El proceso de transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, sumó un nuevo y explosivo capítulo, esta vez en el corazón del sistema pensional de los colombianos. Lo que inicialmente fue reportado por los usuarios como una molesta e imprevista caída de la plataforma virtual de Colpensiones entre el sábado 27 de junio y el jueves 2 de julio, terminó destapando una feroz denuncia por un contrato multimillonario que compromete el manejo de la información más sensible del país.
El senador electo Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de la administración entrante de la “Patria Milagro”, prendió los ventiladores y acusó formalmente a la administración de Jaime Dussán de utilizar una supuesta “migración de datos” como cortina de humo para dejar amarrado un negocio de más de 223.000 millones de pesos con empresas que habrían crecido de manera sospechosa a la sombra del gobierno saliente.
De acuerdo con las alertas lanzadas por Gómez, el cierre de los servicios digitales no fue un simple mantenimiento de rutina. Detrás se esconde la entrega de un millonario contrato a una “oscura Unión Temporal” para el manejo del software, almacenamiento y soporte de los servidores que contienen el historial de semanas cotizadas y ahorros de millones de ciudadanos.
La preocupación del equipo de De la Espriella es doble. Por un lado, advierten que el plazo de ejecución del contrato se extiende de manera sospechosa hasta diciembre de 2029, lo que significa que el gobierno entrante tendrá las manos atadas en materia tecnológica durante casi todo su mandato. Por el otro, el senador electo lanzó una advertencia alarmante sobre la vulnerabilidad del sistema:
Esta entidad que ya queda sindicalizada de última hora para evitar despidos, además queda con este megarroto de un nuevo software para información altamente sensible. Queda en manos, a través de este contratico de más de 223 mil millones de pesos, de una oscura Unión Temporal… Con este negocio se podrían hacer hasta asignaciones pensionales con información falsa”, denunció Gómez Martínez.
Una investigación del diario El Tiempo confirmó la existencia del megacontrato por un valor exacto de 223.125 millones de pesos, adjudicado bajo un régimen especial a la Unión Temporal Gestión Integral Centros de Datos 2025. Al revisar con lupa los integrantes del consorcio, saltaron múltiples conexiones políticas que el nuevo gobierno ya ordenó revisar en las mesas de empalme:
- TSG The It Experts SAS (64% de participación): Es la joya de la corona del consorcio. Aunque el senador Gómez criticó que es una estructura mediana que arropa el grueso de datos con solo unos 80 o 120 empleados, la firma reporta ingresos por $120.000 millones. Su único accionista es Holding Tech SAS, de propiedad de Luis Alfredo Pinilla Plazas. Esta empresa registra millonarios contratos previos con el ICBF ($24.000 millones) y con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por $7.600 millones. Curiosamente, la JEP está en la mira del próximo gobierno, pues Iván Cancino (jefe de empalme del área de justicia) ya anunció que será sometida a chequeo para reformarla o liquidarla.
- Rit Enterprise Solutions SAS (35% de participación): Calificada por la oposición como un “simple revendedor de computadores”. Según las denuncias, su experiencia proviene de un feudo político tradicional del saliente ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, registrando al menos 9 contratos con el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.
- IOGestión SAS (1% de participación): Firma bogotana dedicada al comercio de equipos informáticos.
Lo que más llama la atención de los investigadores es la fecha de la firma de este entramado: el 11 de septiembre de 2025, justo los mismos días en que Colpensiones era duramente criticada por la compra de una lujosa camioneta de último modelo por $404 millones de pesos y por los ruidos alrededor de Sandra Hincapié, funcionaria de la entidad que acaba de ser nombrada de forma exprés en una notaría de Medellín.
Frente a la gravedad de las acusaciones, el presidente de la entidad, Jaime Dussán, negó de forma tajante las irregularidades y calificó los señalamientos del senador electo de Salvación Nacional como “acusaciones falsas”. A través de un comunicado oficial, Colpensiones aseguró que las oficinas y los 81 Puntos de Atención (PAC) del país operan con total normalidad.
La entidad argumentó que lo que se está ejecutando es un proceso de modernización tecnológica planeado con más de nueve meses de anticipación, derivado de una licitación pública y transparente que busca robustecer la seguridad y la trazabilidad de la base de datos contra ataques cibernéticos. “Este proceso obedece a un cronograma técnico y no guarda relación alguna con el calendario político del país”, reza el documento.
Sin embargo, en un movimiento que evidenció el impacto de las denuncias y la presión del equipo de empalme de De la Espriella, Colpensiones se vio obligada a recular parcialmente. En el mismo comunicado confirmaron que, para no alarmar a la ciudadanía ni alterar la atención al público, tomaron la decisión de aplazar la siguiente fase de migración de datos que estaba programada para este fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026. La información de los ahorros de los colombianos quedó bajo custodia hermética mientras los delegados del nuevo presidente exigen la entrega de las bitácoras informáticas de auditoría.
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