La Procuraduría abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, según documentos conocidos en exclusiva por revista Semana.
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El proceso involucra al Ministerio del Interior, la UNP y el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), debido a posibles irregularidades tanto en el otorgamiento como en la continuidad de las medidas de protección de las dos jóvenes.
De acuerdo con el expediente citado por el medio de comunicación, los hechos relacionados con Guerrero ocurrieron cuando ella trabajaba en el Ministerio del Interior, mientras que Muñoz estaba vinculada a la Aeronáutica Civil, entidad que en ese momento era dirigida por Luis Alfonso Martínez Chimenty.
Procuraduría revisa esquema de Juliana Guerrero
La investigación sobre Guerrero surgió, entre otros elementos, a partir de una denuncia presentada por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien cuestionó a finales de abril que la joven contara con un esquema de seguridad pese a que ya no era funcionaria pública.
La revista señaló que Augusto Rodríguez, entonces director de la UNP, explicó que la asignación y continuidad de la protección obedecieron a los procedimientos técnicos y legales utilizados para establecer el nivel de riesgo.
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Sin embargo, Semana también recordó que publicó en agosto un audio en el que Guerrero habría hablado de la necesidad de acreditar una condición como activista política o de derechos humanos para mantener la medida.
La investigación se conoce además después de que Guerrero, de 26 años, fuera condenada a tres años por falsificar su título profesional para asumir como viceministra de Juventud. La condena no implicó que pasara un día en prisión.
El esquema de Gabriela Muñoz también está bajo la lupa
En el caso de Gabriela Muñoz, el documento de la Procuraduría señala que desde el 19 de agosto de 2026 habría contado con un esquema amparado en una norma dirigida a dirigentes o activistas políticos.
Según la revista, posteriormente surgió información sobre una supuesta inconformidad de Muñoz con la protección asignada y una eventual solicitud para reforzarla. La joven, quien hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista Marco Emilio Hincapié, sostuvo que había solicitado las medidas meses atrás y que las amenazas en su contra estaban documentadas.
El ente de control advirtió, según el expediente divulgado por Semana, que pudieron presentarse irregularidades en el otorgamiento y continuidad de los esquemas de ambas mujeres.
También investigan a Muñoz por su paso por la Aerocivil
El caso de Muñoz tiene además otro frente disciplinario. La Procuraduría abrió una indagación para establecer posibles irregularidades relacionadas con contratación, tráfico de influencias y presunto nepotismo en la Aerocivil durante la administración de Martínez Chimenty.
El medio indicó que la entidad busca establecer si Gabriela Muñoz, su hermano Santiago y otros familiares fueron vinculados a la Aeronáutica en circunstancias irregulares. También se investiga si ella tuvo una participación en decisiones que excedían las funciones propias del cargo que ocupaba.
Entre los hechos bajo revisión aparece un contrato que inicialmente habría sido de 400 millones de pesos y que, mediante adiciones, terminó alcanzando los 12.000 millones de pesos.
La Procuraduría también revisará otras denuncias relacionadas con contratación y con la presunta habilitación de días y horarios no laborales para tramitar contratos en la entidad.
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