Enfermarse en Colombia se ha convertido en una auténtica sentencia de angustia y profunda preocupación para las familias. El sistema de salud actual atraviesa una crisis sin precedentes provocada por el gobierno actual, la cual amenaza con una destrucción total de la atención médica si se consolida el continuismo político en el país. Hoy en día, nuestra salud corre un peligro inmenso: si nos enfermamos y no contamos con los recursos económicos para pagar un médico particular o costear los altos precios de las medicinas, estamos trágicamente más cerca de morir. La crisis financiera que asfixia al sistema ya no es un debate técnico de escritorio; se trasladó directamente a las casas, disparando de forma alarmante el gasto de bolsillo de los ciudadanos.
Para entender hacia dónde nos quiere dirigir el gobierno actual, es indispensable mirar al pasado y analizar lo que fue el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS). Creado por la Ley 90 de 1946, el Seguro Social concentraba en una sola entidad pública centralizada las funciones de aseguramiento y prestación, totalmente ligadas al Estado. Sin embargo, la ineficiencia y las graves fallas de ese modelo obligaron al propio Gobierno a ordenar su supresión y liquidación definitiva mediante decretos que culminaron en 2015
Frente a esa centralización rígida, la Ley 100 de 1993 dio paso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que distribuyó funciones entre EPS, IPS y la ADRES, logrando una afiliación universal bajo el principio de la salud como derecho fundamental, ratificado por la Ley Estatutaria 1751 de 2015. El Seguro Social fue un modelo más simple y estatal, mientras que el sistema posterior buscó ampliar cobertura y ordenar recursos. El gobierno de hoy pretende “reencauchar” precisamente esa vieja estructura pública del Seguro Social; un modelo arcaico y centralizado que promete soluciones mágicas pero que fragmentará el servicio y terminará de sepultar la operación cotidiana del sistema.
Los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025 del Dane revelan de manera fáctica que el malestar del sistema es una vivencia crítica en el día a día de los usuarios. A pesar de registrarse una paradoja de gasto donde la afiliación en el papel subió al 97,2 % (+0,7 pp), todos los indicadores operativos reales se han desplomado dramáticamente
- El desplome en la entrega de medicamentos: la entrega completa de fármacos formulados cayó estrepitosamente del 65,0 % en 2024 al 53,1 % en 2025, lo que representa una caída de 11,9 puntos porcentuales. Esto significa que el 46,9 % de los pacientes en Colombia tuvo que financiar total o parcialmente sus tratamientos en farmacias comerciales.
- El abandono de la consulta externa: Las personas que acudieron a su EPS ante un problema de salud bajaron del 63,3 % al 56,8 % (una reducción de 6,5 puntos). Ante las trabas, demoras y desconfianza, los ciudadanos se están desenganchando del sistema o migrando a consultas particulares costeadas con su propio dinero
- Saturación crítica de urgencias: Al fallar la atención médica preventiva regular, los pacientes terminan asistiendo masivamente a salas de urgencias, cuyo uso se disparó del 64,1 % al 70,1 % (+6,0 pp). Esto fuerza a los usuarios a asumir gastos imprevistos en transporte y copagos para resolver problemas de salud ambulatorios
- Deterioro histórico de la calidad: La calificación “Buena o Muy Buena” del servicio de la EPS sufrió una caída significativa, llegando al 81,9 %. Medios de comunicación nacionales destacan que este es el nivel de percepción de calidad más bajo registrado en los últimos 7 años. Asimismo, la satisfacción con la atención de problemas de salud recientes cayó del 87,3 % al 83,8 % (-3,5 pp).
Esta pérdida de capacidad operativa está destruyendo la economía familiar. Los colombianos ya pagamos mensualmente por nuestra salud mediante aportes, pero la ineficiencia actual nos obliga a pagar una “segunda salud” en la droguería de la esquina porque las entidades no nos entregan lo básico. Cada vez que a un paciente le dicen “no hay convenio” o “el pedido no ha llegado”, le están metiendo la mano al bolsillo descaradamente porque el dolor no da espera.
Para miles de hogares, una enfermedad en la familia se volvió la principal causa de pobreza. El dinero que con esfuerzo se ahorraba para el estudio de los hijos o el arreglo de la casa, hoy se desvía de urgencia para pagar exámenes particulares, especialistas independientes o medicinas comerciales ante la desesperación de citas que no llegan. Muchas familias vulnerables se enfrentan diariamente a la dolorosa decisión de elegir entre completar el mercado para comer o comprar la pastilla de la tensión o el inhalador que les garantice seguir respirando.
El panorama es devastador y los sectores más pobres de la población son los más afectados por este descalabro. Quienes no tengan recursos para financiar de manera privada su atención médica o pagar altas tarifas de medicina prepagada quedarán completamente condenados ante una muerte cercana. El sistema de salud actual requiere correcciones urgentes, pero destruirlo para revivir monopolios ineficientes del pasado no es la solución; es la firma de una tragedia que terminará de sepultar la vida de millones de colombianos.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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