Una aguda crisis ambiental y climática mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento del Tolima. Ante las condiciones extremas de sequía asociadas al fenómeno de El Niño, que han disparado drásticamente el riesgo de conflagraciones, las autoridades ambientales decidieron implementar medidas drásticas que incluyen la prohibición temporal de los tradicionales paseos de olla en ríos y zonas naturales, así como la restricción absoluta de cualquier tipo de fogata con fines recreativos, con el propósito de minimizar cualquier chispa que active emergencias en una vegetación altamente vulnerable.
La drástica determinación llega respaldada por un balance crítico registrado durante los primeros días de agosto. Tras contabilizarse más de 40 incendios forestales en la última semana de julio, el primer fin de semana del mes en curso dejó un saldo alarmante de 68 nuevas emergencias que consumieron cerca de 339 hectáreas. De este total, al menos 12 incendios permanecían activos y requirieron priorización operativa en municipios como San Luis, Santa Isabel y Ortega, además de afectaciones previas reportadas en localidades clave como Ibagué, Espinal, Melgar, Guamo, Coello, Natagaima, Prado, Rovira, Flandes y Líbano.
Frente a la magnitud de la coyuntura, Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, advirtió sobre el colapso potencial de la capacidad de respuesta institucional. Citada por el medio local El Olfato, la funcionaria señaló que “durante el fin de semana el departamento presentó 68 incendios con una afectación de 339 hectáreas”, enfatizando que “hoy tenemos 12 incendios activos y la preocupación es enorme” ante la simultaneidad de los eventos y el desgaste operativo del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Ejército.
En paralelo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) amplió el plan de contingencia hacia la protección del recurso hídrico. Las directrices contemplan la restricción de quemas a cielo abierto, la prohibición del llenado de piscinas con agua superficial o subterránea —salvo excepciones específicas—, y la limitación en el riego de jardines con agua potable, al igual que el lavado con manguera de vehículos, fachadas y parqueaderos. Las autoridades recordaron que el abastecimiento para consumo humano tiene prioridad absoluta, por lo que instaron a la ciudadanía a un uso responsable.
Finalmente, el gobierno departamental hizo un llamado imperativo a la comunidad para convertirse en veedores territoriales y reportar cualquier conducta irresponsable o conato de incendio, recordando que el incumplimiento acarreará sanciones económicas y ambientales. Al evocar la crisis crítica que atravesó Natagaima dos años atrás, cuando los recursos de respuesta nacional llegaron al límite, las autoridades insistieron en que el esfuerzo actual busca contener las emergencias antes de que el panorama departamental alcance niveles catastróficos.
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