La entidad y Seguros Bolívar iniciaron giros por $ 20.000 millones para ayudar a clientes cuyas viviendas resultaron afectadas.

Para facilitar la recuperación habitacional, Davivienda ofrecerá créditos de vivienda y reparación con tasas del 8 % E.A., disponibles tanto para clientes como para damnificados que no tengan relación previa con el banco.

También permitirá combinar estas alternativas con subsidios gubernamentales y apoyará la evaluación de daños mediante inteligencia artificial e inspecciones en campo.

Entre las medidas adicionales para las familias están la eliminación de cobros por retiros en cajeros, la redención anticipada de CDT y productos de inversión sin comisiones y créditos de libranza con condiciones preferenciales para empleados afectados.

Para las empresas y el sector agropecuario, Davivienda anunció prórrogas de obligaciones vigentes, ampliación de plazos, periodos de gracia y tasas preferenciales.

También ofrecerá consolidación de deudas y nuevas líneas para financiar capital de trabajo, inversión y reconstrucción, con tasas desde IBR+0% y plazos de hasta seis años.

Además, Grupo Bolívar y Davivienda donarán $ 110.000 millones para atención humanitaria y reconstrucción, sumados a más de $ 10.000 millones aportados por clientes y empleados.

José Pablo Gil, Head of Client Success de Nuek para la región Andina, explicó a Pulzo que las entidades financieras deben encontrar un equilibrio entre el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir y una experiencia de pago ágil.

El experto señala que cada canal tiene riesgos diferentes. Mientras los pagos físicos con tarjeta y las billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay incorporan mecanismos de seguridad basados en tokens y criptografía, las compras por internet requieren herramientas adicionales.

Entre ellas están los códigos de seguridad dinámicos, que cambian en cada transacción, y sistemas como 3D Secure, que permiten autenticar al usuario y evaluar el nivel de riesgo.

También existen plataformas que monitorean permanentemente las transacciones para detectar comportamientos atípicos y bloquear operaciones sospechosas.

Sin embargo, Gil destaca que la seguridad no depende únicamente de bancos y redes de pago.

Los usuarios también son responsables y deben evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios mediante llamadas, mensajes o correos sospechosos.

Finalmente, recomienda una regla básica: desconfiar y verificar. Ante cualquier solicitud de información, aconseja contactar directamente al banco mediante sus canales oficiales para confirmar si la comunicación es legítima y evitar convertirse en víctima de fraude.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un subsidio mensual de $ 875.452 para el pago de arriendo de cada familia afectada, que se entregará durante tres meses.

La ayuda busca brindar una solución temporal a los hogares que perdieron o tuvieron daños graves en sus viviendas.

El decreto también autoriza el uso extraordinario de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y de otros fondos de destinación específica, bajo la modalidad de préstamos reembolsables, para financiar la atención de la emergencia.

Además, el Gobierno flexibilizó temporalmente los procedimientos para acceder a créditos públicos nacionales e internacionales, con el propósito de obtener recursos con mayor rapidez.

También amplió el programa de Obras por Impuestos a todos los municipios afectados, facilitando la participación de empresas privadas en proyectos de reconstrucción.

La emergencia otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, contratar de manera más ágil y reorganizar recursos del presupuesto nacional.

La divisa abrió en $3.039, $9,12 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.048,12.

Durante los primeros minutos de negociación, el dólar alcanzó un mínimo de $3.028, precio que no se registraba desde el 5 de octubre de 2018.

El comportamiento refleja la presión que enfrenta la moneda estadounidense en los mercados internacionales, mientras los inversionistas analizan las decisiones de política monetaria y las medidas del Tesoro de Estados Unidos.

Uno de los factores que ha afectado al dólar es el anuncio del Tesoro estadounidense de duplicar las recompras de bonos de largo plazo, hasta US$4.000 millones por operación.

Aunque el monto es pequeño frente al tamaño del mercado, la medida generó preocupación entre los operadores.

Además, el dólar ha perdido terreno frente al oro y el bitcóin. Los mercados también permanecen atentos a posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán y a los discursos de los bancos centrales estadounidense y japonés.

En paralelo, el petróleo retrocedía más de US$1 por barril, luego de las recientes alzas y ante la expectativa sobre las sanciones a Irán.

El proceso de recuperación podría extenderse entre cuatro y cinco años, aunque el costo podría aumentar a medida que avanzan las evaluaciones en los municipios.

La emergencia afecta a 30 de los 31 municipios del departamento y comprende 17.000 familias damnificadas y 23.400 afectadas. Además, se reportan 13 personas fallecidas, 348 heridas, más de 3.200 viviendas destruidas y 300 instituciones educativas afectadas.

El 90% de los daños se concentra en zonas rurales, lo que dificulta la atención debido a la geografía del departamento, la falta de vías y las dificultades de acceso por ríos y quebradas.

Las autoridades también enfrentan problemas para recopilar información y evaluar las estructuras afectadas.

Hasta ahora se han distribuido unas 210 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales 70% proviene de donaciones y cooperación.

Para la recuperación, uno de los principales desafíos será restablecer la presencialidad educativa, debido a las limitaciones de conectividad y a la falta de alternativas virtuales en buena parte del territorio.

Los vínculos entre la moneda estadounidense y el comercio exterior son evidentes en las exportaciones e importaciones. Productos colombianos de gran relevancia como el petróleo, el café, las flores, el banano y el carbón se negocian tradicionalmente en dólares en los mercados internacionales. Cuando el precio del dólar se incrementa respecto al peso colombiano, los exportadores suelen recibir más pesos por cada dólar que ingresa, lo que representa un beneficio económico para quienes venden al extranjero. No obstante, el panorama cambia para las importaciones: Colombia paga en dólares muchos bienes como maquinaria, tecnología, medicamentos, vehículos e insumos industriales. Así, si el dólar sube de valor, estos productos importados tienden a encarecerse, impactando directamente tanto a empresas como a consumidores.

El comportamiento del dólar repercute también en el costo de vida de los colombianos. Si la moneda estadounidense se fortalece, los productos importados pueden subir de precio, y este aumento suele trasladarse a los compradores finales. De acuerdo con la información consultada, esto afecta artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso alimentos que dependen de componentes importados. Otro efecto que se destaca es el aumento en el costo de los viajes internacionales, una consecuencia de la variación en la tasa de cambio.

Asimismo, el dólar se considera un termómetro para la inversión. De acuerdo con lo expuesto, una tasa de cambio estable transmite confianza para inversionistas nacionales y extranjeros, mientras que volatilidades marcadas pueden causar incertidumbre. En ese contexto, el precio del dólar hoy lunes es de 3.066,35 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el precio del dólar en Colombia al costo de productos importados?

El precio del dólar en Colombia determina el valor que deben pagar las empresas y consumidores por los productos importados, ya que muchos bienes como tecnología, maquinaria y medicamentos se pagan en dólares. Cuando la divisa sube frente al peso, estos productos se encarecen y ese incremento suele trasladarse al consumidor final.

¿Por qué el dólar es importante para las exportaciones en Colombia?

El dólar es fundamental porque los principales productos colombianos como el petróleo, el café y las flores se negocian internacionalmente en esta moneda. Si el dólar sube, los exportadores reciben más pesos por cada dólar, lo que beneficia sus ingresos y fortalece el sector exportador.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, esta señal indica que el cambio está próximo y que los vehículos que aún no han ingresado a la intersección deben detenerse. Solo quienes ya están dentro del cruce pueden continuar para despejarlo de manera segura.

No respetar esta regla puede generar la infracción D04, que también aplica cuando un conductor no se detiene ante una luz roja, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.

Para 2026, las infracciones tipo D equivalen a 104,55 UVB. Con una UVB de $12.110, la multa por esta conducta es de aproximadamente $1.266.100.

En el caso de las motocicletas, la infracción puede ocasionar la inmovilización del vehículo, además de costos adicionales por grúa y parqueadero.

Los conductores pueden acceder a descuentos. Si realizan el curso pedagógico y pagan dentro de los primeros cinco días hábiles, pueden obtener una reducción del 50%, dejando la multa en cerca de $633.050.

Entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento es del 25%, para un pago aproximado de $949.575.

Para comparendos detectados mediante cámaras existen plazos diferentes para acceder a estos beneficios.

De acuerdo con la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), el mercado israelí compraba aproximadamente 3,5 millones de toneladas anuales de carbón colombiano, por un valor cercano a los 200 millones de dólares. Este negocio tenía efectos evidentes sobre la economía de las regiones productoras, en especial en la costa Caribe. Fenalcarbón estima que las regalías asociadas rayaban los 100.000 millones de pesos al año, inyectando recursos vitales a los territorios. Sin embargo, mientras Colombia mantenía cerrada esa puerta, sus principales zonas mineras experimentaban una crisis severa. Datos recientes muestran que, en La Guajira, las regalías cayeron de 1,87 billones de pesos en 2023 a 686.000 millones en 2024; en el Cesar, la reducción fue de un 50 %, pasando de 3,9 billones en 2023 a 1,92 billones en 2024, según cifras del propio sector.

La caída del sector carbonífero, sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente a la restricción de ventas hacia Israel. La industria enfrenta desafíos como la caída de los precios internacionales, incrementos de costos y una mayor carga regulatoria. Pero, en ese contexto, cerrar un mercado adicional profundizó la crisis de empleo, ingresos y recorte de regalías, afectando directamente a trabajadores, familias y a toda una red de servicios locales. Con la reapertura de este mercado, Colombia tiene la tarea pendiente de recuperar su espacio frente a nuevos competidores y de crear una estrategia integral, liderada desde el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Minas y Energía, que apunte a reconquistar clientes, mejorar la competitividad y destinar las regalías a la transformación futura de regiones como La Guajira y Cesar. En síntesis, la reactivación es un primer paso; el verdadero reto es convertir la riqueza actual en oportunidades de diversificación, empleo y desarrollo, con una transición energética responsable y que no deje atrás a las comunidades que dependen hoy del carbón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reactivación de exportaciones de carbón colombiano a Israel a las regiones productoras?

La reactivación de exportaciones de carbón hacia Israel representa una oportunidad para que las regiones productoras como La Guajira y el Cesar recuperen parte de sus ingresos por regalías, creación de empleo y estabilidad económica local. De acuerdo con Fenalcarbón, estos mercados generan recursos significativos que financian obras y servicios esenciales en los departamentos, por lo que su reapertura puede mitigar en parte la crisis que enfrentan.

¿Qué significa la transición energética en regiones carboníferas como Cesar y La Guajira?

La transición energética implica transformar la economía de departamentos históricamente dependientes del carbón, desarrollando nuevas industrias como turismo, agroindustria y energías renovables. Sin embargo, según el análisis presentado, este proceso debe ser gradual y bien financiado, utilizando las regalías actuales para construir alternativas productivas sin precipitar el empobrecimiento de estas regiones.

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Con 284.185 personas afectadas, 31.445 viviendas destruidas y 4.595 personas heridas, la recuperación para quienes perdieron su capacidad de trabajar puede extenderse mucho más allá de la atención inicial de la emergencia.

En este escenario, el sistema pensional contempla una protección para los trabajadores que, como consecuencia de una lesión, quedan con una afectación que les impide continuar trabajando en las mismas condiciones. La posibilidad depende de varios requisitos y no se activa automáticamente por haber sido víctima de la emergencia.

El punto central está en la pensión de invalidez. No se trata de una nueva pensión creada específicamente por el terremoto ni de una excepción que permita pensionarse por el solo hecho de haber cotizado 50 semanas.

La regla establece que una persona puede acceder a esta prestación cuando, como consecuencia de una enfermedad o un accidente de origen común, pierde 50 % o más de su capacidad laboral y cumple las condiciones de cotización exigidas.

En el caso de una invalidez causada por accidente, la legislación contempla como requisito general haber cotizado 50 semanas durante los tres años inmediatamente anteriores al hecho que causó la invalidez.

Por eso, una persona afiliada que resultó gravemente lesionada por cuenta del temblor podría eventualmente estar dentro de esta protección si cumple esas condiciones. El hecho de haber sido víctima del sismo, por sí solo, no garantiza el reconocimiento de la pensión.

Además de acreditar las semanas, debe existir una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %. Las personas que hayan sufrido lesiones como consecuencia del terremoto y presenten afectaciones permanentes para trabajar deben pasar por este proceso y adelantar el trámite ante la administradora de pensiones a la que estén afiliadas.

Esto significa que el requisito de las 50 semanas debe analizarse junto con la fecha del accidente, las cotizaciones realizadas durante los tres años anteriores y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado en la respectiva calificación.

Una diferencia importante frente a la pensión de vejez es que la pensión de invalidez no exige haber alcanzado una edad determinada. La protección está relacionada con la pérdida de capacidad laboral y con el cumplimiento de los requisitos de cotización.

“El sistema pensional no solo cubre el riesgo de vejez, también protege frente a situaciones que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, como la pérdida de capacidad para trabajar o el fallecimiento de un afiliado”, explicó Marcelo Duque, director de Cómo me Pensiono.

El experto agregó que, para las personas afectadas por una emergencia de esta magnitud, conocer las coberturas puede ser determinante: “conocer estas coberturas y los requisitos para acceder a ellas puede ser fundamental”.

De esta manera, el mecanismo puede ser especialmente relevante para trabajadores jóvenes o personas que todavía están lejos de la edad de jubilación, pero que después de una lesión grave ya no tienen las mismas condiciones para permanecer en el mercado laboral.

La protección no se limita a quienes sobrevivieron al desastre. El sistema también contempla prestaciones para los familiares de una persona afiliada o pensionada que murió.

Si quien falleció ya estaba pensionado, sus familiares pueden solicitar la sustitución pensional. Si se trataba de un afiliado que todavía no había obtenido una pensión, sus beneficiarios pueden tener derecho a una pensión de sobrevivientes si se cumplen las condiciones legales.

Como regla general, para la pensión de sobrevivientes de un afiliado fallecido se exige haber cotizado 50 semanas durante los tres años anteriores al fallecimiento.

Entre los posibles beneficiarios están el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos de hasta 25 años que estudien y dependan económicamente del fallecido y los hijos en condición de invalidez. En determinadas circunstancias también pueden entrar los padres que dependían económicamente del afiliado y los hermanos en condición de invalidez.

Otro aspecto relevante para las familias afectadas es el momento de iniciar el trámite. El derecho a la pensión no desaparece simplemente por el paso del tiempo, pero las mesadas retroactivas sí están sujetas a las condiciones y límites establecidos por la ley.

Por eso, una familia que considere que cumple los requisitos no debería asumir que puede esperar indefinidamente para iniciar la reclamación. Marcelo Duque advierte que hacerlo oportunamente puede tener un efecto directo sobre los recursos que finalmente reciba el hogar. “Iniciar la reclamación oportunamente permite que las familias comiencen a recibir un ingreso que puede ser fundamental para su estabilidad”, explicó Duque.

El director de Cómo me Pensiono añadió que el paso del tiempo puede limitar las mesadas que se reconozcan de manera retroactiva: “la ley establece límites sobre las mesadas retroactivas que pueden reconocerse según cada caso, por eso conocer el derecho y activar el trámite a tiempo también hace parte de esa protección”.

Las familias también deben diferenciar la pensión de invalidez o sobrevivientes de las indemnizaciones que puede reconocer la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por eventos catastróficos de origen natural.

La ADRES contempla mecanismos para las víctimas de estos eventos que permiten tramitar indemnizaciones por incapacidad permanente, así como por muerte y gastos funerarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada caso.

Para la incapacidad permanente, la indemnización puede llegar hasta 180 salarios mínimos legales diarios vigentes, de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad determinado conforme a las reglas aplicables. Para muerte y gastos funerarios, la cobertura máxima es de 750 salarios mínimos legales diarios vigentes.

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Se trata de mecanismos distintos que pueden coexistir según las circunstancias de cada víctima y los requisitos que se acrediten. En consecuencia, las 50 semanas cotizadas no significan que cualquier persona afectada por el terremoto pueda pensionarse automáticamente. La clave está en que la víctima haya sufrido una pérdida de capacidad laboral de al menos 50 %, que el origen de la invalidez corresponda al accidente y que pueda acreditar las semanas exigidas dentro del periodo establecido.

Entre las seis con perspectivas favorables aparecen Toyota, Honda, Sea, Magellan, StarHub y Sun Hung Kai Properties.

Toyota lidera el listado por tamaño, con una capitalización cercana a US$276.000 millones.

Aunque sus ventas podrían caer 4% este año, su estrategia de adaptar la tecnología a cada mercado representa una ventaja: híbridos en Japón, eléctricos en China y una combinación de ambos en Europa y Estados Unidos.

Honda, valorada en unos US$47.000 millones, podría beneficiarse de la reducción de incentivos para vehículos eléctricos en Estados Unidos, donde concentra 42% de sus ventas de automóviles.

Además, su negocio de motocicletas mantiene una alta rentabilidad.

Sea, propietaria de Shopee, tendría un crecimiento de 32% en ventas, impulsado principalmente por la publicidad dentro de su plataforma.

En contraste, Datang Power, Kasikornbank y Mengniu enfrentan presiones por competencia, endeudamiento y mayores costos. Z.AI presenta el mayor crecimiento esperado, de 511%, pero también elevados riesgos por el aumento de costos, la competencia y posibles pérdidas.

Los próximos resultados serán claves para confirmar qué empresas cumplen las expectativas.

Durante el encuentro, el mandatario solicitó a los principales grupos bancarios reducir al 8 % efectivo anual la tasa de interés de los créditos de vivienda destinados a las familias damnificadas, porcentaje que se mantendría durante toda la vigencia de las obligaciones. Los representantes de las entidades financieras aceptaron la propuesta.

La medida se suma al anuncio de Bancolombia, que ofrecerá financiación para vivienda nueva y usada, en proyectos VIP, VIS y No VIS, además de créditos para remodelaciones, con una tasa fija del 8 % efectivo anual.

La iniciativa comenzará a aplicarse a desembolsos realizados desde el 25 de agosto y beneficiaría a cerca de 7.000 familias.

De La Espriella destacó que la reconstrucción debe servir para impulsar el desarrollo de las regiones más afectadas y superar problemas históricos.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno y los empresarios acordaron visitar Chocó el próximo 7 de septiembre para diseñar un plan integral de recuperación, inversión y progreso para el departamento.

No se trata de un bono adicional, sino de recursos que ya se habían causado como parte de la mesada ordinaria.

La Ley 797 de 2003 establece un plazo de hasta cuatro meses para que las administradoras de pensiones, incluida Colpensiones, resuelvan y notifiquen una solicitud de pensión de vejez.

Sin embargo, este plazo no significa que el afiliado tenga derecho automáticamente a cuatro meses de retroactivo. El periodo adeudado depende de las circunstancias particulares de cada caso.

Para determinarlo, Colpensiones analiza factores como la edad, las semanas cotizadas, la fecha de retiro del mercado laboral, la fecha de solicitud y la consistencia de la historia laboral.

Si la persona continúa trabajando y cotizando, el inicio del disfrute puede trasladarse hasta su desvinculación laboral.

Cuando se reconoce el derecho a una pensión desde una fecha anterior a la resolución, el retroactivo se liquida y normalmente se incluye en el primer pago pensional.

Por eso, esta primera consignación puede ser significativamente mayor que las mesadas posteriores.

El caso del creador financiero Nicolás Abril, quien denunció que otra persona habría reproducido sus videos utilizando imágenes, tipografías, palabras y guiones similares, abrió la discusión sobre las posibles sanciones por plagio.

Sin embargo, una denuncia pública no significa que exista una infracción judicialmente comprobada. La protección legal depende de identificar exactamente qué elemento fue copiado y de qué manera fue utilizado.

No es igual adoptar una tendencia de TikTok, abordar un tema popular o utilizar un formato común, que reproducir una fotografía, video, logo, marca o creación original.

Los expertos explican que un influencer puede tener diferentes derechos protegidos, entre ellos su marca personal, contenidos amparados por derechos de autor y derechos derivados de contratos relacionados con la explotación de su imagen.

También pueden registrarse como marca elementos distintivos como su nombre, fotografía, rostro, frases características o lemas.

Cuando se configura una usurpación fraudulenta de derechos de propiedad industrial, la legislación contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 1.500 salarios mínimos, equivalentes a cerca de $2.626 millones en 2026.

No obstante, estas sanciones no se aplican automáticamente a cualquier copia y deben cumplirse requisitos legales específicos.

La iniciativa propone reducir la tarifa al 3×1.000 en 2027, 2×1.000 en 2028, 1×1.000 en 2029 y eliminarla completamente en 2030.

Además, plantea eximir del impuesto a quienes no declaren renta o tengan ingresos de hasta 1.090 UVT, así como beneficios de deducibilidad para personas naturales y Mipymes.

La propuesta busca corregir el carácter regresivo del gravamen, argumentando que actualmente afecta de manera similar a personas con diferentes niveles de ingresos.

Sin embargo, expertos consideran que eliminarlo en este momento sería poco viable debido a las necesidades fiscales del país.

El 4×1.000 recaudó $16,28 billones en 2025 y representa una fuente constante de recursos para el Estado. Esto cobra mayor relevancia tras el terremoto del 10 de agosto, cuya reconstrucción demandaría cerca de $30 billones.

Además, el déficit fiscal alcanza alrededor del 7,8% del PIB, equivalente a unos $144 billones.

Expertos advierten que cualquier eliminación debería contar primero con una fuente de reemplazo. Por ello, la emergencia económica y las restricciones fiscales hacen que el desmonte del impuesto sea considerado inoportuno en este momento.

Según Marcel Patiño Sedán, presidente de la entidad, las medidas contemplarían alternativas como alivios financieros, congelación temporal de créditos y posibles condonaciones para las personas ubicadas en las zonas más afectadas.

El directivo explicó que el banco mantiene una estrategia de crecimiento “saludable”, enfocada en la rentabilidad, la sostenibilidad y una adecuada gestión del capital y los riesgos.

También destacó los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026, cuando el beneficio neto de Santander Colombia creció más de 300% frente al mismo periodo de 2025.

Patiño resaltó además el desempeño de las principales líneas de negocio, especialmente la financiación de vehículos, donde Santander se posiciona como uno de los principales actores del mercado, y el microcrédito a través de Prospera.

Esta última operación cuenta con más de 83.000 clientes y presencia en más de 740 municipios, muchos de ellos ubicados en zonas rurales o con dificultades de conectividad y seguridad.

El presidente destacó que esta estrategia busca ampliar la inclusión financiera y combatir el “gota a gota”, especialmente en regiones apartadas del país.

Pérez Tuta es abogada y aporta una experiencia de 28 años en cargos gerenciales y jurídicos dentro de los sectores público y privado. Según el propio FENOGE, su hoja de vida incluye roles de dirección, secretaría general y participación en procesos de asesoría, gestión de riesgos y estructuración contractual. Dicha trayectoria abarca áreas como energía eléctrica, fuentes no convencionales, gas, hidrocarburos, transporte e infraestructura. Además, cuenta con experiencia en contratación tanto pública como privada, licitaciones, compra y venta de activos y gobierno corporativo. Ha integrado juntas directivas, comités y gremios, y ha sido abogada de parte, conciliadora, amigable componedora y árbitro en cámaras de comercio tanto nacionales como internacionales.

De acuerdo con FENOGE, la administración de Pérez Tuta se perfila hacia el fortalecimiento institucional, la transparencia y la protección de los recursos públicos, en línea con los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía. En palabras de la nueva directora, asumirá el cargo con el objetivo de lograr "una gestión íntegra, transparente y rigurosa", transformando los retos energéticos en “acciones y resultados para la gente”. Este enfoque buscará traducirse en el avance del proceso de transición energética, con iniciativas centradas en la diversificación de la matriz y el desarrollo de alternativas distintas a las fuentes convencionales. La nueva etapa de administración, de acuerdo con publicaciones de Pérez Tuta, estará marcada por una “apuesta decidida por la eficiencia energética y las fuentes no convencionales”, todo bajo los principios de transparencia y cumplimiento de los objetivos sectoriales.

¿Cuáles son los principales objetivos de la gestión de Melba Pérez Tuta en el FENOGE?

La gestión de Melba Pérez Tuta al frente del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía se orienta principalmente hacia la eficiencia energética, el desarrollo de fuentes no convencionales, la transparencia y la protección de los recursos públicos. Además, buscará fortalecer el manejo institucional y apoyar la diversificación de la matriz energética, siempre alineada con los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía.

¿Qué se entiende por fuentes no convencionales de energía según el FENOGE?

Según la información proporcionada por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, las fuentes no convencionales de energía hacen referencia a alternativas distintas a las fuentes tradicionales, las cuales son centrales en la agenda de diversificación de la matriz energética y en la transición energética que impulsa el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Uno de los datos más relevantes del análisis indica que, de las 6.398 entidades públicas identificadas en el país, únicamente 2.545 han reportado de manera regular su cartera al BDME desde 2019, lo que corresponde al 39,78 % del total. Por su parte, 3.853 entidades, es decir, el 60,22 %, no han reportado información. La DIARI advirtió que esta situación será remitida a las delegaciones apropiadas, con el fin de comprobar si la falta de reporte responde a carencia real de cartera o, en otros casos, a posibles omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales.

Otra conclusión destacada en el informe es la concentración de la deuda: las 20 entidades con mayores montos suman aproximadamente $135,8 billones, es decir, el 82 % del total informado. Entre los mayores deudores figuran el Consejo Superior de la Judicatura, con $49,76 billones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con $37,49 billones, y la Central de Inversiones S.A., con $12,52 billones.

El informe de la DIARI también detectó que las obligaciones con una antigüedad de cinco años o más suman cerca de $65 billones, lo que pone en riesgo de prescripción y disminuye las opciones de recaudo. Por el contrario, $100,64 billones corresponden a deudas con menos de cinco años, las cuales ofrecen un mayor potencial de recuperación si se gestionan de manera oportuna.

El informe subraya un hallazgo particular: 13.282 deudores morosos recibieron pagos por $124,9 billones a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), aun cuando mantienen deudas por $20,9 billones. Además, 20.238 deudores sostuvieron contratos con el Estado por $16,3 billones en el SECOP, registrando a su vez deudas por $11,8 billones.

Ante este panorama, la Contraloría formuló siete frentes de trabajo, entre los que se encuentran fortalecer la verificación del reporte por parte de las entidades, analizar la concentración y antigüedad de las deudas, revisar el retiro de registros así como compararlos con otras fuentes oficiales e implementar lineamientos claros para el reporte. También resalta la necesidad de articularse con la Contaduría General de la Nación. Según la entidad, el BDME debe utilizarse como herramienta estratégica para el control fiscal, la gestión de ingresos y la recuperación efectiva de recursos, más allá de un simple registro administrativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Boletín de Deudores Morosos del Estado y cuáles son sus principales funciones?

El Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) es un informe que agrupa y reporta a los deudores pendientes con el Estado, sirviendo como base para fortalecer el control fiscal, la gestión de cobro y la protección del patrimonio público. Según la Contraloría General de la República, no debe verse solo como un registro administrativo, sino como una herramienta estratégica destinada al control y la recuperación de recursos estatales.

¿Cuál es la importancia de la antigüedad de la deuda para la recuperación de cartera morosa del Estado?

La antigüedad de la deuda es relevante porque las obligaciones con más de cinco años presentan mayor riesgo de prescripción, lo que significa que el Estado podría perder la posibilidad de recuperar esos recursos si no actúa a tiempo. De acuerdo con el informe de la DIARI, las deudas con menos de cinco años ofrecen un mayor potencial de recaudo si se toman medidas de cobro de manera oportuna, mientras que las más antiguas requieren un seguimiento y atención específicos para evitar su pérdida.

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1226 del 18 de agosto de 2026, esta prórroga aplica exclusivamente para personas naturales y sucesiones ilíquidas obligadas a declarar renta cuyos Números de Identificación Tributaria (NIT) finalizan entre 01 y 26. Es esencial que, al 10 de agosto, estas personas tuvieran registrado su domicilio fiscal en municipios pertenecientes a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas o Cauca. Asimismo, la medida cobija a quienes deban inscribir por primera vez su información en el Registro Único Tributario (RUT) y residan en estas regiones.

Los beneficiarios serán autorizados a presentar y cancelar sus obligaciones tributarias entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre de 2026. Las nuevas fechas se asignarán de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, sin considerar el dígito de verificación. Según palabras de Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la DIAN, “la modificación de estos plazos cobija al 14 % de los declarantes de renta en todo el país, es decir, cerca de 308.000 personas”. El directivo añadió que la entidad estima recaudar durante dicho periodo alrededor de 213.000 millones de pesos, recursos cuyo pago fue reprogramado para permitir que los afectados puedan enfocarse en atender las consecuencias del sismo.

La DIAN recomendó a los contribuyentes que verifiquen su elegibilidad revisando la casilla 12 del RUT, en donde se indica la dirección seccional correspondiente al domicilio fiscal. Las casillas 39, 40 y 41 del mismo documento muestran el departamento, municipio y dirección principal registrados ante la entidad. En caso de no cumplir con estas condiciones, los contribuyentes deberán cumplir sus compromisos tributarios en las fechas originalmente establecidas en el calendario nacional.

Finalmente, el director invitó a los ciudadanos a colaborar voluntariamente a través de su declaración de renta para apoyar el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas, diligenciando la casilla 141 del formulario 210 para residentes o la casilla 117 del formulario 110 para no residentes. Velásquez Reyes agradeció a quienes han continuado cumpliendo sus obligaciones y reiteró el llamado a mantener la solidaridad en este momento crítico.

¿Quiénes pueden acceder al nuevo plazo para declarar renta tras el terremoto según la DIAN?

De acuerdo con la DIAN, el nuevo plazo está dirigido únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas con NIT que termine entre 01 y 26 y domicilio fiscal registrado, al 10 de agosto, en municipios de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas o Cauca; así como para quienes deban inscribirse por primera vez en el Registro Único Tributario y residan en esas zonas.

¿Cómo saber si una persona es beneficiaria del plazo extendido para la declaración de renta?

Para determinar si una persona cumple los requisitos, debe consultar la casilla 12 del RUT, donde se encuentra la dirección seccional del domicilio fiscal. Además, las casillas 39, 40 y 41 especifican el departamento, el municipio y la dirección principal registrados en la DIAN, elementos clave para verificar la elegibilidad a este beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según los datos, la sesión inició con una apertura de $3.055,00, alcanzando un máximo de $3.063,00 y un mínimo de $3.041,37, reflejando la volatilidad en la cotización del dólar durante el día. Además, en el contexto internacional, el índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas fuertes, se ubicó en 98,733 puntos, marcando una disminución del -0,08 %. Esta tendencia reafirma la debilidad de la moneda estadounidense, evidenciada también en su retroceso respecto a las principales monedas latinoamericanas.

En la región, el dólar cayó frente al peso mexicano, cotizándose a 16,9131 y registrando una variación de -0,25 %. Igualmente, se ubicó en 5,1671 frente al real brasileño (-0,58 %), en 918,0900 frente al peso chileno (-0,40 %) y en 3,3472 frente al sol peruano (-0,14 %). Estos movimientos indican un fortalecimiento generalizado de las monedas latinoamericanas respecto al dólar en la jornada.

En Europa, la economía alemana reportó datos favorables: el PMI (Purchasing Managers' Index o índice de gerentes de compra) manufacturero se situó en 54,1 puntos, superando el pronóstico de 52,1 y señalando una actividad industrial más robusta de lo previsto.

Por su parte, el mercado de Estados Unidos se mantenía atento a la publicación de los PMI de manufactura y servicios correspondientes a agosto, con estimaciones de 54 y 53,9 puntos, respectivamente, cifras que indicarían un desempeño sólido de ambos sectores.

A nivel nacional, el presidente Abelardo De La Espiella anunció decisiones clave con la designación de la nueva cúpula militar. Además, formalizó la emergencia socioeconómica, social y ecológica por 30 días, medida que permitirá implementar acciones en materia presupuestal, tributaria, crediticia y financiera para afrontar la crisis, como lo destacó en su intervención.

¿Por qué el dólar en Colombia se acerca a mínimos no vistos desde 2018?

El dólar en Colombia ha experimentado una caída significativa, tocando precios cercanos a los $3.000, nivel que no se veía desde octubre de 2018 según la TRM. Esta disminución se relaciona con la debilidad global de la divisa frente a monedas latinoamericanas y con factores políticos y económicos internos anunciados por el Gobierno.

¿Qué significa la declaración de emergencia socioeconómica, social y ecológica en Colombia?

La declaración de emergencia socioeconómica, social y ecológica formalizada por el presidente Abelardo De La Espiella por 30 días permite al Gobierno implementar medidas presupuestales, tributarias, crediticias y financieras orientadas a atender la crisis actual, ofreciendo un marco legal para actuar rápidamente en diversos frentes de la economía nacional.

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De acuerdo con los voceros sindicales, la USO insistió en la importancia de que Ecopetrol conserve su participación en el yacimiento Permian, en Estados Unidos. Loza, como presidente de la organización, afirmó textualmente: “Ratificamos la solicitud de no venta del Permian por el impacto negativo que tiene contra las finanzas de Ecopetrol”. Para la USO, la propiedad de estos activos resulta estratégica y el gremio manifestó que su eventual venta tendría consecuencias para la empresa y sus aportes a la economía nacional.

Otro punto central de la conversación giró en torno a la urgencia de incrementar las reservas de petróleo y gas del país. Según las declaraciones recopiladas durante la reunión, la USO solicitó al Ejecutivo que avance de forma decidida en nuevas rondas de exploración y que asigne bloques adicionales para la búsqueda de hidrocarburos. El argumento principal de la organización sindical se basa en la amenaza que representa la reducción de reservas para la seguridad energética y fiscal del país, ya que los ingresos estatales dependen en buena medida de la actividad petrolera y gasífera.

La importancia de la provincia gasífera del Caribe también fue subrayada por la USO, junto a su petición de que cualquier expansión en la exploración de hidrocarburos tome en cuenta tanto el desarrollo local como las consideraciones ambientales. En el mismo sentido, el gremio informó sobre su nueva postura frente a los yacimientos no convencionales, aprobando en su plenario la necesidad de ejecutar proyectos piloto que permitan analizar su viabilidad y conveniencia en beneficio del país.

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los empleados afiliados a la USO y recalcó el papel fundamental de las organizaciones sindicales. El respaldo de la presidencia a la continuidad de César Loza significa una garantía para que los trabajadores sigan teniendo voz en las decisiones trascendentales de Ecopetrol. Según la USO, fortalecer la compañía pública exige una visión de largo plazo y la integración de todas estas estrategias.

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¿Por qué la USO considera fundamental mantener los activos de Ecopetrol en el Permian?

Según la Unión Sindical Obrera (USO), la permanencia de Ecopetrol en el Permian es esencial porque representa un activo significativo para la solidez financiera de la petrolera. Durante la reunión mencionada, la organización dejó claro que una eventual venta del Permian podría impactar negativamente las finanzas de Ecopetrol y, por tanto, afectar los recursos que el Estado recibe por la actividad petrolera.

¿Qué implica la realización de pilotos en yacimientos no convencionales, según la USO?

La USO explicó que el apoyo a la ejecución de pilotos en yacimientos no convencionales responde a la necesidad de evaluar nuevas fuentes de reservas y garantizar la seguridad energética del país. Estos pilotos permitirán analizar, en condiciones controladas y responsables, si este tipo de proyectos es viable para ser incluidos en la estrategia de producción hidrocarburífera a largo plazo.

En palabras de Adrián Neuhauser, director ejecutivo de Abra Group, “Continuamos ejecutando nuestra visión de fortalecer la conectividad en América Latina y crear nuevas oportunidades para millones de personas”. Neuhauser también afirmó que la compañía mantuvo su enfoque en optimizar la operación y avanzar con sus prioridades estratégicas, lo cual se reflejó en sus indicadores financieros y de gestión.

En términos de ingresos, Abra reportó un total de 2.600 millones de dólares en ingresos operacionales, un incremento del 17,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Del total, 2.100 millones provinieron del transporte de pasajeros, mientras que las actividades relacionadas con carga y otros negocios sumaron 448 millones, con una mejora del 14,8 %. Los volúmenes de carga transportada tuvieron un crecimiento cercano al 16 %, confirmó la compañía.

Frente al aumento en los costos del combustible, Abra implementó distintas estrategias para aminorar su impacto. Estas incluyeron compensar el 49 % del incremento en costos en este rubro, consiguiendo así ahorros equivalentes a 70 millones de dólares y generando 75 millones adicionales gracias a sinergias obtenidas durante el trimestre. Al cierre del periodo, el grupo sostuvo una posición de liquidez que llegó a los 2.060 millones de dólares, el 19,6 % de los ingresos generados en los últimos doce meses, incluidos 1.400 millones en efectivo e inversiones a corto plazo.

Entre los hitos más relevantes del trimestre se subrayan los memorandos de entendimiento suscritos con Air Canada y Etihad Airways, iniciativas orientadas a ampliar la conectividad entre América, Medio Oriente y Asia. Adicionalmente, se alcanzaron acuerdos con Embraer y CFM International que buscan respaldar la estrategia de renovación y gestión de flota. También avanzaron en la experiencia del cliente, lanzando Magno, un nuevo nivel élite dentro de su programa de recompensas LifeMiles, y expandiendo INSIGNIA en rutas internacionales. Por último, se obtuvo la aprobación de organismos reguladores en Brasil, Chile y Perú respecto a la transacción con Sky Airline.

En la actualidad, Abra cuenta con cerca de 48 millones de participantes en sus programas de fidelización, administra una flota de más de 300 aeronaves y mantiene operaciones activas en América Latina, América del Norte, Europa y otras regiones, consolidándose como un referente en aviación en el continente.

¿Cómo logró Abra Group incrementar sus ingresos y pasajeros en el segundo trimestre de 2026?

De acuerdo con la información presentada, Abra Group creció en ingresos y pasajeros gracias a una combinación de expansión de rutas internacionales, la operación disciplinada y la optimización de sus operaciones. El aumento en el número de rutas y destinos permitió captar más usuarios, mientras que los esfuerzos por mejorar la eficiencia y compensar costos resultaron en mayores ingresos operacionales y un mejor desempeño financiero general.

¿Qué impacto tuvieron los acuerdos y alianzas suscritos por Abra Group durante el trimestre?

Los memorandos de entendimiento con aerolíneas internacionales como Air Canada y Etihad Airways, así como alianzas con proveedores de la industria, permitieron fortalecer la conectividad global del grupo y respaldar su estrategia de flota y experiencia del cliente. Estos acuerdos forman parte de la estrategia de consolidación y expansión que sostiene a Abra como un importante jugador en la aviación de la región.

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De acuerdo con la resolución publicada el 3 de agosto, el esquema contempla incentivos económicos para quienes reduzcan su consumo respecto al promedio registrado en los últimos doce meses y cobros adicionales para quienes lo excedan de forma significativa. Así, la meta de consumo será individual; cada usuario –sea hogar, tienda o empresa– tendrá como referencia su propio historial, lo que implica que las metas no serán iguales para todos, sino que se definirán a partir del comportamiento previo de cada uno, según lo dispuesto por la CREG.

El programa contempla tres escenarios. En primer lugar, aquellos usuarios que logren consumir menos energía recibirán un incentivo. Quienes se mantengan cerca de su promedio mensual histórico no verán mayores cambios en su factura. Por último, las personas o empresas que superen su meta en más del 10% enfrentarán un recargo, que se calcula solamente sobre el excedente. Por ejemplo, si una familia tiene como referencia 200 kilovatios hora al mes, tendrá permitido llegar hasta 220 sin recargos; si consume 230, pagará el cobro adicional solo por esos 10 kilovatios extra.

Los factores de cobro definidos por la CREG varían según la categoría del usuario: para los hogares de estratos 1, 2 y 3 el recargo será de 1,30; para los estratos 4, 5 y 6 es de 1,50, y para comercios e industrias regulados, 1,70. Estos ajustes comenzarán a regir desde el primero de septiembre de 2026, aunque la aplicación efectiva en las facturas dependerá de los ciclos de cada empresa comercializadora. Se aclara que antes de la resolución se suspendió temporalmente la medida que inicialmente iba a entrar en vigor el 15 de agosto del mismo año.

En Cesar, la importancia de esta medida se magnifica debido al uso intensivo de equipos eléctricos para enfrentar el calor, como aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración tanto en el hogar como en actividades empresariales y agrícolas. Según reportes de Afinia, la región Caribe ha experimentado un aumento del 13% en la demanda de energía y situaciones operativas complejas en varios municipios del departamento. Por ello, aprender a identificar el consumo propio y adoptar estrategias de ahorro antes de que la medida impacte las facturas será fundamental para evitar sobrecostos, sin sacrificar las condiciones mínimas de bienestar.

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¿Cuándo empezarán a aplicar los nuevos cobros e incentivos al consumo de energía en Cesar?

La CREG definió el primero de septiembre de 2026 como fecha de inicio del programa para todo el país. Sin embargo, las facturas reflejarán estos ajustes en diferentes momentos, dependiendo del ciclo de lectura y facturación de cada empresa comercializadora en el Cesar.

¿Cómo calculará la CREG la meta de consumo eléctrico para cada usuario?

La meta individual será determinada según el consumo promedio registrado por el usuario durante los últimos doce meses, lo que significa que el límite de referencia será personalizado y no general para todos los hogares o empresas bajo la nueva resolución.

El proceso comenzó después del encuentro en Washington entre el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Uno de los principales intereses de Colombia es desmontar el arancel del 12,5 % impuesto por Estados Unidos a varias mercancías nacionales.

Vea también: Empresarios y Gobierno acuerdan créditos de vivienda con tasa especial y fondos privados para reconstrucción tras terremoto en Colombia

Acuerdo de Comercio Recíproco entre Colombia y EE. UU.: qué cambiaría

El gravamen fue establecido durante la administración de Donald Trump y estuvo relacionado con cuestionamientos sobre los controles colombianos frente al ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso. Para el Gobierno, conseguir una reducción de esta tarifa tendría especial importancia durante la recuperación económica que afronta el país tras el terremoto del 10 de agosto.

Pero, ¿qué es exactamente el acuerdo? El ART no reemplazaría el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012. El TLC continuaría como la base de la relación bilateral, mientras el nuevo mecanismo serviría como una herramienta complementaria para resolver asuntos puntuales, reducir barreras comerciales y facilitar el acceso a mercados.

Vea también: De la Espriella reaccionó a decisión (de plata) de Bancolombia que beneficiará a muchos colombianos

Colombia busca mejores condiciones arancelarias para sus exportaciones, mientras Estados Unidos espera avances en temas como controles contra productos asociados al trabajo forzoso, además de otras barreras técnicas, sanitarias y administrativas.

El impacto podría sentirse en sectores que todavía están afectados por el arancel como la floricultura y algunas industrias manufactureras, mientras productos como café, banano, aguacate, azúcar, cacao, petróleo, gas, carbón y algunos minerales están entre los bienes exceptuados de la tarifa.

Además, sobre la mesa aparecen los llamados “irritantes comerciales”: trámites, requisitos técnicos, normas sanitarias y obstáculos relacionados con contratación pública y soberanía digital.

Así, el nuevo mecanismo abre una negociación en la que ambos países deberán poner compromisos sobre la mesa. Estados Unidos ya reporta avances en varios asuntos y que los equipos técnicos buscan alcanzar resultados concretos en el corto plazo.

El Sisbén IV dejó atrás el viejo sistema de puntajes de 0 a 100 y ahora clasifica a la población en cuatro grupos: A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerabilidad) y D (no pobre y no vulnerable). El grupo C se subdivide en 18 subgrupos, siendo C18 el nivel más alto de vulnerabilidad dentro de ese rango. Sin embargo, esta clasificación, destaca la oficina del Sisbén de Valledupar, no significa que el hogar sea considerado 'rico' ni que su estatus ante un programa social esté definido solamente por este código. Cada entidad administra sus propios programas y define, con base en reglas y presupuesto, quiénes pueden ser beneficiarios.

El RUI no otorga subsidios por sí solo, sino que integra información proveniente de diferentes fuentes, como el Sisbén, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Según Natalia Irene Molina, directora del DNP, el Sisbén sigue siendo una herramienta fundamental, ya que la encuesta que aplican las oficinas municipales continúa vigente para actualizar la información de los hogares.

La clasificación en el RUI puede cambiar con el tiempo, a medida que se consolida nueva información. Carlos Alberto Mendoza, encargado de soporte en la oficina del Sisbén de Valledupar, explicó que los cruces automáticos reflejan movimientos en la situación laboral o familiar, mientras que la encuesta Sisbén es clave para registrar datos que no se pueden verificar solo por registros administrativos.

En programas como 'Mi Casa Ya', la clasificación C18 permite revisar requisitos, pero son las condiciones puntuales de los programas las que determinan el acceso. La recomendación de las autoridades locales es no tomar la clasificación de manera definitiva durante el periodo de transición que finaliza el 31 de octubre de 2026, sino validar la composición del hogar y utilizar los canales oficiales para solicitar ajustes si la información reflejada no corresponde a la realidad.

¿Qué significa estar clasificado como C18 en el RUI según el Sisbén?

Estar en C18, dentro del Registro Universal de Ingresos, indica que el hogar está en el nivel más alto de vulnerabilidad sin estar catalogado como pobre. No representa una clasificación de riqueza ni garantiza la pérdida o acceso automático a subsidios, según la metodología del Sisbén IV y los lineamientos del DNP.

¿Puede cambiar la clasificación C18 en el RUI y cómo se actualiza la información?

La clasificación en el RUI puede ajustarse conforme se integran más datos de fuentes oficiales y se realizan nuevas encuestas Sisbén. Los ciudadanos pueden revisar y corregir su información a través de la Ventanilla Social del DNP o la oficina municipal del Sisbén, asegurando que la realidad del hogar quede correctamente registrada.

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De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Agricultura y resaltada en las redes oficiales, el ministro Dangond aclaró posteriormente que no se trata de una entrega directa de dinero, sino de un cupo de crédito destinado exclusivamente a pequeños y medianos productores de caña de cinco departamentos. Dangond admitió ante la opinión pública que su utilización del término “regalo” fue un error de palabras. Según afirmó: “Se me fue una palabra. En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’ y enseguida han armado un escándalo en el país”, dejando claro que el anuncio no contempla transferencias gratuitas de fondos sino la facilitación de acceso al financiamiento.

El jefe de la cartera recalcó que el objetivo del cupo de $400 mil millones es facilitar herramientas para impulsar el desarrollo agropecuario y fortalecer la generación de empleo en la región del Pacífico. “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, afirmó Dangond. Con esto, insistió en el carácter de incentivo que tiene el programa, cuya intención central es fortalecer la actividad productiva reconociendo el valor que pequeños y medianos productores tienen para el campo y la economía local, según las declaraciones y comunicados publicados por el despacho.

Adicionalmente, el ministro Dangond hizo referencia a un terremoto que impactó diversas regiones del país, expresando su solidaridad frente a las pérdidas humanas y materiales sufridas por las comunidades. El Ministerio de Agricultura, por instrucción del presidente de la República, trabaja en estructurar un paquete de ayudas para campesinos y productores afectados, con el fin de atender las necesidades urgentes y contribuir a la recuperación de hogares y medios de vida, de acuerdo con el comunicado oficial publicado el 11 de agosto de 2026.

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¿Qué significa el cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura para cañicultores?

El cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura consiste en una línea de financiamiento exclusiva para pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos, con el propósito de impulsar la producción y la generación de empleo. De acuerdo con el ministro Indalecio Dangond, estos recursos no se entregan como una donación o transferencia directa, sino como un mecanismo para facilitar el acceso a créditos dirigidos a fomentar la actividad productiva en el campo.

¿Cuáles son las ayudas anunciadas para los campesinos afectados por el terremoto?

Según lo informado por el Ministerio de Agricultura, se está estructurando un paquete de ayudas para familias campesinas y productores del campo que resultaron damnificados por el reciente terremoto en varias regiones del país. Estas ayudas buscan atender las necesidades más urgentes como la recuperación de hogares y medios de vida, y forman parte de una estrategia gubernamental para apoyar a quienes sufrieron pérdidas materiales o humanas durante la emergencia.

La situación cobró relevancia pública debido a que dichos recursos hacen parte de una iniciativa del Ministerio de Agricultura para fortalecer el desarrollo agropecuario y aumentar las oportunidades de empleo en la región del Pacífico. El ministerio, a través de canales oficiales, precisó que se trata de un programa de financiamiento que busca incentivar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores de caña. Indalecio Dangond aclaró en medios y pronunciamientos institucionales que los fondos corresponden a un cupo de crédito y no constituyen una entrega directa de dinero. “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, puntualizó Dangond, quien admitió también que empleó un término incorrecto al referirse como ‘regalo’ al mecanismo en cuestión. Este señalamiento fue reiterado para disipar dudas sobre la naturaleza del apoyo y frenar especulaciones alimentadas en redes sociales.

Por otro lado, Dangond aprovechó su intervención pública para expresar solidaridad frente a la tragedia vivida por las regiones golpeadas por un reciente terremoto. De acuerdo con el comunicado oficial del ministerio, se lamentaron tanto las pérdidas humanas como materiales y se reconoció el impacto particular sobre las familias campesinas. En atención a la instrucción presidencial, el Ministerio de Agricultura informó que está estructurando un paquete de ayudas específicas para quienes trabajan la tierra y han sido damnificados, con el fin de mitigar las consecuencias inmediatas de la emergencia y facilitar el proceso de recuperación de los hogares afectados.

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¿En qué consiste el cupo de crédito de $400 mil millones anunciado para cañicultores?

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, explicó que los $400 mil millones anunciados corresponden a un mecanismo de financiamiento orientado a facilitar el acceso a crédito para pequeños y medianos productores de caña en varios departamentos. Este apoyo no implica transferencias directas, sino la disponibilidad de recursos para desarrollar actividades agrícolas y fomentar la producción a través de préstamos, según declaraciones oficiales y comunicados del ministerio.

¿Qué tipo de ayudas anunció el Ministerio de Agricultura para familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio de Agricultura está preparando un paquete de ayudas dirigido a campesinos y productores del campo perjudicados por el reciente sismo. Estas medidas buscan cubrir necesidades inmediatas derivadas del desastre y apoyar la recuperación de bienes y medios de subsistencia de las comunidades rurales impactadas, como informó el jefe de la cartera, Indalecio Dangond.

La frase exacta que expuso Dangond fue “¿Qué más regalo le di?”, lo que despertó múltiples interpretaciones sobre el destino de los $400 mil millones anunciados previamente por el Ministerio de Agricultura para incentivar el desarrollo agropecuario y la creación de empleo en el Pacífico colombiano. El hecho tomó fuerza gracias a la difusión en plataformas oficiales como X, antes Twitter, donde se replicaron videos del encuentro, lo que amplificó la confusión sobre si el apoyo económico era una transferencia directa o parte de un programa especial.

Frente a la polémica, Dangond aclaró públicamente, de acuerdo con los videos compartidos por el Ministerio, que los $400 mil millones no constituyen una entrega gratuita, sino que corresponden a un cupo de crédito. Estos fondos están dirigidos específicamente a pequeños y medianos productores de caña esparcidos en cinco departamentos del país. Según el ministro, su intención era hablar de una estrategia de financiamiento, pero “se me fue una palabra”, admitió, reconociendo el error y la confusión generada. También enfatizó que la función del Ministerio es ampliar el acceso a créditos y fortalecer la actividad agrícola, no “regalar plata”, desmintiendo así cualquier entrega directa o subsidio a los beneficiarios.

Por otra parte, Dangond también aprovechó para posicionar el compromiso de la entidad con familias campesinas afectadas por el terremoto reciente en varias regiones. A través de un comunicado oficial, el ministro manifestó su solidaridad con las víctimas, lamentando las pérdidas humanas y materiales. Además, informó que, por instrucción presidencial, el Ministerio trabaja en un paquete de ayudas para los campesinos damnificados, enfocándose en responder a las necesidades más urgentes durante la fase de recuperación de hogares y medios de sustento en las zonas afectadas, según la comunicación oficial del Ministerio difundida en redes sociales.

¿Qué es el cupo de crédito que anunció el Ministerio de Agricultura para los productores de caña?

El cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura consiste en $400 mil millones destinados a financiar a pequeños y medianos productores de caña en varios departamentos. Según explicó el ministro Indalecio Dangond, no se trata de una transferencia directa o “regalo”, sino de un mecanismo para facilitar el acceso a préstamos con el objetivo de fortalecer la actividad productiva en el sector agrícola.

¿Qué tipo de ayudas prepara el Ministerio de Agricultura para familias afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Agricultura, bajo la dirección de Indalecio Dangond y siguiendo instrucciones presidenciales, está estructurando un paquete de ayudas destinado a campesinos que sufrieron daños por el terremoto. Esta estrategia implica acciones para atender necesidades urgentes y contribuir a la recuperación tanto de los hogares como de los medios de vida en las zonas rurales más afectadas, de acuerdo con el comunicado oficial de la cartera.

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La polémica surgió cuando se interpretó la palabra “regalo” como una entrega directa de dinero. Sin embargo, el ministro aclaró que los fondos corresponden realmente a un cupo de crédito, es decir, una línea de financiamiento disponible para pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos. Dangond reconoció su error verbal durante la reunión y precisó: “En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’, y enseguida han armado un escándalo en el país”.

De acuerdo con Dangond, la función del Ministerio de Agricultura no es otorgar dinero de forma gratuita sino brindar incentivos mediante créditos, con el objetivo de mejorar el acceso a recursos y fortalecer la producción agrícola. Según declaraciones de la propia cartera, el anuncio no contempla entregas directas de los $400 mil millones a los productores, sino la facilitación de préstamos para incentivar la productividad.

En paralelo al debate, Dangond también comunicó la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de lanzar ayudas para las familias campesinas afectadas por el reciente terremoto en distintas regiones. A través de un comunicado, expresó su pesar por las pérdidas y confirmó que el Ministerio trabaja en la estructuración de un paquete de ayudas, siguiendo instrucciones presidenciales. Este programa busca atender necesidades inmediatas y apoyar la recuperación de hogares y medios de vida en las zonas impactadas, según comunicados oficiales del Ministerio de Agricultura.

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¿Qué significan los $400 mil millones anunciados para el sector de la caña en Colombia?

Los $400 mil millones anunciados por el Ministerio de Agricultura, según explicó el ministro Indalecio Dangond, constituyen un cupo de crédito, es decir, una línea de financiamiento disponible para pequeños y medianos productores de caña de azúcar. No se trata de una entrega de dinero sin contraprestación, sino de facilitar préstamos que permitan impulsar el desarrollo agropecuario y generar empleo en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y otros donde opera el gremio Procaña.

¿Qué tipo de ayudas anunció el Ministerio de Agricultura para familias afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Agricultura informó, mediante un comunicado, que está estructurando un paquete de ayudas destinadas a familias campesinas y productores del campo afectados por el reciente sismo en diversas regiones. De acuerdo con el ministro Dangond, estas ayudas buscan atender necesidades urgentes y contribuir a la recuperación de hogares y formas de subsistencia, bajo directrices del presidente de la República.

El ministerio había anunciado un cupo de $400 mil millones para promover el desarrollo agropecuario y el empleo en la región del Pacífico. Sin embargo, la referencia del ministro a un supuesto “regalo” fue interpretada erróneamente en un inicio como si se tratara de una entrega directa de dinero. Ante la reacción pública, Dangond aclaró que no se trata de un obsequio ni de una donación, sino de una línea de crédito dirigida a pequeños y medianos productores en los cinco departamentos mencionados. De acuerdo con sus palabras, el objetivo es que estos recursos permitan el acceso a financiamiento y el fortalecimiento productivo a través de mecanismos de crédito. El funcionario puntualizó: “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, insistiendo en que usan el crédito como herramienta para estimular la productividad y el acceso de los agricultores a capital de trabajo.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la cartera de Agricultura y publicado en sus redes sociales, el ministro reconoció que su comentario fue un error de lenguaje, lo que generó el malentendido y posteriores críticas.

Adicionalmente, Dangond manifestó su solidaridad con las familias campesinas afectadas por un reciente terremoto. El Ministerio anunció que, siguiendo instrucciones del presidente de la República, está en proceso de estructurar un paquete de ayudas para campesinos y productores del campo que sufrieron daños a causa de la emergencia. La estrategia busca dar atención a las necesidades inmediatas de los damnificados y facilitar la recuperación de hogares y medios de vida en las zonas impactadas.

Todos estos anuncios, según lo informado por el Ministerio de Agricultura y sus canales oficiales, se enmarcan en la intención de fortalecer el sector rural colombiano, tanto en la reactivación económica como en escenarios de emergencia.

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¿Por qué causó controversia la frase del ministro de Agricultura sobre un 'regalo' a cañicultores?

La frase del ministro Indalecio Dangond generó controversia porque fue interpretada como una admisión de entrega directa de recursos a los cañicultores, mientras que, según lo aclarado posteriormente, se trataba de un cupo de crédito y no de un “regalo” o subsidio. La confusión se originó por el uso inadecuado de esa palabra durante una reunión pública, como él mismo reconoció.

¿Qué son los cupos de crédito anunciados por el Ministerio de Agricultura para los productores de caña?

Los cupos de crédito, de acuerdo con las declaraciones oficiales del Ministerio de Agricultura, corresponden a recursos disponibles para que pequeños y medianos productores de caña accedan a financiamiento mediante préstamos. No son subsidios ni entregas gratuitas, sino mecanismos diseñados para facilitar financiamiento y fortalecer la actividad productiva en el sector agrícola.

La confusión se originó porque muchos interpretaron la palabra “regalo” como una distribución gratuita de dinero, aunque el ministro negó inmediatamente esa intención. Según la aclaración de Dangond, lo anunciado se trata de un cupo de crédito, no de una transferencia directa, destinado exclusivamente para pequeños y medianos productores de caña ubicados en cinco departamentos. El funcionario reconoció que se trató de un error de comunicación: “Se me fue una palabra. En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’ y enseguida han armado un escándalo en el país”. El ministro reiteró que el Ministerio no entrega dinero a fondo perdido, sino que promueve el acceso a financiamiento para robustecer la producción agrícola.

La inversión, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, busca fomentar el crédito, facilitar que los agricultores accedan a recursos y reforzar así la economía rural. Dangond fue enfático al señalar: “El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito”, descartando así cualquier interpretación de una donación directa de los $400 mil millones anunciados.

Por otra parte, el ministro Dangond también se refirió a la emergencia ocasionada por el reciente terremoto que afectó diferentes regiones del país. Mediante un comunicado, el funcionario expresó su solidaridad con las familias campesinas damnificadas y lamentó tanto las pérdidas humanas como materiales. Explicó que, siguiendo instrucciones del presidente de la República, el Ministerio trabaja en el diseño de un paquete de ayudas específicas para los campesinos y productores rurales impactados por la tragedia. El objetivo es satisfacer necesidades inmediatas y fomentar la recuperación de los hogares y las actividades productivas en las zonas más afectadas.

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¿Qué significa el cupo de crédito anunciado por el Ministerio de Agricultura?

El cupo de crédito hace referencia a la posibilidad que el Ministerio de Agricultura brinda a pequeños y medianos productores de caña para acceder a préstamos destinados al fortalecimiento productivo y la generación de empleo, no una entrega directa de dinero. Según Indalecio Dangond, el mecanismo está diseñado para incentivar la financiación del sector y no constituye una donación.

¿Qué tipo de ayuda anunció el Ministerio de Agricultura para las familias campesinas afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Agricultura informó que está desarrollando un paquete de ayudas orientadas a los campesinos y productores rurales damnificados por el terremoto. De acuerdo con Indalecio Dangond, estas acciones buscan paliar las necesidades urgentes y contribuir a la reconstrucción de los medios de vida en las áreas más afectadas por la emergencia.

Ante la controversia, Dangond salió a aclarar la situación. Según él, los $400 mil millones no constituyen una entrega gratuita de dinero, sino un cupo de crédito pensado para pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos. "Se me fue una palabra. En vez de decir fomentar el crédito, dije ‘regalo’ y enseguida han armado un escándalo en el país", expresó Dangond, reconociendo públicamente el error en su comunicación durante la reunión. El jefe de la cartera agropecuaria insistió en que el Ministerio de Agricultura no está entregando dinero directamente, sino que está facilitando el acceso a herramientas financieras para fortalecer la producción y el empleo en la región del Pacífico. Afirmó: "El Ministerio no regala plata, fomenta e incentiva a través del crédito", enfatizando que el monto mencionado corresponde a mecanismos de financiamiento y no a subsidios gratuitos.

En medio de las aclaraciones, Indalecio Dangond también manifestó su solidaridad con las familias campesinas impactadas por el reciente terremoto que golpeó varias zonas del país. A través de un comunicado, lamentó las pérdidas humanas y materiales, y envió un mensaje de apoyo a quienes han perdido sus hogares, su sustento o algún ser querido. De acuerdo con las instrucciones presidenciales, el Ministerio de Agricultura está diseñando un paquete de ayudas para campesinos y productores afectados por la emergencia, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades rurales impactadas, según la comunicación oficial difundida.

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¿Cómo acceden los productores a los $400 mil millones anunciados para el sector cañero?

Según las declaraciones del ministro Indalecio Dangond, los recursos mencionados no corresponden a una entrega gratuita, sino a un cupo de crédito especialmente dirigido a pequeños y medianos productores de caña en cinco departamentos. El mecanismo implica facilitar el acceso al financiamiento a través de créditos, cuyo propósito es fortalecer la producción y promover el empleo en el sector, como destacaron los comunicados oficiales del Ministerio de Agricultura.

¿En qué consiste el paquete de ayudas del Ministerio de Agricultura para familias campesinas afectadas por el terremoto?

El ministro Indalecio Dangond informó que, bajo instrucciones del presidente de la República, el Ministerio está estructurando un conjunto de ayudas dirigidas a campesinos y productores afectados por el sismo. Esta estrategia busca atender las necesidades inmediatas y contribuir a la recuperación de viviendas y medios de sustento en las regiones impactadas, según lo señalado en el comunicado oficial publicado por el Ministerio de Agricultura.

Durante la jornada especial celebrada el 22 de agosto en la sede alterna de la Presidencia, participaron representantes como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Uno de los puntos más relevantes fue la solicitud directa de De La Espriella a los líderes del sector financiero, incluyendo a Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Jaime y Gabriel Gilinski (Banco GNB Sudameris) y Miguel Cortés (Grupo Bolívar, dueño de Davivienda), para que reduzcan las tasas de los créditos hipotecarios al 8 % efectivo anual para los damnificados. Tal como indicó la Presidencia, los empresarios aceptaron esta propuesta, lo que garantiza que la tasa especial se mantendrá a lo largo de toda la vida del crédito. Sin embargo, aún quedan por definir aspectos prácticos como requisitos de acceso, montos y fechas de inicio de los préstamos.

Paralelamente, los grupos empresariales ya han comprometido cuantiosos recursos. Entre los aportes anunciados figuran 200.000 millones de pesos por Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento; 150.000 millones por Jaime Gilinski para reconstrucción en Cali; y 110.000 millones del Grupo Bolívar y Davivienda. Además, ProPacífico y Proantioquia han anunciado apoyos conjuntos por 220.000 y 200.000 millones, respectivamente. En tanto, ARA, BBVA y Glencore sumaron donaciones por más de 54.908 millones. A estos esfuerzos privados se suma un programa de alivios financieros por 1,1 billones de pesos declarado por Asobancaria, aunque este se traduce en medidas financieras y no en donaciones en efectivo.

El desafío es enorme: el Gobierno estima que la reconstrucción superará los 30 billones de pesos, principalmente en función de unos 24,5 billones en daños a edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. El terremoto, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, impactó duramente a Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Chocó y otras zonas. Por esta razón, se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días para agilizar la respuesta institucional.

Todo este esfuerzo hace parte del "Plan Milagro de Reconstrucción", y el compromiso se extiende especialmente al Chocó, donde los empresarios y el presidente han pactado una visita conjunta para el 7 de septiembre con el objetivo de diseñar una respuesta integral y sostenible. Si bien abundan los anuncios, el reto ahora consiste en transformar estos compromisos en soluciones reales para las familias que sufren las consecuencias del desastre.

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¿Cuándo y cómo accederán los damnificados del terremoto a los créditos de vivienda con tasa especial?

A pesar del acuerdo para reducir al 8 % la tasa de interés en los créditos de vivienda destinados a damnificados, según Presidencia, aún deben definirse los detalles sobre los requisitos, montos máximos y la fecha en la que podrán solicitar estos préstamos. Las entidades financieras participantes establecerán próximamente las condiciones específicas para acceder a este beneficio.

¿A cuánto ascienden los aportes privados para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con los anuncios oficiales y reportes de El Diario, los aportes empresariales suman cifras superiores a un billón de pesos, incluyendo donaciones de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez, Jaime Gilinski, Grupo Bolívar, ProPacífico, Proantioquia, ARA, BBVA y Glencore. Estos aportes son diferentes de los 1,1 billones destinados por Asobancaria en programas de alivio financiero.

Durante su intervención en el 13° Foro de Energía de Andeg, López detalló que las cuentas públicas del país enfrentan un panorama sumamente complejo. Mientras ANIF proyectaba inicialmente un déficit fiscal del 6,5 % del PIB para la vigencia actual, las estimaciones del nuevo ministro de Hacienda sitúan el hueco fiscal entre el 7 % y el 8 %. Este grave desbalance reduce al mínimo el margen de maniobra del Estado, obligando a priorizar la eficiencia antes de pensar en una mayor tributación corporativa o en alivios masivos a las empresas. “La olla no está raspada, tiene un hueco”, sentenció el líder del centro de estudios al criticar las obligaciones acumuladas dejadas por la administración anterior.

Antes de siquiera poner sobre la mesa la opción de tocar el bolsillo de los ciudadanos con un tributo adicional, ANIF sostiene que la ruta principal debe ser un recorte drástico y selectivo del gasto público. La entidad calcula que el ajuste necesario podría alcanzar los tres puntos del PIB, focalizándose primordialmente en el presupuesto de funcionamiento y en una revisión rigurosa de los recursos clasificados como inversión, donde se estima que entre el 30 % y el 40 % no corresponden estrictamente a este rubro. Asimismo, el centro de estudios propone agotar mecanismos alternativos como la reorganización presupuestal, los esquemas de obras por impuestos y regalías, y los aportes voluntarios, además de optimizar la focalización de subsidios estatales.

Pese a lo impopular de la medida, el presidente de ANIF admitió que si el Ejecutivo se encuentra “contra la espada y la pared” y no halla otra salida para cubrir las necesidades de la emergencia, respaldaría una receta transitoria con una sobretasa de un punto en el IVA. No obstante, la propuesta viene acompañada de una advertencia histórica: tras el terremoto del Eje Cafetero se implementó un gravamen temporal que terminó volviéndose permanente, un fantasma que el Gobierno actual debería evitar a toda costa mediante candados legales estrictos si decidiera transitar por ese camino.

Finalmente, el análisis macroeconómico presentado por el gremio señala que la presión sobre las finanzas públicas también responde a un profundo desequilibrio en el crecimiento económico posterior a la pandemia. Mientras que el gasto público y el consumo se han disparado por encima de los niveles de 2019, la inversión privada sigue rezagada. Con este panorama, la prioridad inmediata del país no debe ser una reforma tributaria estructural, sino sanear el hueco fiscal, apretarse el cinturón con inteligencia y blindar los recursos destinados a levantar las zonas destruidas por el sismo sin asfixiar la economía nacional.

La ejecución de estos recursos será coordinada junto con Asobares, la organización que reúne a empresarios del sector gastronómico y de entretenimiento, quienes han visto comprometida la continuidad de sus negocios. El alcalde enfatizó que este apoyo está pensado para quienes, a raíz del terremoto, perdieron clientela o tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas. Sin embargo, todavía será necesario definir los mecanismos y los requisitos precisos para acceder a la ayuda, así como determinar cuántos establecimientos podrán beneficiarse del fondo.

Mientras el municipio busca alternativas de apoyo, el gobierno nacional anunció a su vez un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica enfocado en comerciantes y microempresarios de Pereira. Para ello, se está adelantando un censo que permitirá identificar con claridad cuántos negocios resultaron perjudicados, proteger empleos y organizar una estrategia de financiación adecuada a las necesidades observadas en el terreno.

Además del alivio económico, el alcalde Salazar pidió a los habitantes de Pereira que regresen a consumir en los comercios locales, resaltando que la reactivación dependerá tanto de la inversión pública como de la decisión ciudadana de apoyar a los negocios afectados. Volver a visitar estos espacios, consumir de manera responsable y elegir productos y servicios locales será esencial para evitar una crisis aún mayor.

Antes del sismo, Pereira se destacaba por fortalecer la industria gastronómica y de ocio, como parte de una estrategia más amplia de turismo. A partir de 2025, la ciudad trabajó con actores como Asobares y empresarios del sector en la consolidación de un clúster de gastroentretenimiento, estrategia que les permitió generar empleo e impulsar la formalización, especialmente a través de la iniciativa de Alcaldía Nocturna.

No obstante, la situación actual pone en jaque los avances recientes y amenaza el empleo. Según cifras basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Pereira registró una tasa de desempleo del 7,3 % al cierre de 2025. El temor es que la imposibilidad de reabrir negocios aumente la desocupación. Por eso, la recuperación económica se perfila como un reto tan urgente como la reconstrucción física, buscando que volver a trabajar y producir sea una realidad para toda la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para que restaurantes y bares de Pereira accedan al apoyo económico tras el terremoto?

Hasta el momento, no se han dado a conocer los requisitos específicos que deberán cumplir bares, restaurantes y negocios de entretenimiento de Pereira para acceder a la partida de $500 millones anunciada por la alcaldía. Según el informe de El Diario, está pendiente la definición de cómo serán distribuidos los recursos, cuáles serán los criterios de selección y el número de establecimientos beneficiados.

¿Por qué es tan importante reactivar el sector gastronómico y de entretenimiento en Pereira tras el sismo?

La reactivación de la gastronomía y el entretenimiento es clave porque estos sectores representan una fuente significativa de empleo directo e indirecto, y constituyen uno de los motores del turismo y la vida nocturna en Pereira. El terremoto del 10 de agosto obligó a muchos de estos negocios a cerrar, poniendo en riesgo empleos y la recuperación económica general de la ciudad, según explicó El Diario.

En materia financiera, la Fábrica alcanzó el 94 % de la meta establecida para las transferencias departamentales durante el gobierno, con más de 41.300 millones de pesos dirigidos específicamente al Tolima. El total de transferencias en el ámbito nacional superó los 43.300 millones de pesos, una cifra que evidencia el peso creciente de la entidad en la distribución de recursos fiscales. Estos resultados derivan en gran parte de utilidades operacionales sin precedentes: solo entre 2024 y 2025, la suma ascendió a 11.248 millones de pesos, según reportes internos de la entidad. Este ha sido el mayor valor registrado desde la creación de la Fábrica de Licores del Tolima.

El crecimiento comercial ha sido otro de los focos de la gestión, facilitando la expansión de marcas icónicas como Tapa Roja y Aguardiente Rosado hacia nuevos territorios dentro del país. Asimismo, la empresa invirtió en infraestructura con la construcción de una nueva planta de producción después de dos décadas, proceso que incluyó el lanzamiento de una nueva línea de producto, el Aguardiente Rosado Sin Azúcar, así como nuevas presentaciones y los permisos requeridos para exportación.

La labor de la Fábrica ha trascendido las fronteras regionales, gracias a la obtención de seis reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo premios en Bruselas, Nueva York y Atlanta. Además de estos logros empresariales y comerciales, la entidad ha incluido un enfoque de responsabilidad social, como lo demuestra la iniciativa Tapa Roja Solidario. Este programa tiene como objetivo generar oportunidades para niños y jóvenes de comunidades vulnerables en zonas rurales, principalmente a través del deporte.

En conjunto, la gestión reciente de la Fábrica de Licores del Tolima se traduce en eficiencia institucional, fortalecimiento financiero, innovación productiva y una expansión que ha marcado pauta para el sector.

¿Cuáles son los principales logros de la Fábrica de Licores del Tolima en los últimos dos años y siete meses?

Entre los principales logros se destacan un puntaje de 91 sobre 100 en gestión institucional, el segundo puesto nacional en desempeño, transferencias que superan los 43.300 millones de pesos, utilidades operacionales históricas de 11.248 millones de pesos, inversiones en infraestructura con una nueva planta, expansión de marcas y seis reconocimientos nacionales e internacionales.

¿En qué consiste el programa Tapa Roja Solidario de la Fábrica de Licores del Tolima?

Tapa Roja Solidario es una iniciativa de la Fábrica de Licores del Tolima orientada a brindar oportunidades a niños y jóvenes de comunidades vulnerables en el departamento, especialmente de áreas rurales, utilizando el deporte como herramienta para la inclusión y el desarrollo social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Registro Universal de Ingresos: cómo acceder a la nueva herramienta para programas sociales)

La entidad confirmó que los giros fueron reprogramados, debido a una revisión técnica relacionada con la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI). Por ahora, no se ha establecido el día exacto en que comenzarán las transferencias.

“Prosperidad Social durante el gobierno de Gustavo Petro anunció que el 21 de agosto comenzaría el pago del ciclo 4. Sin embargo, efectuar el pago de acuerdo con ese cronograma y aplicar el Registro Universal de Ingresos (RUI), en los términos establecidos por el Decreto 662 de 2026, podría implicar la suspensión de las transferencias para cerca del 49 % de las familias beneficiarias de estos programas”, se lee en un comunicado de la entidad.

La decisión representa un cambio para los hogares que esperaban recibir los recursos durante agosto. Prosperidad Social señaló que trabaja junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar las condiciones técnicas, jurídicas y operativas antes de definir el nuevo calendario.

¿Cuándo será el próximo pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El cuarto ciclo de ambos programas quedó programado para septiembre, pero Prosperidad Social todavía no ha anunciado una fecha específica para el inicio de los giros.

Por esa razón, los beneficiarios deberán esperar la comunicación oficial de la entidad antes de tomar como definitiva cualquier fecha que circule en redes sociales o en otros canales.

¿Qué pasará con los beneficiarios?

La reprogramación incluye tanto a Renta Ciudadana como a Compensación del IVA, por lo que los hogares que esperaban el cuarto ciclo deberán estar atentos a los canales oficiales de Prosperidad Social para conocer el nuevo calendario.

En el ciclo anterior, ambos programas se entregaron de manera conjunta. Para esa tercera jornada, Prosperidad Social informó que 771.554 hogares serían beneficiados, con una inversión superior a $328.000 millones.

Por ahora, la principal certeza es que el pago no comenzará el 21 de agosto y que la nueva programación será para septiembre. El día exacto dependerá de la culminación de las revisiones que adelanta el Gobierno.

La campaña fue promovida bajo el nombre #PereiraNosNecesitaBien, y en solo 24 horas logró superar ampliamente las expectativas de participación. Según información de El Diario, se recibieron más de 400 solicitudes para ser parte de la feria, superando el cupo contemplado para la primera jornada, lo que obligó al cierre anticipado del formulario de inscripción.

La primera edición de esta feria tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto, entre las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche en Cerritos Mall. Según la organización, en esta jornada inicial participarán 60 emprendedores seleccionados, quienes contarán con mobiliario totalmente gratuito para exponer sus productos. Únicamente deberán encargarse de llevar y organizar su propia mercancía, enfocándose en ofrecer lo mejor a los visitantes.

La programación no solo estará dirigida a la promoción comercial, pues incluirá diferentes actividades de bienestar y entretenimiento como música en vivo, jornadas deportivas, yoga, gimnasia, zonas de relajación y actividades para niños. Además, se apoyarán fundaciones e iniciativas ciudadanas que actualmente trabajan en la reconstrucción de la ciudad. La meta es apoyar el proceso de reactivación económica en Pereira y fortalecer la solidaridad local.

Debido a la respuesta masiva de emprendedores, la administración de Cerritos Mall anunció que el programa continuará todos los fines de semana de septiembre, permitiendo que a lo largo de varias jornadas diferentes participantes puedan exponer y comercializar sus productos. De esta manera, se brindará un respaldo progresivo a los más de 300 emprendedores inscritos inicialmente, promoviendo además que la comunidad pereirana visite la feria, compre productos locales y respalde a quienes buscan reactivar sus negocios tras la emergencia vivida.

Fechas: 28, 29 y 30 de agosto y todos los fines de semana de septiembre de 2026.
Horario: 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Lugar: Cerritos Mall, Pereira.

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¿Cuántos emprendedores participarán en la feria de Cerritos Mall tras el terremoto?

En la primera edición de la feria, que se realizará los días 28, 29 y 30 de agosto en Cerritos Mall, participarán 60 emprendedores. Sin embargo, la estrategia busca beneficiar a más de 300 emprendedores inscritos, extendiéndose durante todos los fines de semana de septiembre para que diferentes personas tengan oportunidad de exponer y vender sus productos.

¿Qué actividades incluirá la feria para emprendedores afectados en Pereira?

Además de la exposición y venta de productos, la feria contará con música en vivo, actividades deportivas, yoga, gimnasia, espacios de relajación y actividades para niños. También busca beneficiar a fundaciones e iniciativas locales dedicadas a la reconstrucción de Pereira, creando así un ambiente de apoyo y solidaridad comunitaria.

El anuncio se produjo durante una reunión del mandatario con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el nuevo director de ProColombia, Samuel Bluman. Allí, el jefe de la cartera de Comercio le confirmó a De La Espriella que el decreto ya autorizaba nuevamente las ventas de carbón colombiano hacia Israel.

Vea también: De la Espriella echa para atrás 11 decisiones que tomó Petro; tienen que ver con trabajadores

El presidente también preguntó por el momento en que se suspendieron las exportaciones. Gómez Amín respondió que la decisión fue tomada durante la administración anterior y la relacionó con un “tema ideológico”. El mandatario, por su parte, resaltó que la medida se adopta apenas 15 días después del inicio de su Gobierno.

El antecedente se remonta a 2024, cuando Petro suspendió las exportaciones de carbón hacia Israel en medio de las críticas de su administración a la ofensiva israelí en Gaza. 

Vea también: Abelardo de la Espriella anuncia la nueva cúpula militar de Colombia y presenta su estrategia de seguridad

El impacto económico de esa suspensión también ha sido señalado por el gremio minero. De acuerdo con Fenalcarbón, Colombia dejó de vender cerca de 3,5 millones de toneladas de carbón al año a Israel, equivalentes a unos 200 millones de dólares.

Sin embargo, recuperar ese mercado no será automático. Israel comenzó a comprar carbón a otros proveedores, especialmente Sudáfrica, durante el periodo en que Colombia dejó de exportarle. Por eso, el sector tendrá que volver a posicionarse frente a esos competidores.

El gremio también advirtió que Colombia ha perdido terreno en la producción y las exportaciones de carbón y coque. Sus cifras apuntan a una reducción cercana a 10 millones de toneladas entre 2022 y 2026.

Con la firma del decreto, la administración de De La Espriella busca recuperar el mercado israelí y fortalecer la actividad minera colombiana. El Gobierno también pretende ampliar las oportunidades comerciales del carbón nacional en el exterior.

Según lo expuesto por Gómez y reseñado por El Diario, la emergencia natural llega en un contexto donde las finanzas públicas ya limitaban la posibilidad de asumir mayores gastos. Antes de la tragedia, la prioridad era disminuir el déficit, controlar el endeudamiento y frenar el alza del gasto público. Ahora, con las pérdidas humanas y materiales, las prioridades cambiaron forzosamente. Estimaciones iniciales sitúan el costo total de la reconstrucción por encima de los $30 billones: $24,5 billones para edificaciones y $5,5 billones para infraestructura, cifras que representan cerca del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y podrían modificarse tras los avalúos finales.

A esto se suma la preocupación por la deuda. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría llegar a 60,3 % del PIB en 2026, superando los cálculos oficiales. Un endeudamiento tan alto implica que más recursos públicos deben dedicarse al pago de intereses y menos a inversión social y desarrollo. Si el país se ve obligado a solicitar más préstamos para cubrir los gastos de reconstrucción, las presiones sobre las finanzas públicas se agudizarán.

La inflación, otro dolor de cabeza, continúa en niveles altos. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportan que en junio de 2026 la inflación anual fue de 6,14 %, por encima del 4,82 % del año anterior. Aunque el PIB creció un 2,2 % en el primer trimestre, las familias sienten el impacto directo del aumento en el costo de vida.

Frente a todo esto, el Gobierno deberá rehacer el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y considerar alternativas que incluyan reasignaciones, créditos y posibles ajustes tributarios para afrontar la coyuntura. Aunque la situación es grave, el ministro Gómez reiteró que Colombia podrá superar este reto, siempre y cuando logre mantener disciplina fiscal y compromiso con la recuperación.

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¿Cuáles son los principales desafíos fiscales que enfrenta Colombia tras el terremoto?

Colombia debe simultáneamente atender los elevados costos de reconstrucción estimados en más de $30 billones por el terremoto, controlar una deuda pública que podría superar el 60 % del PIB según el CARF y manejar una inflación que aún está por encima de los niveles deseados por el DANE. Además, el Gobierno debe rehacer el presupuesto para 2027, ajustar el déficit y evaluar posibles reformas tributarias.

¿Cómo afecta la inflación y el endeudamiento la recuperación económica de Colombia tras la emergencia?

La inflación alta incrementa el costo de vida y limita la capacidad de consumo de los hogares, mientras que un mayor endeudamiento obliga al Estado a usar más recursos para el pago de intereses, restando fondos destinados a inversión pública, programas sociales y reconstrucción, según fuentes oficiales citadas por El Diario y el DANE.

La medida generó críticas de organizaciones sindicales, que consideran que las circulares contenían herramientas para proteger a los trabajadores. Sin embargo, hay una precisión fundamental: el Gobierno no derogó las leyes que reconocen esos derechos. Lo que hizo fue retirar los documentos administrativos que establecían determinados procedimientos, interpretaciones, fórmulas y criterios para aplicar esas normas.

En otras palabras, un trabajador no perdió automáticamente el derecho a horas extras, estabilidad laboral, libertad sindical o negociación colectiva. Lo que cambió es la manera en que el Ministerio podía orientar o tramitar algunos de esos asuntos.

Jornada laboral y trabajo a destajo

Una de las circulares derogadas es la 0101 del 22 de septiembre de 2025, que orientaba la aplicación de la reforma laboral en asuntos como jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo, registro de horas extras y trabajo en días de descanso obligatorio.

El punto más importante era una metodología para calcular determinados pagos de trabajadores remunerados a destajo.

Por ejemplo, si una persona recibía dinero dependiendo del número de productos que fabricaba, la circular establecía una fórmula para adaptar su remuneración a la reducción de la jornada laboral.

Esa fórmula deja de ser un criterio administrativo vigente.

Pero la reducción de la jornada laboral no desaparece. Tampoco desaparece la obligación de pagar el trabajo suplementario cuando corresponda. Esas obligaciones tienen respaldo en normas superiores, especialmente en la legislación laboral.

Estabilidad laboral reforzada

También fueron derogadas las circulares 0120 de 2025 y 0049 de 2026, relacionadas con la estabilidad laboral reforzada.

Aquí el cambio está principalmente en los procedimientos administrativos que había establecido el Ministerio.

Por ejemplo, cuando una empresa quería terminar el contrato de un trabajador protegido por estabilidad reforzada, las circulares establecían requisitos, documentos, etapas, traslados y criterios que debían seguirse ante los inspectores del trabajo.

Ahora esos procedimientos específicos dejan de estar vigentes.

Pero esto no significa que las empresas puedan despedir libremente a trabajadores con estabilidad laboral reforzada. Las protecciones que provienen de la Constitución, las leyes y la jurisprudencia continúan aplicándose.

Cuidado y equidad de género

La Circular 0031 de 2026 establecía lineamientos relacionados con cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social.

El problema identificado por el Ministerio fue que el documento mezclaba recomendaciones, objetivos de política pública y directrices que podían interpretarse como obligaciones para empleadores y otros actores.

Con la derogatoria desaparece ese marco administrativo como referencia vigente.

Por ejemplo, una empresa que hubiera sido requerida por un inspector con fundamento exclusivamente en esa circular ya no podría tenerla como base autónoma para imponer una obligación o una consecuencia.

Las obligaciones legales de igualdad y no discriminación, sin embargo, permanecen.

Libertad sindical y permisos sindicales

La Circular 0032 de 2026 contenía lineamientos sobre libertad sindical y permisos sindicales.

El Ministerio consideró que algunas de sus disposiciones presentaban determinadas conductas y consecuencias como obligatorias pese a que una circular no tiene capacidad para crear por sí misma esas obligaciones.

¿Qué significa para un trabajador?

Si un sindicato solicita un permiso sindical, por ejemplo, ya no podrá utilizar esa circular como fuente jurídica autónoma para sustentar la solicitud o una eventual actuación administrativa.

Pero el derecho de asociación sindical y los derechos que tengan respaldo en la Constitución, la ley, una convención colectiva o un acuerdo vigente no desaparecen.

Vigilantes: cambia la interpretación sobre horas extras

La Circular 0040 de 2026 estaba relacionada con la jornada laboral y las horas extras en el sector de vigilancia privada.

El Ministerio cuestionó la interpretación que hacía sobre las excepciones al régimen de trabajo suplementario, porque podía entenderse que determinados trabajadores quedaban por fuera de las reglas generales.

Así, un vigilante que trabaja más allá de su jornada no pierde por esta derogatoria el derecho a que se reconozca el trabajo suplementario que corresponda.

Lo que desaparece es la interpretación específica que había establecido la circular.

Despidos y debido proceso

La Circular 0048 de 2026 establecía criterios administrativos sobre el debido proceso disciplinario.

Un ejemplo: un trabajador comete una conducta que la empresa considera suficientemente grave para terminar el contrato. La circular daba criterios para determinar cuándo debía adelantarse un procedimiento disciplinario y qué garantías debían observarse.

Ahora esos criterios específicos dejan de operar.

Eso no equivale a eliminar el debido proceso laboral. Las obligaciones que tengan fundamento en la Constitución, la ley, el reglamento interno, una convención colectiva o la jurisprudencia continúan siendo aplicables.

Trabajadores de plataformas digitales

Uno de los cambios que puede generar mayor atención está en la Circular 0086 de 2026, sobre trabajadores de plataformas digitales de reparto.

El documento establecía lineamientos para la inspección, vigilancia y control de este sector. El Ministerio consideró problemático que pudiera interpretarse que los inspectores tenían capacidad para determinar administrativamente la existencia de determinadas relaciones laborales controvertidas, una materia que puede corresponder a los jueces. Además, el documento quedó desactualizado frente al Decreto 0991 de 2026.

Para un domiciliario esto no significa que desaparezcan sus derechos.

La Ley 2466 de 2025 continúa regulando aspectos de los trabajadores digitales, incluyendo asuntos relacionados con seguridad social, información sobre la vinculación, registro del tiempo de servicio y transparencia sobre sistemas automatizados.

Lo que cambia es el instrumento administrativo utilizado por el Ministerio para ejercer determinadas actuaciones de inspección.

Negociación colectiva

La Circular 0088 de 2026 establecía un criterio para la conformación proporcional de la comisión negociadora y del pliego único cuando existían diferentes organizaciones sindicales.

La resolución cuestionó referencias normativas utilizadas en el documento y la aplicación general de un criterio jurisprudencial que correspondía a un contexto particular.

Por ejemplo, si en una empresa existen varios sindicatos, ya no se podrá acudir a esa circular como la regla administrativa para determinar automáticamente cómo debe distribuirse la representación en una negociación colectiva.

El derecho a negociar colectivamente, en cambio, continúa vigente.

Trabajo doméstico

La Circular 0089 de 2026 establecía lineamientos para inspeccionar el trabajo doméstico remunerado.

Su punto más polémico era la denominada “Excepción por Peligro Inminente”, que contemplaba el ingreso de inspectores a viviendas privadas sin autorización del empleador ni orden judicial en determinadas circunstancias.

La Resolución 2708 considera que una circular no podía crear esa facultad porque está involucrada la protección constitucional del domicilio.

Por tanto, esa posibilidad desaparece.

Si una trabajadora doméstica está en una situación de peligro grave, esto no significa que quede sin protección: el Ministerio plantea la coordinación con las autoridades competentes, como Policía y Fiscalía, para atender esas situaciones.

¿Y la reforma laboral?

La Circular 0057 de 2026 también quedó sin efectos. Esta contenía interpretaciones sobre el alcance de la reforma laboral y la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo.

La consecuencia es que la interpretación contenida en esa circular deja de ser el criterio administrativo vigente.

Pero esto no significa que se haya derogado la reforma laboral.

La Ley 2466 de 2025 continúa vigente en aquello que no haya sido modificado o derogado por normas posteriores.

Entonces, ¿qué cambia realmente para un trabajador?

La respuesta corta es: no desaparecen 11 derechos laborales.

Lo que desaparece son 11 instrumentos administrativos que establecían cómo debía interpretarse, tramitarse o inspeccionarse determinados asuntos.

La propia Resolución 2708 parte de que una circular puede orientar e impartir instrucciones, pero no puede convertirse en una norma autónoma para crear obligaciones, requisitos, sanciones o facultades que necesitan respaldo legal.

Además, la derogatoria opera hacia el futuro y no significa que automáticamente se anulen o archiven todas las actuaciones administrativas que se hubieran iniciado mientras las circulares estaban vigentes.

La medida hace parte de la intención del nuevo Ejecutivo de flexibilizar la contratación y promover mejores indicadores de empleo.

Entre las disposiciones eliminadas estaba una relacionada con las empleadas domésticas. Se trataba de la figura denominada “Excepción por peligro inminente”, que permitía a los inspectores de trabajo ingresar a viviendas privadas sin orden judicial ni autorización previa para verificar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas.

El Ministerio también derogó circulares sobre permisos sindicales y cumplimiento de convenciones colectivas, que contemplaban multas administrativas por su incumplimiento.

Asimismo, eliminó una disposición que señalaba que el sector de vigilancia estaba completamente excluido del régimen general de trabajo suplementario.

Los cambios abarcan además lineamientos relacionados con plataformas digitales de reparto, estabilidad laboral reforzada, cálculo de la jornada laboral, aplicación de la reforma laboral y procesos de negociación colectiva.

Con estas decisiones, el Gobierno busca modificar varias directrices implementadas durante el anterior Ejecutivo y avanzar hacia un esquema que considera más flexible para la contratación de trabajadores en Colombia.

La Sala Plena votará el próximo martes 25 de agosto la ponencia de la magistrada y presidenta de la Corte, Paola Meneses, además de nueve autos relacionados con el trámite y aclaraciones de la Ley 2381 de 2024.

El proceso ha estado suspendido desde junio de 2025 debido a recusaciones e impedimentos de magistrados. La votación podría ser decisiva, aunque existe la posibilidad de un empate de cuatro votos contra cuatro.

En ese escenario, sería necesario designar un conjuez para desempatar, lo que podría extender la decisión varias semanas.

Expertos señalan que incluso una decisión favorable sobre el trámite no cerraría el proceso, pues posteriormente deberán analizarse cuestionamientos de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.

Si la Corte avala la ley, las AFP deberán iniciar su implementación y podrían requerir entre dos y seis meses para completar los ajustes operativos y reglamentarios.

Si la declara inexequible, el sistema continuaría bajo las reglas de la Ley 100, aunque los traslados realizados mediante la Oportunidad de Traslado podrían mantenerse.

La divisa continúa experimentando presiones a la baja en sintonía con el comportamiento de la región, de acuerdo con el análisis de JP Tactical Trading.

Además, el dólar mantiene su debilidad a nivel global tras la intervención del Tesoro de EE. UU. en el mercado de bonos, acercándose a romper soportes clave. En la región, monedas como el peso mexicano también se perfilan hacia rupturas bajistas similares.

(Vea también: Dólar en Colombia abrió con caída durísima por debajo de $ 3.100; ¿cómo estará durante la semana?)

Petróleo al alza

Los precios del crudo operan elevados (el Brent alcanzó un máximo de un mes en US$94,71 antes de moderarse hacia los US$93,12, acumulando un alza semanal superior al 5%).

La persistencia de las tensiones se alimenta de las advertencias del presidente Donald Trump sobre imponer sanciones severas a cualquier nación que mantenga lazos comerciales con Irán, disipando las expectativas de una reapertura rápida del Estrecho de Ormuz.

El rally del mercado cripto

En los mercados alternativos, Bitcoin cotiza en sus niveles más altos desde junio, acumulando un repunte cercano al 20 % en dos jornadas.

Este movimiento estuvo impulsado por la liquidación de posiciones cortas por unos US$2.700 millones y por el acercamiento político en la Casa Blanca para impulsar la aprobación del Clarity Act, cuya próxima prueba clave en el Senado será el 15 de septiembre.

Agenda comercial entre Colombia y EE. UU.

Colombia y Estados Unidos avanzan en Washington con reuniones entre el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el representante comercial Jamieson Greer para concretar un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, buscando una reducción temporal de aranceles y apoyando la reactivación tras el terremoto del 10 de agosto. Para este viernes no se esperan publicaciones macroeconómicas relevantes.

El valor de apertura estuvo $7,96 por debajo de la TRM establecida para la fecha. A lo largo de los primeros movimientos del mercado en esta jornada, el valor más bajo que alcanzó el dólar fue precisamente el precio de apertura, es decir, $3.055, y el máximo registrado llegó a los $3.063. Estas variaciones durante la jornada son comunes y reflejan la dinámica propia de la oferta y la demanda dentro del mercado cambiario.

La TRM, por su parte, evidenció un incremento de $9,48 frente al día anterior, lo que corresponde a una variación porcentual de 0,31 %. Este tipo de movimientos pueden estar relacionados con factores tanto internos como externos, aunque en este caso, el texto no precisa las causas de la subida. Es importante tener en cuenta que la TRM influye directamente en los precios de productos importados, remesas internacionales y servicios que dependen del dólar.

De cara a los próximos meses, todavía existe incertidumbre respecto a la trayectoria del dólar en Colombia. De acuerdo con 90minutos.co, el comportamiento de la divisa podría depender de varios elementos: las decisiones de política monetaria, la evolución de la economía de Estados Unidos, los precios internacionales del petróleo y los movimientos en los mercados globales. Si bien el dólar se encuentra actualmente en niveles bajos en comparación con periodos anteriores, no se descarta la posibilidad de nuevas fluctuaciones antes de finalizar el año 2026. Se recomienda, entonces, estar atentos a la evolución del mercado y al análisis de los principales indicadores económicos para entender si la tendencia a la baja continuará o se revertirá en los próximos meses, como advierte el medio citado.

¿Cuál es la función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado, conocida por sus siglas TRM, es el valor oficial en pesos colombianos de un dólar estadounidense y sirve como referencia clave para todo tipo de operaciones cambiarias en Colombia. Su función es establecer el precio promedio de la divisa durante un día, lo cual resulta fundamental para transacciones de importación, exportación y cálculo de deudas o inversiones en moneda extranjera.

¿Por qué varía el precio del dólar en Colombia durante un mismo día?

El precio del dólar experimenta cambios a lo largo de la jornada debido al comportamiento de los mercados, que responde a factores como la oferta y la demanda de divisas. Estas fluctuaciones son habituales y pueden estar influenciadas por noticias económicas, decisiones de política monetaria y expectativas de los inversionistas sobre la economía nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Aclara también la entidad que, en caso de que no sea llevado a cabo el proceso, la Dian  cuenta con el respaldo legal para imponer las sanciones respectivas.

Estas son las sanciones para los pensionados en Colombia por no hacer la declaración de renta ante la Dian

Sanción por extemporaneidad (Art. 641)

• Con impuesto a cargo: 5 % del impuesto a pagar por cada mes o fracción de mes de retraso.
• Sin impuesto a cargo (caso común en pensionados): La sanción se calcula sobre los ingresos brutos o el patrimonio líquido, aplicando un 0,5 % u 1 % mensual.
• Monto mínimo: Ninguna sanción en Colombia puede ser inferior a la sanción mínima establecida para el año en curso (equivalente a 10 UVT, aproximadamente $524.000 para la vigencia actual).

Sanción por no declarar (Art. 643)

• La multa equivale al 20 % de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo investigado.
• Se aplican intereses moratorios sobre los valores adeudados.

Recuerda la Dian que hay sanciones para los pensionados en Colombia cuando el jubilado presenta la declaración, pero omite ingresos adicionales tales como arriendos, rendimientos financieros, honorarios. La falta también se comete al incluir datos incorrectos para evadir la obligación.

(Recomendado:  Esto pasará con Colpensiones si la reforma pensional definitivamente no se aplica)

Para este caso la ley impone una sanción que equivale al 100 % o hasta el 200 % de la diferencia entre el saldo determinado por la autoridad fiscal, en este caso la Dian, y el declarado.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, aseguró que el país está perdiendo recursos fundamentales que podrían destinarse a la financiación de sectores clave en la coyuntura, como la atención a las emergencias producidas por el terremoto. Durante la presentación del balance sectorial de los últimos cuatro años, subrayó la importancia que tendría recuperar la producción y competitividad del carbón nacional para fortalecer las finanzas públicas.

De acuerdo con lo informado por Fenalcarbón, la producción del mineral pasó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a 51,4 millones en 2025. Paralelamente, las exportaciones de carbón y coque —un derivado del carbón destinado principalmente a procesos industriales— sufrieron una reducción, descendiendo de 12.200 millones de dólares a 4.901 millones. La contracción en la actividad provocó, además, la pérdida de más de 25.000 empleos directos y alrededor de 100.000 empleos indirectos en la cadena productiva.

Según las proyecciones del gremio, Colombia podría alcanzar nuevamente una producción cercana a 92 millones de toneladas, siempre que se implementen medidas que estimulen la inversión y se modifiquen las señales de política pública. En ese caso, los aportes para el Estado podrían volver a superar los 10 billones de pesos anuales, recursos esenciales en un contexto de reconstrucción. Fenalcarbón ha presentado al Gobierno una agenda de siete puntos, que incluye revisión de la carga tributaria, refuerzo al parque térmico a carbón bajo neutralidad tecnológica y adecuadas remuneraciones para la generación de energía firme. Asimismo, propone ajustes en costos logísticos, reformas al Sistema de Información para el Control de la Explotación e Intervención Técnica y Ambiental del Carbón (SICETAC), mayor seguridad jurídica y control de la explotación ilícita.

Estas propuestas serán analizadas durante la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, programada para el 28 y 29 de octubre en Bogotá, donde se planteará la importancia del sector en la recuperación económica y social del país.

¿Cuál es el impacto de la caída de la industria del carbón en la economía colombiana?

La caída de la industria del carbón en Colombia implica una significativa reducción de los recursos que recibe el Estado, con repercusiones directas en financiamiento para inversión social, infraestructura y situación regional. Según Fenalcarbón, los ingresos para el Estado podrían bajar más de 6,5 billones de pesos entre 2022 y 2025, afectando también el empleo y las exportaciones.

¿Qué propuestas plantea Fenalcarbón para recuperar el sector carbonífero colombiano?

Fenalcarbón propone una agenda de siete puntos orientada a reactivar el sector, la cual contempla la revisión de cargas tributarias, el fortalecimiento del parque térmico a carbón, reformas logísticas y regulatorias, y la garantía de seguridad jurídica e infraestructura para la inversión, elementos que serán debatidos en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Las medidas están relacionadas con decisiones sobre las empleadas domésticas, trabajadores de plataformas de domicilios como Rappi, sindicatos y empresas en general, según reveló Blu Radio.

Estas son las decisiones:

• La primera tiene que ver con la posibilidad de que los inspectores laborales fueran casa por casa revisando las condiciones de las empleadas domésticas, y que incluso podían abrir la puerta y entrar a su casa, si consideraban ellos que existía un peligro inminente para esas trabajadoras. Eso se acaba y se prohíbe a partir de hoy, indica Blu.

“Dice el Ministerio del Trabajo que cuando existan esas relaciones, esas situaciones de peligro inminente, a quien hay que llamar aquí es a la Policía Nacional, que es la legalmente autorizada para entrar en estas circunstancias”, explicó la periodista Marcela Peña, de esa emisora.

• Se caen también las instrucciones relacionadas con los repartidores de plataformas de domicilio. Por ejemplo, la que establecía cómo se debían hacer las inspecciones y que da una serie de indicios de que existe una relación laboral. “¿Por qué? Porque ese tema de si un repartidor es o no empleado de la aplicación debería revisarlo un juez. Se va a reescribir ese protocolo de inspecciones”, agrega la comunicadora.
• También se elimina la Circular 57. Con base en esa circular se hicieron visitas a muchas compañías en el país. Ahí se daban instrucciones para la aplicación de la reforma laboral. Por ejemplo, daban líneas sobre las reglas de contratación, de si se podía a término fijo o a término indefinido. “Ojo, que tumbar esta circular no cambia nada de lo que dice la reforma laboral, porque esa es una ley”, aclaró Marcela Peña, en Blu. “Lo que se modifican son las instrucciones a los inspectores inspectores de trabajo, que son esos empleados que ustedes han visto en imágenes con chaleco del Ministerio del Trabajo en las distintas empresas del país”, detalló.
• También cambian otras circulares, por ejemplo, que establecían una fórmula de cálculo para pagar el trabajo de tajo, que es cuando a alguien lo contratan no por tiempo sino por una cantidad de trabajo.
• Varias cosas relacionadas con los sindicatos como la presentación del pliego de peticiones y los permisos sindicales en entidades públicas.
• 3 circulares además sobre la terminación de contratos de trabajo, entre otras, porque terminó creándose un papeleo y una serie de formularios obligatorios para las compañías a la hora de despedir a los empleados que se estaban convirtiendo en trámites sin piso legal.

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Según Blu Radio, lo que viene ahora es que el Mintrabajo revisará norma por norma, que todo lo que está aquí pudiera llegar a necesitarse como explicación o como medida pedagógica más adelante, y si es el caso volverlo a escribir, pero con bases ciertas.

“De momento todo esto queda derogado. Los procesos que están en curso pues tienen que tener un trato diferente, y el Ministerio del Trabajo pues tiene ahora una nueva política y unas nuevas instrucciones para sus inspectores”, indicó la periodista.

Mora fue tajante y señaló que las pólizas de vivienda no cubren daños sufridos en los vehículos. En esos casos, se debe tener por aparte una póliza diferente para el carro o moto de la persona.

“El seguro de vivienda no ampara los daños de los vehículos. Debe tener una póliza de automóviles. Estadísticamente, hay más vehículos asegurados que viviendas en Colombia”, sentenció en Blu Radio.

El sector asegurador calcula que deberá desembolsar alrededor de $6 billones para atender las reclamaciones derivadas del terremoto que afectó al país.

La cifra podría aumentar a medida que avanzan las inspecciones y se establece la magnitud real de los daños en viviendas, edificios, comercios e infraestructura.

El presidente de Seguros del Estado explicó que las aseguradoras reciben actualmente entre 120 y 150 reclamaciones diarias y activaron protocolos de emergencia desde el momento del sismo.

Además, cuentan con el respaldo de reaseguradoras para garantizar liquidez y adelantar indemnizaciones. En el caso de Seguros del Estado, ya se recibieron más de $80.000 millones en anticipos.

Según las estimaciones, la reconstrucción tendría un costo cercano a $30 billones, de los cuales las aseguradoras asumirían entre 20 % y 25 %, dependiendo de los resultados de los peritajes.

Mora también desmintió la versión de que los afectados tienen solo tres días para reclamar. Los asegurados cuentan con hasta dos años, contados desde el terremoto, para presentar sus reclamaciones.

Sin embargo, se recomienda reportar oportunamente los daños y conservar fotografías, documentos y demás evidencias. Para reparaciones menores, los afectados pueden documentar previamente la situación y consultar con su aseguradora.

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Las estimaciones oficiales dan cuenta de la dimensión de la tragedia. En Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, los daños físicos directos se acercan a los 30 billones de pesos. De ese monto, aproximadamente 24.5 billones corresponden a edificaciones y otros 5.5 billones de pesos están relacionados con infraestructura.

El impacto sobre las familias también es considerable. Las primeras cifras señalan que cerca de 27.000 viviendas quedaron completamente destruidas, mientras que más de 127.500 inmuebles presentan daños severos. Para quienes perdieron sus casas o enfrentan afectaciones estructurales, la reconstrucción representa ahora un proceso que puede extenderse durante meses o incluso años.

Cuál será la ayuda para damnificados

En medio de este panorama, las personas que tenían aseguradas sus viviendas podrán acceder a una medida especial para disminuir el monto que deben asumir directamente ante una pérdida por terremoto.

Allianz Colombia anunció una flexibilización del deducible de la cobertura de terremoto para los asegurados que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica como consecuencia del sismo.

La medida establece un deducible especial del 1 % del valor asegurado, es decir, reduce la parte de la pérdida que debe asumir el propietario antes de que entre en funcionamiento la indemnización correspondiente.

Para acceder a esta condición, el inmueble debe cumplir con cuatro requisitos: tener un valor asegurable de hasta 300 millones de pesos, estar ubicado en estrato 1, 2 o 3, haber sido declarado como pérdida total y contar con una póliza que cubra el inmueble o el inmueble junto con sus contenidos.

La disposición aplica tanto para pólizas individuales como colectivas.

Una tragedia que también deja en evidencia la falta de protección

La emergencia dejó otro dato que preocupa de cara a la recuperación. Según cifras de Fasecolda, apenas el 9.3 % de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar.

Al 14 de agosto, el sector asegurador había recibido 10.465 reclamaciones relacionadas con el terremoto, de las cuales 9.310 correspondían a seguros de daños sobre bienes inmuebles.

Estos números muestran que, mientras miles de familias comienzan el proceso para recuperar sus viviendas y su patrimonio, una gran parte de los hogares afectados debe enfrentar las consecuencias económicas de la tragedia sin contar con una cobertura que ayude a asumir las pérdidas.

La reconstrucción, por tanto, no solamente representa el desafío de levantar nuevamente edificaciones e infraestructura. También implica que las familias puedan recuperar las condiciones mínimas para retomar su vida cotidiana después de una emergencia que, en cuestión de minutos, modificó el panorama de varias regiones del país.

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En ese escenario, las medidas de alivio para los hogares asegurados buscan reducir una parte de la carga económica que deja el desastre y acelerar la recuperación de quienes perdieron su vivienda o sufrieron daños graves como consecuencia del terremoto.

Las expectativas muestran que la tasa de cambio va a mantener un proceso de revaluación en lo que resta del año, lo que genera incertidumbre entre algunos empresarios.

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Dice este análisis que el dólar en Colombia no ha llegado a su piso y, al cierre de año, el precio promedio va a mantenerse bastante más por debajo de lo previsto a inicios de este año.

Recuerda el análisis que, en julio, la tasa de cambio cerró en $3.132, nivel que también representó el mínimo del mes, con una apreciación mensual del 9 % y alcanzando el máximo del mes el 1 de julio ($3.441).

¿Qué viene para el dólar en Colombia?

Agrega el informe de la Encuesta de Opinión Financiera que el dato observado fue $127 menor al esperado en la encuesta de julio ($3.260).

“Para agosto de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.115 y $3.180, con $3.150 como respuesta mediana”, se lee en el análisis.

Para diciembre de 2026, los analistas esperan que la tasa de cambio en Colombia se ubique en $3.300, lo que representa una reducción frente al pronóstico de la edición anterior.

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Exportadores colombianos piden que se revisen los mecanismos necesarios, en el más corto plazo, para poder contener la apreciación del peso, toda vez que sus ingresos se ven sustancialmente afectados.

El Decreto 1261 no establece, en este momento, un nuevo impuesto al valor agregado (IVA), un impuesto al patrimonio ni tampoco un tributo especial para la totalidad de la población. Más bien, lo que habilita es la facultad, otorgada por el artículo 215 de la Constitución Política, para que el Ejecutivo pueda crear o modificar tributos de manera transitoria si considera imprescindible obtener fondos adicionales para enfrentar las consecuencias del desastre natural. Según el texto constitucional, esos tributos o modificaciones únicamente pueden mantenerse vigentes hasta finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso decida extenderlos o volverlos permanentes.

La preocupación sobre el ingreso de nuevos impuestos se agrava debido a la magnitud de los daños, avaluados preliminarmente en al menos $30 billones, equivalentes al 1,5 % del Producto Interno Bruto nacional. El terremoto destruyó más de 31.000 viviendas y averió 163.000 más, además de afectar colegios, hospitales y otras infraestructuras, según cifras presentadas en el decreto citado por El Diario. La recuperación implicará no solo reconstruir viviendas y obras públicas, sino también reactivar la economía local de los municipios golpeados.

Antes de tomar la decisión de crear nuevos tributos, el Gobierno ha considerado varias alternativas de financiación: préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías, el mecanismo de Obras por Impuestos —que permite a empresas invertir parte de sus obligaciones tributarias directamente en proyectos de reconstrucción—, y la utilización de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Frisco, orientados a ser vendidos y así recaudar fondos.

Expertos como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, citado por El Diario, advierten que sería difícil descartar completamente la creación de nuevos impuestos debido al tamaño del reto fiscal. Aun así, el presidente Abelardo De la Espriella aseguró que ninguna medida adoptada buscará “afectar a los colombianos más necesitados”, y anticipó que cualquier medida tendría un enfoque selectivo en sectores y patrimonios específicos. Por el momento, no se ha expedido ningún decreto que permita identificar cuáles serían los contribuyentes directamente impactados.

Los días siguientes serán clave, ya que durante los 30 días iniciales de la emergencia el Gobierno podrá expedir decretos legislativos adicionales para definir fuentes de financiamiento y estrategias de reconstrucción. Todas estas decisiones deberán relacionarse directamente con el terremoto y quedarán sujetas a la supervisión de la Corte Constitucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El Gobierno puede crear impuestos temporales durante una emergencia económica en Colombia?

Sí; según el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno está facultado para crear impuestos nuevos o modificar los existentes de manera temporal durante la vigencia de un Estado de Emergencia. Estas medidas deben estar directamente vinculadas con la atención a las consecuencias de la crisis y dejarán de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso decida prolongarlas.

¿Cuáles podrían ser las fuentes de financiación para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

El Gobierno está evaluando diferentes mecanismos, como el uso temporal de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), la ampliación del programa Obras por Impuestos y la venta acelerada de activos gestionados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Frisco. Además, se contemplan ajustes en el Presupuesto General y la movilización de fondos públicos de otras fuentes antes de considerar la imposición de nuevos tributos.

Frente a una tragedia de esta naturaleza, los daños materiales, por cuantiosos que sean, pasan necesariamente a un segundo plano. Lo verdaderamente importante es la vida, y por ello reconocemos especialmente la labor de quienes privilegiaron la evacuación, la seguridad de visitantes y trabajadores y las evaluaciones técnicas antes de pensar en la reapertura de sus establecimientos.

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La tragedia, golpeó con especial fuerza el occidente colombiano y produjo importantes afectaciones en ciudades como Quibdó, Pereira, Armenia, Manizales y Cali.

Desde la óptica de la industria de centros comerciales, sin embargo, el balance permite hacer una lectura importante: a pesar de la enorme magnitud de la emergencia, la mayoría de los grandes complejos comerciales de estas ciudades resistieron estructuralmente y una parte considerable ya ha retomado sus operaciones, aunque con diferencias importantes que permiten clasificarlos en tres grupos.

En este primer grupo están aquellos activos que debieron enfrentar cierres más prolongados, reparaciones o procesos de inspección especialmente rigurosos. Uno de los casos más representativos ha sido Mallplaza Cali, uno de los principales activos comerciales de la capital vallecaucana, con más de 68.000 m² de GLA. Tras el terremoto, Grupo Falabella informó que el complejo permanecía cerrado mientras se adelantaban trabajos de reparación, limpieza y los protocolos necesarios para garantizar una reapertura segura. La compañía confirmó igualmente que ninguno de sus trabajadores directos resultó lesionado, una noticia particularmente valiosa en medio de la emergencia.

Quibdó, por su cercanía con el epicentro y por las características de parte de su infraestructura urbana, también afrontó una situación especialmente compleja. La emergencia afectó viviendas, instituciones educativas y diferentes edificaciones de la ciudad, obligando a extremar las evaluaciones de seguridad. Para complejos como El Caraño, el desafío no es simplemente volver a abrir las puertas: es recuperar la confianza de clientes y comerciantes en una ciudad donde numerosas familias todavía enfrentan las consecuencias del desastre.

Armenia y Pereira conforman igualmente un corredor comercial que recibió un fuerte impacto. En la capital risaraldense la gravedad de los daños urbanos hizo que las evaluaciones fueran especialmente cuidadosas. Centros como Parque Arboleda y Pereira Plaza, entre otros, tuvieron que adaptar su funcionamiento a una ciudad que todavía atendía emergencias, restricciones de movilidad y evaluaciones estructurales. Sin embargo, las señales de recuperación son alentadoras. Pereira Plaza, por ejemplo, vuelve a reportar actualmente numerosos establecimientos abiertos y mantiene programación comercial, evidenciando que el proceso de normalización ya está en marcha.

Un segundo conjunto corresponde a centros comerciales que enfrentaron cierres preventivos, inspecciones o afectaciones principalmente locativas, pero que pudieron regresar progresivamente a la actividad. En Manizales, pese a la magnitud del terremoto, el comportamiento de buena parte de la infraestructura comercial fue positivo. La propia Alcaldía informó el 10 de agosto que, entre los establecimientos comerciales evaluados inicialmente, únicamente uno reportaba daños totales y recomendó suspender preventivamente actividades mientras avanzaban las verificaciones.

Hoy complejos como Cable Plaza y Fundadores muestran nuevamente actividad comercial y programación. Cable Plaza mantiene sus horarios de funcionamiento y anuncia actividades para los próximos días, mientras Fundadores presenta tiendas, servicios y cartelera activa. Es una señal positiva de la capacidad que tuvieron estos inmuebles para superar en pocos días la fase inicial de evaluación y regresar a su papel de lugares de encuentro de la comunidad.

En Pereira y Armenia también existen centros que, luego de revisiones y cierres preventivos, han ido recuperando progresivamente servicios, comercio, supermercados y establecimientos financieros. Es importante distinguir entre un centro comercial cerrado y la suspensión individual de determinadas tiendas, bancos o servicios: durante estos primeros días se han presentado numerosos casos en los cuales el complejo funciona mientras algunos establecimientos internos mantienen restricciones preventivas.

Un tercer grupo está compuesto por los centros comerciales en los cuales no se han conocido daños estructurales de consideración y cuya operación ha podido continuar o reanudarse rápidamente. En Cali, complejos como Jardín Plaza, Unicentro, Chipichape y Único muestran signos claros de recuperación de la actividad. La situación de estos activos contrasta con la de otras edificaciones de la ciudad severamente afectadas por el terremoto y demuestra, además, la importancia que han tenido durante las últimas décadas la ingeniería, las normas de construcción y los protocolos de evacuación y emergencia

Algo similar se observa en Manizales y en diferentes activos comerciales del Valle del Cauca. La industria tiene, por supuesto, mucho que aprender de esta tragedia, pero hay también una conclusión favorable: la infraestructura moderna de centros comerciales mostró, en términos generales, un buen comportamiento frente a un movimiento sísmico extraordinariamente fuerte.

Pero quizás la mejor respuesta del sector no está únicamente en sus edificios. La industria colombiana de centros comerciales volvió a demostrar que su papel trasciende el arrendamiento de locales y la generación de tráfico comercial. Muchos complejos se transformaron rápidamente en puntos de recepción, clasificación y movilización de ayudas para las poblaciones damnificadas.

Más de 40 centros comerciales se vincularon como puntos de recepción de donaciones dentro de las acciones coordinadas alrededor de “Colombia, un solo corazón”, mientras otros activos desarrollaron iniciativas propias o en alianza con fundaciones, organizaciones sociales y gremios. El Parque Comercial El Tesoro, por ejemplo, se vinculó a campañas junto con Acecolombia, Fundación Saciar y Corporación Presentes y habilitó espacios para recibir ayudas.

La campaña nacional “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, se convirtió en uno de los canales de articulación entre Gobierno, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos para recolectar y movilizar asistencia hacia las regiones afectadas. En sus primeros días ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria, además de agua, medicamentos, combustible, equipos de energía y elementos para los albergues.

Aquí aparece nuevamente una característica histórica de nuestra industria: los centros comerciales son plazas de ciudad. Y cuando la ciudad sufre, esas plazas pueden convertirse también en lugares para ayudar.

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Desde el punto de vista económico es inevitable anticipar una reducción del tráfico durante las primeras semanas posteriores al terremoto en las ciudades más afectadas. Existen razones evidentes. Miles de familias están concentradas hoy en resolver necesidades básicas, revisar sus viviendas, atender familiares, reorganizar sus finanzas o enfrentar restricciones temporales de movilidad. A ello se suma un factor emocional: después de un terremoto de esta magnitud y de numerosas réplicas, el consumidor necesita recuperar la confianza antes de regresar plenamente a los espacios de alta concentración de personas.

Por eso, sería equivocado medir el desempeño de agosto o incluso parte de septiembre utilizando los patrones normales de visitas y ventas, este efecto será principalmente coyuntural.

El Gobierno Nacional ya anunció un plan de articulación con empresas constructoras, gremios, entidades territoriales y el sistema financiero para iniciar la reconstrucción de las viviendas afectadas, inicialmente dirigido a unas 44.000 familias damnificadas. A medida que avancen la reconstrucción, la normalización de los servicios públicos, la movilidad y la recuperación de las viviendas, también regresará progresivamente la vida cotidiana.

Y dentro de esa normalidad estarán nuevamente los centros comerciales.

Supermercados, droguerías, restaurantes, moda, entretenimiento, servicios financieros y comercio especializado hacen parte de la vida económica de estas ciudades. Por ello creemos que, superada la fase más difícil de la emergencia, los tráficos tenderán a normalizarse y las ventas podrán recuperar la dinámica que venían mostrando antes del terremoto.

Incluso la reconstrucción producirá gradualmente una mayor demanda en categorías asociadas con materiales, hogar, mobiliario, electrodomésticos, servicios y reposición de bienes perdidos, aunque sería equivocado interpretar ese fenómeno como una compensación frente a la tragedia humana y económica que hoy viven miles de colombianos.

Reparar, abrir nuevamente y seguir creyendo

Finalmente, desde Mall & Retail queremos expresar nuestra admiración a los empresarios, propietarios, comerciantes, administradores, trabajadores y proveedores que apenas unos días después de la tragedia ya están reparando cielos rasos, fachadas, vitrinas, redes, locales y zonas comunes; limpiando escombros, realizando inspecciones de ingeniería y preparando sus espacios para recibir nuevamente a las comunidades.

Cada local que vuelve a levantar su persiana representa empleos que continúan. Cada centro comercial que reabre significa cientos de comerciantes recuperando actividad y miles de familias regresando gradualmente a su cotidianidad.

El terremoto del 10 de agosto dejará profundas lecciones para Colombia y para nuestra industria. Habrá que revisar protocolos, seguros, planes de continuidad, diseños, rutas de evacuación y capacidad de respuesta. Pero también deja una certeza: los centros comerciales colombianos han demostrado capacidad de resistencia, solidaridad y una enorme voluntad de recuperación.

A todos los empresarios que hoy están reconstruyendo les expresamos nuestro respeto y admiración. Muy pronto volverán a estar operando plenamente, con las mismas ganas, el mismo empuje y la misma fe en Colombia que históricamente han caracterizado a esta industria.

Porque reconstruir un centro comercial no consiste solamente en reparar un edificio. También significa ayudar a que una ciudad vuelva a ponerse de pie.

En cuanto al crecimiento económico, la proyección para 2026 mejoró levemente situándose en 2,5 %, frente al 2,4 % que se pronosticaba en julio. Los analistas también estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3,1 % en el segundo trimestre de 2026; aunque es menos que el 3,5 % medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), supera la proyección realizada previamente. Para el trimestre siguiente, las expectativas se mantienen estables. La mediana esperada para el PIB en 2027 es de 2,3 %, dentro de un rango entre 2,1 % y 2,7 %.

En lo relativo a la inflación, la cifra anual observada en julio (6,03 %) fue inferior a lo previsto por los analistas (6,21 %). Para agosto de 2026, se proyecta una inflación de 6,10 %, y de cara a diciembre, podría cerrar en 6,53 %, ligeramente por debajo de la proyección previa. A pesar de estas revisiones a la baja, la inflación sigue fuera del rango meta planteado por el Banco de la República, que se ubica entre 2 % y 4 %. Hacia agosto de 2027, los pronósticos apuntan a una desaceleración paulatina, con una inflación de 5,50 %.

La tasa de cambio también mostró movimientos relevantes: al cierre de julio se ubicó en 3.132 pesos, con una apreciación mensual de 9 %. Para agosto se prevé un leve aumento a 3.150 pesos, mientras que la expectativa para final de año es de 3.300 pesos, inferior a la estimación previa de 3.440 pesos, lo que refleja una mayor confianza en la estabilidad del peso frente al dólar.

En materias primas, el precio del petróleo Brent cerró en julio en 90,1 dólares por barril, superando la proyección de 85 dólares. Para diciembre de 2026, los pronósticos lo ubican alrededor de los 80,1 dólares, estable frente al mes anterior.

En cuanto a los factores de inversión, la política fiscal fue considerada el aspecto más relevante por el 56 % de los analistas, seguida por la política monetaria y otros factores internos y externos. En el mercado accionario, Ecopetrol resultó ser la acción más atractiva, con el 52,5 % de las preferencias de los expertos, seguida por Grupo Argos, Corficolombiana y CIBEST.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico de Colombia para 2026 y 2027, según la Encuesta de Opinión Financiera?

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la proyección de crecimiento económico para Colombia en 2026 es de 2,5 %, lo que representa una leve mejora respecto al 2,4 % estimado anteriormente. Para 2027, la mediana de los analistas sitúa el crecimiento en 2,3 %, dentro de un rango que oscila entre 2,1 % y 2,7 %.

¿Por qué la inflación en Colombia sigue fuera del rango objetivo del Banco de la República?

Según la Encuesta de Opinión Financiera y datos observados, aunque la inflación anual ha mostrado ligeras correcciones a la baja, en julio se ubicó en 6,03 % y para diciembre de 2026 se proyecta en 6,53 %. Estas cifras todavía superan el rango meta definido por el Banco de la República, que es de 2 % a 4 %, debido a factores que mantienen presionados los precios en el país, según las previsiones de los analistas citadas por Fedesarrollo.

Rivas Herazo ya cuenta con un historial relevante dentro de la Superintendencia Financiera. Entre los años 2013 y 2017, se desempeñó en diferentes cargos en esta entidad, específicamente en áreas dedicadas a la regulación y supervisión del sector. Para febrero de 2017, era director legal para intermediarios financieros, posición desde la cual manejaba los aspectos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la intermediación financiera en Colombia.

La formación de Rivas Herazo está basada en la Universidad de los Andes, donde obtuvo el título de abogado, además de una especialización en Legislación Financiera y una maestría en Derecho Privado. Su perfil profesional se caracteriza por la combinación de experiencia en el sector público colombiano, sólida formación jurídica y trayectoria en instituciones internacionales.

Antes de asumir su nuevo cargo, Rivas trabajó en el Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales más importantes en el ámbito global. Esta experiencia le ofrece una perspectiva internacional sobre temas de regulación y supervisión financiera, lo que representa un valor agregado para su gestión en Colombia.

En el ámbito académico, Rivas fue autor en 2016 de un artículo en la Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, titulado “La inclusión del bitcóin en el marco de la soberanía monetaria y la supervisión por riesgos en Colombia”. En ese texto abordó los riesgos asociados a las monedas virtuales, como el lavado de activos y los riesgos operativos y de mercado, además de discutir posibles alternativas regulatorias. Este conocimiento cobra especial relevancia en la actualidad, dada la creciente digitalización de los servicios financieros y la aparición de activos digitales que dificultan la labor de supervisión tradicional.

El nombre de Rivas Herazo ya se había tenido en cuenta en anteriores procesos para cargos estratégicos en la estructura económica del Estado, como la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF), responsable de preparar normativas para el sistema financiero, asegurador y el mercado de valores. Como superintendente financiero, le corresponderá liderar la estrategia institucional, así como definir políticas y procedimientos para la vigilancia de las entidades controladas. Además, asumirá un papel crucial en la supervisión de conglomerados financieros, lo que resulta fundamental para la estabilidad del sistema.

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¿Quién es Pablo Andrés Rivas Herazo, el nuevo superintendente financiero de Colombia?

Pablo Andrés Rivas Herazo es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Legislación Financiera y maestría en Derecho Privado. Tiene experiencia en la Superintendencia Financiera entre 2013 y 2017 y ha trabajado en el Banco de Inglaterra, además de tener publicaciones académicas relevantes sobre regulación de activos digitales. Su perfil combina experiencia nacional, conocimiento jurídico y proyección internacional.

¿Cuáles serán las funciones de Pablo Andrés Rivas Herazo como superintendente financiero?

Como superintendente financiero de Colombia, Rivas Herazo tendrá la responsabilidad de vigilar bancos, aseguradoras, fiduciarias y otros participantes del sistema financiero nacional. También deberá definir políticas, metodologías y procedimientos de supervisión, liderar la estrategia institucional y garantizar la estabilidad mediante la supervisión de conglomerados financieros, según informó Blu Radio.

La iniciativa busca modificar el Estatuto Tributario para que los comerciantes y prestadores de servicios no tengan que soportar este descuento anticipado cuando sus ventas sean pagadas mediante estos medios electrónicos.

El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2026 por el representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño, del Centro Democrático, y propone adicionar un nuevo artículo 365-1 al Estatuto Tributario. Su alcance, sin embargo, es específico: no elimina el impuesto de renta ni cambia la obligación de declarar los ingresos, sino que busca retirar la retención especial que se practica sobre estas operaciones.

La retención en la fuente no es, en términos generales, un impuesto adicional que el comerciante deba pagar definitivamente. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado recibe por anticipado una parte del impuesto que posteriormente debe liquidar el contribuyente.

En este caso, la exposición de motivos explica que la retención especial del 1,5 % recae actualmente sobre los pagos o abonos en cuenta que reciben comerciantes y prestadores de servicios cuando sus clientes utilizan tarjetas de crédito o débito.

Un ejemplo permite entender el efecto. Si un comercio realiza una venta de $1 millón y el pago se procesa mediante una tarjeta, una retención del 1,5 % representa $15.000 que no recibe inmediatamente el establecimiento. Ese dinero funciona como anticipo de su obligación tributaria y posteriormente se cruza con el impuesto de renta que corresponda.

La propuesta establece que los pagos realizados mediante tarjetas de crédito o débito por la venta de bienes o la prestación de servicios, cuando constituyan ingresos tributarios para el beneficiario, “no están sometidos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta”.

Esto significa que el cambio estaría dirigido específicamente a las ventas de bienes y servicios. No se trata de eliminar de manera general todas las retenciones relacionadas con las tarjetas.

El proyecto también deja expresamente vigente la autorretención en la fuente para los contribuyentes que estén obligados a practicarla. Es decir, un comerciante que tenga esa obligación tributaria no dejaría de cumplirla simplemente porque una venta haya sido pagada con tarjeta.

Además, los pagos realizados mediante tarjetas por conceptos diferentes a la venta de bienes o prestación de servicios continuarían sometidos al régimen general de retención que corresponda.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa está relacionado con la coexistencia de diferentes mecanismos de retención.

La exposición de motivos señala que la DIAN ha sostenido en distintos pronunciamientos que la retención practicada por la entidad relacionada con el pago con tarjeta no reemplaza necesariamente la retención general que corresponda practicar sobre la misma operación.

Para un pequeño comerciante, el efecto puede ir más allá del descuento inicial. La iniciativa sostiene que esta situación puede generar saldos a favor que posteriormente deben solicitarse en devolución o compensación ante la DIAN, trámites que pueden representar una carga administrativa adicional.

La propuesta parte de un cambio importante en el sistema de pagos colombiano. La exposición de motivos señala que la retención especial nació en 2001, cuando el artículo 17 del Decreto 406 de ese año estableció la tarifa del 1,5 % sobre los pagos y abonos realizados mediante estos sistemas. Posteriormente, estas reglas quedaron compiladas en el Decreto 1625 de 2016.

Este es uno de los puntos más importantes para entender la propuesta. Eliminar la retención no significa eliminar el impuesto de renta sobre las ventas.

El propio proyecto señala que los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios mediante tarjeta seguirían siendo gravados y declarables. Lo que desaparecería sería el mecanismo mediante el cual una parte del impuesto se recauda anticipadamente al momento del pago.

La exposición de motivos también sostiene que el impacto sobre el recaudo final sería limitado porque la retención es un anticipo que posteriormente se descuenta del impuesto liquidado. En ese sentido, la eliminación modificaría principalmente el momento del recaudo y el flujo de caja del contribuyente, más que la obligación tributaria definitiva.

No obstante, el documento reconoce que la eliminación de un mecanismo vigente desde 2001 puede tener impacto fiscal y señala que la DIAN no publica de manera desagregada cuánto del recaudo total por retención en la fuente corresponde específicamente a esta retención sobre pagos con tarjetas.

Dentro de las medidas también se contempla la opción de, con recursos asegurados, subsidiar algunos salarios y hasta aportes a salud y pensiones.

La medida del gobierno de la Espriella prevé el diseño de un mecanismo temporal para sufragar una parte de los salarios y de los aportes de los trabajadores de las zonas más afectadas por el terremoto.

“El propósito directo de esta medida es garantizar el mantenimiento y la protección de los puestos de trabajo en las zonas afectadas”, indica el decreto que ya se aplica.

Trabajadores independientes podrían tener subsidio del gobierno de la Espriella por terremoto

La entrega de subsidios no se limitará únicamente a las micro y pequeñas empresas; el dinero busca proteger el tejido del empleo formal de manera más amplia.

Así mismo, se lee en el decreto que esta medida busca que el despido forzoso no sea aplicado, entendiendo que se justifica bajo la legislación ordinaria (específicamente los artículos 51 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo) como única salida legal ante una catástrofe.

Para evitar este escenario, el gobierno de De la Espriella anuncia la adopción de medidas extraordinarias y transitorias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los aportantes afectados “en lo que respecta a las contribuciones parafiscales y de seguridad social, buscando preservar la sostenibilidad del sistema de protección social”.

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Finalmente, el decreto de emergencia económica también plantea opciones para trabajadores independientes o por cuenta propia, al establecerse la entrega de una transferencia económica extraordinaria.

En el caso de los créditos de consumo, la tasa se fijó en 10 % efectivo anual, y se habilitaron microcréditos en las mismas condiciones para trabajadores independientes de las zonas afectadas. Estos recursos podrán destinarse a capital de trabajo, reposición de inventarios y fortalecimiento del flujo de caja, beneficiando a más de 13.000 personas.

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Para las empresas, se activó una línea de crédito que busca acompañar la recuperación de hasta 13.500 compañías. La financiación se ofrecerá con tasa equivalente al IBR + 0, sin margen adicional, y plazos de hasta 36 meses. Los recursos podrán usarse en continuidad de operaciones, reactivación de negocios y protección del empleo.

Los entes territoriales también tendrán acceso a condiciones especiales: tasa de IBR + 0 %, plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses. El objetivo es facilitar proyectos de infraestructura, salud, educación y movilidad en los municipios y departamentos afectados.

“La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos. Por eso estamos acompañando los esfuerzos liderados por el Gobierno Nacional, pero también hemos decidido ir más allá, movilizando capacidades desde nuestro negocio y desde la Fundación Bancolombia”, expresó Juan Carlos Mora, presidente de la entidad.

La Fundación Bancolombia, a través de la campaña #UnidosPorColombia, ha recaudado más de $8.300 millones en 44.000 donaciones de empleados, clientes y empresas. Estos recursos se han destinado a salud en Risaralda y Valle del Cauca, alimentación en Quindío, atención hospitalaria en Caldas y procesos de vivienda en Chocó.

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“Es nuestra manera de contribuir a la recuperación de los hogares, al fortalecimiento del tejido productivo y a la reconstrucción de los sueños de miles de colombianos”, añadió Mora.

Entre los aportes más relevantes destaca la donación conjunta de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas aliadas, que anunciaron COP 100.000 millones para atender a las víctimas y fortalecer la recuperación de las comunidades golpeadas. A esto se suma la recaudación liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que logró reunir COP 201.637 millones a través de compañías como Postobón, D1, Juan Valdez, Quala, Ecopetrol, Organización Ardila Lülle, Grupo Éxito y Olímpica. En la misma línea, el Grupo Argos confirmó que contribuirá a la emergencia con COP 1.000 millones por medio de su fundación, empleando el mecanismo ‘Obras por Impuestos’.

La lista de donantes continúa con ProAntioquia y sus empresas vinculadas, que aportarán COP 200.000 millones para la reconstrucción. ProPacífico, que agrupa empresas del Valle del Cauca, comprometió COP 220.000 millones dirigidos específicamente a la recuperación de Cali, el norte del Valle del Cauca y Buenaventura, las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Estos gestos, calificados por De la Espriella como “extraordinarios”, han sido resaltados como ejemplos de solidaridad y patriotismo nacional.

El presidente también reconoció el respaldo de empresarios individuales. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo donó COP 200.000 millones y los filántropos Jaime Gilinski y Raquel Kardonski sumaron COP 150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. David Vélez, CEO y fundador de Nubank, confirmó COP 100.000 millones para beneficiar directamente a familias damnificadas. Una empresa anónima aportó el mismo monto y el Grupo Tecnoquímicas (TQ) destinó COP 50.000 millones. Bavaria se sumó con COP 12.000 millones, mientras Drummond comprometió una donación de USD 1,5 millones (COP 4.580 millones), todos canalizados en la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda.

A estos aportes se añade el esfuerzo de Tiendas ARA, que junto a BBVA y Glencore, completó una donación de COP 55.000 millones. Finalmente, el Grupo Bolívar y Davivienda confirmaron COP 110.000 millones para contribuir al proceso de reconstrucción. Estas acciones colectivas evidencian la respuesta del sector privado ante la emergencia, en un proceso que, aunque significativo, aún demanda esfuerzos adicionales para cubrir la totalidad de las necesidades del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero han donado las empresas colombianas para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con la información revelada por el presidente Abelardo de la Espriella, la suma global de las donaciones de empresas y empresarios colombianos supera los COP 1,5 billones. Esta cifra representa aproximadamente el 5 % del monto total estimado necesario para financiar la reconstrucción integral de las zonas afectadas por el sismo.

¿Qué empresas y empresarios lideran los aportes solidarios para la emergencia en Colombia?

Entre los principales donantes destacan la Fundación Santo Domingo, Valorem, Andi y sus afiliadas, ProAntioquia, ProPacífico, Grupo Argos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Jaime Gilinski, Raquel Kardonski, David Vélez (Nubank), el Grupo Tecnoquímicas, Bavaria, Drummond, Tiendas ARA, BBVA, Glencore, el Grupo Bolívar y Davivienda. Cada uno ha hecho aportes significativos para apoyar la atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción, con recursos destinados a la rehabilitación de escuelas, hospitales y comunidades enteras.

De acuerdo con la normativa vigente, un trabajador que cotiza en Colpensiones debe haber cumplido, además de la edad de retiro, las 1.300 semanas.

Recuerda la ley que el trámite para reconocer la mesada de estos pensionados en Colombia depende de que, por motivación propia y de la empresa, se entreguen los documentos al fondo público para que se emita la resolución.

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Según la misma norma, el plazo máximo para que Colpensiones emita esa resolución es de cuatro meses, tiempo en el que el trabajador deberá seguir llevando a cabo sus funciones contractuales.

Pago extra de mesadas a pensionados en Colombia: así se reciben

Un ejemplo sería que un prepensionado cuyo trámite para jubilarse arrancó en enero, pero con resolución aprobada en abril, para esa primera mesada va a recibir el acumulado desde enero.

La ley también obliga a que el trabajador, por mantener el contrato vigente, reciba su salario, con las respectivas prestaciones y, en algunos casos, bonificaciones.

Los pensionados en Colombia deben tener muy en cuenta que, en el marco de la entrega de documentos para la emisión de la resolución, deben llevar los certificados para que la cuenta bancaria quede debidamente registrada.

Aunque recuerda la misma Colpensiones que, en cualquier caso, se pueden hacer las actualizaciones y correcciones de los registros bancarios para que las mesadas sean entregadas sin contratiempos.

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Finalmente, los prepensionados en Colombia cuentan con estabilidad reforzada, pero si se les comprueba falta grave o incumplimiento del contrato, incluso estando a tres años o menos de jubilarse, pueden ser despedidos.

Según el comunicado de Glencore Colombia, la empresa resalta su reconocimiento hacia los esfuerzos que se están brindando en el territorio para asistir a la población vulnerable. A través de este mensaje, subrayaron el compromiso de la organización con la sociedad colombiana y su disposición de apoyar en momentos difíciles. Edgar Alfonso, quien lidera Cerrejón como presidente, reiteró que sus pensamientos y oraciones están con las familias perjudicadas, enfatizando que, ante situaciones de este tipo, la empresa espera que la donación pueda servir de alivio y apoyo concreto en medio de la emergencia.

El compromiso social del sector empresarial no se ha limitado únicamente a Glencore Colombia. De acuerdo con una información confirmada por Abelardo de la Espriella, presidente de la República, a través de su cuenta en la red social X, la compañía Drummond realizará una donación del mismo monto: 1,5 millones de dólares estadounidenses. Estos recursos también serán destinados a fortalecer la reconstrucción de la región occidental del país, la más impactada por el terremoto acontecido el lunes 10 de agosto.

A estas iniciativas solidarias se han sumado los principales conglomerados nacionales. La familia Santo Domingo, uno de los grupos empresariales más influyentes del país, anunció la entrega de 100.000 millones de pesos. La administración de estos recursos se realizará mediante una estructura fiduciaria, creada especialmente para asegurar una gestión adecuada de los fondos privados y optimizar los aportes del sector empresarial en la atención a la emergencia.

La respuesta articulada de empresas como Glencore Colombia, Drummond y la familia Santo Domingo evidencia el papel fundamental del sector privado en la atención a emergencias nacionales y el respaldo a las comunidades en momentos de crisis.

¿Qué empresas mineras donaron para ayudar tras el terremoto en Colombia?

Las empresas mineras que anunciaron donaciones para apoyar la reconstrucción tras el reciente terremoto en Colombia son Glencore Colombia, a través de su operación Cerrejón, y la empresa Drummond. Ambas compañías comprometieron 1,5 millones de dólares estadounidenses cada una, según comunicados y declaraciones oficiales.

¿Cómo se administrarán las donaciones privadas para víctimas del terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada, la donación de la familia Santo Domingo, que asciende a 100.000 millones de pesos, será administrada mediante una estructura fiduciaria. Esta figura permitirá coordinar y gestionar los aportes del sector privado, asegurando un uso eficiente y transparente de los recursos para atender la emergencia causada por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

No obstante, la coyuntura ha cambiado en el entorno energético israelí. Durante el periodo en el que disminuyó el comercio, Israel buscó alternativas, sustituyendo parte del reemplazo de carbón por gas en su matriz de suministro. Como explicó Aisen, "ahora Israel tiene otras soluciones. Nosotros hemos encontrado gas". Esto ha reducido la dependencia del carbón colombiano: aunque existe la disposición de comprarlo nuevamente, la necesidad se limita a circunstancias extraordinarias, como emergencias. La embajadora insistió en que "ya está reemplazado por gas, pero nosotros necesitamos de carbón como en casos de emergencia".

En cuanto a la posibilidad de reanudar las compras, Aisen fue clara: "Sí vamos a volver a importar carbón de Colombia, pero no creo que será la misma cantidad que antiguamente". Esto marca un punto clave en la transición comercial, pues la reacreditación de ventas no asegura el retorno de los volúmenes previos en el mercado israelí. Además, no precisó una estimación sobre el posible descenso en el volumen de importaciones y subrayó la importancia de diversificar el intercambio comercial. Según sus palabras, "hay muchas otras maneras de exportar otros productos que pueden ser exportados y otras maneras de cooperar".

Uno de los sectores mencionados por la embajadora fue el del agua, donde Israel cuenta con experiencia en gestión y tecnología, como lo demuestra su interés ante la contaminación hídrica en regiones colombianas como Santander. Esta ampliación del enfoque comercial ya forma parte de una agenda más amplia de recuperación de las relaciones, que incluye la eliminación de visados y la implementación del tratado de libre comercio vigente desde 2020. De acuerdo con Aisen, estos factores podrían dinamizar la economía y la inversión bilateral, en especial al facilitar la llegada de empresarios y turistas israelíes al país. Así, aunque Israel contempla importar carbón en el futuro, el gas y las nuevas áreas de cooperación marcarán el rumbo de esta relación.

¿Cuándo retomaría Israel las importaciones de carbón colombiano?

Israel ha expresado su disposición para retomar la compra de carbón colombiano, aunque no se ha anunciado una fecha específica para la reanudación de estas importaciones. Según la embajadora Vivian Aisen, la decisión depende de las circunstancias y de necesidades puntuales, principalmente en casos de emergencia, considerando que el gas ha ocupado ya un lugar relevante en la matriz energética de Israel.

¿Por qué Israel sustituyó parte del carbón colombiano por gas?

Durante la reciente caída en el comercio bilateral, Israel buscó alternativas energéticas y encontró en el gas una solución que le permitió reducir su dependencia del carbón colombiano. De acuerdo con lo explicado por la diplomática, el gas ahora cubre parte de la demanda energética del país, limitando el uso del carbón solo a situaciones excepcionales, como emergencias energéticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El decreto otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para reorganizar el presupuesto, contratar con mayor rapidez y movilizar recursos.

Entre las principales medidas está el uso temporal de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y otros fondos especiales, además de la flexibilización de los trámites para obtener créditos nacionales e internacionales.

También se amplía el programa Obras por Impuestos a todos los municipios afectados y se agiliza la venta de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destinando los recursos a la emergencia.

Para los damnificados, se eliminan algunas restricciones para acceder a subsidios de vivienda, incluido el requisito de ahorro previo y la limitación de recibir el beneficio una sola vez.

También se contemplan subsidios de arriendo y medidas para evitar aumentos especulativos.

El decreto crea ayudas para pagar parte de las nóminas de micro y pequeñas empresas afectadas, transferencias extraordinarias para trabajadores independientes y flexibiliza requisitos de programas sociales.

Además, las cooperativas podrán otorgar créditos a damnificados, con tasas subsidiadas y periodos de gracia.

En solo una semana, Santafé, Plaza de las Américas, Titán Plaza y Plaza Imperial lograron reunir y movilizar más de 116 toneladas de alimentos, agua, ropa, insumos médicos y artículos de primera necesidad hacia las regiones devastadas.

Lejos de ser simples puntos de paso, estos establecimientos se transformaron en centros de operaciones logísticas, demostrando que el sector privado tiene un rol fundamental en la gestión de crisis cuando articula su infraestructura con la voluntad de la comunidad.

A través de su iniciativa ‘Imperial Solidario’, alcanzó la cifra más relevante del consolidado: 80 toneladas de ayudas humanitarias despachadas durante la primera semana. La operación contó con la participación activa de más de 320 voluntarios, quienes trabajaron en la recepción, clasificación y cargue de los envíos que ya llegaron a Armenia, Pereira, Quimbaya, Sevilla, Calarcá y el Chocó.

“Lo que hemos vivido esta semana demuestra que la unión de una comunidad genera un impacto inmenso. 80 toneladas son el reflejo de miles de personas que donaron y de 320 voluntarios que entregaron su tiempo con generosidad. Hoy iniciamos una segunda fase, porque la reconstrucción apenas comienza y nuestra capacidad operativa sigue al servicio de quienes más lo necesitan”, señaló Luis Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial.

En el norte de la ciudad, Santafé puso en marcha un centro de acopio en articulación con Fenalco y el Gobierno Nacional, recibiendo 12.640 kilos en donaciones. Este volumen representa cerca del 30 % de las 68 toneladas totales que Fenalco ha logrado reunir en Bogotá, consolidando al centro comercial como un nodo clave en la red de ayuda. Más de 100 voluntarios se sumaron a las labores de organización y despacho.

“En momentos críticos, las palabras sobran y las acciones hablan. Abrimos nuestras puertas para ser un puente entre la ciudadanía y las regiones afectadas, y la respuesta de nuestra comunidad nos llena de orgullo. Los 12.640 kilos recolectados son la prueba de que, cuando nos articulamos con el sector público y gremial, podemos mover montañas”, afirmó Andrés Hernández, gerente de Santafé.

Con un enfoque territorial claro, Plaza de las Américas destinó su centro de acopio a apoyar a las comunidades del Chocó. En apenas cuatro días, logró reunir más de 14.000 kilos, enviados en tres camiones a Quibdó, Medio Atrato y Beté, con el respaldo logístico de la Fundación Isla de Agua. Más de 500 vecinos del sector hicieron donaciones, y 150 voluntarios participaron activamente en el empaque y marcación de los productos.

“Sabemos que el Chocó requiere un acompañamiento sostenido. Por eso, nuestra operación no se detiene; seguimos recibiendo donaciones porque entendemos que la reconstrucción será un proceso largo. Nuestro compromiso es mantener la infraestructura disponible para que la solidaridad de los bogotanos siga fluyendo”, expresó Ana Isabel Coba, gerente de Plaza de las Américas.

Entre el 11 y el 17 de agosto, Titán Plaza recolectó 10 toneladas de productos, gracias a la generosidad de 289 ciudadanos. De esta cifra, 1,8 toneladas fueron entregadas a la Fundación Fuerza Colombia para su traslado al Chocó junto con la Armada Nacional, mientras que 1,45 toneladas fueron canalizadas a través del grupo de creadores de contenido liderado por Camilo Triana y Julián Pinilla hacia el Tolima. Las ayudas restantes están siendo organizadas para un último envío.

De la urgencia a la reconstrucción: una nueva convocatoria

Superada la fase de atención inmediata, los centros comerciales ajustan sus requerimientos para alinearse con las necesidades reales en los territorios. La convocatoria actual se centra en la recolección de:

• Kits de insumos médicos y de primeros auxilios.
• Elementos para el hábitat y el descanso (colchonetas, almohadas, cobijas).
• Alimentos no perecederos (con prioridad en enlatados y granos).
• Productos de higiene personal y aseo.

Los puntos de acopio de los cuatro centros comerciales permanecen activos, invitando a la ciudadanía a mantener viva la solidaridad. La invitación es clara: la reconstrucción de Colombia no es tarea de unos pocos, y cada centro comercial reafirma su vocación de ser un espacio de encuentro y apoyo comunitario más allá del consumo.

La evolución de la tasa de cambio responde a causas diversas. Según lo explicado, influyen los movimientos internacionales del dólar, la entrada de capital extranjero y el atractivo de las tasas de interés locales para ciertos inversionistas. Otro factor clave es el precio internacional del petróleo, fundamental para la economía colombiana debido al fuerte peso de las exportaciones de crudo en la generación de divisas. Cuando el precio del crudo sube, esto suele aumentar la entrada de dólares al país, reforzando la apreciación de la moneda local.

Sin embargo, no todo el impacto es positivo ni homogéneo. Entre quienes se benefician destacan aquellos que dependen de bienes o insumos importados, pues sus costos en dólares se convierten en menos pesos al momento de pagar, lo cual incluye desde importadores de materias primas hasta empresas que requieren tecnología o maquinaria extranjera. Asimismo, consumidores que planean viajar o hacer compras internacionales necesitarán menos pesos para adquirir dólares. El mismo efecto aplica a quienes tienen deudas denominadas en esa moneda, pues ahora requieren menos moneda nacional para cumplir dichas obligaciones.

En contraste, el descenso del dólar perjudica a los exportadores, ya que sectores como el caficultor, el floricultor, el de manufacturas y petróleo reciben menos pesos al convertir sus ganancias en dólares. Esta situación afecta especialmente al sector cafetero. La Federación Nacional de Cafeteros apunta que el cálculo del precio interno depende tanto del valor internacional del grano como de la tasa de cambio. Familias que reciben remesas en dólares también reciben menos pesos colombianos, y empresas como los call center que reciben pagos en dólares tienen menores ingresos al hacer la conversión. De igual forma, el turismo se ve tocado: para visitantes extranjeros, un peso más fuerte puede volver costosos algunos productos y servicios locales.

En última instancia, la caída del dólar plantea ventajas y desventajas según la actividad económica y el perfil de quienes participan en el mercado, ilustrando cómo un cambio en la cotización puede beneficiar a unos y presionar a otros.

¿Por qué el precio del dólar baja en Colombia?

El precio del dólar baja debido a factores como la llegada de inversiones extranjeras al país, el atractivo de las tasas de interés locales y el aumento del precio internacional del petróleo, que refuerzan la confianza en el peso colombiano y contribuyen a incrementar la disponibilidad de dólares en el mercado.

¿Qué sectores se ven afectados negativamente por la caída del dólar en Colombia?

Los sectores más impactados por la baja del dólar son los exportadores como el de café, flores, manufacturas y petróleo, además de familias que reciben remesas y empresas con ingresos en dólares, quienes, al convertir sus divisas a pesos, obtienen ahora un menor valor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según señaló, detectar una transacción fraudulenta después de que se haya realizado ya no es suficiente, por lo que el sector debe avanzar hacia mecanismos capaces de anticiparse a las amenazas.

En este escenario, destacó el potencial de herramientas como Bre-B, que permiten realizar operaciones en cuestión de milisegundos, pero que también representan un reto para las entidades financieras, pues deben contar con sistemas capaces de analizar las transacciones prácticamente en tiempo real.

Chaves señaló que la inteligencia artificial se convierte en un elemento clave para responder a este desafío.

Su aplicación permite revisar modelos, analizar grandes volúmenes de información y utilizar agentes de IA y herramientas de inteligencia de amenazas para identificar comportamientos sospechosos antes de que se concrete un fraude.

La ejecutiva sostuvo que el objetivo debe ser pasar de una estrategia reactiva a una preventiva, utilizando la tecnología para detectar señales de riesgo con anticipación.

De esta manera, la IA puede convertirse en una herramienta fundamental para fortalecer la protección de las finanzas y ofrecer mayor seguridad a los usuarios.

Explica que los delincuentes suelen generar miedo y urgencia para conseguir que las personas actúen sin verificar la información.

Por eso, recomienda desconfiar de llamadas, mensajes de WhatsApp, correos o enlaces que presionen al usuario para realizar una acción inmediata, especialmente cuando advierten sobre supuestos riesgos para la cuenta.

El experto señala que, ante cualquier comunicación que parezca provenir del banco, el cliente debe detenerse y realizar una segunda validación.

En lugar de responder directamente al mensaje o continuar una llamada sospechosa, aconseja colgar y comunicarse por iniciativa propia con el banco a través de sus canales oficiales para confirmar si la solicitud es legítima.

Muñiz insiste en que ningún procedimiento realmente importante debería obligar al cliente a actuar de inmediato.

Tomarse un minuto antes de hacer clic, entregar información o realizar una operación puede marcar la diferencia frente a una estafa.

Su mensaje central para fortalecer la ciberseguridad es claro: detener las urgencias, mantener la calma y verificar. Según explica, el miedo hace que las personas sean más manipulables, mientras que la paciencia permite detectar señales de alerta y evitar caer en fraudes.

Detrás de este comportamiento del mercado de divisas se encuentran una serie de factores externos e internos que han favorecido particularmente al peso colombiano. Según explicó Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, parte del contexto global ha jugado un papel central. El déficit fiscal elevado y el crecimiento notable de la deuda pública en Estados Unidos han minado la fortaleza de la moneda norteamericana. Además, hay movimientos asociados a la recompra de bonos del Tesoro estadounidense, que también han ejercido presión sobre el dólar.

Colombia, como país exportador de petróleo, ha recibido un impulso adicional por el aumento del precio internacional de este recurso. Las tensiones en Oriente Medio han provocado incrementos en la cotización del crudo, lo que traduce en mayores ingresos de divisas para la economía local. Este flujo adicional de dólares abarata la moneda extranjera dentro del mercado colombiano.

En la dinámica nacional, las tasas de interés elevadas que mantiene el Banco de la República—alrededor del 12 %—siguen atrayendo inversionistas extranjeros, quienes buscan mejores rendimientos. Su entrada de capitales hace necesario convertir dólares en pesos, manteniendo una presión a la baja en el tipo de cambio. Este fenómeno ha tomado fuerza especialmente después de conocerse resultados clave en la política nacional, como la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según Suárez. Igualmente, las remesas enviadas por colombianos en el exterior continúan incrementando la oferta de dólares.

Este escenario ha abierto la puerta a la posibilidad de ver un dólar negociándose incluso por debajo de los $3.000. Aunque el Banco de la República ha intervenido con compras de dólares para mitigar la volatilidad, si se sostienen las condiciones actuales, la moneda estadounidense podría continuar cayendo. Un dólar barato beneficia especialmente a viajeros, importadores y consumidores de tecnología y servicios digitales, pero también afecta a exportadores y quienes reciben remesas, para quienes cada dólar representa menos pesos.

Con la divisa tan cercana a los $3.000, el mercado está atento para saber si se consolidará una nueva tendencia o si el tipo de cambio encontrará un nuevo punto de equilibrio.

¿Por qué el precio del dólar en Colombia ha caído tanto en 2026?

La caída del dólar en Colombia durante 2026 responde a una combinación de factores internacionales y locales. De acuerdo con El Diario y Omar Suárez, el déficit fiscal de Estados Unidos, el aumento de la deuda pública de ese país y la recompra de bonos han debilitado la moneda. Paralelamente, el alza en el precio internacional del petróleo y las altas tasas de interés en Colombia han atraído más dólares al país, presionando el tipo de cambio hacia abajo.

¿Cuáles son las consecuencias de un dólar bajo para los colombianos?

Un dólar bajo supone ventajas para aquellos con obligaciones o compras en moneda extranjera, como viajeros, importadores y consumidores de bienes tecnológicos. Sin embargo, quienes exportan productos o reciben remesas ven reducido el valor de sus ingresos al cambiar los dólares por pesos, debido a la menor tasa de conversión.

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Esta medida representa una alternativa para quienes planean comprar un vehículo con menor impacto en el consumo de combustible y buscan aprovechar los incentivos tributarios disponibles en el país. No obstante, el beneficio no aplica de manera automática a todos los carros híbridos, ya que es necesario cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos.

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Uno de los principales aspectos que deben tener en cuenta los compradores es la certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Este documento permite acreditar que el vehículo cumple con las características necesarias para acceder al incentivo tributario.

Además, los vehículos que pueden beneficiarse de esta medida deben contar con tecnologías HEV (Hybrid Electric Vehicle) o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Por esta razón, antes de realizar la compra, es recomendable verificar que el modelo elegido se encuentre dentro de las categorías contempladas y que cuente con la certificación correspondiente.

¿De cuánto es el beneficio del IVA para quienes compran carros híbridos?

Para los vehículos que cumplen con las condiciones establecidas, la tarifa del IVA aplicable es del 5 %, lo que representa una reducción frente a la tarifa general del impuesto. En consecuencia, el comprador puede obtener un ahorro sobre el valor del automotor, siempre que este se encuentre dentro de los vehículos que tienen derecho al tratamiento tributario diferencial.

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El beneficio también puede ser relevante para las personas que ya realizaron el pago del impuesto. En estos casos, si el vehículo cumple con los requisitos y cuenta con la documentación exigida, el propietario puede solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la devolución del valor correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la entidad.

El monto que podría recuperarse depende directamente del precio del vehículo y del valor del IVA que haya sido pagado. Por tratarse de automotores cuyo precio puede alcanzar varios millones de pesos, la diferencia asociada al impuesto puede representar una suma considerable para el comprador.

Sin embargo, es importante precisar que la devolución no se concede de manera automática. El propietario debe acreditar que el vehículo cumple las condiciones previstas en la normativa y presentar el certificado correspondiente para respaldar la solicitud ante la DIAN.

El mandatario explicó que el Gobierno utilizará la información de las empresas aseguradoras para identificar los inmuebles con cobertura y precisar los procedimientos a seguir en cada caso. Además, destacó la importancia de esta herramienta para canalizar subsidios a quienes más los requieren. Según De la Espriella, uno de los enfoques centrales está puesto en los hogares de estratos 1, 2 y 3, así como en las viviendas de interés social. Esta priorización, sin embargo, no excluye a otros asegurados, pues todos los afectados con pólizas recibirán atención. Quienes no cuenten con seguro también recibirán respaldo mediante mecanismos de ayuda pública.

El presidente subrayó que los reclamantes no deben dejarse influenciar por noticias falsas referidas a los plazos o procedimientos. De la Espriella recordó que existe un plazo de hasta dos años para presentar reclamaciones por daños cubiertos, y aclaró que los trámites serán atendidos y agilitados, desmintiendo la información errónea sobre plazos reducidos. Igualmente, se estableció que, en el caso de inmuebles o copropiedades asegurados en varias compañías, serán dichas entidades las encargadas de coordinar los trámites entre ellas, evitando que los damnificados tengan que asumir esa responsabilidad mientras viven las consecuencias del desastre.

Según datos oficiales revelados a las 12:30 del 19 de agosto, el terremoto tuvo un impacto en 262.154 personas, que integran 147.464 familias en 15 departamentos y 471 municipios. En la infraestructura habitacional, se registran 30.664 inmuebles destruidos, 136.946 averiados, 302 edificios colapsados y 5.809 afectados. Además de las viviendas, la destrucción se extiende a hospitales, comercios y centros educativos. En respuesta, el Gobierno declaró la emergencia económica para movilizar recursos y enfocarse en la reconstrucción, anunciando la participación conjunta de entidades públicas, privadas y las comunidades. El presidente reconoció el compromiso del sector asegurador y su disposición para afrontar la crisis, resaltando la importancia de su papel en este proceso nacional de recuperación.

¿Qué opciones de ayuda tienen las personas sin seguro tras el terremoto?

Las personas que no cuentan con una póliza de seguro también recibirán apoyo mediante mecanismos de asistencia diseñados por el Estado, según afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Mientras que las aseguradoras se encargan de responder por los bienes cubiertos, el Gobierno implementará ayudas públicas para quienes carecen de cobertura, diferenciando ambos tipos de respaldo en función de las necesidades detectadas.

¿Cuál es el plazo para presentar reclamaciones de pólizas tras el terremoto?

Según información suministrada por el Gobierno Nacional y citada por el presidente De la Espriella, los afectados disponen de un plazo de hasta dos años para presentar sus reclamaciones ante las aseguradoras por los daños ocasionados por el sismo. Esta medida busca brindar tranquilidad y tiempo suficiente para que los damnificados formalicen sus solicitudes sin presión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la cartera, el nombramiento de Pumarejo tiene como fin dar continuidad e impulsar la participación de Colombia en espacios donde se deciden asuntos fundamentales en torno a los recursos financieros y las inversiones orientadas a diferentes sectores estratégicos de la economía nacional. El Ministerio de Hacienda precisó que la representación frente al BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones implica estar presente en iniciativas enfocadas en el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de infraestructura, la transición energética y el bienestar general del país.

La entidad gubernamental también resaltó que el trabajo en estos organismos busca reforzar la presencia nacional en discusiones y decisiones que atañen a inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo del país. En palabras del propio ministerio, la representación ante los organismos del Grupo BID —que juegan un papel clave en la financiación y gestión de proyectos en los países miembros— permite a Colombia participar de forma activa en la orientación de políticas y el uso de recursos internacionales.

No obstante, la información oficial entregada no proporcionó mayores detalles sobre las funciones específicas que desempeñará Jaime Pumarejo ni precisó la duración de su mandato en estos cargos. Con esta designación, Colombia ratifica su intención de mantenerse activa en la toma de decisiones internacionales que influyen directamente en las prioridades de inversión y desarrollo nacional.

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¿Cuál es la función del director ejecutivo de Colombia ante el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones?

El director ejecutivo de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones tiene la tarea de representar al país en discusiones y decisiones sobre recursos, inversiones y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, según informó el Ministerio de Hacienda. Esta función incluye impulsar iniciativas en crecimiento económico, empleo, infraestructura y transición energética.

¿Por qué es relevante la representación de Colombia en organismos como el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones?

La representación de Colombia ante estos organismos resulta clave porque permite al país participar en la asignación de recursos y en la toma de decisiones relacionadas con inversiones y proyectos que afectan directamente sectores prioritarios de la economía. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta presencia fortalece las posibilidades de acceso a financiación y apoyo internacional.

Actualmente, el Banco Mundial ya desembolsó 200 millones de dólares para ayudar a los damnificados del sismo, según datos suministrados por el Gobierno. Sin embargo, la línea de crédito podría incrementarse hasta llegar a 450 millones de dólares, con el objetivo de responder a las múltiples necesidades surgidas de la emergencia. “Garantizar recursos para atender terremoto exige trabajo con varios actores. Hoy, en reunión con comisiones económicas del Congreso, solicitamos citar Comisión Interparlamentaria de Crédito para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial, que ya desembolsó US$200 millones”, precisó Gómez.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público es una instancia compuesta por seis miembros, seleccionados por las Comisiones Terceras tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Su función principal es examinar las operaciones de crédito externo permitidas por la ley que tengan como propósito financiar el desarrollo económico y social del país, así como fortalecer el equilibrio de la balanza de pagos. Para llevar a cabo estos análisis, la comisión puede ser convocada en cualquier momento, incluso durante recesos legislativos, con el fin de recibir información pertinente sobre las operaciones de crédito propuestas.

Entre las tareas de la comisión está analizar los posibles riesgos de endeudamiento que puedan afectar la capacidad de Colombia para cumplir con sus obligaciones internacionales o cuando las condiciones del préstamo sean consideradas desfavorables. La convocatoria hecha por el Ministerio de Hacienda busca que este órgano estudie la ampliación de la línea de crédito, en aras de asegurar fondos adicionales para la gestión de la emergencia. Así, el Gobierno Nacional iniciará el proceso formal para negociar la extensión con el Banco Mundial, bajo la supervisión y el análisis de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y cuál es su función en la ampliación del crédito con el Banco Mundial?

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está compuesta por seis miembros designados por las Comisiones Terceras del Senado y de la Cámara de Representantes. Su responsabilidad es analizar y conocer las operaciones de crédito externo autorizadas legalmente al Gobierno Nacional, especialmente aquellas orientadas a financiar el desarrollo económico y social y a mantener el equilibrio de la balanza de pagos. En el caso de la ampliación del crédito con el Banco Mundial, deberá evaluar si las condiciones del nuevo préstamo son adecuadas y si el endeudamiento resultante es sostenible para el país.

¿Cuánto dinero desembolsó el Banco Mundial para la atención del terremoto y cuánto busca el Gobierno ampliar?

De acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el Banco Mundial ya realizó un desembolso inicial de 200 millones de dólares dirigidos a la atención de los damnificados del terremoto. El Gobierno Nacional busca ampliar esta línea de crédito hasta 450 millones de dólares, con el fin de disponer de recursos adicionales que permitan cubrir las crecientes necesidades originadas por la emergencia natural.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, explicó que la iniciativa es muestra del respaldo gubernamental a las apuestas de desarrollo regional, asegurando que la medida permitirá “mejorar la vida de sus habitantes, para que sea una ciudad más verde, que siga avanzando en infraestructura y genere empleo”. El plan financiado se apoya en cuatro ejes: Ciudad Segura y Solidaria, Ciudad Dinámica, Ciudad Ambiental y Sostenible, y Gobierno Eficiente y Responsable.

Entre las acciones destacadas se encuentra la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, que involucra la protección de ecosistemas, playas y manglares, además de distintas áreas públicas. Igualmente, el crédito respaldará el programa “Siembra Barranquilla”, que busca ampliar y cuidar zonas verdes y bosques urbanos. También se cubrirá la operación y el mantenimiento de las cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire y se actualizará el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

En cuanto a espacio público, Barranquilla potenciará el programa “Todos al Parque”, orientado a la recuperación y el mantenimiento de parques, plazas y bulevares, y desarrollará el Proyecto de Transformación de Entornos Urbanos (TEU), enfocado en renovar andenes. Por otro lado, parte de los recursos se destinará a fortalecer la formación artística y cultural y el Sistema Distrital de Estímulos, incentivando la creación y la gestión sostenible de las artes y el patrimonio.

La autorización ministerial fue el fruto de una solicitud radicada por el Distrito el 23 de febrero de 2026. Tras varias pausas y reactivaciones, Barranquilla logró acreditar que cumplía los requisitos de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015. Entre los documentos presentados estuvieron el aval técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), un concepto positivo del Consejo Distrital de Política Fiscal (CODFIS) y la calificación de riesgo internacional: “BB” por Fitch Ratings y “Baa3” de Moody’s Ratings. Además, el Distrito demostró tener una solvencia del 13,0% y una sostenibilidad de 107,6%, en línea con las exigencias legales, lo que permitió la formalización del empréstito externo con la CAF.

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¿Qué proyectos financiará Barranquilla con el crédito de 50 millones de dólares de la CAF?

Barranquilla usará los recursos de la CAF para financiar iniciativas como la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, la ampliación y el cuidado de zonas verdes con “Siembra Barranquilla”, el mantenimiento de estaciones de monitoreo ambiental, la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, la renovación urbana de parques y bulevares con “Todos al Parque” y TEU, y el fortalecimiento de la formación artística y el Sistema Distrital de Estímulos.

¿Cuáles son los requisitos para que un distrito acceda a un empréstito externo según la Ley 358 de 1997?

Según la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Barranquilla debió acreditar ante esa cartera el cumplimiento de los requisitos de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015, que establecen condiciones para operaciones de crédito público, entre ellas solvencia y sostenibilidad enmarcadas en indicadores, conceptos técnicos favorables y calificaciones de riesgo aceptables.

El avance también se reflejó en los ingresos netos por comisiones, que aumentaron 15,9 % en el periodo analizado. En Colombia, Mibanco encabezó este crecimiento al elevar en 86,6 % sus ingresos por comisiones frente al segundo trimestre del año anterior, seguido por Credicorp Capital, que reportó un alza de 27,6 %. Estos resultados muestran el impulso que han tomado las microfinanzas y la mayor actividad en los mercados de capitales del país.

De acuerdo con Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, a pesar de los retos persistentes en Colombia y del impacto del reciente terremoto, se ha evidenciado una mejora en el sentimiento del mercado, favorecida por los cambios políticos recientes. Esta percepción positiva se tradujo en una moneda nacional más fuerte y en menores rendimientos de los bonos soberanos.

En materia de innovación, Credicorp destacó que el portafolio en esta área ya representa el 9,9 % de los ingresos ajustados por riesgo, una mejora significativa frente al 6,2 % registrado un año antes. Yape, la plataforma digital insignia del grupo, alcanzó 16,7 millones de usuarios activos mensuales, con un aumento del 62,5 % en los ingresos por comisiones durante el trimestre, lo que evidencia la consolidación de la innovación como pieza clave en la creación de valor, el fortalecimiento de la inclusión financiera y la diversificación de los resultados.

En cuanto a la calidad de la cartera, Credicorp consiguió reducir la cartera deteriorada en 7,6 % interanual, logrando una cobertura de 117,3 %, mientras las colocaciones mantienen una tendencia de crecimiento, respaldadas por la disciplina en la gestión del riesgo y la solidez del modelo de negocio. Con base en estos indicadores, el grupo espera alcanzar un ROE cercano al 22 % en el mediano plazo y mantiene su proyección de aproximadamente 19,5 % para 2026, aunque está sujeta a la evolución del fenómeno de El Niño.

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¿Cuáles son las cifras clave del crecimiento de Credicorp en el segundo trimestre de 2026?

En el segundo trimestre de 2026, Credicorp destacó por un crecimiento del 8,8 % en su utilidad neta atribuible, alcanzando los USD 581,2 millones. Además, reportó un ROE del 20,3 % y un aumento del 15,9 % en ingresos netos por comisiones. En Colombia, Mibanco y Credicorp Capital sobresalieron en este indicador, con alzas del 86,6 % y 27,6 %, respectivamente.

¿Cómo ha impactado la innovación y la digitalización en los resultados de Credicorp?

La innovación se refleja en que el portafolio innovador del grupo representa ahora el 9,9 % de los ingresos ajustados por riesgo, frente al 6,2 % de un año atrás. Además, la plataforma digital Yape alcanzó 16,7 millones de usuarios activos y creció 62,5 % en ingresos por comisiones, fortaleciendo la diversificación de utilidades e inclusión financiera dentro de la organización.

El programa plantea una meta de consumo individual por usuario, calculada a partir del promedio diario consumido en los últimos 12 meses, contados desde el 3 de agosto de 2026 hacia atrás. Esta meta será fija durante todo el periodo de vigencia del mecanismo. A partir de ahí, si un usuario regulado supera en más de un 10 % su meta, recibirá un cobro adicional solo sobre el exceso. Por el contrario, quienes logren disminuir su consumo por debajo del 90 % de la meta podrán acceder a una porción de los recursos reunidos por esos cobros adicionales. Todo lo recaudado formará una “bolsa” que se distribuirá entre quienes consigan menores consumos, según las reglas que defina la CREG.

Esta herramienta es transitoria y autofinanciada, con aplicación automática para los usuarios que cumplan las condiciones, sin que sea necesario algún trámite o solicitud. No contempla reconocimientos de costos extra para los comercializadores ni traslados tarifarios a los usuarios, y su duración inicial será de seis meses, prorrogables por otro semestre si la CREG lo decide. La medida incluye varias excepciones: usuarios con medición distinta al medidor convencional, con medidores prepago, con el servicio suspendido, de instituciones de salud, educativas, centros de atención, seguridad, organismos oficiales y quienes no puedan tener una meta individual diaria, entre otros casos. Los cobros del alumbrado público tampoco están incluidos.

La fecha de aplicación en la factura aún depende de la definición por parte de la CREG, que evalúa incluso la exclusión de usuarios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Una vez haya claridad sobre las condiciones y fechas de inicio, las empresas del Grupo EPM serán las encargadas de informar a los usuarios sobre su meta, consumos y posibles cobros o beneficios. Esta iniciativa hace parte de la campaña “Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño”, y busca fortalecer la participación de los usuarios ante los desafíos de la demanda y el comportamiento del sistema eléctrico colombiano.

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¿Cómo funciona el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica de la CREG?

El programa consiste en asignar una meta individual de consumo de energía a cada usuario regulado, basada en su promedio de consumo durante los últimos 12 meses previos al 3 de agosto de 2026. Si el usuario supera en más de un 10 % su meta, pagará un cobro adicional sobre el consumo excedente. En caso de reducir el consumo a menos del 90 % de la meta, podrá recibir un beneficio económico, dependiendo del ahorro alcanzado y de los recursos generados por los cobros adicionales.

¿Quiénes están excluidos del programa de incentivos al ahorro de energía del Grupo EPM?

El programa no aplica a usuarios con medición distinta a la de medidor tradicional, medidores prepago, servicio suspendido, instituciones de salud, educativas, centros asistenciales, organismos de atención de emergencias, instituciones de seguridad, entidades penitenciarias y organismos públicos oficiales. También quedan exceptuados quienes no puedan tener una meta diaria individual calculable o usuarios de Comunidades Energéticas, así como el cobro derivado del alumbrado público.

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La decisión fue comunicada luego de conversaciones entre Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y Omar Bula Escobar, canciller de Colombia. Según el anuncio, ambos gobiernos acordaron establecer la exención para sus ciudadanos.

El cambio supone una modificación frente a las condiciones migratorias que regían para los viajeros de ambos países. En el caso de los colombianos, Israel había restablecido el requisito de visa para turismo en mayo de 2025, mientras que Colombia adoptó posteriormente una medida recíproca para los ciudadanos israelíes.

Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1…

— Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 20, 2026

¿Desde cuándo los colombianos podrán viajar a Israel sin visa?

La nueva medida comenzará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el anuncio del gobierno israelí. Esto luego de que el presidente Abelardo del Espriella decidiera retomar relaciones con ese país.

Hasta que llegue esa fecha, los viajeros deben tener en cuenta las condiciones migratorias vigentes. De hecho, la información disponible actualmente en el sitio del Consulado General de Israel en Bogotá todavía señala que los ciudadanos colombianos necesitan visa para ingresar al país con fines turísticos.

Por esta razón, quienes tengan previsto viajar antes del cambio deberán verificar los requisitos correspondientes a la fecha de su desplazamiento. La exención anunciada no significa que las condiciones de ingreso sean idénticas a las de otros países, pues pueden existir controles migratorios y requisitos adicionales.

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De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el reporte fue presentado por la empresa F&M Chocolates S.A.S. y corresponde a productos que fueron sustraídos y que podrían terminar en canales de comercialización sin la trazabilidad correspondiente. Por esa razón, el Invima pidió a ciudadanos, establecimientos y autoridades mantener especial atención sobre los lotes relacionados.

El Invima también solicitó a las Entidades Territoriales de Salud y a las autoridades competentes adelantar la búsqueda de los productos relacionados. En caso de encontrarlos en distribución o comercialización, deberán adoptarse las medidas correspondientes.

La entidad mantiene un sistema de alertas sanitarias para alimentos y bebidas, mediante el cual publica advertencias relacionadas con productos que pueden representar riesgos o que presentan irregularidades en su comercialización.

¿Cuáles son los lotes de materias primas robadas en Cundinamarca?

La alerta comprende cuatro lotes de base de cobertura de chocolate industrial, cada uno con 1.000 kilogramos. Los productos tienen fecha de vencimiento en junio de 2027 y están identificados con el código B01FMINCMP.

Los lotes reportados son 22102066, 22103066, 22104066 y 22105066. El producto aparece identificado como “BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg”.

El Invima también reportó el hurto de 160 kilogramos de grasa vegetal, correspondiente al lote 17052026TB1 y al código de producto 4GV01CBAKG. Este producto igualmente registra vencimiento en junio de 2027.

Ante esta situación, la entidad recomendó a la población no adquirir ni comercializar los productos incluidos en la alerta. La advertencia busca evitar que las materias primas hurtadas ingresen a establecimientos o procesos de elaboración de alimentos sin que pueda garantizarse su procedencia y condiciones de manejo.

Por ahora, la recomendación para consumidores y establecimientos es verificar cuidadosamente la procedencia de estas materias primas y evitar cualquier producto que corresponda a los lotes incluidos en la alerta oficial.

Según el Comité Risaralda de la Federación Nacional de Cafeteros, en este departamento existen cerca de 20.000 caficultores y más de 19.000 familias dedicadas a esta actividad, lo que evidencia la relevancia económica del café para la región. La llegada de trabajadores temporales provenientes de diferentes zonas del país, como Cauca y Nariño, es fundamental durante la cosecha. De acuerdo con Luis Miguel Ramírez, representante de Risaralda ante el Comité Directivo de la Federación, los daños en viviendas dificultan no solo la vida diaria, sino también el alojamiento de recolectores, lo que podría llevar a un déficit de mano de obra en el momento más crucial de la cosecha.

Además de los hogares, los beneficiaderos han recibido un duro golpe. Más de 400 caficultores reportaron la pérdida de estos espacios, lo que limita la posibilidad de procesar el café a tiempo y con la calidad necesaria. El panorama se repite en otros municipios del departamento. En Mistrató, el 90 % de los daños ocurrieron en la zona rural, con 292 familias afectadas, 61 viviendas colapsadas y 219 averiadas.

Esta situación no es exclusiva de Risaralda. La Federación Nacional de Cafeteros recogió información en seis departamentos donde 8.070 caficultores han reportado daños en sus viviendas. Adicionalmente, el municipio de Belén de Umbría enfrenta retos adicionales por condiciones climáticas adversas: déficit de agua, altas temperaturas y problemas en el desarrollo de las plantas, lo que podría mermar aún más la producción.

Según declaraciones del alcalde John Fredy Montes Velásquez, proteger a los productores es clave para salvaguardar el empleo y la economía rural. Tanto la Federación como el Gobierno Nacional ya han entablado diálogo para buscar soluciones rápidas. En paralelo, la Federación activó la campaña internacional “Súmate a la Causa” para canalizar apoyo a las familias damnificadas, mientras se procesan diagnósticos más precisos.

Ahora, la prioridad es la reconstrucción no solo de viviendas, sino también de los beneficiaderos y espacios para recolectores, pues de esto depende que el café, aunque esté listo en los árboles, no se pierda antes de llegar al mercado.

¿Cuál es el principal riesgo para la cosecha cafetera de Risaralda tras el terremoto?

El riesgo no es la pérdida directa del grano, sino la imposibilidad de recoger y procesar el café debido a la destrucción de viviendas y beneficiaderos. Esto puede dejar a los productores sin la infraestructura para recibir a los recolectores y procesar el café a tiempo.

¿Qué función cumple un beneficiadero en la producción de café?

Un beneficiadero es el espacio donde se recibe, despulpa, fermenta y lava el café luego de la recolección. Su pérdida o daño limita la capacidad de transformar el grano recolectado en producto apto para la venta, poniendo en riesgo todo el ciclo productivo.

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El análisis detallado expuesto por el DANE muestra que estas cifras no afectan a la población de manera uniforme. En particular, las mujeres enfrentan una incidencia de pobreza monetaria del 45,9 %, mientras que en los hombres la cifra es de 42,8 %. Esto evidencia una brecha de 3,1 puntos porcentuales entre ambos géneros, aspecto que ha despertado especial atención entre expertos y organizaciones sociales.

El economista Fernando Herrera explicó que existen razones profundas que sostienen esta diferencia. "El desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. Y existe lo que se llama brecha salarial de género. Les pagan menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. Entonces más desempleo y menos pago es un cóctel desafortunado para ellas", aseguró Herrera, en referencia directa a la disparidad en el ámbito laboral.

Los datos aportados por el DANE muestran que el 20,9 % de las mujeres en el Cesar se encuentra desempleada, un porcentaje considerablemente superior al 12,7 % de los hombres. No es el único aspecto que agrava la condición de vulnerabilidad femenina: la llamada economía del cuidado —término utilizado para describir el tiempo y esfuerzo invertidos en tareas de cuidado no remunerado, como la atención de niños, adultos mayores y actividades domésticas— recae mayoritariamente sobre las mujeres.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, realizada por la red Valledupar Cómo Vamos, aporta cifras claras sobre esta situación: el 71 % de las mujeres en Valledupar dedica cinco horas o más al día a estas labores sin compensación económica. Apenas el 33 % de los hombres asume una carga comparable, lo que evidencia la desigualdad en las tareas dentro del hogar y la sociedad. Estos factores inciden de forma determinante en que la pobreza tenga mayor rostro de mujer en el Cesar, según las fuentes oficiales referidas.

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¿Cuál es la razón de la brecha de pobreza entre hombres y mujeres en Cesar?

De acuerdo con el economista Fernando Herrera, la diferencia principal radica en que las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo y reciben menores salarios que los hombres por trabajos similares. Además, la sobrecarga de labores de cuidado no remunerado limita sus oportunidades de acceder a empleo formal y mejor remunerado, lo que profundiza la pobreza en este grupo.

¿Cómo afecta la economía del cuidado a la pobreza de las mujeres en el Cesar?

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Valledupar Cómo Vamos, el 71 % de las mujeres dedica cinco o más horas diarias a tareas de cuidado no pagadas. Esta responsabilidad recae sobre ellas mucho más que sobre los hombres y las priva de tiempo para buscar trabajo o desarrollarse laboralmente, lo que influye directamente en las altas tasas de pobreza femenina detectadas por el DANE.

El nuevo cargo también incluye la representación ante BID Invest, brazo de financiación al sector privado del grupo, y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Pumarejo reemplazará a Roy Alejandro Barreras y ocupará una silla que reúne los votos correspondientes a Colombia y Perú dentro del organismo.

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El Ministerio de Hacienda destacó que la participación de Colombia en estas entidades resulta clave para impulsar proyectos relacionados con crecimiento económico, empleo, infraestructura, transición energética y bienestar. El nuevo director tendrá su sede en Washington D. C., donde funciona la oficina principal del BID.

El nombramiento también supone la salida de Pumarejo de Portafolio, medio de economía y negocios de El Tiempo Casa Editorial. Según el medio citado, asumió como director y editor en jefe el 1 de septiembre de 2025, después de una trayectoria marcada por cargos en el sector público, privado y organismos internacionales.

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Antes de llegar al medio, Pumarejo fue alcalde de Barranquilla entre 2020 y 2023. Durante su administración impulsó proyectos relacionados con infraestructura, sostenibilidad y modernización institucional. También ocupó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 2017.

La trayectoria que llevará Pumarejo al BID

Su experiencia internacional también aparece entre los antecedentes destacados. Entre 2024 y 2025 fue director ejecutivo de Breathe Cities, iniciativa enfocada en políticas de aire limpio en diferentes regiones del mundo.

Pumarejo es administrador de la Universidad de Purdue, con énfasis en gestión de sistemas de información, y cuenta con un MBA ejecutivo internacional del IE Business School de Madrid. Además, ha participado en iniciativas relacionadas con financiación climática, desarrollo urbano y sostenibilidad.

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La caída tiene una consecuencia directa para los colombianos que durante este año y años anteriores compraron dólares o mantienen sus ahorros en esa moneda: cada dólar que hoy se convierta a pesos vale menos que al comienzo de 2026.

Para dimensionar el movimiento, la TRM del 2 de enero de 2026 fue de 3.757,08 pesos por dólar. Frente al nivel de 3.050 pesos alcanzado durante la jornada de este 19 de agosto, la diferencia es de aproximadamente 707 pesos por cada dólar.

El Banco de la República explica que una disminución de la tasa de cambio representa una apreciación del peso colombiano, porque se necesitan menos pesos para adquirir un dólar.

El nivel actual resulta particularmente llamativo porque el dólar se está acercando nuevamente a valores que no se veían desde hace casi ocho años. En octubre de 2018, por ejemplo, la TRM se movía alrededor de los 3.000 pesos y llegó a superar los 3.090 pesos durante ese mes.

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La mejor forma de entender el impacto es llevar la caída a casos concretos. Si una persona tenía 100 dólares y los hubiera valorado al nivel de 3.757,08 pesos del 2 de enero, esos dólares equivalían entonces a 375.708 pesos. Con una cotización de 3.050 pesos, los mismos 100 dólares representarían actualmente 305.000 pesos. La diferencia es de 70.708 pesos.

El punto importante es que la persona no perdió 100 dólares ni le desapareció ese dinero. Continúa teniendo 100 dólares. Lo que disminuyó fue el valor de esos dólares cuando se expresa en pesos colombianos.

El efecto se vuelve mucho mayor a medida que aumenta el monto ahorrado. Para 500 dólares, al comienzo del año el equivalente era de 1’878.540 pesos. Con una cotización de 3.050 pesos, esos mismos dólares representarían 1’525.000 pesos. La diferencia llega a 353.540 pesos.

En el caso de 1.000 dólares, la comparación es todavía más clara. Al 2 de enero equivalían a 3.757.080 pesos, mientras que a 3.050 pesos representarían 3’050.000 pesos. Es decir, hay una diferencia de 707.080 pesos en el valor expresado en pesos.

Y para una persona con 5.000 dólares ahorrados, el efecto alcanza una dimensión mucho mayor. Al comienzo del año esos dólares equivalían a 18’785.400 pesos. Con el dólar en 3.050 pesos, pasarían a representar 15’250.000 pesos. La diferencia sería de 3’535.400 pesos.

Hay una precisión fundamental para entender estos cálculos. Si alguien compró 5.000 dólares y todavía conserva los 5.000 dólares, sigue teniendo 5.000 dólares. La caída de la tasa de cambio no reduce la cantidad de dólares que tiene en su cuenta, efectivo o inversión.

Lo que cambia es cuánto valen esos dólares cuando se convierten nuevamente a pesos. Por eso, hablar de una pérdida efectiva dependerá de la decisión que tome el ahorrador. Si necesita vender los dólares ahora y convertirlos a pesos, recibirá menos pesos que si hubiera hecho esa operación cuando la cotización estaba en 3.757,08 pesos.

En cambio, si mantiene los dólares y posteriormente el peso vuelve a depreciarse frente a la moneda estadounidense, el valor de esos ahorros expresado en pesos podría aumentar nuevamente.

La misma caída que perjudica, en términos de conversión a pesos, a quien mantiene dólares favorece a quienes necesitan adquirir la moneda estadounidense.

Por ejemplo, una persona que necesita 1.000 dólares para pagar un servicio, realizar una compra, viajar o cumplir una obligación denominada en dólares tendría que destinar aproximadamente 3,05 millones de pesos si logra comprar la divisa a una tasa de 3.050 pesos.

Al comienzo del año, utilizando la TRM de 3.757,08 pesos como referencia, ese mismo monto habría representado cerca de 3,76 millones de pesos. La diferencia entre ambos escenarios es de aproximadamente 707.080 pesos.

Eso explica por qué una caída del dólar tiene efectos diferentes dependiendo de la posición de cada persona: es desfavorable para quien tiene dólares y piensa convertirlos a pesos, pero puede resultar favorable para quien necesita comprar dólares con pesos.

El comportamiento de la tasa de cambio no se limita a los ahorros personales. Una apreciación del peso tiene efectos sobre empresas importadoras, exportadoras y compañías que tienen ingresos, costos o deudas denominadas en dólares.

Para un importador, un dólar más barato reduce, en principio, el valor en pesos de los productos o insumos que compra en el exterior. Para un exportador colombiano, en cambio, cada dólar que recibe por sus ventas externas se convierte en una cantidad menor de pesos.

La magnitud del efecto depende de la estructura financiera de cada compañía, de los contratos y de las coberturas cambiarias que tenga.

En la sesión se propuso invitar también al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad que ha advertido sobre un posible déficit fiscal significativo para el cierre del año. Según El Espectador, la suma urgía el debate debido a la reciente devolución del presupuesto del 2027 por parte de las comisiones económicas, lo cual requiere una reestructuración de los recursos proyectados y correcciones que el Congreso ha solicitado al gobierno entrante. El presidente Abelardo de la Espriella también entregó a entes de control el “Libro de la Verdad”, en el que denuncia presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro, lo que ha incentivado la atención sobre el manejo fiscal previo y actual.

En el ámbito legislativo, El Espectador reportó que congresistas de partidos como La U, liberales y el Centro Democrático consensuaron en una reunión la necesidad de este debate y el manejo del cupo de endeudamiento internacional. Además, se informó que el Congreso devolvió el proyecto de presupuesto 2027 presentado por el Gobierno Petro, calculado en 575,7 billones de pesos, por considerar que existía un desfase de al menos 30,2 billones de pesos para cubrir todos los gastos, cifra que algunos sostienen podría ser aún mayor.

Paralelamente, la senadora Zandra Bernal anunció un debate de control político para el Ministerio de Trabajo, el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), con el fin de analizar la brecha entre los indicadores oficiales de empleo y la realidad laboral actual en el país. De esta manera, el Congreso busca claridad sobre el panorama económico, presupuestal y social que hereda la nueva administración.

¿Por qué fue citado el ministro de Hacienda a debate de control político sobre la situación fiscal?

El ministro de Hacienda fue citado a debate de control político para explicar ante la Comisión Tercera del Senado cómo recibe el nuevo gobierno la situación fiscal del país. De acuerdo con lo reportado, se busca transparencia sobre los ingresos, los gastos, el endeudamiento y los retos económicos inmediatos, como la reconstrucción por el terremoto y la necesidad de corregir el presupuesto presentado por la administración anterior.

¿Qué representa el déficit fiscal mencionado en el debate y cuál es su impacto?

El déficit fiscal señalado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y los senadores se refiere a la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos proyectados para el próximo año. El posible hueco de al menos 30,2 billones de pesos plantea desafíos serios para la administración de Abelardo de la Espriella, pues implica ajustes presupuestales o endeudamiento adicional para financiar la operación estatal y atender emergencias como las zonas afectadas por el terremoto.

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Según el primer informe consolidado de Fasecolda, recibido apenas cuatro días después del evento, hasta el 14 de agosto ya se habían contabilizado 10.465 reclamaciones en todo el país, cuyo valor asciende a unos $281.000 millones. La mayor parte de estas reclamaciones, 9.310, están asociadas a daños en bienes inmuebles, mientras que el resto corresponde a coberturas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. Estos datos evidencian que el terremoto tuvo impactos significativos, especialmente en la infraestructura y el patrimonio inmobiliario.

Fasecolda también reveló que, para marzo de 2026, había en Colombia 2.681.964 inmuebles asegurados contra terremoto, lo que incluye viviendas, empresas, copropiedades y bienes públicos y privados. El valor de aseguramiento agregado es de aproximadamente $2.582 billones, de los cuales cerca de $361 billones protegen alrededor de 1,65 millones de viviendas. Sin embargo, este nivel de protección solo abarca cerca del 9,3 % de las viviendas en el país, lo que evidencia un reto relevante en la cultura de aseguramiento frente a desastres naturales.

En cuanto a las zonas más afectadas, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío suman 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor acumulado que supera los $426 billones. Cali encabeza las principales ciudades de la zona con 99.179 hogares protegidos, seguida de Pereira, Manizales y Armenia. Destaca que los porcentajes más altos de aseguramiento se observan en Quindío, con el 18 %, y en Risaralda, con el 13 %.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, recalcó la importancia de usar canales oficiales para reportar siniestros, consultar al intermediario correspondiente y verificar coberturas a través del Registro Único de Seguros (RUS). Este llamado busca asegurar que los afectados tengan una atención oportuna y eviten fraudes durante el proceso de reclamación.

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¿Qué es Fasecolda y cuál es su función en los desastres naturales en Colombia?

Fasecolda es la Federación de Aseguradores Colombianos, un gremio sin ánimo de lucro que agrupa a las compañías de seguros, reaseguros y capitalización que operan en el país. Su papel es coordinar los protocolos y acciones gremiales ante eventos catastróficos, apoyando a las aseguradoras en la atención eficiente de afectados por desastres como terremotos, según información del propio gremio.

¿Qué porcentaje de viviendas en Colombia está asegurado contra terremotos?

Según datos de Fasecolda, solo cerca del 9,3 % de las viviendas en Colombia cuentan con algún tipo de seguro de hogar que las protege ante terremotos y otras emergencias, lo que supone un desafío en la cultura de protección patrimonial frente a eventos sísmicos.

Fenalcarbón expuso que la producción nacional de carbón retrocedió de 67,7 millones de toneladas en 2022 a un estimado de 51,4 millones en 2025. Igualmente, el valor de las exportaciones de carbón y coque mermó de US$12.200 millones a apenas US$4.901 millones, con una pérdida de US$2.200 millones tan solo entre 2024 y 2025. Este declive no solo afectó la economía macro, sino que también impactó directamente en el empleo: en ese periodo se suprimieron más de 25.000 trabajos directos y 100.000 indirectos, de acuerdo con el gremio.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, justificó la urgencia de la agenda gremial afirmando que la reducción de la actividad incide directamente en los ingresos fiscales y, en consecuencia, en la inversión social e infraestructura, aun en circunstancias críticas como la reconstrucción tras el terremoto reciente. Cante recordó que Colombia mantiene una capacidad de producción próxima a los 92 millones de toneladas, dependiendo de que se mejoren las condiciones que afectan la competitividad.

Entre las medidas resaltadas por el gremio está la derogación de la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel, decisión tomada por el Comité Triple A del Gobierno. Esta restricción, según Fenalcarbón, hacía perder a Colombia alrededor de 3,5 millones de toneladas en ventas al año, equivalentes a US$200 millones y regalías estimadas en $100.000 millones. Sin embargo, Cante advirtió que será difícil recuperar ese mercado, pues Israel y otros compradores han diversificado sus proveedores.

La propuesta gremial identificó factores críticos como altos costos laborales y logísticos, elevada tasa de cambio, restricciones en terminales portuarias y costos de transporte que han llegado a superar los $70.000 adicionales en rutas clave. Fenalcarbón calculó que estos sobrecostos pueden debilitar la competitividad del sector en hasta un 30%. A esto se agrega la necesidad de revisar medidas tributarias, como el anticipo de renta, y fortalecer políticas para diversificar mercados y garantizar seguridad jurídica.

¿Cuáles son las propuestas de Fenalcarbón para recuperar la competitividad del carbón en Colombia?

Las propuestas de Fenalcarbón incluyen revisar medidas tributarias vinculadas al anticipo de renta, reducir costos logísticos y laborales, habilitar nuevas salidas portuarias, fortalecer la seguridad jurídica y promover políticas de defensa comercial para recuperar mercados internacionales. El gremio también propuso revisar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

¿Por qué la restricción de exportaciones hacia Israel impactó a la industria del carbón en Colombia?

De acuerdo con Fenalcarbón, la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel significó la pérdida de un mercado de aproximadamente 3,5 millones de toneladas al año, lo que representó una disminución estimada de US$200 millones y $100.000 millones en regalías para Colombia. Recuperar ese segmento tardará debido a la diversificación de proveedores por parte de Israel durante el periodo de la restricción.

De acuerdo con el artículo publicado por El Diario, la emergencia causada por el sismo del 10 de agosto en departamentos como Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas ha dejado a miles de edificaciones con distintos niveles de afectación. Para las personas de ciudades como Pereira y Dosquebradas, esta disposición resulta especialmente oportuna, pues muchos se ven obligados a reparar daños antes de regresar a la normalidad.

No obstante, es fundamental precisar que esta opción no corresponde a un subsidio exclusivo para afectados por el terremoto, sino a un derecho laboral descrito en las normas colombianas. Según el Decreto 1072 de 2015, los trabajadores pueden usar parte de sus cesantías para adquirir, construir o, como en este caso, mejorar su vivienda. El alcance de la norma incluye obras de reparación de paredes, pisos, cubiertas e instalaciones, siempre que se demuestre legalmente la destinación del dinero.

El proceso de retiro de cesantías comienza presentando una solicitud ante el empleador, explicando el destino del dinero y adjuntando la documentación requerida, como contrato de obra y certificado de libertad y tradición del inmueble con hasta 30 días de antigüedad, según orientaciones del Ministerio de Justicia. Una vez aceptada la solicitud, el empleador y el fondo de cesantías —ya sea Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el Fondo Nacional del Ahorro— realizan las verificaciones y, cumplidos todos los requisitos, el pago debe efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, según lo estipula el Decreto 1562 de 2019.

La posibilidad de retiro está limitada a la vivienda propia, de la pareja o compañera o compañero permanente del solicitante y no se aplica en inmuebles de familiares o en arriendo. Todo esto cobra relevancia mientras se adelanta la reconstrucción y las autoridades, lideradas por el Gobierno Nacional, articulan estrategias de ayuda, subsidios y seguros. Por tanto, se recomienda a los trabajadores revisar primero la disponibilidad de seguros o subsidios antes de usar sus cesantías como fuente de financiamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden usar las cesantías para reparar una vivienda afectada por terremoto en Colombia?

Las cesantías pueden retirarse parcialmente en Colombia para la reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda si el inmueble es propiedad del trabajador o su pareja. Es indispensable presentar al empleador una solicitud con los documentos que demuestran la finalidad del dinero, como contrato de obra y certificado de libertad y tradición. El fondo de cesantías y el empleador revisan la documentación y, si todo está en regla, desembolsan los recursos dentro de los cinco días hábiles siguientes.

¿Qué documentos se requieren para retirar cesantías por daños en vivienda tras un terremoto?

Para retirar cesantías destinadas a reparar una vivienda tras un terremoto, la persona debe aportar contrato de obra, certificado de libertad y tradición del inmueble con una antigüedad menor a 30 días y, en algunos casos, otros documentos que prueben que la vivienda es de su propiedad o de su pareja. Los fondos de cesantías pueden solicitar papeles adicionales según sus propias políticas internas.

Al término de las operaciones bursátiles, la divisa estadounidense cerró en $3.039, lo que representó un desplome del 1,81 % (-$55,91) frente al dato del martes ($3.094,91).

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Durante la rueda, en dólar en Colombia abrió en su precio máximo de $3.070 y profundizó su corrección hasta marcar un mínimo intradiario de $3.032,32, bajo una intensa dinámica de oferta que movilizó un volumen de negociación superior a los US$1.650 millones a través de 2.619 operaciones.

De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar experimentó un sesgo marcadamente vendedor que rompió de manera consecutiva varios niveles clave de soporte técnico. Hacia el mediodía, el par tocó su piso antes de presentar un leve rebote comprador en los minutos previos al toque de campana.

Mientras tanto, el Índice DXY cotizó con fuertes pérdidas, ubicándose en las 98,96 unidades (-0,70 %). El retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la moderación en los datos de empleo, consumo e inflación en EE. UU. enfriaron las expectativas de nuevos ajustes monetarios por parte de la Reserva Federal.

Petróleo encadena cuatro jornadas al alza y el Brent supera los US$92

El apetito por activos colombianos estuvo respaldado por el avance firme en las cotizaciones internacionales del crudo, que completaron su cuarta sesión consecutiva en terreno positivo debido al agravamiento de la crisis geopolítica en Oriente Medio.

El Brent, referencia internacional para Colombia subió un 1,34 %, alcanzando los US$92,24 por barril. El barril de WTI avanzó un 1,30 %, cotizándose en US$85,15.

Las alzas se mantuvieron firmes ante la falta de diálogos para la reapertura del Estrecho de Ormuz, la intensificación de las tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el gobierno iraní, el despliegue del bloqueo naval en la zona y los reportes de ataques a embarcaciones comerciales.

Noticias en Colombia

Este miércoles se conoció que las compras externas de Colombia alcanzaron un valor total de US$6.775,8 millones CIF en junio de 2026. Esta cifra representó un crecimiento de 27 % frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicaron en US$5.336,8 millones CIF, según las declaraciones de importación registradas ante la DIAN y analizadas por el DANE.

En el acumulado de los primeros seis meses de 2026, las importaciones colombianas alcanzaron US$38.075,8 millones CIF, con un crecimiento del 13,6 % en comparación con el periodo enero-junio de 2025 (US$33.514,9 millones CIF).

Pese a la racha apreciadora de la moneda local, analistas de Acciones & Valores señalan que el margen para caídas lineales adicionales comienza a estrecharse. Ante la cercanía del piso de los $3.000, aumenta la probabilidad de episodios de toma de ganancias o rebotes correctivos en las próximas jornadas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,23 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,150 % desde los 12,204 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,125 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,134 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 11,989 %; la jornada anterior en 12,035 %.

El eje de su crítica apunta a la insuficiencia de los fondos recaudados por medio de donaciones privadas, incluso cuando estas provienen de reconocidos empresarios y familias adineradas como Jaime Gilinski, la familia Santo Domingo, David Vélez y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Estas figuras han hecho públicos significativos aportes para apoyar a las comunidades impactadas. Además, empresas como Bavaria también anunciaron recursos destinados a ayudar a aquellos negocios afectados por el sismo. Sin embargo, Petro se preguntó de manera irónica si la reconstrucción se financiará únicamente “de las limosnas de los ricos”, sugiriendo que los aportes del sector privado, aunque valiosos, no cubrirían el elevado costo de la reconstrucción nacional.

En este contexto, Petro expresó dudas acerca de la alternativa de recurrir al endeudamiento estatal con el fin de financiar la obra de reconstrucción, al considerar que esta carga financiera recaería finalmente sobre toda la población. Como alternativa, el exjefe de Estado propuso retomar una de las medidas fiscales de su administración: una reforma tributaria de $20 billones, cuyos recursos, según su opinión, permitirían atender la emergencia sin recurrir a más deuda y, de paso, reducir los costos mediante una disminución en las tasas de interés.

En sus declaraciones, el expresidente también criticó el manejo gubernamental durante las primeras horas posteriores al terremoto. Petro enfatizó la importancia de las primeras cien horas tras la emergencia para socorrer a los damnificados, sugiriendo que el Gobierno actual no aprovechó plenamente las capacidades humanas y técnicas que, según él, se mantenían tras su administración. Además, Petro cuestionó la gestión de la ayuda internacional, asegurando que “politizarla” habría incrementado las consecuencias para las víctimas.

¿Cuál es la propuesta de Gustavo Petro para financiar la reconstrucción tras el terremoto?

Según Gustavo Petro, la alternativa para conseguir los fondos necesarios debería ser la implementación de una reforma tributaria por $20 billones, una propuesta que el exmandatario consideraba fundamental durante su administración. Petro señala que estos recursos ayudarían a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas sin recurrir a un mayor endeudamiento y pide que se bajen las tasas de interés, para que así el costo de la deuda sea menor para el país.

¿Por qué Gustavo Petro critica la gestión del Gobierno en la respuesta al terremoto?

Petro argumenta que la urgencia de las primeras cien horas tras la emergencia fue desaprovechada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, lo que, en su opinión, habría afectado la atención a los damnificados. Además, cuestiona la manera en que se manejó la ayuda internacional, asegurando que “politizarla” influyó negativamente en la cantidad de víctimas, según lo manifestado en sus recientes declaraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, se refirió al anuncio: “Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España”.

Según la entidad, los recursos destinados a ACNUR se orientarán a ofrecer refugio a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas, a distribuir artículos de emergencia y a brindar protección y asistencia a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Por su parte, UNICEF reforzará su respuesta dirigida a niños, niñas y adolescentes, con apoyo en la emergencia y en la reconstrucción y recuperación de instituciones educativas, con el fin de asegurar la continuidad educativa.

BBVA informó también que se sumará a “Empresas Unidas por Colombia”, iniciativa liderada por la ANDI y la Fundación ANDI que articula la respuesta del sector empresarial colombiano ante la emergencia. A través de esta iniciativa se apoyarán acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas, con foco en infraestructura educativa.

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La donación de 2 millones de euros hace parte de una respuesta que la entidad comenzó a desplegar tras el terremoto, orientada a apoyar a las comunidades afectadas, atender a sus empleados y a las familias de estos, movilizar la solidaridad de clientes y empleados, y mantener la continuidad del servicio financiero en las zonas impactadas. Como primera medida de urgencia, BBVA Colombia había aportado 3.500 kits de alimentación y de aseo, distribuidos a través de los Bancos de Alimentos con la coordinación del Banco de Alimentos de Bogotá.

El Grupo BBVA puso en marcha, en Colombia y en España, una campaña de recolección de fondos entre sus clientes y empleados. En Colombia, el banco activó una campaña de recaudación en colaboración con Solidaridad por Colombia y habilitó su red de más de 1.400 cajeros automáticos para que clientes y empleados puedan realizar donaciones a través de la cuenta de ahorros 0777001919. En España, las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo desde la aplicación de BBVA mediante Bizum, seleccionando la opción de donaciones solidarias e ingresando el código correspondiente a cada organización, o mediante transferencia a las cuentas de UNICEF y ACNUR habilitadas para este fin. También es posible realizar aportes de manera presencial en la red de oficinas. De forma adicional, BBVA en España eliminó temporalmente las comisiones y los gastos para clientes particulares en las transferencias emitidas y recibidas entre España y Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, BBVA en Colombia mantiene un seguimiento de la situación de 479 empleados que trabajan en las zonas afectadas y de sus familias. Además del acompañamiento y del apoyo psicosocial, el banco ha entregado ayudas de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo, y evaluará las necesidades adicionales de los empleados afectados, en particular en materia de vivienda. En paralelo, los equipos de la entidad avanzan en la evaluación de los daños sobre su infraestructura física; hasta el momento, 25 de las 42 oficinas ubicadas en la zona se encuentran operando, mientras que los canales digitales han continuado funcionando con normalidad durante la emergencia.

Sobre la respuesta del banco en el país, Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, afirmó: “Todo el equipo de BBVA en Colombia se ha volcado desde el primer momento en acompañar a nuestros compañeros y sus familias, apoyar a las comunidades y asegurar la atención de nuestros clientes. La emergencia continúa y nuestro compromiso es estar presentes no solo durante estos primeros días, sino también en la etapa de recuperación y reconstrucción que tiene por delante el país”.

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Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, se refirió al anuncio: “Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España”.

Según la entidad, los recursos destinados a ACNUR se orientarán a ofrecer refugio a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas, a distribuir artículos de emergencia y a brindar protección y asistencia a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Por su parte, UNICEF reforzará su respuesta dirigida a niños, niñas y adolescentes, con apoyo en la emergencia y en la reconstrucción y recuperación de instituciones educativas, con el fin de asegurar la continuidad educativa.

BBVA informó también que se sumará a “Empresas Unidas por Colombia”, iniciativa liderada por la ANDI y la Fundación ANDI que articula la respuesta del sector empresarial colombiano ante la emergencia. A través de esta iniciativa se apoyarán acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas, con foco en infraestructura educativa.

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La donación de 2 millones de euros hace parte de una respuesta que la entidad comenzó a desplegar tras el terremoto, orientada a apoyar a las comunidades afectadas, atender a sus empleados y a las familias de estos, movilizar la solidaridad de clientes y empleados, y mantener la continuidad del servicio financiero en las zonas impactadas. Como primera medida de urgencia, BBVA Colombia había aportado 3.500 kits de alimentación y de aseo, distribuidos a través de los Bancos de Alimentos con la coordinación del Banco de Alimentos de Bogotá.

El Grupo BBVA puso en marcha, en Colombia y en España, una campaña de recolección de fondos entre sus clientes y empleados. En Colombia, el banco activó una campaña de recaudación en colaboración con Solidaridad por Colombia y habilitó su red de más de 1.400 cajeros automáticos para que clientes y empleados puedan realizar donaciones a través de la cuenta de ahorros 0777001919. En España, las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo desde la aplicación de BBVA mediante Bizum, seleccionando la opción de donaciones solidarias e ingresando el código correspondiente a cada organización, o mediante transferencia a las cuentas de UNICEF y ACNUR habilitadas para este fin. También es posible realizar aportes de manera presencial en la red de oficinas. De forma adicional, BBVA en España eliminó temporalmente las comisiones y los gastos para clientes particulares en las transferencias emitidas y recibidas entre España y Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, BBVA en Colombia mantiene un seguimiento de la situación de 479 empleados que trabajan en las zonas afectadas y de sus familias. Además del acompañamiento y del apoyo psicosocial, el banco ha entregado ayudas de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo, y evaluará las necesidades adicionales de los empleados afectados, en particular en materia de vivienda. En paralelo, los equipos de la entidad avanzan en la evaluación de los daños sobre su infraestructura física; hasta el momento, 25 de las 42 oficinas ubicadas en la zona se encuentran operando, mientras que los canales digitales han continuado funcionando con normalidad durante la emergencia.

Sobre la respuesta del banco en el país, Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, afirmó: “Todo el equipo de BBVA en Colombia se ha volcado desde el primer momento en acompañar a nuestros compañeros y sus familias, apoyar a las comunidades y asegurar la atención de nuestros clientes. La emergencia continúa y nuestro compromiso es estar presentes no solo durante estos primeros días, sino también en la etapa de recuperación y reconstrucción que tiene por delante el país”.

El proyecto busca ampliar el alcance del mecanismo conocido como obras por impuestos, que en este momento se aplica principalmente en territorios como los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y las zonas ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). Con el cambio sugerido, se pretende que esta herramienta esté disponible para otros lugares que hayan enfrentado crisis a raíz de desastres naturales u otras problemáticas graves.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es permitir que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta al desarrollo y ejecución de obras que respondan a las necesidades urgentes surgidas en los municipios afectados. De este modo, parte de la obligación tributaria no quedaría únicamente como un pago al Estado, sino que se transformaría en infraestructura esencial para las comunidades que más la necesitan.

Las iniciativas que podrían recibir apoyo comprenden la construcción o reparación de viviendas, colegios, centros de salud, sistemas de saneamiento básico y vías, entre otros, además de proyectos que contemplen la restauración ambiental y la provisión de espacios temporales para familias que han perdido sus hogares. La participación del sector privado, según los promotores del proyecto, podría acelerar la ejecución de obras fundamentales en contextos de emergencia, así como fortalecer su impacto.

El desarrollo de estos proyectos podría llevarse a cabo directamente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o mediante esquemas como fiducias (mecanismos fiduciarios) y convenios, de acuerdo con el diseño presentado. Para Santiago Barreto, el objetivo es aprovechar de manera más eficiente los recursos que las empresas ya aportan vía impuestos, convirtiéndolos en respuestas tangibles para quienes necesitan ayuda tras una catástrofe.

El proyecto aún debe superar los debates en el Congreso y sus impulsores han solicitado prioridad en el trámite, así como la evaluación de su viabilidad dentro del Presupuesto General de la Nación por parte del Ministerio de Hacienda. La iniciativa surge en un momento en que se requieren nuevos instrumentos para financiar la recuperación de zonas cuyas viviendas, servicios básicos e infraestructura han quedado gravemente afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el mecanismo de obras por impuestos propuesto para la reconstrucción tras el terremoto?

El mecanismo de obras por impuestos permitiría que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta a la financiación y ejecución de proyectos que atiendan necesidades de municipios declarados en emergencia, desastre o calamidad pública. Entre las obras contempladas están viviendas, instituciones educativas, centros de salud, infraestructura y saneamiento básico, transformando así el recaudo de impuestos en soluciones directas para las comunidades afectadas.

¿Qué papel tendría el sector privado en la recuperación de municipios afectados por el terremoto?

El sector privado desempeñaría un rol más activo al participar directamente en la ejecución y financiación de proyectos prioritarios para la reconstrucción. De acuerdo con la propuesta, empresas podrían invertir parte de sus impuestos en obras urgentes, lo que ayudaría a reducir los tiempos de respuesta y a cubrir necesidades inmediatas en las zonas impactadas por el desastre.

De acuerdo con Credicorp Capital, la tasa de cambio mostrará esta semana niveles intermedios técnicos que van desde los $3.104 hasta los $3.200, evidenciando que el movimiento actual responde a presiones vendedoras significativas asociadas a estrategias de carry trade con tasas.

Por su parte, JP Tactical Trading destacó que la divisa opera bajo un fuerte apetito vendedor y con un volumen muy superior al promedio, mientras que a nivel global el índice DXY se mantiene lateral, respetando la zona de soporte clave entre los 99,200 y los 99,000 puntos.

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Brent supera los US$91 por la crisis en Ormuz

En el frente energético, los precios del crudo extienden sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, con el Brent escalando un 0,3 % hasta los US$91,32 y el WTI avanzando un 0,4 % hasta los US$85,28 por barril.

La cotización se mantiene firme en máximos de tres semanas debido al persistente bloqueo y la reducción del tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

La incertidumbre se agravó tras la suspensión temporal de transacciones comerciales con Irán por parte de Emiratos Árabes Unidos —tras denunciar el lanzamiento de misiles balísticos— y los temores sobre posibles escaladas hacia bases estadounidenses en Europa, manteniendo ajustada la oferta global.

PIB del segundo trimestre sorprende al alza

En el plano macroeconómico local, el DANE reveló que la economía colombiana creció un 3,5 % anual en el segundo trimestre de 2026, acelerándose de forma notable frente al 2,2 % del primer trimestre y ubicando el acumulado del primer semestre en el 2,9 %.

No obstante, el informe generó debate entre los analistas: gran parte del impulso provino del gasto público (que aumentó un 12,2 %), mientras que el consumo de los hogares creció a un ritmo más moderado del 2,8 %.

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Expertos señalan que, sin el fuerte apalancamiento estatal, el crecimiento real se habría ubicado entre el 1,5 % y el 1,8 %. A esto se suman las alertas sobre la sostenibilidad de este dinamismo ante el elevado déficit fiscal, las altas tasas de interés y la contracción del 1 % en las exportaciones.

El negocio estratégico entre el holding Grupo Argos y la cadena chilena Mallplaza marca un hito relevante. Esta operación fortalece la rentabilidad corporativa en el mercado actual.

La transacción contempla la transferencia de ocho centros comerciales Gran Plaza a Mallplaza por $1,2 billones. El movimiento optimiza el portafolio inmobiliario del grupo empresarial.

Las cifras operacionales del primer semestre respaldan la solidez del holding antioqueño. La organización registró ingresos operacionales por $5,5 billones durante la primera mitad del año.

El Ebitda semestral alcanzó los $1,4 billones con un margen cercano a 26%. Estos datos financieros sirven como base para impulsar nuevas iniciativas corporativas.

La corporación acelera la ejecución del programa de transformación denominado ACE 1.0. Este plan estratégico abarca tres frentes principales para potenciar el desempeño global.

Los pilares incluyen la excelencia operacional, la consolidación de activos y la recompra de acciones. La meta busca disminuir la brecha de valor frente al mercado.

La desinversión inmobiliaria representa un avance fundamental dentro del esquema de transformación. La transacción con Mallplaza demuestra una gestión activa de la propiedad corporativa.

“La fecha de cierre de esta transacción, que se hace con Mallplaza, una compañía chilena listada, está estimada para el 30 de septiembre de este año”, afirmó Aristizábal.

El esquema de pago acordado ofrece condiciones claras para ambas organizaciones empresariales. La estructura financiera contempla desembolsos específicos para concretar el traspaso total.

“En esta fecha, ocurriría un pago mínimo de 50%, y Mallplaza puede financiar el otro 50% por 30 días a una tasa que ya tenemos pactada. Para Grupo Argos, representaría cerca de 260.000 millones de pesos en caja. Para nosotros, es muy importante haber monetizado estos activos tan cerca de su valor en libros”, añadió.

La monetización efectiva de estos espacios comerciales aporta liquidez directa al conglomerado. El capital ingresado fortalecerá la posición financiera para futuros proyectos.

A la par de estos movimientos inmobiliarios, el holding avanza en el sector de infraestructura. La empresa planea unificar sus plataformas en un solo gestor especializado.

“Vamos a tener un único gestor en el grupo empresarial que va a ser la evolución de Odinsa en Grupo Argos Asset Management, donde esperamos poner todas las verticales de infraestructura”, afirmó Calle.

El nuevo vehículo gestor incorporará diversos proyectos energéticos y viales estratégicos. La estructura busca optimizar los rendimientos de cada activo gestionado.

“Lo que va a hacer a futuro Grupo Argos Asset Management es tener, dentro de su universo de actuación, la vertical de infraestructura también en energía, pero este es un proceso absolutamente abierto y competitivo que busca maximizar el valor de sus activos”, indicó.

El vehículo gestor recibirá un Ebitda consolidado de $39.000 millones. Su portafolio incluye obras clave en logística y conectividad vial nacional.

La iniciativa comprende el nuevo aeropuerto de Cartagena y proyectos viales regionales. Destacan las obras Conexión Centro y la Perimetral de la Sabana.

“Vemos una oportunidad para movilizar capital privado hacia infraestructura esencial, ampliar capacidad y mejorar la conectividad del país sin presionar las finanzas públicas”, afirmó Aristizábal.

Paralelamente, Celsia ejecutará un plan de desapalancamiento dentro del programa ACE. La filial energética busca reducir sus pasivos mediante desinversiones seleccionadas.

“Celsia tiene un compromiso de desapalancamiento con el mercado de al menos $1 billón en este 2026 y, por lo tanto, está explorando la desinversión de algunos activos, incluidas las plataformas C2 y Caoba”, afirmó Calle.

“Eso es un proceso totalmente abierto donde se busca maximizar el valor de esas desinversiones para beneficio de todos los accionistas”, indicó.

El presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, invitó al empresariado y a la ciudadanía a seguir donando para la reconstrucción de viviendas en los territorios afectados por el sismo.

Para acceder al beneficio, los concejales o ediles deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, el hogar no podrá ser propietario de una vivienda ubicada en el territorio nacional y deberá estar registrado en el Sisbén IV, en cualquiera de sus categorías. Además, sus integrantes no podrán haber recibido previamente un subsidio familiar de vivienda, salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente.

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Una de las principales novedades de la regulación es que el ahorro previo no será exigido como requisito para acceder al subsidio cuando este se destine a la adquisición de vivienda. La disposición elimina esta condición para los hogares beneficiarios en los casos establecidos por la norma y modifica uno de los requisitos que tradicionalmente se han aplicado a este tipo de programas.

¿Para qué tipo de vivienda puede aplicar el subsidio para concejales y ediles?

Los recursos podrán destinarse a distintas modalidades de solución habitacional. En el componente urbano, el subsidio podrá utilizarse para la adquisición de vivienda nueva o usada, así como para la construcción en sitio propio y el mejoramiento de vivienda, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada modalidad.

En el componente rural también se contemplan alternativas para la adquisición o construcción de soluciones habitacionales y el mejoramiento de vivienda. Estas opciones estarán sujetas a las disposiciones específicas que regulan los programas de vivienda de interés social rural.

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La normativa también permite que los hogares puedan combinar el subsidio con otros aportes otorgados por entidades que integran el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Esta concurrencia y complementariedad estará sujeta al cumplimiento de las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos para cada programa y fuente de financiación.

¿Cómo se determinará el valor del beneficio?

Para el subsidio destinado a soluciones de vivienda urbana, el monto corresponderá al valor solicitado por el hogar, sin exceder el tope máximo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y en las disposiciones que posteriormente lo modifiquen, adicionen o complementen.

En el caso de las soluciones de vivienda rural nueva, el valor del subsidio será determinado conforme a las normas vigentes que regulan esta modalidad y a las condiciones definidas para cada convocatoria.

Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos no implica la asignación automática del beneficio. Fonvivienda será la entidad encargada de definir, mediante las respectivas convocatorias, las modalidades de subsidio disponibles, los hogares que podrán participar y las condiciones particulares de cada proceso.

Mire aquí el documento completo

Los alivios fueron anunciados especialmente para beneficiar a las personas con créditos vigentes en entidades financieras de Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, departamentos que figuran entre los más golpeados por la tragedia. El presidente De la Espriella agradeció al gremio bancario, en particular a Asobancaria, por sumarse a la reconstrucción económica. Entre las alternativas ofrecidas, se incluyen además modificaciones en las condiciones de los créditos, aplicación de seguros cuando estén contemplados en los productos financieros, atención prioritaria al cliente y simplificación de trámites al momento de solicitar el beneficio.

No obstante, se remarcó que no todas las personas recibirán automáticamente los 12 meses de gracia. Asobancaria ya había advertido que cada banco tendrá la autonomía de evaluar la situación de sus clientes y definir en cada caso qué tipo de beneficio procede. Por ello, el mensaje a quienes resultaron damnificados es no dejar de cumplir sus obligaciones sin antes comunicarse formalmente con la entidad y sin presentar documentación que acredite el impacto recibido.

El alcance de estas medidas es considerable: según Asobancaria, hasta 2,8 millones de usuarios del sistema bancario están en las zonas afectadas y podrían beneficiarse. Además, 533 oficinas bancarias sufrieron daños, aunque se mantiene la operación digital para la atención, mientras se restauran sucursales físicas.

Los estragos del terremoto fueron de gran dimensión, tal como relata la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): 312 fallecidos, 4.380 heridos, 143.533 familias afectadas, cerca de 30.000 viviendas destruidas y daños significativos en infraestructura educativa, sanitaria y vial. El monto estimado de reconstrucción nacional ronda los $30 billones, y el gobierno ha declarado Emergencia Económica para agilizar recursos e implementar subsidios y apoyos adicionales. Se creó el Fondo Milagro para canalizar recursos a obras de recuperación, como hospitales y vías.

Finalmente, el procedimiento para acceder a la ayuda bancaria exige a los afectados comunicarse directamente con sus bancos, conservar documentos probatorios y verificar coberturas de seguros asociados.

¿Cómo pueden los damnificados del terremoto acceder a los alivios bancarios?

Para acceder a los alivios bancarios, cada persona debe comunicarse directamente con la entidad financiera en la que posee el crédito, presentar pruebas del daño sufrido (certificados, fotografías o conceptos técnicos) y cumplir con los requisitos y procedimientos que señale la entidad. Los bancos evaluarán individualmente cada caso para determinar el tipo y el alcance de los beneficios según las condiciones del usuario y el impacto del terremoto.

¿Qué beneficios concretos ofrece el paquete bancario a los afectados por el terremoto?

El paquete bancario para los afectados ofrece periodos de gracia de hasta 12 meses (según evaluación individual), posibles condonaciones de intereses, suspensión temporal de cobros judiciales, protección del historial crediticio, modificación de plazos y condiciones del crédito, aplicación de seguros cuando corresponda, atención prioritaria y la simplificación de algunos trámites, de acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella y Asobancaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El proceso podría extenderse entre cinco y seis años debido a la magnitud de los daños, especialmente en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó.

Con corte al 18 de agosto, el sismo dejaba 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas.

Además, 15 departamentos y 472 municipios resultaron afectados, con 123.789 familias y 292.043 personas damnificadas. El balance incluye 29.554 viviendas destruidas, 134.342 averiadas, 267 edificios colapsados y otros 5.808 con daños.

Pereira requeriría entre $ 10 y $ 12 billones, mientras que Cali tendría necesidades cercanas a $ 10 billones.

El DNP advierte que el Gobierno no podría asumir solo la financiación, por lo que sería necesario recurrir al sector privado, entidades territoriales, regalías y créditos multilaterales.

Asocapitales calcula inicialmente daños físicos por al menos $ 2 billones en las cinco capitales más afectadas, aunque el costo final será mayor.

La reconstrucción también aumentaría la demanda de acero hasta 50 %, mientras las autoridades plantean no solo reconstruir viviendas e infraestructura, sino recuperar integralmente las ciudades y su actividad económica.

En palabras de Harold Londoño, gerente de Inteligencia de Negocios de la Cámara de Comercio de Cali, la recuperación de los territorios que resultaron más afectados depende en gran medida de la reactivación del tejido productivo. Según datos proporcionados por la entidad, en los departamentos impactados por el sismo existen cerca de 270.000 empresas responsables de la generación de más de un millón de empleos. Por ello, desde la Cámara de Comercio se habilitaron diferentes canales para que los empresarios reporten los casos y se sumen al registro de afectaciones: las líneas telefónicas 602 886 1300 y 300 913 1811, así como el canal de WhatsApp en el número 300 913 1811.

Al profundizar en las cifras iniciales recolectadas se observa que aproximadamente la mitad de las empresas inscritas en este censo han reportado afectaciones graves o críticas. Esta realidad no solo limita la operación diaria de los negocios, sino que también empieza a verse reflejada en consecuencias negativas para el empleo local, lo que incrementa la urgencia de diseñar e implementar soluciones enfocadas en proteger el tejido empresarial.

Las necesidades reportadas por las empresas van más allá del acceso a recursos financieros. Los afectados también requieren asesoría para adelantar trámites administrativos, gestionar reclamaciones ante seguros, reparar instalaciones o equipos, además de buscar cómo garantizar la continuidad de sus operaciones. El gerente Harold Londoño recordó que es fundamental que todas las empresas, incluso aquellas que aún no se encuentran inscritas, se animen a participar en este censo empresarial, pues contar con información actualizada permitirá articular respuestas y soluciones de manera oportuna entre distintas instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas de Cali reportar daños y afectaciones tras el terremoto?

Las empresas de Cali pueden dar a conocer los daños que sufrieron por el terremoto contactando a la Cámara de Comercio de Cali a través de las líneas telefónicas 602 886 1300 y 300 913 1811, así como mediante el número de WhatsApp 300 913 1811. La entidad recomienda que todos los empresarios realicen el reporte, estén o no inscritos previamente, para facilitar la atención y la conexión con soluciones.

¿Qué tipo de afectaciones reportan las empresas de Cali tras el terremoto?

Según información de la Cámara de Comercio de Cali, las empresas han reportado principalmente daños en establecimientos, infraestructura, equipos, inventarios y dificultades para operar normalmente. Además de afectaciones físicas, existen necesidades en asesoría para trámites, reclamaciones de seguros y requerimientos de apoyo para la continuidad operativa del negocio.

De acuerdo con la información publicada por El Diario, el sector financiero dispuso de una serie de beneficios destinados a aproximadamente 2,8 millones de usuarios potenciales en las zonas impactadas. Las medidas se concentran en periodos de gracia de hasta 12 meses, condonación de intereses según sea el caso y suspensión de cobros jurídicos. Entre otros puntos clave, se encuentra la protección del historial crediticio y la aplicación de seguros asociados a productos bancarios cuando corresponda.

El objetivo central es evitar que la emergencia física derivada de la catástrofe termine ocasionando también una crisis financiera entre los afectados. Por eso, las familias y empresas podrán suspender temporalmente sus pagos y recibir condonación de intereses, dependiendo del nivel de afectación y de la evaluación de cada entidad bancaria.

Sin embargo, Asobancaria aclaró que los alivios no son automáticos ni generalizados. Para acceder a los beneficios, las personas y empresas deben contactar a su banco y reportar su situación. Será cada entidad financiera la que defina el tipo de ayuda y los mecanismos de acceso, evaluando las condiciones particulares de cada caso. Por lo tanto, es esencial que los damnificados informen directamente a su banco si el sismo perjudicó su vivienda, negocio o su capacidad de pago.

Las empresas, en igual condición que personas naturales, también podrán solicitar estas medidas de alivio, especialmente en ciudades como Pereira, donde muchos negocios y actividades económicas han experimentado interrupciones o pérdidas importantes. Tanto en la suspensión de procesos jurídicos como en los periodos de gracia, la banca busca frenar que la crisis física se traslade al ámbito financiero.

El presidente Abelardo de la Espriella resaltó el compromiso de Asobancaria y del sistema financiero en las estrategias de reconstrucción. Explicó que el monto anunciado es adicional a donaciones realizadas previamente y que los bancos trabajan junto con el Gobierno Nacional y diversas organizaciones para reactivar la región. La principal recomendación es que los usuarios eviten dejar de pagar sin previo aviso y gestionen directamente la aplicación de los alivios con sus bancos.

En este contexto, la posibilidad de postergar obligaciones, mitigar intereses y preservar la vida crediticia representa para muchas familias y empresarios una herramienta fundamental en el inicio de su reconstrucción.

¿Cómo pueden los afectados por el terremoto acceder a los alivios de la banca colombiana?

Las personas y empresas afectadas deben contactar directamente a su respectiva entidad financiera y reportar la afectación sufrida. Cada banco será responsable de determinar los beneficios específicos y los mecanismos para acceder. Es indispensable acreditar la situación de damnificado y consultar qué tipos de alivios aplican para cada caso, pues las soluciones varían según el nivel de daño y las políticas de cada banco.

¿Qué medidas exactas incluyen los alivios anunciados tras el terremoto?

De acuerdo con El Diario, las medidas establecidas contemplan periodos de gracia de hasta 12 meses, condonación de intereses en casos definidos, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y la posibilidad de activar seguros vinculados a productos bancarios. Estas acciones están diseñadas para proteger la estabilidad financiera de los afectados mientras recuperan su capacidad económica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Entre enero y agosto de 2026, la tasa de usura pasó de 24,36% a 29,66%, un incremento de 530 puntos básicos. Sin embargo, la mayoría de las entidades financieras mantiene fija la tasa pactada al momento de adquirir la deuda.

Bancolombia, Davibank, Lulo Bank, Nu, Davivienda, Banco Popular, Banco Falabella, Banco W y Banco Agrario señalaron que, en general, sus créditos manejan tasas fijas, señala La República.

Nu explicó que sus tasas para nuevos créditos y compras se actualizan mensualmente según la usura vigente, pero una vez desembolsado el préstamo, se conserva la tasa acordada, añade ese medio.

No obstante, existen excepciones. Banco de Occidente y Banco Agrario tienen productos con tasas variables que pueden ajustarse si así lo establece el contrato., resalta ese diario.

Itaú también puede reducir la tasa cuando la pactada supera el nuevo límite de usura. En créditos rotativos, sus nuevas utilizaciones se calculan con la tasa vigente.

Finandina igualmente realiza ajustes en determinados créditos, tanto cuando la usura baja como cuando sube.

Por ello, se recomienda revisar las condiciones del contrato y preguntar al banco si la tasa es fija o variable antes de adquirir una deuda.

Fedegán pidió al Gobierno fortalecer el monitoreo y evaluar mecanismos de defensa comercial para proteger a los productores nacionales.

Durante los primeros cinco meses del año ingresaron 28.160 toneladas de leche en polvo provenientes principalmente de Estados Unidos, Chile y Bolivia.

Este volumen equivale a cerca de 234 millones de litros de leche líquida y representa el 16,3 % del acopio formal nacional, frente al 9,2 % registrado durante todo 2025.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, atribuyó parte del incremento a la entrada en vigor de la desgravación total contemplada en el TLC con Estados Unidos, que eliminó contingentes y aranceles para la mayoría de productos lácteos de ese país.

El gremio solicitó revisar posibles subsidios o prácticas de competencia desleal, reforzar los controles sanitarios y aduaneros y verificar el cumplimiento de las reglas de origen.

Además, recordó que más de 300.000 familias dependen de la producción de leche en Colombia, especialmente pequeños y medianos ganaderos. Fedegán también propuso avanzar con Estados Unidos en la admisibilidad de la carne bovina colombiana.

Las entidades financieras anunciaron un programa de alivios dirigido a las familias y empresas damnificadas de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Quiero agradecer a Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra Patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto.

El programa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 19, 2026

Entre las medidas contempladas se encuentran periodos de gracia de hasta 12 meses, durante los cuales se contempla la condonación de intereses.

Además, se suspenderán los cobros jurídicos para los afectados y se protegerá su historial crediticio, con el objetivo de evitar que la emergencia termine agravando su situación financiera.

El programa también incluye la aplicación de los seguros bancarios correspondientes a los casos afectados.

Según lo anunciado por el mandatario, el paquete de ayudas representa un aporte estimado de $1,1 billones, cifra que se suma a las donaciones que las entidades bancarias ya han realizado para atender la emergencia.

De la Espriella destacó la solidaridad y el compromiso de la banca con las comunidades afectadas y aseguró que la recuperación requerirá el trabajo conjunto entre el Gobierno, los empresarios y los ciudadanos.

El mandatario afirmó que estos esfuerzos serán fundamentales para avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

Según el reporte, el grueso de los casos corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles, con 9.310 reclamaciones registradas bajo esta cobertura. Además, hay reportes asociados con pólizas que también pueden cubrir los efectos de un sismo, tales como seguros de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. Al conocerse el sismo, Fasecolda activó de inmediato su protocolo gremial para atención de eventos catastróficos y, de manera paralela, las aseguradoras desplegaron sus propios protocolos institucionales, manteniendo abiertos diversos canales para facilitar la notificación de siniestros, informar a los asegurados y orientarlos en el proceso de reclamación.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, resaltó el acompañamiento permanente a quienes reportan afectaciones y recalcó que los asegurados deben comunicarse directamente con sus compañías o intermediarios para recibir información sobre sus coberturas y el proceso que deben seguir. Además, el reporte pone en evidencia el bajo nivel de aseguramiento frente al riesgo de terremoto en el país: con corte a marzo de 2026, existen 2.681.964 inmuebles asegurados (incluyendo viviendas, copropiedades y bienes privados y públicos), con un valor asegurado aproximado de 2.582 billones de pesos. Solo 1,65 millones de viviendas cuentan con protección, equivalentes a cerca del 9,3 % del total, según datos de las aseguradoras y proyecciones oficiales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

Respecto a la distribución regional, los departamentos con mayor número de reclamaciones y aseguramiento son Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, que en total agrupan 485.415 inmuebles asegurados por más de 426 billones de pesos. Cali sobresale con 99.179 hogares asegurados, además de copropiedades, riesgos privados e inmuebles públicos. En otras ciudades como Pereira, Manizales y Armenia también se destaca un considerable número de hogares asegurados. Para facilitar la atención, en Cali se habilitó incluso un punto presencial en la Cámara de Comercio, reforzando los canales digitales y telefónicos tradicionales.

Fasecolda insiste en la recomendación de usar exclusivamente los canales oficiales para cualquier trámite y verificar siempre la identidad de los contactos antes de entregar información sensible o dinero. Por último, anunció que seguirá entregando balances periódicos sobre la evolución de las reclamaciones y la atención a los damnificados.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un seguro tras un sismo en Colombia?

Los asegurados deben comunicarse directamente con su aseguradora o intermediario para notificar el siniestro, verificar las coberturas contratadas y recibir orientación sobre cómo presentar la reclamación. Fasecolda y las aseguradoras mantienen habilitados canales oficiales y, en algunos casos como en Cali, puntos de atención presenciales.

¿Qué porcentaje de viviendas en Colombia tiene seguro contra terremotos?

De acuerdo con Fasecolda y proyecciones basadas en datos del DANE, aproximadamente el 9,3 % de las viviendas en Colombia cuentan con algún tipo de seguro de hogar que cubre riesgos como el de terremoto, lo que refleja un bajo nivel de aseguramiento a nivel nacional.

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Las cifras reveladas por Fasecolda muestran que la gran mayoría de los reportes, 9.310 en total, corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles. Sin embargo, el impacto del sismo también alcanzó otras pólizas relacionadas, como las de automóviles, riesgos laborales, salud y vida, que pueden activarse como consecuencia de eventos sísmicos. Estas diferentes coberturas han movilizado la respuesta de las aseguradoras, que activaron sus protocolos de atención catastrófica tan pronto se presentó el fenómeno.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, enfatizó que las compañías han estado trabajando de manera continua para atender a las personas afectadas. Morales recomendó que quienes hayan sufrido daños contacten directamente a su aseguradora o intermediario para recibir orientación sobre las coberturas y el proceso requerido para presentar una reclamación.

El reporte también permite dimensionar el nivel de aseguramiento ante el riesgo de terremoto en Colombia. Hasta marzo de 2026, existían 2.681.964 inmuebles asegurados contra este tipo de desastres, incluyendo viviendas, copropiedades, bienes públicos y privados, así como empresas, según los datos de las aseguradoras y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El valor asegurado ascendía a 2.582 billones de pesos. De estos inmuebles, 1,65 millones eran viviendas, con un valor de aseguramiento cercano a 361 billones de pesos, lo que indica que cerca del 9,3% de las viviendas del país dispone de algún tipo de seguro de hogar.

En los departamentos más afectados —Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío— existen 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto, cuyo valor asegurado supera los 426 billones de pesos. Aunque hay diferencias notables en los niveles de aseguramiento regional: Quindío lidera con un 18% de viviendas aseguradas, mientras que Chocó registra apenas 1.214 viviendas aseguradas, evidenciando desafíos en la cobertura del seguro contra sismos.

En Cali, la ciudad más importante del balance, se habilitó además un punto presencial de orientación en la Cámara de Comercio, sumando así un canal físico de apoyo a los canales digitales y telefónicos existentes. Fasecolda insistió en la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero ni datos a personas no verificadas. Asimismo, el gremio aseguró que continuará proporcionando balances periódicos sobre el proceso de atención y reclamaciones.

¿Cuántas reclamaciones por daños tras el sismo fueron atendidas por aseguradoras en Colombia?

Según datos de Fasecolda, el sector asegurador recibió 10.465 reclamaciones relacionadas con el sismo del 10 de agosto, de las cuales 9.310 correspondieron a daños en bienes inmuebles y el resto a coberturas como automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

¿Cuál es el porcentaje de viviendas aseguradas contra terremoto en Colombia?

De acuerdo con cifras de las aseguradoras y el DANE entregadas por Fasecolda, cerca del 9,3% de las viviendas en Colombia cuenta con alguna póliza de seguro de hogar contra terremoto, evidenciando un bajo nivel de aseguramiento en el país frente a este tipo de riesgo.

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Grupo Argos anunció el despliegue de su programa ACE (Argos Convergence Effort), una hoja de ruta que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado de su acción y el valor fundamental de la compañía. Esta estrategia, según la propia empresa, se fundamenta en tres pilares principales: mejorar la rentabilidad de sus negocios, consolidar la gestión de activos reales a través de Grupo Argos Asset Management y ejecutar una readquisición de acciones por 500.000 millones de pesos colombianos en un plazo de seis a doce meses. Desde la puesta en marcha de este programa, la acción ordinaria de Grupo Argos se valorizó un 30 %, mientras que la preferencial aumentó 21 %. La inclusión de la acción preferencial en el índice MSCI Small Cap también fue destacada por la empresa como un factor de mayor visibilidad para inversionistas.

El presidente Juan Esteban Calle atribuyó los resultados del primer semestre a la ejecución disciplinada de las iniciativas en el marco del programa ACE. De acuerdo con la compañía, en los primeros seis meses de 2026 se reportaron ingresos consolidados por 5,5 billones de pesos, un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 1,4 billones y un margen Ebitda cercano al 26 %. La utilidad neta consolidada ascendió a 378.000 millones. Por otro lado, la deuda neta disminuyó un 30,4 % en comparación con junio de 2025, mientras que el efectivo consolidado superó los 525.000 millones.

ACE también abarca la transformación de Cementos Argos, dividiendo entre Argos Latam y Argos Materials. Durante el segundo trimestre, Argos Latam aumentó sus volúmenes de cemento y concreto, generando ingresos por 1,3 billones de pesos y un Ebitda de 279.000 millones, impulsados principalmente por el mercado colombiano, que representa entre el 55 % y el 60 % del Ebitda del negocio. Argos Materials, por su parte, reportó mejoras en logística y envíos internacionales.

Otras filiales, como Celsia, mostraron ingresos de 1,35 billones y lograron mejorar su eficiencia operacional, mientras que Odinsa avanzó en proyectos estratégicos y vio crecer el tráfico en sus concesiones aeroportuarias y viales. Además, se concretó la venta de los centros comerciales Gran Plaza a Mallplaza, que aportará recursos para incrementar la flexibilidad financiera y continuar la asignación estratégica de capital.

Entre las prioridades de ACE están la generación de caja, la reducción de deuda y la monetización de activos, reforzadas por la readquisición de acciones. Además, Grupo Argos activó ayudas para empleados tras el terremoto del 10 de agosto, acelerando pagos a proveedores en regiones afectadas para aportar liquidez.

¿Cómo funciona el programa ACE de Grupo Argos y qué objetivos busca alcanzar?

El programa ACE, según información directa de Grupo Argos, es una hoja de ruta diseñada para cerrar la diferencia entre el precio de mercado de la acción y el valor fundamental de la compañía. Se basa en tres pilares: rentabilidad de negocios, consolidación de la gestión de activos y asignación estratégica de capital, incluyendo una readquisición significativa de acciones. Además, busca reducir la deuda, generar caja y monetizar activos, para entregar mayores retornos a los accionistas.

¿Cuáles han sido los principales resultados financieros de Grupo Argos en el primer semestre de 2026?

De acuerdo con los datos reportados por la propia compañía, Grupo Argos alcanzó ingresos consolidados por 5,5 billones de pesos, un Ebitda de 1,4 billones y una utilidad neta consolidada de 378.000 millones. Además, la compañía logró reducir su deuda neta en 30,4 % y aumentó sus niveles de caja, reflejando los efectos positivos de la ejecución disciplinada del programa ACE.

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En cuanto a tributación, el informe menciona que el sector energético aportó en total $5,5 billones, incluyendo impuestos, Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), inversión ambiental y Obras por Impuestos. De ese total, los impuestos representaron $3,72 billones, mientras que las TSE dirigidas a los territorios fueron de $718.000 millones. Las TSE beneficiaron directamente a 495 municipios y a 21 organizaciones como Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Parques Nacionales Naturales (PNN) y comunidades, de acuerdo con el informe de Acolgen. En la distribución, $358.000 millones fueron girados a municipios, $359.000 millones a autoridades ambientales y $717 millones a comunidades.

En protección ambiental, el gremio destinó más de $261.000 millones. Estas inversiones permitieron la intervención de 10.352 hectáreas mediante restauración y conservación de ecosistemas estratégicos. Un monto de $2.221 millones tuvo como destino específico la protección de cuencas hidrográficas, a través de la compra y conservación de terrenos, cuidado de la fauna silvestre y recuperación de áreas recargadoras de agua. De acuerdo con el informe, la labor ambiental incluyó la siembra de más de 2 millones de árboles y la producción en viveros de más de 1,6 millones de plántulas nativas.

La inversión social de más de $335.000 millones benefició a comunidades en 14 departamentos y 80 municipios. De ese monto, $278.000 millones se dirigieron a comunidades no étnicas, con más de 192.000 personas beneficiadas en infraestructura, vías rurales y dotaciones educativas. Además, se ejecutaron proyectos productivos y asesorías técnicas para más de 6.737 personas, así como la instalación de paneles solares en sedes educativas rurales. Por otra parte, $57.000 millones se invirtieron en comunidades étnicas, con proyectos de agua en territorio Wayúu, energía solar en Zonas No Interconectadas de la Alta Guajira, infraestructura para comunidades Emberá Katío y unidades productivas.

Finalmente, mediante Obras por Impuestos, se ejecutaron más de $539.000 millones en proyectos de infraestructura social y vial en 20 municipios, beneficiando a más de 361.000 personas. El sector generó un total de 5.771 empleos directos y 2.016 indirectos, donde las mujeres representaron el 29% de la fuerza laboral, con presencia en todos los niveles jerárquicos, según Acolgen.

¿Cuáles son los resultados del Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025 en inversión ambiental y social?

Según el Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025, las inversiones ambientales superaron los $261.000 millones e incluyeron restauración de 10.352 hectáreas y la siembra de más de 2 millones de árboles, mientras que la inversión social fue mayor a $335.000 millones y benefició a comunidades étnicas y no étnicas en varios departamentos con infraestructuras, acceso a agua, energía y proyectos productivos.

¿Cómo se distribuyeron las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) en 2025?

En 2025, de acuerdo con el informe de Acolgen, las Transferencias del Sector Eléctrico sumaron $718.000 millones y se distribuyeron así: $358.000 millones a municipios, $359.000 millones a autoridades ambientales y $717 millones a comunidades, impactando a 495 municipios, 21 autoridades y comunidades diversas.

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Durante las semanas previas, el dólar ya había experimentado cotizaciones inferiores a los $3.100 en distintas ocasiones, lo cual resultó llamativo para analistas y actores del mercado. No obstante, la noticia adquiere especial relevancia porque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) —que es el valor oficial certificado para las transacciones cambiarias y se calcula con base en las operaciones de compra y venta de dólares efectuadas el día anterior— también se ubicará por debajo de esa cifra para el miércoles 19 de agosto. Específicamente, la TRM llegará a $3.098,79, marcando un hito que no se había visto desde abril de 2019, según la misma fuente.

Es importante aclarar la diferencia entre los dos indicadores clave en el comportamiento del dólar en Colombia. El precio que el dólar registra durante la jornada obedece a las operaciones concretas negociadas en el mercado cambiario en tiempo real, mientras que la TRM es el cálculo promedio de esas transacciones, certificado y divulgado oficialmente para su utilización en contratos y obligaciones comerciales. Por ello, un descenso en la TRM refuerza la tendencia de apreciación del peso constatada previamente en la negociación diaria.

Ya hacia finales de julio, episodios similares habían ocurrido: el 30 de julio, el dólar alcanzó un mínimo intradía de $3.086, aunque la TRM vigente era todavía de $3.206,18, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia. En ese contexto, la TRM cerró julio con un valor de $3.132,42, situándose en su punto más bajo desde el 15 de abril de 2019. Desde esa fecha, tanto el precio negociado como la tasa oficial han seguido una senda descendente, permitiendo que, con el valor fijado para este miércoles, el peso colombiano alcance un nuevo nivel dentro de su apreciación frente al dólar.

¿Por qué es significativa la caída del dólar por debajo de los $3.100 en Colombia?

La relevancia de que el dólar cierre y la Tasa Representativa del Mercado se sitúen por debajo de los $3.100 radica en que es un comportamiento que no se evidenciaba desde abril de 2019. Esto marca un hito en el fortalecimiento del peso colombiano frente a la divisa estadounidense y refuerza una tendencia de apreciación que ha sido persistente en las últimas semanas.

¿Qué diferencia existe entre el precio del dólar en el mercado y la Tasa Representativa del Mercado (TRM)?

El precio del dólar negociado durante la jornada refleja las operaciones efectuadas en tiempo real en el mercado cambiario. Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) corresponde al valor promedio calculado y certificado con base en las operaciones de compra y venta realizadas el día anterior, y es utilizada como referencia oficial para transacciones y contratos en Colombia.

Dentro de las alternativas, ANIF sugiere revisar el Presupuesto General de la Nación de 2026, identificando hasta $20,1 billones en recursos de inversión aún no comprometidos. El énfasis inicial está en los sectores con ejecución presupuestal menor al 20 %, mientras que para el Presupuesto de 2027 el llamado es a priorizar entidades relacionadas con gestión de riesgos y reconstrucción. El gremio también recomienda utilizar fondos del Sistema General de Regalías (SGR); propone liberar $3,7 billones de proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y encaminar otros $10,1 billones no asignados a proyectos de reconstrucción. Además, plantea que municipios afectados puedan aprobar directamente proyectos de reconstrucción, siempre que estén justificados en daños y población impactada.

Para preservar la actividad económica en las zonas más golpeadas, ANIF destaca la necesidad de habilitar líneas de crédito para microempresarios, con garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG), ampliando la experiencia de apoyo crediticio implementada durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La cobertura de estos créditos se situaría entre el 60 % y el 90 %, con periodos de gracia iniciales definidos por la Superintendencia Financiera. Si entre el 30 % y el 80 % de las microempresas accedieran al esquema, el Gobierno tendría que capitalizar el FNG en un rango de $90.000 millones a $240.000 millones.

En cuanto a la colaboración privada, ANIF propone una extensión temporal de mecanismos como Obras por Impuestos y Obras por Regalías para que ciudades como Pereira, Manizales y Cali puedan beneficiarse. En 2026, el cupo para Obras por Impuestos fue de $1,145 billones, con alrededor de $269.000 millones aún disponibles. Adicionalmente, sugiere crear un “Anticipo Solidario para la Reconstrucción”, un pago voluntario de hasta el 10 % sobre el impuesto de renta declarado, descontable en el año siguiente, con el fin de dar liquidez inmediata sin crear un tributo nuevo. ANIF enfatiza la importancia de garantizar trazabilidad mediante un certificado que respalde estos aportes.

Finalmente, la asociación plantea la posibilidad de flexibilizar temporalmente algunas rentas de destinación específica, como las de instituciones públicas, con el objetivo de liberar recursos para la emergencia y la reconstrucción. ANIF señala que, al aprovechar recursos existentes y evitar impuestos permanentes, se puede responder oportunamente a las necesidades de las zonas afectadas, aprendiendo de la experiencia con la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999. El reto será acordar los criterios y mecanismos para redireccionar, canalizar y complementar fondos públicos y privados para garantizar tanto la atención inmediata como la reactivación a largo plazo en los territorios impactados.

¿Cómo propone ANIF financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con ANIF, la reconstrucción debe financiarse a través de una combinación de recursos no comprometidos del Presupuesto General de la Nación, la reasignación de fondos del Sistema General de Regalías, la creación de líneas de crédito especiales para microempresarios y la ampliación temporal de mecanismos como Obras por Impuestos. La propuesta también incluye un anticipo solidario voluntario al impuesto de renta y la flexibilización de rentas de destinación específica, siempre bajo criterios técnicos y sin crear impuestos permanentes.

¿Qué es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y cuál es su papel en la emergencia?

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) es un documento que garantiza que existen recursos presupuestales para respaldar proyectos específicos antes de la firma de contratos. ANIF propone destinar a la reconstrucción aquellos recursos del Sistema General de Regalías ya asignados a proyectos sin CDP, es decir, fondos aún no vinculados a obligaciones contractuales, permitiendo canalizar rápidamente recursos hacia territorios afectados por el sismo.

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La magnitud del impacto se entiende mejor al revisar la programación habitual de Matecaña: su red incluye 226 frecuencias nacionales y 13 internacionales cada semana, para un total de 239 salidas, cerca de 34 al día. Así, en un periodo de diez días, el aeropuerto habría operado alrededor de 341 vuelos de salida, y sumando llegadas equivalentes se acerca a unas 680 operaciones. Datos estadísticos de Flightradar24 confirman la abrupta caída de estas operaciones a partir del terremoto, poniendo en evidencia la diferencia radical entre la normalidad y la suspensión total.

Medir la pérdida económica de forma exacta sería especulativo sin datos concretos sobre devoluciones, ocupación hotelera o gasto de viajeros. Sin embargo, el contexto empresarial ayuda a dimensionar el alcance: Risaralda generó en 2025 unos 31,6 billones de pesos en bienes y servicios, y la gobernación estima que el turismo pesa un 4,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) departamental. Esto equivale, aproximadamente, a 1,45 billones anuales o 4.000 millones de pesos diarios vinculados al sector turismo, lo que significa que, en diez días, en condiciones normales, se moverían unos 40.000 millones de pesos. Aunque no toda esa cifra se pierde —el turismo por carretera sigue—, el impacto en hoteles, restaurantes, bares, transporte y comercio es significativo.

El cierre del aeropuerto ha coincidido con la temporada de Fiestas de la Cosecha, época en la que Pereira esperaba más de 400.000 visitantes y una dinámica económica superior a los 70.000 millones de pesos. La falta de vuelos, especialmente de larga distancia y del exterior, limita la llegada de estos visitantes. En el primer trimestre de 2025, Matecaña movilizó 643.703 pasajeros; el cierre ha afectado, en solo diez días, entre 80.000 y 100.000 movimientos de pasajeros, quienes han debido incurrir en gastos extra de transporte y reorganización.

Sobre la reapertura, Luis Fernando Collazos, gerente de Matecaña, explicó que la pista y la torre de control no sufrieron daños, concentrándose estos en la terminal de pasajeros. Se estudia usar la zona internacional para vuelos nacionales, y la reapertura podría iniciarse gradualmente alrededor del 22 de agosto, siempre supeditada a la seguridad. Así, la recuperación plena de la conectividad aérea marcará el inicio de la reactivación económica tras este evento natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del cierre del aeropuerto Matecaña?

El cierre del aeropuerto internacional Matecaña ha impactado principalmente al turismo, sector que representa el 4,6 % del Producto Interno Bruto de Risaralda. Durante diez días, se han dejado de movilizar entre 80.000 y 100.000 pasajeros y se ha restringido el movimiento de unos 40.000 millones de pesos en actividad económica turística, afectando a hoteles, restaurantes, comercio, transporte y el desarrollo de eventos clave dentro de la región.

¿Cuándo reabrirá el aeropuerto Matecaña después del terremoto?

De acuerdo con Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto internacional Matecaña, la estimación después del terremoto es que la operación comercial podría reanudarse aproximadamente en diez días, es decir, hacia el 22 de agosto. Sin embargo, esta fecha dependerá de las evaluaciones de seguridad en las instalaciones, especialmente en la terminal de pasajeros, pues la prioridad es que toda la infraestructura sea segura para pasajeros y trabajadores.

El presidente de ETB, Diego Molano Vega, aseguró que estos resultados reafirman el rumbo de la compañía: "La transformación de ETB sigue reflejándose en un negocio que crece, una operación cada vez más eficiente y una compañía que amplía sus capacidades para impulsar la transformación digital del país".

El principal motor de este crecimiento ha sido el segmento de Hogares y Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), con ingresos que crecieron 24 % comparado con el año anterior, pasando de 331.000 a 409.000 millones de pesos. Este desempeño estuvo impulsado por la transición a una operación basada completamente en fibra óptica, el crecimiento del 10 % en la base de clientes de fibra, ventas superiores en 151 % e instalaciones que aumentaron 145 %. Destaca el programa Conexión Social, que amplió la cobertura de internet de alta velocidad a más de 82.000 familias en los estratos 1 y 2, contribuyendo así a reducir la brecha digital en la capital.

En el segmento de Empresas y Gobierno, ETB reestructuró su oferta, integrando conectividad, infraestructura y soluciones digitales, y logró reducir en un 93 % las fallas por hurto y vandalismo de su red de fibra óptica. Además, la compañía avanza en el fortalecimiento de verticales tecnológicas como EdTech (tecnología educativa), promoviendo formación digital e iniciativas con la Agencia ATENEA, entre otras. Todo esto se vio complementado por el impacto positivo de diversas iniciativas de innovación, aseguramiento de ingresos y recuperación de cartera, que generaron recursos adicionales cercanos a 197.000 millones solo en el primer semestre de 2026.

¿Cómo impactó la transformación de ETB los ingresos y utilidades en 2026?

De acuerdo con la información reportada por ETB, la transformación ejecutada durante el primer semestre de 2026 permitió alcanzar ingresos totales de 838.481 millones de pesos, un crecimiento del 8,9 %, y una utilidad neta de 26.126 millones, con una recuperación significativa respecto al año anterior. Estos resultados reflejan el efecto positivo del plan de transformación en la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la compañía.

¿Qué es el segmento de EdTech impulsado por ETB y cómo contribuye a la transformación digital?

EdTech, o tecnología educativa, se consolidó como una de las principales apuestas estratégicas de ETB, orientada al desarrollo de talento y apropiación tecnológica. A través de iniciativas como Plataforma A Confiar y el Observatorio de Talento Digital, la compañía fomenta la formación de habilidades digitales, impulsando así la transformación digital y ofreciendo nuevas oportunidades educativas e innovadoras en Colombia.

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El mandatario calificó el diálogo como “muy fructífero” y aseguró que existe disposición del gobierno estadounidense para avanzar en el trámite necesario. Por esa razón, ordenó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajar a Washington para encargarse personalmente del proceso.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, afirmó De la Espriella.

Vea también: Abelardo De La Espriella entrega a la Fiscalía informe sobre presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro

El presidente también agradeció a Rubio por la asistencia estadounidense entregada después del terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó. De acuerdo con De la Espriella, Estados Unidos ha enviado ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de recuperación. “Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, manifestó el mandatario. 

Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

El Departamento de Estado estadounidense confirmó la conversación y señaló que Washington ha destinado 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia, además de equipos de búsqueda y rescate y vuelos C-130 para apoyar a Colombia.

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¿Por qué De la Espriella insiste con los aranceles?

La solicitud había sido planteada previamente durante una conversación que De la Espriella sostuvo el 15 de agosto con el presidente Donald Trump. En ese contacto, el mandatario colombiano relacionó la petición con las dificultades económicas derivadas del terremoto.

El nuevo acercamiento con Rubio busca avanzar ahora en el trámite que permitiría una eventual suspensión temporal de los aranceles. Además, el proceso todavía requiere pasos antes de que pueda concretarse una decisión definitiva.

El calendario tributario definido por la Dian establece que el periodo para presentar la declaración irá del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026. Sin embargo, es necesario precisar que el plazo específico para cada persona depende de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). Esto significa que no todos declararán en una misma fecha, por lo que resulta esencial consultar el cronograma individualmente para cumplir correctamente y no incurrir en sanciones.

Durante la semana del 18 al 21 de agosto de 2026, el proceso de declaración tiene fechas puntuales según el NIT. El martes 18 deberán declarar quienes tengan sus NIT terminados en 07 y 08. El miércoles 19 corresponde a terminados en 09 y 10, el jueves 20 a quienes finalizan en 11 y 12, y el viernes 21 a los terminados en 13 y 14. Estas fechas hacen parte de un cronograma específico diseñado para ordenar el flujo de declaraciones y garantizar la eficiencia del procedimiento, según detalla la Dian en su comunicación oficial.

Es fundamental tener presente que estar obligado a declarar renta no implica necesariamente que se deba pagar dinero a la Dian. Este proceso permite a la entidad tener conocimiento detallado sobre los ingresos, egresos, patrimonio, bienes y transacciones financieras de cada contribuyente durante el periodo fiscal respectivo. La Dian recomienda verificar constantemente las notificaciones que se reciben en los canales oficiales, pero advierte que el hecho de no recibir alguna comunicación no exime de cumplir este deber, razón por la cual cada ciudadano debe revisar si supera los topes definidos y organizar su información financiera de 2025 antes de iniciar el trámite.

Preparar con anticipación los documentos, revisar la información personal y consultar el calendario evitará apuros de último momento y reducirá el riesgo de tener inconvenientes, como sanciones por retrasos en la presentación. Cumplir en los plazos ofrece mayor tranquilidad y contribuye a mantener buenas prácticas tributarias.

¿Cuáles son las fechas clave para declarar renta en agosto de 2026 en Colombia?

Durante la semana comprendida entre el 18 y el 21 de agosto de 2026, las personas cuyos NIT terminen en 07 a 14 tienen plazo para presentar su declaración de renta, con fechas asignadas según los dos últimos dígitos, de acuerdo con el calendario oficial de la Dian. Este cronograma permite organizar el proceso y facilitar la presentación oportuna del trámite.

¿Qué significa el NIT y por qué es importante para la declaración de renta?

El NIT, o Número de Identificación Tributaria, es un número único asignado a cada contribuyente por la Dian. Su relevancia radica en que determina la fecha exacta de vencimiento para declarar renta, lo que ayuda a organizar el proceso tributario y evitar sanciones por presentación extemporánea.

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De acuerdo con Lafaurie, el aumento del ingreso de productos lácteos importados se explica, en parte, por la desgravación total que se aplica desde el 1 de enero tras el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con el fin de los contingentes y los aranceles para la mayoría de productos lácteos estadounidenses, estos pueden acceder al mercado colombiano sin las restricciones cuantitativas previas. FEDEGÁN advierte que esta situación pone en riesgo la estabilidad económica de más de 300.000 familias colombianas productoras de leche, en particular a los pequeños y medianos productores de regiones como la Costa Caribe, quienes dependen de sistemas de doble propósito.

La inquietud de Lafaurie no solo recae sobre el incremento desde Estados Unidos, sino también sobre el aumento de importaciones desde Chile y Bolivia. Si bien no señala irregularidades directas, considera indispensable asegurar que las preferencias arancelarias otorgadas mediante acuerdos comerciales solo beneficien a productos que realmente cumplan con las reglas de origen establecidas. FEDEGÁN, según los datos citados, reporta un crecimiento del 56,4 % en el volumen de leche y derivados importados durante los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

Ante estos desafíos, Lafaurie solicita a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, reforzar el monitoreo de las importaciones, revisar eventuales casos de competencia desleal o subsidios, y fortalecer los controles sanitarios y aduaneros. Además, plantea la posible activación de salvaguardias, mecanismos de defensa comercial que se utilizan ante aumentos sustanciales de importaciones que puedan causar daño a la industria nacional, si se cumplen las condiciones legales.

Como alternativa, FEDEGÁN propone que el país convierta esta situación en una oportunidad para reconvertir el sector y buscar acceso al mercado estadounidense para la carne bovina colombiana, algo que, según Lafaurie, debe figurar como prioridad en la agenda comercial bilateral.

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¿Por qué la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) está preocupada por las importaciones de leche?

FEDEGÁN, en voz de su presidente José Félix Lafaurie, advierte que el notable aumento de las importaciones de leche y derivados provenientes de Estados Unidos, Chile y Bolivia podría afectar gravemente los ingresos de más de 300.000 familias productoras de leche en Colombia. El incremento está ligado a nuevas condiciones comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eliminó restricciones a los lácteos, elevando el volumen importado y representando una competencia directa para los productores locales.

¿Qué es una salvaguardia comercial y cuándo puede aplicarse en Colombia?

Una salvaguardia comercial es una medida temporal permitida por los acuerdos internacionales que restringe las importaciones cuando estas crecen de manera inusual y amenazan con causar daño a la producción nacional. Según FEDEGÁN, estas herramientas pueden ser utilizadas en Colombia si el aumento de las importaciones de lácteos cumple con las condiciones legales establecidas, y son clave para defender a los productores locales ante competencias desleales o prácticas distorsionantes del mercado.

Así, en el segundo trimestre de 2026, el indicador creció un 3,5 %, respecto al mismo periodo el año anterior. Este dato fue superior a las expectativas de los analistas, que apenas superaban el 3 %.

De acuerdo con el Dane, al comparar el dato con el primer trimestre de este año, el PIB se expandió en 1,3 %, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Por su parte, el indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) presentó un crecimiento del 3,5 % en junio de 2026 frente al año anterior. De acuerdo con el DANE, su desempeño estuvo jalonado por las actividades terciarias.

Noticia en desarrollo…

La ceremonia de graduación estuvo marcada por un conversatorio especial con César Ramos Junior, reconocido empresario ibaguereño y fundador de ROOT+CO. Ramos compartió su propia experiencia personal y profesional, contando cómo logró consolidar siete empresas y abrir más de 130 tiendas en Colombia. Sus palabras se centraron en las dificultades y recompensas de emprender, y ofreció recomendaciones puntuales para que los graduados enfrenten los retos iniciales que suelen acompañar toda creación empresarial. La historia de Ramos fue tomada como ejemplo por muchos de los jóvenes que esperan convertir sus propuestas en verdaderos proyectos empresariales.

Por su parte, Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, resaltó el propósito de STARTLAB, afirmando que la intención es motivar a los jóvenes para que confíen en sus propias capacidades. “Con STARTLAB queremos que nuestros jóvenes crean en sus capacidades y descubran que, con preparación, disciplina y perseverancia, es posible convertir una idea en un proyecto de vida”, expresó Aristizábal durante el acto. Según la Alcaldía, estos espacios no solo impulsan el emprendimiento juvenil, sino también la innovación y el crecimiento económico local, abriendo nuevas oportunidades para las generaciones jóvenes.

La Administración Municipal confirmó que STARTLAB continuará promoviendo programas para fomentar el espíritu emprendedor y potenciar la proyección de los jóvenes empresarios, en beneficio del desarrollo económico de Ibagué.

¿Qué es STARTLAB y cómo fortalece el emprendimiento juvenil en Ibagué?

STARTLAB es un laboratorio empresarial juvenil diseñado por la Alcaldía de Ibagué para potenciar ideas de negocio entre jóvenes. Ofrece formación, asesoría y acompañamiento en la estructuración de proyectos, orientando a los participantes para identificar oportunidades de crecimiento y llevar sus emprendimientos al mercado con mayor solidez.

¿Quién es César Ramos Junior y por qué su experiencia inspira a jóvenes emprendedores?

César Ramos Junior es un empresario originario de Ibagué, fundador de ROOT+CO, y propietario de más de 130 tiendas en Colombia y siete empresas. Compartió su experiencia durante la ceremonia de graduación de STARTLAB, sirviendo como ejemplo de perseverancia y disciplina para quienes buscan convertir sus ideas en proyectos empresariales de éxito.

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De acuerdo con la información suministrada, esta dinámica responde a tres factores clave. En primer lugar, la debilidad global del dólar, caída que se evidencia en el descenso del índice DXY (índice que mide la fortaleza del dólar respecto a otras monedas principales). En segundo término, la estabilidad de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país, ofrece soporte al valor de la moneda local. Por último, el Banco de la República mantiene las tasas de interés en un nivel atractivo del 12%, lo que incentiva a los inversionistas extranjeros a ubicar sus recursos en Colombia, aumentando así la demanda de pesos.

Esta apreciación de la moneda tiene repercusiones distintas entre los actores de la economía nacional. El descenso del dólar permite que la importación de materias primas, insumos agrícolas y tecnologías sea menos costoso, controlando el aumento de los precios internos y frenando la inflación. A esto se suma el alivio en el servicio de la deuda externa: tanto entidades públicas como empresas privadas requieren menos pesos para pagar obligaciones en divisas extranjeras. Para los consumidores, acciones como viajar al exterior, asistir a eventos internacionales o comprar en plataformas electrónicas globales resultan ahora más económicas.

Sin embargo, el texto no desarrolla los efectos negativos en otros sectores, limitándose a detallar los beneficios para los consumidores, importadores y deudores externos. Así, se evidencia un impacto asimétrico, donde los ganadores son claros, mientras que las posibles desventajas para exportadores o sectores dependientes de ingresos en dólares no se abordan en la fuente consultada.

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¿Por qué bajó tanto el precio del dólar en Colombia últimamente?

La reciente caída en el precio del dólar en Colombia obedece principalmente al debilitamiento global de la moneda estadounidense, como reflejan las cifras del índice DXY. Además, factores como la estabilidad de los precios internacionales del petróleo y las tasas de interés elevadas —que el Banco de la República mantiene en 12%— hacen atractivas las inversiones en pesos colombianos, fortaleciendo aún más la moneda local.

¿Qué significa TRM y cómo afecta la economía de Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial del dólar en Colombia, calculado con base en las transacciones diarias. Su impacto es directo: una TRM baja abarata importaciones y deudas externas, beneficiando a consumidores y empresas con obligaciones en dólares; mientras que exportadores pueden ver afectados sus ingresos por recibir menos pesos por cada dólar.

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El economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación Jorge Iván González aseguró que reducir impuestos, como algunos sectores han planteado, sería una decisión equivocada en el contexto actual del país.

Para el experto, el terremoto dejó al descubierto la necesidad de aumentar la inversión pública y replantear la forma en la que Colombia recauda y distribuye sus recursos.

De hecho, González fue más allá y afirmó que disminuir la carga tributaria sería “absolutamente imposible”, especialmente cuando el país enfrenta el reto de reconstruir regiones enteras afectadas por la emergencia.

“Es absolutamente imposible. Cuando empezó el Gobierno, algunos economistas hablaban de bajar 35 billones e incluso 50 billones de pesos. Eso no tiene ningún sentido”, afirmó durante una entrevista en Caracol Radio.

La propuesta que podría beneficiar a muchos colombianos

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones del economista fue su postura frente al impuesto al patrimonio.

Mientras algunos sectores han planteado la posibilidad de eliminarlo, González defendió su permanencia y sostuvo que el país necesita aumentar la capacidad de recaudo.

Sin embargo, también propuso revisar otros tributos que, según él, podrían distribuirse de una manera más equilibrada.

Entre ellos destacó el impuesto predial, especialmente en las grandes ciudades.

Según explicó, el país debe analizar de manera conjunta los impuestos nacionales, departamentales y municipales, en lugar de seguir tratándolos como asuntos independientes.

“Me parece un error enorme acabar con el impuesto al patrimonio. Yo creo que necesitamos más impuestos, porque el gasto no puede bajar”, aseguró.

El economista señaló que muchos municipios tienen un amplio margen para fortalecer sus ingresos y puso como ejemplo el caso de Cartagena. “Hay ciudades que están cobrando el 8 o el 9 por mil. ¿Por qué Cartagena no les cobra el 15 por mil a apartamentos de 4.000 millones de pesos?“, se preguntó.

El terremoto cambió el debate económico

Las declaraciones se producen pocos días después de que Abelardo de la Espriella anunciara la intención de implementar una especie de “plan Marshall” para el Chocó.

La iniciativa busca acelerar la reconstrucción del departamento y saldar una deuda histórica con una de las regiones más afectadas por el terremoto.

Precisamente, González considera que la tragedia demostró que el país debe dejar de analizar los problemas únicamente desde la división política y comenzar a hacerlo desde una perspectiva regional.

“Lo que nos demostró el terremoto es que la división político-administrativa no es el problema. La geografía es una sola”, afirmó.

Por esa razón, insistió en que Colombia necesita desarrollar proyectos regionales y fortalecer la coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios.

El catastro multipropósito, una de las claves

Otra de las propuestas del economista está relacionada con el fortalecimiento del catastro multipropósito.

Según explicó, esta herramienta permite conocer con mayor precisión el territorio, establecer los límites de los predios y mejorar la planificación del desarrollo.

Además, aseguró que el Gobierno no debería frenar su implementación.

“Sería un error absolutamente grave que el Gobierno no siga estimulando el catastro multipropósito”, señaló.

González también pidió cambiar la percepción que existe sobre el Chocó.

“No sigamos diciendo que el Chocó es pobre. El departamento del Chocó es el más rico del país desde el punto de vista de la biodiversidad”, afirmó.

El economista concluyó que el debate tributario debe replantearse por completo y advirtió que no es posible construir un país sin aumentar la inversión pública.

“Hay que gastar más y hay que gastar mejor”, insistió.

Sin embargo, la dinámica del mercado cambiario es inestable. Mientras la cotización internacional se acerca a los $3.100, la realidad para los compradores de divisas en bancos y casas de cambio puede diferir debido a los márgenes de intermediación propios de cada entidad financiera. Por ello, es aconsejable consultar varias fuentes antes de concretar cualquier transacción, ya que los precios fluctúan constantemente y no corresponden siempre al valor de referencia en los mercados internacionales.

El contexto que explica la relativa debilidad del dólar se relaciona principalmente con el desempeño económico de Estados Unidos. Según reportó El Diario, una reciente caída en las ventas minoristas y otros datos más débiles de lo esperado impulsaron la percepción de que la Reserva Federal podría no aumentar las tasas de interés como se anticipaba. Esto debilitó al dólar en los mercados globales y benefició a monedas de mercados emergentes como el peso colombiano. El índice dólar incluso alcanzó mínimos de dos meses frente al euro.

Al mismo tiempo, el petróleo Brent, referencia relevante para la economía colombiana, subió hasta US$91,07 por barril, niveles no vistos en cerca de tres semanas. Factores como la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el temor a interrupciones en la oferta del crudo han impulsado el alza, situación que puede generar un aumento de divisas en Colombia por sus exportaciones. Aun así, los analistas advierten que una mayor tensión geopolítica puede desencadenar movimientos volátiles en el dólar, ya que incrementa la demanda por activos seguros.

En cuanto a otras monedas, la libra esterlina (moneda del Reino Unido) se ubicaba en $4.243 y el real brasileño en $602, ambos referenciados internacionalmente, aunque estas cifras pueden variar en casas de cambio. La apreciación reciente del peso brinda mejores condiciones para quienes planean viajes a esos países.

Por su parte, el oro, considerado históricamente refugio en tiempos de incertidumbre, mostró una caída de 0,5 % en su cotización, descendiendo a US$4.392,86 por onza, comportamiento atribuido a los mayores retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Así, el mercado se caracteriza por fuerzas opuestas entre la debilidad del dólar y la fortaleza del petróleo, lo que obliga a compradores y vendedores a seguir atentamente los movimientos antes de tomar decisiones.

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¿Es buen momento para comprar dólares en Colombia en agosto de 2026?

Según información citada por El Diario, el dólar se mantiene en torno a los $3.134 para el 18 de agosto de 2026, un valor bajo respecto a meses previos. Para quienes necesitan comprar dólares por motivos de viaje, ahorro o gastos internacionales, la tasa resulta favorable en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, dada la volatilidad del mercado cambiario, no se puede garantizar que se trate del mejor momento posible, por lo que es recomendable comparar precios y consultar varias entidades antes de tomar una decisión.

¿Por qué el dólar está más barato frente al peso colombiano actualmente?

De acuerdo con la información ofrecida por El Diario, el dólar estadounidense ha perdido terreno ante el peso colombiano por datos económicos débiles en Estados Unidos, como la caída en ventas minoristas. Esto llevó a que inversores consideren menos probable una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, debilitando el dólar y fortaleciendo monedas emergentes como el peso colombiano.

Uno de los puntos centrales de esta estrategia es un convenio entre la Gobernación del Tolima y el Banco Agrario que permitirá a los productores beneficiados tener un periodo de gracia, durante el cual la gobernación asumirá los intereses de los créditos. En palabras de la gobernadora Matiz: “Ellos dan un tiempo de gracia para que las personas obviamente no paguen la cuota que tienen que pagar en los bancos, nosotros mientras tanto pagamos estos intereses”. Esta medida estará vigente por varios meses, con una fecha estimada que se proyecta hasta junio del próximo año. Esto busca brindar un alivio financiero inmediato, ayudando a que los afectados no tengan que preocuparse por el pago de cuotas bancarias mientras se reponen de la emergencia.

Adicionalmente, la Gobernación anunció que, junto con Cortolima, las administraciones municipales y otras entidades, están diseñando una estrategia para ofrecer empleos temporales a las familias cuyas fuentes de ingreso fueron impactadas. Las actividades estarán enfocadas en trabajos de restauración ambiental para recuperar vegetación, fuentes de agua y otros recursos en las zonas más afectadas por los incendios. Según Matiz, “ya estamos estructurando un programa para poder hacer un convenio con Cortolima donde los invitamos a ustedes también a que nos ayuden, con poquito puede ser, pero que nos ayuden ustedes con algo y nosotros colocamos un recurso”.

La Gobernación también comenzó a preparar un inventario detallado sobre las pérdidas sufridas por las familias y productores, el cual solicitó el Ministerio de Agricultura, para consolidar el diagnóstico y gestionar más apoyos con el Gobierno Nacional. El objetivo es mantener una coordinación efectiva entre los municipios, el departamento y el Gobierno Nacional, permitiendo poco a poco la recuperación económica y productiva de los campesinos tolimenses.

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¿Qué alivios económicos recibirán los productores del Tolima por los incendios?

Los productores del Tolima afectados por los incendios contarán con un periodo de gracia en el pago de sus créditos en el Banco Agrario; durante ese tiempo, la gobernación del departamento asumirá el pago de los intereses. Además, se implementarán empleos temporales enfocados en la recuperación ambiental, para ayudar a restablecer la actividad económica en las zonas rurales perjudicadas.

¿Cómo se coordina la ayuda entre la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional para los afectados por incendios?

La Gobernación del Tolima está preparando un inventario detallado de las pérdidas y necesidades de los productores y familias afectadas, a solicitud del Ministerio de Agricultura. Con esta información, se busca establecer una mesa de trabajo que facilite nuevas medidas de apoyo para el sector agropecuario en coordinación con el Gobierno Nacional, preservando así la articulación entre entidades para una recuperación integral.

El último terremoto, de 7,4 grados, ha causado daños en 448 municipios de 15 departamentos. De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hasta el 15 de agosto se contabilizaban 14.493 casas destruidas, 81.506 averiadas, 66 edificios colapsados, además de cientos de centros educativos, instituciones de salud, vías, acueductos y aeropuertos gravemente dañados. Villegas advierte que, aunque actualmente se calcula que los afectados reciben entre 5.000 y 7.000 dólares en ayuda cada uno, la experiencia demuestra que el total final de afectados y costos puede ser superior a las estimaciones iniciales.

La diferencia principal frente a la tragedia de hace casi tres décadas es la capacidad económica del país. En aquel entonces, el producto interno bruto (PIB) rondaba los 100.000 millones de dólares, mientras que hoy asciende a 600.000 millones de dólares. Sin embargo, al igual que en 1999, Colombia enfrenta una crisis fiscal, lo que obliga a buscar soluciones financieras extraordinarias como impuestos, emisiones de bonos, renegociación y reprogramación de la deuda, así como cooperación internacional. El gobierno nacional ya anunció empréstitos —entre ellos uno del Banco Mundial por 450 millones de dólares— y múltiples naciones han entregado donaciones, aunque, según Villegas, estos aportes representan apenas un 4% del total.

El FOREC sirve como lección clave: debe garantizarse cercanía a la comunidad para conocer sus necesidades reales, aplicar una micro-administración en zonas pequeñas para un control preciso y, sobre todo, mantener la transparencia y blindar los recursos contra la politiquería, especialmente ante la proximidad de elecciones locales. El proceso de reconstrucción no es inmediato y puede extenderse entre cuatro y cinco años, con una fase inicial de emergencia, seguida de una estabilización progresiva.

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¿Cuáles son los retos financieros para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

El principal desafío es obtener más de 4.000 millones de dólares, el 96% desde el presupuesto nacional, lo que requiere recurrir a fuentes ordinarias y extraordinarias como nuevos impuestos, emisiones de bonos, préstamos internacionales y reprogramación de la deuda. La crisis fiscal actual obliga a tomar decisiones rigurosas para no dejar sin recursos el proceso, priorizando la gestión transparente y eficiente, según explicó el ex ministro Villegas en El Diario.

¿Qué enseñanzas dejó el modelo FOREC en los procesos de reconstrucción en Colombia?

El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) demostró la importancia de trabajar cerca de las comunidades, segmentar la administración por zonas pequeñas y blindar los recursos contra la política partidista, priorizando la transparencia. Estos principios permitieron un proceso más eficiente y confiable, y hoy se consideran referentes para estructurar la actual reconstrucción.