A partir del 3 de noviembre, las personas interesadas podrán participar en el proceso para acceder a créditos que les permitirán cursar estudios universitarios en diferentes niveles y modalidades. Entre las principales novedades de esta convocatoria destaca la línea de crédito ‘Tu talento hace el milagro’, que ofrece 15.000 cupos iniciales para nuevos beneficiarios en el primer semestre, con la meta de llegar a 25.000 créditos otorgados en este programa para 2027. El Icetex enfatizó que esta línea busca respaldar estudios en universidades tanto públicas como privadas, incluyendo instituciones extranjeras, con atención especial a la pertinencia de los programas para el desarrollo regional y la demanda del sector productivo, según precisa el propio comunicado.

Otra característica relevante de la convocatoria es la inclusión de cupos destinados a quienes deseen formarse en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, así como en posgrados, formación para el trabajo y educación continuada. Además, está prevista una atención especial para los estudiantes afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, garantizando que quienes figuren en los censos oficiales y residan o estudien en los departamentos más impactados puedan acceder a alternativas preferenciales de financiamiento.

El Icetex detalla que la estructura de los créditos contempla opciones de corto y mediano plazo. El pago se divide en un porcentaje a desembolsar durante la época de estudio y el resto luego de la graduación. Las diferentes líneas de crédito ofertadas varían en sus condiciones: algunas permiten financiar carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), ciencias de la salud, ciencias sociales, agronomía y educación, entre otras. Para los posgrados, los estudiantes deberán reembolsar el 40 % del crédito mientras estudian y el porcentaje restante tras terminar sus estudios, y para quienes opten por especializaciones en medicina, la proporción es de 20 % durante la formación y 80 % al graduarse. Para estudios en el exterior, el crédito puede cubrir hasta $25.000 dólares y el pago se realiza completamente al finalizar el programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las líneas de crédito del Icetex para educación superior?

De acuerdo con el Icetex, para acceder a las nuevas líneas de crédito, es fundamental postularse durante el periodo de convocatoria, cumplir con los requisitos establecidos para cada modalidad y, en el caso de líneas especiales como ‘Gente Milagro’, aparecer en los censos oficiales de afectados si corresponde. Además, los créditos varían en sus condiciones según el tipo de programa y la pertinencia territorial o sectorial.

¿Qué significa el énfasis en programas pertinentes para las regiones y el sector productivo?

El Icetex señala que parte de su enfoque es financiar estudios que respondan a las necesidades del desarrollo regional y del sector productivo. Esto implica priorizar carreras o programas académicos alineados con las demandas laborales y económicas de cada territorio, contribuyendo así a una formación acorde con los desafíos sociales y empresariales del país.

Aunque las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no desagregan de forma exclusiva los datos laborales específicos del segmento ferretero, los registros de actividades conexas dimensionan la magnitud de esta brecha histórica. En la construcción, sector estrechamente ligado al aprovisionamiento ferretero, las mujeres ocupan apenas el 5,9 % de los puestos de trabajo frente al 94,4 % correspondiente a la mano de obra masculina.

Capacitación técnica y posicionamiento en grandes fabricantes

Esta asimetría comienza a modificarse con la llegada de profesionales a cargos directivos en corporaciones de primer nivel de la industria. Casos representativos como el de Alejandra Cano, ingeniera de diseño de producto con formación en ingeniería industrial y mercadeo que se desempeña como gerente de Mercadeo de MAPEI Colombia, dan cuenta de cómo la especialización técnica permite superar las barreras de género tradicionales tras más de una década de trayectoria en manufacturas complejas como maquinaria agrícola, combustión industrial y tratamiento de aguas.

De acuerdo con la directiva, el dominio de los componentes técnicos y la ejecución comercial rigurosa consolidan la legitimidad profesional dentro del sector, demostrando que la integración de visiones heterogéneas potencia aspectos que trascienden el catálogo físico, tales como los protocolos de seguridad, la experiencia del comprador, la innovación de materiales y los canales de comunicación de las compañías.

(Vea también: El futuro de estas 5 empresas (y otras) en Colombia cambiaría por decisión de De la Espriella)

Brechas en la cadena de valor y el oficio operativo

Pese a los avances corporativos, persisten disparidades notorias a lo largo de los eslabones de la cadena. Manuela Loaiza, magíster en Mercadeo Estratégico de la Universidad de Glasgow y gerente de Shopper Marketing de Pintuco tras cerca de siete años en la organización, constata que, si bien la decisión de compra entre clientes finales en los hogares muestra una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, el segmento de los aplicadores y pintores profesionales continúa dominado en un 95 % por hombres, limitando la cuota femenina en ese oficio a un 5 %.

Asimismo, las dinámicas de distribución evidencian desequilibrios en la asignación de funciones: las tareas de campo relativas a la asistencia técnica en punto de venta y las rutas comerciales de visita a los establecimientos ferreteros son asignadas mayoritariamente al personal masculino, mientras la presencia de mujeres se focaliza con frecuencia en labores de apoyo promocional.

Estrategia y liderazgo ferial en la articulación del mercado

La transformación del sector no se limita a la manufactura y comercialización, sino que se extiende a la creación de los grandes escenarios de relacionamiento comercial. En la estructuración de El Gran Salón Ferretero | International Hardware Fair Colombia, la dirección estratégica recae en un equipo de liderazgo femenino integrado por ejecutivas de Concept2B, Koelnmesse y Corferias.

Desde Concept2B, su socia fundadora Angélica Jiménez lideró el rediseño conceptual para trascender la venta transaccional hacia un esquema de garantías, soluciones y servicios, contando con el respaldo de empresarias ferreteras consolidadas. En el plano global, Ana María Jiménez, Project & Sales Manager de Koelnmesse, ha facilitado la articulación entre el mercado nacional y los estándares de exhibición internacional tras tres años de inmersión en la actividad ferretera.

Por su parte, Lilián Conde, jefe de proyecto en Corferias, aporta una visión transversal respaldada por una memoria familiar vinculada a la operación de establecimientos ferreteros desde la década de 1980, canalizando este conocimiento hacia la integración de los actores clave de la industria que demandan plataformas sólidas de negocios.

Nuevas perspectivas para una industria en transición

Este relevo de perspectivas coincide con una etapa en la que las ferreterías de barrio y los grandes almacenes de cadena incorporan herramientas tecnológicas, redes sociales y canales omnicanal para optimizar su contacto con el público. La inserción de mujeres en áreas neurálgicas no constituye una simple sustitución de roles, sino una diversificación en las preguntas de negocio, el diagnóstico de las necesidades del cliente y el desarrollo de valor agregado en el sector.

La convergencia de estos cambios tendrá su principal vitrina gremial entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026, fechas en las que Corferias albergará una nueva edición de El Gran Salón Ferretero. El encuentro congregará a fabricantes, distribuidores, mayoristas y profesionales técnicos con el propósito de generar alianzas comerciales e intercambiar conocimientos especializados, con preinscripción abierta a través de su portal web oficial.

(Vea también: Estos trabajadores recibirán golpe con Ley de Rescate Económico; baja tope para impuesto)

La propuesta establece que, a partir del 1 de enero de 2028, estos automotores pasen a estar gravados con una tarifa del 19 % de IVA. Actualmente, cuentan con una tarifa del 5 % y sus compradores pueden solicitar la devolución del impuesto ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), siempre que cumplan los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

La modificación hace parte del proyecto de Ley de Rescate Económico que el Gobierno presentó el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes. La iniciativa reúne varias medidas tributarias con las que busca conseguir recursos adicionales para las finanzas públicas de 2027 y los años siguientes.

¿Por qué los vehículos híbridos y eléctricos salían más baratos que otros carros?

Ese mecanismo ha permitido que el costo efectivo de adquisición sea menor. Según explicó Semana, un comprador que pagó $105 millones por un vehículo durante 2026 puede solicitar la devolución de $5 millones correspondientes al IVA. De esta manera, recupera una parte del dinero que desembolsó por el automotor.

Entre las condiciones del trámite está contar con la certificación correspondiente de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que acredita al automotor para acceder al incentivo tributario.

Sin embargo, con el cambio planteado por el Ejecutivo, esa devolución dejaría de estar disponible y el vehículo podría alcanzar un valor de $119 millones. La diferencia estaría en que el comprador ya no tendría la posibilidad de recuperar el impuesto, como ocurre actualmente.

La devolución ha tenido una demanda importante. La Dian reportó un aumento de solicitudes por parte de compradores de vehículos eléctricos e híbridos, situación que llevó a la entidad a adoptar medidas para atender los trámites y facilitar el acceso de los ciudadanos al procedimiento.

Aunque el proyecto ya fue radicado en la Cámara de Representantes, la modificación del IVA todavía no es una norma vigente. Para que entre en aplicación, la iniciativa debe superar los debates correspondientes en el Congreso y recibir la aprobación de las dos cámaras.

Honorio Henríquez, presidente del Senado y miembro del Centro Democrático, subrayó que si bien la ley de ajuste fiscal es necesaria, debería evitar sobrecargar el bolsillo de los colombianos con nuevos gravámenes, especialmente en la Región Caribe. El congresista insistió en la urgencia de disminuir los costos estatales, señalando la duplicidad de funciones y puestos innecesarios como un área prioritaria para el recorte.

En la misma línea argumentativa, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, expresó que la colectividad defiende un estado de tamaño reducido y bajos impuestos. Recalcó que su bancada solo respaldaría medidas que reduzcan o eliminen impuestos para favorecer el ingreso directo de los ciudadanos, contrario a lo que presuponen los aumentos propuestos. Por su parte, la senadora María Clara Posada respaldó la reducción estatal y los incentivos a la inversión contenidos en la Ley de ajuste fiscal, especialmente la disminución del gasto en nómina, contratación y renta corporativa, pero advirtió que no apoyará ideas que aumenten la carga tributaria para la clase media.

En contraste, los partidos de oposición han manifestado un rechazo frontal al proyecto. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, criticó especialmente el artículo 7, que entregaría facultades extraordinarias al presidente para reorganizar la estructura estatal, advirtiendo de un posible despido masivo y privatización de activos estatales. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, señaló que la reforma podría beneficiar a grandes fortunas mediante la reducción de la renta corporativa y la flexibilización del impuesto al patrimonio, mientras que afectaría a la clase media y sectores vulnerables con la creación de nuevos tramos impositivos. David Racero, de las comisiones económicas del Congreso, remarcó que la inclusión de productos básicos en la lista de bienes gravados con el impuesto al valor agregado (IVA) podría tener graves efectos sociales, ya que dejaría sin protección a alimentos y materias primas esenciales.

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¿A quién afecta principalmente el proyecto de Ley de ajuste fiscal en Colombia?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el impacto principal de la Ley de ajuste fiscal recae sobre la clase media y los sectores populares, especialmente debido a los posibles incrementos tributarios y la ampliación de la base gravable. Además, preocupa el recorte de personal estatal y la mayor tributación de productos de primera necesidad, lo que, según sectores de oposición y parte del oficialismo, podría afectar directamente a millones de colombianos.

¿Qué cambios propone la Ley de ajuste fiscal en impuestos y estructura estatal?

Según el texto citado por El Espectador, la Ley propone eliminar duplicidades y reducir el gasto público mediante una disminución de la nómina estatal y contratistas. En materia tributaria, contempla rebajas progresivas a la renta corporativa y la posible creación de nuevos impuestos para las personas naturales, así como la inclusión de más productos en el rango de bienes gravados con IVA, lo que podría impactar precios e ingresos familiares.

En términos prácticos, este indicador señala las condiciones exactas del mercado: ¿cuántos pesos colombianos son requeridos para adquirir un solo dólar? La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias directas y determinantes en la cotidianidad económica del país, desde el precio de las importaciones y exportaciones hasta la inflación y el poder adquisitivo de la ciudadanía.

De acuerdo con información de 90 Minutos, los movimientos en la tasa de cambio se reflejan principalmente en dos fenómenos económicos: depreciación y apreciación. Cuando la tasa de cambio nominal incrementa, esto indica una depreciación del peso colombiano. En otras palabras, la moneda nacional pierde valor y quienes necesitan dólares deben pagar más pesos por cada unidad, lo que encarece los productos importados y puede influir en el costo de vida. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se produce una apreciación del peso, manifestando un fortalecimiento temporal; así, menos pesos bastan para comprar un dólar, abaratando los productos extranjeros e impactando la competitividad de los exportadores colombianos.

Para monitorear y publicar oficialmente estos valores, el sistema financiero del país utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con la explicación de 90 Minutos, la TRM es definida como el promedio aritmético simple de las tasas negociadas en todas las compras y ventas de dólares efectuadas por diversas entidades vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Un dato clave es que, para que las operaciones se tengan en cuenta al calcular esta tasa, tanto la entrega de pesos como de dólares debe realizarse el mismo día.

Finalmente, según la última información de 90 Minutos, la tasa representativa del mercado indica que un dólar equivale a 3.166,91 pesos colombianos, resumiendo el estado actual de la relación entre ambas monedas.

¿Qué es la tasa representativa del mercado (TRM) en Colombia y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es un indicador que refleja el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares contra pesos, según datos de 90 Minutos. Es calculada tomando las transacciones realizadas por distintas entidades financieras y solo se incluyen aquellas cuyo pago en ambas monedas ocurre el mismo día.

¿Cómo afecta la tasa de cambio del dólar al peso colombiano y a la economía nacional?

De acuerdo con lo expuesto por 90 Minutos, cualquier variación en la tasa de cambio incide directamente en la economía nacional. Si la tasa sube, conlleva una depreciación del peso, lo que encarece las importaciones. Si baja, el peso se aprecia, abaratando los productos extranjeros, aunque esto puede perjudicar a los exportadores colombianos al reducir la competitividad.

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El valor total de publicar una obra varía según múltiples factores y no existe una tarifa única aplicable a todos los casos. De acuerdo con la explicación de Poveda, imprimir un libro que requiera tres colores de tinta puede significar una inversión cercana a cinco millones de pesos, solo en el proceso de impresión. Sin embargo, al sumar los costes relacionados con la edición, el diseño y otras características particulares de la publicación, el presupuesto puede situarse entre ocho y diez millones de pesos. Todos estos datos han sido obtenidos directamente de testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos.

La cantidad de ejemplares que un autor decida imprimir es un elemento decisivo para el presupuesto final. Eduardo Echará, editor del sello Escarabajo, afirma que producir un pequeño número de copias encarece el precio de manera significativa por cada libro. Según Echará, en una tirada de 100 ejemplares, el costo unitario será mucho mayor en comparación con una producción de 1.000 o 10.000. Esto significa que la decisión de imprimir más unidades puede representar un alivio financiero, siempre que exista la seguridad de la demanda por parte del público.

Las experiencias personales de los autores también muestran la amplia variedad de posibilidades que existen al momento de publicar. Sebastián Ruiz, escritor, reveló que su tercer libro, ‘Lágrimas de una princesa encantada’, le costó aproximadamente tres millones de pesos. Trabajó con una editorial de Bogotá que gestionó la maquetación, el diseño y el estilo, además de entregarle 100 copias de su obra. Este ejemplo demuestra que los gastos pueden disminuir dependiendo de los servicios seleccionados y la cantidad de ejemplares solicitados.

Finalmente, los autores deben considerar que los gastos no terminan cuando reciben sus libros impresos. Los costos de asistir a ferias del libro, promocionar la obra, construir su marca como escritores y encontrar lectores suman nuevos desafíos. Así, el proceso de publicación involucra no solo creatividad, sino una cadena de decisiones económicas y profesionales que influyen en el camino del manuscrito hasta los lectores.

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¿Cuánto cuesta imprimir un libro en Colombia?

El costo de imprimir un libro en Colombia depende de factores como el número de tintas, la cantidad de ejemplares y los procesos editoriales que se incluyan. Según datos de Noticiero 90 Minutos y testimonios de editoriales como BookHunters, solo la impresión de una obra en tres tintas puede costar alrededor de cinco millones de pesos, y sumando servicios de edición y diseño, el gasto total puede alcanzar hasta diez millones de pesos.

¿Qué servicios editoriales aumentan el costo de publicar un libro?

Servicios como la edición, el diseño, la maquetación y la promoción inciden de manera directa en el presupuesto necesario para publicar un libro. Tal como explican fuentes de Noticiero 90 Minutos y experiencias compartidas por escritores entrevistados, los costos varían según la cantidad de ejemplares requeridos y el nivel de personalización o acompañamiento que cada autor decida incluir en su proyecto.

Durante su intervención, Suárez cuestionó el relato oficial del Ejecutivo que promete un “adelgazamiento” del Estado y contención en el gasto burocrático. Según el analista, al sumar la proyección de recortes operativos frente a la carga impositiva que asumirá el país hacia el año 2028, la balanza muestra una desproporción sustancial:

“Me amanecí haciendo cuentas, esto no es de discursos, esto es con números. Yo hice las cuentas de cómo funcionaría la estrategia de ajuste fiscal para 2028, cuando ya han entrado todos los impuestos. El ajuste del Gobierno en lo que tiene que ver con menor gasto público, congelación de salarios y menos OPS suma 14 billones de pesos. Los impuestos valen 42 billones de pesos y de esos 42 le destaco los que pesan más, el IVA, renta a personas naturales, impuestos a licores y aportes a salud, parafiscales, aportes a trabajadores independientes y de cajas de compensación. Es decir que entre los 42 billones de impuestos, los 14 billones y los 14 del supuesto adelgazamiento nos dan 70 billones. Yo le quiero decir una cosa esta reforma tributaria, que es la esencia de la ley de ajuste, por cada peso de ajuste hay 3 de impuesto, entonces la ley es más tributaria que de ajuste”, advirtió Suárez.

En su lectura crítica, el panelista fue más allá y sostuvo que la propuesta del actual Gobierno no es más que una compilación incrementada de las medidas fiscales implementadas por administraciones anteriores, recordando el impacto que generaron en los hogares los denominados “impuestos saludables” decretados en el quinquenio pasado.

“Esta ley de ajuste recoge todo lo malo y lo potencia de Pastrana, Uribe, Duque, Santos y Petro, Petro tiene la mano metida con lo del carbono, el impuesto a la arepa lo puso Petro, es la colección de todo lo malo y potenciado”, enfatizó el analista.

El señalamiento del “impuesto a la arepa” alude directamente a la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro), la cual creó los gravámenes a productos comestibles ultraprocesados e industrializados con altos niveles de sodio, azúcares o grasas saturadas. Dicha normativa afectó diversas líneas de alimentos empacados y de consumo masivo —entre ellas, mezclas para preparación de panadería y pasabocas derivados del maíz comercializados en tiendas de barrio—, lo que generó en su momento un fuerte incremento en los costos de la canasta familiar y un malestar entre los comerciantes minoristas. Para Suárez, el proyecto del nuevo gobierno no corrige esos sobrecostos históricos, sino que los consolida y los extiende con nuevos gravámenes y reducciones en las exenciones del impuesto de renta.

La iniciativa plantea eliminar la tarifa diferencial del 5 %, por lo que productos como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate pasarían a pagar el IVA general del 19 %. Esto representa un aumento de 14 puntos porcentuales en el impuesto y podría reflejarse en los precios que pagan los consumidores.

El proyecto también modifica la lista de alimentos excluidos del IVA. Algunas frutas y hortalizas perderían este beneficio y quedarían gravadas con la tarifa general. Sin embargo, productos como papa, yuca, granos, pan, arepa de maíz y panela artesanal continuarían sin pagar IVA.

En el grupo de alimentos exentos, con tarifa del 0 %, seguirían el arroz, las carnes de res, cerdo y pollo, el pescado, la leche y los huevos.

Además, la propuesta ajusta el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas e incluiría productos con edulcorantes.

Desde 2028, el gravamen sería de $45 por cada 100 mililitros para bebidas con menos de nueve gramos de azúcar añadida y de $76 para aquellas con nueve gramos o más. Las bebidas sin azúcar añadida ni edulcorantes quedarían excluidas.

La tarifa inicial sería de 9 % sobre la parte de la renta que supere el nuevo límite.

Con la propuesta, quienes ganen hasta 2 salarios mínimos mantendrían el aporte del 4 %. Para ingresos superiores a 2 y hasta 4 salarios mínimos, la tarifa subiría a 5,5 %.

Entre 4 y 5 salarios mínimos sería de 6 %; de más de 5 a 10, 6,5 %; de más de 10 a 15, 7 %; de más de 15 a 20, 7,5 %, y entre más de 20 y hasta 25 salarios mínimos llegaría al 8 %.

Los trabajadores independientes también tendrían incrementos. Mantendrían el 12,5 % hasta 2 salarios mínimos, pero la tarifa subiría progresivamente hasta 15,5 % para quienes reciban entre más de 20 y 25 salarios mínimos.

El proyecto busca que quienes tienen mayores ingresos aporten una proporción más alta para financiar el sistema de salud.

Además, plantea cambios en las exoneraciones de aportes al Sena, ICBF y salud para empresas con trabajadores de menores ingresos.

La iniciativa busca reorganizar el Estado y contempla facultades extraordinarias por seis meses para que el presidente pueda suprimir, fusionar o modificar ministerios y otras entidades, además de eliminar funciones duplicadas.

También plantea un programa para identificar, optimizar y vender activos estatales que no sean necesarios.

En materia tributaria, el proyecto propone cambios importantes. Se modificaría el impuesto de renta para personas naturales, con nuevos umbrales y una retención del 9 % para determinados ingresos.

Desde 2027 aumentarían las cotizaciones a salud de los trabajadores según su nivel salarial. El IVA subiría al 19 % para sectores como licores, juegos de azar, ultraprocesados, cigarrillos, vapeadores y plataformas internacionales de comercio electrónico.

Para las empresas, la tarifa de renta sería del 33 % en 2027 y del 31 % desde 2028, mientras que bancos y otras entidades financieras pagarían una sobretasa de cinco puntos. Además, desde 2028 desaparecería la tarifa de IVA del 5 % para varios productos y servicios.

En cuanto al tráfico nacional, 25 millones de pasajeros viajaron en vuelos internos durante los primeros nueve meses de 2026, cifra que muestra un crecimiento del 4,4% frente al periodo equivalente del año anterior. Bogotá y Medellín se destacaron como las ciudades principales en la contribución al aumento en la cantidad de pasajeros, mientras que otras como Barranquilla, Montería y Bucaramanga también tuvieron aportes relevantes en esta tendencia, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

En el ámbito internacional, los aeropuertos colombianos movilizaron 19,1 millones de pasajeros entre enero y septiembre, experimentando un incremento del 3,9% respecto al mismo lapso de 2025. Este desempeño positivo no solo se limita al movimiento de personas, sino que también se extiende al transporte de carga y correo. En el periodo citado, se movilizaron 750.265 toneladas, lo que representó un crecimiento de 5,8% frente al año anterior. En septiembre, fueron transportadas 81.465 toneladas, un volumen similar al registrado en ese mismo mes en 2025.

El segmento internacional concentró la mayor parte de las actividades de carga, con 645.503 toneladas movilizadas, cifra que implicó un aumento del 6,6% y cerca de 40.000 toneladas adicionales. De acuerdo con la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, factores como el comportamiento del mercado cambiario y la apreciación del peso frente al dólar influyeron positivamente en el transporte internacional de carga, sobre todo en lo relacionado con comercio electrónico y circulación de mercancías. En contraste, el mercado doméstico transportó 104.762 toneladas, con un aumento del 1%.

Por su parte, las operaciones regulares en los aeropuertos ascendieron a 646.802 durante el periodo analizado, un incremento del 6,8% respecto a 2025. De estas, 520.188 correspondieron a vuelos nacionales (8% de crecimiento) y 126.614 a internacionales (2,1% de incremento). En septiembre se registraron 70.033 operaciones, de las cuales 56.660 fueron nacionales y 13.373 internacionales. Los aeropuertos El Dorado, de Bogotá, y José María Córdova, de Rionegro, lideraron este crecimiento, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos pasajeros y toneladas de carga se movilizaron en Colombia durante 2026?

Durante los primeros nueve meses de 2026, se movilizaron 44,1 millones de pasajeros y 750.265 toneladas de carga y correo en los aeropuertos de Colombia, según datos de la Aeronáutica Civil. El tráfico de pasajeros mostró un crecimiento del 4,2% y el transporte de carga un aumento del 5,8%, evidenciando el buen momento del sector aéreo en el país.

¿Qué factores impulsaron el crecimiento del transporte aéreo en Colombia en 2026?

De acuerdo con la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, el comportamiento favorable del mercado cambiario y la apreciación del peso frente al dólar fueron factores clave que impulsaron el desempeño del transporte internacional de carga en 2026, especialmente en actividades relacionadas con el comercio electrónico y la circulación de mercancías.

A pesar de registrar ingresos operacionales consolidados por el orden de los 1,07 billones de pesos, la compañía debió replantear su ritmo tras un periodo intensivo de inversiones destinado a ampliar su capacidad instalada en materia de proteína animal, cultivos y infraestructura de alimentos balanceados. Con una operación robusta que abarca 53 granjas tecnificadas, 26.199 madres y la comercialización de 750.000 cerdos al año, la empresa logró incrementar su productividad porcícola en un 6 % y reducir su costo de producción por kilogramo en un 10 % en comparación con el cierre del año anterior, mitigando parcialmente las presiones del mercado.

El segundo pilar de la estrategia corporativa ha estado enfocado en el fortalecimiento de La Fazenda, marca que durante los últimos quince años se ha consolidado en el mercado nacional y que reportó un crecimiento del 25 % en sus ventas frente al periodo previo. Este impulso comercial se apoya en el modelo de integración agrícola de la compañía, que cultiva cerca de 24.456 hectáreas de soya y 23.490 hectáreas de maíz en la Orinoquía, permitiéndole autoabastecerse de aproximadamente el 70 % de los granos necesarios para la alimentación animal, a pesar de las volatilidades cambiarias y el encarecimiento de los insumos importados.

En el flanco financiero, la compañía concretó en agosto una operación clave de sindicación de pasivos con entidades bancarias como Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y BBVA. Dicha reorganización de la estructura de capital busca dotar a la firma de periodos de gracia y plazos flexibles para cumplir con sus compromisos crediticios mientras atraviesa la fase baja del ciclo de precios, cuya recuperación se proyecta entre el primer y segundo trimestre del próximo año. Adicionalmente, el modelo de economía circular de la empresa —que integra la producción ganadera de leche y carne con plantas de biogás y parques solares capaces de generar ahorros millonarios en costos energéticos— consolida un blindaje operativo para preservar la sostenibilidad a largo plazo en medio de las incertidumbres climáticas y macroeconómicas de la región.

De acuerdo con esa cartera, el objetivo central es disminuir los tiempos y gastos que enfrentan tanto ciudadanos como compañías al momento de gestionar trámites ante el Estado. Esta transformación busca impactar de manera significativa actividades de emprendimiento, procedimientos de comercio exterior, el sector de la construcción, los procesos de registro, la provisión de energía y los servicios financieros.

Antes de que el proyecto llegue a su etapa de discusión en las plenarias, el Gobierno organizará cinco audiencias públicas en Neiva, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. El propósito principal de estas audiencias es recopilar comentarios y observaciones de ciudadanos, empresarios y representantes de diversos sectores económicos, de acuerdo con la hoja de ruta divulgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Uno de los ejes fundamentales de la propuesta es reducir la cantidad de documentos y requisitos que, en la actualidad, ciudadanos y empresas deben presentar repetidamente ante distintas entidades estatales. El proyecto estipula que las instituciones públicas recurran a bases de datos ya existentes e intercambien información segura entre ellas, lo cual debería evitar la duplicidad al pedir los mismos documentos de manera reiterada.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, indicó que la propuesta está especialmente orientada a aliviar las cargas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que hoy enfrentan una alta exigencia documental. "Hoy las mipymes deben ir a cientos de entidades para que les pidan miles de papeles. Con esta iniciativa queremos simplificarles la vida, pero también facilitarles el camino a los inversionistas que quieren llegar al país. Más inversión significa más oportunidades para nuestros ciudadanos", señaló el ministro.

El proyecto se estructura en cinco pilares principales: simplificación de requisitos, digitalización de procedimientos, intercambio de información entre instituciones, coordinación de procesos y controles ajustados por riesgo, destaca el Ministerio de Comercio. Así, se pretende alcanzar mayor eficiencia sin eliminar mecanismos esenciales en áreas como sanidad, medioambiente, aduanas o seguridad jurídica.

Desde el viceministerio de Desarrollo Empresarial, Manuel Antonio Naranjo enfatizó que el objetivo es optimizar procesos y ahorrar tiempo sin sacrificar controles imprescindibles. En este sentido, se plantea potenciar la Ventanilla Única Empresarial (VUE), el uso masivo de expedientes digitales y la eliminación de solicitudes de datos ya disponibles en otras entidades estatales. Para el comercio exterior, se reforzará la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), buscando mejores procesos tanto en importaciones como en exportaciones, todo bajo controles aduaneros y sanitarios vigentes.

En cuanto al sector de la construcción, se propone facilitar el uso de documentos ya presentados en trámites previos, unificar requerimientos y avanzar hacia registros inmobiliarios digitales y la gestión electrónica de escrituras. Además, se prevé fortalecer el intercambio de información entre oficinas catastrales y de registro, siempre bajo normas de protección de datos y seguridad jurídica.

Tras superar el primer debate, el proyecto de ley antitrámites continúa su camino legislativo, con la promesa de reducir las trabas burocráticas y simplificar el cumplimiento de trámites para ciudadanos y empresas, como destacan los voceros gubernamentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que se beneficiarían con la ley antitrámites?

La ley antitrámites contempla beneficios para varios sectores, como el emprendimiento, comercio exterior, construcción, procesos de registro, energía y servicios financieros. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la iniciativa también busca impactar positivamente a micro, pequeñas y medianas empresas, así como facilitar la inversión en el país.

¿Qué cambios propone la ley antitrámites en digitalización y eliminación de documentos?

El proyecto plantea que las entidades públicas utilicen y compartan información existente en sus bases de datos, para que los usuarios no deban aportar los mismos documentos de forma reiterada. Incluye la digitalización de trámites, la adopción de expedientes digitales y el fortalecimiento de ventanillas únicas empresariales y de comercio exterior, promoviendo procesos administrativos más rápidos y eficientes.

Según los datos conocidos, la inflación en la eurozona llegó a 3,8% en septiembre, un incremento notable si se compara con el 3,2% que se reportó en agosto, en gran medida por el aumento en los precios de la energía. El BCE, en su balance, advirtió que este encarecimiento continúa representando un riesgo relevante tanto para la evolución de los precios como para las perspectivas económicas de la región. Pese a este panorama, la entidad resaltó que otros indicadores muestran cierta estabilidad; la inflación subyacente —medida que excluye el componente más volátil de la energía y los alimentos— permanece relativamente contenida, y los salarios aún no exhiben un crecimiento que implique un mayor riesgo inflacionario.

La decisión del BCE se ajustó a las expectativas de los inversionistas, quienes anticipaban que las tasas se mantendrían estables mientras el organismo evalúa los efectos de las medidas monetarias ya implementadas. Además, el banco central reafirmó su compromiso de conducir la inflación hacia el objetivo de 2% en el mediano plazo, tomando resoluciones fundamentadas en el análisis de la información económica disponible. La entidad también reconoció la existencia de diversos factores de incertidumbre, en especial aquellos asociados al contexto geopolítico internacional por su impacto potencial en los mercados energéticos y la economía europea.

En el mismo encuentro, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, antes del plazo inicialmente estipulado para su mandato. El banco informó que Lagarde notificó formalmente su decisión tanto al Consejo de Gobierno como al presidente del Consejo Europeo, y señaló que la elección de su sucesor se hará conforme a las disposiciones del artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los integrantes del Consejo de Gobierno expresaron públicamente su reconocimiento a Lagarde por su gestión al frente de la institución con una prolongada ovación.

Ante un escenario en el que la inflación persiste por encima del objetivo, las tasas de interés continúan elevadas y se avecina el cambio de liderazgo en el BCE, los mercados, gobiernos y actores económicos seguirán atentos a los próximos pasos de la autoridad monetaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el BCE decidió mantener las tasas de interés ante la subida de la inflación?

El BCE determinó dejar sin cambios las tasas de interés en su reunión de octubre porque, a pesar del aumento en la inflación anual y la presión de los precios de la energía, otros indicadores como la inflación subyacente y los salarios muestran estabilidad. Según el organismo, esta decisión permite evaluar los efectos de los incrementos anteriores y adaptar sus movimientos futuros con base en la información económica, manteniendo su objetivo fijado de inflación en 2% a mediano plazo.

¿Cuándo dejará el cargo Christine Lagarde como presidenta del BCE?

Christine Lagarde anunció oficialmente que dejará la presidencia del Banco Central Europeo el 7 de febrero de 2027, retirándose varios meses antes de la fecha originalmente prevista para el término de su mandato. De acuerdo con el BCE, este relevo se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que aunque la medición se concentra en grandes almacenes, no se descarta que la problemática pueda estar presente también en otros formatos del comercio, como las pequeñas tiendas de barrio. Cabal precisó que es necesario prestar atención a los posibles efectos de estos crímenes a lo largo de toda la cadena comercial, ya que las afectaciones podrían abarcar todo el sector.

En contraste, los robos internos, aquellos cometidos por personal vinculado directamente a las empresas, mostraron una disminución. Según el censo, las pérdidas por este tipo de hurto bajaron de $67.948 millones en 2024 a $58.438 millones en 2025, esto es, una reducción del 14%. Sin embargo, el informe advirtió cambios relevantes en la dinámica de estos casos: la participación de bandas organizadas en los robos internos aumentó del 33% al 40%, y los incidentes donde estuvieron involucrados empleados directos pasaron del 41% al 48%.

El informe también señaló una evolución en las modalidades de hurto. Ahora, ocultar mercancía en prendas, bolsos o carteras se consolidó como el método más empleado, pasando del 9% de los casos en 2024 al 33% en 2025. Otras formas detectadas incluyeron el uso de bolsas recubiertas de aluminio (11%), la incorporación de personas mayores (9%) y la de menores de edad (5%).

En cuanto a los productos más hurtados, se evidenció que los chocolates y dulces pasaron a ser los más sustraídos, seguidos de artículos para el hogar y productos cárnicos. Los abarrotes, por su parte, descendieron en el listado. Cabal relacionó esto con el aumento de los precios de productos de consumo masivo, considerando el impacto de los llamados impuestos saludables y cómo incentivan el hurto para abastecer canales informales.

El estudio también expuso la baja efectividad judicial: solo el 17,6% de hurtos externos y el 29,4% de internos terminan en judicialización. Bogotá se ubicó como la ciudad más afectada, con el 46,6% de los casos y el 62,2% de las pérdidas económicas. En términos generales, la merma total en los almacenes evaluados fue de $917.743 millones en 2025, de los cuales el 58% correspondió a productos identificados (vencidos o dañados) y el 42% a pérdidas no identificadas (robos y errores operativos). En alimentos perecederos, los desperdicios crecieron de 35.956 a 42.650 toneladas, aunque la donación de productos a bancos de alimentos aumentó considerablemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las modalidades de robo más frecuentes en grandes almacenes según Fenalco?

De acuerdo con el XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas de Fenalco, la modalidad de ocultar mercancía en prendas de vestir, bolsos o carteras se posicionó como la más común en 2025, representando el 33% de los casos. Además, persisten métodos como el uso de bolsas recubiertas de aluminio para eludir sistemas de seguridad (11%), la utilización de personas mayores (9%) y la participación de menores de edad (5%).

¿Por qué ha aumentado el hurto de chocolates y dulces en los grandes almacenes?

El informe de Fenalco indica que los chocolates y dulces lideran ahora la lista de productos más hurtados, comportamiento que coincide con el encarecimiento de productos de consumo masivo y la implementación de impuestos saludables. Este contexto de precios altos puede estar incentivando el robo de estos artículos tanto para consumo propio como para su venta en canales informales.

Según el texto del Ministerio de Hacienda, los trabajadores dependientes serían los primeros en experimentar cambios significativos. Se plantea una tabla de cotización escalonada, que varía de acuerdo con el salario mensual. En este esquema, quienes perciban entre uno y dos salarios mínimos continuarían pagando el 4%, pero a partir de ahí las tarifas aumentarían progresivamente. Aquellos con ingresos entre dos y tres salarios mínimos aportarían el 5%; entre tres y cuatro salarios mínimos, el 6%; entre cuatro y cinco, el 6,5%. Para salarios más altos, las tarifas continúan al alza: 7% para quienes ganen entre cinco y diez salarios mínimos; 7,5% para ingresos de diez a quince; y un 8% para quienes devenguen entre quince y veinticinco salarios mínimos.

En el caso de los trabajadores independientes, el esquema propuesto establece también un aumento progresivo: la cotización inicia en 12,5% para ingresos entre uno y dos salarios mínimos, aumentando paulatinamente hasta llegar al 15,5% para los que reciben entre quince y veinte salarios mínimos. Entre los rangos intermedios, el porcentaje asciende desde el 13% hasta el 15%.

El Ministerio de Hacienda justifica estos ajustes asegurando que buscan distribuir la carga de la financiación según la capacidad de pago de los afiliados. Explican que los mayores aportes recaerían en quienes más ingresos reciben, mientras que los trabajadores con menores ingresos mantendrían contribuciones más bajas. De acuerdo con el diagnóstico contenido en el documento oficial, el sistema de salud sufre presiones por el envejecimiento de la población y crecientes necesidades de atención, y destaca que, aunque los aportes del Presupuesto General de la Nación han aumentado, las cotizaciones no han seguido el mismo ritmo.

El proyecto también afecta a los regímenes especiales, como el de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), proponiendo aportes de entre 1,5% y 4%, según nivel de ingreso. Además, la iniciativa revisa las condiciones de las exoneraciones de aportes parafiscales de entidades como el Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, los nuevos esquemas de cotización permitirían recaudar ingresos adicionales equivalentes al 0,2% del PIB para 2027 en el caso de dependientes e independientes y 0,04% para los regímenes especiales. Sin embargo, el Gobierno reconoce que estos cambios deben pasar por el Congreso, donde podrían ser aprobados, modificados o eliminados. Hasta ahora, los valores propuestos no están vigentes y su impacto final dependerá de las condiciones definidas durante la discusión legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas tarifas de aportes a la salud para trabajadores dependientes e independientes en la propuesta del Gobierno?

La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda incluye una tabla de tarifas escalonadas para los aportes a salud, diferenciando entre trabajadores dependientes e independientes. En los dependientes, la cotización va desde el 4% hasta el 8% del ingreso, dependiendo del salario mensual. Para los independientes, la escala inicia en 12,5% y llega al 15,5%, según el rango de ingresos. Estos porcentajes buscan que la carga financiera se distribuya de acuerdo con la capacidad de pago, pero no están vigentes hasta que la propuesta sea debatida y aprobada en el Congreso.

¿Qué regímenes especiales de salud modificará el proyecto y cómo será la nueva escala de cotización?

Según el documento del Ministerio de Hacienda, el proyecto modifica las contribuciones en regímenes especiales como los de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Para estos, la cotización propuesta varía entre 1,5% y 4% según el nivel de ingresos, lo que implica un aumento gradual para los afiliados que reciben salarios más altos. Esta medida busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y disminuir la dependencia de recursos del presupuesto nacional.

De acuerdo con la exposición de motivos, el gasto de funcionamiento del Gobierno Nacional Central pasó de estar cerca del 14,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), según las tendencias estimadas antes de la pandemia, a elevarse hasta el 17,2 % en 2025. Esta diferencia de 2,3 puntos porcentuales refleja, según el diagnóstico oficial, un incremento en el gasto corriente que no fue acompañado por una expansión proporcional de la inversión pública. En cuanto a la inversión, el documento detalla que solo ascendió marginalmente, pasando del 2,4 % del PIB en 2019 a 2,5 % en 2025. Esto, de acuerdo con el Ministerio, indica que una parte considerable de los recursos adicionales se ha dirigido principalmente a gastos de funcionamiento, transferencias y otras obligaciones, sin que esto implique un mayor impulso para la inversión estatal.

La estructura del gasto estatal también forma parte del análisis del Gobierno. En el resumen ejecutivo del proyecto, se señala que una parte importante del presupuesto se encuentra distribuida en cerca de 50 fondos especiales y más de 250 transferencias. Esta fragmentación, según el Ministerio de Hacienda, podría dificultar el seguimiento de los recursos y generar condiciones para el despilfarro o la corrupción. Por ello, la iniciativa propone reducir estos gastos y disminuir los costos de funcionamiento, revisando la forma como se asignan los recursos para asegurar mayor eficiencia y evitar que la mayor carga del ajuste recaiga solo en los ingresos tributarios.

El Ministerio sostiene que, para ordenar las finanzas públicas, se requiere analizar tanto los ingresos como los gastos. Liberar recursos mediante la reducción del gasto operativo busca mejorar la distribución presupuestal sin perjudicar la prestación de servicios o los programas sociales. Este enfoque responde al incremento de las obligaciones fiscales, especialmente al aumento en el endeudamiento y el pago de intereses, que limita la capacidad estatal para financiar inversiones y prioridades sociales.

El proyecto enfatiza que el ajuste debe ser gradual y ordenado, diferenciando entre rubros racionalizables y aquellos esenciales para el funcionamiento estatal. El documento conecta esta reorganización con la programación presupuestal de los años próximos, destacando la necesidad de austeridad y ajustes en el Presupuesto General de la Nación para corregir el déficit y controlar la deuda. Según lo expuesto, la reducción de costos operativos, junto con la revisión de fondos y transferencias, es considerada una parte fundamental de la estrategia fiscal, aunque el resumen ejecutivo no especifica cifras de ahorro atribuibles exclusivamente a estas medidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone exactamente el Gobierno con la Ley de Ajuste Fiscal para reducir el gasto público?

El Gobierno plantea, según el Ministerio de Hacienda, revisar y disminuir los gastos de funcionamiento de la administración pública, así como reorganizar los mecanismos presupuestales, para optimizar el uso de los recursos estatales. La estrategia se enfoca en reducir la fragmentación presupuestal causada por múltiples fondos y transferencias y en identificar áreas donde es posible racionalizar gastos sin afectar servicios ni programas para los más vulnerables, todo ello siguiendo un proceso gradual y ordenado.

¿Cómo impacta la fragmentación del presupuesto en el gasto público y la eficiencia estatal?

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la dispersión del presupuesto estatal en cerca de 50 fondos especiales y más de 250 transferencias dificulta el monitoreo adecuado de los recursos, abriendo la puerta al despilfarro y la corrupción. Esta fragmentación, según el diagnóstico oficial citado en la exposición de motivos, complica la gestión eficiente del gasto público, lo que impulsa la necesidad de una reorganización para mejorar la administración financiera y asegurar un mejor control y uso de los fondos estatales.

El vicepresidente recalcó que el pago de intereses sobre la deuda absorbe actualmente un tercio del presupuesto nacional, lo que limita la capacidad de inversión del país. Explicó que esta situación aumentó la percepción de riesgo entre los prestamistas y duplicó los costos históricos de la financiación colombiana. Para ilustrar esta realidad, comparó la situación fiscal con la de una familia que utiliza más de la cuenta su tarjeta de crédito sin reducir gastos, advirtiendo: "arreglar hoy es mejor que quebrar mañana". Con esta analogía defendió la premura del ajuste fiscal y la intervención de las cuentas estatales antes de que surjan dificultades mayores.

La iniciativa contiene cinco ejes: ajuste fiscal, social, salud, crecimiento y estímulo a la inversión. La propuesta plantea que el 70% del ajuste fiscal se origine en la reducción del gasto estatal, a través de recortes administrativos, revisión de la burocracia y control del gasto público, junto a medidas contra la corrupción y la eliminación de gastos innecesarios. El Estado asumiría el mayor peso del ajuste antes de que recaiga sobre otros sectores. El 30% restante provendría principalmente de los ciudadanos con mayores ingresos; solo el 10% de la población más acomodada asumiría el 94% de los aportes de este componente, mientras que nueve de cada diez colombianos no se verían afectados por nuevas cargas tributarias.

En el plano social, se incluye la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) para 19 millones de colombianos con menores ingresos, beneficiando a cerca del 38% de la población. Para el sector empresarial, la reforma propone aliviar la carga tributaria sobre micronegocios, pequeños empresarios y emprendedores. Asimismo, en salud, se plantea mejorar el acceso a medicamentos y garantizar el pago al personal médico, ya que el 90% de los colombianos, según Restrepo, no tendría acceso completo a medicamentos. El proyecto también incorpora medidas para endurecer sanciones contra contrabando y evasión fiscal, y la venta de activos públicos improductivos para reducir la deuda estatal. El vicepresidente invitó a Congreso y sociedad civil a dar un debate amplio, en medio de cuestionamientos sobre el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone la Ley de Rescate Económico frente a la deuda pública en Colombia?

La Ley de Rescate Económico, según el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca enfrentar el aumento de la deuda pública que pasó de $800 billones a más de $1.200 billones en cuatro años, mediante un ajuste fiscal donde el Gobierno asume el 70% del esfuerzo. La propuesta incluye reducción de gastos estatales, venta de activos improductivos y mantener el pago de intereses controlado para evitar que siga creciendo la carga financiera sobre los recursos nacionales.

¿Cómo impactaría la devolución del IVA a los hogares con menores ingresos?

De acuerdo con la información oficial, la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) beneficiaría a 19 millones de colombianos, enfatizando a los sectores de menores ingresos. Esta medida se plantea como un mecanismo para compensar el efecto de otras reformas, permitiendo que aproximadamente el 38% de la población vulnerable reciba recursos que hoy aportan por concepto de IVA, mejorando su poder adquisitivo y su bienestar económico.

El primer eje del proyecto es el rescate fiscal. De acuerdo con el ministro, el Gobierno considera urgente adoptar medidas para detener el crecimiento de la deuda pública y conseguir los recursos necesarios para financiar el presupuesto del siguiente año. En palabras textuales, el ministro afirmó: "Nos dejaron una bomba de tiempo y estamos en una situación muy difícil", explicando así la gravedad fiscal que motiva esta reforma. Además, advirtió que, sin el ajuste, resultaría imposible financiar el presupuesto estatal, lo que conduciría a una crisis fiscal.

El segundo componente es la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los hogares de menores ingresos. Según el ministro, el objetivo es beneficiar a 19 millones de colombianos mediante la devolución individual de este tributo, recurriendo a herramientas tecnológicas para realizar la transferencia directa de los dineros. El funcionario destacó la equidad de la medida, subrayando que millones de colombianos pagan el IVA injustamente y que ahora podrán recuperar esos recursos de forma expedita gracias a la tecnología.

En relación con el sistema de salud, la iniciativa propone destinar $30 billones durante los próximos cuatro años con el fin de atender las necesidades del sector y garantizar este servicio como un derecho fundamental. Aunque el detalle de la distribución de estos recursos no fue explicado, el ministro aseguró que este respaldo financiero permitirá avanzar en la garantía del derecho a la salud.

Con respecto a la inversión, el Gobierno pretende impulsar la economía mediante la reducción de impuestos para pequeños empresarios y la implementación de estímulos destinados a promover la expansión empresarial y la generación de empleo. El ministro hizo énfasis en que el actual nivel de inversión es el más bajo de los últimos 50 años, y que revertir esta situación es clave para el crecimiento económico futuro.

El proyecto también contempla revisar los gastos del funcionamiento del Estado, con el propósito de reducir la burocracia innecesaria y el despilfarro de recursos, mejorando así la eficiencia administrativa. El ministro reiteró la importancia de erradicar la corrupción y asegurar que los recursos públicos atiendan las verdaderas necesidades ciudadanas.

De esta forma, el proyecto 477 inicia su trámite en la Cámara de Representantes, donde será estudiado, discutido y posiblemente modificado antes de su eventual aprobación como ley de la República.

¿Cuáles son los principales puntos del proyecto de Ley de Ajuste Fiscal presentado por el Gobierno Nacional?

El proyecto de Ley de Ajuste Fiscal aborda cinco ejes centrales: ajuste de las finanzas públicas, devolución individual del impuesto al valor agregado (IVA) a hogares de bajos ingresos, aumento de la inversión en el sistema de salud, estímulos para reactivar la inversión y el empleo, y reducción de gastos y burocracia en el funcionamiento del Estado. Todas estas medidas fueron explicadas por el ministro de Hacienda durante la presentación de la propuesta ante la Cámara de Representantes.

¿Cómo funcionará la devolución del IVA para los hogares de menores ingresos según la propuesta de ajuste fiscal?

Según lo explicado por el ministro, la devolución del IVA beneficiará a 19 millones de colombianos y se realizará por medio de transferencias individuales, utilizando herramientas tecnológicas actuales. El Gobierno plantea que gracias a estas tecnologías puede implementar la devolución de forma directa, rápida y sin depender de esquemas generales de compensación, facilitando así que los hogares más vulnerables recuperen los recursos pagados por este impuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Estos trabajadores recibirán golpe con Ley de Rescate Económico; baja tope para impuesto)

En la exposición de motivos de la Ley de Rescate Económico radicada ante el Congreso, el Ministerio de Hacienda sustentó la necesidad de eliminar las tarifas diferenciales y tratamientos preferenciales argumentando que distorsionan el sistema:

“La dispersión tarifaria genera incentivos a la reclasificación de bienes, complejiza la administración tributaria y produce saldos a favor estructurales en los productores, que el Estado tarda meses en devolver. Adicionalmente, el gasto tributario asociado a estas tarifas reducidas es profundamente regresivo”, señala el documento.

La medida entraría en vigor a partir del primero de enero de 2028, de forma simultánea con el inicio del esquema de transferencias monetarias del mecanismo EfectIVA.

En ese sentido, el Gobierno agregó: “La eliminación de la tarifa del 5 % y la reducción de exclusiones solo es viable socialmente si opera en simultáneo con EfectIVA. No se trata de aumentar la carga sobre los hogares de menores ingresos, sino de recaudar donde hay capacidad de pago y devolver el 100 % de lo pagado a quienes realmente lo necesitan”.

Productos como la miel, el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino y otras hortalizas también pasarían a pagar la tarifa general del 19 % de IVA. La lista incluye además el coco, el banano, los cítricos, las uvas, la sal, las semillas y los abonos, que hasta ahora no estaban gravados con este impuesto.

Productos y servicios en los que se busca aumentar el IVA de 5 % a 19 %

La propuesta estipula que la mayoría de los renglones que tributaban al 5 % o que gozaban de tratamientos preferenciales pasarían formalmente a la tarifa general del 19 %.

Así lo reconoce el Gobierno: “En el caso de los bienes actualmente exentos, se propone gravar a la tarifa general determinados alimentos, manteniendo el tratamiento preferencial exclusivamente para la proteína básica y productos primarios sin transformación”.

Y agrega que, en el sector de alimentos y derivados agroindustriales, la iniciativa retiraría beneficios a los productos que cuentan con adición industrial, conservantes y empaques secundarios para su conservación en anaquel. Bajo este criterio, asumirían la tarifa plena del 19 % alimentos procesados y de despensa como:

•       Conservas y vegetales procesados: maíz dulce, arvejas en lata, champiñones preparados, encurtidos, fríjoles precocidos y frutas en almíbar o compotas.

•       Salsas y condimentos: mayonesa, salsa de tomate, mostaza, salsas preparadas, aderezos, sopas deshidratadas y cubos de caldo concentrado.

•       Galletería, cereales y repostería: galletas de paquete (dulces y saladas), cereales inflados o azucarados de desayuno, tostadas industriales, ponqués empacados y pastas especiales rellenas o instantáneas.

•       Embutidos y carnes preparadas no básicas: jamones curados o cocidos, tocineta, salchichas tipo viena o cóctel y preparaciones enlatadas como atún o sardinas en lata.

•       Confitería y dulces: chocolates de mesa procesados, chocolatinas, caramelos y mezclas lácteas azucaradas o saborizadas.

Si bien estos incrementos se aplicarán en alimentos que son consumidos por millones de hogares en Colombia, el Gobierno también prevé devolverles el IVA pagado a las familias de menores ingresos, a través de un mecanismo de pagos anticipados.

“Unos 19 millones de colombianos, los más pobres, que hoy pagan el IVA dejarán de hacerlo porque se les devolverá el IVA de lo que compren, en promedio $213.000 mensuales por hogar y hasta un máximo de $288.000 mensuales”, señala el MinHacienda.

Y agrega que la medida regiría a partir enero del 2028 y vendría acompañada de un alistamiento con la DIAN para la masificación de la factura electrónica.

Eso sí, aunque la devolución comenzaría en 2028, el Gobierno buscaría realizar un giro anticipado a los beneficiarios en diciembre de este año.

Alimentos que se mantendrían sin IVA

Sumado a lo anterior, la reforma de De la Espriella blinda de manera explícita una canasta básica de bienes y servicios esenciales para evitar impactos regresivos sobre la población vulnerable y presiones sobre la inflación.

En este grupo se encuentran los alimentos de primera necesidad sin transformación industrial compleja como arroz, pan tradicional, arepa, carne fresca (de res, cerdo y pollo), huevos, leche líquida, sal, papa, yuca, granos, pescado fresco y agua.

Tampoco tendrán IVA fórmulas infantiles, medicamentos, educación, arrendamiento habitacional y servicios públicos domiciliarios.

De igual manera, el texto preserva fuera del gravamen al transporte público de pasajeros, al biodiésel y a los servicios financieros, evitando así un encarecimiento en el costo del crédito y en la movilidad cotidiana de los trabajadores.

En conjunto, los renglones que no tendrán IVA representan cerca del 58 % del gasto total de los hogares en condición de pobreza.

Otros productos que tendrían mayor IVA

En contraste, sí tendrían mayor IVA todos los vehículos híbridos y eléctricos, así como las licencias de software destinadas al desarrollo de contenidos digitales y suministro de páginas web, servidores (hosting) y computación en la nube.

De igual manera, se prevé una subida de impuestos para los licores, vinos y aperitivos, los cuales verían incrementada su tarifa del 5 % al 19 %, lo que generará recursos directos para financiar el régimen subsidiado y la salud territorial de los departamentos.

Finalmente, el proyecto de ley determinó tratamientos particulares para evitar presiones en rubros estratégicos que hoy están en la tarifa del 5 %.

En lugar de trasladarse al 19 %, el ACPM, los seguros y planes complementarios o de medicina prepagada, y la madera pasarán formalmente a la categoría de bienes y servicios excluidos del impuesto. La exclusión del ACPM busca impedir un incremento directo en los fletes y costos del transporte de carga a nivel nacional.

Por su parte, los embutidos de alto consumo en los hogares de menores recursos, tales como el salchichón, la butifarra y la mortadela, abandonarán la tarifa del 5 % y pasarán a ser bienes exentos con tarifa del 0 %. Con esta clasificación, los productores podrán descontar el IVA pagado en sus insumos y se evitará un incremento en el precio de venta de estas fuentes de proteína básica.

(Vea también: ¿De qué dependerá el aumento del salario mínimo para 2027? Dan datos clave en la negociación)

Según informó El Tiempo, el encuentro inicial, previsto para el 25 de noviembre, podría pasar al 18 del mismo mes. Por ahora, se trata de una fecha que estaría en revisión y no de una modificación confirmada oficialmente.

La anticipación de las conversaciones sería uno de los primeros ajustes frente a la negociación del año pasado. El proceso deberá avanzar dentro de los plazos establecidos para que las partes intenten llegar a un consenso antes del 15 de diciembre. Si no lo consiguen, el Gobierno tendrá que fijar el incremento por decreto antes de finalizar el año.

 Trabajadoras domésticas llevarán sus propuestas a la concertación

A la discusión también se suma un cambio en la composición de los espacios de concertación. El Ministerio del Trabajo anunció que, por primera vez, organizaciones de trabajadoras domésticas fueron invitadas a participar en estas conversaciones, con el propósito de incorporar sus condiciones laborales en el debate sobre la política salarial.

La invitación fue anunciada el 28 de octubre por la ministra Natalia Eugenia López Fuentes, durante un encuentro con representantes del sector. La participación permitirá poner sobre la mesa asuntos que van más allá del porcentaje de aumento, como la remuneración, la formalización del empleo, el acceso a la seguridad social y las condiciones de trabajo.

En la reunión también participó la viceministra Juliana Patricia Morad Acero. Allí se abordaron las dificultades que enfrenta este grupo de trabajadoras y la necesidad de que sus planteamientos sean tenidos en cuenta en las discusiones laborales.

Por su parte, Claribet Palacios García, representante de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), valoró la invitación, que abre un espacio para que las organizaciones expongan sus necesidades ante el Gobierno.

¿Cuánto piden empresarios y sindicatos para el salario mínimo de 2027?

Mientras se define el calendario y se amplía la participación en las mesas, empresarios y centrales obreras empiezan a perfilar sus posiciones frente al incremento del próximo año.

Las propuestas conocidas hasta ahora muestran una distancia considerable. Los gremios empresariales han planteado un aumento que estaría entre el 8 % y el 9,5 %, mientras que las organizaciones sindicales han puesto sobre la mesa una solicitud del 38,5 %.

Estas cifras son posiciones iniciales y no corresponden a un acuerdo. El porcentaje definitivo dependerá de las discusiones entre las partes y de los indicadores económicos que se tendrán en cuenta durante la negociación.

El cronograma propuesto por el Ministerio contempla presentar los primeros detalles del plan de trabajo el 5 de noviembre y comenzar las mesas técnicas durante la segunda semana de enero, de acuerdo con la información divulgada sobre el proceso.

(Vea también: Corte Suprema confirma condena al Club El Nogal por muerte de huésped mexicano por intoxicación con monóxido de carbono en Bogotá)

La posibilidad está contemplada en los criterios que estableció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Según informó Noticias RCN, el pronunciamiento está dirigido a quienes comenzaron a cotizar en el sistema público, administrado actualmente por Colpensiones, y posteriormente pasaron a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Si durante ese proceso no recibieron información suficiente sobre las consecuencias del traslado y esa omisión les hizo perder la oportunidad de acceder a una pensión más alta, podrían reclamar una indemnización.

La aclaración resulta especialmente relevante para quienes ya están pensionados en el régimen privado y no pueden regresar al sistema público por su condición actual. En esos casos, la reparación no consiste en cambiar de administradora ni en modificar automáticamente la mesada, sino en un pago único que debe reconocer el fondo cuando se demuestra que ocasionó un perjuicio.

Noticias RCN explicó que esta figura busca compensar la pérdida de oportunidad pensional. La Corte Suprema precisó que las administradoras tienen una responsabilidad especial cuando incumplen su obligación de entregar información clara, suficiente y oportuna a las personas que evalúan cambiarse de régimen.

Qué deben demostrar los pensionados para reclamar

La indemnización no cobija a todas las personas jubiladas en fondos privados ni basta con recibir menos dinero del que hipotéticamente habrían obtenido en Colpensiones. Para que exista una obligación de reparación, deben acreditarse tres elementos.

El primero es la existencia de un daño reparable, relacionado con la pérdida de la posibilidad de tomar una decisión informada sobre el régimen pensional. El segundo corresponde a una conducta culposa de la administradora, que se presenta cuando no entrega información suficiente, veraz y comprensible sobre las consecuencias del traslado.

El tercer elemento es el nexo causal: demostrar que esa falta de asesoría tuvo relación con la pérdida de la oportunidad de elegir un régimen que habría permitido obtener una mesada superior.

Por eso, el análisis debe considerar las condiciones particulares de cada afiliado cuando tomó la decisión, su historia de cotizaciones y las posibilidades reales que tenía de cumplir los requisitos para pensionarse en el sistema público.

Así se calcula el pago que debe reconocer el fondo privado

La Corte Suprema también estableció una metodología para determinar cuánto dinero debe recibir el pensionado cuando se demuestra que tiene derecho a la reparación. El cálculo contempla tres variables que permiten establecer el perjuicio económico.

Una de ellas es la brecha pensional, que corresponde a la diferencia entre la mesada que recibe actualmente la persona y la que habría podido obtener en Colpensiones. También se tiene en cuenta la probabilidad pensional, es decir, qué posibilidades tenía de cumplir los requisitos exigidos por el régimen público.

El tercer componente es la expectativa de vida, calculada con base en las tablas de mortalidad vigentes. Estos factores permiten estimar el valor de la oportunidad que perdió el afiliado.

La Corte aclaró que no se debe tomar la diferencia entre las dos mesadas y multiplicarla directamente por los años que se espera que viva el pensionado. Esto se debe a que, cuando ocurrió el traslado, no existía certeza de que la persona fuera a cumplir las condiciones para pensionarse en Colpensiones ni de cuál habría sido el valor exacto de su prestación.

En consecuencia, la indemnización se reconoce en un solo pago y busca reparar la oportunidad perdida, no garantizar el pago permanente de la diferencia entre las dos pensiones.

Desde cuándo se cuenta el plazo para reclamar

Otro punto importante del pronunciamiento tiene que ver con el tiempo disponible para presentar una reclamación. La Corte Suprema precisó que el término de prescripción comienza a contarse cuando el pensionado conoce de manera concreta y definitiva el valor de la mesada que le reconoció el fondo privado, es decir, cuando es incluido en la nómina de pensionados.

Esto significa que el plazo no empieza necesariamente el día en que la persona se trasladó desde Colpensiones hacia una AFP. Sin embargo, la indemnización sí está sujeta a prescripción, por lo que cada interesado debe revisar las fechas de reconocimiento e inclusión en nómina para establecer si todavía puede acudir a la justicia.

Las reglas fueron precisadas por la Sala de Casación Laboral al resolver cinco recursos de casación, identificados como SL168, SL169, SL170, SL175 y SL177 de 2026. En esas decisiones, la Corte estableció la responsabilidad de las administradoras cuando la falta de información ocasionó un perjuicio a quienes hoy reciben su pensión en el régimen privado.

La propuesta del Gobierno Nacional contempla una reducción de la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas, que actualmente se encuentra en 35 %. Según el proyecto, el gravamen bajaría al 33 % en 2027 y llegaría al 31 % a partir de 2028.

Con esta modificación, el Ejecutivo busca disminuir la carga tributaria sobre las empresas, incentivar la inversión privada y mejorar la competitividad de Colombia frente a otros países de América Latina y de la OCDE.

Sin embargo, la reducción tendría un impacto sobre los ingresos fiscales. El costo estimado de la medida sería de $4,1 billones en 2027 y de $12 billones a partir de 2028.

Impuesto a plásticos y régimen para grandes inversiones

Otro de los cambios incluidos en la Ley de Rescate Fiscal es la eliminación del impuesto nacional a los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, creado mediante la Ley 2277 de 2022.

La iniciativa argumenta que este tributo presenta dificultades jurídicas y administrativas, además de generar un recaudo relativamente bajo frente a los costos de fiscalización. En 2024 habría recaudado $65.000 millones y en 2025, $82.000 millones, equivalentes a entre 0,02 % y 0,03 % de los ingresos tributarios.

La eliminación del impuesto no implicaría desmontar las metas ambientales ni las restricciones graduales establecidas en la Ley 2232 de 2022, relacionadas con la sustitución de estos productos, el contenido reciclado y la responsabilidad extendida del productor.

En materia financiera, el proyecto propone extender hasta el año gravable 2030 la sobretasa de cinco puntos porcentuales al impuesto de renta para las instituciones financieras, aseguradoras y reaseguradoras. Actualmente, esta medida tiene vigencia hasta 2027.

El gravamen aplicaría a las entidades cuya renta gravable sea igual o superior a 120.000 UVT. No obstante, se eliminaría la destinación específica que obligaba a utilizar tres de los cinco puntos adicionales para financiar vías de la Red Vial Terciaria, por lo que la totalidad de los recursos ingresaría a los ingresos generales de la Nación.

La iniciativa también contempla la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a atraer megaproyectos de inversión nueva en sectores estratégicos de la economía.

Para acceder a este esquema, las inversiones mínimas dependerían de la actividad económica: 8.140.000 UVT para infraestructura, energía y recursos naturales; 5.530.000 UVT para industria y economía digital, y 2.580.000 UVT para agroindustria, turismo, servicios y otros sectores elegibles.

El régimen excluiría las actividades de comercio, servicios financieros e inmobiliarios y otorgaría beneficios tributarios y aduaneros durante 16 años.

Entre los incentivos se encuentra una tarifa de renta del 20 % para los proyectos que comiencen su ejecución en 2027 o 2028, mientras que aquellos que inicien a partir de 2029 tendrían una tarifa del 26 %.

También se permitiría una depreciación acelerada de hasta 50 % anual para maquinaria y equipos y de hasta 10 % para construcciones. A esto se sumaría una tarifa de retención sobre dividendos del 8 % para no residentes, frente a la tarifa general del 20 %, además de estabilidad en los regímenes aduaneros y tratamientos arancelarios temporales para importar maquinaria y equipos.

A cambio, los inversionistas tendrían que garantizar que al menos 30 % de los bienes y servicios utilizados en sus proyectos provengan de proveedores nacionales, con participación de mipymes y empresas regionales. También deberían pagar una prima anual de estabilidad y mantener las garantías correspondientes.

Finalmente, la Ley de Rescate plantea modificar el impuesto al carbono mediante un incremento gradual de sus tarifas. Para 2027, el valor sería de 0,876 UVT por tonelada de dióxido de carbono equivalente; en 2028 subiría a 1,23 UVT y desde 2029 llegaría a 1,59 UVT.

Además, el tributo tendría una actualización anual equivalente a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales.

Otro cambio consiste en reducir del 50 % al 25 % el límite máximo de compensación del impuesto mediante certificaciones de carbono neutralidad. La propuesta también busca armonizar las tarifas entre combustibles como diésel, gasolina y gas natural, de acuerdo con la intensidad de sus emisiones.

En cuanto al uso de los recursos, se mantendría la asignación destinada al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), mientras que se eliminaría la destinación específica del 80 % restante, con el propósito de dar mayor flexibilidad presupuestal al Gobierno Nacional.

En su actualización, la compañía explicó que sus equipos trabajan junto con las autoridades, emisores de criptomonedas, firmas de inteligencia blockchain y otros aliados de la industria para rastrear y congelar más recursos. También insistió en que solo divulgará cifras confirmadas y que los fondos de sus usuarios están seguros.

El nuevo balance amplía la información entregada inicialmente, cuando empresas como Tether y Circle anunciaron el congelamiento de activos relacionados con el incidente. Sin embargo, la cifra de dinero bloqueado no equivale necesariamente al monto total que habría sido robado ni significa que todos esos recursos hayan sido recuperados.

Actualización: El monto total congelado verificado actual es de alrededor de $3 mil millones.

Nuestros equipos continúan trabajando estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales.

Solo compartiremos cifras confirmadas y proporcionaremos más actualizaciones a medida que esté disponible más información verificada. Los fondos de los usuarios están seguros.

— Binance Latinoamérica (@BinanceLATAM) October 30, 2026

El caso sigue bajo investigación. Aunque distintos rastreadores y analistas han mencionado posibles movimientos de miles de millones de dólares desde billeteras vinculadas con Binance, la plataforma no ha confirmado oficialmente el valor total de los activos que habrían sido sustraídos.

Reportes de ataques en otros países

En medio de la preocupación por la seguridad digital, también circula un reporte que relaciona presuntos ciberataques contra instituciones financieras y mercados de criptomonedas en siete países. La información menciona una supuesta exposición de datos de 68.000 personas en Corea del Sur, más de 400 objetivos en América Latina y transferencias millonarias en Italia e India.

El listado también habla de una demanda de rescate de 50 millones de dólares en Japón y de posibles riesgos para los ahorros de jubilación en Australia. No obstante, estos datos no cuentan, por ahora, con una verificación suficiente para presentarlos como parte de una misma operación o como hechos confirmados.

🚨 BREAKING: Cyberattacks reportedly hit financial institutions across 7 countries and crypto markets.

🇰🇷 South Korea: 68,000 people’s data exposed
🌎 Latin America: 400+ targets attacked
🇮🇹 Italy: €95M transferred, €36M still missing
🇮🇳 India: ₹300 crore ($31M) lost
₿ Crypto: $351M drained from Bitget hot wallets
🇯🇵 Japan: $50M crypto ransom demand
🇦🇺 Australia: A$4.5T in retirement savings potentially at risk

Is this the beginning of a much bigger cyber crisis? 🚨 https://t.co/CVHcOpJj4E

— Mr. Whale (@MrWhale) October 29, 2026

Uno de los casos que sí tiene reportes documentados es el de Bitget. La plataforma reconoció en septiembre transferencias no autorizadas desde algunas de sus billeteras y posteriormente actualizó el monto afectado a unos 387,5 millones de dólares. Ese episodio corresponde a un incidente independiente y no prueba que exista una campaña coordinada con el caso de Binance.

Por ahora, la atención está puesta en los resultados de la investigación de Binance y en las próximas actualizaciones sobre los activos congelados.

(Vea también: Colombianos que declaran renta podrían estar perdiendo plata; hay error común que sale caro)

La fórmula busca aliviar de manera progresiva la carga tributaria sobre las empresas para fomentar la inversión privada, mientras amplía la base gravable y endurece las tarifas efectivas de tributación para personas naturales de ingresos medios y altos.

A partir del año gravable 2027 y con pleno despliegue en 2028, el Ministerio de Hacienda proyecta que las modificaciones en renta para personas naturales aportarán cerca de $12,8 billones anuales. Estos recursos compensarán el costo fiscal de reducir la tarifa general a las compañías, la cual descenderá del 35 % actual al 31 % a partir de 2028.

Personas naturales: nuevo tramo desde $5,5 millones y recorte a deducciones

La modificación más profunda para los contribuyentes individuales consiste en la incorporación de un nuevo tramo en la tabla de retención y liquidación del artículo 241 del Estatuto Tributario.

La iniciativa crea una tarifa marginal del 9 % para un grupo de ciudadanos de clase media, lo que ampliará la masa de personas obligadas a tributar y generará un recaudo adicional estimado en $7,25 billones al año.

De acuerdo con José Ignacio López, presidente de ANIF, este cambio implicaría que el gravamen se empezaría a pagar por ingresos de un rango entre $5 millones  y $5,5 millones al mes, frente a unos $9 millones que se aplican hoy en día.

Paralelamente, el proyecto suprime y reduce varios beneficios y rentas exentas vigentes:

•       Tope de renta exenta del 25 %: El límite máximo anual de exención laboral desciende de 790 UVT a 630 UVT, medida con la que la DIAN proyecta recaudar $2,73 billones adicionales.

•       Deducción por dependientes económicos: Se elimina el beneficio de 72 UVT por dependiente introducido en la Ley 2277, liberando cerca de $1,61 billones para el fisco.

•       Altos ingresos y rentas exentas: La tarifa marginal máxima se unifica en el 39 % para las rentas líquidas más altas (aportando $384.000 millones) y se derogan las exenciones de gastos de representación para magistrados, jueces y rectores universitarios (sumando $261.000 millones).

•       Rendimientos y juegos de azar: Se suprime el componente inflacionario que no constituía renta en rendimientos financieros ($420.000 millones) y la tarifa de ganancia ocasional para premios en rifas y apuestas asciende al 30 % ($198.000 millones).

Empresas: reducción gradual de la tarifa corporativa al 31 %

Para el sector empresarial, el proyecto contempla una senda descendente en el impuesto sobre la renta con el propósito de devolver competitividad a Colombia frente al promedio de los países de la OCDE y la región.

La tarifa general de renta para personas jurídicas bajará del 35 % al 33 % en 2027, y se ubicará de forma definitiva en el 31 % a partir de 2028. Esta medida representará un alivio directo para el tejido productivo y un costo fiscal para el Estado calculado en $4,1 billones en 2027 y cerca de $12,0 billones anuales desde 2028.

De forma complementaria a favor de las empresas, se deroga el impuesto nacional sobre plásticos de un solo uso. Según la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda, el alivio corporativo dinamizará la contratación formal y la reinversión de utilidades, mientras que la mayor base de personas naturales y los ajustes en el IVA asumirán la compensación de los ingresos públicos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto, según información del periodista Yesid Lancheros, es el mecanismo propuesto para devolver la totalidad del IVA a cerca de 19 millones de personas. De acuerdo con lo citado, cada beneficiario recibiría alrededor de $231.000 cada mes, lo que podría suponer un apoyo directo para los hogares, especialmente en un contexto económico complejo. Sin embargo, el proyecto no se limita solo a este punto; los alcances propuestos trascenderían al sector público y empresarial.

En lo concerniente al gasto público, el texto sugiere un recorte significativo en dos áreas clave. Primero, prevé reducir en un 50 % los recursos destinados a contratos de prestación de servicios. Segundo, propone disminuir en un 20 % el presupuesto dedicado al funcionamiento del Estado, lo cual podría afectar tanto la contratación como la manera en la que los servicios estatales se ofrecen a la ciudadanía. Aunque estos recortes buscan optimizar el uso de los recursos públicos, podría surgir controversia acerca del impacto que tendrían en la prestación de servicios y en el empleo dentro del Estado.

Adicionalmente, el proyecto plantea cambios sustanciales en el sistema de impuestos empresariales. Específicamente, prevé que la tarifa del impuesto de renta empresarial baje del 35 % actual al 33 % en 2027, y posteriormente al 31 % desde 2028. De igual forma, pretende establecer que todas las compras hechas a través de plataformas internacionales de comercio electrónico estén sujetas al cobro de IVA, sin importar el monto, con el objetivo de fortalecer la producción nacional.

Esta propuesta, según la documentación presentada y los reportes mencionados, remite a un interrogante central: ¿cuáles sectores y ciudadanos se verán favorecidos por estas medidas y quiénes deberán asumir los posibles costos? El futuro del proyecto dependerá de los debates que continúen en el Congreso de la República, donde se definirá si estos cambios llegan a implementarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará la devolución del IVA para los colombianos con la Ley de Rescate Económico?

De acuerdo con el documento citado por el periodista Yesid Lancheros, el proyecto contempla la devolución total del IVA pagado a 19 millones de personas, quienes recibirían en promedio $231.000 mensuales. Esta medida busca convertirse en un apoyo económico directo para los hogares, aunque aún está sujeta a la aprobación y reglamentación que defina el Congreso.

¿Qué implicaciones tendría para empresas y consumidores el cambio en impuestos y gastos del Estado?

Según lo planteado, la reducción de la tarifa del impuesto de renta empresarial y el cobro de IVA a todas las compras internacionales podrían modificar el entorno de negocios y el comportamiento de los consumidores. Además, los recortes en contratos y gastos estatales podrían influir en la prestación de servicios y en la contratación de personal dentro del Estado, lo que genera inquietudes sobre el equilibrio entre eficiencia y calidad.

(Vea también: Restrepo advierte que el Gobierno tendría que recortar $ 70 billones en 2027)

“Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento”, afirmó Restrepo, quien presentó la iniciativa junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

El funcionario comparó el manejo de las cuentas públicas con el de una persona que vive de una tarjeta de crédito, aumenta constantemente sus deudas y no hace nada para pagarlas.

“En síntesis, nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, expresó el vicepresidente, al defender la necesidad de tomar medidas para corregir la situación fiscal.

En síntesis: nos dejaron jodidos, en la inmunda. Al borde de la quiebra no se aplazan las decisiones.

El gobierno de Abelardo de la Espriella decide y actúa.

Hay que anticiparse. Hay que actuar.
#DefensoresDeLaPatria 🐯🇨🇴 #FirmePorLaPatria #PatriaMilagro @jrestrp https://t.co/4cIg8CbL6v

— MuyEnojado 🚨 (@MuyEnojadoSoy) October 30, 2026

Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico: “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana”

Durante su intervención, el vicepresidente sostuvo que el proyecto representa una operación de rescate para evitar que Colombia llegue a una situación de quiebra económica.

“Una operación rescate, porque arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Esta ley de rescate económico es para salvar al país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360.000 empleos, para evitar entrar en una recesión”, señaló.

Restrepo explicó que una parte central del ajuste fiscal consistirá en reducir el gasto del Estado y combatir lo que calificó como derroche, corrupción y burocracia innecesaria.

“Significa enfrentar la politiquería de las corbatas inútiles del Estado; significa enfrentar la corrupción, la corrupción que ha sido rampante en los últimos cuatro años. Significa enfrentar el gasto innecesario y la burocracia desbordada”, manifestó.

Según el vicepresidente, el 70 % del ajuste fiscal previsto en la iniciativa se alcanzará mediante una reducción del gasto público y una mayor eficiencia en el uso de los recursos estatales.

La situación también provocó preocupación entre los inversionistas por sus posibles efectos sobre el mercado. Tether congeló cerca de 971 millones de dólares y Circle unos 823 millones, para un total superior a 1.500 millones de dólares.

Aunque Binance no confirmó la magnitud del supuesto ataque, sí publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “Nuestros equipos están al tanto de los reportes sobre un posible incidente de seguridad y están investigando activamente. Tengan la tranquilidad de que los fondos de los usuarios están completamente seguros”.

Posteriormente, la empresa reconoció la suspensión de los retiros y explicó: “Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente. Los fondos de los usuarios siguen siendo seguros”. 

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, quien escribió: “¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”. El empresario también agradeció a Tether y Circle por congelar los recursos y aclaró que ya no dirige la plataforma, aunque conserva su participación accionaria. 

El monto del posible robo todavía no tiene confirmación oficial. Según los registros de firmas especializadas, las salidas de activos digitales podrían superar los 5.500 millones de dólares, aunque otras estimaciones ubican la cifra por debajo de ese valor.

Mientras avanza la investigación, Binance pidió a sus usuarios desconfiar de enlaces y mensajes no oficiales para evitar posibles estafas. La compañía aseguró que comunicará novedades cuando tenga información verificada.

Para los empleados, la propuesta establece nuevos escalones de aportes obligatorios en función de los ingresos mensuales. Será del 4 % para quienes perciban hasta dos salarios mínimos; subirá al 5,5 % para aquellos cuyos ingresos estén entre dos y cuatro salarios mínimos. Quienes ganen entre cuatro y cinco salarios mínimos tendrían que aportar el 6 %; entre cinco y diez salarios mínimos el 6,5 %; entre diez y quince, el 7 %; entre quince y veinte, el 7,5 %; y finalmente, aquellos con ingresos de veinte a veinticinco salarios mínimos, llegarán a destinar el 8 % de su base salarial a salud. Esto implica un incremento paulatino del porcentaje de descuento según el nivel salarial, de acuerdo con la tabla incluida en la información del proyecto.

Por su parte, los trabajadores independientes también verán un aumento en sus aportes. Actualmente, cotizan el 12,5 % de sus ingresos, cifra que sería sustituida por un sistema escalonado. Desde la propuesta, el porcentaje partiría en 13 % para ingresos superiores a dos salarios mínimos y ascendería progresivamente hasta el 15,5 % para quienes reciban entre veinte y veinticinco salarios mínimos, según los datos del proyecto.

Sobre el aporte que corresponde a los empleadores, la propuesta mantiene la cotización del 8,5 % a su cargo. Es relevante destacar que este porcentaje ya es asumido actualmente por las empresas dentro del régimen contributivo, por lo que, según El Nuevo Día, no se trata de una obligación nueva, sino de una continuidad en las responsabilidades empresariales sobre los aportes a salud.

Hasta este momento, la iniciativa hace parte de una propuesta y su aplicación está sujeta a la aprobación final del proyecto de Ley de Financiamiento. Si es aprobada, las nuevas tarifas comienzan a regir desde enero de 2027, lo que significará mayores descuentos para algunos trabajadores y un incremento en el valor de la cotización para los independientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto aumentarán los aportes a salud para empleados y trabajadores independientes en Colombia?

De acuerdo con la propuesta del Gobierno nacional, los empleados que ganan más de dos salarios mínimos empezarían a ver un aumento paulatino en el descuento de su salario para salud, comenzando en 5,5 % y llegando al 8 %. Los independientes pagarían desde el 13 % hasta el 15,5 % de su ingreso, dependiendo del rango salarial, si la medida se aprueba para 2027.

¿Qué cambios propone la Ley de Financiamiento sobre los pagos al sistema de salud en Colombia?

La propuesta de Ley de Financiamiento busca que los empleados y trabajadores independientes con mayores ingresos aporten más al sistema de salud a partir de una tarifa escalonada, manteniendo el actual 8,5 % de aporte de los empleadores. Estos cambios aplicarían desde enero de 2027 si la iniciativa recibe aprobación.

Según lo señalado por Hurtado, el Estado debe predicar con el ejemplo antes de pedir a la ciudadanía que haga sacrificios económicos. "Antes de exigirle sacrificio a los colombianos, el Estado debe revisar cómo está gastando sus recursos", sentenció el exmandatario. Este pronunciamiento se integra a la conversación pública sobre las posibles formas de reducir el gasto estatal y asegurar que los ajustes no recaigan principalmente sobre la población.

El exalcalde de Ibagué fue categórico al afirmar que la austeridad en gasto estatal solo es legítima si se garantiza una inversión social adecuada. Basándose en su experiencia administrando una capital regional, Hurtado enfatizó que las dificultades en las finanzas no pueden usarse como excusa para dejar de ejecutar obras ni para incumplir los compromisos con los ciudadanos. Esta visión busca que el ahorro en recursos se refleje en resultados palpables para la sociedad.

Hurtado también llamó la atención sobre la importancia de mantener los apoyos sociales, como los giros de Colombia Mayor y los fondos de ayuda a regiones afectadas por desastres, aludiendo específicamente al Fondo de la Patria Milagro para zonas impactadas por el terremoto, según sus propias declaraciones. A su juicio, la reducción del gasto estatal debe ir siempre acompañada de estrategias que garanticen la atención y el respaldo institucional allí donde más se necesita.

Desde Tolima, Hurtado recalcó que su apoyo a estas medidas implica también una responsabilidad: que el Gobierno asegure que todo ajuste se traduzca en mejoras reales para la población. El reto, según él, no es solo ahorrar, sino transformar el uso del dinero público en bienestar concreto y equitativo para todas las regiones de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el recorte de gastos en la Presidencia al presupuesto nacional de Colombia?

El recorte de más de 267.000 millones de pesos en los gastos de la Presidencia y entidades relacionadas, respaldado por Andrés Hurtado, forma parte de un esfuerzo por ajustar el presupuesto nacional que supera los 634 billones de pesos. Según lo mencionado, estas decisiones buscan equilibrar las cuentas estatales sin dejar de atender los compromisos con la población, aunque persiste el reto de garantizar que el ahorro no impacte negativamente la inversión social.

¿Qué es el Fondo de la Patria Milagro y para qué se utiliza en Colombia?

De acuerdo con lo declarado por Andrés Hurtado, el Fondo de la Patria Milagro es un mecanismo destinado a respaldar a las regiones impactadas por el terremoto. Su objetivo es canalizar recursos del Estado hacia las comunidades que han sufrido mayores afectaciones, asegurando que las estrategias de austeridad no reduzcan el apoyo institucional donde es más requerido.

La propuesta incluye cambios tributarios para bienes y servicios como vehículos híbridos y eléctricos, planes de medicina prepagada, servicios de aseo y vigilancia, café y avena, entre otros. De aprobarse la iniciativa, estos sectores tendrían un aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado.

El proyecto fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, entre otros funcionarios. Según explicó Restrepo, el 70 % del ajuste fiscal se buscará mediante una mayor eficiencia del gasto público y la reducción de gastos innecesarios del Estado. El porcentaje restante recaería principalmente en el 10 % de la población con mayores ingresos.

“Nueve de cada 10 colombianos no se verán afectados por esta ley a final de cuentas. Uno de cada 10 colombianos contribuirá y asumirá el 94 % de lo que asumen los que más tienen”, afirmó el vicepresidente.

#EnDesarrollo “La carga impositiva de la ley de rescate económico baja la tasa de impuesto pensando en los microempresarios, los pequeños empresarios, los emprendedores y los medianos empresarios de este país. Nueve de cada diez empresas se beneficiarán, especialmente los… https://t.co/K5Apgba88f

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2026

Sin embargo, el incremento del IVA propuesto abre otro frente de discusión sobre el impacto de la reforma en el consumo y el costo de algunos servicios utilizados por los hogares.

La iniciativa también plantea reducir las tasas de impuestos para trabajadores independientes, micronegocios, microempresarios y emprendedores. Además, contempla sanciones de cárcel para contrabandistas y evasores fiscales, incentivos para quienes cumplan sus obligaciones y la venta de activos improductivos del Estado.

El Gobierno busca cerrar la brecha entre sus ingresos y sus gastos. Según las cifras expuestas por el ministro Gómez, el país recibe cerca de 29 billones de pesos mensuales, mientras gasta alrededor de 40 billones.

La apuesta oficial es que la ley contribuya a reducir el déficit fiscal de 2027, que sin ajustes podría alcanzar el 9,4 % del producto interno bruto. El proyecto ahora deberá avanzar en el Congreso, donde se discutirá el alcance de las medidas tributarias y su efecto sobre la economía.

El caso comenzó cuando uno de los afectados contó que había comprado una reserva con los trayectos Cartagena-Medellín, Medellín-Bogotá y Bogotá-Toronto. El pasajero aseguró que hizo el check-in y recibió sus pasabordos, pero después tuvo que desplazarse de Cartagena a Cali y comprar otro tiquete para llegar a Bogotá.

Al llegar al avión, le informaron que su reserva internacional estaba cancelada por no abordar los dos primeros vuelos. El pasajero manifestó: “Me parece muy mal porque ya tenía todo pago: la excursión y el hotel, y que lo dejen a uno tirado en un aeropuerto, hermano, eso es muy duro. Y más siendo cliente, y más porque llegué temprano. Además, les pregunté en Cali si todo estaba bien y me dijeron que sí en el counter”.

#MISERABLE 🤬 Un viajero denunció entre lágrimas el calvario que vivió con @avianca tras la cancelación unilateral de su reserva hacia Toronto el día de su cumpleaños; según relató, tras cambiar un tramo interno, la aerolínea le anuló el itinerario completo sin brindarle solución

Acompañado de su esposa embarazada, el afectado aseguró que en el módulo de atención en Cali le confirmaron que todo estaba en orden antes de abordar; sin embargo, al llegar a la escala fue abandonado a su suerte y con pérdidas económicas por tours y alojamientos pagos.

📹 [ https://t.co/ym3WohTjCK ]

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2026

También expresó: “Nunca me explicaron por llamada que debía proteger mi reserva. Pregunté en Cali y la misma asesora me dijo que todo estaba bien. Si el recurso humano que ustedes ponen a disposición no le explica a uno, como cliente que desconoce los términos de un contrato, esos detalles tan importantes, no vengan a decir que el usuario tiene la culpa, porque eso no es justo”.

Frente a las críticas, Avianca explicó que, según las normas aeronáuticas y su contrato de transporte, omitir un tramo puede cancelar los siguientes. La compañía afirmó: “Según las normativas aeronáuticas y nuestro contrato de transporte, cuando un pasajero no utiliza un segmento de su itinerario, los trayectos posteriores se consideran cancelados”.

La aerolínea agregó: “En este caso, los pasajeros no cumplieron con ninguna de las dos condiciones”. La empresa indicó que las llamadas no registraron una notificación para omitir los primeros vuelos y que los viajeros no presentaron pruebas de haber cubierto el recorrido por otra vía. También señaló: “Durante dichas comunicaciones, el pasajero únicamente consultó el costo de un cambio y, al considerarlo elevado, decidió no efectuarlo”.

Finalmente, Avianca informó que, como gesto excepcional, los agentes “reexpidieron sin costo adicional los tiquetes” Bogotá-Toronto. La compañía pidió que la conversación pública se base en información veraz.

La primera edición de “Milagro Weeks” se llevará a cabo en Nueva York del 16 al 18 de noviembre. El evento inaugural tendrá lugar en la sede de Citi Headquarters, donde el presidente De la Espriella será el encargado de dar la bienvenida a los inversionistas mediante un mensaje especial. Acto seguido, el vicepresidente Restrepo liderará el panel VP Talk "Why Colombia, Why Now", en el cual expondrá ante los asistentes las razones que, a juicio del Gobierno, convierten a Colombia en el lugar y el momento adecuado para invertir.

El segundo día, denominado “Milagro Deal Day”, transcurrirá también en la sede de Citi y estará dedicado a reuniones y negociaciones en Salas Sectoriales especializadas. Aquí, Restrepo y miembros del gabinete sostendrán encuentros con inversionistas internacionales y aliados estratégicos durante todo el día, mientras que las sesiones privadas —sin acceso a la prensa— permitirán el diálogo directo entre ministros, empresas e inversores en sectores como Infraestructura y Transporte; Tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; Energía, petróleo y gas y minería; así como farmacéutica, agroindustria, turismo y otros.

El tercer y último día, en la sede de J.P. Morgan, estará enfocado en la visión de largo plazo bajo el concepto "Colombia 2050 y Regulatory Lab". Según información de la vicepresidencia, en este espacio se propiciará un diálogo regulatorio entre el Gobierno y los potenciales inversionistas para tratar los lineamientos que definirán el próximo Plan Nacional de Desarrollo y los ajustes normativos requeridos para dinamizar la economía del país. La clausura de la jornada quedará a cargo del vicepresidente, quien presentará el balance de resultados, un reporte de indicadores y formalizará compromisos adquiridos durante la semana.

De acuerdo con el vicepresidente, esta iniciativa exhibirá un banco de proyectos estructurados por más de 57.000 millones de dólares estadounidenses. Dichos proyectos están listos para atraer capital, fomentar empleo y contribuir al desarrollo social dentro de la denominada ‘Patria Milagro’. Según la oficina vicepresidencial, ya existen 53 iniciativas preparadas para presentarse ante rondas de inversión o financiamiento. El Ministerio de Comercio y ProColombia acompañan la estrategia, la cual se enmarca en la “Misión Crecer” y busca lograr un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano del 6 % anual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia “Milagro Weeks” y cuáles son sus objetivos principales?

La estrategia “Milagro Weeks”, liderada por el vicepresidente Restrepo y enmarcada en la “Misión Crecer”, tiene como fin atraer inversión extranjera a Colombia a través de eventos internacionales donde se presentan diversos proyectos de desarrollo. Su meta es ofrecer espacios de negociación y diálogo regulatorio para fomentar el crecimiento económico, generar empleo y contribuir al desarrollo social, con la aspiración de alcanzar un crecimiento del PIB colombiano de 6 % anual.

¿Cuáles sectores y proyectos serán presentados durante la “Milagro Week” en Nueva York?

Durante la “Milagro Week” en Nueva York, el Gobierno de Colombia presentará un banco de proyectos estructurados y financiables por más de 57.000 millones de dólares en sectores clave: infraestructura y transporte; tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; energía, petróleo y gas y minería; así como farmacéutica, agroindustria y turismo. Según la vicepresidencia, 53 iniciativas están listas para ser expuestas a inversionistas y participar en rondas de inversión o financiación.

El desglose de este recorte considera 3 billones de pesos menos en el rubro de funcionamiento, centrados especialmente en la disminución de contratos de prestación de servicios y compras catalogadas como innecesarias. Además, el servicio de la deuda recibirá un ajuste de 4 billones, y la inversión se verá reducida en 6,8 billones como resultado de la eliminación de contratos de inversión que ya no podrán ejecutarse o que han dejado de ser prioritarios. Según el decreto citado, esta estrategia busca dar una señal de responsabilidad fiscal desde las más altas instancias gubernamentales.

Dentro de las entidades más impactadas por el recorte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) enfrentará la mayor disminución, con 1,4 billones de pesos menos. A este ajuste le siguen, según El Espectador, la Aeronáutica Civil (949.143 millones menos), la Registraduría (775.000 millones menos) y la Rama Judicial (696.496 millones menos). En niveles menores, también reciben recortes la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Ambiente y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

El presidente de la Espriella afirmó, a través de una alocución, que “el ajuste del Estado comienza por la propia Presidencia”, en referencia a la necesaria reducción del gasto en funcionamiento. Así, cinco entidades anexas a Palacio verán reducidos sus recursos en 267.232 millones de pesos, específicamente la Agencia para la Reincorporación (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tendrá una disminución de 191.668 millones, principalmente en recursos corrientes. Por su parte, el Ministerio del Interior sufrirá un ajuste de 274.639 millones, con el monto de la inversión pasando de 1,42 billones a 1,15 billones de pesos. Entre otros recortes relevantes, el Consejo Nacional Electoral verá reducidos sus fondos en 91.949 millones, el Congreso en 10.027 millones y la Cancillería en 69.000 millones de pesos. En materia de paz, la Justicia Especial para la Paz recibirá un recorte de 19.744 millones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el recorte presupuestal de Abelardo de la Espriella a las principales entidades del Estado?

El recorte presupuestal impacta de manera directa áreas clave del sector público colombiano. Instituciones como Invías, la Aeronáutica Civil, la Registraduría y la Rama Judicial tendrán que ajustarse a una disminución significativa de recursos para funcionamiento e inversión, lo que implica la postergación o cancelación de proyectos y la reducción de su capacidad operativa. El ajuste también afectará otras dependencias como la Presidencia, el Ministerio del Interior y el sector de la paz.

¿Qué explica la reducción en contratos y compras durante el plan de austeridad?

La reducción en contratos de prestación de servicios y en compras consideradas innecesarias responde al objetivo del gobierno de limitar el gasto público ante la necesidad de un mayor control fiscal. Según el decreto 1585 citado por El Espectador, la clave está en priorizar inversiones y gastos realmente estratégicos o urgentes, mientras se suspenden aquellos que no forman parte de las prioridades actuales del Ejecutivo.

La senadora Nadia Blel Scaff anunció la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 162 de 2026, que pretende establecer reglas para impedir la fragmentación injustificada de contratos durante una misma vigencia fiscal.

La propuesta busca que las entidades públicas no dividan contratos cuando correspondan a un mismo contratista, objeto y necesidad contractual. La intención es evitar que las instituciones celebren varias vinculaciones sucesivas para atender actividades que pudieron proyectarse desde el comienzo del año.

“Detrás de cada contratista hay una persona, una familia y un proyecto de vida”, manifestó Blel Scaff al referirse al avance de la iniciativa.

¿Qué cambiaría para los contratistas?

Uno de los principales ajustes estaría relacionado con la planeación de los contratos. El proyecto establece que las dependencias encargadas de elaborar los estudios previos deberán proyectar cuánto tiempo necesitan contratar un servicio, teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones de cada entidad.

Con esto, se busca reducir las interrupciones entre contratos que pueden dejar a los trabajadores sin remuneración durante determinados periodos, pese a que las actividades que desarrollan siguen siendo necesarias para el funcionamiento de las instituciones.

La exposición de motivos menciona casos de contratistas que prestan servicios durante 12 meses, pero reciben pagos correspondientes únicamente a siete u ocho meses, debido a las interrupciones entre vinculaciones.

El documento también advierte que estas prácticas pueden afectar la continuidad de las labores en las entidades públicas y las condiciones económicas de quienes prestan sus servicios.

Habría sanciones para funcionarios

El proyecto contempla consecuencias disciplinarias para los servidores públicos que incumplan las disposiciones sobre fragmentación contractual.

Según el articulado, estas conductas podrían dar lugar a sanciones como remoción o destitución, conforme a las disposiciones del Código General Disciplinario, establecido mediante la Ley 1952 de 2019.

Sin embargo, la iniciativa aclara que no pretende modificar la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de servicios ni convertirlos en una herramienta para reemplazar empleos públicos.

“Con esta iniciativa no buscamos cambiar la naturaleza de los contratos de prestación de servicios ni que se usen para remplazar empleos públicos”, señaló la congresista.

El documento también cita un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Alianza EFI. Según esa investigación, el 57,6 % de los contratistas consultados aceptaría un trabajo asalariado, mientras que el 31,9 % valoraba la independencia y flexibilidad de horarios.

Blel Scaff señaló que la propuesta busca mejorar la planeación, el uso de los recursos públicos y las condiciones de quienes trabajan para el Estado.

Aunque el proyecto ya superó su primer debate, todavía debe continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Por ahora, las disposiciones planteadas no constituyen reglas vigentes para los contratistas públicos.

El programa fue diseñado específicamente para respaldar la recuperación económica en territorios impactados por dos clases de emergencia: el terremoto del 10 de agosto de 2026 y los incendios forestales recientes. Los fondos entregados operan bajo la modalidad de capital semilla, es decir, apoyo financiero que puede ser condonable si los beneficiarios cumplen todas las metas y obligaciones definidas en el desarrollo de sus planes de negocio. Esta condonabilidad busca incentivar la adecuada ejecución de los proyectos seleccionados.

De acuerdo con la información consultada, además del Tolima, los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Chocó también fueron incluidos en esta convocatoria, denominada ‘Volver a Crecer’ (convocatoria n.º 168). El propósito principal es facilitar la reactivación y fortalecimiento productivo en las regiones que sufrieron pérdidas materiales y dificultades económicas como consecuencia de los desastres mencionados. Los recursos ofrecidos están orientados a empresas formalmente constituidas que puedan demostrar los daños recibidos y no están dirigidos a personas que buscan iniciar una compañía o financiar emprendimientos nuevos sin relación con las emergencias descritas.

La convocatoria fue abierta el 27 de octubre de 2026 y estará disponible hasta el 30 de diciembre del mismo año, fecha límite fijada hasta las 6:00 p. m. Para postularse, los interesados deben consultar los requerimientos y documentos necesarios en la plataforma oficial del Fondo Emprender, con el fin de preparar adecuadamente su inscripción y comprobar si cumplen con las condiciones exigidas. De acuerdo con la información revelada, es obligatorio que cada participante revise plenamente los criterios de elegibilidad antes de iniciar su proceso, pues el apoyo se orienta únicamente a quienes cumplen con las circunstancias específicas destacadas por la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al capital semilla del Fondo Emprender en el Tolima?

Para acceder al capital semilla ofrecido por el Fondo Emprender, es necesario que la unidad productiva esté formalmente constituida y pueda acreditar las afectaciones asociadas al terremoto del 10 de agosto de 2026 o a los incendios forestales, conforme a los criterios de la convocatoria ‘Volver a Crecer’. No cualquier persona o emprendimiento nuevo puede recibir recursos; únicamente quienes cumplan con estos criterios y presenten la documentación exigida en los plazos establecidos serán considerados en la evaluación.

¿Qué significa capital semilla condonable en el programa del SENA?

El capital semilla condonable, como lo explica la convocatoria del Fondo Emprender, es un tipo de apoyo financiero que puede ser perdonado, es decir, no requiere devolución siempre que los beneficiarios logren las metas y obligaciones definidas en sus planes de negocio. Esto incentiva la ejecución de proyectos sólidos y orientados a resultados en las zonas afectadas del Tolima y los demás departamentos incluidos en la convocatoria.

Uno de los principales cambios permitiría a los afiliados con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos elegir entre Colpensiones y los fondos privados.

Quienes superen ese límite tendrían seis meses para seleccionar la administradora correspondiente al excedente; de no hacerlo, serían asignados aleatoriamente.

El proyecto también permitiría trasladarse entre Colpensiones y fondos privados cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría. Entre administradoras privadas, los cambios podrían realizarse cada seis meses.

La propuesta mantiene la cotización pensional en el 16 % del ingreso base, distribuida entre empleadores y trabajadores.

Además, plantea que las cuentas individuales sean patrimonios autónomos, separados de los bienes de las administradoras, con inversiones que reduzcan progresivamente el riesgo a medida que se acerque la jubilación.

Para quienes no cumplan los requisitos de pensión, contempla tres alternativas: devolución total del ahorro con rendimientos, indemnización sustitutiva o una renta mensual vitalicia.

Esta última tendría como piso el ingreso básico solidario y como máximo el 80 % de un salario mínimo. El proyecto deberá avanzar en el trámite legislativo antes de convertirse en ley.

El proyecto será presentado ante el Congreso en los próximos días, aunque todavía no se conocen las medidas específicas.

Durante el evento Góndola 2026, organizado por Fenalco en Cartagena, el funcionario propuso abrir una mesa técnica para analizar las condiciones tributarias y operativas de estas empresas.

El gremio también solicitó revisar el arancel del 40 % aplicado a las importaciones de confecciones, eliminar algunos tributos a los tenderos y evaluar los impuestos saludables.

Uno de los puntos centrales del debate es la exención de impuestos para determinados envíos internacionales.

En Colombia, las compras de hasta 200 dólares pueden estar exentas de aranceles, mientras que la exclusión del IVA depende de condiciones específicas relacionadas con los tratados comerciales.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico estima que el país podría dejar de recaudar cerca de un billón de pesos por IVA debido a este tratamiento. Por ello, propone que las plataformas cobren el impuesto al momento de la compra.

El debate también involucra al empresario Arturo Calle, quien atribuye a la competencia de estas plataformas la pérdida de cerca de 2.000 empleos en su compañía y advierte sobre sus efectos en el comercio nacional.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia cayó y se aleja de $ 3.200: decisión anunciada por De la Espriella afectó)

Con esto, el dólar en Colombia mantiene un precio promedio del orden de los $3.180, lo que son $18 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

Del lado local, la tasa de cambio está condicionada por la culminación del debate sobre la reforma pensional, que mantuvo el texto aprobado por el Congreso.

Factores que mueven al dólar en Colombia

Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, explica que el peso se depreció 0,5 % el día miércoles, cerrando en $3.163,05 por dólar.

“Hoy podríamos ver algo de presión alcista, una posible apertura en el $3.165, pivote $3.160, niveles abajo $3.154, $3.148 y $3.140 y al romper ese $60, podríamos estar viendo niveles de un $3.168, $3.176 y $3.182. Un muy buen día para todos”, dijo Sánchez.

Finalmente, en el plano internacional, en Estados Unidos el PCE de septiembre se ubicó en 0,3 % mensual, en línea con las expectativas y estable frente al dato anterior.

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“Por su parte, el PIB del tercer trimestre sorprendió al alza con un crecimiento del 3,4 %, por encima del 3,2 esperado por el mercado. Más adelante, la atención estará puesta en Europa con la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, donde se espera que la tasa se mantenga estable en 2,65 %”.

La propuesta no significa que todos esos puestos vayan a desaparecer, pues cada trabajador podrá decidir si acepta las condiciones. Sin embargo, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa la incertidumbre laboral que atraviesa el sector tecnológico, donde las grandes empresas están replanteando sus equipos al tiempo que amplían sus inversiones en nuevas tecnologías.

¿A qué empleados de Microsoft les ofrecen indemnización?

La propuesta está dirigida a trabajadores elegibles de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. Microsoft cuenta con alrededor de 223.000 empleados a nivel mundial, según sus cifras de junio de 2026.

Entre las áreas que participan en el programa figuran equipos relacionados con Copilot, Xbox, Windows y dispositivos, además de algunas divisiones administrativas y financieras. No obstante, la oferta no cobija a toda la compañía: existen exclusiones en áreas como ventas, marketing y determinados equipos vinculados con centros de datos.

La empresa plantea la medida como una alternativa para quienes ya contemplaban abandonar la organización. Los empleados que acepten recibirán condiciones similares a las de los paquetes habituales de indemnización, aunque los detalles dependerán del mercado y de las condiciones aplicables.

El plazo para tomar una decisión vence a comienzos de diciembre, de acuerdo con los reportes sobre el programa.

La inteligencia artificial está en el centro de la estrategia

La decisión llega mientras Microsoft amplía su infraestructura para desarrollar y operar servicios de inteligencia artificial. Este esfuerzo exige inversiones multimillonarias en centros de datos, capacidad informática y otros recursos necesarios para sostener herramientas como Copilot.

Para los trabajadores, el panorama plantea una pregunta importante: cómo cambiarán los equipos y las oportunidades laborales mientras la empresa reorganiza sus recursos para competir en el negocio de la IA.

Aunque el programa coincide con esa transformación, no significa que los 60.000 puestos estén amenazados de eliminación ni que todos vayan a ser reemplazados por sistemas automatizados. Microsoft presenta la iniciativa como una salida voluntaria para determinados trabajadores y una herramienta de flexibilidad organizacional.

No es la primera oferta de salida del año

Esta es la segunda iniciativa de este tipo que Microsoft pone en marcha durante 2026. Meses atrás, la compañía ofreció un programa de retiro voluntario a un grupo más reducido de empleados en Estados Unidos. Cerca de un tercio de los trabajadores elegibles aceptó aquella propuesta, según reportes publicados sobre el proceso.

La nueva oferta amplía considerablemente el universo de posibles beneficiarios, aunque todavía no se conoce cuántos empleados decidirán salir.

Para quienes reciban la propuesta, la decisión implica evaluar la indemnización, la antigüedad, las perspectivas de encontrar otro empleo y las posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Por ahora, Microsoft no ha anunciado que la iniciativa vaya a traducirse automáticamente en despidos adicionales para quienes decidan quedarse.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, señaló que esta fórmula permitiría dinamizar la actividad empresarial y mantener un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y la economía.

La propuesta empresarial contrasta fuertemente con la de las centrales obreras, que anunciaron que solicitarán un incremento del 38,5 %.

La negociación formal del salario mínimo comenzará entre finales de noviembre y diciembre, y uno de los principales insumos será el dato de productividad que el Dane divulgará a finales de noviembre.

El primer plazo para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso, las partes tendrán una nueva oportunidad antes del 30 de diciembre. De persistir el desacuerdo, el Gobierno deberá fijar el aumento.

Paralelamente, Fenalco mantiene su solicitud para que el Consejo de Estado anule el decreto que estableció un aumento del 23 % para 2026.

El tribunal cerró recientemente la etapa probatoria y avanza hacia una decisión de fondo. Mientras se resuelve el proceso, el salario mínimo vigente continúa en $1.750.905 mensuales.

La importancia de la tasa de cambio nominal es notable por el impacto que tiene sobre la economía nacional. De acuerdo con los detalles proporcionados, cualquier variación en esta tasa transforma de inmediato el entorno económico colombiano. Existen dos efectos principales: la depreciación y la apreciación. Cuando la tasa de cambio sube, indica que el peso colombiano se está depreciando; esto significa que se necesitan más pesos para adquirir un dólar, lo cual termina por encarecer todos los productos importados. Por otro lado, una baja en la tasa implica una apreciación del peso. En ese caso, son menos los pesos que se requieren para comprar la divisa, y esto abarata la adquisición de bienes del exterior, pero también puede afectar negativamente a los exportadores del país, restando competitividad frente a los mercados internacionales.

Para medir de manera oficial estas fluctuaciones y tener un valor de referencia claro, el sistema financiero colombiano utiliza lo que se denomina Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). La TRM, según explica el mismo artículo de 90 Minutos, corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares con peso colombiano realizadas en un día. Participan entidades financieras supervisadas como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa y otras entidades clave como la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex. Es fundamental que para que una operación cuente en el cálculo de la TRM, ambas monedas deben ser intercambiadas el mismo día de la negociación.

De acuerdo con el reporte más reciente incluido en el artículo, la tasa representativa del mercado actualmente sitúa a un dólar en 3.162,35 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal en Colombia y cómo se calcula?

La tasa de cambio nominal en Colombia indica la cantidad específica de pesos colombianos necesarios para adquirir un dólar estadounidense. Según 90 Minutos, su cálculo se realiza de manera diaria y suele tomarse como base el dólar porque este representa la mayor parte de las transacciones internacionales del país.

¿Cómo impacta la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

De acuerdo con la información brindada por 90 Minutos, las variaciones en la tasa de cambio nominal afectan directamente el precio de importaciones y exportaciones. Una tasa alta encarece lo importado, mientras que una tasa baja puede reducir la competitividad de los productos nacionales en el exterior.

La categoría participa en una industria de consumo relevante. Según el Observatorio Inexmoda–Raddar, los hogares colombianos gastaron $36,7 billones en productos de moda durante 2025, un incremento nominal del 10,3 %.

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Las tendencias que transforman el consumo infantil

La ropa infantil tiene una demanda de reposición asociada al crecimiento de los niños, los cambios de talla, el calendario escolar y las celebraciones. Pero esa necesidad recurrente no elimina la sensibilidad al precio. En septiembre de 2025, según Inexmoda, las ventas del segmento infantil aumentaron un 16 %, impulsadas por un 18 % más de unidades comercializadas y una reducción del 2 % en los precios. En el mismo mes, la moda masculina y femenina crecieron cerca del 2 %.

Las familias combinan prendas funcionales y resistentes con productos que responden a las preferencias de los niños. Euromonitor identifica una diferenciación entre hogares que priorizan precios económicos y consumidores dispuestos a pagar más por calidad, diseño o marca. Las licencias de personajes, el vestuario deportivo, el calzado y los accesorios amplían las ocasiones de compra. Al mismo tiempo, las plataformas digitales facilitan comparar precios y surtidos, mientras la reventa gana espacio porque muchas prendas dejan de servir por la talla antes de desgastarse.

Por qué es un mercado tan fragmentado

Según Euromonitor International, C.I. Hermeco, operadora de Offcorss, y Crystal tuvieron participaciones cercanas al 6 % cada una en 2025, mientras Estrategia Comercial de Colombia alcanzó aproximadamente el 5 %. Las tres reunieron alrededor del 17 % del valor del mercado nacional, frente a un 83 % distribuido entre numerosos participantes.

La fragmentación responde a la diversidad de edades, tallas, estilos y presupuestos. Una marca que atiende a recién nacidos no necesariamente compite en las mismas condiciones que otra dirigida a adolescentes. Además, fabricantes regionales, tiendas independientes, cadenas generalistas con líneas infantiles y vendedores digitales participan con estructuras de costos y coberturas diferentes. Euromonitor estima que Hermeco pasó del 8 % del mercado en 2022 al 6 % en 2025, señal de una competencia que redistribuye participación.

Qué revela el mapa nacional del retail 2026

Mic lideró el ranking de Mall & Retail con ingresos por $389.273 millones, un crecimiento del 13,0 %. El estudio consolida la información de Maquila Internacional de Confección y Estrategia Comercial de Colombia. Su participación en los ingresos de las siete compañías fue del 46,8 %, con ganancias por $12.646 millones y margen neto del 3,2 %.

En segundo lugar se ubicó Offcorss, con ingresos de $257.716 millones y crecimiento del 7,7 %. Sus ganancias pasaron de $1.344 millones en 2024 a $5.421 millones en 2025, aunque el margen neto se situó en el 2,1 %.

Entre Mic y Offcorss sumaron el 77,9 % de las ventas de la muestra. Esta concentración no contradice la fragmentación descrita por Euromonitor: Mall & Retail compara siete compañías seleccionadas y la consultora estima las participaciones sobre el mercado nacional completo.

Tomaticos ocupó el tercer puesto con ingresos de $58.882 millones, una disminución del 11,7 %,

Menos nacimientos, mayores exigencias comerciales

Colombia registró 441.537 nacimientos en 2025, según el DANE. Su tendencia descendente reducirá gradualmente la base potencial de compradores de ropa para bebés y luego la de otras edades. No implica una caída inmediata de ingresos: también importan el gasto por niño, la frecuencia de renovación y la participación de cada marca. Por ello, las compañías exploran segmentos adolescentes, calzado y prendas para distintas ocasiones. Offcorss, por ejemplo, ha ampliado su portafolio para atender necesidades adicionales de una misma familia.

(Lea también: Así va a ser la ampliación de dos prestigiosos centros comerciales: más de 72.000 metros cuadrado)

Para los centros comerciales, la categoría complementa calzado, juguetería, entretenimiento y gastronomía, pero las decisiones de mezcla comercial deben sustentarse en ventas por m², rotación, perfil demográfico de la zona de influencia y capacidad financiera del operador. Para los inversionistas la prioridad es distinguir crecimiento de ingresos de generación efectiva de utilidades. El desafío futuro no será solo vender ropa a una población infantil menor, sino ganar participación sin comprometer los márgenes. Esa será la diferencia entre expansión comercial y crecimiento sostenible. Vigilar la evolución de los márgenes y la productividad por tienda será esencial para determinar si su estrategia sí genera valor.

La Dirección de Investigaciones Económicas de la entidad considera que un incremento técnicamente deseable sería del 8 %, resultado de una inflación estimada de 6,8 % para 2026 y una productividad laboral de 1,2 %. Sin embargo, prevé que la decisión final podría ubicarse en 8,5 %.

El banco advirtió que un aumento de dos dígitos podría generar efectos negativos sobre la economía, debido a que obligaría al Banco de la República a mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo.

Esto encarecería los créditos para hogares y empresas y podría afectar la inversión.

Además, la entidad anticipa presiones inflacionarias en 2027. El fenómeno de El Niño podría elevar la inflación de alimentos hasta cerca del 11 %, mientras que los precios regulados subirían por ajustes en servicios como energía, gas y acueducto.

El escenario contrasta con la propuesta de las centrales obreras, que plantean un incremento de 38,5 %. Mientras tanto, Corficolombiana propuso analizar salarios mínimos diferenciados por regiones, según productividad y costo de vida.

Según una carta enviada al Gobierno, algunos jubilados llevan varios años sin recibir aumentos y otros han sufrido reducciones de entre 20 % y 40 % en sus ingresos.

El gremio sostiene que las mesadas deberían ajustarse anualmente de acuerdo con el incremento del IPC, como establece la legislación colombiana, pero asegura que esta regla no se estaría cumpliendo.

Afirma que los pensionados de Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia han perdido poder adquisitivo y enfrentan una creciente incertidumbre económica.

Apenpri atribuye parte del problema a cambios introducidos desde 2009 con la creación de los multifondos. Según los pensionados, esta medida no produjo los resultados esperados y han perdido más de 12 % del capital que respalda sus pensiones.

La situación se agrava porque en el régimen privado las mesadas se recalculan periódicamente según el saldo disponible, la rentabilidad y la expectativa de vida.

Por ello, el gremio pidió al Gobierno adoptar medidas que garanticen una vejez digna y eviten que la descapitalización siga reduciendo las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez.

El jet fuel ha subido más de 100% y pasó de representar entre 30% y 35% de los costos de las compañías a superar el 40%. Ante este escenario, las empresas deberán trasladar parte de ese incremento a las tarifas y revisar la rentabilidad de sus rutas.

Oliva señaló que el problema podría mantenerse durante 2027, por lo que la industria enfrenta un periodo de estancamiento, con posibles reducciones de capacidad y cancelación de rutas que no sean rentables.

Avianca asegura estar financieramente preparada, pero revisará cuidadosamente sus costos, operaciones y capacidad.

Colombia mantiene un papel estratégico para Avianca: el mercado nacional representa cerca de 50% de su operación y la compañía ha invertido US$6.000 millones en el país después de la pandemia.

Además, opera unos 750 vuelos diarios y moviliza cerca de 40 millones de pasajeros al año.

El directivo también alertó sobre las limitaciones de infraestructura aeroportuaria, especialmente en El Dorado, donde la capacidad declarada es de 74 operaciones por hora, pero actualmente se realizan unas 66.

La aprobación de estos dividendos ocurre en un contexto marcado por recientes movimientos financieros en activos relevantes de Odinsa, como Pacífico 2 y Opain. Dichas gestiones, según lo reportado por Grupo Argos, se enfocaron en modificar la estructura financiera de dichos negocios y anticipar flujos de caja, convirtiendo así los recursos ligados a estos activos en liquidez para la matriz, como parte de los objetivos definidos en ACE 1.0.

Además, a este flujo extraordinario se suma la expectativa de asegurar otros 440.000 millones de pesos durante 2026, resultado de la venta de los centros comerciales de Pactia. Todo ello responde al interés de facilitar la transferencia de recursos hacia Grupo Argos, permitiendo ampliar las posibilidades de inversión y buscar retornos mayores para los accionistas.

Felipe Aristizábal, director financiero (chief financial officer o CFO) de Grupo Argos, declaró que la distribución realizada por Odinsa forma parte de un proceso de reorganización en el que se pretende aprovechar al máximo las capacidades existentes en los negocios del grupo. Aristizábal subrayó que estos recursos no tienen una destinación única predeterminada: “Recibiremos cerca de COP 183.000 millones que asignaremos a las alternativas que ofrezcan mejores retornos para nuestros accionistas”. Reiteró que la compañía mantendrá la “disciplina y la flexibilidad para evaluar readquisiciones, oportunidades de crecimiento y un abanico de alternativas que generan valor”.

La recompra de acciones será, por tanto, una de las opciones consideradas, aunque no será necesariamente la única vía para esos fondos. Odinsa, por su parte, mantendrá alrededor de 1,3 billones de pesos en reservas ocasionales, que podrán destinarse a futuras entregas de dividendos, dependiendo de las decisiones de gestión financiera que eventualmente se adopten.

La estrategia ACE 1.0 también tiene entre sus metas reducir la brecha entre el precio de mercado de las acciones del grupo y el valor fundamental atribuido a sus operaciones. De ese modo, la reciente aprobación consolida una presencia activa de Grupo Argos en la gestión de su liquidez y el direccionamiento del capital hacia los intereses de sus accionistas, en coherencia con la información divulgada por la organización.

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¿Cuándo recibirá Grupo Argos el pago de dividendos extraordinarios de Odinsa?

Grupo Argos recibirá el pago de los dividendos extraordinarios de Odinsa en un solo desembolso de dinero programado para 2026, según la información divulgada por ambas compañías. La suma corresponde a 183.107 millones de pesos, que serán asignados a distintas alternativas de inversión de acuerdo con los criterios definidos por la organización.

¿Qué implica la estrategia ACE 1.0 de Grupo Argos para la transferencia de recursos?

La estrategia ACE 1.0, denominada Argos Convergence Effort, busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor entre los diferentes negocios de Grupo Argos y su matriz. De acuerdo con los comunicados de la organización, este enfoque facilita mayores flujos de liquidez y otorga flexibilidad para decidir el uso del capital, como recompra de acciones, crecimiento o nuevas inversiones, siempre con el objetivo de maximizar el retorno para los accionistas.

Uno de los puntos centrales radica en el ajuste a las semanas de cotización requeridas para que las mujeres accedan a la pensión. Actualmente, la ley permite a las mujeres que no completen las 1.000 semanas exigidas para pensionarse una reducción de 50 semanas por cada hijo, hasta tres hijos, bajando el requisito mínimo a 850 semanas. Sin embargo, una nueva proposición pretende mantener el mínimo en 1.000 semanas y que el beneficio por hijos no cubra a quienes están en régimen de transición. El Ministerio de Hacienda subrayó que bajar el umbral a 850 semanas representaría para el Estado un costo adicional para 2025 cercano al 3,5% del producto interno bruto, es decir, $64,9 billones. Este monto se sumaría al pasivo pensional ya calculado para el nuevo requisito de 1.000 semanas, que representa el 19,4% del PIB de 2025, elevando la carga al 22,9%.

La cartera advirtió que disminuir más el tiempo de cotización impactaría la sostenibilidad financiera, pues afecta tanto el Régimen de Prima Media, gestionado por Colpensiones, como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de responsabilidad estatal. Otro riesgo es que una menor cantidad de ahorro podría traducirse en pensiones más bajas para las mujeres beneficiadas.

Otro tema relevante evaluado por el Ministerio corresponde a la propuesta de eliminar la comisión de administración que pueden cobrar las administradoras de fondos de pensiones sobre recursos manejados temporalmente antes de pasar a Colpensiones. La ley actual define un máximo de 0,7% sobre activos administrados, pero de eliminarse este cobro, los ingresos de dichas entidades se reducirían en un 77%. Para 2025, el recaudo por comisiones fue de $1,618 billones, que habría caído a $384.000 millones bajo el esquema propuesto, según las cifras expuestas.

Hacienda también defendió su competencia en la determinación de los cálculos para bonos pensionales, función que algunas proposiciones buscan trasladar al Departamento Nacional de Planeación, y respaldó eliminar las pensiones especiales a comunidades étnicas por su alto costo fiscal y dificultades técnicas para cuantificarlas. Finalmente, el Ministerio se manifestó sobre los aportes voluntarios en las cuentas individuales, recomendando que sus características se equiparen a las de las cotizaciones obligatorias.

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¿Cuáles son los efectos fiscales de reducir las semanas de cotización para pensión en Colombia?

Reducir el requisito de semanas de cotización, según el Ministerio de Hacienda, incrementaría significativamente el pasivo pensional que el Estado debe asumir. Bajarlo de 1.000 a 850 semanas generaría un costo adicional estimado en 3,5% del producto interno bruto de 2025, representando $64,9 billones; este valor se sumaría al impacto contemplado por el ajuste previo a 1.000 semanas. El aumento en el pasivo actuarial afecta la sostenibilidad del sistema y las finanzas públicas.

¿Qué consecuencias tiene la eliminación de la comisión de administración para las AFP en la reforma pensional?

La eliminación de la comisión de administración, fijada por ley en máximo 0,7% sobre activos, reduciría los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones en un 77%. Este descenso complicaría la prestación de servicios que la legislación les asigna, como pagos de pensión, manejo de retiros, actualización de información, entre otras gestiones críticas, haciendo que potencialmente la Nación deba asumir estas tareas y los costos asociados.

Uno de los puntos debatidos corresponde a la reducción en el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión. La ley vigente permite disminuir hasta 150 semanas (50 por cada hijo, hasta tres hijos) el requisito mínimo, lo que llevaría a un umbral de 850 semanas para mujeres que completen la edad y no alcancen el mínimo general de 1.000 semanas. Sin embargo, hay una proposición en Cámara para que la exigencia siga siendo de 1.000 semanas y que la reducción por hijos no aplique a mujeres del régimen de transición. Según cálculos de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio, bajar el umbral a 850 semanas supondría un gasto adicional de 3,5 % del PIB (producto interno bruto) de 2025, es decir, $64,9 billones, sobre el pasivo ya contemplado, el cual totalizaría 22,9 % del PIB. Esto, según la misma fuente, afectaría la financiación del Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, entidades claves del sistema.

Por otro lado, Hacienda cuestionó eliminar la comisión de administración de hasta 0,7 % que pueden cobrar las administradoras por los recursos mientras se consolida la pensión integral. De acuerdo con el documento, hacerlo restaría el 77 % de los ingresos recibidos por estas entidades, lo que pondría en riesgo funciones vitales como la gestión de retiros, actualización de historias laborales y el cobro de aportes. El Ministerio presentó cálculos según los cuales en 2025 el recaudo fue de $1,618 billones, mientras que bajo el esquema propuesto sería de $384.000 millones. Además, dejó claro que el porcentaje máximo debe ser definido por el Gobierno nacional y recomendó mantener la redacción original de la ley.

Con respecto al cálculo de bonos pensionales, Hacienda defendió que esta función permanezca bajo su competencia y no pase al Departamento Nacional de Planeación, resaltando la experiencia de su Oficina de Bonos Pensionales, que en 2025 pagó 44.881 bonos por $3,1 billones. Finalmente, respecto a pensiones especiales para pueblos indígenas y otros grupos étnicos, la entidad respaldó eliminar el artículo correspondiente, ya que, según el Ministerio, no se puede estimar el costo fiscal dada la falta de información sobre la población beneficiaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reducción de semanas de cotización a la sostenibilidad financiera del sistema pensional?

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, disminuir el requisito de semanas de cotización por debajo de 1.000 semanas incrementa el pasivo pensional y genera impactos fiscales importantes. El costo adicional estimado es del 3,5 % del PIB de 2025, que se sumaría al pasivo ya contemplado en la Ley 2381 de 2024. Tal situación compromete la financiación de entidades como Colpensiones y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, además de amenazar la sostenibilidad del sistema.

¿Qué funciones cumplen las administradoras de fondos de pensiones y por qué es relevante la comisión de administración?

Las administradoras de fondos de pensiones gestionan tareas esenciales, como los retiros programados, la actualización de historias laborales, el reconocimiento de pensiones y el manejo de recursos en las cuentas individuales. Eliminar la comisión de administración, según Hacienda, reduciría en un 77 % los ingresos de estas entidades para cumplir esas labores, poniendo en riesgo la operatividad y la continuidad de sus servicios bajo las leyes vigentes.

(Vea también: Invima lanza alerta por medicamento (muy vendido) para el dolor de estómago en Colombia)

Además, La Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) pidió medidas urgentes para garantizar el acceso a estos tratamientos, ante las dificultades de abastecimiento de varias presentaciones pediátricas que se necesitan para atender a menores en situaciones de riesgo o que ya viven con el virus.

La preocupación se centra en medicamentos antirretrovirales como la zidovudina y la lamivudina, disponibles en presentaciones que facilitan su administración a los niños.

Según informó Caracol Radio, los comités de Infectología Pediátrica y de VIH Pediátrico de la ACIN advirtieron sobre la falta de existencias de algunos de estos productos y el riesgo de que no haya unidades suficientes para responder a las necesidades de los pacientes.

¿Qué medicamentos para el VIH en niños están escasos en Colombia?

La alerta se basa en el seguimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que publicó el 23 de octubre un listado con información correspondiente a septiembre. De acuerdo con los datos citados por la asociación, no habría disponibilidad de zidovudina en jarabe en Colombia hasta diciembre, mientras que las existencias de lamivudina en esa misma presentación podrían agotarse durante octubre. También se reportaron dificultades para conseguir tabletas de lamivudina y la combinación de este medicamento con zidovudina.

Uno de los factores que explicaría el problema es la dependencia de un único fabricante, que suspendió la producción. Esta situación deja al país expuesto a interrupciones del suministro, especialmente cuando se trata de medicamentos pediátricos cuya demanda comercial es reducida, pero que siguen siendo necesarios para atender casos específicos.

La ACIN advirtió que las dificultades no son nuevas. Según el reporte de Caracol Radio, el Invima ya había alertado sobre problemas de disponibilidad de estos medicamentos en enero de 2024. Aunque en ese momento se encontraron soluciones temporales, la situación volvió a encender las alarmas.

La baja demanda de algunas presentaciones pediátricas puede dificultar que otros fabricantes asuman su producción cuando el proveedor habitual deja de hacerlo

Dicha asociación señaló, como ejemplo, que durante 2025 se vendieron menos de 700 frascos de zidovudina en jarabe en todo el país. Esta cifra ayuda a explicar por qué el mercado puede tener dificultades para garantizar un suministro estable de un producto que, pese a su volumen reducido de ventas, es necesario en determinados casos.

¿Por qué preocupa la falta de medicamentos para el VIH en niños?

La disponibilidad de estos fármacos es importante en varios escenarios médicos. Uno de ellos es la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo. Cuando un recién nacido ha estado expuesto al virus, puede necesitar medicamentos preventivos desde las primeras horas de vida, por lo que contar con el tratamiento indicado a tiempo resulta fundamental.

Otro escenario es la atención de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y podrían haber estado expuestos al VIH. En estos casos, la profilaxis posexposición debe comenzar lo antes posible y, por regla general, dentro de las primeras 72 horas. La falta de los medicamentos requeridos puede dificultar que los servicios de salud actúen dentro de ese periodo.

Los antirretrovirales también son necesarios para los menores que ya viven con el VIH y deben continuar su tratamiento para controlar la infección. Una interrupción en el suministro puede afectar la continuidad de la atención y obligar a los equipos médicos a buscar alternativas adecuadas para cada paciente.

Uno de los principales cuestionamientos de Fenalco se dirigió al arancel del 40 % aplicado a las prendas de vestir, una medida establecida por el Gobierno anterior con el propósito de impulsar la reindustrialización del país.

Según Cabal, esta política no ha conseguido fortalecer la competitividad del sector y, por el contrario, ha generado efectos negativos en el mercado del vestuario e incentivado el contrabando.

El dirigente gremial también pidió revisar las condiciones en las que operan plataformas internacionales como Temu y Shein, con el objetivo de garantizar reglas de competencia equitativas para los comerciantes colombianos.

Fenalco considera que los negocios nacionales enfrentan desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico, por lo que planteó evaluar las obligaciones que deben cumplir los diferentes actores del mercado.

Las propuestas fueron presentadas por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, durante la instalación de Góndola 2026, en Cartagena, ante representantes del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, quien se comprometió a estudiar las solicitudes del gremio en una mesa técnica.

Por otro lado, en materia tributaria, Cabal solicitó eliminar el impuesto que afecta a los tenderos y revisar los denominados impuestos saludables, debido a sus efectos sobre los márgenes de los pequeños establecimientos y su sostenibilidad financiera.

Para el gremio, estas cargas pueden comprometer la viabilidad de las tiendas de barrio, uno de los segmentos fundamentales del comercio colombiano.

Por su parte, el ministro de Comercio se comprometió a estudiar las propuestas en una mesa técnica y a coordinar con el Ministerio de Hacienda la revisión de los planteamientos relacionados con impuestos.

Durante su intervención, Gómez manifestó su disposición a evaluar las medidas vigentes y afirmó: “Lo que no sirva ni sume, se deroga sin contemplaciones”.

De acuerdo con los datos oficiales citados en el artículo, entre el 19 y el 23 de octubre, una misión técnica de Corea visitó Bogotá y sostuvo reuniones con más de 20 actores clave: entidades públicas y privadas, organismos multilaterales, gestores de fondos de capital emprendedor e inversionistas. El objetivo de estos encuentros fue conocer de cerca las capacidades del ecosistema innovador de Bogotá y explorar opciones que permitan a empresas con potencial acceder a recursos estratégicos para el desarrollo de sus negocios.

En la agenda figura la potencial creación de un fondo de inversión integrado en los servicios del 2600 Campus. Se trata de una herramienta pensada para conectar a las empresas emergentes con capital, especialmente en fases tempranas, cuando consolidar el modelo de negocio requiere de respaldo económico y no siempre encuentran acceso fácil a fuentes tradicionales. Durante las discusiones se analizaron dos mecanismos: uno, un modelo de coinversión que involucra fondos privados; el otro, un fondo de fondos que redireccionaría recursos hacia vehículos de inversión gestionados profesionalmente.

Sin embargo, tal como precisa el reporte, estos mecanismos están todavía en fase de evaluación: la decisión sobre cuál escogerá dependerá del análisis de viabilidad, la disponibilidad de recursos, el marco legal y el interés de los inversionistas. Por el momento, no existe un fondo en ejecución, sino una iniciativa en estudio.

Según explicó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de desarrollo económico, el reto es conectar el talento científico y emprendedor de la ciudad con alternativas de financiación, permitiendo a las startups desarrollar, crecer y lanzar sus soluciones al mercado. El instrumento que se plantea estaría dirigido, sobre todo, a iniciativas de base científica y tecnológica, las cuales suelen tener mayores barreras para obtener financiación por requerir más tiempo y recursos especializados.

El proceso continúa con una segunda visita de expertos de KOICA, prevista entre el 17 y el 27 de noviembre de 2026, donde se evaluarán otros componentes centrados en el fortalecimiento del ecosistema, el crecimiento empresarial y la internacionalización de startups. El proyecto prevé un estimado de 7 millones de dólares en cooperación para el periodo 2027-2030, pero su ejecución depende aún de nuevos estudios y aprobaciones formales por parte de las instituciones coreanas.

¿Qué alternativas de financiación se estudian para emprendimientos en Bogotá?

De acuerdo con la información de la alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría distrital de desarrollo económico, se analizan principalmente dos mecanismos: un modelo de coinversión junto a fondos privados y la creación de un fondo de fondos, que canalizaría la inversión hacia entidades gestionadas por profesionales. Ambos modelos buscan facilitar el acceso a capital para startups, especialmente en el ámbito científico y tecnológico, aunque todavía están en etapa de estudio y definición.

¿Cuándo podría definirse la creación del fondo de inversión para startups en Bogotá?

Según lo presentado en el reporte, la posible creación del fondo de inversión depende de los resultados del estudio de viabilidad, la disponibilidad de recursos, el marco jurídico y el interés de los inversionistas. La decisión final y la ejecución del fondo están sujetas a las evaluaciones técnicas y la aprobación de KOICA y las instituciones coreanas, por lo que, hasta el momento, no hay una fecha confirmada para su lanzamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la CUT, el salario mínimo en Colombia del año entrante debe tener en cuenta la inflación que se ha visto en el rubro de los alimentos, así como en otros sectores clave, la cual es sustancialmente alta frente al 7 % proyectado para este año.

Con esto, señalan desde la CUT, todavía existe un porcentaje muy alto que hace falta compensarle a la fuerza laboral del país, correspondiente a las subidas de precios registradas durante este año.

(Vea también: Salario mínimo 2027: presidente de Bancolombia puso cifra al aumento; sería de menos del 10 %)

Otras propuestas para el aumento del salario mínimo en Colombia

Fabio Arias, ahora expresidente de la CUT, afirmó que el incremento, sumado a la inflación proyectada, debería estar cercano al 38,5 %, lo que significaría casi $680.000 adicionales para el año entrante.

Esta propuesta llevaría a que el salario mínimo en Colombia, sin tener en cuenta el auxilio de transporte o el auxilio de conectividad, quede cerca de los $2.500.000.

La iniciativa ya ha sido rechazada por algunos analistas y empresarios locales, quienes explican que un ajuste de esa magnitud provocaría el cierre de empresas o la eliminación de puestos de trabajo.

(Lea también: ¿Por qué el salario mínimo de Colombia no subirá tanto para el año entrante?)

Asimismo, en ocasiones pasadas, el Banco de la República ha pedido mesura en el ajuste del salario mínimo en Colombia, toda vez que representa un combustible muy importante para el aumento de la inflación.

En el marco de esta coyuntura, el Gobierno nacional, mediante Prosperidad Social, presentó una propuesta para modificar el presupuesto vigente y asegurar recursos que permitan efectuar las transferencias para los adultos mayores beneficiarios. No obstante, la concreción de esta medida requiere la aprobación por parte del Congreso, y esta decisión será determinante para la certeza sobre la entrega de los fondos programados.

Prosperidad Social aclaró que, hasta el momento, Colombia Mayor no ha sido suspendido o cancelado. Sin embargo, la incertidumbre radica en la posibilidad de financiar los próximos giros, razón por la cual no se han realizado anuncios definitivos acerca de cambios en el cronograma de pagos ni en los montos a transferir. Por tanto, tanto la entidad como los beneficiarios deberán permanecer atentos a eventualidades asociadas a la aprobación del presupuesto.

En cuanto al ciclo correspondiente a octubre de 2026, Prosperidad Social anunció que el miércoles 28 de ese mes comenzará la entrega para 2.850.685 beneficiarios en todo el país, destinando $669.581 millones para dicha operación. El monto de la ayuda económica puede alcanzar hasta $230.000 por persona, dependiendo de las condiciones estipuladas en el marco del programa. Los recursos serán entregados a través de operadores como SuperGIROS y SuRed, así como las redes aliadas presentes en los diferentes municipios y ciudades.

Prosperidad Social recomendó a los adultos mayores beneficiarios consultar siempre los canales oficiales para obtener información sobre novedades y puntos de pago autorizados. La entidad enfatizó que todos los trámites vinculados al subsidio son gratuitos y advirtió que los usuarios no deben entregar dinero a intermediarios bajo ninguna circunstancia. En todo caso, cualquier modificación en las fechas de pago o los requisitos será comunicada de manera oficial por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para recibir el pago de Colombia Mayor?

Según la información de Prosperidad Social, la asignación del pago hasta por $230.000 mensuales depende de cumplir con las condiciones establecidas en el programa. Los interesados deben estar inscritos como beneficiarios y en situación de vulnerabilidad, y deben consultar los canales oficiales para conocer la disponibilidad y la forma de pago correspondiente.

¿Cómo se informa a los adultos mayores sobre las fechas y lugares de pago de Colombia Mayor?

La entidad Prosperidad Social exhorta a los beneficiarios a revisar regularmente los avisos en sus canales oficiales y verificar los puntos de pago autorizados, como SuperGIROS y SuRed. Todas las novedades asociadas a fechas, montos o condiciones de Colombia Mayor serán comunicadas exclusivamente a través de estos medios.

La iniciativa fue establecida a través de la Resolución F.E.V. No. 4244.0.9.10.383 de 2026. El subsidio, según la medida, solventará el valor total pendiente de la obligación financiera de cada hogar, siempre que este monto no supere los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Para dar soporte a la convocatoria, el distrito cuenta con una asignación presupuestal de 9.000 millones de pesos.

Para postularse, de acuerdo con los criterios definidos en la resolución, los hogares deben demostrar ingresos mensuales no mayores a cuatro salarios mínimos, tener obligaciones pendientes específicamente con el FEV o la SVSH, y acreditar que han vivido por lo menos 12 meses en la vivienda objeto del subsidio. También se exige que los postulantes estén incluidos en los grupos A1 a C18 del Sisbén IV y acrediten una residencia mínima de cinco años dentro de la ciudad. Para el proceso, se debe presentar copia de la cédula, recibos de servicios públicos, documento de propiedad del inmueble y certificado de residencia. Además, las familias con algún integrante en condición de discapacidad o que sean víctimas del conflicto armado tendrán un criterio adicional de priorización si reúnen los soportes correspondientes.

En cuanto al uso del subsidio, este se entregará directamente a la entidad con la cual fue adquirido el crédito y cubrirá el saldo pendiente del préstamo hipotecario. Posteriormente, el Fondo Especial de Vivienda o la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat entregarán el paz y salvo, y según cada caso, adelantarán el procedimiento para transferir la propiedad o cancelar la hipoteca. Sin embargo, los trámites de formalización que se desprenden de este beneficio, como la transferencia de dominio o la cancelación de gravamen, deben ser pagados por los beneficiarios.

Aura María Betancourt, coordinadora del área de Cartera de la SVSH y del FEV, aseguró que ninguna de las deudas actuales excede el tope de 30 salarios mínimos. En palabras de la funcionaria: "Este subsidio va a permitir a muchas familias tener el paz y salvo de los créditos de sus predios… para que puedan levantar sus procesos hipotecarios, escriturar sus viviendas y en un futuro acceder a subsidios de mejoramiento".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio distrital de vivienda en Cali?

Para poder acceder al subsidio, las familias interesadas deben tener ingresos que no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, contar con una deuda pendiente con el Fondo Especial de Vivienda o la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, acreditar al menos un año de ocupación del inmueble, estar clasificados en los grupos A1 a C18 del Sisbén IV y haber vivido por mínimo cinco años en Cali. También deben presentar documentos que respalden la información exigida.

¿Qué cubre exactamente el subsidio distrital de vivienda en Cali?

De acuerdo con la resolución oficial y la explicación de las autoridades, el subsidio cubre el valor total de la deuda hipotecaria pendiente, hasta el límite de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El monto se paga directamente a la entidad acreedora y no entrega dinero a los beneficiarios. Los gastos de los trámites legales posteriores deben ser asumidos por las familias.

Fedesarrollo atribuye este fortalecimiento principalmente a una mejor percepción sobre la situación actual de las empresas, menores inventarios y una visión más positiva sobre el comportamiento de los negocios para los próximos seis meses. Los datos muestran que la percepción acerca de la situación económica de las empresas pasó de 33,2% en agosto a 41,8% en septiembre, mientras que el balance relacionado con los niveles de inventarios disminuyó de 1,5% a -2,5%. Además, las expectativas para el siguiente semestre se incrementaron, avanzando de 38,2% a 41,4%. Estos factores reflejan que la recuperación está sustentada tanto en una mejora de la coyuntura como en expectativas optimistas.

En el caso del sector industrial, el Índice de Confianza Industrial (ICI) llegó a 8,3% en septiembre, superando el 5,8% de agosto. No obstante, se mantiene 0,7 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año anterior, cuando el registro fue de 9%. Esta mejoría mensual está relacionada con la reducción de inventarios y una leve recuperación en el volumen de pedidos, aunque todavía persiste un balance negativo en este indicador: pasó de -22,6% en agosto a -19,7% en septiembre.

Sin embargo, las expectativas de producción para el próximo trimestre se moderaron levemente, bajando de 40,1% a 38,5% entre agosto y septiembre. Este nivel coincide con el de hace un año, lo cual indica que, pese a las mejoras, la industria mantiene cierta cautela respecto a la evolución de la producción.

La encuesta incluyó además un módulo sobre expectativas de empleo en la industria. El balance de expectativas de contratación subió a 7,7%, notablemente por encima del 1,3% reportado en junio, aunque sigue por debajo del 10,1% observado en el mismo periodo de 2025. Desagregando las respuestas, el 18,7% de los empresarios espera aumentar su personal el próximo trimestre, el 70,4% proyecta estabilidad, y el 10,9% prevé una reducción.

Finalmente, el estudio de Fedesarrollo resalta un deterioro en la percepción sobre el contrabando en la industria, con un balance del 4,8%, superior al 3,9% de junio. El 17,5% de los empresarios señala un aumento en el contrabando, mientras que el 69,7% dice que la situación no cambió y el 12,8% percibe una disminución, lo que mantiene esta problemática como un foco de preocupación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió la confianza comercial entre los empresarios en Colombia durante septiembre de 2026?

De acuerdo con Fedesarrollo, el incremento de la confianza comercial en septiembre de 2026 se relaciona principalmente con una mejor percepción sobre la situación actual de las empresas, una disminución en los niveles de inventario y expectativas más favorables respecto al comportamiento futuro de los negocios. El aumento de estos indicadores positivos sugiere que los comerciantes sienten mayor optimismo sobre las condiciones presentes y futuras de sus empresas.

¿Qué factores influyen en la percepción sobre el contrabando en el sector industrial colombiano?

Según los resultados de Fedesarrollo, el deterioro en la percepción sobre el contrabando se basa en la opinión de un porcentaje creciente de empresarios que nota un aumento en estas actividades. Para el trimestre julio-septiembre, el 17,5% percibió un crecimiento del contrabando, mientras que la mayoría consideró la situación estable. Este fenómeno afecta la confianza y las expectativas dentro del sector industrial, manteniendo el tema como una preocupación relevante para los empresarios consultados.

La compañía aportará 10 centavos de dólar por cada estancia, sin aumentar los precios que pagan los huéspedes ni reducir los ingresos de los anfitriones. Los usuarios no tendrán que inscribirse ni realizar trámites adicionales para contribuir.

Desde su creación en 2020, Airbnb.org ha proporcionado más de 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a más de 250.000 personas en todo el mundo. La iniciativa surgió en 2012, cuando una anfitriona abrió su vivienda a personas desplazadas por el huracán Sandy.

Con los nuevos recursos, la organización ampliará sus programas para atender a familias que viajan por tratamientos médicos, sobrevivientes de violencia doméstica y explotación, y veteranos estadounidenses con enfermedades graves.

Airbnb.org trabaja con entidades sin ánimo de lucro y aliados gubernamentales para identificar a las personas que necesitan ayuda y facilitarles alojamiento según sus necesidades. Mientras los beneficiarios se hospedan gratuitamente, los anfitriones reciben el pago correspondiente.

Airbnb cubrirá los costos operativos de la organización, por lo que el 100 % de las donaciones del público se destinará directamente a financiar alojamientos gratuitos. La empresa aseguró que no obtiene beneficios económicos de estas estancias.

Hoy, Indra Group cuenta con más de 4.000 profesionales y desarrolla proyectos tecnológicos en ámbitos como transporte, tráfico aéreo, infraestructura vial, defensa, energía, ciberseguridad y transformación digital.

En entrevista con Pulzo, José Fernando Quintero, CEO de Indra en Colombia, Ecuador, Centroamérica y El Caribe, destacó que el mayor orgullo de la multinacional en estos 30 años es aportar el compromiso, creatividad y talento de sus colaboradores a estas industrias en el país.

“Estamos muy felices y estoy muy orgulloso de todo mi equipo. Nuestros primeros 30 años en Colombia, esta es una corporación multinacional que sigue creyendo en este país. Más de 400 clientes en el sector público y privado, generando mucho empleo a través de aliados y proveedores”, exaltó Quintero.

Dice, además, que desde la multinacional están plenamente convencidos de que uno de los mercados transversales que más va a aumentar la productividad y la competitividad del país es el sector tecnológico.

“El desafío ahora es traer más generación de talento y traer más generación de capacidades desde Colombia para todo el mundo; montar fábricas y, por qué no, pensar en fabricar drones y antidrones en Colombia con tecnología”, agregó el CEO de la multinacional, en entrevista con Pulzo.

(Vea también: Multinacional en Colombia logró negociazo para Latinoamérica: ciberseguridad y movilidad se beneficiarán)

Nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de Indra en Colombia

En el marco de sus 30 años en el país, Indra Group presentó el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de nueva generación de IndraMind Cybersecurity, ubicado en Bogotá, y creado para fortalecer sus capacidades de protección y respuesta frente a amenazas digitales.

“Aquí es donde peleamos codo a codo contra los ciberdelincuentes para evitar que se materialice un incidente que quizás termina afectando a nuestra sociedad, paralizando una compañía y, por qué no decirlo, en ocasiones, un país. En el SOC Tenemos estadísticas de más de mil eventos (amenazas de ataque) por segundo”, explicó a Pulzo Edwin Walteros, director de Ciberseguridad de IndraMind para Colombia.

El centro integra inteligencia, operación y conocimiento sectorial, con monitorización continua y capacidades para proteger entornos tecnológicos, apoyar la continuidad del negocio y responder a riesgos que afectan a organizaciones de distintos sectores.

Interrogado por este medio sobre cuáles son los sectores que reciben más amenazas de los ciberatacantes en Colombia, Walteros explicó que son varios, entre ellos el financiero.

“Lógicamente, el sector financiero es un mercado muy atractivo para los delincuentes. Es muy sencillo, es dinero, es un movimiento de dinero, pero también se han dado cuenta que atacar ciertas industrias permite tener la ventaja de que su ataque tenga más impacto y terminen pagando por el rescate de información.

¿Qué servicios presta Indra en Colombia en estos 30 años?

Para el CEO de Indra en Colombia, el rol de Indra en el país es muy importante, entre otras cosas, porque de su labor dependen diferentes industrias. Transporte y seguridad, dos de las más importantes.

“En este país hay tecnología Indra para un avión 100 % seguro. Hay tecnología Indra alrededor del tema de transacciones electrónicas. En el sistema financiero también hay tecnología Indra. En fin, en todos los sectores nos sentimos orgullosos en estar participando y ser un actor supremamente activo y sobre todo relevante en el sector más transversal y más estratégico del país”, enfatizó Quintero.

Millones de colombianos utilizan tecnología de Indra en algún momento del día. Estos son algunos de los servicios y procesos más importantes:

• Cuando toman el Metro de Medellín, porque los sistemas de Indra contribuyen a gestionar la operación y facilitar la movilidad de miles de pasajeros.
• Cuando viajan en avión por el país, porque la tecnología de Indra ayuda a gestionar el tráfico aéreo y a garantizar vuelos más seguros.
• Cuando realizan una transferencia bancaria, porque las soluciones de Indra contribuyen a procesar y proteger las transacciones financieras.
• Cuando recorren carreteras y túneles del país, porque la tecnología de Indra ayuda a gestionar el tráfico y mejorar la seguridad vial.
• Cuando piden un domicilio a través de una aplicación, porque las soluciones digitales de Indra pueden intervenir en los procesos tecnológicos que hacen posible el servicio.
• Cuando necesitan resolver un problema con su operador de telefonía celular, porque las soluciones de Indra ayudan a gestionar la atención al cliente, las solicitudes y los servicios de los operadores.

Sin embargo, esto no significa que desaparezcan automáticamente, sino que el acreedor puede perder la posibilidad de exigir judicialmente el pago mediante una acción que haya prescrito.

La abogada Ivonne Aristizábal Rojas, directora de asuntos legales de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, dijo a La República que los plazos generales varían según el documento que respalde la obligación y el mecanismo judicial utilizado. La acción cambiaria directa derivada de títulos valores, como pagarés y letras de cambio, prescribe generalmente en tres años desde su vencimiento.

La acción ejecutiva general tiene un plazo de cinco años, mientras que la acción ordinaria general prescribe en diez años.

En el caso de celulares financiados, cada cuota puede tener un plazo de prescripción independiente, dependiendo de las condiciones del contrato y de los documentos firmados. Las deudas de tarjetas de crédito respaldadas por pagarés también pueden estar sujetas al término de tres años para esa acción.

Para solicitar el reconocimiento de la prescripción, el deudor debe alegarla ante la justicia, pues el juez no puede declararla de oficio. Además, debe reunir documentos como pagarés, contratos, letras de cambio, historial de pagos y soportes de las fechas de vencimiento.

Los abogados advierten que realizar pagos o reconocer la obligación puede afectar el plazo de prescripción o implicar la renuncia a invocarla, según las circunstancias del caso.

La primera etapa del proyecto contempla un trayecto de 23 kilómetros. La financiación se distribuirá en un 70 % a cargo de la Nación y el 30 % restante será asumido entre la Gobernación del Valle y las alcaldías implicadas, según el anuncio realizado en el evento mencionado. La mandataria aclaró que el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, han estado involucrados en los estudios de factibilidad y trámites para conseguir el aval financiero necesario. En palabras de Dilian Francisca Toro, “estamos esperando el aval financiero, que se viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y la FDN, que hizo la factibilidad. Esperamos que en la segunda semana de noviembre nos den ese aval financiero para tener el aval técnico y así nos puedan dar los recursos”.

No obstante, el desarrollo del Tren de Cercanías ha enfrentado obstáculos. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el avance de la iniciativa se frenó porque el Gobierno nacional no incluyó el 70 % de la cofinanciación en las vigencias futuras, lo que impidió asegurar esos recursos y detuvo su progreso. Los sectores involucrados mantienen expectativas en que el respaldo por parte del Estado permita reactivar el proceso.

Por otro lado, la gobernadora Dilian Francisca Toro también se refirió a la importancia de abrir la licitación para la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Toro argumentó que esta medida facilitaría la modernización de la terminal y atraería mayor inversión; adicionó que el proceso podría abrirse desde enero y que el problema histórico de la falta de parqueaderos ya fue superado en coordinación con la Alcaldía de Palmira. Además, la mandataria señaló que espera que esta licitación se haga bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), con el fin de garantizar inversiones suficientes, y que los recursos derivados puedan beneficiar también a los aeropuertos de Buenaventura y Guapí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo recibiría el Tren de Cercanías del Valle el aval financiero del Gobierno nacional?

De acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se espera que el aval financiero para el Tren de Cercanías llegue en la segunda semana de noviembre, tras el trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional, que ha realizado los estudios de factibilidad necesarios para liberar los recursos y avanzar en el desarrollo del proyecto.

¿Qué es una Asociación Público Privada (APP) y cómo beneficiaría al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón?

Una Asociación Público Privada, APP, es una modalidad de concesión en la que el sector público y privado suman esfuerzos para financiar, operar y modernizar infraestructuras como aeropuertos o vías. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, este esquema permitiría atraer mayores inversiones para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y destinar recursos a mejorar también los aeropuertos de Buenaventura y Guapí, asegurando así un mejor desarrollo regional.

Según datos de la Superintendencia Financiera, el Fondo Nacional del Ahorro tiene la tasa más baja, con 12,1%, seguido por Banco de Occidente, con 14,47%, y Banco de Bogotá, con 14,73%.

En esta modalidad, el banco adquiere la vivienda y el comprador paga cánones mensuales durante el plazo acordado. Al finalizar, puede ejercer una opción de compra para que el inmueble pase a su nombre, según las condiciones establecidas en el contrato. Una de sus ventajas es que puede financiar hasta 90% del valor de la vivienda.

Sin embargo, expertos recomiendan comparar cuidadosamente el leasing con un crédito hipotecario, teniendo en cuenta tasas, plazo, cuota inicial, seguros y capacidad de pago. También existen opciones en pesos o UVR.

Para vivienda no VIS, los créditos hipotecarios parten de tasas de 13% en el FNA y llegan hasta 16,1% en Banco de Bogotá. La recomendación es no escoger una vivienda únicamente por el monto que presta el banco, sino por una cuota que pueda asumir sin comprometer su tranquilidad financiera.

Desde el 7 de septiembre, la Creg ordenó aumentar la producción térmica. Sin embargo, según cifras de XM, durante 46 días solo en una jornada se alcanzó la meta. Las obligaciones de energía firme suman 118 GWh diarios, mientras que las solicitudes han estado entre 95 y 100 GWh y la generación llegó a 83,4 GWh diarios.

De las 35 plantas térmicas analizadas, 25 no alcanzaron el 100 % de sus obligaciones. La indisponibilidad incluye unidades a gas, carbón y combustibles líquidos, afectadas por fallas técnicas, restricciones de combustible y mantenimientos.

No obstante, la indisponibilidad no implica necesariamente un incumplimiento. La Superintendencia de Servicios Públicos deberá determinar si las causas están justificadas. Hay cerca de 600 megavatios térmicos en mantenimiento.

Las posibles sanciones dependerán de los compromisos individuales, los periodos de incumplimiento y los precios de energía aplicables. La Superintendencia reforzará las inspecciones y el seguimiento a las generadoras.

(Lea también: Gobierno De la Espriella anuncia nuevo beneficio para trabajadores y empresas en Colombia)

Precisamente, el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella anunció nuevas acciones para fortalecer el sistema de subsidio familiar, mejorar la seguridad jurídica de las entidades y reforzar la protección de los recursos destinados a los hogares. Los anuncios fueron presentados por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, durante el Congreso Nacional de Asocajas 2026, celebrado en Cartagena el 22 de octubre.

Entre los puntos centrales está la intención de avanzar en la desintervención de las 11 cajas que actualmente se encuentran bajo esa medida, así como un proyecto de ley para fortalecer las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

¿Qué cambios prepara el Gobierno De la Espriella para las cajas de compensación?

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con las 11 cajas de compensación familiar intervenidas. Durante el encuentro, López Fuentes manifestó que el Gobierno busca avanzar en los procedimientos necesarios para superar esas medidas antes de que finalice el periodo presidencial: “El mensaje es claro: esas 11 cajas intervenidas deben lograr su desintervención antes de que finalice este Gobierno”, afirmó la ministra del Trabajo.

La declaración establece una meta para la administración, pero no significa que las intervenciones vayan a terminar automáticamente ni que exista una fecha definitiva para cada entidad. El propio anuncio señala que los procesos deben avanzar conforme a los procedimientos y requisitos legales establecidos.

Para los afiliados, la situación es relevante porque las cajas participan en la entrega de subsidios y en la prestación de distintos servicios sociales. Sin embargo, el comunicado no identifica cuáles son las 11 entidades intervenidas ni detalla cambios específicos en los servicios que reciben actualmente sus usuarios.

Proyecto de ley busca reforzar la vigilancia sobre las cajas de compensación

El segundo frente de la estrategia es un proyecto de ley que busca fortalecer las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad encargada de supervisar el funcionamiento de estas organizaciones.

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La iniciativa se presenta en cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional y propone establecer reglas más claras para aplicar medidas administrativas a las cajas de compensación.

Entre sus principales elementos está la diferenciación entre las medidas cautelares y las sanciones administrativas. Aunque ambas pueden formar parte de actuaciones de supervisión, no tienen el mismo propósito ni deben aplicarse bajo criterios indistintos.

El proyecto también contempla causales objetivas para adoptar medidas y garantías relacionadas con el debido proceso y el derecho de defensa. El propósito es que las decisiones de las autoridades tengan reglas claras y que las entidades puedan conocer las razones de las actuaciones que las afectan.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, estos cambios buscan ofrecer mayor seguridad jurídica a las 42 cajas de compensación familiar del país y fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del sistema.

Es importante tener en cuenta que se trata de una propuesta legislativa: la información divulgada no señala que el proyecto ya haya sido aprobado ni que las nuevas reglas estén vigentes.

El Gobierno señaló que continuará trabajando con las entidades competentes y los actores del sistema para fortalecer su funcionamiento, promover la formalización laboral y contribuir al bienestar de los colombianos.

Los próximos pasos estarán relacionados con el avance de los procesos de intervención, el trámite del proyecto de ley y la aplicación de las normas vigentes mientras se definen eventuales modificaciones.

(También puede leer: Tras el caso Presto, Gobierno De la Espriella anuncia plan para rescatar otras empresas en riesgo de quiebra)

Para los trabajadores, la recomendación es consultar los canales oficiales de su caja de compensación para conocer los servicios disponibles, los requisitos de cada programa y cualquier comunicación que pueda afectar su afiliación o sus beneficios.

En el contexto de estas declaraciones, surge la posición previamente expresada por Fabio Arias, expresidente de la CUT, quien propuso inicialmente un aumento del 38,5 %, lo cual representaría cerca de $674.000 más en el salario básico mensual y llevaría el sueldo a unos $2,42 millones, sin incluir subsidios de transporte. Sin embargo, esa cifra es solo un punto de partida para la discusión interna dentro de la central sindical y no constituye, por ahora, una propuesta definitiva. Así, el debate se encuentra todavía en una fase preliminar; se requiere un proceso de concertación para llegar a un acuerdo que contemple las distintas perspectivas involucradas.

La discusión sobre el incremento salarial incorpora también otras voces expertas, como la de Giovanni González, docente e investigador de la Universidad Javeriana, quien señaló que la negociación debe tener en cuenta factores como la competitividad empresarial, las diferencias en los ingresos entre regiones del país y la realidad laboral de los trabajadores independientes. Estas observaciones refuerzan la necesidad de mirar más allá de la inflación y el porcentaje de ajuste anual, agregando complejidad al debate.

El antecedente inmediato lo constituye el aumento del 23,7 % aplicado en 2026, una decisión que desató controversias y acciones judiciales, de acuerdo con la información citada. Esto refleja que las negociaciones del salario mínimo en Colombia habitualmente son motivo de amplio debate y no están exentas de tensiones. Para 2027, la cifra definitiva está aún sin definir y dependerá de la capacidad de los distintos sectores para construir un consenso que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el aumento del salario mínimo en los trabajadores y empresas de Colombia?

El aumento del salario mínimo incide directamente en los ingresos de millones de trabajadores colombianos y afecta los costos operativos de las empresas. De acuerdo con datos citados por La FM y las posiciones de la CUT, este ajuste se considera clave para el poder adquisitivo de los hogares y puede influir en la generación de empleo y la competitividad entre regiones, por lo que el porcentaje de incremento genera un intenso debate social y económico cada año.

¿Qué factores se analizan para determinar el aumento del salario mínimo en Colombia?

De acuerdo con declaraciones recogidas por La FM y opiniones de expertos como Giovanni González, el análisis para definir el aumento del salario mínimo en Colombia va más allá de la inflación. Incluye la capacidad de compra de los hogares, la productividad, el modelo de desarrollo económico, la competitividad, las diferencias salariales regionales y la situación de los trabajadores independientes, por lo que se trata de una negociación compleja e integral.

De modo práctico, la tasa de cambio nominal permite saber, con exactitud, cuántos pesos colombianos se necesitan para comprar un dólar. Es decir, su variación se traduce directamente en el costo de la moneda extranjera para los colombianos y, por tanto, afecta tanto a ciudadanos como empresas e instituciones con intereses en el exterior.

Los cambios en la tasa de cambio inciden sobre la economía nacional a través de dos conceptos fundamentales: depreciación y apreciación. Según el artículo consultado, cuando la tasa de cambio nominal aumenta, se presenta una depreciación del peso colombiano. Esto quiere decir que la moneda nacional pierde valor frente al dólar, y como resultado, los actores económicos deben pagar más pesos por cada dólar, lo que encarece la importación de bienes, insumos o servicios.

En sentido opuesto, si la tasa de cambio nominal disminuye, el peso colombiano se aprecia. En este caso, se necesita una menor cantidad de pesos para adquirir un dólar, lo que abarata los productos importados. No obstante, este escenario suele ser desfavorable para los exportadores, quienes pueden ver reducida su competitividad ante el fortalecimiento de la moneda local.

Para realizar un seguimiento estructurado y oficial a estas oscilaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la información del texto, la TRM es el promedio aritmético de las tasas ponderadas de las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses que se realizan por bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

Es importante resaltar que, para ser incluidas en la TRM, las operaciones deben comprometerse y liquidarse en la misma jornada. Actualmente, de acuerdo con la información consultada, la TRM se encuentra en 3.148,02 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, lo que sirve como un dato orientador para el público y los agentes económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM en Colombia se determina como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses por parte de entidades financieras autorizadas. Todos los movimientos deben cumplirse el mismo día para ser incluidos en el cálculo oficial.

¿Qué consecuencias tiene la variación de la tasa de cambio en las importaciones y exportaciones colombianas?

Cuando la tasa de cambio sube, la depreciación del peso hace que las importaciones sean más costosas, dificultando la adquisición de bienes extranjeros. Si la tasa baja y el peso se aprecia, los productos importados resultan más baratos, pero los exportadores colombianos pierden competitividad debido al fortalecimiento de la moneda local.

Según el Índice de Bienestar Financiero en Colombia 2026, solo el 37,7 % de los encuestados asegura que le queda dinero al finalizar el mes, mientras que el indicador de separar dinero para ahorrar al recibir los ingresos llega a 58,2 sobre 100.

La situación es más compleja entre los hogares con menores ingresos. El 32 % de quienes reciben menos de tres salarios mínimos todavía no logra destinar recursos de manera consistente al ahorro y, ante gastos inesperados, suele recurrir al crédito o al apoyo de terceros.

Además, las emergencias son la principal razón por la que los colombianos ahorran.

DataCrédito Experian plantea cinco acciones para fortalecer este hábito: calcular cuánto dinero queda realmente disponible después de cubrir obligaciones, registrar los gastos, definir una meta concreta, separar una cantidad al recibir los ingresos y revisar periódicamente la situación financiera.

La entidad señala que no existe un monto único o porcentaje ideal para todos. El ahorro debe ajustarse a los ingresos, gastos y obligaciones de cada persona. La planificación y el conocimiento de las finanzas permiten establecer metas realistas y construir progresivamente un respaldo para enfrentar imprevistos y cumplir objetivos futuros.

Durante ese mes se matricularon 33.835 vehículos nuevos, frente a las 24.862 unidades registradas en septiembre de 2025 y las17.117 de 2024. Esto representa un crecimiento del 36,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

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La tendencia también se refleja en el balance acumulado. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos, un incremento del 41,2 % frente a las 175.025 unidades del mismo periodo de 2025. En comparación con las 135.277 matrículas reportadas durante los primeros nueve meses de 2024, el aumento fue cercano al 83 %.

Sin embargo, las condiciones para comprar vehículos en el país podrían cambiar si el Gobierno de Abelardo de la Espriella concreta una propuesta incluida en el borrador del Estatuto Antiterrorista, que contempla restricciones al uso de dinero en efectivo para adquirir bienes de alto valor, como automóviles, viviendas y terrenos.

La iniciativa busca fortalecer los controles sobre el origen y el movimiento de los recursos para prevenir operaciones relacionadas con la financiación del terrorismo y el lavado de activos.

¿Cómo se permitiría el cambio en la compra de vehículos en Colombia?

De implementarse, la medida podría impulsar el uso de transferencias bancarias y otros medios de pago que permitan rastrear las transacciones y verificar la identidad de quienes envían y reciben el dinero.

(Lea también: Gas natural vehicular se dispara y alcanza precio histórico de $ 5.000: ¿por qué subió tanto?)

No obstante, todavía no se ha definido el monto a partir del cual se limitarían los pagos en efectivo ni las posibles excepciones para determinadas operaciones. Estos aspectos serán determinantes para establecer el alcance de la propuesta y sus efectos sobre las transacciones de bienes de alto valor.

Por ahora, la iniciativa permanece en fase de borrador. En consecuencia, no existe una prohibición definitiva para comprar vehículos en efectivo. Cualquier cambio dependerá del contenido del proyecto que eventualmente se presente ante el Congreso de la República y del trámite legislativo correspondiente.

Este cálculo es un escenario hipotético y no corresponde al porcentaje que se haya definido para el próximo año.

El ajuste será discutido por el Gobierno, los sindicatos y los representantes de los empleadores, teniendo en cuenta factores económicos y laborales.

Uno de los principales indicadores para la negociación es la inflación. Según el Dane, la inflación anual llegó al 6,29 % en septiembre de 2026, mientras que la variación acumulada en el año alcanzó 5,74 %. Sin embargo, este dato no determina automáticamente el aumento del salario mínimo.

La Ley 278 de 1996 establece que también deben considerarse la meta de inflación, la productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el IPC.

La Comisión de Concertación debe buscar un acuerdo antes del 15 de diciembre. Si no hay consenso, el Gobierno tendrá que fijar el salario mínimo de 2027 mediante decreto, a más tardar el 30 de diciembre.

Una de las fuentes principales de estos recursos, según el Ministerio de Hacienda, sería la reprogramación de proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026. Específicamente, se contempla emplear 750.000 millones de pesos de estos proyectos para “garantizar la liquidez de las generadoras térmicas y evitar riesgos en el suministro de energía, especialmente en la región Caribe”, explicó la cartera. De acuerdo con la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro del Pacto Histórico, estos proyectos corresponden a la Línea 1 del Metro y la troncal de Transmilenio de la calle 13. Pizarro resaltó que, de los 1.235.269 millones de pesos asignados al Metro, se busca una reducción de casi el 45 %, mientras que el presupuesto para la calle 13 disminuiría en 67 % de 2026 a 2027.

Estos recursos forman parte de los compromisos de cofinanciación de la Nación, que cubren hasta el 70 % del proyecto de la Primera Línea del Metro. El ministro de Hacienda aclaró que en 2025, este convenio tuvo un otrosí firmado por el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, lo cual permitía aplazar los aportes sin afectar “la sostenibilidad financiera del proyecto ni en las metas previstas”. Gómez puntualizó que la decisión de mover los desembolsos fue tomada previamente y señaló que “fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí y movió los desembolsos de 2026 para 2027 en adelante”.

En cuanto a la troncal de la calle 13, el proceso ha sido declarado desierto en cuatro ocasiones, ya que ninguna empresa constructora presentó ofertas debido, principalmente, a la negativa de las aseguradoras a respaldar los proyectos por los altos riesgos identificados.

La secretaria de Hacienda del Distrito, Ana María Cadena, defendió en su cuenta de X que las modificaciones presupuestales corresponden al acuerdo entre Nación y Distrito, autorizando la reprogramación de los desembolsos sin afectar los aportes totales ni el cronograma de ejecución. Incluso, afirmó que la medida permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para Bogotá. Cadena concluyó que este tipo de ajustes optimizan los recursos y permiten hacer nuevas inversiones en beneficio de la ciudad.

Respecto al avance del Metro, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró en entrevista con Blu Radio que la meta es que los bogotanos puedan comenzar a utilizar la Primera Línea el 15 de marzo de 2028. Según El Espectador, al cierre de septiembre se registraba un avance del 83,73 % y ya han llegado 20 de los 30 trenes previstos para la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se utilizarán sus recursos en 2026?

El Fondo Milagro, según información de El Espectador, recibirá parte de los recursos recaudados para ser destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Esta asignación hace parte de la reprogramación presupuestal propuesta por MinHacienda en el marco de los cambios al Presupuesto 2026.

¿Por qué se ha pospuesto la financiación para la Línea 1 del Metro y la troncal de la calle 13?

La modificación del presupuesto obedece a un acuerdo firmado en 2025 entre la Nación y el Distrito, lo que permitió reprogramar los desembolsos sin afectar el monto total ni el ritmo de las obras. Además, los desafíos en la calle 13 se explican por la falta de ofertas debido a la negativa de aseguradoras a respaldar el proyecto, dada la percepción de alto riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Programada para los días 28 y 29 de octubre de 2026 en el Hotel Sheraton Bogotá, la cumbre espera recibir a más de 450 asistentes, entre los que se encuentran directivos de empresas, consultores especializados y representantes de diversos sectores económicos. La agenda contempla la participación de al menos 25 expertos nacionales e internacionales, quienes profundizarán en temas cruciales para la industria, como mercados internacionales, seguridad energética, logística exportadora, tributación, nuevas tecnologías y gestión del riesgo. Además, se prevé la existencia de espacios específicos para dialogar sobre el futuro del carbón y el coque en Colombia, así como su influencia en la competitividad y el proceso de reindustrialización del país.

Uno de los aspectos destacados del evento será la presencia de una misión empresarial proveniente de Polonia, organizada por la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH). Este grupo empresarial, que contará con un stand nacional, buscará identificar oportunidades de negocio y explorar posibles alianzas tecnológicas con empresas y entidades colombianas, además de establecer vínculos con otros países de la región andina. Dentro de la programación sobresalen la entrega del Galardón Hechos al Carbón y el Reconocimiento a la Mujer Minera de Cundinamarca, reconocimientos que buscan visibilizar los logros y avances en el sector minero.

Estos encuentros especializados, como resalta Invest in Bogotá, contribuyen a fortalecer los lazos de la ciudad capital con empresarios, instituciones y expertos internacionales, lo que permite el intercambio de conocimientos y la apertura de nuevas posibilidades comerciales para Bogotá y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordarán en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026 en Bogotá?

Según información de Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, el evento se enfocará en mercados internacionales, seguridad energética, logística exportadora, tributación, integración de nuevas tecnologías y gestión del riesgo. Además, se abrirán espacios para debatir el futuro del sector, la reindustrialización y la competitividad de la industria del carbón y el coque en Colombia.

¿Cuál será el papel de Polonia en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026?

De acuerdo con el portal oficial de Bogotá, Polonia tendrá una misión empresarial respaldada por la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH). Esta delegación buscará identificar oportunidades de negocio y cooperación tecnológica, así como establecer alianzas con empresas colombianas y de la región andina, además de participar en actividades empresariales y encuentros institucionales durante la cumbre.

Una de las fuentes principales de estos recursos, según el Ministerio de Hacienda, sería la reprogramación de proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026. Específicamente, se contempla emplear 750.000 millones de pesos de estos proyectos para “garantizar la liquidez de las generadoras térmicas y evitar riesgos en el suministro de energía, especialmente en la región Caribe”, explicó la cartera. De acuerdo con la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro del Pacto Histórico, estos proyectos corresponden a la Línea 1 del Metro y la troncal de Transmilenio de la calle 13. Pizarro resaltó que, de los 1.235.269 millones de pesos asignados al Metro, se busca una reducción de casi el 45 %, mientras que el presupuesto para la calle 13 disminuiría en 67 % de 2026 a 2027.

Estos recursos forman parte de los compromisos de cofinanciación de la Nación, que cubren hasta el 70 % del proyecto de la Primera Línea del Metro. El ministro de Hacienda aclaró que en 2025, este convenio tuvo un otrosí firmado por el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, lo cual permitía aplazar los aportes sin afectar “la sostenibilidad financiera del proyecto ni en las metas previstas”. Gómez puntualizó que la decisión de mover los desembolsos fue tomada previamente y señaló que “fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí y movió los desembolsos de 2026 para 2027 en adelante”.

En cuanto a la troncal de la calle 13, el proceso ha sido declarado desierto en cuatro ocasiones, ya que ninguna empresa constructora presentó ofertas debido, principalmente, a la negativa de las aseguradoras a respaldar los proyectos por los altos riesgos identificados.

La secretaria de Hacienda del Distrito, Ana María Cadena, defendió en su cuenta de X que las modificaciones presupuestales corresponden al acuerdo entre Nación y Distrito, autorizando la reprogramación de los desembolsos sin afectar los aportes totales ni el cronograma de ejecución. Incluso, afirmó que la medida permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para Bogotá. Cadena concluyó que este tipo de ajustes optimizan los recursos y permiten hacer nuevas inversiones en beneficio de la ciudad.

Respecto al avance del Metro, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró en entrevista con Blu Radio que la meta es que los bogotanos puedan comenzar a utilizar la Primera Línea el 15 de marzo de 2028. Según El Espectador, al cierre de septiembre se registraba un avance del 83,73 % y ya han llegado 20 de los 30 trenes previstos para la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se utilizarán sus recursos en 2026?

El Fondo Milagro, según información de El Espectador, recibirá parte de los recursos recaudados para ser destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Esta asignación hace parte de la reprogramación presupuestal propuesta por MinHacienda en el marco de los cambios al Presupuesto 2026.

¿Por qué se ha pospuesto la financiación para la Línea 1 del Metro y la troncal de la calle 13?

La modificación del presupuesto obedece a un acuerdo firmado en 2025 entre la Nación y el Distrito, lo que permitió reprogramar los desembolsos sin afectar el monto total ni el ritmo de las obras. Además, los desafíos en la calle 13 se explican por la falta de ofertas debido a la negativa de aseguradoras a respaldar el proyecto, dada la percepción de alto riesgo.

El encuentro abordó diversas iniciativas estratégicas, como la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la construcción de un tren de cercanías, la vía Mulaló-Loboguerrero y el dragado necesario para el puerto de Buenaventura. Según la CCI, también se discutieron alternativas para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, cuando el departamento debe no solo enfrentar los estragos de la emergencia, sino también mantener su competitividad e impulsar obras clave.

Sobre la modernización aeroportuaria, Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI, enfatizó que las iniciativas privadas permiten adelantar ampliaciones sin recursos estatales directos, pues los proyectos recaen financieramente sobre los privados. Diana Rojas, directora ejecutiva de la CCI Occidente, subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transporte para destrabar el proceso y lograr que la terminal opere, bajo las condiciones previstas, al cierre del próximo año.

En cuanto al puerto de Buenaventura, Liborio Cuéllar, gerente de la Sociedad Portuaria Regional, manifestó que la limpieza y el dragado del canal de acceso siguen siendo esenciales ante los desafíos financieros y regulatorios que enfrenta el proyecto. Las obras viales como la variante interna de Buenaventura, presentadas por Juan Carlos Ruiz, gerente general de Unión Vial Camino del Pacífico, ya alcanzan aproximadamente un 33 % de avance, centradas en mejorar la circulación y transporte de carga.

El director de Operaciones de TCBuen, David Martínez, propuso establecer un plan maestro logístico a largo plazo, coordinando inversiones públicas y privadas para responder a las necesidades futuras del puerto. Además, se mencionó la posibilidad de electrificar muelles, utilizar combustibles de bajo carbono y revisar el régimen de concesiones.

La reconstrucción tras el terremoto fue otro asunto primordial. De acuerdo con Christian Garcés, presidente del Bloque Regional y Parlamentario, la inversión inicial requerida oscilaría en los 15 billones de pesos entre 2026 y 2027, con una proyección de 50 billones durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El comunicado de la CCI detalla que, para obtener estos recursos, se analizarán mecanismos como Obras por Impuestos y estrategias que articulen al Estado, la empresa privada y los gremios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué retos enfrenta la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el Valle del Cauca?

La modernización del aeropuerto enfrenta retos principalmente en el financiamiento y en la coordinación entre las entidades privadas, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el Ministerio de Transporte. Las iniciativas privadas buscan evitar el uso de fondos estatales, pero se requiere destrabar procesos administrativos y cumplir con los tiempos previstos para que la obra entre en funcionamiento según lo señalado por sus directivas.

¿Cuáles son las principales obras de infraestructura discutidas para el Valle del Cauca y cómo serán financiadas?

Las principales obras incluyen la ampliación del aeropuerto, el dragado del puerto de Buenaventura, nuevas vías como Mulaló-Loboguerrero y proyectos de conectividad logística. Para financiarlas, se contemplan mecanismos privados, la figura de Obras por Impuestos, y recursos públicos, en especial para la reconstrucción post terremoto, según lo que se discutió en el encuentro convocado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Victoria Castillo González fue seleccionada por la Junta Directiva, luego de que se diera por terminado el contrato laboral de Carlos Hernando Enciso Pérez, quien ocupaba el cargo de presidente ejecutivo desde el 30 de julio de 2024. El proceso para elegir a la nueva directiva incluyó criterios de selección y meritocracia que, de acuerdo con lo expuesto por la entidad, fueron adelantados en 2024 por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).

En cuanto a la trayectoria profesional de la nueva presidenta, destaca su experiencia en el sector público, donde ejerció roles como la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima y desempeñó diferentes cargos en el departamento y otras regiones del país. Estos antecedentes fueron relevantes para que la Junta Directiva optara por su perfil, valorando su conocimiento y gestión en ámbitos públicos y administrativos.

La elección de Castillo González ocurre en un momento crucial para la Cámara de Comercio, institución reconocida por su acompañamiento constante a comerciantes, emprendedores y empresarios. Además, tiene una función esencial en la promoción de programas e iniciativas que buscan fortalecer la actividad económica de Ibagué y del departamento del Tolima. A partir de este nuevo liderazgo, la Junta Directiva enfatizó la voluntad de continuar como aliado estratégico del sector empresarial, haciendo énfasis en valores como la transparencia, la firmeza gerencial y la puesta en marcha de proyectos que aporten al desarrollo de la región.

Finalmente, la entidad también manifestó gratitud a Carlos Hernando Enciso Pérez por su entrega y trabajo durante el periodo en que estuvo al frente de la organización, deseándole éxito en sus nuevos desafíos personales y laborales. De este modo, la llegada de Victoria Castillo González representa el inicio de una nueva etapa administrativa, con grandes retos de cara a los empresarios locales, quienes esperan acciones que propicien competitividad y desarrollo económico en la capital tolimense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Victoria Castillo González y qué experiencia tiene en cargos públicos?

Victoria Castillo González es ingeniera y ha trabajado previamente en entidades públicas, destacándose por su liderazgo en la Fábrica de Licores del Tolima y por su desempeño en diversos cargos dentro del departamento y en otras regiones. Esta experiencia fue uno de los factores principales para que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué la designara como nueva presidenta ejecutiva, según la información oficial de la entidad.

¿Por qué es relevante el cambio en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué?

El nombramiento de Victoria Castillo González como presidenta ejecutiva es relevante porque representa la primera vez en los 103 años de historia de la Cámara de Comercio de Ibagué que una mujer asume el cargo en propiedad. Además, se produce en un momento clave para la institución, que busca fortalecer su papel en el acompañamiento al sector empresarial y en la generación de proyectos para el desarrollo económico del Tolima, de acuerdo con las declaraciones de la Junta Directiva.

Dos proyectos anunciados en Barranquilla e Ibagué incorporarán conjuntamente 72.210 metros cuadrados de construcción, fortaleciendo la oferta de comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios. Mallplaza Buenavista proyecta una ampliación de 40.000 m2, mientras La Estación Ibagué desarrollará una segunda etapa de 32.210 metros cuadrados. Ambas iniciativas reflejan la confianza de los desarrolladores inmobiliarios en el potencial del consumo regional y en la capacidad de los centros comerciales existentes para atraer nuevas inversiones y marcas.

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos del desarrollo inmobiliario comercial en Colombia. En esta oportunidad, Mallplaza Buenavista, ubicado en el norte de la ciudad, prepara una ampliación de 40.000 m2 que fortalecerá su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales del Caribe colombiano y que, según sus promotores, podría convertirlo en el complejo comercial de mayor dimensión del país.

El anuncio fue realizado por Jorge Segebre socio de AS Construcciones S.A.S., firma desarrolladora de los centros comerciales Buenavista, quien confirmó que el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevos niveles sobre el sector donde actualmente funciona Homecenter, incorporando una propuesta arquitectónica moderna y una oferta comercial orientada a atraer marcas que todavía no tienen presencia en Barranquilla.

De acuerdo con el empresario, las obras comenzarían en junio de 2027, tendrían una duración aproximada de 14 meses y permitirían inaugurar la ampliación hacia finales de 2028. La inversión representa una nueva apuesta por el desarrollo económico de la capital del Atlántico y tendría capacidad para generar más de 1.000 empleos durante sus diferentes etapas.

Uno de los principales componentes de la ampliación será el fortalecimiento de la oferta gastronómica y de entretenimiento, dos actividades que han ganado participación dentro de la propuesta de valor de los centros comerciales. Esta orientación responde a una transformación en los hábitos de consumo, donde los visitantes buscan experiencias que trasciendan las compras tradicionales y encuentren en estos espacios alternativas de encuentro, recreación y esparcimiento.

La incorporación de marcas que actualmente no operan en Barranquilla representa otra de las oportunidades estratégicas del proyecto. Para los retailers nacionales e internacionales, la capital del Atlántico constituye un mercado relevante por su actividad empresarial, crecimiento urbano y capacidad de atracción sobre consumidores de otros municipios del departamento y de la región Caribe.

La ampliación también plantea un escenario de mayor competencia comercial en el norte de Barranquilla, donde se concentra una parte importante de la oferta de centros comerciales de la ciudad. El reto consistirá en convertir los nuevos metros cuadrados en mayor tráfico, crecimiento de las ventas y productividad para los establecimientos, evitando que la expansión represente únicamente una redistribución del consumo existente.

Uno de los anuncios más ambiciosos de Segebre es que, con la ampliación, Buenavista podría convertirse en el centro comercial más grande de Colombia. Esta afirmación deberá analizarse una vez se conozcan las cifras definitivas del área construida y del área comercial arrendable (GLA), indicador utilizado internacionalmente para comparar la dimensión comercial de estos activos inmobiliarios.

Desde la perspectiva de Mall & Retail, el proyecto constituye una muestra de cómo los centros comerciales consolidados pueden continuar creciendo mediante la incorporación de nuevas superficies, categorías comerciales y experiencias de consumo. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será exclusivamente su dimensión física, sino la capacidad para incrementar las ventas, fortalecer la ocupación y mejorar la rentabilidad de los comerciantes.

En la capital del Tolima, el Centro Comercial La Estación prepara una nueva etapa de expansión que transformará su dimensión inmobiliaria y fortalecerá su participación dentro del mercado comercial regional. Después de 15 años de trayectoria, el complejo desarrollará una ampliación de 32.210 metros cuadrados de construcción, con una propuesta que integrará nuevos establecimientos comerciales, gastronomía, entretenimiento y servicios hoteleros.

El proyecto permitirá incrementar el área construida del centro comercial de 57.819 a 90.029 metros cuadrados, equivalente a un crecimiento del 55,7 %. Paralelamente, el número de locales comerciales pasará de 266 a 376 establecimientos, mediante la incorporación de 110 nuevas unidades que representan un aumento del 41,4 % en su inventario comercial.

La ampliación contempla igualmente la construcción de 313 estacionamientos adicionales, que se sumarán a los más de 1.000 actualmente disponibles, así como un nuevo nivel destinado a gastronomía y entretenimiento. Las dos etapas estarán conectadas mediante un enlace peatonal climatizado de 600 metros cuadrados, facilitando la circulación de visitantes y la integración comercial de todo el complejo.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto será la incorporación de un hotel de 102 habitaciones, una decisión que permitirá diversificar las fuentes de tráfico y fortalecer la relación del centro comercial con actividades distintas al consumo tradicional. Esta integración responde a una tendencia internacional de desarrollo de complejos de usos mixtos, donde comercio, entretenimiento, alojamiento y servicios se complementan para aumentar la permanencia de los visitantes.

La decisión de ampliar La Estación encuentra respaldo en sus actuales indicadores operacionales. Según información del centro comercial, el complejo recibe aproximadamente 7,5 millones de visitantes anuales, equivalentes a un promedio de 625.000 personas mensuales, mientras la ocupación de su primera etapa se ha mantenido por encima del 98 % durante los últimos 12 meses.

Adicionalmente, más de 100 marcas han manifestado interés en participar en la nueva etapa, incluyendo empresas que actualmente operan en el establecimiento y buscan ampliar sus superficies comerciales, así como compañías que proyectan ingresar por primera vez al mercado de Ibagué. La mayoría de los espacios disponibles tendrá áreas entre 60 y 100 metros cuadrados, dimensiones que responden a los requerimientos de diferentes formatos comerciales.

La trayectoria de La Estación ha estado vinculada con la llegada de reconocidas marcas al mercado tolimense. El complejo incorporó a la ciudad operadores como Cine Colombia, McDonald’s, Pepe Ganga y SAO, contribuyendo a ampliar la oferta comercial y a modificar los hábitos de compra y entretenimiento de los consumidores. Actualmente, reúne 30 marcas que, según sus promotores, cuentan con presencia exclusiva

Augusto Salazar López, arquitecto y constructor de La Estación Ibagué, ha señalado que la ampliación responde a la confianza de las marcas y a la evolución comercial del establecimiento. Su planteamiento resume la transformación experimentada por el complejo desde sus primeros años, cuando el desarrollo surgió sobre un terreno que posteriormente se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Para Mall & Retail, uno de los principales atributos de esta ampliación es que parte de una demanda comercial identificada, sustentada en elevados niveles de ocupación y en el interés de nuevos operadores. No obstante, la incorporación de 110 locales exigirá mantener el equilibrio entre la oferta y la capacidad de consumo de la zona de influencia, especialmente para garantizar que el crecimiento de la superficie comercial se traduzca en mayores ventas y no solamente en una distribución diferente del tráfico existente.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el ajuste que se defina para 2027 debe proteger a las empresas y los comercios del país, sin dejar de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

(Vea también: Alertan por problema que se daría con el salario mínimo para el otro año en Colombia; ¿de qué depende?)

Para el presidente de Fenalco, no es viable considerar otro aumento del salario mínimo en Colombia tan alto como el decretado para este año, al que atribuyó la inflación y la pérdida de puestos de trabajo.

Con base en lo anterior, el líder de los comerciantes propone que el incremento no supere el 9 %, mientras que analistas y otros empresarios del país consideran que el límite debería ser del 8 %.

Este sería el salario mínimo en Colombia con un aumento del 9 %

Si se aceptara la propuesta de un aumento del 9 %, el salario mínimo quedaría en $1.952.086, lo que representaría un ajuste cercano a los $162.000, sin incluir el incremento del auxilio de transporte.

“La inflación producto del incremento del 23% al salario mínimo está en los niveles que está, y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido”, señaló Cabal.

El dirigente gremial pidió retomar un ajuste salarial que, aunque resulte políticamente costoso para el Gobierno, “para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”.

(Lea también: Con esta propuesta, salario mínimo en Colombia podría quedar muy cerca de los $2.500.000)

Se prevé que la discusión sobre el salario mínimo en Colombia para el año entrante comience a mediados de noviembre, con la participación del Gobierno, los empresarios, los trabajadores y los pensionados.

Los fondos de inversión son fundamentales para transformar el ‘retail’. Además de aportar capital para adquisiciones y expansión, introducen disciplina financiera, gobierno corporativo, tecnología, economías de escala y mayor capacidad de negociación. Su objetivo es elevar la productividad y el valor de las compañías. Pero disponer de recursos y experiencia en compras empresariales no garantiza el éxito: cuando el crecimiento no produce rentabilidad, también corresponde examinar las decisiones de quienes financiaron y supervisaron la estrategia.

Fundada en 1996, Mesoamérica ha invertido en alimentos, energía, telecomunicaciones y servicios, con resultados diversos. En 2019 adquirió el 35 % de Alquería, para fortalecer las finanzas de la compañía láctea. En restaurantes, el balance es menos favorable: OMA, incorporada desde 2011, enfrentó dificultades y una reorganización; Presto, adquirida en 2012, llegó a liquidación judicial. En Chile, Unifood, operadora de Pedro, Juan & Diego, Pollo Stop y heladerías Savory, sufrió reorganizaciones, liquidaciones y ventas de activos.

Mesoamérica compró el 75 % de Unifood en 2016 y luego completó su participación. El estallido social chileno de 2019, la pandemia, el aumento de los costos y las obligaciones financieras golpearon una extensa red de restaurantes. En 2023 se iniciaron reorganizaciones por pasivos cercanos a 45.000 millones de pesos chilenos. En 2026 entraron en liquidación sociedades vinculadas a Pedro, Juan & Diego y Savory, mientras Pollo Stop fue vendido. El caso plantea preguntas sobre deuda, productividad y adaptación, sin demostrar responsabilidad legal del accionista.

Presto: de símbolo nacional a empresa en crisis

Presto nació en 1980 por iniciativa de Valores Bavaria, vinculada al Grupo Santo Domingo, como parte de su diversificación. Durante décadas se convirtió en una referencia de las hamburguesas en Colombia, con una marca reconocida por generaciones. Más tarde, Presto y Burger Station pasaron a inversionistas privados relacionados con franquicias, antes de incorporarse al portafolio de Mesoamérica.

En 2012, el fondo adquirió Frayco, propietaria de Presto y de conceptos como Tacos & Bar-BQ y BBQ. La operación reunía más de 150 establecimientos y prometía una plataforma gastronómica con mayor escala, eficiencia y expansión. Junto con OMA, consolidó su apuesta gastronómica. Pero cada local debía vender lo suficiente para cubrir arriendos, nómina, insumos y administración.

De acuerdo con el Mapa del Retail, elaborado por Mall & Retail desde 2016, Presto alcanzó su mejor desempeño comercial en 2019, cuando registró ingresos por $139.007 millones. Sin embargo, después de la pandemia, la cadena no logró recuperar su escala de ventas y, en 2025, su facturación se situó en $108.629 millones, cifra que representa una contracción del 21,9 % frente a 2019.

Más preocupante aún es el comportamiento de su rentabilidad: durante los últimos diez años, la compañía acumuló pérdidas cercanas a $67.000 millones, lo que evidencia que sus dificultades financieras no respondían exclusivamente a los efectos de la pandemia, sino a problemas estructurales de rentabilidad y sostenibilidad de su modelo de negocio. Esta combinación de menores ingresos y pérdidas recurrentes terminó debilitando su capacidad financiera y comprometiendo la viabilidad de su operación.

La presión competitiva se intensificó con nuevas cadenas internacionales, hamburgueserías especializadas y propuestas gastronómicas que disputan ocasiones de consumo. También pesaron los cambios de hábitos, los costos y la sensibilidad al precio. Para una red de establecimientos físicos, sostener locales con productividad insuficiente puede erosionar el flujo de caja aun cuando la marca conserve reconocimiento y tráfico.

Una reorganización que no consiguió salvar el negocio

En julio de 2023, la sociedad operadora de Presto ingresó a un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. El mecanismo buscaba renegociar deudas, recuperar capacidad de pago y preservar la actividad. En abril de 2026 se confirmó un acuerdo apoyado por el 81,39 % de los acreedores reconocidos, con obligaciones por aproximadamente $31.000 millones tras los ajustes pactados. El acuerdo ofrecía una salida, pero dependía de generar caja suficiente para cumplir pagos y financiar la operación diaria.

Ese equilibrio no se alcanzó. Las dificultades de liquidez y los incumplimientos llevaron a solicitar la liquidación judicial, decretada en octubre de 2026. La decisión cerró el intento de reorganización, aunque no supone necesariamente el cierre inmediato de cada restaurante: el proceso puede buscar la continuidad de la unidad productiva o su venta a un tercero. Presto conservaba cerca de 88 puntos de venta, un formato móvil y alrededor de 700 empleos directos, cuyo futuro depende del proceso y de posibles compradores.

La responsabilidad empresarial de Mesoamérica

El desenlace exige revisar el papel de Mesoamérica, sin confundir una inversión fallida con una culpa demostrada. Para medir su influencia deben revisarse accionistas, juntas, expansión, aportes y deuda. La pandemia y la competencia influyeron, pero no explican por sí solas una década de pérdidas. También importa establecer qué medidas adoptaron accionistas y administradores cuando los indicadores comenzaron a deteriorarse.

La coincidencia de dificultades en Presto y OMA, junto con la crisis de Unifood, plantea una pregunta legítima: ¿las economías de escala prometidas se convirtieron en ventajas operativas reales o se mantuvieron estructuras costosas que la generación de caja no podía sostener?

Alquería muestra que los resultados varían según el sector. Precisamente por eso, cada caso requiere cifras, contexto y responsabilidades diferenciadas.

Presto no perdió su valor histórico ni su reconocimiento entre consumidores; perdió la capacidad financiera para sostener la operación bajo su estructura anterior. La lección para el ‘retail’ global es contundente: comprar marcas, abrir locales y movilizar capital no basta. El éxito de un fondo debe evaluarse también por la rentabilidad, la competitividad y la perdurabilidad de las empresas que acompaña.

De acuerdo con la normativa, esta transferencia se reconoce como una de las mesadas que reciben los jubilados durante el año.

(Lea también:

Los pensionados en Colombia, según indica la norma, reciben un pago más alto que el de las mesadas regulares, toda vez que sobre este no se deben aplicar descuentos.

¿Quiénes reciben la prima de Navidad entre los pensionados en Colombia?

Según la norma, a diferencia de las mesadas ordinarias de los 12 meses del año, para las cuales el aporte a salud es obligatorio y varía entre el 4 %, el 10 % y el 12 %, según el valor total del ingreso, la mesada adicional de fin de año no está sujeta a descuentos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud ni para el Fondo de Solidaridad Pensional.

Hay que tener en cuenta que esta prima de Navidad se entrega a los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, comúnmente denominada sustitución pensional o pensión heredada, así como a quienes reciben una pensión por invalidez.

(Recomendado: Así se definirá el aumento en el pago de las mesadas de los pensionados en Colombia para 2027)

La ley recuerda que, si la entidad pagadora efectúa alguna retención por salud sobre el valor correspondiente a la prima navideña de los pensionados en Colombia, el jubilado puede presentar una reclamación directamente ante la administradora para solicitar la devolución.

Fundado en 1982 en Chía por Andrés Jaramillo y María Stella Ramírez, Andrés Carne de Res evolucionó de un restaurante especializado en carnes a un concepto que integra gastronomía, música, baile y espectáculos, convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento gastronómico colombiano.

Su expansión comenzó en Bogotá, con la apertura de Andrés D.C. en 2009, y continuó en Medellín en 2018, con un establecimiento de aproximadamente 2.500 metros cuadrados en el centro comercial Río Sur. En noviembre de 2020 llegó a Cartagena, al centro comercial La Serrezuela, consolidando su presencia en uno de los principales destinos turísticos del país.

En 2026, la cadena anunció una nueva etapa de crecimiento con su llegada a Cali, mediante un restaurante de más de 1.200 m² en Cenco Limonar, sumado a esta nueva apuesta en Barranquilla

La llegada de Andrés Carne de Res a Barranquilla tiene un componente inmobiliario especialmente relevante. Su establecimiento estará ubicado en Vive Río, frente al Gran Malecón y junto al centro de eventos Puerta de Oro, en un sector que se ha transformado en uno de los principales corredores turísticos, gastronómicos y recreativos de la ciudad.

Vive Río es un complejo inmobiliario de uso mixto. El proyecto contempla una inversión originalmente estimada en $300.000 millones y cerca de 104.000 metros cuadrados  de construcción.

Su diseño comprende dos torres de 34 pisos, inspiradas en las velas de las embarcaciones, con 760 apartamentos de entre 36 y 133 metros cuadrados. La propuesta combina vivienda permanente, alojamiento turístico, oficinas, comercio y servicios, conformando un ecosistema que genera diferentes oportunidades de consumo.

Uno de sus componentes es Gastro Río, una plataforma comercial de aproximadamente 7.090 metros cuadrados y 36 locales, destinada a restaurantes, cafeterías, entretenimiento y comercio de conveniencia. Su localización permite aprovechar tanto la demanda de residentes y huéspedes como el flujo de visitantes del Gran Malecón.

Entre las marcas anunciadas para el complejo figuran Andrés Carne de Res, Farmatodo, Happy Wine y Nori Hand Roll. La incorporación de operadores reconocidos busca posicionar el desarrollo como un destino comercial y gastronómico, más allá de su función residencial.

La importancia del proyecto radica en su capacidad de integrar diferentes actividades económicas. A diferencia de un centro comercial tradicional, Vive Río puede captar consumidores provenientes de la vivienda, el turismo, las oficinas, los eventos y el espacio público circundante.

La llegada de Andrés Carne de Res representa una apuesta por el creciente mercado de entretenimiento de Barranquilla. La empresa busca trasladar al Caribe colombiano su propuesta de gastronomía y espectáculo, caracterizada por una ambientación temática, música y presentaciones artísticas.

La apertura contempla alrededor de 100 oportunidades laborales para cocineros, meseros, músicos, bailarines y actores, reflejando la importancia del componente cultural dentro de su modelo de negocio.

Para Gastro Río, la presencia de Andrés puede convertirse en un factor de diferenciación comercial. Una marca con reconocimiento nacional tiene potencial para generar visitas propias, ampliar la permanencia de los consumidores y beneficiar indirectamente a otros establecimientos del complejo.

Sin embargo, esta incorporación también plantea desafíos. El Gran Malecón ya cuenta con una oferta gastronómica y de entretenimiento que compite por el gasto de residentes y turistas. Andrés deberá demostrar que su experiencia justifica una mayor frecuencia de visitas y logra construir una clientela recurrente.

Desde la perspectiva inmobiliaria, el desempeño del restaurante deberá evaluarse por su capacidad de generar tráfico incremental, productividad por metro cuadrado y complementariedad con la mezcla comercial de Gastro Río.

La expansión de Andrés Carne de Res coincide con importantes cambios en el gobierno corporativo de Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), sociedad controlada mayoritariamente por la familia Robayo Ferro, mientras su fundador, Andrés Jaramillo, conserva una participación minoritaria.

Según información publicada por Halcones y Palomas, Douglas Roy Hewson, vinculado al fondo Portland Private Equity, salió de la junta directiva y fue reemplazado por Laura Carolina Tarazona Raguá. Asimismo, Laura María Medina Peláez asumió la gerencia general y Alfonso Vargas Rojas ingresó como suplente en reemplazo de Robert Wilfred Almeida.

Esta reorganización se produce después de las desinversiones reportadas en Kokoriko y Mimo’s, lo que sugiere un cambio de estrategia: pasar de un grupo gastronómico diversificado a una estructura empresarial más concentrada en Andrés Carne de Res, su marca de mayor reconocimiento. La salida de representantes vinculados a fondos de inversión también plantea interrogantes sobre la evolución de la estructura de propiedad, aunque no constituye evidencia de modificaciones accionarias.

En 2025, IGA registró ingresos por $246.000 millones, utilidades netas de $23.000 millones y una planta de 1.192 trabajadores, cifras que reflejan su dimensión empresarial. Los cambios directivos coinciden con la expansión hacia Cali y Barranquilla, que exigirá mayores capacidades de gestión, control de costos y eficiencia operativa.

El desafío de esta nueva etapa será transformar el posicionamiento de Andrés Carne de Res en un crecimiento rentable y sostenible, demostrando que la concentración en su marca insignia puede generar mayor valor para los accionistas y fortalecer su competitividad en la industria gastronómica colombiana.

La propuesta de Bogotá resalta por su concepción de la vivienda no solo como acceso a un inmueble, sino como un motor de cambio socioeconómico que busca transformar barrios y fortalecer la inclusión social. Según datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa ha entregado más de 38.000 subsidios de vivienda de un objetivo de 75.000 para el cuatrienio, dirigidos especialmente a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos (76,7 % de los beneficiarios) y a mujeres cabeza de hogar (64,4 % de los subsidios). Este enfoque busca atacar las desigualdades y ofrecer oportunidades concretas a quienes tradicionalmente han enfrentado más obstáculos para acceder a una vivienda digna.

De fondo, la estrategia de ‘Mi Casa en Bogotá’ está alineada con la revitalización urbana, pues la llegada de nuevas viviendas impulsa mejoras en calles, servicios y espacios públicos. Según la SDHT, en los barrios donde se han asignado subsidios, el Índice de Revitalización Urbana pasó de 0,41 a 0,46 en promedio, lo que refleja avances en la calidad del entorno para las familias beneficiarias.

En la competencia, proyectos como el de Curitiba, Brasil, relocalizan a familias de áreas riesgosas a barrios con servicios, mientras que en Urla, Turquía, se busca aprovechar viviendas de temporada para crear soluciones habitacionales permanentes mediante ecosistemas compartidos y movilidad sostenible. En Grecia, la apuesta pasa por la remodelación y codiseño de edificios con participación comunitaria. El programa de Bogotá resalta así por su combinación entre subsidios focalizados, empoderamiento de la mujer y mejoramiento del entorno urbano.

Con la nominación y la participación en el Congreso, Bogotá no solo espera obtener el premio, sino también establecer alianzas y cooperación técnica con otros actores internacionales, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La validación por parte de jurados internacionales refuerza la relevancia de este modelo para debatir globalmente sobre el acceso a vivienda digna. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, llegar a la final representa un logro que va más allá de cualquier trofeo: inscribir a Bogotá como referente en la conversación mundial sobre vivienda adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ fue nominado a los World Smart City Awards 2026?

La nominación de ‘Mi Casa en Bogotá’ se debe a su modelo innovador que integra subsidios de vivienda focalizados hacia hogares de menores ingresos y mujeres cabeza de hogar, asociando el acceso a vivienda con procesos de inclusión social y revitalización urbana. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, este enfoque ha permitido mejorar tanto el entorno físico como socioeconómico de los beneficiarios y transformar barrios completos, lo que ha sido destacado por el jurado internacional.

¿Qué es el Índice de Revitalización Urbana y cómo impacta el programa ‘Mi Casa en Bogotá’?

El Índice de Revitalización Urbana es una herramienta utilizada para medir el desarrollo y mejoramiento de las condiciones urbanas en barrios o sectores específicos. De acuerdo con la información de la SDHT, gracias al programa ‘Mi Casa en Bogotá’, este indicador aumentó de 0,41 a 0,46 en zonas donde residen los beneficiarios, lo que significa que la llegada de nuevas viviendas se ha traducido en mejores calles, servicios públicos y espacios de convivencia, beneficiando la calidad de vida en la ciudad.

Mientras los representantes de los trabajadores defienden un incremento de dos dígitos, académicos advierten que la discusión debe considerar otros factores económicos y laborales.

Nelson Alarcón, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que la organización buscará un aumento de dos dígitos durante las negociaciones con el Gobierno y los empresarios.

Según explicó, el ajuste debe garantizar un salario mínimo vital que permita cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

El dirigente sindical también señaló que la negociación debe abordar aspectos como la distribución del ingreso, la productividad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

Además, pidió alcanzar un acuerdo que reconozca la contribución de los trabajadores al desarrollo económico y empresarial.

Por su parte, Giovanni González, profesor de derecho laboral e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, planteó que el debate no debe limitarse a la inflación ni a un porcentaje de incremento.

También propuso analizar la competitividad de las empresas y las diferencias económicas entre regiones, incluso mediante la posibilidad de establecer salarios mínimos regionales.

El académico advirtió que la negociación se concentra en los trabajadores formales, por lo que considera necesario tener en cuenta a los independientes y otros sectores afectados por las decisiones salariales.

El foco de los inversionistas permanece en las posibles consecuencias económicas del nuevo periodo presidencial de Lula da Silva, así como en la manera en que el Gobierno comunicará su estrategia en materia fiscal y presupuestal para los próximos años. Según lo reportado, el principal índice de la Bolsa de São Paulo comenzó el día con una tendencia en alza, logrando recuperar parcialmente las pérdidas experimentadas en la sesión anterior, donde se observó uno de los descensos más marcados en los años recientes. Por otro lado, varias compañías brasileñas listadas en bolsas de Estados Unidos evidencian también un comportamiento positivo, lo que sugiere que la reacción inicial tras el resultado electoral ha dado paso a una mayor estabilidad.

El fortalecimiento del mercado no se limita solo a las acciones. Los títulos de deuda soberana brasileños registran valorizaciones moderadas, al tiempo que disminuye la percepción de riesgo asociada al país frente a los parámetros previos a esta sesión, según se indicó en el informe. En el ámbito cambiario, la moneda local, el real brasileño, logra recuperar terreno frente al dólar estadounidense, que el día anterior había alcanzado niveles máximos no vistos desde inicios de 2025. Esta apreciación del real evidencia la volatilidad inherente a los procesos políticos e ilustra cómo los inversionistas reaccionan a los cambios en la incertidumbre respecto a las políticas económicas del nuevo Gobierno.

Durante la jornada previa, la demanda por dólares se disparó y la moneda brasileña registró una de sus depreciaciones más agudas en tiempos recientes. De acuerdo con los analistas citados, el futuro comportamiento de los mercados dependerá de la capacidad del Gobierno para comunicar con claridad sus prioridades en el manejo de las cuentas públicas, la deuda nacional y el fomento del crecimiento económico. Aunque la recuperación que muestran los mercados es solo parcial, la atención sigue puesta en los próximos anuncios del Ejecutivo y en cómo puedan incidir en las expectativas sobre el rumbo de la economía.

¿Cómo reaccionaron los mercados financieros de Brasil tras la reelección de Lula da Silva?

Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, los mercados financieros de Brasil vivieron una jornada de recuperación en sus principales indicadores. El índice principal de la Bolsa de São Paulo subió después de fuertes caídas, tanto el mercado accionario como el de deuda mostraron señales de mayor estabilidad, y el real brasileño recuperó terreno frente al dólar tras una depreciación significativa previa.

¿A qué se debe la volatilidad en el mercado cambiario brasileño luego de unas elecciones?

La volatilidad en el mercado cambiario brasileño después de las elecciones se relaciona principalmente con la incertidumbre sobre las decisiones económicas que pueda tomar el nuevo Gobierno. Los inversionistas evalúan posibles cambios fiscales, presupuestarios y de manejo de la deuda, lo que influye directamente en el valor del real brasileño frente a monedas extranjeras.

Según la cotización registrada durante la jornada de este lunes, los títulos de Nu Holdings alcanzaron un precio de 12,46 dólares estadounidenses por acción; esto representó una variación diaria negativa del 17,79 %, lo que se tradujo en una pérdida de 2,69 dólares por acción. Este desplome ocurrió en un contexto de elevada volatilidad para los activos brasileños. De acuerdo con la información proporcionada, la Bolsa de São Paulo tuvo que activar mecanismos de protección tras las marcadas caídas en el mercado de acciones, mientras que el real brasileño sufrió una depreciación importante frente al dólar estadounidense tras el anuncio del triunfo de Lula.

Las expectativas antes de la elección eran otras: muchos inversionistas habían incorporado en los precios de los activos brasileños la previsión de una victoria de Flávio Bolsonaro y la continuidad de políticas consideradas más afines a los intereses del mercado y de la inversión privada. Por ello, el resultado fue un choque para quienes esperaban una mayor estabilidad. En consecuencia, la reacción negativa del mercado no se limitó a Nu Holdings, sino que se extendió a acciones de otros sectores clave, como el financiero, el energético y el de consumo, con pérdidas importantes durante la misma jornada, como reporta la fuente original.

Aunque la caída de Nu Holdings coincidió con la tendencia general del mercado, su magnitud resaltó debido al peso que la entidad tiene en el sector tecnológico y bancario latinoamericano. Nubank, que ha consolidado una base de clientes en países como México y Colombia, sigue teniendo a Brasil como su principal fuente de ingresos y operaciones, lo que intensifica la vulnerabilidad de su cotización ante cambios de percepción sobre el futuro económico local.

Analistas de mercado citados en la información explicaron que, tras eventos políticos de alto impacto, es común ver ventas masivas cuando los resultados se apartan de lo que se preveía. Bajo este escenario, la atención de los mercados internacionales estará dirigida a las primeras señales económicas y políticas de la administración de Lula, especialmente en aspectos de política fiscal, gasto público y regulación financiera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cayeron las acciones de Nu Holdings tras las elecciones en Brasil?

Las acciones de Nu Holdings sufrieron una fuerte caída después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, ya que los inversionistas reaccionaron a la incertidumbre generada por el inesperado resultado electoral. De acuerdo con la información proporcionada, muchos en el mercado esperaban la continuidad de políticas más favorables para la inversión privada. La reacción adversa se reflejó tanto en el descenso de la Bolsa de São Paulo como en la depreciación del real brasileño.

¿Cómo afecta el contexto político de Brasil a empresas como Nubank?

El ambiente político de Brasil influye directamente en empresas con alta exposición al país, como Nubank, cuya operación y niveles de ingreso dependen en gran medida del mercado brasileño. Por esto, cambios políticos que aumentan la percepción de riesgo o incertidumbre, como una elección inesperada, tienden a afectar su cotización bursátil de manera más pronunciada que el promedio del mercado, como se evidenció en la jornada posterior a las elecciones.

El eje principal de esta expansión es la nueva planta destinada a la producción de resina reciclada EKO®PET, elaborada a partir de botellas posconsumo y apta para aplicaciones que exigen contacto con alimentos. Esta instalación tendrá la capacidad de producir 16.500 toneladas por año. La apuesta responde al crecimiento anticipado en la demanda de resina reciclada de grado alimenticio dentro del mercado nacional y busca asegurar el suministro para compañías sujetas a metas regulatorias y compromisos de sostenibilidad, especialmente en cuanto al uso de materiales reciclados en sus productos, de acuerdo con información de Enka.

Asimismo, la iniciativa impactará la cadena de aprovechamiento de residuos; el incremento de capacidad requerirá mayores volúmenes de botellas PET recuperadas. Según datos suministrados por la firma, esto podría beneficiar económicamente a unas 200.000 familias que dependen del reciclaje en Colombia. Sobre esto, Álvaro Hincapié, presidente de Enka, explicó que la economía circular —modelo que busca reutilizar materiales y maximizar los recursos— necesita inversiones tangibles: "La economía circular requiere inversiones que conviertan los compromisos en acciones concretas. Con este proyecto consolidamos un modelo que genera beneficios para toda la sociedad, contribuimos a que millones de botellas sean recolectadas y recicladas en lugar de terminar contaminando calles, ríos y mares".

Enka también aseguró que la nueva infraestructura le permitirá abastecer a empresas que deben cumplir la normativa colombiana sobre plásticos de un solo uso. Por otro lado, la compañía avanzará en la implementación de un proyecto de energía solar para abastecer parcialmente sus plantas de reciclaje, reduciendo las emisiones asociadas a la producción. Esta acción se suma a otras adoptadas anteriormente, como el reemplazo de materias primas vírgenes por materiales reciclados y la disminución del consumo de recursos naturales.

Así, la firma busca consolidar su posición en el reciclaje de PET y avanzar en la integración de fuentes renovables a su sistema energético, alineándose con exigencias legales y corporativas cada vez más estrictas en gestión de residuos y reducción de la huella ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la nueva planta de reciclaje de Enka sobre la economía y el medioambiente en Colombia?

La nueva planta de reciclaje de Enka tendrá un efecto directo al aumentar la demanda de botellas PET recuperadas, lo que podría beneficiar a cerca de 200.000 familias involucradas en el reciclaje, según cifras de la empresa. Además, incrementará la producción de resina reciclada apta para contacto con alimentos, ayudando a las empresas a cumplir normativas y metas de sostenibilidad, y reduciendo la cantidad de residuos plásticos en el entorno colombiano.

¿Cómo contribuye el uso de energía solar en las plantas de reciclaje de Enka a la sostenibilidad?

El uso de energía solar en las plantas de Enka permitirá reducir las emisiones generadas por los procesos industriales, de acuerdo con la información de la compañía. Esta medida refuerza su compromiso ambiental, sumándose a la sustitución de materias primas vírgenes por materiales reciclados, y contribuye a aumentar la participación de fuentes de energía renovable dentro de la matriz energética de la firma.

Superservicios explicó que fortalecerá las medidas que ya venía adoptando para revisar los deberes de las empresas generadoras, en especial aquellas que reciben recursos provenientes del cargo por confiabilidad. Este cargo es un mecanismo incluido en las facturas de energía que pagan las personas usuarias, y tiene por objetivo asegurar que el país cuente con electricidad en momentos de alta demanda o cuando el sistema lo requiera. La entidad señaló, además, que se enfocará en analizar si las empresas que reciben estos ingresos realmente cumplen los compromisos que derivan de ello.

Si durante este proceso la Superintendencia detecta posibles incumplimientos, adelantará las acciones de control e implementará las medidas que estén dentro de sus competencias. La supervisión es especialmente relevante, ya que la disponibilidad de la energía y la capacidad de respuesta del sistema eléctrico constituyen puntos clave que deben ser observados por las autoridades del sector. Por esta razón, la entidad no solo verificará el cumplimiento formal de obligaciones, sino que también hará seguimiento a la efectividad de la energía disponible y buscará anticipar posibles situaciones que puedan afectar la continuidad del suministro.

Según Superservicios, desde el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella ya se realizaban inspecciones, mesas de seguimiento y otras acciones de vigilancia a las empresas generadoras para evaluar tanto el cumplimiento de sus obligaciones legales como la correcta aplicación del cargo por confiabilidad. Ahora, con las nuevas directrices presidenciales, estas actividades se incrementarán con el fin de identificar posibles fallas y tomar las acciones pertinentes. Sin embargo, la entidad no precisó cuáles empresas serán revisadas ni mencionó sanciones específicas hasta la fecha.

Adicionalmente, Superservicios comunicó que se sumará a la campaña nacional orientada al ahorro de agua, energía y gas, impulsada por el presidente. Este esfuerzo colectivo involucra a hogares, empresas e instituciones públicas, para promover el consumo responsable, considerando que el uso eficiente de estos servicios es una responsabilidad compartida. Las estrategias propuestas incluyen acciones prácticas que buscan reducir el consumo y proteger la disponibilidad de los recursos para todos los usuarios.

Con la suma de estas acciones, Superservicios ratificó su compromiso de ejercer la vigilancia sobre los servicios públicos domiciliarios, priorizando tanto la calidad y continuidad del suministro como la protección de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué es el cargo por confiabilidad en las facturas de energía?

El cargo por confiabilidad es un mecanismo incluido en las facturas de energía, que buscan asegurar la disponibilidad de electricidad en el territorio nacional. Consiste en un pago que realizan los usuarios y que se destina a garantizar que las empresas generadoras cuenten con la capacidad de proveer el servicio en condiciones exigentes o de alta demanda, como lo explicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

¿Por qué la Superservicios revisa a las empresas generadoras de energía?

La entidad realiza estas revisiones para verificar que las empresas que reciben incentivos económicos cumplan efectivamente con sus obligaciones y puedan garantizar el suministro de energía eléctrica al país, siguiendo las instrucciones impartidas por el presidente y en el marco de la importancia que tiene la continuidad y calidad de los servicios públicos para la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta operación utiliza la modalidad conocida en la industria como wet lease o ACMI, cuyas siglas en inglés corresponden a “aeronave, tripulación, mantenimiento e seguro”. En este esquema, Avianca se encarga de proporcionar los aviones, la tripulación, el mantenimiento y el seguro asociados al servicio, mientras que Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, es responsable de vender los tiquetes y gestionar la relación directa con los viajeros. Así, Avianca pone a disposición de su socio emiratí toda su capacidad operativa para vuelos de largo alcance.

La alianza detrás de esta operación se formalizó en julio de 2026, durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, en el Reino Unido, donde Grupo Abra —al que pertenece Avianca— y Etihad Airways anunciaron una cooperación estratégica con la idea de fortalecer la conectividad entre América Latina, Medio Oriente y Asia, utilizando las redes integradas de ambas compañías. Según el comunicado oficial, el acuerdo permite que “la capacidad de Avianca se aproveche para respaldar el desarrollo de sus aliados”, mientras que las compañías exploran diferentes formas de generación de valor para los viajeros gracias a la complementariedad de sus recursos.

Durante el periodo de un año que contempla este contrato, Avianca estará a cargo de todos los servicios operativos en la ruta entre Barcelona y Abu Dabi, mientras que Etihad mantendrá la gestión comercial de los vuelos hacia los pasajeros. De acuerdo con la empresa colombiana, el acuerdo no solo permite a Avianca participar en nuevas geografías, sino que también representa una muestra de cómo las aerolíneas pueden colaborar para expandir sus alcances sin necesidad de comercializar los vuelos bajo su propio nombre o código.

La operación es uno de los primeros resultados tangibles de la alianza anunciada por Grupo Abra y Etihad Airways, y pone en marcha una fórmula de cooperación en el que cada parte aporta sus fortalezas. Así, Avianca da un paso importante fuera de sus rutas tradicionales, con un rol protagonista en el desarrollo de conexiones internacionales clave para el sector aéreo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la modalidad wet lease o ACMI en la industria aérea?

La modalidad wet lease, conocida también por las siglas ACMI (aeronave, tripulación, mantenimiento e seguro, en inglés), es una forma de alquiler en la que una aerolínea proporciona el avión junto con su personal, mantenimiento y seguro, pero la comercialización de los vuelos corre a cargo de la aerolínea contratante. Este esquema es clave en acuerdos entre compañías que buscan aumentar su capacidad operativa sin comprar o arrendar directamente aviones.

¿Cómo se beneficiará Avianca de la alianza con Etihad Airways para operar la ruta Barcelona-Abu Dabi?

Avianca aprovechará su experiencia y recursos en vuelos de largo alcance para operar la ruta entre Barcelona y Abu Dabi. La alianza con Etihad Airways le permite ingresar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos y posicionarse fuera de sus rutas habituales, utilizando un modelo que maximiza el uso de su flota y tripulación, al tiempo que fortalece la conectividad entre distintas regiones a través de la red del Grupo Abra.

Según los datos reportados por el sector asegurador, hasta la fecha mencionada se habían reportado 102.370 avisos de siniestros provenientes de 519 municipios distribuidos en 31 departamentos de Colombia, lo que evidencia la extensión del daño causado por el movimiento telúrico. Los informes también señalan que el costo total de las reclamaciones consolida tanto los daños reportados hasta ahora como las reservas que las compañías de seguros han tenido que destinar para atender pagos próximos a ejecutarse.

En comparación con el balance presentado una semana antes, las indemnizaciones aumentaron en aproximadamente $163.770 millones, reflejando un incremento del 18%. Esta semana adicional también sumó 1.237 nuevos avisos de siniestro y el valor estimado de las reclamaciones pasó de $6,8 billones a $7,1 billones. Sin embargo, solo 26.915 siniestros, cerca del 26% del total, han recibido al menos un pago por parte de las aseguradoras hasta ahora.

La totalidad de los datos evidencia que las mayores afectaciones económicas se concentran en el suroccidente del país. Valle del Cauca reporta las reservas más altas, por $3,14 billones asociados a 41.947 avisos de siniestro, seguido por Risaralda, con $2,39 billones y 21.693 reclamaciones. Quindío y Caldas también presentan afectaciones importantes, con reservas que superan los $400.000 millones en cada caso.

A nivel municipal, Cali y Pereira encabezan las estimaciones de pérdidas aseguradas, aunque es Pereira la que lidera en desembolsos, con pagos por $362.297 millones entre 15.130 siniestros. Cali, Dosquebradas, Armenia y Manizales completan el listado de municipios con mayores pagos, cada uno con decenas de miles de millones ya desembolsados.

En cuanto a los tipos de cobertura, la mayor parte de los pagos han correspondido a pólizas de terremoto con cobertura de incendio, que alcanzan los $927.030 millones para 74.293 siniestros. Le siguen los seguros de hogar, las coberturas por lucro cesante, seguros de automóviles y pólizas de vida grupo.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), instó a los Consejos de Administración y administradores de edificios y conjuntos residenciales a mantener el contacto con las aseguradoras para agilizar los pagos. Morales enfatizó la importancia de entregar toda la información y cumplir con los requisitos para avanzar con los procesos de indemnización, recordando que propietarios, administradores y representantes pueden consultar el estado de sus reclamaciones y verificar los pasos pendientes con sus propias aseguradoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero han pagado las aseguradoras en indemnizaciones tras el terremoto en Colombia?

Según el más reciente seguimiento del sector asegurador, hasta el 23 de octubre las aseguradoras habían desembolsado $1,08 billones en indemnizaciones a personas, empresas y copropiedades afectadas por el terremoto, aunque el valor total pendiente estimado supera los $7,1 billones.

¿Qué tipo de seguros recibieron más reclamaciones luego del sismo en Colombia?

La mayor parte de las reclamaciones y pagos corresponde a las pólizas de terremoto con cobertura de incendio, con 74.293 siniestros y $927.030 millones pagados, seguidos de los seguros de hogar, coberturas por lucro cesante, automóviles y pólizas de vida grupo.

La diferencia entre la entidad con la tasa más baja y la más alta alcanza 15,84 puntos porcentuales.

Davivienda registra el promedio más bajo, con 12,75% E.A., seguido por Banco Popular, con 13,13%. También aparecen entre las tasas más competitivas Serfinanza, con 15,25%, y Banco Coopcentral, con 16%.

En el extremo contrario, Finandina presenta la tasa promedio más alta, con 28,59% E.A. Le siguen Banco de Bogotá y Bbva, ambos con 28,56%; Financiera Juriscoop, con 28,50%, y Banco AV Villas, con 28,48%.

Las entidades también manejan tasas mínimas inferiores a sus promedios. Davivienda ofrece desde 12,98% E.A. y Banco Popular desde 13,15%. Banco Pichincha parte de 15,26%, mientras Bancolombia y Banco de Occidente tienen tasas desde 16,77%.

Antes de trasladar una deuda, los usuarios deben comparar la tasa actual con la nueva, pero también revisar el plazo, el valor de las cuotas y el costo total del crédito.

Una cuota menor no necesariamente implica un ahorro, especialmente si se extiende el periodo de pago y aumentan los intereses totales.

La agenda para atender este debate presentó dificultades debido a la coincidencia con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. Tal como señala la Mesa Directiva en su solicitud a la Corte Constitucional, la Cámara argumentó la necesidad de ampliar el plazo para el trámite de pensiones, justificando que debe responder simultáneamente a requisitos constitucionales de alta prioridad. Sin embargo, a pesar de que se alcanzó el plazo inicialmente previsto para el presupuesto, este finalmente tuvo que ser adoptado por decreto gubernamental a raíz de errores de procedimiento.

Además del análisis de los artículos devueltos, se planea el estudio de un nuevo apartado que tenía pendiente su incorporación en anteriores debates bajo la administración Petro. Paralelamente, se suma una contrarreforma introducida por el senador Andrés Forero, perteneciente al partido Centro Democrático, lo que da cuenta de la complejidad política y la multiplicidad de propuestas que rodean la estructura pensional del país.

Esta nueva etapa de deliberación se produce en medio de un proceso de transición en la cartera del Interior, pues Alejandro Ordóñez, quien asumiría esta responsabilidad, aún no ha tomado posesión del cargo debido a compromisos pendientes en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Entretanto, hay voces de reserva en la Casa de Nariño respecto de varias de las disposiciones validadas por la Corte y se prevé la intervención de altos funcionarios como los ministros de Interior, Hacienda y Trabajo, así como de la directora de Colpensiones. En el mismo contexto, el Gobierno presentará una ley de ajuste fiscal que apunta a recortar cerca de COP 45 billones del gasto, considerada crucial para la hoja de ruta financiera tras la expedición del presupuesto por decreto.

¿Cuáles son los nueve artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional devolvió al Congreso?

La Corte Constitucional envió nuevamente al Congreso los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 de la reforma pensional del gobierno Petro, señalando vicios de trámite en su aprobación. Estos apartados deberán ser debatidos y subsanados para que puedan ser incluidos en la reforma; de lo contrario, quedarán excluidos y la nueva normativa avanzará sin ellos.

¿Qué significa "vicio de trámite" en el debate de la reforma pensional?

El término "vicio de trámite" se refiere a errores o irregularidades ocurridos durante el proceso parlamentario que impiden cumplir con los requisitos formales o constitucionales para la aprobación de una ley. En este caso, la Corte Constitucional identificó esos fallos en el trámite de varios artículos, lo que obliga al Congreso a corregirlos si se quiere mantenerlos dentro de la reforma.

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En ese panorama, la atención médica también está bajo presión. Los planes de salud que las empresas ofrecen a sus trabajadores tendrían un incremento del 9 % en Colombia durante 2027, una variación que supera la inflación general proyectada para el país. El aumento podría representar un mayor costo para los empleadores que financian estos beneficios y poner sobre la mesa decisiones sobre coberturas, prevención y uso de los servicios médicos.

La proyección hace parte del Global Medical Trends Report 2027, elaborado por la firma de servicios profesionales Aon. El análisis se concentra específicamente en los costos de los planes de salud y beneficios médicos patrocinados por empresas para sus colaboradores; por tanto, no significa que todos los servicios médicos, las EPS o los planes de medicina prepagada vayan a subir exactamente 9 %.

¿Cuánto subirían los planes de salud empresariales en Colombia en 2027?

Según Aon, la tasa de tendencia médica proyectada para Colombia se ubicaría alrededor del 9 % en 2027. Aunque representa una moderación frente al año anterior, el incremento seguiría por encima de la inflación general estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la firma sitúa en 5,2 % para el país.

Al descontar esa inflación, la tasa médica neta proyectada para Colombia sería de 4,1 %. En términos sencillos, esto indica que el aumento previsto de los costos médicos empresariales no se explicaría únicamente por el encarecimiento general de la economía: también habría presiones propias del sector de la salud.

María del Pilar Manzanera, Advisory & Specialty Leader of Human Capital para Hispanic South America en Aon, señaló que la moderación de la tendencia no elimina las dificultades para las organizaciones: «Aunque observamos una tendencia hacia la moderación con una proyección cercana al 9%, la presión en los costos de los beneficios médicos sigue siendo un reto mayúsculo para los empleadores en Colombia. El incremento continúa superando a la inflación general», afirmó.

Para entender el impacto, una empresa que paga un plan médico de $1 millón por trabajador al año tendría, si ese costo aumentara exactamente 9 %, un gasto de $1,09 millones por ese mismo plan.

La proyección tampoco establece que el trabajador necesariamente deba pagar más de su bolsillo. El efecto dependerá de cómo cada empresa financie el beneficio y de las condiciones que acuerde al renovar sus planes.

¿Por qué están aumentando los costos de salud?

Aon identifica tres grupos de enfermedades que ejercen una presión importante sobre los costos de los planes médicos empresariales en Colombia: el cáncer y el crecimiento tumoral, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones infecciosas.

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El cáncer y los tumores representan el principal factor de costo asistencial señalado por el análisis. La presión está asociada con tratamientos de alta complejidad, medicamentos oncológicos de última generación y terapias biológicas avanzadas, que pueden elevar el valor de la atención.

En segundo lugar están las enfermedades cardiovasculares, que pueden requerir exámenes diagnósticos recurrentes, intervenciones quirúrgicas y tratamientos prolongados. La necesidad de atención continua puede representar un gasto sostenido para los planes de salud.

El tercer grupo corresponde a las enfermedades infecciosas, con exclusión del VIH/SIDA e inclusión de la COVID-19. Según Aon, estas afecciones generan un volumen relevante de consultas ambulatorias, atenciones prioritarias e incapacidades laborales, con efectos tanto en el gasto médico como en la productividad de las empresas.

El análisis también advierte sobre factores de riesgo que han ganado importancia en la región, entre ellos la inactividad física, la hipertensión arterial y la obesidad. Estas condiciones pueden favorecer la aparición temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y aumentar las necesidades de atención a largo plazo.

La presión sobre los costos médicos no es exclusiva del país. A nivel global, Aon proyecta una tendencia médica bruta promedio de 9 % para 2027, inferior al 9,8 % previsto para 2026.

En América Latina y el Caribe, la proyección promedio es de 10,4 %, por encima del 9 % estimado para Colombia. El informe ubica al país en un rango de incremento menor que el previsto para Brasil, donde la tasa llegaría a 11,1 %, y Argentina, con 29,5 %.

Chile registra una proyección de 7,5 %, mientras que México presenta una dinámica que Aon describe como alineada con los esfuerzos de contención de costos. El informe no precisa en este apartado una cifra para México.

Estas comparaciones muestran que Colombia tendría una variación inferior al promedio regional, aunque eso no elimina el reto para las empresas que deben financiar beneficios médicos por encima de la inflación general.

Ante las presiones previstas para 2027, Aon señala que las organizaciones están revisando la forma en que diseñan y administran sus programas de salud. El objetivo es controlar los costos sin deteriorar la atención que reciben los trabajadores.

Entre las estrategias identificadas está la inversión en prevención y programas de bienestar, que busca intervenir factores de riesgo antes de que se conviertan en enfermedades que requieran tratamientos costosos. Aon reporta que el 87 % de los países evaluados a nivel global utiliza este tipo de iniciativas.

Las empresas también pueden recurrir a herramientas como copagos, deducibles, redes médicas preferenciales y auditorías clínicas para administrar la utilización de los servicios.

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Manzanera advirtió que las compañías deben anticiparse a la renovación de sus pólizas y analizar las necesidades de salud de sus trabajadores: «Frente al escenario que proyectamos para 2027, las compañías no pueden esperar a la renovación de sus pólizas para reaccionar. Anticipar las tendencias, entender la epidemiología interna de la empresa y apostar decididamente por la prevención permite proteger los balances financieros y, al mismo tiempo, blindar el bienestar y la productividad de los colaboradores en Colombia», concluyó.

En términos prácticos, la tasa de cambio nominal indica la cantidad exacta de pesos que usted necesita para adquirir un solo dólar. De acuerdo con el mismo medio, esta dinámica no solo sirve para conocer la fortaleza o debilidad transitoria de la moneda local, sino que también tiene efectos evidentes sobre los bienes y servicios importados y exportados por Colombia.

El comportamiento de la tasa de cambio tiene consecuencias directas sobre la economía nacional a través de fenómenos como la depreciación y la apreciación del peso. Por un lado, la depreciación ocurre cuando el valor de la moneda local cae frente al dólar, pues se necesita una mayor cantidad de pesos para comprar dicha divisa. Esto encarece los productos importados, afectando tanto a empresas que dependen de insumos extranjeros como a consumidores finales. Por otra parte, si el peso se aprecia, es decir, disminuye la tasa de cambio, se fortalece frente al dólar y disminuye el costo de los productos importados. Sin embargo, esto puede representar una desventaja para las empresas nacionales que exportan, ya que sus productos se vuelven menos competitivos en el extranjero debido a un mayor valor relativo.

Para analizar y reportar formalmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según Noticiero 90 Minutos, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares por moneda colombiana hechas en el mismo día por entidades financieras autorizadas. Entre estas entidades se incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia.

Actualmente, la TRM reportada equivale a 3.157,94 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, una cifra que refleja el valor oficial de intercambio y el resultado de la actividad cambiaria en el mercado legal colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal y cómo afecta la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal es el indicador que define cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar, una cifra que se modifica según las condiciones del mercado. Su importancia radica en que determina el costo de las importaciones y exportaciones, impactando directamente en los precios de los productos importados y en la competitividad de los exportadores. Por eso, una variación en la tasa de cambio puede encarecer o abaratar la economía nacional, dependiendo de si ocurre una depreciación o apreciación del peso.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos, realizadas por entidades financieras autorizadas en un mismo día. Solo se incluyen aquellas transacciones donde se pacta el cumplimiento para el mismo día de negociación.

El mandatario aseguró que la revisión comenzó en la propia Presidencia, donde ya fueron terminados 32 contratos.

Según el balance presentado, esas OPS representaban un costo de $2.200 millones para el Estado, cifra que De La Espriella calificó como “una locura”. El Gobierno busca que cada gasto público tenga una justificación y un resultado verificable.

La Presidencia también informó que pretende ahorrar más de $192.000 millones de su presupuesto mediante ajustes en contratos y gastos de funcionamiento.

Las reducciones incluyen entidades adscritas al DAPRE, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y otras entidades.

La medida tendrá un alcance mayor desde el 1 de enero de 2027. Los ministerios y entidades nacionales deberán reducir en 75 % el número de contratos de prestación de servicios, tomando como referencia los suscritos durante 2025 y 2026. Solo podrán programar hasta el 25 % de esa base.

La Contraloría contabilizó 501.423 OPS en entidades nacionales y territoriales a enero de 2026, por lo que el ajuste podría afectar a cientos de miles de contratistas.

La propuesta plantea dos alternativas. La primera consiste en un pago único equivalente al faltante actuarial de las reservas que deben constituir las aseguradoras.

La segunda contempla pagos anuales para cubrir las diferencias de las mesadas y, al mismo tiempo, crear o actualizar una reserva matemática a cargo de la Nación.

El borrador también propone cambiar el parámetro utilizado para calcular este riesgo y retomar el esquema basado en el crecimiento real de la productividad, con el objetivo de reducir el costo de las rentas vitalicias y facilitar su oferta.

Hacienda señala que el esquema vigente podría elevar el capital necesario para financiar pensiones de un salario mínimo y desincentivar la emisión de nuevas rentas vitalicias.

Según sus cálculos, mantener el parámetro anterior habría generado un beneficio potencial de $4,1 billones, tomando como referencia 107.000 rentas inscritas al cierre de 2025.

Sin embargo, el proyecto todavía es un borrador y sus medidas no constituyen reglas definitivas ni compromisos de pago aprobados.

En junio el crecimiento fue de 3,43 % y en julio de 1,06 %, mostrando una desaceleración progresiva. Además, el ISE cayó 3,11 % frente a julio en la serie ajustada.

Expertos atribuyen parte del resultado de agosto al terremoto del 10 de agosto, que afectó la actividad productiva en 16 departamentos y más de 400 municipios, y al inicio del ajuste del gasto público por el cambio de gobierno. El desempleo también subió a 9,4 %, frente al 8,6 % de un año atrás, con unos 126.000 ocupados menos.

Para evitar que la desaceleración se convierta en una tendencia, los analistas plantean fortalecer la inversión privada, mantener un ajuste fiscal creíble y reducir la incertidumbre.

También recomiendan destrabar proyectos de infraestructura, vivienda, energía y agua, además de facilitar nuevas inversiones.

La inversión representa actualmente cerca del 16 % del PIB, uno de sus niveles más bajos en dos décadas.

Sectores como minería y construcción reclaman reglas claras, menos trámites y condiciones que permitan materializar proyectos y recuperar el empleo.

El incremento está relacionado con la renovación de contratos de suministro y el fuerte aumento de la referencia internacional del gas.

Según expertos, el precio local del gas pasó de unos US$6 a más de US$13 por millón de BTU en los últimos cinco años.

Además, la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz elevaron la cotización internacional hasta cerca de US$30 por millón de BTU, encareciendo las importaciones.

Hasta septiembre, Colombia había comprado externamente 420 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a casi 40 % de la demanda nacional. El impacto del aumento varía según los contratos de cada comercializador, aunque las regiones del centro del país serían de las más afectadas.

Los expertos advierten que los precios podrían seguir subiendo por la prolongación del conflicto y la menor producción nacional.

La producción de gas cayó cerca de 30 %, mientras la de Ecopetrol disminuyó alrededor de 37 %. Además, existe el riesgo de un déficit de 124 millones de pies cúbicos diarios en marzo de 2027 si nuevas plantas de importación no entran a tiempo.

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La normativa también contempla beneficios tributarios para determinados proyectos. Sin embargo, sus efectos dependerán de las características de cada inmueble, por lo que los propietarios de apartamentos, oficinas y locales comerciales ubicados en edificios y conjuntos residenciales deberán revisar las condiciones que determinan sus obligaciones.

Sobretasa al predial: ¿qué propietarios estarían sujetos al cobro?

Según informó El Tiempo, la aplicación de la sobretasa para financiar el alumbrado público dependerá de la clasificación y las condiciones establecidas en la norma. Por tanto, el gravamen no se aplicaría de manera uniforme a todos los inmuebles de la ciudad.

En el caso de las viviendas, la medida contempla predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como determinadas propiedades de estratos 1, 2 y 3. Entre estas últimas figuran tiendas de menos de 30 metros cuadrados que funcionen en inmuebles residenciales, siempre que cumplan las condiciones previstas.

Este cambio podría representar una nueva obligación tributaria para algunos propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Por ello, resulta necesario verificar la clasificación y la destinación de cada predio antes de establecer si le corresponde asumir el cobro.

Propiedad horizontal: diferencias entre viviendas y locales comerciales

En los edificios de uso mixto pueden coexistir apartamentos, oficinas profesionales, establecimientos comerciales y espacios destinados al alojamiento. Aunque estas unidades formen parte de una misma copropiedad, sus características y usos pueden determinar tratamientos tributarios distintos.

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En consecuencia, los administradores y consejos de administración deberán identificar las obligaciones particulares de cada inmueble y diferenciarlas de los gastos comunes de la copropiedad. La presencia de un establecimiento comercial dentro de un conjunto residencial no implica que todos los apartamentos deban asumir automáticamente la misma carga fiscal.

También será importante revisar las disposiciones aplicables a los inmuebles de interés cultural y a aquellos destinados a actividades específicas, pues sus condiciones podrían incidir en el tratamiento tributario correspondiente.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, junto con Colpensiones (el fondo público de pensiones), han presentado solicitudes formales a la Corte Constitucional para que se prorroguen los plazos previamente contemplados. Las razones principales para estos pedidos de ampliación son, en primer lugar, la insuficiencia de tiempo para discutir y modificar los artículos que la Cámara de Representantes debía subsanar, tal como lo requirió la Corte Constitucional. Además, resaltan la falta de recursos económicos previstos en el Presupuesto General de la Nación para cubrir los requisitos que demanda la entrada en vigencia de la reforma.

Por su parte, Colpensiones ha expresado al alto tribunal que el plazo inicialmente otorgado es insuficiente, dado que debe realizar ajustes complejos a su plataforma tecnológica para poder atender a más de 10 millones de cotizantes, cifra que implica una transformación profunda en su operación cotidiana y en la administración del sistema de pensiones. En paralelo, el Congreso de la República ha argumentado que no ha tenido el tiempo necesario para corregir los errores advertidos por la Corte Constitucional durante el estudio del trámite legislativo de la reforma, pues sus debates más recientes se han centrado en el Presupuesto para el siguiente año.

Mientras la Corte Constitucional decide si accede o no a ajustar el calendario que ya estaba definido, el nuevo modelo de sistema pensional permanece suspendido en sus aspectos centrales. La propuesta de transición hacia el esquema de pilares, una de las características más relevantes de la reforma, no ha conseguido avanzar y se mantiene congelada. Toda esta situación evidencia la complejidad técnica y financiera para cumplir en los plazos estipulados, lo que afecta los avances reales en la transformación del sistema pensional colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el inicio de la reforma pensional en Colombia podría postergarse?

El inicio de la reforma pensional en Colombia podría retrasarse debido a solicitudes de prórroga presentadas por el Ejecutivo, el Legislativo y Colpensiones ante la Corte Constitucional. Argumentan principalmente falta de tiempo para corregir artículos señalados por la Corte, la ausencia de recursos financieros en el presupuesto nacional y la necesidad de realizar ajustes tecnológicos que permitan atender a más de 10 millones de cotizantes.

¿Qué implica el ajuste de la plataforma tecnológica de Colpensiones para la reforma pensional?

El ajuste de la plataforma tecnológica de Colpensiones es clave para la reforma pensional, ya que debe adaptarse para atender y gestionar a más de 10 millones de cotizantes. Esta transformación requiere inversiones significativas y tiempo adicional para garantizar que el sistema pueda operar con la eficiencia y cobertura necesarias para el nuevo modelo previsto en la reforma.

La admisión se produjo después de que la entidad revocara un rechazo emitido el 16 de octubre. Según la información del caso, una falla técnica en el sistema de gestión documental impidió visualizar a tiempo los documentos con los que la empresa había subsanado los requisitos exigidos. Una vez revisada esa situación, la Superintendencia dio vía libre al trámite.

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Entre las razones que sustentan la solicitud están las obligaciones vencidas por más de 90 días con dos o más acreedores, que suman $2.673 millones y representan el 11 % del pasivo total. A esto se agregan al menos dos procesos ejecutivos vigentes que reclaman pagos por $3.579 millones. Con corte al 31 de julio de 2026, Legis reportó activos por $34.180 millones.

La compañía ha sido conocida por la edición y comercialización de libros, revistas y otros contenidos especializados. Sin embargo, en los últimos años amplió su actividad hacia el sector tecnológico, con servicios que incluyen desarrollo de software, inteligencia artificial, automatización de procesos, comercio electrónico, minería de datos y administración de plataformas digitales. La reorganización busca proteger la continuidad de la operación y preservar los empleos.

El panorama financiero también incluye obligaciones prioritarias por $2.909 millones en retenciones fiscales, $533 millones en aportes a la seguridad social y $44 millones correspondientes a descuentos realizados a trabajadores. La Superintendencia advirtió que las deudas fiscales y de seguridad social deben pagarse por completo antes de que se apruebe un eventual acuerdo de reorganización. Mientras avanza el proceso, la empresa tendrá restricciones para pagar obligaciones anteriores, vender activos por fuera de su actividad habitual, constituir nuevas garantías o modificar sus estatutos sin autorización.

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Con la admisión al trámite, las nuevas demandas ejecutivas contra Legis quedan prohibidas y los procesos de cobro que ya están en curso deberán incorporarse a la reorganización. El representante legal tendrá dos meses para actualizar el inventario de activos y pasivos, presentar la clasificación de créditos y entregar una proyección de flujo de caja que permita evaluar las posibilidades de recuperación financiera. La admisión no significa que la empresa haya superado sus dificultades, sino que inicia un procedimiento formal para buscar una solución con sus acreedores.

El volumen negociado durante la sesión alcanzó los US$1.197 millones a través de 1.552 transacciones, mientras que la tasa representativa del mercado previa se ubicó en $3.157,57.

El comportamiento a la baja se dio a pesar de que la moneda abrió al alza a la espera del debate de la ley de rescate económico impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Bonos internacionales y por qué el dólar en Colombia cae con fuerza este lunes

El apetito por activos locales estuvo respaldado por la salida del Ministerio de Hacienda a los mercados externos para colocar su primera emisión de bonos soberanos en dólares de la actual administración.

A nivel internacional, el índice DXY —que compara al dólar frente a una cesta de seis monedas duras— operó prácticamente plano en torno a las 101,65 unidades.

Los operadores mantuvieron la cautela ante la agenda de política monetaria de la Reserva Federal, lo que permitió que factores locales guiaran las monedas de la región andina.

En el caso de Brasil, por ejemplo, los mercados reaccionaron con tensión tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial, así como al anuncio de este último de no reconocer los resultados por polémicas como la reapertura de urnas ayer en la tarde.

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La Bolsa de São Paulo (Bovespa) sufrió caídas de doble dígito que activaron suspensiones temporales de operaciones, al tiempo que el real brasileño se depreció más del 8 %.

Por su parte, el sector energético operó en terreno negativo y limitó mayores ganancias para las divisas de economías exportadoras de crudo. El barril de petróleo Brent cayó 0,86 % hasta cotizarse en US$110,7, mientras que la referencia estadounidense WTI perdió casi 1,5 % para ubicarse en US$101,7 al cierre de las operaciones.

En el eje central del evento, Mario Hernández Zambrano, figura emblemática de la industria de la marroquinería de lujo colombiana, compartió su visión sobre la verdadera naturaleza del éxito empresarial. Hernández subrayó la importancia de la disciplina, la diferenciación y la calidad como principios innegociables. Desde su experiencia, resaltó que no existen recetas mágicas: el camino implica rigor, preparación y, sobre todo, humildad para aprender en cada etapa. Su mensaje se basó en la constancia y el conocimiento profundo del negocio como claves para consolidar marcas con valor agregado y vocación internacional.

El componente tecnológico estuvo a cargo de Jefferson Riveros, conocido como 'Soy El Jef', quien se centró en los beneficios de la adopción de inteligencia artificial (IA) y la automatización para mejorar la productividad. Según Riveros, implementar herramientas de IA en procesos como la atención al cliente y la gestión comercial permite optimizar los tiempos de respuesta e incrementar los resultados comerciales. Remarcó la importancia de pasar de la teoría a la acción, instando a los directivos a trazar rutas de aplicación inmediata que mantengan viva la visión empresarial.

La jornada también integró espacios de networking B2B (sigla en inglés para 'business to business', es decir, negocios entre empresas), en los cuales asistentes como Isaac Lozano, creador de la marca Camisas y Pantalones Monarca, valoraron la oportunidad de nutrirse con experiencias de líderes que apuestan por la innovación continua. El cierre, a cargo del actor y empresario cafetero Óscar Borda, aportó una reflexión sobre la importancia de la introspección y la coherencia entre cultura organizacional y propósito personal dentro de las empresas.

La Cámara de Comercio de Ibagué y Servicompetentes S.A.S. consolidaron, así, una alianza que refuerza la resiliencia empresarial de Tolima. Según la información del evento, esta fue la segunda edición de Visión 360, superando el balance positivo de su primera versión, celebrada el 2025 con más de 170 asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales temas tratados en el evento Visión 360 en Tolima?

Durante la segunda edición del evento Visión 360 en Tolima, los principales temas tratados incluyeron el desarrollo empresarial con enfoque en disciplina, diferenciación y calidad, la importancia de la internacionalización de las marcas, así como la adopción de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y la automatización en la gestión operativa y comercial. Además, se promovió el networking B2B y se abordó la dimensión humana y el propósito en la toma de decisiones corporativas, según información proporcionada por la Cámara de Comercio de Ibagué y testimonios de líderes asistentes.

¿Qué aportes hizo Mario Hernández sobre el éxito empresarial durante Visión 360?

Mario Hernández Zambrano enfatizó, durante el conversatorio central de Visión 360, que el éxito empresarial no depende de fórmulas sino de trabajo constante, disciplina y compromiso. Destacó la importancia de empezar desde la base, entender cada aspecto de la operación y tener la humildad necesaria para aprender en todas las etapas. Hernández recalcó que la diferenciación y la calidad son pilares esenciales para lograr empresas duraderas y con valor agregado en los mercados actuales.

Cabe mencionar que la reforma pensional del gobierno Petro fue aprobada en su estructura principal por la Corte Constitucional, aunque el alto tribunal devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite y la Cámara solicitó 30 días hábiles adicionales para corregirlos.

La contrarreforma plantea tres modificaciones principales: libertad para elegir quién administra los ahorros pensionales, devolución de saldos para quienes no cumplan los requisitos para pensionarse y mayores garantías para proteger los recursos y asegurar el pago de las mesadas.

La FM conoció el texto completo de la iniciativa, liderada principalmente por la senadora Claudia Margarita Zuleta, junto con los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal.

Libertad para escoger fondo

La propuesta elimina la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones sobre los ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos. En su lugar, los afiliados podrán elegir entre el fondo público y uno privado para administrar sus aportes correspondientes a ese rango salarial.

El proyecto también permitiría trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría obligatoria. Entre fondos privados, los cambios podrían realizarse cada seis meses.

La posibilidad de elegir también cobijaría a quienes actualmente están afiliados a Colpensiones y no pertenecen al régimen de transición.

“Las personas que, a la entrada en vigor de la presente ley, se encuentren afiliadas a Colpensiones y no estén cobijadas por el régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024 podrán elegir libremente entre Colpensiones y una Administradora del Componente Básico de Ahorro Individual”, señala el parágrafo transitorio del artículo 4.

Para quienes cotizan sobre ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, la iniciativa establece un plazo de seis meses para elegir la administradora de los aportes que excedan ese umbral. Si no lo hacen, se les asignaría un fondo de manera aleatoria.

Devolución de saldos

Otro de los cambios permitiría que las personas que lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos para acceder a una jubilación elijan entre distintas alternativas, incluida la devolución total de sus ahorros con rendimientos.

La propuesta contempla opciones como la devolución de saldos, la indemnización sustitutiva, una mensualidad vitalicia, una prestación anticipada, un beneficio económico periódico o una pensión familiar, según las condiciones aplicables a cada afiliado.

El artículo 5 del proyecto establece que quienes coticen en el pilar contributivo y no cumplan los requisitos para obtener una pensión integral de vejez podrán optar por alguna de estas alternativas.

Propiedad del ahorro y Estado como garante

La contrarreforma también establece que los recursos de las cuentas individuales serán patrimonio autónomo de los afiliados y estarán separados del patrimonio de las administradoras.

Además, plantea que los fondos inviertan los recursos con el objetivo de obtener la mejor mesada pensional posible, con una reducción gradual del riesgo a medida que el afiliado se acerque a la edad de jubilación.

El proyecto también señala que el Estado será el garante final de todas las pensiones y podrá exigir responsabilidades a las administradoras que incumplan sus obligaciones.

“El Estado es el garante final de todas las pensiones, en particular cuando circunstancias ajenas a la gestión de las administradoras pongan en riesgo la financiación de las mismas”, indica el artículo 8.

El mismo apartado establece que, cuando las administradoras incumplan sus obligaciones, el Estado podrá actuar contra su patrimonio y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno.

El Centro Democrático prevé presentar el proyecto esta semana ante el Congreso de la República. Entretanto, los sectores políticos están a la espera de conocer la posición del Gobierno Nacional frente a la iniciativa, en medio de las expectativas por su apoyo.

Las especificaciones técnicas de estos títulos públicos constan detalladamente en el suplemento del folleto informativo oficial, donde el despacho económico perfiló las pautas regulatorias para esta operación de financiamiento externo multilateral, según expuso el diario Portafolio.

El folleto institucional determina formalmente las características operativas de los instrumentos crediticios, los esquemas de desembolso de cupones, las cláusulas de redención anticipada y las mayorías decisorias requeridas para cambiar sus acuerdos contractuales.

En cuanto al compromiso crediticio, los papeles representarán obligaciones directas a cargo de la República de Colombia, contando con el respaldo pleno de su fe y crédito para tranquilidad de los inversores globales.

Pese a divulgar los aspectos normativos iniciales, las autoridades de la cartera económica omitieron todavía publicar la cuantía global de la colocación y el cupón de rentabilidad definitivo aplicable a la transacción crediticia.

Ambos indicadores financieros resultan completamente indispensables dentro del mercado bursátil para calcular el verdadero costo del endeudamiento fiscal y anticipar el volumen real de capital fresco que captará el país suramericano.

El cronograma estipulado por el Ministerio de Hacienda ratifica que estos instrumentos vencerán exactamente en 2056, permitiendo colocaciones fraccionadas en denominaciones mínimas de US$ 200.000 y sumas adicionales mediante múltiplos enteros de US$ 1.000.

La estructura contractual prevé cancelaciones periódicas de cupones de interés, si bien el borrador gubernamental accesible aún exhibe pendientes los intervalos cronológicos precisos y el calendario definitivo para efectuar los giros monetarios.

Dentro del perfil legal de la deuda externa nacional, estos papeles calificarán con estatus de compromisos directos, generales, incondicionales, no garantizados y enteramente no subordinados frente a otras obligaciones del tesoro público.

De igual manera, gozarán de un respaldo absoluto sustentado en la fe y crédito de la nación, ratificando el compromiso inquebrantable asumido por el Estado frente a los inversionistas tenedores de los bonos.

La estructuración garantiza además que los títulos mantendrán idéntica jerarquía y tratamiento paritario frente a cualquier otro compromiso externo de crédito no garantizado ni subordinado contratado con anterioridad por el país.

No obstante, esta equivalencia legal de prelación no obliga a la nación a ejecutar desembolsos proporcionales inmediatos respecto a otras deudas foráneas cada vez que atienda el servicio regular de estos títulos.

Entre las facultades contractuales reservadas por el emisor sobresale la potestad discrecional para amortizar los bonos de forma adelantada a la fecha de vencimiento sin penalidades legales gravosas.

La nación podrá aplicar este rescate previo de manera global o parcial en cualquier instante, notificando dicha determinación con una antelación formal situada dentro de un margen de 10 a 60 días.

Asimismo, la regulación contractual aclara taxativamente que los valores emitidos carecerán de un fondo de amortización específico para responder por su extinción progresiva antes del plazo convenido institucionalmente.

Por otra parte, el documento contempla salvaguardas operativas muy exigentes al momento de alterar cláusulas esenciales o modificar condiciones reservadas que impacten a una serie individual de la emisión.

Cualquier ajuste estructural sobre una única serie demandará la aprobación formal y expresa de acreedores que concentren más del 75% del capital principal total pendiente de pago en dicho segmento.

Cuando las alteraciones pretendidas involucren varias emisiones conjuntas, los inversionistas deberán respaldar la votación superando más del 75 % del valor consolidado o alcanzando el 66,67 % agregado junto al 50 % por serie.

La estrategia contempla radicar solicitudes de listado en la Bolsa de Luxemburgo para transar en el mercado Euro MTF, complementando el ingreso al Mercado Internacional de Valores (ISM) de Londres.

El expediente aclara que el mecanismo ISM no constituye un mercado regulado conforme a la Directiva 2014/65/UE, conocida como MiFID II, advirtiendo que la solicitud tampoco garantiza el inicio automático del comercio bursátil.

Los agentes del mercado aguardan la publicación de los datos faltantes sobre tasas, plazos y montos definitivos para medir el impacto fiscal que asumirá la economía colombiana con esta ambiciosa operación.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega a los $3.145 lo que son $13 más frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

El mercado está pendiente de lo que puede ser la ley de rescate anunciada por el gobierno De la Espriella y que tiene como foco sanear las finanzas del país.

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Lo otro que mueve al dólar en Colombia

Analistas locales aseguran que es necesario un ajuste sobre la carga impositiva, buscando mayores y mejores fuentes de ingresos a través de impuestos.

Adicionalmente, está pendiente el mercado de la definición de las tasas de interés a manos del Banco de la República. La Junta se llevará a cabo este viernes y se prevé un nuevo aumento.

El dólar en Colombia, en el plano internacional, sopesa los efectos sobre la inversión en la región luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil, al tiempo que el gobierno de Estados Unidos podría volver endurecer su postura frente a Irán.

La iniciativa busca facilitar su recuperación, proteger empleos y evitar el deterioro del tejido empresarial colombiano.

Entre las compañías vinculadas a procesos de reorganización o reestructuración en Colombia se encuentran actualmente Canacol Energy, Audifarma, Almacenes Flamingo, Ingenio La Cabaña y Monómeros Colombo Venezolanos.

Sin embargo, no todas atraviesan la misma etapa. Canacol adelanta un proceso de insolvencia transfronteriza, mientras que Audifarma tiene un acuerdo para normalizar más de $2,7 billones en obligaciones durante 12 años. Flamingo, por su parte, busca reorganizar cerca de $339.700 millones en pasivos en un plazo de 10 años.

Monómeros también cuenta con un acuerdo confirmado, mientras que el estado actualizado del proceso de Ingenio La Cabaña requiere verificación.

En otros asuntos empresariales, el mandatario destacó la compra de Presto por parte de IRCC S. A. S., filial de Grupo Nutresa, operación que permitirá conservar cerca de 700 empleos y garantizar la continuidad de la cadena de restaurantes.

En materia energética, pidió investigar a generadoras que presuntamente incumplieron compromisos de entrega de energía firme durante el fenómeno de El Niño.

Finalmente, aseguró que las donaciones privadas al Fondo Patria Milagro superan el billón de pesos para atender a los afectados por el terremoto.

La iniciativa busca reducir las diferencias entre las obligaciones fiscales de restaurantes independientes, franquicias y establecimientos acogidos al Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

Actualmente, las franquicias pagan, por regla general, un IVA del 19 %, con posibilidad de descontar los impuestos que cumplen los requisitos legales.

Los restaurantes independientes están sujetos al impuesto nacional al consumo del 8 %, sin el mismo mecanismo de descuentos tributarios. En el caso de los negocios inscritos en el SIMPLE, el impuesto al consumo se integra a la tarifa de ese régimen, según las condiciones aplicables.

El Proyecto de Ley 454 de 2026 Cámara plantea unificar estas reglas con una tarifa del 5 % de IVA y permitir el descuento de impuestos pagados en compras relacionadas con la actividad.

Para los contribuyentes del SIMPLE, propone integrar el impuesto a la tarifa de ese régimen.

La iniciativa, respaldada por gremios como Acodres, Asobares y la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, también contempla un Certificado de Inversión Gastronómica para financiar proyectos aprobados y utilizar esos aportes como pago parcial del impuesto de renta.

Además, propone crear una ventanilla única para centralizar trámites y permisos, con un plazo máximo de 30 días hábiles para responder cuando se cumplan los requisitos. Sin embargo, los cambios dependerán de la aprobación del Congreso.

Uno de los casos más representativos es el de Francisco José de Caldas, quien fue astrónomo, geógrafo, naturalista, botánico e ingeniero. La imagen de este sabio neogranadino apareció por primera vez en el billete de 20 pesos en 1953, un valor con el que, en ese momento, se podían cubrir necesidades básicas como el mercado, el calzado familiar o el alquiler de vivienda. Posteriormente, en 1981, Caldas repitió en la denominación de 20 pesos, con una imagen donde no solo figuraba su rostro, sino detalles como un compás en su mano izquierda y la derecha simulando sostener un globo terráqueo. Además de su labor científica, Caldas fue periodista y luchó en la independencia de Colombia, lo que lo llevó a ser fusilado. En su honor, en 1968, se estableció el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” (Colciencias).

José Celestino Mutis, sacerdote y botánico español, es otro caso destacado. Su rostro apareció en el billete de 200 pesos para conmemorar el bicentenario de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, la cual dirigió. Aunque no era colombiano de nacimiento, su legado en la ciencia local le valió este reconocimiento. El billete de 200 pesos fue sustituido en 1992 por una moneda de igual denominación.

Julio Garavito Armero, ingeniero, astrónomo y matemático colombiano, hizo parte de este selecto grupo desde 1996, figurando en el billete de 20 mil pesos. Su trabajo al frente del Observatorio Astronómico Nacional y su estudio de cuerpos celestes como el cometa Halley y la Luna fue tan trascendental que la Unión Astronómica Internacional bautizó con su nombre cinco cráteres lunares. Este aporte también se refleja en la presencia de la luna dentro del diseño del billete.

Desde diciembre de 2016, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda aparece en el billete de diez mil pesos. Reconocida por sus estudios sobre la familia colombiana y la antropología de la salud, su producción intelectual ha influido en políticas gubernamentales en torno a la familia. Su inclusión en la moneda nacional representa un reconocimiento a las ciencias sociales en la memoria colectiva.

Según el texto, estos billetes tendrán un valor especial como piezas de museo en el futuro, brindando una forma adicional de recordar los grandes aportes de la ciencia colombiana y mundial.

¿Cuáles son los científicos colombianos que aparecen en los billetes y por qué fueron seleccionados?

Los científicos destacados en billetes colombianos, según el texto, son Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis, Julio Garavito Armero y Virginia Gutiérrez de Pineda. Fueron seleccionados por sus contribuciones en astronomía, botánica, matemáticas, antropología y por su impacto duradero en el desarrollo científico y social del país.

¿Qué es Colciencias y qué relación tiene con Francisco José de Caldas?

Colciencias, denominado oficialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, fue fundado en 1968 para promover la investigación científica en Colombia. Su nombre rinde homenaje al sabio Francisco José de Caldas, reconocido por sus múltiples aportes a la ciencia y la independencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así lo muestran las cifras de KOA, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, cuyo CDT digital superó los 18.000 ahorradores y 28.500 certificados durante su primer año, con inversiones acumuladas por más de $435.000 millones.

El producto ya tiene presencia en 410 municipios de 31 departamentos. El 54 % de sus clientes pertenece a los estratos 1, 2 y 3, el 35 % tiene 35 años o menos y el 49 % vive fuera de Bogotá, evidenciando una mayor participación de regiones y segmentos que tradicionalmente han tenido menor acceso a inversiones.

El CDT puede abrirse desde $250.000 de manera completamente digital y fija una tasa de interés desde el momento de la apertura. Durante el primer año, los ahorradores recibieron más de $14.242 millones en intereses.

La digitalización también permite abrir certificados fuera del horario bancario: el 43 % se constituyó en esos horarios y el 29 % de los clientes ya tiene más de un CDT.

Los productos ofrecidos por entidades inscritas en Fogafín cuentan con el Seguro de Depósitos.

El acercamiento surgió después de que la compañía entrara en liquidación, momento en el que los inversionistas presentaron una propuesta al liquidador.

La fórmula contempla adquirir los activos de Presto sin asumir los pasivos de la sociedad, que acumulaba deudas cercanas a $45.000 millones. El valor de la transacción no fue revelado. Ahora, el reto será recuperar una marca que perdió clientes y atraviesa dificultades operativas.

El plan contempla renovar restaurantes, mejorar infraestructura, mobiliario, presentación y calidad de los alimentos. La recuperación podría tardar entre dos y tres años, con precios que competirían con El Corral y McDonald’s.

Presto se integrará a la estructura de alimentos de Grupo Nutresa, aprovechando procesos de abastecimiento, producción y distribución ya existentes. También podría incorporar productos de Mimo’s, cadena adquirida recientemente por los Gilinski.

La compra hace parte de una estrategia de expansión que incluye nueve adquisiciones durante el año en categorías como chocolates, helados, restaurantes y pasabocas.

Venezuela aparece además como un mercado de interés para futuras oportunidades de consumo, energía, infraestructura y servicios financieros.

Mac Master presentó su renuncia señalando que el entorno de la asociación se había vuelto más complejo y que existían presiones que, según afirmó, podían afectar su capacidad de actuar con autonomía. Ahora, el comité encargado de la sucesión definió una lista de cinco candidatos.

Entre los nombres aparece Luz Stella Murgas, actual presidenta ejecutiva de Naturgas y con amplia experiencia en el sector minero-energético. También está Carlos Andrés De Hart Pinto, exviceministro de Desarrollo Empresarial y directivo con trayectoria en los sectores público, privado y gremial.

La lista incluye además a Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería desde 2019; Nicolás Uribe Rueda, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y exrepresentante a la Cámara; y Jaime Bermúdez Merizalde, excanciller y exembajador de Colombia en Argentina.

La elección definirá quién asumirá el liderazgo del principal gremio empresarial del país en un momento marcado por fuertes debates sobre la relación entre el sector privado y el Gobierno.

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Los futuros del fondo cotizado iShares MSCI Brazil (EWZ) registran una caída cercana al 20 %, con una cotización de 34,16 dólares. El movimiento se produce mientras el conteo preliminar de la segunda vuelta confirma la victoria del presidente Lula da Silva, quien se reelige por cuarta vez, aunque en esta ocasión, en una coyuntura marcada por una polémica extensión en el horario de elección.

A su vez, acciones como Nubank caían más de un 10 % tras confirmarse el resultado de la elección presidencial.

¿Qué explica la reacción de los mercados?

Las elecciones presidenciales son un factor relevante para los activos brasileños porque el resultado puede modificar las expectativas sobre la política fiscal, el gasto público, las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento económico. En este contexto, los inversionistas ajustan sus posiciones de acuerdo con los escenarios que consideran más probables para el próximo periodo de gobierno.

El EWZ busca ofrecer exposición a acciones brasileñas y permite observar cómo se comportan determinados activos del país en el mercado estadounidense. Su cotización, sin embargo, no equivale directamente al desempeño del Ibovespa, el principal índice de la Bolsa de São Paulo, y también puede verse afectada por las condiciones de negociación, los movimientos del dólar y otros factores financieros.

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Tras la elección, la atención se concentra ahora en la respuesta mañana de los principales activos financieros de Brasil. El comportamiento del real frente al dólar, la Bolsa de São Paulo y los títulos de deuda pública ayudará a establecer el alcance de la reacción de los mercados.

También será importante conocer las señales del próximo gobierno de Lula en materia fiscal y económica para lo cual la trayectoria del gasto público, el manejo de la deuda y las perspectivas de inflación e intereses serán variables determinantes para las decisiones de inversión.

La medida busca que la inspección laboral se concentre en resolver los problemas de los trabajadores y no únicamente en imponer multas. Así, si un empleador adeuda salarios, no ha afiliado a un trabajador al sistema de seguridad social o presenta errores en la liquidación de horas extras, el inspector podrá señalar la irregularidad, explicar cómo corregirla y establecer un plazo.

Si el empleador cumple dentro del tiempo establecido, se evita el avance del proceso sancionatorio. Sin embargo, si no corrige la situación, la investigación continúa y puede terminar en una multa.

El Ministerio aclaró que la advertencia debe quedar por escrito, estar debidamente motivada y aplicarse con criterios uniformes en todo el país.

La directriz no aplica cuando la conducta constituye un delito o cuando el caso ya está en manos de una autoridad con poder preferente.

El Gobierno sostiene que el cambio busca fortalecer la protección laboral y cumplir los convenios de inspección de la OIT, bajo la idea de que el inspector también debe prevenir, orientar y ayudar a solucionar conflictos.

En 2026, el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia quedó establecido en $1.750.905. Frente a ese ingreso, la versión más económica del dispositivo, con 256 GB de almacenamiento, cuesta $9.199.000. Esto equivale a cerca de 5,25 salarios mínimos completos, una cifra que permite dimensionar cuánto representa el equipo frente a los ingresos de un trabajador que recibe ese pago.

¿Cuánto hay que trabajar para comprar el iPhone Duo ganando el salario mínimo?

La diferencia también se refleja al calcular el valor de una jornada de trabajo. Si el ingreso mensual se divide entre 30 días, un trabajador que gana el mínimo recibe aproximadamente $58.364 diarios. Bajo ese cálculo, necesitaría cerca de 158 días de salario para reunir el dinero de la versión básica, suponiendo que destinara todos sus ingresos a la compra y no pagara alimentación, vivienda, transporte ni otras obligaciones.

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El precio aumenta según la capacidad de almacenamiento. El modelo de 512 GB se vende por $9.999.000, equivalente a unos 5,71 salarios mínimos mensuales. En el extremo superior está la versión de 2 TB, cuyo costo llega a $14.799.000, es decir, alrededor de 8,45 salarios mínimos. Esta última exigiría cerca de 254 días de ingresos completos si se destinara todo el dinero exclusivamente al teléfono.

Para quienes no pueden apartar la totalidad de su sueldo, el tiempo de ahorro sería considerablemente mayor. Si una persona guardara el 20 % de su salario mínimo mensual, unos $350.181, necesitaría aproximadamente 26 meses para comprar el iPhone Duo de 256 GB. El plazo subiría a cerca de 29 meses para la versión de 512 GB y a unos 42 meses para el modelo de 2 TB, sin contar posibles variaciones en el precio.

Las cifras muestran la diferencia entre el valor del nuevo dispositivo y los ingresos de quienes reciben el salario mínimo en Colombia. Aunque el tiempo necesario para comprarlo depende de la capacidad de ahorro y de los gastos de cada persona, incluso el modelo más económico representa varios meses de ingresos. Los cálculos son aproximados y no contemplan cambios futuros en los precios ni otros costos asociados a la compra.

Adicionalmente, existe una interpretación pragmática detrás de la decisión de no remover a Gómez de su cargo. Según las versiones recogidas, no era aconsejable expulsarlo en este momento debido al impacto negativo que semejante movimiento enviaría a los mercados financieros, precisamente cuando el país está en un proceso de búsqueda de respaldo por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, “lo salvaron” por el riesgo que suponía abrir una crisis de confianza, en un contexto donde la credibilidad financiera juega un papel estratégico para la gestión económica del gobierno entrante.

Como parte de la respuesta a lo sucedido, sostienen que a Gómez se le retiró la potestad de vocería pública sobre temas cruciales del presupuesto estatal. Ahora, este rol relevante recae en el vicepresidente José Manuel Restrepo, lo que es visto como una forma de “jalón de orejas”, es decir, una reprimenda sin llegar a la destitución. Este ajuste interno busca suavizar los efectos del percance y renovar la interlocución entre el gobierno y los actores económicos.

En el fondo de este debate surge otro interrogante predominante en el Capitolio: la ausencia de aval presidencial a una proposición que pretendía recortar COP 40 billones al gasto público, impulsada por el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático. Aunque el Ejecutivo no ha ocultado su interés en la reducción del gasto estatal, la iniciativa no contó con el respaldo definitivo desde la Presidencia. Esta situación ha generado incertidumbre, especialmente sobre los motivos que llevaron a ese distanciamiento entre el discurso oficial y las decisiones prácticas en materia presupuestal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se mantuvo en el cargo tras el debate del presupuesto?

De acuerdo con el diario citado, la permanencia de Miguel Gómez como ministro de Hacienda se debe principalmente a la influencia de su relación con Carlos Suárez, destacado como figura clave en el gobierno, y a la necesidad de evitar señales negativas a los mercados mientras Colombia busca apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sacarlo en este contexto podría haber afectado la confianza financiera.

¿Por qué no se respaldó la propuesta de recorte de COP 40 billones al presupuesto estatal?

Según la información suministrada, la iniciativa del senador Rafael Nieto para reducir el gasto estatal en COP 40 billones, aunque se alineaba con los intereses expresados públicamente por el Ejecutivo, no recibió el aval necesario del presidente durante el debate en el Congreso, lo que generó dudas sobre la coherencia entre los anuncios oficiales y las acciones gubernamentales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Universidad de San Gallen, institución académica suiza de gran reconocimiento. El entrenamiento se desarrollará en dos fases: primero, en Colombia del 8 al 12 de febrero de 2027, bajo la organización del Icetex; posteriormente, en Suiza del 15 al 19 de marzo de 2027, liderada por el Swiss Leading House. El objetivo central, de acuerdo con lo expuesto por el Icetex, es avanzar en los planes de negocio de los participantes, facilitar nuevos vínculos con la industria y resolver cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

Solo serán seleccionados diez representantes de startups, uno por empresa, quienes tendrán la posibilidad de concursar por un apoyo financiero de 40 millones de pesos colombianos (COP), destinados a desarrollar un proyecto o investigación. El beneficiario deberá reportar el progreso del proyecto ante el Icetex. La selección de los proyectos se realizará en función de su potencial empresarial, la innovación del modelo de negocio, el plan de escalabilidad, el origen geográfico del postulante y el rendimiento académico en pregrado, como se detalla en la convocatoria.

Las personas interesadas en postularse deben ser colombianas, residir en el país y poseer un título de pregrado, licenciatura o tecnología profesional expedido por una institución colombiana. Además, se requiere que sean estudiantes o investigadores en programas de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, y que cuenten con experiencia investigativa consolidada. Los candidatos deben tener entre 25 y 50 años y demostrar un nivel B2 de inglés. Es condición indispensable liderar o formar parte de una startup o proyecto tecnológico y presentar la postulación en formato PDF, utilizando la plataforma establecida por el ICETEX.

La beca cubre el total de los costos del programa tanto en Suiza como en Colombia, los tiquetes internacionales, seguro médico no farmacéutico durante la estadía en ambos países, alimentación, hospedaje y transporte interno. La convocatoria permanecerá abierta hasta las 5:00 p.m. del 23 de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca del Icetex y Swiss Leading House?

De acuerdo con la información del Icetex, las personas que deseen participar deben ser colombianas, residir en el país, haber obtenido un título universitario o tecnológico en Colombia, estar cursando o haber culminado estudios de posgrado, y demostrar liderazgo en una startup o proyecto tecnológico. También se exige un rango de edad de 25 a 50 años, acreditar nivel de inglés B2 y enviar la solicitud en la plataforma oficial en formato PDF.

¿Qué beneficios ofrece la beca para emprendedores en el programa AIT?

Según lo señalado por el Icetex, el programa Academia-Industry Training ofrece 100 % de cobertura en costos del curso tanto en Colombia como en Suiza, tiquetes aéreos internacionales, seguro médico (excepto medicamentos), alimentación, hospedaje y transporte interno durante ambas fases del entrenamiento. También otorga un apoyo económico de COP 40.000.000 para el desarrollo de proyectos o investigaciones.

La más reciente Encuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sobre la Tasa de Intervención del Banco de la República confirmó este panorama alcista en el mercado bancario, replicado por Portafolio.

El sondeo reveló que 13 de las 19 corporaciones analizadas pronostican un alza de 25 puntos básicos, movimiento que ubicaría el indicador de referencia del 12,25% al 12,50%.

Por su parte, los seis establecimientos restantes proyectan que la Junta Directiva optará por conservar inalterado el valor crediticio en el 12,25% a lo largo de este ciclo.

Las proyecciones recopiladas coinciden en que la resolución final evidenciará posturas divididas, descartando un consenso unánime entre los codirectores del organismo emisor al momento de sufragar.

La persistencia del costo de vida fundamenta estas previsiones técnicas, luego de que el registro inflacionario anual trepara al 6,29% en septiembre con un salto representativo.

Ese resultado reflejó una subida de cinco puntos básicos respecto al 6,24% computado en agosto, situándose 229 puntos básicos por encima del techo del rango meta del 4%.

Aunque ciertos rubros subyacentes exhibieron signos de enfriamiento, el balance global continúa tensionando las variables macroeconómicas y presiona decisiones contractivas en las tasas de interés.

La canasta familiar evidencia que las prestaciones y los alimentos concentraron el 72% del encarecimiento global que soportan los hogares dentro de la economía nacional.

El sector servicios reportó una escalada del 7,2%, inyectando 3,3 puntos porcentuales al registro total, mientras la comida aumentó un 6,7% con 1,3 puntos de incidencia directa.

Similar comportamiento mostraron las tarifas de bienes regulados, las cuales registraron un repunte interanual del 6,7% que añadió otros 1,3 puntos porcentuales al balance general de septiembre.

En contraste, los artículos manufacturados generaron la menor repercusión estadística con solo 0,5 puntos, anotando una contracción mensual de precios equivalente al 0,1%.

El fortalecimiento cambiario del peso colombiano frente a divisas internacionales alivió los costos de bienes importados, reduciendo este componente específico en 0,21 puntos porcentuales.

De igual manera, el índice que excluye alimentos y suministros regulados descendió del 6,1% visto en agosto al 6,0% registrado en el noveno mes del año calendario.

Asimismo, la métrica básica que descuenta únicamente productos alimenticios retrocedió del 6,3% al 6,2%, mostrando una corrección moderada que sigue distante de los objetivos trazados.

El consenso de analistas consultados por el centro de pensamiento advierte que las presiones sobre precios continuarán vigentes en los trimestres venideros para el territorio nacional.

La mediana bancaria calcula un cierre inflacionario del 6,38% para octubre, mientras sitúa la cifra anual consolidada de 2026 en un elevado 6,80%.

La institución financiera plantea un pronóstico más cauto fijado en 6,6% para diciembre, esperando una trayectoria descendente hacia el 5,1% al cierre de 2027.

Para ese mismo periodo, el consenso general de los operadores económicos prevé que el costo de vida descenderá hasta el 5,22% en el país.

El retorno al rango meta institucional demandará un proceso pausado, pues los intermediarios sitúan el 4% apenas hacia finales del año 2028 en Colombia.

No obstante, Anif estima que dicho indicador concluirá en 4,3%, señalando que contingencias ambientales como el fenómeno de El Niño prolongarán los riesgos tarifarios.

Este ciclo climático impacta directamente al 19% de la canasta familiar y sus secuelas podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027 sobre energía y comestibles.

A estas tensiones se agrega el traslado indexado del salario mínimo, cuyo incremento del 23% para 2026 impulsó los sectores ligados a mano de obra.

Dichos rubros sensibles acumularon hasta septiembre un alza del 8,8%, superando ampliamente el 6,7% observado en el mismo tramo temporal del periodo previo de 2025.

La actividad productiva introduce elementos adicionales al debate monetario, luego de que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) cayó 0,04% interanual en agosto.

Este registro contrasta con el vigoroso avance del 2,7% alcanzado en agosto de 2025, sumando un retroceso intermensual del 3,1% en la producción local.

El desglose sectorial confirmó caídas del 3,2% anual en actividades primarias y del 3% en las secundarias, frente a una expansión terciaria del 1,1%.

Pese al enfriamiento productivo, los analistas sitúan la brecha del producto en 0,01 puntos porcentuales en 2026, señalando un funcionamiento económico cercano a su potencial.

Este panorama local convive con incertidumbres tributarias gubernamentales y presiones externas originadas en la Reserva Federal de Estados Unidos tras ajustar tasas entre 3,75% y 4,00%.

Aunque el indicador FedWatch proyecta con un 91,7% de probabilidad que el banco estadounidense mantendrá estables sus tipos, el Emisor colombiano afronta un desafío mayúsculo.

En entrevista con Valora Analitik durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2026, en México, Ortiz habló de los planes de la compañía en Colombia, la congestión de El Dorado, las tarifas promocionales y el interés en el mercado venezolano.

Tras la ruta Buenos Aires-Medellín, el aumento de frecuencias a Punta Cana y la consolidación de la base en Medellín, ¿qué espera JetSmart de Colombia en 2027?

La aviación suramericana y Colombia en particular, tiene operadores de altísimo nivel en flota y confiabilidad, pero la presión del costo del combustible es muy fuerte: a nivel global es un incremento de unos US$150.000 millones.

Por lo que muestran los últimos números publicados, los márgenes de la industria aérea mundial van a estar en cero.

Creo que vamos a ver un 2027 en el que todos vamos a ser más prudentes con el crecimiento. Eso no quiere decir que JetSmart no vaya a crecer.

Hay oportunidades en Colombia y hay muchas rutas que todavía no volamos. Pero va a depender de cómo se desarrolle el año y de cómo se vaya ajustando la capacidad.

¿Colombia ha resultado mejor de lo que esperaba?

Los niveles de ocupación que logramos este año han estado por encima de lo que pensábamos. La respuesta ha sido positiva.

Cada cierto tiempo hacemos un estudio a bordo en cada país para saber cuántas personas declaran volar por primera vez. Algunas no lo dicen porque les da pena, pero muchas sí. Colombia es el país con el porcentaje más alto, y eso me sorprendió, porque lleva muchos años con aerolíneas de bajo costo: 22 % de los pasajeros declara volar por primera vez gracias a JetSmart.

¿Cuánto limita la congestión de El Dorado el crecimiento de JetSmart en Colombia?

No afecta solo el crecimiento, también la eficiencia: El proceso de asignación de slots no es fácil para una aerolínea que está creciendo, porque se hace con base en los históricos.

Para que un itinerario sea fácil de vender, uno necesita operar el mismo día a la misma hora con confiabilidad.

Hemos pedido que la asignación sea óptima, pero la mejor solución es que haya más slots. Colombia tiene un estudio claro, con pasos específicos, y que esto sirva para que, aprovechando el cambio de gobierno, impulsemos como sector y como interés nacional lo que ya está previsto.

Es cerca de 40 % más de capacidad. Va a cambiar el flujo de turismo, a diversificar la economía y a darles más salida a los colombianos.

¿Por qué insistir en la ampliación ahora, si el combustible frena el crecimiento?

Precisamente por eso; Si el mercado se recupera rápido, que es muy posible, y en la segunda mitad del año el combustible regresa a números más razonables, volvemos a lo mismo: que en El Dorado no hay slots y no se puede crecer.

Este es el momento de implementar El Dorado Max y lo que la Aerocivil ya anunció: poner a funcionar las dos pistas paralelas, ojalá en menos tiempo y llevar a El Dorado a 100 operaciones por hora.

Hoy hay tiquetes de JetSmart en Colombia en promoción por cerca de $47.500. ¿Operan a pérdida para ganar mercado mientras otras aerolíneas suben precios por el combustible?

En los precios hay dos factores clave: El primero es la oferta y la demanda.

Colombia va a crecer cerca de 5 % en capacidad doméstica en el cuarto trimestre, aunque se proyectaba un crecimiento mucho más agresivo a comienzos de año.

Creo que en los próximos meses los operadores vamos a tener que ajustarnos a la realidad del combustible y puede haber un incremento de precios.

El segundo es nuestro modelo de negocio. Hemos ofrecido tarifas bajas en todos los mercados durante muchos años para buscar al pasajero que de otra forma no volaría. Pero no vendemos todo a $ 47.000.

Hay un porcentaje del inventario que ponemos disponible para atraer a ese pasajero: entra a la categoría, sabe cómo es volar y lo vuelve a hacer.

No hay una relación directa entre la tarifa más baja y la tarifa media del vuelo, que depende de la ocupación y de con cuánta anticipación se compre.

¿Ve posible volar a Venezuela?

Cuando uno mira la historia de Venezuela, el mercado aéreo de hoy es apenas cerca del 15 % de lo que era. Aunque descontemos la migración, es un mercado con oportunidad, pero tienen que darse muchas condiciones para que eso pase.

Hay que estar pendientes y cerca y eso sí lo estamos haciendo.

Depende de cómo evolucione el corto plazo, pero sin duda es una oportunidad en la región. Hasta hace muy poco no la considerábamos realista. Creo que ahora sí lo es.

¿Qué tanto interés hay en Estados Unidos, en particular en el sur de la Florida, ahora que Spirit dejó espacio en rutas desde Colombia?

Siendo franco tengo mucho más que hacer y crecer dentro de Colombia y en vuelos internacionales hacia Suramérica antes de ir a Estados Unidos.

Tenemos mucho para enfocarnos en este mercado y ganar escala.

¿Deberían diferenciarse las tasas según la distancia del vuelo?

Tiene que haber una lógica económica entre la operación de un vuelo y la tasa. Si pago US$6 o US$7 por un vuelo doméstico de dos horas, no tiene sentido pagar US$70 por un vuelo internacional de las mismas dos horas desde el mismo aeropuerto.

¿Contempla JetSmart un producto para el pasajero premium?

Para mí es sencillo: mantenernos como la aerolínea de menor costo de la región.

Lo hemos logrado de manera consistente y eso no va a cambiar.

Pero en los últimos años hemos capturado segmentos de mercado y lo vamos a seguir haciendo.

En vuelos cortos, la diferencia no está tanto en la cabina como en el producto y la experiencia. Habrá más innovaciones como el All You Can Fly de este año, que superó por mucho nuestras expectativas: unas diez veces más.

El artículo 186 señala que “los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas”. También existe una excepción para profesionales y ayudantes de establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y para quienes trabajan en la aplicación de rayos X, quienes tienen derecho a 15 días de descanso por cada seis meses de servicio.

Pero una de las dudas más comunes tiene que ver con quién decide cuándo llega ese periodo. De acuerdo con el artículo 187, “la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso”.

Además, el empleador debe avisar con al menos 15 días de anticipación la fecha en la que concederá las vacaciones. Esto significa que el jefe sí puede determinar el periodo de descanso si trabajador y empresa no llegan a un acuerdo.

Lo que no puede hacer el empleador es negarle indefinidamente las vacaciones a una persona que ya cumplió el año de servicio. La fecha puede ser acordada entre ambas partes, pero si no existe consenso, el empleador puede fijarla dentro de los términos establecidos por la legislación.

También hay reglas para situaciones particulares. Si existe una interrupción justificada del periodo de descanso, el trabajador no pierde el derecho a reanudar sus vacaciones.

Por otro lado, trabajador y empleador pueden acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que hasta la mitad de las vacaciones sea compensada en dinero. Durante el descanso el empleado recibe el salario ordinario que devenga al comenzar sus vacaciones, con las exclusiones contempladas por la ley.

Esta resolución estratégica marca el final de una alianza comercial ininterrumpida vigente desde 1986, modificando drásticamente el menú de gaseosas disponible para los clientes en las sucursales norteamericanas del restaurante, según replicó Reuters.

El cronograma estipula que la renovación de dispensadores iniciará en enero de 2027, proyectando que la transición operativa concluya plenamente en toda la nación hacia la primavera de 2027. Desde Colombia, los clientes miran con atención si es implica alguna clase de novedad para este mercado.

Lo cierto es que la ruptura representa un revés severo para PepsiCo, dado que la cadena avícola opera actualmente 3.718 sedes estadounidenses, en momentos donde la fabricante busca recuperar terreno en ventas de refrescos.

A la par, el segmento de pasabocas de la multinacional afronta presiones derivadas de precios elevados y tendencias de consumo orientadas hacia alternativas nutricionales mucho más saludables.

El consejero delegado de PepsiCo, Ramon Laguarta, admitió recientemente que restablecer márgenes operativos y acelerar la expansión financiera requiere más tiempo del calculado en las proyecciones presupuestarias iniciales.

La relación empresarial surgió cuando la corporación de bebidas compró la franquicia avícola para fortalecer su presencia alimentaria, manteniendo el suministro tras escindir la compañía en 1997 bajo Yum Brands.

Frente a la coyuntura, Jay Woods, estratega jefe de mercado en Freedom Capital Markets, analizó el impacto bursátil señalando: “Es simplemente una mala imagen para PepsiCo… cuando pierdes a un socio de marca de tanto renombre como ese. Esta podría ser la gota que derrama el vaso en términos de percepción pública”.

El especialista bursátil, cuya firma posee participación accionaria en Coca-Cola, añadió respecto al reacomodo corporativo: “Es muy poco común que dos gigantes de la misma industria tomen rumbos tan marcadamente distintos”.

Asimismo, el fondo activista Elliott Investment Management fiscaliza minuciosamente a PepsiCo, presionando a la directiva para liquidar activos improductivos e impulsar el rendimiento financiero en América del Norte.

Pese al rompimiento en Estados Unidos, Yum Brands y la productora de sodas ratificaron pactos en KFC International y consolidaron un convenio por 10 años para abastecer Taco Bell.

La firma conserva convenios exclusivos con cadenas como Subway, Jersey Mike’s Subs y Pizza Hut, firma que abandonó recientemente el conglomerado matriz tras haber migrado desde Coca-Cola en 2011.

Por su parte, Coca-Cola consolidará su presencia nacional en Estados Unidos al desembarcar en los restaurantes de pollo frito antes de concluir la primavera de 2027, manteniendo en confidencialidad los montos económicos pactados. Este movimiento sucede en la misma época en la que en Colombia hubo cambio en los dueños de Presto.

La incorporación de Coca-Cola fortalece la hegemonía de la marca en comida rápida, donde ya figura como distribuidor principal en gigantes globales del sector como McDonald’s y Wendy’s.

La primicia sobre este histórico traspaso corporativo trascendió inicialmente mediante un reporte emitido por The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

¿Cuántos locales de KFC hay en Colombia?

La cadena multinacional de comida rápida KFC mantiene una sólida expansión operativa en el mercado gastronómico colombiano, alcanzando más de 120 restaurantes activos en el país.

El conglomerado avícola concentra su mayor presencia en Bogotá, ciudad que agrupa cerca de cincuenta sucursales estratégicamente ubicadas en centros comerciales, corredores viales y barrios tradicionales.

Asimismo, la compañía opera establecimientos en otras urbes metropolitanas clave como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Santa Marta y Villavicencio.

La operación de la franquicia en el país depende del grupo empresarial internacional Telepizza, corporación encargada de administrar los puntos de venta y liderar las aperturas locales.

El modelo de negocio combina locales tradicionales con servicio en mesa, áreas de juegos infantiles, ventanillas de auto rápido y una moderna infraestructura orientada a domicilios.

La empresa genera más de dos mil empleos directos e indirectos en Colombia, priorizando la contratación de personal joven y promoviendo esquemas de formación laboral continua.

Para abastecer su red restaurantera, la multinacional adquiere materias primas de proveedores locales, fortaleciendo la industria avícola y agrícola de las distintas regiones productoras del país.

El plan corporativo contempla inaugurar nuevas sucursales durante los próximos meses en ciudades intermedias con alto dinamismo económico y creciente consumo familiar fuera del hogar.

El anuncio fue realizado durante la clausura del Congreso Colombiano de la Construcción 2026.

El Presupuesto General de 2027 quedó fijado en $634,9 billones y fue expedido mediante decreto por el Gobierno Nacional, después de un vicio de trámite en el Congreso de la República. Restrepo señaló que el recorte busca eliminar excesos de gasto y evitar que el país dependa del sobreendeudamiento y el derroche fiscal.

El funcionario también indicó que el ajuste se suma a un recorte de $13,8 billones aplicado al presupuesto de 2026, equivalente al 0,7 % del PIB.

Según Restrepo, el Gobierno busca fortalecer la inversión privada mediante incentivos fiscales y mayor seguridad jurídica.

Durante su intervención, además, destacó la política de vivienda, con tres líneas de acción: reconstruir, reactivar y crecer. Para atender las zonas afectadas por el reciente terremoto, se dispone inicialmente de $1,7 billones, junto con beneficios tributarios y obras por impuestos.

El Gobierno también plantea alcanzar un crecimiento económico del 6 %, apoyado en eficiencia estatal, talento, energía, inversión y financiación.