Escrito por:  Redacción Nación
Oct 27, 2026 - 9:56 am

Marly Tabares, conocida entre algunas de sus presuntas víctimas como la ‘reina de las estafas’, quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial en Cali, Valle del Cauca. La mujer, de 54 años según la Fiscalía, aceptó los cargos relacionados con una serie de hurtos que habrían causado pérdidas cercanas a los 180 millones de pesos en al menos 10 empresas.

De acuerdo con el ente acusador, la procesada habría aprovechado su vinculación laboral en áreas contables, financieras y de tesorería para ganarse la confianza de sus empleadores y acceder a recursos económicos. Entre las víctimas figuran negocios relacionados con el sector automotor, equipos de rastreo vehicular y establecimientos comerciales.

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La Fiscalía informó que los hechos investigados ocurrieron entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026, aunque las denuncias y los antecedentes mencionados en los reportes apuntan a posibles episodios anteriores.

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¿Quién es Marly Tabares y cómo habría estafado?

Según la información divulgada, Tabares es oriunda de Cali y habría trabajado como auxiliar contable y en otras funciones relacionadas con el manejo de dinero.

Uno de los aspectos que llama la atención en el caso es la diferencia entre su edad reportada por la Fiscalía y la que aparecería en una hoja de vida entregada a una de las compañías afectadas. Mientras el ente acusador indicó que tenía 54 años, el documento laboral consignaría como fecha de nacimiento el 7 de febrero de 1982, lo que correspondería a 44 años en 2026.

La investigación señala que la mujer presuntamente utilizaba un método recurrente para cometer los hurtos. Primero, se postulaba a vacantes en áreas administrativas o financieras; después, buscaba ganarse la confianza de sus superiores hasta obtener acceso a información sensible y al manejo de recursos.

Según la Fiscalía, una vez vinculada, habría conseguido claves bancarias, contraseñas dinámicas y tokens de seguridad para realizar transferencias sin autorización hacia cuentas bajo su control. También se le atribuye la apropiación de dinero en efectivo proveniente de las actividades comerciales.

Después de los presuntos desfalcos, habría renunciado y eliminado contactos y conversaciones de WhatsApp, lo que habría dificultado que los empleadores la localizaran.

Entre los episodios documentados por las autoridades se encuentra uno ocurrido el 10 de diciembre de 2024, cuando Tabares presuntamente trabajaba como secretaria recaudadora en una plaza de mercado de Cali.

Según la información de la Fiscalía, la mujer tenía a su cargo el recaudo de las cuotas de administración de los comerciantes. En ese contexto, habría tomado más de 38 millones de pesos en efectivo, los habría guardado en una bolsa y ocultado en su cartera antes de abandonar el lugar. Este caso hizo parte de las investigaciones que permitieron reconstruir el presunto patrón de actuación de la procesada.

Los señalamientos también han circulado en redes sociales desde 2024, cuando un comerciante que aseguraba haber sido víctima de un robo publicó un video en el que la identificaba y denunciaba lo sucedido. La grabación se difundió ampliamente y contribuyó a visibilizar las acusaciones de otros afectados.

De acuerdo con los testimonios citados en los reportes, otras empresas también habrían detectado faltantes de dinero después de contratarla para funciones administrativas.

La Fiscalía estableció provisionalmente que los hechos investigados comprometerían cerca de 180 millones de pesos y afectarían a 10 empresas de Cali. Sin embargo, algunas víctimas sostienen que el monto podría ser superior. Una de las compañías afectadas, dedicada al rastreo y seguimiento satelital de vehículos, habría reportado pérdidas por 50 millones de pesos.

También se mencionan presuntos hurtos en un concesionario automotor y otros negocios. No obstante, estas cifras adicionales deben distinguirse del monto consolidado por el ente acusador, pues no todos los señalamientos necesariamente hacen parte del mismo bloque de investigación.

Los afectados también han advertido que algunos comerciantes podrían no haber formalizado sus denuncias, por lo que el alcance económico total de los casos todavía podría ser objeto de revisión.

¿Por qué seguía trabajando pese a sus antecedentes judiciales?

Uno de los interrogantes que surgieron tras conocerse la investigación es cómo Tabares habría conseguido vincularse a diferentes empresas pese a los antecedentes que le atribuyen las autoridades.

Según la información suministrada sobre el caso, la mujer tendría 28 condenas previas por delitos similares. Entre los antecedentes mencionados aparece una sentencia de 128 meses y nueve días de prisión por hurto agravado, que habría quedado en firme en abril de 2018, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos con vigencia hasta diciembre de 2028.

También se reportó que en 2017 un juzgado le habría impuesto una medida de detención domiciliaria dentro de otro proceso judicial. No obstante, algunos empleadores aseguraron que, al consultar bases de datos de antecedentes, no encontraron alertas que les permitieran advertir el historial que posteriormente conocieron.

El caso también generó preguntas por las diferencias entre los resultados de las consultas públicas de antecedentes judiciales y la información que puede reposar en otros sistemas institucionales. De acuerdo con las explicaciones atribuidas a la Policía Nacional, la consulta pública de antecedentes judiciales no es equivalente al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), que contiene información sobre noticias criminales y actuaciones procesales.

La existencia de una condena, su vigencia y sus efectos deben verificarse a través de los registros y decisiones judiciales correspondientes.

La investigación actual está a cargo de un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali, con apoyo del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La Fiscalía informó que Tabares aceptó los cargos por los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

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“La investigación permitió establecer que la mujer se postulaba a empleos en las dependencias financieras y contables para ganarse la confianza de sus empleadores y acceder a información privilegiada”, indicó el ente acusador en su reporte.

Tras la actuación judicial, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario, por lo que deberá permanecer privada de la libertad mientras avanza el proceso correspondiente.

Para las personas que aseguran haber sido afectadas, la decisión representa un avance en la búsqueda de respuestas frente a las pérdidas económicas que denuncian. Entretanto, las autoridades deberán precisar el alcance de los hechos investigados y las consecuencias judiciales derivadas de la aceptación de cargos.

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