Escrito por:  Redacción Nación
Ago 5, 2026 - 12:04 pm

En medio de los escándalos en la política colombiana, un informe elaborado por la Procuraduría General expuso un deterioro progresivo en el sistema sanitario colombiano, iniciando de inmediato una amplia investigación disciplinaria institucional.

La procuradora delegada Mónica Ulloa junto a su equipo técnico mantuvieron bajo estricto examen la gestión administrativa de cuatro importantes EPS en el país, indicó el diario El Tiempo.

El diagnóstico oficial evidencia serias deficiencias operativas y barreras asistenciales que terminaron perjudicando directamente la salud y el bienestar de miles de pacientes.

Entre las prestadoras inspeccionadas figura la Nueva EPS, entidad intervenida durante el gobierno de Gustavo Petro, la cual mantiene irregularidades financieras y operativas.

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Asimismo, las verificaciones adelantadas confirmaron que este déficit asistencial afecta igualmente a las entidades Mutual Ser, Emssanar y Proteger EPS, antes llamada Cajacopi.

La delegación para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, liderada por Mónica Ulloa, puntualizó que en las cuatro EPS evaluadas “se sigue presentando un importante deterioro en las condiciones financieras que comprometen la sostenibilidad y continuidad de estas entidades”

Aunque cada entidad posee particularidades específicas, el órgano fiscalizador halló fallas estructurales comunes como el aumento de quejas, tutelas, desacatos e inoportunidad asistencial.

Frente a la Nueva EPS, que concentra la mayor cantidad de afiliados nacionales, el Ministerio Público concluyó la existencia de un “riesgo sistémico y estructural” contra este derecho.

Además, la entidad cuestionó la gestión financiera institucional, señalando que la empresa continúa sin obtener un dictamen favorable de revisoría fiscal a 2024.

“Registran pasivos superiores a $ 22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $ 11 billones. Contando con una alta rotación de agentes especiales interventores, cinco en un periodo de 24 meses”, enfatizó este miércoles con datos críticos del reporte frente a este panorama contable y la inestabilidad administrativa, el ente de control

Luego de este hallazgo técnico, el equipo de Mónica Ulloa remitió el informe a las delegadas disciplinarias para investigar a los responsables de este deterioro progresivo.

Responsables de Nueva EPS, Mutual Ser, Emssanar y Proteger EPS

La propiedad de Nueva EPS corresponde a una estructura mixta donde el Estado colombiano posee el 49 % de las acciones a través del Ministerio de Hacienda.

El 51 % restante pertenece a las Cajas de Compensación Familiar Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comandandi en el país.

En el caso de Mutual Ser EPS, la entidad opera como una asociación mutual sin ánimo de lucro cuyos dueños son sus propios afiliados y asociados comunitarios en la región.

Esta organización mutualista reinveste sus excedentes financieros en la mejora continua de la infraestructura médica y en los programas asistenciales para sus miles de usuarios.

Por su parte, la EPS Emssanar funciona como una entidad de carácter cooperativo y asociativo, integrada principalmente por la Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud Emssanar ESS.

Los asociados de esta red cooperativa del suroccidente colombiano ejercen el control institucional a través de sus asambleas generales y órganos representativos de gobierno corporativo.

Finalmente, Proteger EPS, entidad conocida anteriormente dentro del mercado sanitario nacional como Cajacopi EPS, pertenece mayoritariamente a la Caja de Compensación Familiar del Atlántico, Cajacopi.

La caja de compensación atlántica lidera la composición accionaria de esta promotora de salud, manteniendo el control operativo en alianza con otros actores del sector privado.

La diversidad en sus estructuras de propiedad refleja los distintos modelos asociativos permitidos por la legislación nacional para la prestación del servicio público de salud.

Independientemente de la naturaleza societaria de sus propietarios, todas estas entidades deben administrar rigurosamente los recursos públicos asignados por la Unidad de Pago por Capitación.

 A nivel estatal, la Superintendencia Nacional de Salud ejerce inspección, vigilancia y control directo sobre los administradores de todas las promotoras mencionadas.

El Ministerio de Salud y Protección Social define las políticas públicas del sector sanitario que estas aseguradoras deben acatar obligatoriamente.

Asimismo, la ciudadanía ejerce veeduría sobre las decisiones tomadas por estas juntas directivas para salvaguardar la equidad en el acceso a los servicios médicos.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación investiga disciplinariamente la conducta de los agentes interventores y funcionarios responsables por posibles fallas.

La Contraloría General de la República audita el destino de la unidad de pago por capitación ejecutada por cada equipo administrativo.

En conjunto, estos actores directivos e instituciones públicas comparten la responsabilidad legal de garantizar el funcionamiento continuo del sistema nacional de salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.

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