En medio de las crecientes dificultades que enfrentan millones de pacientes en Colombia, representantes de usuarios, gremios, médicos, exfuncionarios y organizaciones del sector salud coincidieron en que la principal necesidad para superar la crisis es recuperar la confianza en el sistema y tomar medidas urgentes para garantizar la atención de las personas más vulnerables.
Álvaro Molina, integrante de la Mesa de Usuarios de Salud, aseguró que la incertidumbre generada por anuncios sobre eventuales liquidaciones de EPS, traslados masivos de afiliados y cambios en el modelo de atención ha incrementado la angustia de los pacientes. Según explicó, la falta de claridad sobre el futuro del sistema termina afectando directamente la salud de las familias colombianas.
“Cada decisión de que toma el Gobierno Nacional es una incertidumbre para nosotros, decir que van a trasladar a seis millones de colombianos genera incertidumbre, decir que se van a liquidar las EPS también, así como decir que se van a cancelar las licencias de funcionamiento y esa incertidumbre se traduce en una mayor enfermedad, en una mayor angustia para las familias”, dijo en entrevista con Bajo Sospecha, programa de Pulzo.
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Desde la industria farmacéutica, Augusto Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, propuso mejorar el flujo y la trazabilidad de los recursos. El directivo señaló que actualmente no existe un seguimiento suficientemente claro sobre el destino del dinero de la salud y planteó trabajar en medidas de eficiencia a lo largo de toda la cadena para que los recursos disponibles alcancen a cubrir más necesidades de los pacientes.
Por su parte, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, reveló que más de 30 organizaciones del sector elaboraron un documento con 14 propuestas que ya fue entregado a las campañas presidenciales. Entre las medidas urgentes plantean destinar recursos adicionales para garantizar medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas, así como priorizar el pago al talento humano en salud para evitar que más profesionales abandonen el país o el sistema.
“Lo más urgente para que esos pacientes que están en riesgo la vida puedan obtener sus medicamentos y también priorizar el pago del talento humano en salud, si no lo priorizamos, lo que está pasando es que están renunciando y se están yendo para otros países”, aseguró.
Los representantes de pacientes también insistieron en fortalecer la gobernabilidad y el uso de información científica para la toma de decisiones. Jorge García, director de la Fundación Retorno Vita, advirtió que están detectando casos de pacientes que solo han recibido un tratamiento durante todo un año para enfermedades crónicas y denunció retrasos en la atención de personas con cáncer, quienes deben esperar meses para acceder a quimioterapias.
A las propuestas se sumaron la exviceministra de Salud Diana Cárdenas y el exministro Alejandro Gaviria. Cárdenas planteó redistribuir recursos dentro de la Adres para asegurar la financiación de enfermedades de alto costo y establecer giros directos para medicamentos prioritarios. Gaviria, entre tanto, señaló que la crisis no tiene una solución única o definitiva, por lo que será necesario combinar nuevos recursos, eficiencia en el gasto y capacidad de gestión para enfrentar los problemas que afectan al sistema de salud colombiano.
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Finalmente, Gustavo Campillo, vocero de pacientes de la Fundación Raza, pidió que cualquier reforma o ajuste al sistema se construya escuchando a todos los actores involucrados. Según afirmó, la salud debe abordarse desde criterios técnicos y no ideológicos, con el objetivo de encontrar consensos que permitan mejorar la atención de los colombianos.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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