El documento fue divulgado luego de que la Fiscalía imputara cargos contra Vargas por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. Allí, las periodistas afirman que fueron vinculadas al caso “en contra de nuestra voluntad” y reiteran que nunca buscaron promover una denuncia penal.
“Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante la propia Fiscalía, que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas”, señalaron.
Según explican, tras presentar las denuncias internas en Caracol Televisión consideran que la empresa ya adoptó las medidas necesarias. “Consideramos que, tras las denuncias internas, la compañía ya tomó las decisiones que, a nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición“, dice el comunicado.
Las periodistas aseguran que, una vez terminó ese proceso interno, la Fiscalía insistió en que hicieran parte de la investigación penal mediante llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Aunque reconocen que el acoso sexual es un delito que se investiga de oficio, afirman que en repetidas ocasiones manifestaron que no querían constituirse como víctimas dentro del proceso.
“Respetamos que el ente investigador actúe en cumplimiento de su deber constitucional y legal, hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra intención de no constituirnos por ahora como víctimas (…) razón por la cual hoy nos vemos obligadas a aclarar públicamente una situación que nunca buscamos protagonizar porque constituye para nosotras una revictimización”, expresaron.
Uno de los principales argumentos de las tres periodistas es la protección de su vida privada y de su bienestar emocional. “Nuestra decisión ha sido conocida por las autoridades desde el inicio y responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestro proyecto de vida”, indicaron.
Al mismo tiempo, aclararon que esa decisión no significa que estén negando lo ocurrido. “No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron”, señalaron.
También cuestionaron la forma en que, según ellas, la Fiscalía ha manejado el caso y advirtieron que la exposición pública les está generando nuevas afectaciones. “No queremos ser objeto de estigmatización y creemos que el manejo que la Fiscalía le ha dado a este caso ya nos está exponiendo a escenarios de acoso judicial y mediático“, afirmaron.
En el comunicado, las periodistas invocan el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, que reconoce a las víctimas el derecho a un trato digno y a la protección de su intimidad y seguridad. Con base en esa norma, pidieron que se respete su decisión de no participar activamente en el proceso.
Finalmente, insistieron en que no buscan frenar la investigación ni favorecer al periodista imputado. “No hemos renunciado a la verdad, no hemos negado los hechos, no hemos solicitado que la investigación se detenga y no pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia. Lo único que hemos pedido es que no nos obliguen a constituirnos como víctimas procesales”, concluye el comunicado.
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