y asistencia humanitaria.

Es importante aclarar que el anuncio no representa una reducción en el precio de la gasolina o el ACPM. Lo que decidió el Gobierno es que durante septiembre no se aplicarán incrementos, por lo que los consumidores pagarán los valores vigentes y no los nuevos precios que eventualmente se habrían establecido.

La gasolina y el diésel tienen una estructura de precios regulada que incluye componentes como el ingreso al productor, transporte, márgenes de distribución e impuestos.

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Así, durante septiembre los colombianos tendrán al menos un alivio frente a uno de los costos que termina impactando buena parte de la economía: el transporte.

Aunque la cifra que es inferior a la reportada en el mismo periodo en 2025 (3,7 %), uno de los años más críticos en las finanzas públicas, superó la del periodo de pandemia (3,1 % en 2020) y está por encima del promedio de la última década (2 %).

Solo en junio, el desbalance fiscal fue de $17,7 billones (0,9 % del PIB) y se posicionó como el segundo más alto del año después del registrado en febrero, que fue de $27,9 billones (1,4 % del PIB).

El resultado del primer semestre es producto de ingresos superiores a $175 billones, un 10,2 % más que el año anterior ($ 158,8 billones), y por gastos de más de $ 241,3 billones, que crecieron en un 6,1 % frente al periodo previo ($227,3 billones).

La brecha también se refleja en las cifras con relación al PIB, con un ingreso del 8,7 % (10 puntos básicos por encima de la de 2025) y un gasto del 12 % (inferior en 30 puntos básicos a las del año anterior).

Y es que el recaudo tributario del primer semestre llegó a $165,54 billones, de acuerdo con la DIAN, una cifra que es 11 % superior a la registrada un año atrás ($ 149,15 billones), según el más reciente informe mensual de la entidad.

Esta cifra excedió la proyección mensual que elabora la DIAN en base con el ciclo económico histórico en $2,94 billones. Incluso, superó por $5,5 billones la estimación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Sin embargo, solo en junio, el ingreso correspondiente a impuestos fue menor al de 2025 por $ 79.000 millones, pues apenas superó los $21 billones.

Respecto al gasto del Gobierno, el Ministerio de Hacienda solo ha publicado datos con corte a mayo. El balance al quinto mes de año revelaba que el Gobierno había obligado (reservado recursos tras la obtención de bienes o servicios contratados) $ 187,2 billones, el 33,7 % de la apropiación vigente ($ 555,7 billones).

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló que los datos preliminares a junio de este año muestran que el gasto fiscal total acumulado había subido al 12,2 % del PIB y el primario al 10,1 %. Además, la ejecución de las obligaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzó el 41,3 % de las apropiaciones, nivel que es 3,6 puntos porcentuales (pp) superior al observado el año anterior.

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Según informó Portafolio, la determinación quedó consignada en la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026. La cartera busca establecer si el modelo cumple con las condiciones necesarias para entrar en funcionamiento y revisar las implicaciones que tendría para quienes deben cumplir con el proceso para obtener o recategorizar el documento.

¿Por qué la licencia de conducción podía llegar a $2,2 millones?

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el valor que tendría que asumir el ciudadano bajo el nuevo esquema. La implementación de los CALE podía hacer que un proceso que actualmente ronda los $1,4 millones llegara aproximadamente a $2,2 millones, es decir, una diferencia cercana a $800.000.

Ese escenario quedó en suspenso con la decisión del Ministerio de Transporte. Antes de avanzar, la entidad quiere establecer cómo funcionaría financieramente el modelo y si las condiciones planteadas son razonables para los usuarios.

La discusión no se limita al precio. El Gobierno también busca determinar si la nueva forma de evaluar a los conductores tendría un beneficio concreto en materia de seguridad vial que permita sustentar el cambio.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que el propósito es fortalecer los procesos de formación y evaluación, pero bajo condiciones que resulten justificadas para los ciudadanos.

¿Cómo funcionarían los CALE para sacar la licencia?

El nuevo modelo plantea separar la formación de la evaluación. Las escuelas de conducción seguirían preparando a los aspirantes, mientras que los CALE se encargarían de comprobar posteriormente si cuentan con las capacidades necesarias para conducir.

Estos centros operarían de manera independiente a las escuelas y evaluarían tanto a quienes soliciten su primera licencia como a quienes busquen una recategorización.

¿Qué está revisando el Ministerio de Transporte?

La suspensión permitirá revisar distintos elementos del proyecto antes de que pueda comenzar a operar. Entre ellos están la capacidad de los centros que aparecen registrados por la UNAD, las condiciones jurídicas del contrato firmado con esa institución y la estructura financiera prevista para el sistema.

El Ministerio también deberá determinar si los recursos que implicaría el funcionamiento de los CALE guardan relación con los resultados que se esperan obtener en materia de seguridad vial.

Uno de los puntos que ha llamado la atención es el contrato interadministrativo con la UNAD, cuya proyección económica, de acuerdo con información divulgada por medios nacionales, alcanzaría cerca de $20 billones durante 20 años.

Por ahora, los CALE no comenzarán a operar. La cartera de Transporte tendrá que terminar la revisión del modelo y, con base en sus conclusiones, establecer qué modificaciones serán necesarias y cuál será finalmente el esquema que deberán cumplir los conductores.

(Recomendado: Por la reforma pensional en Colombia, millones de trabajadores deberán cotizar más semanas para jubilarse)

De acuerdo con el alto tribunal, este mecanismo se aplica para respetar las condiciones que ya tenían las personas más próximas a cumplir los requisitos de jubilación.

Hay que tener en cuenta que la reforma pensional dispone que todos los trabajadores coticen en Colpensiones hasta los primeros 2,3 salarios mínimos.

Adicionalmente, una vez se cumplan los requisitos de jubilación, los ahorros en fondos privados pasarán a Colpensiones, entidad que se encargará de entregar la mesada a los colombianos.

¿A quiénes no les aplica la reforma pensional?

Con base en esto, ninguno de estos cambios, incluidos los mayores porcentajes de cotización en algunos casos, aplicará para las personas que cumplan un mínimo de semanas cotizadas.

• Mujeres: tener al menos 750 semanas cotizadas.
• Hombres: tener al menos 900 semanas cotizadas.

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Hay que tener muy presente que ese límite se contará desde el momento en que empiece a aplicarse la reforma pensional en Colombia, en el plazo que ordenó la Corte Constitucional.

Hombres y mujeres podrán seguir sumando semanas y llegar a los límites establecidos por la reforma hasta el 1 de abril de 2027. Si para ese momento cumplen con esos requisitos, conservarán las condiciones de la Ley 100.

Durante la convención de Asobancaria, Gómez puso el foco, principalmente, en el servicio de la deuda. Según explicó, el gobierno anterior había calculado que para 2027 se necesitarían $ 118 billones, mientras que la revisión hecha por su cartera ubicó esa obligación en $ 155 billones.

“Ellos decían que el servicio de la deuda requería 118 billones de pesos, los cálculos del ministerio dice que son 155 billones de pesos. Pequeño descache, problema con los números de la calculadora”, afirmó el ministro durante la convención de Asobancaria.

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La diferencia, de acuerdo con Gómez, no se limita al pago de la deuda. El funcionario sostuvo que el proyecto anterior también tenía $ 22 billones de obligaciones sin financiación. Al sumar ese monto con los $ 37 billones adicionales que, según sus cuentas, requiere el servicio de la deuda, apareció una diferencia cercana a $ 59 billones frente al proyecto que había presentado el anterior gobierno.

“22 billones de desfinanciación más 37 billones de subestimación del servicio de la deuda nos lleva a un presupuesto de 634 billones de pesos y por eso generó tanta sorpresa”, explicó Gómez.

El nuevo proyecto llegó al Congreso por $ 634,9 billones, unos $ 59,3 billones por encima de la propuesta inicial de $ 575,6 billones. La nueva versión también incorpora recursos para atender las consecuencias del terremoto y ajusta las cuentas relacionadas con el endeudamiento.

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Gómez habló de “desorden” en las cuentas del gobierno Petro 

El ministro no se quedó únicamente en las diferencias numéricas y lanzó una crítica política al manejo fiscal de la administración anterior. “Esa es la verdad, duélale al que le duela. Ese es el estilo de presupuesto que presentó el gobierno anterior, fíjense la magnitud del desorden, del caos en el que estábamos”, afirmó.

Gómez también defendió la decisión de presentar públicamente las nuevas cifras, pese a que el monto del presupuesto generó cuestionamientos. “Podríamos habernos hecho los locos, sí, pero entonces cómo van a confiar en nosotros? Yo prefiero ir a New York con estas cifras, diciendo la verdad con estas cifras”, sostuvo.

El ministro reconoció que la cifra tampoco cayó bien entre distintos sectores. “No cayó bien la cifra del Presupuesto General de la Nación de 2027, no cayó bien. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere que le digan la verdad. Es como cuando a uno le dicen: ‘oye, te has engordado’”, dijo.

Nueva advertencia por la deuda pública

Gómez aprovechó su intervención para advertir sobre el comportamiento de la deuda pública. Según el funcionario, si no se toman medidas, esta podría llegar al 82 % al finalizar el Gobierno.

“Si no hacemos nada con la deuda pública, llegaría al 82 % al finalizar el Gobierno. Antes de eso, tendríamos una crisis de pago de proporciones monumentales. Es la realidad: o caminamos en la buena dirección o vamos al abismo”, afirmó.

El ministro también cuestionó la composición del gasto y aseguró que “el exceso de gasto se concentra en funcionamiento y la inversión pública es aún modesta”.

Por eso, Gómez planteó ante el sector financiero una especie de reparto de responsabilidades. “Vamos a repartirnos las tareas, y ese es el propósito que hoy le presentamos a la Asociación Bancaria: nosotros ponemos en orden las finanzas públicas, ustedes ayúdennos con el crecimiento, porque el crecimiento no podrá venir del impulso del Gobierno”, advirtió.

Gobierno prepara recorte de $ 21,9 billones

Como parte de esa estrategia, el ministro confirmó que presentará ante el Consejo de Ministros una propuesta para recortar $ 21,9 billones del gasto público. Según explicó, la iniciativa estará acompañada de una ley financiera que, aclaró, no corresponde a una reforma tributaria.

El nuevo presupuesto, que asciende a $ 634,9 billones, deberá ahora avanzar en el Congreso. El Gobierno lo presenta como parte de su estrategia para ordenar las finanzas públicas y enfrentar el peso de la deuda.

Gómez también cuestionó el aumento del salario mínimo de 2026, al que calificó como “un hecho de irresponsabilidad populista, con el fin de ganar unas elecciones y conservar el poder”. Según su lectura, esa decisión tuvo efectos sobre el consumo, la inflación y las importaciones.

Así, la discusión del presupuesto de 2027 no solo estará marcada por el monto histórico de $634,9 billones, sino también por el choque entre las cuentas del anterior gobierno y la nueva lectura fiscal que plantea la administración de Abelardo de la Espriella.

No obstante, es importante aclarar que el resultado de la consulta al RUI no se traduce en un “puntaje”, como algunas personas aún lo consideran. El sistema muestra, en su lugar, una clasificación socioeconómica que se determina con base en múltiples registros oficiales, lo que significa que el análisis utilizado es más amplio que una medición única. La información recopilada permite organizar a los ciudadanos en diferentes grupos y categorías, las cuales pueden ser usadas por las distintas entidades gubernamentales para determinar quién puede o no postularse o recibir beneficios específicos de programas sociales.

Una inquietud frecuente surge sobre si el RUI reemplazó al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). El DNP explica que el Sisbén no ha sido desplazado, sino que sigue siendo una de las fuentes principales de información dentro del Registro Social de Hogares. El RUI, en cambio, se encarga de reunir y articular los distintos registros para ofrecer una visión más integral, aunque estar en determinada categoría no garantiza de manera automática el acceso a subsidios, pues cada programa tiene sus propios requisitos.

Durante los momentos de alta demanda, la plataforma del RUI puede presentar demoras. En ese caso, la recomendación es intentar la consulta más tarde y asegurarse de usar únicamente los canales oficiales. El DNP también advierte que es fundamental evitar entregar información personal en páginas no verificadas, ya que la consulta legítima siempre será gratuita y no requiere intermediarios.

Revisar cómo aparece registrado el hogar aporta claridad y facilita el camino a quienes deseen postularse a apoyos estatales, confirmando así la importancia de mantener actualizadas y protegidas sus referencias personales en las bases de datos oficiales.

¿Cómo puede consultar el Registro Universal de Ingresos (RUI) de su hogar con la cédula?

Para consultar el Registro Universal de Ingresos (RUI), el usuario debe ingresar en la Ventanilla Social del DNP, seleccionar el tipo de documento, ingresar su número de cédula y validar los datos que solicita la plataforma. De este modo podrá conocer gratuitamente la clasificación socioeconómica asignada a su hogar.

¿Qué diferencia existe entre el RUI y el Sisbén en la clasificación socioeconómica?

El Sisbén continúa funcionando como fuente de información para el Registro Social de Hogares. Sin embargo, el RUI recopila y organiza información proveniente de diversas bases para construir una clasificación más amplia, aunque ninguna garantiza automáticamente la entrega de subsidios, pues dependen de los criterios de cada programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Uno de los puntos que más inquietud ha causado corresponde al Registro Universal de Ingresos (RUI), pues esta nueva herramienta redefine cómo se determina la situación económica de los ciudadanos y establece los criterios para acceder o permanecer en programas de transferencias monetarias, en específico en el marco de Prosperidad Social. Según datos de la propia entidad, se estima que la mitad de los hogares actualmente beneficiarios podrían perder el subsidio si no se ajustan al nuevo sistema de focalización y permanencia.

Actualmente, Renta Ciudadana beneficia a cerca de 700.000 hogares, con pagos bimensuales de 500.000 pesos, ayuda que resulta clave para la alimentación y otras necesidades esenciales de las familias. Prosperidad Social subrayó en su comunicado que cualquier alteración en el acceso o continuidad de este apoyo debe ser revisada con criterios técnicos y absoluta transparencia, dada la trascendencia social y económica de estas transferencias.

Respecto al cuarto ciclo de pagos, Prosperidad Social trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para validar los aspectos técnicos del RUI y su impacto sobre los beneficiarios. Por ello, el pago de este ciclo se reprogramó para septiembre, aunque la entidad aclaró que solo se comunicará una fecha exacta una vez estén resueltos todos los requisitos legales, técnicos y operativos. Además, la reprogramación no garantiza que todos los hogares serán incluidos automáticamente en el ciclo de septiembre, pues se deberá cumplir con las nuevas reglas establecidas.

Es fundamental destacar que, según Prosperidad Social, las familias no deben ejecutar trámites adicionales, inscripciones, ni acudir a intermediarios. Toda información oficial sobre los próximos pagos será transmitida oportunamente por los canales oficiales de la entidad, con el fin de evitar confusiones y expectativas infundadas, y para actuar con responsabilidad ante la afectación directa en los ingresos de miles de familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el Registro Universal de Ingresos (RUI) a la Renta Ciudadana?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) modifica los criterios para evaluar la situación económica de las familias y definir quiénes pueden acceder o seguir recibiendo transferencias monetarias en programas como Renta Ciudadana. Según Prosperidad Social, hasta la mitad de los hogares beneficiarios actuales podrían quedarse por fuera si no cumplen con los nuevos requisitos que impone este sistema.

¿Cuándo se pagará el cuarto ciclo de Renta Ciudadana en septiembre?

Prosperidad Social ha informado que el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana se programará para septiembre, pero la fecha exacta se comunicará oficialmente una vez estén listas todas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas. La entidad recalca que las familias no deben hacer trámites extra y que los pagos serán anunciados por los canales oficiales.

Munir Falah, CEO de Cine Colombia, confirmó a través de su cuenta en X que el Multiplex La Estación, ubicado en la ciudad de Ibagué, volverá a operar este viernes 28 de agosto. La reapertura se produce después de las revisiones realizadas al establecimiento para determinar las condiciones de sus instalaciones tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con el empresario, la primera función se llevará a cabo a las 3:00 p. m. y tendrá como público exclusivo a familias con niños. Como parte de esta jornada de reapertura, las entradas, las crispetas y la gaseosa serán gratuitas durante este horario.

La medida busca acompañar el regreso de las actividades del Multiplex después del cierre temporal generado por el sismo. Los asistentes podrán acceder a las diferentes salas habilitadas para esta función especial, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.

Falah explicó que La Estación fue uno de los establecimientos que presentó menores afectaciones entre los nueve Multiplex que habían sido cerrados. Esta situación permitió avanzar con mayor rapidez en las labores de revisión y recuperación necesarias para retomar la atención al público.

“La Estación es el segundo de los nueve Multiplex que permanecían cerrados que presentó menores afectaciones, lo que nos ha permitido reabrirlo rápidamente”, señaló el CEO de Cine Colombia.

Sin embargo, el empresario indicó que la situación es diferente en otros establecimientos de la cadena. Los siete Multiplex restantes que continúan cerrados están ubicados en Cali, Pereira, Manizales y Armenia, ciudades que también registraron impactos derivados del sismo.

“Los otros siete Multiplex, ubicados en Cali, Pereira, Manizales y Armenia, sufrieron afectaciones considerables y, por el momento, continuarán cerrados mientras avanzamos en su evaluación y recuperación”, manifestó Falah.

La compañía mantiene el proceso de evaluación de estos establecimientos con el propósito de determinar las condiciones de cada inmueble y establecer cuándo podrán volver a recibir espectadores. Por ahora, no se ha informado una fecha de reapertura para los siete Multiplex que permanecen fuera de operación.

El informe de Fedegán subraya que estos departamentos presentan los indicadores más altos de mortalidad de ganado en Colombia en el presente ciclo seco, reflejando de forma contundente cómo la ausencia de lluvias reduce tanto las fuentes de agua como la comida disponible para los rebaños. Este impacto, sin embargo, no se limita solo a la muerte de animales. La organización advierte que miles de bovinos han sido forzados a desplazarse a otras regiones en busca de mejores condiciones. Para toda la región Caribe —que abarca Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena— Fedegán calcula que hay cerca de 8.508 animales muertos y más de 127.648 desplazados, además de aproximadamente 975.844 hectáreas afectadas por la sequía.

En el listado de departamentos con mayores afectaciones, después de Cesar y La Guajira, figuran Sucre, con 1.638 muertes, y Magdalena, con 1.359, según los registros suministrados por el gremio ganadero. Fedegán, sin embargo, aclara que la cifra real podría ser mayor, ya que aún falta consolidar los datos de muchos pequeños productores y la emergencia climática todavía no ha terminado.

Frente a este panorama, el gremio ganadero estima que las pérdidas económicas a nivel nacional ya rondan los $47.000 millones. De ese total, unos $11.000 millones corresponden a la disminución en la producción de carne, leche y otros derivados. La magnitud de la crisis llevó a Fedegán a solicitar al Gobierno nacional y al Ministerio de Agricultura la activación urgente de un plan de choque, recordando que desde 2009 se han perdido más de 470.000 animales a causa de eventos climáticos extremos, lo que demuestra una amenaza permanente para el sector.

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¿Cuáles son las consecuencias de la sequía para la ganadería del Cesar y La Guajira según Fedegán?

Según Fedegán, la sequía por el fenómeno de El Niño ha provocado la muerte de al menos 4.582 animales entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026 solo en Cesar y La Guajira, además del desplazamiento de miles de cabezas de ganado y la afectación de casi un millón de hectáreas. Esto ha generado impactos económicos significativos por la reducción en la producción de carne y leche.

¿Por qué Fedegán pide un plan de emergencia para los ganaderos afectados por la sequía en Colombia?

Fedegán solicitó al Gobierno implementar un plan de emergencia debido a que los fenómenos climáticos extremos, como el actual episodio de El Niño, representan un riesgo recurrente para la ganadería en Colombia y han ocasionado la muerte de cientos de miles de animales desde 2009. El gremio considera que es fundamental tomar medidas urgentes para evitar un incremento en las pérdidas y el número de afectados.

Pese al crecimiento general del presupuesto, uno de los aspectos más llamativos de la propuesta gubernamental es la reducción en el rubro destinado a la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Como puntualiza la información, la comparación se enfoca exclusivamente en los recursos de inversión pública, es decir, aquellos dirigidos a los programas sectoriales y no incluye el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Ciencia, ya que la información disponible no lo detalla para la vigencia de 2026.

En detalle, en 2026 el sector de ciencia, tecnología e innovación contaba con una apropiación vigente de COP 328.000 millones para inversión, mientras que el proyecto de De la Espriella plantea una reducción a COP 310.608 millones en 2027. Eso implica una baja de COP 17.392 millones, lo que equivale a un recorte del 5,3%. No obstante, este ajuste no es homogéneo entre todos los programas del sector.

Por ejemplo, el programa principal, Fomento a Vocaciones, Formación y Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, pasaría de COP 290.000 millones a COP 286.568 millones, apenas 1,18% menos, casi igualando los recursos del año anterior. Donde sí se observa un recorte significativo es en Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional, cuyos recursos disminuirían casi a la mitad, pasando de COP 32.000 millones a COP 16.040 millones. Al contrario, el programa de Fortalecimiento de la Gobernanza e Institucionalidad Multinivel experimenta un incremento de COP 2.000 millones (33,3%), con miras a impulsar la articulación institucional y regional.

Cabe señalar que el programa Investigación con Calidad e Impacto, con COP 20.000 millones en 2026, no aparece en la propuesta de 2027. Si se suman estos recursos excluidos, la reducción de la inversión ascendería a cerca del 11%. Todo esto ocurre mientras la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, asume el cargo con el compromiso previo del nuevo gobierno de aumentar gradualmente la inversión en ciencia y tecnología para acercarla al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuando hoy se sitúa cerca del 0,3%. De acuerdo con el artículo, el primer presupuesto presentado dista de ese objetivo.

¿Por qué se redujo el presupuesto de inversión en ciencia para 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información suministrada, la propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027 contempla una reducción en la inversión pública destinada a ciencia, tecnología e innovación respecto al año anterior. Esta reducción se refleja tanto en los programas de soporte institucional como en ciertos fondos sectoriales, aunque se mantienen casi intactos los recursos para el fomento de vocaciones científicas y se incrementa la financiación para la gobernanza regional. Sin embargo, el recorte no es explicado de manera expresa en el artículo, que únicamente reporta las cifras y los ajustes propuestos.

¿Qué programas de ciencia y tecnología tuvieron los mayores cambios en el presupuesto 2027?

El paquete presupuestal presentado para 2027 muestra una disminución significativa en el programa de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional, cuyos fondos casi se reducen a la mitad, mientras que el programa de Fortalecimiento de la Gobernanza e Institucionalidad Multinivel incrementa su asignación en 33,3%. Por otro lado, el programa Investigación con Calidad e Impacto, que recibió recursos en 2026, desaparece como partida independiente para 2027, lo que influye en la reducción global de la inversión en el sector.

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Según datos del Gobierno y la Cámara de Representantes, el presupuesto de 2027 se distribuirá en tres grandes componentes: el 62 % se destinará a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión. El servicio de la deuda pública se confirma así como uno de los rubros más relevantes y representa una fuerte presión sobre las finanzas del país. Además, el proyecto incorpora recursos para distintas obligaciones que, según el Ministerio de Hacienda, no habían sido plenamente financiadas en la propuesta anterior. En ese sentido, se asignan $6,5 billones para pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $0,7 billones para universidades públicas y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El Ministerio de Hacienda subraya que el aumento en el presupuesto está directamente relacionado con el mayor costo que representa el pago de la deuda pública, el cual alcanza cerca del 24 % del total. Esta carga financiera ha sido identificada por el Ejecutivo como uno de los principales desafíos actuales. Además, la reformulación del presupuesto responde, en parte, a las necesidades de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, obligando a incluir recursos para la atención de la emergencia y la recuperación nacional.

No obstante el incremento del presupuesto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha asegurado que el Ejecutivo implementará medidas de austeridad que incluyen una reducción de gastos por $17,5 billones en compras de bienes, servicios y otras inversiones no consideradas prioritarias. También se anunció el Plan Rescate de la Economía, que busca contener el aumento del gasto y reducir gradual y progresivamente el déficit fiscal, a través de recortes y aplazamientos en distintas líneas de gasto público.

Tras la entrega formal, el trámite legislativo empieza de nuevo: los congresistas deberán estudiar, modificar y debatir la propuesta en comisiones económicas y en sesiones plenarias tanto del Senado como de la Cámara. La Cámara confirmó la cifra oficial: $634.952.040.871.099. Ahora, el debate en el Congreso girará en torno a la pregunta de cómo financiar este presupuesto más alto mientras el Gobierno promete reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad fiscal, un reto central en la agenda económica del país.

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¿Cómo se distribuirá el Presupuesto General de la Nación para 2027?

La estructura del presupuesto contempla un 62 % para funcionamiento, 24 % para el servicio de la deuda y 14 % para inversión, según datos del Gobierno y la Cámara de Representantes. Esta distribución refleja el peso de las obligaciones del país y los retos para cubrir gastos fundamentales como pensiones, salud, salarios públicos y educación.

¿Qué significa el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) mencionado en el presupuesto?

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es un instrumento financiero usado por el Gobierno para moderar las variaciones de los precios de los combustibles y evitar alteraciones bruscas para los consumidores. En el presupuesto de 2027, se asignan $9,6 billones a este fondo para garantizar su funcionamiento.

Entre los apartados determinantes, el nuevo sistema elimina la competencia entre los fondos privados y Colpensiones, lo que significa que todos los cotizantes deberán cumplir los requisitos establecidos por el fondo público.

En este apartado no hay modificaciones sobre la edad de pensión en Colombia para acceder a la mesada por jubilación, pero sí cambia el número de semanas que deberán cotizar millones de aportantes que tienen sus ahorros en un fondo privado.

Con esto, las mujeres se seguirán pensionando a los 57 años, mientras que los hombres lo harán a los 62 años, siempre y cuando cumplan con el número de semanas obligatorias, que ahora serán 1.300 para todos y no 1.150, como ocurre actualmente en las administradoras privadas.

Lo que debería pasar con la edad de pensión en Colombia

Ahora, las mujeres verán reducciones en el tiempo que deben cotizar, hasta llegar a 1.000 semanas, disposición que se puso en marcha desde el año pasado por orden de la Corte Constitucional.

Sin embargo, hay una serie de llamados de atención de analistas locales y centros de pensamiento que piden revisar cuanto antes la edad de pensión en Colombia, toda vez que la expectativa de vida sigue creciendo y se necesitan más ahorros para la vejez.

El gobierno del expresidente Gustavo Petro había mencionado que en los próximos años debería implementarse una reforma pensional con enfoque demográfico, aunque Fedesarrollo asegura que este cambio debería darse cuanto antes.

La Corte Constitucional señaló que la reforma pensional deberá iniciar su implementación completa el 1 de abril de 2027.

De acuerdo con Duque, las nuevas reglas del sistema se aplicarían a partir del 1 de abril de 2027. No obstante, esta fecha es válida únicamente para quienes no estén cobijadas por el régimen de transición. Por ello, el experto insiste en la importancia de analizar de forma individual cada caso y no tomar decisiones basadas en experiencias ajenas, pues cada historia laboral tiene particularidades propias.

En el caso concreto de las mujeres, uno de los puntos más relevantes radica en el número de semanas cotizadas. Aquellas que, al momento de entrar en vigor la reforma, no hayan alcanzado las 750 semanas —el equivalente a aproximadamente 15 años de trabajo formal y cotización— deberán estar especialmente atentas a las nuevas disposiciones. Es fundamental que revisen con detalle su historia laboral para saber con exactitud cuántas semanas llevan cotizadas.

Además, persiste la incertidumbre sobre la reducción de semanas por maternidad, ya que el Congreso debe decidir si aprueba la propuesta de restar 50 semanas por hijo hasta un máximo de tres. Este artículo, que ayudaría a que más mujeres accedan a una pensión con menos tiempo de cotización, aún no ha sido aprobado en firme y permanece bajo revisión legislativa.

Sin embargo, Duque tranquiliza a quienes ya están pensionadas o hayan hecho un traslado válido de un fondo privado a Colpensiones: sus derechos adquiridos no serán alterados y no tendrán cambios en sus condiciones actuales. Aun así, recomienda consultar periódicamente la historia laboral, asegurarse de que cada aporte esté bien registrado y buscar asesoría antes de tomar decisiones sobre un eventual traslado de fondos.

En resumen, anticiparse a las novedades de la reforma y conocer con precisión las semanas cotizadas serán claves para planificar de manera eficaz el futuro pensional. Evitar improvisaciones y contar con información clara permitirá a las mujeres enfrentar estos cambios sin sobresaltos.

¿Cuántas semanas cotizadas necesitarán las mujeres con la reforma pensional?

Según la información revelada, las mujeres deberán haber cotizado al menos 750 semanas, lo que equivale a aproximadamente 15 años de trabajo formal, para cumplir con uno de los requisitos principales del nuevo sistema pensional una vez entre en vigencia la reforma.

¿Cómo afecta la reforma pensional a las mujeres con hijos?

Una de las propuestas de la reforma busca reducir 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres, permitiendo así a las mujeres disminuir el tiempo requerido para acceder a la pensión. Sin embargo, este punto aún está pendiente de debate y aprobación en la Cámara de Representantes, por lo que es fundamental seguir de cerca sus avances.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información suministrada, la jornada académica estuvo enfocada en fortalecer saberes en áreas clave como aspectos legales, financieros, migratorios y operativos. Los participantes recibieron información detallada sobre los trámites y normativas exigidas por las autoridades panameñas para la constitución de nuevas firmas, acceso a servicios bancarios y cumplimiento de regulaciones financieras. Además, la agenda incluyó orientación sobre requisitos migratorios indispensables para empresarios colombianos que buscan expandir sus inversiones o establecer una presencia permanente en Panamá.

En la misión, los empresarios también tuvieron la oportunidad de profundizar en el conocimiento del entorno operativo necesario para impulsar la creación y sostenibilidad de empresas. Según Comfacesar, el objetivo era que los asistentes pudieran identificar oportunidades comerciales concretas, además de fortalecer sus capacidades para gestionar procesos administrativos y logísticos en el contexto internacional.

El programa permitió a los asistentes comprender la relevancia de Panamá como plataforma de proyección internacional y centro de negocios en la región. Durante la estadía, se analizaron opciones de vinculación con posibles aliados comerciales y se evaluaron sectores de la economía panameña con potencial de crecimiento para inversionistas colombianos. Se trató, además, de un espacio de networking que facilitó el intercambio de experiencias que pueden traducirse en nuevas alianzas y proyectos conjuntos, según informó Comfacesar.

Al final de la misión, los empresarios regresaron con una visión más completa sobre las dinámicas y exigencias del mercado panameño, así como con herramientas útiles para enfrentar los desafíos que implica la internacionalización de sus empresas, todo esto basado en información formal ofrecida durante el evento liderado por Comfacesar.

¿Qué beneficios ofrece una misión académica internacional para empresarios del Cesar en Panamá?

Una misión académica internacional, como la realizada en Panamá por Comfacesar, brinda beneficios como el fortalecimiento de conocimientos en aspectos legales, financieros, migratorios y operativos, necesarios para la creación y crecimiento de empresas en el exterior. Permite identificar oportunidades de negocio, establecer alianzas estratégicas y adaptarse a nuevos entornos, todo enfocado en mejorar la proyección internacional de los empresarios participantes.

¿Cuáles son los aspectos legales y migratorios clave para crear una empresa en Panamá según la experiencia de Comfacesar?

La experiencia liderada por Comfacesar en Panamá resalta que los aspectos legales clave incluyen cumplir con normativas locales de constitución de empresas y acceder a servicios financieros conforme a las exigencias panameñas. En materia migratoria, es fundamental que los empresarios conozcan y gestionen los requisitos de residencia y permisos necesarios para operar legalmente en dicho país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La Cámara de Representantes otorgó a Asobancaria la Orden de la Democracia “Simón Bolívar”, en el grado Cruz Comendador, mientras que el Senado le concedió la Orden del Congreso de Colombia, en el grado de Comendador.

🏅Recibimos estos dos reconocimientos con enorme gratitud y, sobre todo, con responsabilidad.

En sus 90 años, @Asobancaria fue distinguida con la Orden del Congreso, en grado de Comendador, otorgada por el @SenadoGovCo y con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en grado Cruz… pic.twitter.com/VPKWxqgzAo

— Jonathan Malagón (@JoMalagon) August 28, 2026

Los reconocimientos destacaron las nueve décadas de trabajo del gremio en la consolidación, modernización y fortalecimiento del sistema financiero colombiano.

También se resaltaron sus aportes a la inclusión financiera, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social del país.

Entre los principales hitos mencionados están su participación en reformas estructurales del sector financiero, las acciones para prevenir actividades ilícitas, el impulso a la transformación digital y la promoción de iniciativas de colaboración entre el sector público y privado.

En este último punto se destacó el Pacto por el Crédito, como ejemplo de articulación para apoyar la economía nacional.

Por su parte, Jonathan Malagón recibió los reconocimientos por su liderazgo al frente de Asobancaria y su aporte al fortalecimiento del sector financiero colombiano, en una jornada que combinó la celebración de la Convención Bancaria con los 90 años del gremio.

Para acceder a este beneficio, los hogares deben cumplir el requisito fundamental de estar registrados y censados en el Registro Único de Damnificados (RUD), de acuerdo con el propio Gobierno. Además, la condición de la vivienda debe ser verificada por las evaluaciones correspondientes, asegurando que realmente no sea posible ocuparla. Una vez verificada la información, los recursos económicos serán entregados directamente a la persona cabeza de hogar mediante entidades bancarias u operadores autorizados, facilitando así el acceso y uso eficiente de los fondos.

La medida tiene un carácter temporal y busca responder a la necesidad urgente de vivienda mientras se desarrollan procesos más duraderos de evaluación, reconstrucción y definición de soluciones habitacionales. Así, las familias que por ahora no cuentan con un lugar seguro donde vivir tendrán un respaldo financiero que les permita sobrellevar esta etapa crítica luego del desastre natural.

Una excepción importante en la entrega de los subsidios se da en Buenaventura. Según lo anunciado, las familias damnificadas en esta zona recibirán $1.050.000 cada mes durante tres meses, alcanzando un acumulado de $3.150.000 por hogar. En este caso, también es requisito estar incluido en el registro de damnificados, reforzando la transparencia y el control de los apoyos entregados.

Las ayudas monetarias se enmarcan en un plan de reconstrucción más amplio, que contempla también la entrega de materiales de construcción, acompañamiento técnico y proyectos que buscan la recuperación de viviendas e infraestructura afectada. Así, el Gobierno pretende cubrir las necesidades inmediatas al tiempo que se avanza hacia soluciones de mayor permanencia.

Es clave precisar que el subsidio de $875.452 hace referencia únicamente a la ayuda temporal para quienes perdieron su vivienda, evitando confusiones con otras transferencias o apoyos destinados a los afectados por el terremoto y que pueden diferir en sus requisitos y montos, de acuerdo con la información oficial suministrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si usted puede acceder al subsidio tras el terremoto?

Para determinar si usted puede recibir el subsidio, debe comprobar que su hogar sea considerado damnificado, que esté registrado y censado en el Registro Único de Damnificados (RUD), y que haya una evaluación que certifique que su vivienda está destruida o inhabitable, según explicaciones del Gobierno Nacional.

¿Cuál es la diferencia entre el subsidio temporal y otras ayudas para damnificados?

El subsidio temporal de $875.452 por tres meses es una ayuda económica específica y dirigida a hogares cuya vivienda fue destruida o inhabitada tras el terremoto, mientras que otras ayudas pueden corresponder a entregas de materiales, acompañamiento técnico o proyectos de reconstrucción, cada una con requisitos y montos distintos, según lo aclarado por el Gobierno.

Así lo detalló Restrepo, quien anunció el “presupuesto de la verdad”, una iniciativa para dejar al descubierto las cifras reales del erario antes de presentar el plan de ajuste fiscal.

“Desafortunadamente, la irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional ni los gastos de pensiones, ni los gastos de salud, ni los gastos incluso de los salarios de los funcionarios públicos, ni el componente de costos de interés de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, afirmó el vicepresidente.

Calificó esta situación como “una demostración de la profunda irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior” y subrayó que enfrentar esta herencia exige, ante todo, honestidad con los ciudadanos.

“El primer paso es revelar la verdad, porque el camino a través del cual se puede enfrentar el programa de ajuste fiscal es decirle la verdad a los colombianos. Ese es el presupuesto de la verdad”, señaló.

En ese mismo contexto, advirtió que el país registró en los últimos cuatro años el peor indicador de inversión frente al PIB en más de cuatro décadas, lo que convierte la recuperación de la confianza inversionista en una prioridad del nuevo ejecutivo.

Sostuvo que el sistema financiero debe ser el motor del crecimiento y que la responsabilidad fiscal es la única vía para atraer capitales nacionales y extranjeros.

Asimismo, reveló que el ministro de Hacienda presentará este mismo día la propuesta formal de ajuste fiscal, con la que el nuevo gobierno busca sincerar las cuentas públicas y sentar las bases de una política económica orientada a elevar el crecimiento potencial del país.

¿Qué es el presupuesto de la verdad que anunció el nuevo Gobierno Nacional?

El “presupuesto de la verdad” es el ejercicio con el que la nueva administración busca visibilizar los gastos que, según denuncia, fueron excluidos del presupuesto nacional por el gobierno anterior. Entre los rubros omitidos estarían pensiones, salud, salarios del sector público, intereses de la deuda y financiación de universidades oficiales. La medida precede la presentación del plan de ajuste fiscal.

¿Cómo afecta la omisión presupuestal de Petro a las finanzas públicas de Colombia?

La exclusión de esos grandes componentes del gasto implica que el déficit fiscal real sería considerablemente mayor al reflejado en las cifras oficiales del gobierno saliente. Esto obliga al nuevo ejecutivo a adoptar medidas de corrección urgentes para evitar un deterioro mayor en la calificación crediticia del país y recuperar la confianza de los mercados.

Rodrigo de Gusmao Ribeiro, presidente de Claro Colombia, afirmó que la compañía mantendrá su estrategia de inversión y buscará conservar su liderazgo en conectividad móvil.

Según el directivo, Claro cuenta con cerca de 46% de participación en telefonía móvil, frente a 43% del nuevo competidor, mientras que en servicios fijos ambas compañías tendrían alrededor de 37%.

Para Ribeiro, la consolidación de dos operadores de tamaño similar puede impulsar la inversión, mejorar la calidad de las redes y ampliar la cobertura en zonas rurales, carreteras y regiones apartadas.

La empresa también destacó su avance en tecnología 5G. Actualmente cuenta con unas 2.000 antenas y espera cerrar 2026 con 3.000, alcanzando cerca de 30% de cobertura nacional.

La meta para los próximos uno o dos años es llegar a 60%. Además, Claro asegura concentrar 70% del tráfico de la red 5G y representar 58% de la inversión del sector en Colombia.

En medio del terremoto que afectó varias regiones del país, la compañía destinó $25.000 millones para atender la emergencia. Cerca de 1.600 antenas resultaron afectadas, principalmente por fallas en el suministro eléctrico.

La empresa invirtió más de $8.000 millones en plantas eléctricas y, una semana después del desastre, había recuperado más de 98% de su operación. La meta es alcanzar 100% de conectividad en los días siguientes.

Como parte de la ayuda, más de dos millones de usuarios afectados recibieron paquetes prepago de $10.000, con un costo cercano a $20.000 millones. También se brindaron apoyos económicos y psicológicos a trabajadores afectados.

Ribeiro señaló que Claro ha invertido más de US$15.000 millones en Colombia durante tres décadas y que continuará destinando recursos para fortalecer infraestructura, tecnología y cobertura.

La tasa representativa del mercado (TRM) cayó 23,05% en un año, al pasar de $4.004,51 a $3.081,67, reduciendo los recursos que reciben las empresas por cada dólar exportado.

En el café, el impacto ya se refleja en el precio interno de referencia. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el valor de una carga de 125 kilogramos cayó 26,22%, de $3.063.000 a $2.260.000, una reducción de $803.000.

El sector enfrenta además mayores costos laborales y operativos, entre ellos el aumento del salario mínimo, generando un efecto de menores ingresos y mayores gastos.

Los exportadores han recurrido a herramientas como contratos forward y seguros cambiarios para disminuir la exposición a nuevas variaciones del dólar. También buscan proteger el valor del café colombiano mediante una mayor calidad que permita conservar los diferenciales de precio en los mercados internacionales.

En el caso de las flores, el panorama también es complejo. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Colombia exportó 5,9% más volumen que en el mismo periodo de 2025, pero el valor de las ventas cayó 7,9%. Se enviaron 6.445 toneladas adicionales, pero los ingresos bajaron de US$890 millones a US$819 millones, es decir, US$71 millones menos.

A la presión cambiaria se suma un arancel de 12,5% aplicado desde julio de 2026 a las flores colombianas que ingresan a Estados Unidos, principal destino de estas exportaciones. Además, los costos laborales representan cerca de 55% del costo de producción.

La combinación de peso fuerte, mayores costos y aranceles reduce los márgenes y amenaza la competitividad de dos sectores clave para las exportaciones y el empleo rural del país.

Entre los principales beneficios se encuentra una tasa real de 0% para los créditos destinados al mejoramiento de viviendas afectadas por el desastre natural.

El objetivo es facilitar la recuperación de los hogares damnificados y reducir la carga financiera de las familias que necesitan reparar sus inmuebles.

Además, el FNA modificó las condiciones financieras de sus créditos y facilitó la activación de los seguros de incendio y terremoto para los afiliados afectados. La entidad también reforzó su presencia en las zonas impactadas mediante la Móvil FNA, una estrategia que permitirá llevar servicios, asesoría y acompañamiento directamente a los municipios damnificados.

Durante la presentación de su balance, Roa destacó los resultados alcanzados durante su administración. El desembolso de créditos del FNA creció 60% y llegó a $9 billones. También resaltó que la entidad comenzó a financiar hasta 100% del valor de la vivienda, eliminando la necesidad de contar con una cuota inicial en determinados casos.

Otro de los avances mencionados fue la implementación del programa de Mejoramiento de Vivienda sin Garantía Hipotecaria. A esto se suma un crecimiento de 38% en el ahorro y el récord histórico de recaudo de cesantías registrado en 2025.

Al cierre de su gestión, el FNA cuenta con activos cercanos a $18 billones y un patrimonio de $3,1 billones. Su indicador de solvencia alcanza 48,91%, mientras que el Indicador de Riesgo de Liquidez llegó a 277%, frente al mínimo regulatorio de 100%.

La entidad inicia así una nueva etapa con calificación AAA(col) y perspectiva estable, mientras mantiene su estrategia de apoyo a los hogares afectados por el terremoto.

Uno de los aspectos clave a resaltar es la función del dólar como referente para las exportaciones e importaciones colombianas. Colombia exporta productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, los cuales son negociados habitualmente en dólares en los mercados globales. Según el mismo portal de noticias, cuando el dólar se fortalece frente al peso colombiano, los exportadores obtienen más pesos por cada dólar que ingresa, lo que representa un beneficio para estos sectores. Sin embargo, la situación varía en lo relacionado con las importaciones; la mayoría de los bienes importados, como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales, se compran en dólares. Así, cuando el valor de la moneda norteamericana se incrementa, estos productos tienden a subir de precio, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Este fenómeno tiene, además, efectos en el costo de vida. Cuando la tasa de cambio es alta, los productos importados se encarecen y algunas empresas trasladan ese aumento de costos a los consumidores finales. Esto se refleja en precios más altos para electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos y también en algunos alimentos que dependen de insumos extranjeros. Por otro lado, los viajes internacionales se vuelven menos accesibles para los colombianos cuando el dólar sube.

El precio del dólar opera, por tanto, como un termómetro para inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Una tasa de cambio estable fomenta la confianza, mientras que las fluctuaciones fuertes pueden provocar incertidumbre. Según la última información, hoy viernes la tasa de cambio es de 1 dólar por 3.144,28 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la subida del dólar a la economía doméstica en Colombia?

La subida del dólar impacta directamente el presupuesto de los hogares colombianos, ya que incrementa los precios de productos importados como electrodomésticos, tecnología y algunos alimentos. Además, los viajes al extranjero se encarecen y la inflación puede aumentar, afectando el costo de vida general.

¿Por qué el comercio internacional de Colombia depende del dólar?

El comercio internacional colombiano depende del dólar porque los principales productos de exportación, como el petróleo y el café, se negocian en esa moneda. Asimismo, las importaciones de bienes y servicios suelen pagarse en dólares, lo cual vincula estrechamente la economía colombiana a la cotización de esta divisa.

La cifra que reporta Deutsche Bank corresponde al salario promedio después de impuestos y está expresada en dólares estadounidenses. Es importante aclarar que este dato no equivale al salario mínimo, no garantiza que todos los trabajadores reciban ese ingreso y tampoco refleja la capacidad de compra real. El listado regional lo encabezó Ciudad de México, con 1.059 dólares, seguido por São Paulo (853 dólares), Buenos Aires (842 dólares) y Santiago (798 dólares). Bogotá estuvo 341 dólares por debajo del líder y 80 dólares detrás de Santiago. Río de Janeiro se ubicó en la última posición con 594 dólares.

No se consideraron otras capitales relevantes de la región, como Lima, Montevideo o Panamá, lo que limita el alcance del ranking. Adicionalmente, la ubicación de Bogotá entre las ciudades latinoamericanas solo refleja la posición dentro de las seleccionadas para el estudio y no de toda América Latina. El informe también revisó otras variables como arriendos, calidad de vida y precios cotidianos. A nivel global, Zúrich lideró la lista con un salario neto promedio de 8.363 dólares, 11 veces más alto que el de Bogotá.

Un dato relevante es la evolución positiva del salario en Bogotá durante la última década. El ingreso neto promedio subió de 412 dólares en 2016 a 718 dólares en 2026, lo que representa un crecimiento del 74,3 %. Frente a 2019, el aumento fue del 103,4 %. Sin embargo, este avance no implica necesariamente una mejora proporcional del poder adquisitivo, ya que influyen factores como la tasa de cambio, ajustes del salario mínimo y cambios en la inflación.

Deutsche Bank advierte que el promedio puede elevarse por la presencia de trabajadores con ingresos altos y no refleja la realidad de todos los empleados, sean formales, informales o de distintos grupos demográficos. Además, la fuente de datos principal, Numbeo, se basa en información suministrada por usuarios, lo que implica que las cifras son estimativas y deben interpretarse como referencias comparativas.

El estudio tampoco descuenta gasto en vivienda, alimentación, transporte y servicios, por lo que ganar más dólares no necesariamente significa mejor calidad de vida. Indicadores adicionales, como la paridad de poder adquisitivo, son necesarios para comprender el bienestar real. Así, el lugar de Bogotá en este ranking no implica que sus habitantes tengan el quinto mayor bienestar de toda Latinoamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el salario promedio en dólares que reciben los trabajadores de Bogotá según el estudio de Deutsche Bank?

De acuerdo con el informe ‘Mapping the World’s Prices 2026’ elaborado por Deutsche Bank, el salario mensual neto promedio de los trabajadores en Bogotá se ubica en 718 dólares. Esta cifra corresponde al ingreso después de impuestos y no necesariamente refleja el salario mínimo ni el poder de compra real de sus habitantes.

¿Por qué el salario promedio reportado no representa la realidad de todos los trabajadores en Bogotá?

El salario promedio calculado por Deutsche Bank puede verse influenciado por la presencia de salarios altos, y no muestra cómo se distribuyen los ingresos entre formales, informales, independientes o según género y nivel educativo. Además, el dato depende de variables como la tasa de cambio y fuentes de información aportadas por usuarios, por lo que debe interpretarse solo como un referente comparativo y no como una medición exhaustiva.

Uno de los nombramientos corresponde a Diego Alejandro Torres Galindo, quien representará al Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, una de las principales instituciones públicas de educación superior del país.

Torres Galindo es físico nuclear y docente asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Su nombre adquirió relevancia en medio de las decisiones relacionadas con la dirección de la institución, particularmente después de que el Consejo Superior Universitario (CSU) designara a José Ismael Peña como rector.

Entre las designaciones establecidas en el decreto también se destaca la participación del padre Rodolfo Londoño, quien fue escogido como representante del Gobierno en cinco Consejos Superiores. Su designación comprende la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico.

¿Qué otros nombramientos hizo el Gobierno De la Espriella?

El decreto incluye, además, el nombramiento de Víctor Hugo Malagón Basto como representante ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Brenda Magaly Restrepo Plazas asumirá esa función en la Universidad de la Amazonía, mientras que Gabriel Jaime Cardona Orozco será el representante ante la Universidad Tecnológica de Pereira.

La relación de designaciones continúa con María Rocío Cortés Vargas, quien representará al Gobierno ante la Universidad de Cundinamarca; Cenaida Rubiela Alvis Barranco, ante la Universidad Popular del Cesar; e Isaura Yaneth Parejo Buelvas, ante la Universidad del Magdalena.

Para la Universidad Industrial de Santander (UIS), el Gobierno designó a Wilson Caballero Ariza. Por su parte, Esneyder Andrés Nazarith Vidal asumirá la representación ante la Universidad del Cauca.

En el caso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), el nombramiento recayó en Julián Ricardo Gómez Ávila. Con estas designaciones, el Ejecutivo completa una nueva etapa de conformación de su representación en los órganos encargados de participar en las decisiones de gobierno de distintas instituciones públicas de educación superior.

La lista propuesta por el Ejecutivo incluye nombres destacados: Carlos Augusto Suárez, quien es cercano al presidente De La Espriella y con experiencia en estrategia política; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, reconocido empresario vinculado al Grupo Éxito y embajador designado ante Venezuela; José Camilo Manzur Jattin, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis); Ludmila del Carmen Vergara, quien actualmente ocupa el cargo de superintendente de Transporte; Betzy Patricia Martínez, dirigente política oriunda del Atlántico; y Claudia Margarita Lafaurie Taboada, exsubdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Completan la plancha los actuales miembros: César Loza, representante de los trabajadores; Luis Felipe Henao, figura de los fondos de pensiones y presidente actual de la Junta; y Ricardo Rodríguez Yee, delegado de los departamentos. Estos tres conservarían su puesto, según lo que se conoce hasta ahora. Así, el Gobierno lograría acceder a seis de los nueve asientos disponibles en el órgano rector de la petrolera.

La asamblea extraordinaria tendrá dos puntos clave: primero, una propuesta para modificar el artículo 20 de los estatutos de la compañía, lo cual permitiría una renovación más amplia en la Junta Directiva. Esta modificación mantendría la representación de los trabajadores, los fondos de pensiones y los departamentos, pero facilitaría el reemplazo de la mayoría de los integrantes restantes. Tras discutir el cambio estatutario, los accionistas deberán votar la plancha de candidatos. Por lo tanto, la composición definitiva se definirá únicamente después de la votación del 15 de septiembre.

La decisión resulta trascendental, ya que la Junta Directiva es quien define las estrategias de Ecopetrol, incluyendo la selección de su presidente. No deja de llamar la atención que una figura mencionada previamente por el presidente De La Espriella, Jorge Mario Velásquez, no figure finalmente en la lista dada a conocer. Todo esto refuerza la importancia del encuentro, pues será decisivo para el rumbo de la empresa durante la actual administración, especialmente en asuntos relacionados con producción de hidrocarburos, inversiones y políticas energéticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos candidatos propuestos para la Junta Directiva de Ecopetrol por el Gobierno De La Espriella?

De acuerdo con El Diario, los nuevos nombres que estarán en consideración para integrar la Junta Directiva de Ecopetrol incluyen a Carlos Augusto Suárez, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Todos ellos cuentan con diferentes perfiles en campos como la política, el sector energético y el sector público.

¿Qué implicaciones tendría la modificación del artículo 20 de los estatutos en Ecopetrol?

La modificación del artículo 20 de los estatutos de Ecopetrol, según la información publicada por El Diario, permitiría una renovación más extensa de la Junta Directiva; sin embargo, los puestos correspondientes a los representantes de los trabajadores, los fondos de pensiones y los departamentos seguirían vigentes. Esto facilitaría que el Gobierno actualice la composición del máximo órgano corporativo de la empresa.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra un beneficio significativo en los productos de microcrédito: se ofrecerá un descuento del 70 % en la tasa de interés durante el primer año para los nuevos préstamos de este tipo. Además, los beneficiarios podrán acceder a un periodo de gracia de hasta seis meses, lo que significa que no tendrán que empezar a pagar el crédito sino hasta pasado ese lapso, un alivio importante para quienes hoy enfrentan dificultades económicas. Como parte del apoyo a los empresarios, quienes soliciten créditos mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas) estarán exentos del pago de comisión, según indicó el banco.

En cuanto a las pequeñas empresas, la entidad pondrá a disposición créditos comerciales con una tasa especial equivalente al Indicador Bancario de Referencia (IBR) más cero puntos porcentuales, y también ofrecerá un periodo de gracia de seis meses. El IBR es un índice de referencia para fijar tasas de interés en Colombia. Por otra parte, hasta el 31 de diciembre, los servicios transaccionales —como pagos de nómina, pagos a proveedores y recaudo de dinero— no tendrán ningún costo para quienes hagan uso de estas facilidades.

En el ámbito de la vivienda, quienes necesiten adquirir o recuperar su hogar podrán acceder a créditos con una tasa del 8 % efectiva anual y un plazo de hasta 25 años. El banco asumirá los costos del avalúo y los estudios de títulos vinculados al proceso crediticio.

De acuerdo con Diego Fernando Prieto Rivera, presidente de la entidad —quien señaló que ser “el Banco Amigo” significa estar cerca de las personas en los momentos críticos—, el propósito es ayudar a familias y pequeños empresarios a restablecer su tranquilidad y sus fuentes de ingreso. El Banco Caja Social complementará estas medidas con la reactivación de canales de atención presenciales y nuevos alivios para créditos vigentes, cuyas condiciones serán informadas oficialmente.

La entidad, con una presencia de 227 oficinas y más de 6.000 corresponsales bancarios, sostiene que estas acciones buscan reactivar el tejido productivo en las áreas que más sufrieron los efectos del terremoto, apoyando así a aproximadamente 2,4 millones de clientes activos y fortaleciendo el desarrollo regional tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas que ofrece el Banco Caja Social tras el terremoto del 10 de agosto?

El Banco Caja Social implementará descuentos en tasas de interés de microcréditos, periodos de gracia de hasta seis meses para el pago de créditos, cero comisión para mipyme, tasas especiales en créditos comerciales, gratuidad en servicios transaccionales y facilidades para créditos de vivienda, según la información brindada por la entidad.

¿Qué es el IBR y cómo aplica en los créditos del Banco Caja Social?

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es un índice usado para determinar tasas de interés en Colombia. En las nuevas líneas de crédito comercial anunciadas por el Banco Caja Social, se aplicará una tasa de IBR más cero puntos, lo que representa una condición más favorable para las pequeñas empresas damnificadas por el reciente terremoto.

“Valoramos que esta propuesta haya sido recogida y hoy se convierta en un proyecto de ley. Desde Fenalco hemos insistido en que estos impuestos, creados durante el Gobierno Petro, están afectando directamente a las tiendas de barrio, que en su mayoría atienden a familias de estratos 1, 2 y 3, y que hoy enfrentan una fuerte presión sobre sus ventas, márgenes y costos”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

El dirigente recordó que estos mayores precios por los impuestos saludables en Colombia se trasladan al consumidor y golpean su capacidad de compra.

Cálculos de Fenalco, con base en los informes de inflación del DANE, muestran que la aplicación de este impuesto disparó los precios de estos productos. En 2025, la inflación de alimentos en el país fue de 5,07 %, mientras que los precios al consumidor del renglón “otros productos de panadería” tuvieron un incremento del 10,7 %.

Más razones para eliminar los impuestos saludables en Colombia

Asimismo, la categoría agrupada bajo el nombre de golosinas registró en 2024 un incremento en sus precios equivalente a 15 veces la inflación de alimentos, y en 2025 el aumento fue de más de ocho veces, según Fenalco.

“Sin duda, estos impuestos a los alimentos han tenido la dolorosa consecuencia de afectar gran parte de los productos que se venden en las tiendas, erosionar el poder adquisitivo de las familias con menos ingresos y, por supuesto, poner en serio peligro la estabilidad financiera de los tenderos”, explicó Cabal.

Fenalco hizo un llamado al Congreso para que dé trámite prioritario a la eliminación de los impuestos saludables en Colombia, al considerar que esta medida contribuiría a aliviar la presión sobre los precios y a mejorar las condiciones de operación de las tiendas de barrio.

Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación adelantan una evaluación para determinar cómo las nuevas reglas de focalización, establecidas en el Decreto 662 de 2026, afectarán a los hogares que actualmente reciben estas transferencias.

El objetivo es garantizar que la información económica utilizada para definir los beneficiarios sea actualizada y permita establecer quiénes cumplen las condiciones para recibir o mantener los subsidios.

Inicialmente, la administración anterior había anunciado que los giros comenzarían el 21 de agosto. Sin embargo, la nueva revisión encontró que aplicar inmediatamente los criterios del RUI, sin una etapa de transición, podría provocar la suspensión del beneficio para cerca de 49 % de los hogares inscritos.

La entidad explicó que antes del 10 de agosto debían completarse varios procedimientos necesarios para la transición. Como estos trámites no se habían terminado, fue necesario modificar el cronograma y trasladar el cuarto ciclo de pagos a septiembre.

No obstante, Prosperidad Social aclaró que septiembre es únicamente el mes previsto para realizar los desembolsos y todavía no existe una fecha exacta. El día oficial será informado cuando concluyan los procesos jurídicos, técnicos y operativos.

Actualmente, Renta Ciudadana beneficia a cerca de 700.000 hogares, con transferencias de $500.000 cada dos meses. La implementación del RUI podría modificar la composición de los beneficiarios, por lo que el aplazamiento no significa que todos los hogares mantendrán automáticamente el subsidio.

Los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales, pagar a intermediarios ni entregar dinero para conservar el beneficio. Las consultas sobre pagos, requisitos y novedades deben hacerse únicamente mediante los canales oficiales de Prosperidad Social.

Los cambios se producirán a partir del próximo 31 de agosto, mientras la empresa define posteriormente las designaciones en propiedad y se adelantan otras salidas.

Entre las modificaciones está la salida de Sandra Lucía Rodríguez Rojas, quien se desempeña como vicepresidenta corporativa de transformación territorial y HSE. En su reemplazo, quedará encargado Miguel Ángel Cortés Angarita, actual profesional sénior de gestión ambiental de la misma área.

También dejará su cargo Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente administrativo y de servicios. El encargo será asumido por Álvaro Iván Saavedra Barón, actual gerente de abastecimiento de hidrocarburos.

En la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, Diana Marcela Jiménez Rodríguez finalizará sus funciones. La dirección quedará a cargo de Juliana Perdomo Valencia, actual Comunicadora Sénior de la misma área.

A estos cambios se suma la salida de Julián Fernando Lemos Valero, vicepresidente corporativo de estrategia y nuevos negocios. El cargo será asumido en calidad de encargado por Adrian Santiago Coral Pantoja, actual gerente de nuevos negocios de hidrocarburos.

Finalmente, Felipe Trujillo López, vicepresidente de refinación y procesos industriales, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto. Ana Carolina Ríos Junco, actual ingeniera sénior de procesos, asumirá el encargo de esta vicepresidencia.

La petrolera señaló que informará las respectivas designaciones en propiedad una vez estas se produzcan.

Los cambios se conocen en medio de una nueva etapa de ajustes en la estructura directiva de la principal empresa petrolera del país.

El directivo considera que mantener el esquema actual podría seguir aumentando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El FEPC fue creado para reducir el impacto de las variaciones internacionales en los precios de la gasolina y el diésel.

En la práctica, cuando el precio internacional supera el valor que se cobra en Colombia, el fondo debe compensar la diferencia a los productores, entre ellos Ecopetrol. Sin embargo, los problemas fiscales del Gobierno han generado retrasos en estos pagos y un déficit que, según estimaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, podría superar los $6 billones durante 2026.

Henao reconoció que modificar este mecanismo representa una decisión políticamente compleja, pero sostuvo que debe analizarse un “desmonte progresivo” del subsidio al diésel. Su argumento es que, si se mantiene el esquema actual, el déficit continuará creciendo y podría afectar las finanzas de Ecopetrol.

La propuesta también contempla impulsar alternativas para reducir la dependencia de los combustibles tradicionales. Entre ellas están los incentivos para que los colombianos utilicen vehículos y tecnologías eléctricas o funcionen con gas. De esta manera, se buscaría disminuir gradualmente la necesidad de subsidios estatales para gasolina y ACPM.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también cuestionó el funcionamiento actual del FEPC y señaló que el fondo dejó de cumplir su propósito original de estabilizar precios para convertirse, en la práctica, en un mecanismo de subsidio que genera desequilibrios fiscales.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que pretende regresar al modelo inicial del FEPC, mediante el cual el fondo ahorra recursos y compensa una parte de los costos. Mientras se define el nuevo esquema, en agosto de 2026 el precio promedio de la gasolina en 13 ciudades es de $15.990 por galón, mientras que el ACPM se ubica en $11.399.

La iniciativa busca facilitar la recuperación de los negocios y contribuir a la reactivación económica y productiva de las zonas golpeadas por la emergencia.

Los recursos estarán disponibles para compañías de diferentes tamaños y sectores, y podrán utilizarse para cubrir necesidades como capital de trabajo, recuperación de la capacidad operativa, reposición o modernización de activos productivos y fortalecimiento de cadenas de suministro que hayan sufrido afectaciones.

Los créditos podrán tener plazos de hasta un año, dependiendo del destino de los recursos y de las operaciones que cumplan con las condiciones establecidas.

El acuerdo fue formalizado el jueves 27 de agosto, durante la 60.ª Convención Bancaria, realizada en Cartagena, mediante la firma de un acta protocolaria entre ambas entidades.

Los USD 50 millones no corresponden a una donación ni a un fondo creado exclusivamente para atender la emergencia.

El dinero hace parte de una línea de crédito revolvente no comprometida de hasta USD 100 millones que el CAF mantiene con Banco de Occidente. Esta línea ya permite financiar operaciones de comercio exterior, capital de trabajo y proyectos de inversión de clientes del banco.

Con el nuevo acuerdo, una parte de esa capacidad financiera será orientada hacia las necesidades de las empresas afectadas por el terremoto.

Según Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, la recuperación después de una emergencia requiere que las compañías puedan volver a producir, conservar los empleos y mantener activas las cadenas de suministro.

Gerardo Silva, presidente de Banco de Occidente, destacó que la alianza permitirá inyectar liquidez a las empresas damnificadas y acompañarlas durante la recuperación de sus operaciones.

La alianza aprovecha una relación comercial de más de 15 años entre las dos entidades y la presencia de Banco de Occidente en distintas regiones del país para identificar y atender las necesidades de empresas afectadas.

Se trata de una disposición que, según la nueva ley, busca recaudar los recursos necesarios para el pilar solidario del nuevo sistema de jubilaciones, enfocado en las personas en situación de pobreza.

Por medio del mecanismo para cotizar a pensión en Colombia se establecen los puntos adicionales destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, según el Ingreso Base de Cotización (IBC), de acuerdo con la reforma pensional.

Así serán los nuevos descuentos por cotizar a pensión en Colombia

• Aporte del 1,5 %: aplica para quienes ganan desde 4 hasta 16 salarios mínimos, es decir, para ingresos entre $ 7’003.620 y $ 28’014.480
• Aporte del 1,7 %: aplica para salarios mayores a 16 y hasta 17 salarios mínimos, que equivalen a ingresos de más de $ 28’014.480 y hasta $29’765.385
• Aporte del 1,9 %: aplica para salarios mayores a 17 y hasta 18 salarios mínimos, correspondientes a ingresos de más de $29’765.385 y hasta $31.516.290
• Aporte del 2,1 %: aplica para salarios mayores a 18 y hasta 19 salarios mínimos, que abarcan ingresos de más de $ 31’516.290 y hasta $ 33’267.195
• Aporte del 2,3 %: aplica para salarios mayores a 19 y hasta 20 salarios mínimos, lo que representa ingresos de más de $ 33’267.195 y hasta $ 35’018.100
• Aporte del 3 %: aplica para todos aquellos salarios que superen los 20 salarios mínimos, es decir, para ingresos mayores a $ 35’018.100.

Uno de los puntos más importantes es que, para los empleados dependientes, este dinero por cotizar a pensión en Colombia será retenido mensualmente por el empleador mediante la planilla de seguridad social, mientras que los independientes deberán asumir el pago adicional.

Se trata de una disposición que, según la nueva ley, busca recaudar los recursos necesarios para el pilar solidario del nuevo sistema de jubilaciones, enfocado en las personas en situación de pobreza.

Por medio del mecanismo para cotizar a pensión en Colombia se establecen los puntos adicionales destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, según el Ingreso Base de Cotización (IBC), de acuerdo con la reforma pensional.

Así serán los nuevos descuentos por cotizar a pensión en Colombia

• Aporte del 1,5 %: aplica para quienes ganan desde 4 hasta 16 salarios mínimos, es decir, para ingresos entre $ 7’003.620 y $ 28’014.480
• Aporte del 1,7 %: aplica para salarios mayores a 16 y hasta 17 salarios mínimos, que equivalen a ingresos de más de $ 28’014.480 y hasta $29’765.385
• Aporte del 1,9 %: aplica para salarios mayores a 17 y hasta 18 salarios mínimos, correspondientes a ingresos de más de $29’765.385 y hasta $31.516.290
• Aporte del 2,1 %: aplica para salarios mayores a 18 y hasta 19 salarios mínimos, que abarcan ingresos de más de $ 31’516.290 y hasta $ 33’267.195
• Aporte del 2,3 %: aplica para salarios mayores a 19 y hasta 20 salarios mínimos, lo que representa ingresos de más de $ 33’267.195 y hasta $ 35’018.100
• Aporte del 3 %: aplica para todos aquellos salarios que superen los 20 salarios mínimos, es decir, para ingresos mayores a $ 35’018.100.

Uno de los puntos más importantes es que, para los empleados dependientes, este dinero por cotizar a pensión en Colombia será retenido mensualmente por el empleador mediante la planilla de seguridad social, mientras que los independientes deberán asumir el pago adicional.

Al defender la magnitud de las cifras, el Gobierno Nacional explicó que el proyecto anterior subestimó obligaciones críticas para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, las pensiones, las universidades públicas, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, a lo que se suman ahora los rubros ineludibles para la reconstrucción tras el reciente terremoto y, de manera determinante, el severo impacto del crecimiento acelerado del servicio de la deuda, que por sí solo sube un 54,7 por ciento hasta alcanzar los 155,4 billones de pesos.

En la distribución sectorial de los recursos, el Ministerio de Educación encabeza la asignación con 78,77 billones de pesos, seguido de cerca por el Ministerio de Salud con 77,05 billones y la cartera de Trabajo con 58,82 billones, mientras que en los mandos intermedios y operativos destacan Defensa con 33,8 billones, la Policía Nacional con 20,9 billones y el ICBF con 11,9 billones.

En contraste, las asignaciones más reducidas recaerán sobre los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes con 706.196 millones de pesos, Relaciones Exteriores con 699.681 millones, Ciencia y Tecnología con 342.382 millones, Deporte con 297.705 millones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 153.182 millones, y el Ministerio de Igualdad con 128.120 millones de pesos.

Este reordenamiento presupuestal también generó ganadores y perdedores en términos de variación porcentual frente al presente año, registrando las mayores caídas carteras como el Ministerio de Igualdad con un desplome del 60,4 por ciento, el Departamento Nacional de Planeación con una reducción del 50,3 por ciento, Minas y Energía con el 41,6 por ciento, Deporte con el 40 por ciento y Ambiente con el 36,3 por ciento. En la orilla opuesta, los incrementos más significativos favorecieron al Ministerio de las TIC con un repunte del 44,8 por ciento, Hacienda con el 42,7 por ciento, el Sena con el 25,4 por ciento, Defensa con el 21,7 por ciento y Vivienda con el 20,4 por ciento.

Para financiar este robusto plan de gastos, el Ejecutivo proyecta ingresos corrientes de la Nación por 299,1 billones de pesos y un aumento drástico en los empréstitos, los cuales deberán crecer un 67 por ciento hasta alcanzar los 95,6 billones de pesos. El ministro Miguel Gómez subrayó que estas decisiones corresponden a la primera fase del denominado ‘Plan de Rescate Económico’, diseñado para hacer frente a la crisis heredada y ordenar unas finanzas públicas golpeadas por años de desatención.

“Somos conscientes de que estas medidas exigen sacrificios, pero ordenar las finanzas públicas es indispensable para proveer lo que la gente necesita hoy y garantizarlo en el futuro”, advirtió el titular de la cartera económica al anunciar que el Gobierno también radicará la denominada ‘Ley Rescate’ para contener el crecimiento desbordado del gasto burocrático y la explosión de la deuda que amenaza la estabilidad macroeconómica del país.

Las brigadas, conformadas por estos 30 expertos distribuidos en ocho vehículos y equipados con tecnología y recursos de campamento, visitan casa por casa para clasificar el tipo de daño sufrido. La labor de los profesionales busca determinar si las viviendas pueden ser nuevamente habitadas, requieren únicamente reparaciones parciales, o si necesitan una reconstrucción total, incluso evaluando si el predio es adecuado para nuevos proyectos de vivienda. Serrano resaltó que para muchos de los miembros del equipo, la labor representa “la manera de darle gracias a Dios y a la vida porque nosotros aún tenemos una casa de pie y una familia completa esperándonos”.

El despliegue de Volver a Casa se desarrolla en coordinación con la Gobernación de Risaralda y la Entidad Descentralizada de Urbanismo y Renovación (EDUR), bajo un convenio a cero pesos que destaca la colaboración desinteresada de Gestores de Vivienda: la empresa asume todos los costos profesionales y logísticos, mientras la gobernación facilita la información necesaria para focalizar esfuerzos. Tanto Gestores como la gobernación han conformado equipos “espejo” de 30 profesionales cada uno, lo que permite acelerar la caracterización técnica de las viviendas en municipios como Mistrató, Quinchía, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

Una vez concluida la primera fase, la información recogida —que incluye registros, fotografías y localización precisa— será depurada en una base de datos. Cada hogar evaluado quedará documentado con datos clave para tomar decisiones técnicas y administrativas. El informe final presentará resultados, conclusiones y recomendaciones, permitiendo identificar con claridad las viviendas que requieren intervención prioritaria y orientar los recursos a la reconstrucción eficiente. Como recalca Serrano, el objetivo es “convertir los daños en información y la información en decisiones”, fundamentando así cualquier futura ruta de reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza la evaluación técnica de las viviendas afectadas por el terremoto en Risaralda?

Los equipos de Volver a Casa, conformados por ingenieros y profesionales, realizan un recorrido en los municipios priorizados para registrar, georreferenciar, tomar fotografías y clasificar el daño en las viviendas. El diagnóstico establece si la vivienda es habitable, necesita reparaciones o debe ser demolida y reconstruida, según lo informa El Diario a partir de datos suministrados por la gobernación y la EDUR.

¿Qué información recopila el proyecto Volver a Casa para ayudar en la reconstrucción de viviendas en Risaralda?

De acuerdo con la gerente de Gestores de Vivienda, la misión recoge registros organizados de cada vivienda, evidencia fotográfica, ubicación georreferenciada y una clasificación técnica de los daños. Esa información se consolida en una base de datos y en un informe ejecutivo que sirve para priorizar esfuerzos de reconstrucción y formular proyectos concretos para la gestión de recursos.

La coordinación del proyecto está en manos de figuras clave pertenecientes a distintos partidos políticos, como Cristian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U) y Alix Yirley Vargas (Partido Liberal). Según declaraciones de Sara Castellanos, de Salvación Nacional y coordinadora destacada del articulado, la propuesta fue ajustada porque el anterior presupuesto, radicado durante el mandato de Gustavo Petro, no respondía a las necesidades prioritarias de Colombia. Castellanos enfatizó que el actual trámite representa una nueva oportunidad para que el Ejecutivo muestre alternativas acordes con la coyuntura nacional.

En ese sentido, la discusión se enmarca en una preocupación técnica por el aumento del endeudamiento estatal. Según Cristian Garcés, si bien inquieta el nivel de deuda contemplado, el respaldo al nuevo presupuesto obedece a que "refleje responsablemente la realidad de las finanzas públicas y las necesidades extraordinarias de inversión por el terremoto", tal como expuso a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Desde la oposición, David Racero, integrante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, ha cuestionado el incremento del presupuesto y el énfasis en una mayor deuda pública. Racero señaló que, en comparación con el proyecto anterior (COP 575,7 billones), la nueva versión suma casi 60 billones más y plantea financiarse con un monto mayor de endeudamiento (COP 281,3 billones según la nueva proyección, frente a los 181,1 billones previos). Además, advirtió que la reducción de ingresos corrientes del Estado calculada en 10 billones de pesos, junto con el aumento general del presupuesto, implica un fuerte crecimiento de la deuda soberana.

El debate se trasladará ahora a las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara, donde el Gobierno parece contar con mayoría suficiente para avanzar en la discusión y posible aprobación del presupuesto ajustado para 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue devuelto el presupuesto anterior presentado por el Gobierno?

Según declaraciones de Sara Castellanos, el proyecto inicial del Presupuesto General de la Nación fue devuelto porque no respondía a las necesidades de Colombia. El ajuste permitió que el Gobierno presentara una nueva iniciativa que, en palabras de Castellanos, brinda la oportunidad de revisar alternativas más acordes con la realidad actual del país.

¿Por qué preocupa el aumento de la deuda en el nuevo presupuesto para 2027?

La inquietud sobre el incremento de la deuda surge, de acuerdo con Cristian Garcés y David Racero, porque el presupuesto presentado eleva el monto que el Estado planea cubrir con recursos provenientes del endeudamiento: pasa de 181,1 billones propuestos en la versión anterior a 281,3 billones en la actual. Este mayor endeudamiento se destinaría, entre otros aspectos, a cubrir necesidades extraordinarias derivadas del terremoto y a compensar la reducción de ingresos tributarios proyectada en 10 billones de pesos.

Estos artículos pendientes abordan temas cruciales: desde la titularidad de las cuentas de ahorro individual, pasando por reglas en la inversión de recursos, hasta disposiciones orientadas a evitar conflictos de intereses entre las administradoras de ahorro y sus accionistas. Según explican los actores involucrados, existe incertidumbre sobre el detalle de la sentencia, ya que solo se dispone del auto y no del fallo completo, pero queda claro que la Corte identificó aspectos reglamentarios y de procedimiento que requieren nuevos consensos legislativos.

El proceso ahora implica discutir y votar nuevamente estos artículos. Si hay modificaciones de fondo, procede una conciliación entre Senado y Cámara, trámite que podría poner en riesgo la viabilidad de la reforma si las cámaras no logran acordar un texto común. El debate técnico y político será determinante, pues esta situación ya es la segunda vez que parte de la reforma pensional es devuelta por posibles irregularidades en el trámite legislativo, conocidos como vicios de trámite. Sin embargo, las directrices de la Corte son claras: deben acatarse y ejecutarse.

En cuanto al contenido esencial de la reforma, lo aprobado introduce un modelo más moderno y flexible, cimentado sobre pilares considerados más justos. De acuerdo con El Espectador, uno de los cambios clave es el reconocimiento de un bono pensional para adultos mayores en condición de extrema pobreza, estableciéndolo como política de Estado para combatir la desigualdad y el hambre. Además, se enfatiza el propósito de terminar con las altas pensiones del Estado en favor de los más vulnerables y la importancia de mantener consensos políticos para consolidar avances sociales.

Por último, ciertos sectores oficialistas ya consideran la posibilidad de presentar una nueva contrarreforma tras este proceso, aunque enfrentan el compromiso de sectores de oposición que han anunciado que defenderán los derechos adquiridos y resistirán retrocesos sociales.

¿Por qué nueve artículos de la reforma pensional colombiana deben debatirse nuevamente en el Congreso?

Nueve artículos regresan al Congreso porque la Corte Constitucional determinó, de acuerdo con El Espectador, que estos puntos requieren mayor deliberación, en especial sobre la propiedad de las cuentas individuales, reglas de inversión y la prevención de conflictos de interés en el manejo de los fondos.

¿Qué efectos podría tener la conciliación entre Senado y Cámara en la aprobación final de la reforma pensional?

Si las cámaras introducen cambios en los artículos discutidos, deberá haber conciliación para unificar el texto final. Si no se logra acuerdo, existe el riesgo de que la reforma no sea aprobada, lo que abriría un nuevo escenario de debate y discusión legislativa sobre el futuro del sistema pensional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Desde los sectores afines al gobierno, la senadora Sara Castellanos, perteneciente a Salvación Nacional y designada como ponente en la Comisión Tercera, afirmó que este ajuste se da tras la devolución del presupuesto anterior, pues no satisfacía las necesidades identificadas en Colombia. Castellanos recalcó que el gobierno tuvo la oportunidad de corregir y que ahora esperan evaluar detalladamente las nuevas propuestas incluidas en el documento, tal como señaló en una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, expresó que se trata de un presupuesto que protege el gasto social, asegura el pago de pensiones y salarios, refuerza la seguridad y prioriza la inversión orientada al crecimiento económico. Además, Barguil subrayó la importancia de estudiar el proyecto detenidamente para evitar afectar los recursos destinados a lo social, la inversión y la seguridad, manteniendo el orden fiscal.

Sin embargo, existen posturas críticas incluso dentro de la coalición de gobierno. Algunos congresistas del Centro Democrático manifestaron preocupación por el aumento del monto y solicitaron un encuentro con el ministro Gómez. Tal es el caso del senador Carlos Meisel, quien manifestó sentirse "desubicado" y consideró necesaria una reunión para discutir el alcance del presupuesto.

En la Comisión Tercera, el coordinador del proyecto, Christian Garcés, reconoció inquietudes sobre el nivel de endeudamiento y sostuvo que solo respaldarán la propuesta si esta refleja con responsabilidad la situación de las finanzas públicas y la extraordinaria necesidad de inversión derivada del reciente terremoto.

Desde la oposición, el senador Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, criticó el incremento de 70 billones en la propuesta, calificando de contradictorio el ajuste. Según Ocampo, el gobierno financiará el mayor valor modificando la regla fiscal, lo que implica mayor deuda y contradice posturas críticas previas. En la misma línea, el congresista Kevin Gómez, del Pacto Histórico, cuestionó el aumento en el servicio de la deuda, que pasó de 115 a 152 billones, especialmente cuando el país requiere recursos para territorios afectados por incendios, sismo y necesidades urgentes como el hambre.

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¿Por qué aumentó el presupuesto general de la Nación a 634,9 billones en 2026?

El presupuesto general de la Nación presentado en 2026 aumentó de 575,6 billones a 634,9 billones de pesos colombianos. Según declaraciones de funcionarios y congresistas recogidas por El Espectador, este incremento responde a la necesidad de ajustar el presupuesto tras su devolución por el Congreso, para cubrir demandas sociales urgentes, reforzar el gasto social, los pagos de pensiones y salarios, y atender la recuperación tras emergencias como el reciente terremoto.

¿Qué es la regla fiscal y cómo afecta la financiación del presupuesto nacional?

La regla fiscal es un mecanismo que busca limitar el déficit fiscal y controlar el endeudamiento público de un país. De acuerdo con los cuestionamientos de la oposición mencionados en El Espectador, el financiamiento del actual presupuesto recurrirá a una modificación de esta regla, lo que permitirá aumentar la deuda pública y cubrir así el mayor gasto proyectado por el gobierno.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda, uno de los mayores cambios en este nuevo proyecto de presupuesto se evidencia en el monto destinado al pago del servicio de la deuda, que alcanza los $155,4 billones, es decir, el 24 % del palo total, posicionándose como la cifra más alta en la historia fiscal del país según el propio Miguel Gómez. Para el rubro de funcionamiento, se proponen $392,5 billones, mientras que la inversión queda en $86,9 billones. Esto representa una modificación importante respecto a la distribución realizada en la administración anterior, donde Ávila destinaba $367,6 billones para funcionamiento, $90 billones para inversión y $118 billones para servicio de la deuda.

El informe también pone de manifiesto los desafíos de sostenibilidad y financiación del presupuesto. El proyecto de Ávila presentaba un faltante de $30,2 billones, pues planteaba ingresos por $545,4 billones frente a egresos de $575,6 billones, situación que generó reparos en las comisiones económicas del Congreso. En contraposición, el gobierno actual asegura haber efectuado un nuevo cálculo de ingresos y gastos que busca cubrir cabalmente las obligaciones y cerrar las brechas identificadas en el planteamiento previo.

En la presentación del PGN 2027, Gómez explicó que la primera fase del Plan Rescate de la Economía tiene como ejes principales el ordenamiento de las finanzas públicas, la garantía de recursos para las obligaciones esenciales y la consolidación de condiciones para el crecimiento económico. El Ministerio de Hacienda advierte, sin embargo, que el tamaño del proyecto y la composición actual de las finanzas suponen retos para evitar que el desequilibrio fiscal se amplíe, lo que obligará a diseñar y aplicar medidas tanto para fortalecer los ingresos como para contener el gasto público.

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¿Cuáles son los principales cambios del Presupuesto General de la Nación para 2027?

El Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, incrementa el monto total a $634,9 billones y prioriza el pago del servicio de la deuda, que alcanza $155,4 billones, la cifra más alta registrada. Además, hay ajustes en los rubros de funcionamiento e inversión en comparación con el proyecto del gobierno anterior, y se incorporan gastos asociados a la emergencia por el sismo de agosto.

¿Qué significa ‘servicio de la deuda’ y por qué es relevante en el presupuesto de 2027?

El término ‘servicio de la deuda’ se refiere a los recursos que el Estado debe destinar al pago de intereses y amortización de sus créditos. En el presupuesto de 2027, este monto representa el 24 % del total, destacándose por su magnitud histórica y su impacto sobre la capacidad del Gobierno para atender otras necesidades, debido al aumento de las obligaciones financieras.

¿Qué agregó el Gobierno al presupuesto?

$ 9,6 billones para el FEPC: el nuevo documento incorpora de manera explícita una provisión para atender el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La idea es que esa obligación quede reconocida y financiada dentro del presupuesto.

Recursos para la reconstrucción tras el terremoto: el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto llevó a incorporar partidas extraordinarias de inversión. Según la propuesta, esos recursos estarán articulados mediante el Fondo Milagro de Reconstrucción, destinado a recuperar infraestructura y atender a las comunidades damnificadas.

Vea también: Gobierno anuncia creación de Zona Económica y Social Especial en Tolima tras emergencia por incendios forestales

Más gastos obligatorios: entre las correcciones y depuraciones, el Gobierno reconoce cerca de $ 2,1 billones adicionales en obligaciones que deberán ser atendidas durante 2027.

¿Y qué arreglaron en las cuentas?

Inflación: la estimación para el cierre de 2026 subió de 6 % a 6,6 %, con el argumento de acercarla a los datos observados y a las proyecciones del Banco de la República.

PIB: la expectativa de crecimiento económico para 2027 bajó de 2,2 % a 1,8 %, para evitar que un cálculo demasiado optimista termine inflando la previsión de recaudo tributario.

Dólar: la TRM promedio prevista para 2026 pasó de $ 3.757 a $ 3.400, mientras el cierre estimado quedó en $ 3.100.

Pensiones: se ajustó la partida destinada a Colpensiones para incorporar el crecimiento real del sistema, que contempla más de 90.000 nuevos pensionados cada año.

Recursos insuficientes: también se corrigió una asignación cercana a $2 billones que, según el nuevo proyecto, no alcanzaba para cubrir las necesidades reales de la población.

El otro cambio: los ingresos que salieron de las cuentas

El Gobierno también hizo un llamado “sinceramiento” de los ingresos. En esa revisión, eliminó $ 30,2 billones que estaban condicionados a futuras leyes y que, según la propuesta, no tenían una fuente de financiación suficientemente respaldada. Además, excluyó ingresos equivalentes al 1,5 % del PIB que dependían de nuevas cargas tributarias todavía no aprobadas.

En resumen, el nuevo proyecto no solo pide más recursos: cambia los supuestos con los que se calculó el presupuesto y reconoce obligaciones que, según el Gobierno, deben quedar incorporadas desde ahora. El Congreso tendrá la última palabra sobre estas nuevas cuentas.

De acuerdo con la información presentada en el CENOP, el mandatario tomó la decisión después de escuchar a la gobernadora, alcaldes y dirigentes locales, quienes señalaron la magnitud de la emergencia y la necesidad de herramientas efectivas para responder a la crisis. El establecimiento de una ZESE no es un hecho menor para el Tolima. Durante décadas, líderes regionales han intentado —sin éxito— conseguir esta figura, a pesar de reiterados esfuerzos en el Congreso colombiano. Por esto, más allá de su formulación reciente, la ZESE responde a una demanda histórica del departamento, hoy reactivada por la emergencia.

Según las declaraciones recogidas, una Zona Económica y Social Especial es un mecanismo del Estado colombiano que concede incentivos tributarios, especialmente en el impuesto de renta, a todas las empresas que inicien, trasladen o amplíen operaciones en un área específica. La condición es que estas compañías aumenten el número de empleos formales. Así, el planteamiento básico es reducir la carga impositiva para estimular la generación de puestos de trabajo.

La implementación de la ZESE convertiría al Tolima en un destino atractivo para la inversión y la expansión empresarial. En una región con fuertes sectores agrícola, comercial y turístico, el efecto esperado es la llegada de nuevas inversiones y más oportunidades laborales, tanto en Ibagué como en otros municipios. La gobernadora Matiz fue enfática al describir el alcance de la iniciativa: la nueva ZESE es un instrumento para “apagar el incendio económico” causado por los recientes desastres ambientales.

Finalmente, la mandataria también resaltó otros compromisos concretos asumidos por el Gobierno Nacional durante el encuentro, aunque advirtió que la efectividad de todos estos anuncios, incluida la ZESE, depende de su pronta reglamentación. Sin el acto administrativo correspondiente, la iniciativa seguirá siendo solo una promesa y no un beneficio tangible para los empresarios y trabajadores del Tolima.

¿Qué beneficios ofrece una ZESE para el Tolima tras los incendios forestales?

Una Zona Económica y Social Especial (ZESE) concede beneficios tributarios, principalmente en el impuesto de renta, a empresas que decidan operar y generar empleo formal en la región. En el contexto del Tolima, estos incentivos buscan atraer nuevas inversiones y facilitar la recuperación económica tras las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales.

¿Por qué la creación de una ZESE era una demanda histórica del Tolima?

El Tolima lleva décadas solicitando la creación de una ZESE como estrategia para fortalecer su economía local. A pesar de los intentos previos de congresistas y dirigentes regionales, la medida solo ha sido posible ahora, debido a la gravedad de la emergencia actual. La ZESE es vista como una oportunidad largamente esperada para hacer más competitivo el territorio y dinamizar el empleo formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Hablar de la historia laboral va mucho más allá de la edad de retiro. Según el mismo medio, en este registro oficial se detalla no solo cuántos periodos de cotización acumuló un trabajador, sino también quiénes fueron los empleadores responsables de reportar dichos pagos y cuáles fueron los ingresos reportados durante los distintos empleos. Todos estos datos son esenciales porque establecen el cumplimiento de los requisitos necesarios para solicitar pensiones por vejez, invalidez o sobrevivencia. Además, sirven como base para trámites como la indemnización sustitutiva o el auxilio funerario.

Uno de los aspectos que más atención merece al revisar la historia laboral son las semanas cotizadas. Verificar que cada empleo esté debidamente reportado, así como la coincidencia de los contratos y los periodos laborados, es fundamental. Un periodo no registrado o un dato equivocado puede complicar la posibilidad de obtener una pensión o de acceder a otros beneficios. Por ello, es recomendable no dejar la revisión para última hora, sino hacerlo periódicamente con el fin de identificar y corregir a tiempo cualquier error.

Si una persona detecta falta de información o inconsistencias en su historia laboral, debe solicitar la corrección ante Colpensiones, aportando los documentos que respalden la solicitud. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta solicitud se puede hacer tanto de manera digital a través de la Sede Electrónica de Colpensiones, como presencial en los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC). Esta revisión periódica ofrece tranquilidad y control sobre los aportes hechos a lo largo de los años, permitiendo tomar decisiones informadas antes de iniciar trámites pensionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué datos se pueden consultar en la historia laboral pensional en Colombia?

En la historia laboral pensional en Colombia se pueden consultar los periodos en los que el trabajador cotizó, los empleadores responsables de los aportes, los salarios reportados en cada empleo y el total de semanas acumuladas. Estos datos proporcionan la base para determinar el acceso a prestaciones de pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia y otros beneficios como la indemnización sustitutiva y el auxilio funerario.

¿Cómo corregir un error detectado en la historia laboral ante Colpensiones?

Si al revisar la historia laboral se encuentra que falta un periodo, empleador o aporte, el afiliado debe solicitar la corrección ante Colpensiones. Para esto es fundamental presentar documentos que sustenten la solicitud, como certificados laborales o comprobantes de pago. La gestión puede hacerse en la Sede Electrónica de Colpensiones o en los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC), permitiendo actualizar la información antes de cualquier trámite pensional.

Estas acciones permitirán aplazar el pago de las cuotas de créditos hasta por un año, así como reestructurar plazos y condiciones. Específicamente, las personas damnificadas podrán acceder a tratamientos especiales en el manejo de tasas de interés, protección del historial crediticio y suspensión temporal de los cobros jurídicos y prejurídicos, todo con el objetivo de mitigar la presión económica mientras se recuperan de las pérdidas sufridas. Malagón enfatizó que los bancos asumirán el costo de la tasa de interés durante el periodo de gracia para los beneficiarios. Además, aquellos que hayan perdido su vivienda podrán obtener créditos con una tasa fija del 8 %, en las condiciones anunciadas por el gremio.

De acuerdo con Asobancaria, estas medidas tienen el potencial de cobijar a 2,8 millones de usuarios que habitan en las áreas afectadas por el sismo. Esta iniciativa busca que las familias no se vean obligadas a responder de inmediato por sus deudas en medio de la emergencia, dándoles margen para priorizar la reparación de sus bienes, negocios o fuentes de ingreso. El valor estimado del paquete de alivios asciende a $1,1 billones, cifra significativa que se suma a las donaciones de la banca para apoyar a los damnificados.

No obstante, la aplicación de estos beneficios no será automática; cada entidad financiera deberá evaluar la situación individual de sus clientes para establecer el nivel de afectación y determinar qué alivios corresponden según las condiciones crediticias de cada caso. Por ello, Asobancaria ha recomendado a los afectados contactar directamente a su banco, presencialmente o mediante canales digitales, para gestionar su solicitud y conocer los detalles de los posibles beneficios.

Este conjunto de medidas, articulado desde el sector financiero, complementa otros esfuerzos del Gobierno, empresas y organizaciones sociales que buscan acompañar a las comunidades en su proceso de recuperación tras el terremoto.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a los alivios bancarios por el terremoto en Colombia?

Según lo informado por Asobancaria, los beneficiarios deben demostrar el nivel de afectación ocasionado por el terremoto y su situación de crédito será evaluada de manera individual por cada entidad financiera. Los damnificados deben contactar a su banco a través de oficinas, líneas telefónicas o canales digitales para gestionar el análisis y conocer las ayudas posibles en su caso. No se otorgarán beneficios automáticos, sino que dependerán de la evaluación específica para cada cliente.

¿Qué beneficios incluye el plan de alivios bancarios para los damnificados del sismo del 10 de agosto?

El paquete anunciado contempla aplazamiento de cuotas hasta por un año, redefinición de plazos y condiciones de los créditos, suspensión temporal de cobros jurídicos y prejurídicos, protección del historial crediticio y tasas de interés especiales. Durante el periodo de gracia, los bancos asumirán el costo del interés y los créditos hipotecarios para damnificados podrán tener una tasa fija del 8 %, según las condiciones reportadas por Asobancaria.