El proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella sumó una nueva y alarmante alerta roja. Luego de que se denunciaran contrataciones masivas y aceleradas en carteras clave como Defensa, Salud, Educación y la Aerocivil, una nueva entidad del Estado entró directamente al ojo del huracán por cuenta de una serie de movimientos exprés ejecutados a pocas semanas del traspaso de mando del 7 de agosto.
Una investigación exclusiva del diario El Tiempo destapó un doble frente de sospechas en la Superintendencia de Notariado y Registro (entidad adscrita al Ministerio de Justicia): una frenética maratón de decretos para nombrar notarios interinos en las principales ciudades del país y un millonario contrato tecnológico por casi 20.000 millones de pesos que se está cocinando de forma silenciosa.
La documentación obtenida en primicia revela al menos una decena de decretos firmados por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, con designaciones frescas en despachos notariales clave. Lo que más ha encendido las alarmas del equipo de empalme entrante es que varios de los beneficiados con estos puestos de alta rentabilidad y poder local son personas directamente conectadas con el círculo de confianza del palacio presidencial.
Entre los nombres propios que saltaron a la vista en este listado de última hora se encuentran:
- Sandra Lucía Hincapié Galindo: Designada provisionalmente en una notaría e hija de Marco Emilio Hincapié (presidente de Coljuegos y considerado un “petrista pura sangre”).
- Yeny Paola Garzón Reyes: Nombrada como notaria 37 de Bogotá y señalada por fuentes internas como una ficha muy cercana al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
- Adriana María Mejía Aguado: Quien ya había estado en el radar público por sus lazos de amistad con la primera dama, Verónica Alcocer.
- Nombramientos masivos en regiones: Despachos notariales asignados a dedo en Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Pasto y Barrancabermeja, además de la sorpresiva creación de una nueva oficina de primera categoría en Bogotá (la Notaría 82, ubicada en el populoso sector comercial de San Victorino).
Particularmente llamó la atención el caso de Érika Andrea Macías Cárdenas, nombrada en interinidad en la Notaría 38 de Bogotá el pasado sábado 30 de mayo, justo un día antes de que los colombianos acudieran a las urnas para la primera vuelta presidencial.
A la par con el ajedrez de los notarios, la Supernotariado avanza a toda marcha en la estructuración de un mega contrato por 19.439 millones de pesos. El objeto del negocio es la renovación, optimización y consultoría estratégica de la infraestructura tecnológica y el centro de datos de la entidad.
Sin embargo, el proceso ha despertado suspicacias técnicas e institucionales por dos razones de peso. La primera es que el proyecto unifica componentes comerciales completamente diferentes (seguridad informática, redes, plataformas y consumibles de impresión) que históricamente se contrataban por separado con proveedores especializados. La segunda es que el negocio aún no ha sido subido formalmente a la plataforma pública del Secop II, a pesar de que ya se adelantó una Solicitud de Información a Proveedores (SIP) que abrió y cerró de forma exprés en un lapso de apenas tres días a finales de junio, de acuerdo con el periódico.
Para colmo de males, entre las firmas invitadas a cotizar este millonario pastel presupuestal figura Red Summa, una corporación que fue denunciada públicamente en 2025 por la propia Secretaría de Transparencia del Gobierno como parte de una supuesta red ilegal de “contrataderos” estatales,según el rotativo.
Ante el revuelo de las revelaciones, el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, salió en defensa de su gestión. Frente al tema de los notarios, aseguró que los nombramientos obedecen estrictamente a la necesidad legal de garantizar la continuidad del servicio público ante vacancias imprevistas, amparados en las facultades de provisionalidad que otorga la Ley 588 de 2000, de acuerdo con el citado medio.
“¿Están nombrando notarios como si esto fuera la piñata de los cargos públicos? Siempre los Gobiernos terminando hacen unos nombramientos, dejan unos amigos, pero dejar nombrados 20 notarios parece demasiado”, dijo Néstor Morales sobre este tema.
“Eso ha ocurrido siempre, yo veo un artículo de la revista Cambio de agosto de 2022 sobre el gobierno de Iván Duque y se títula ‘raspa la olla en las notarías’ y en la lista que nombró fueron 14. Eso pasa, pero desafortunadamente esta parte final se utiliza para dejar cargos en notarías, cargos diplomáticos y eso se está haciendo, es una mala práctica”, dijo Héctor Riveros.
Respecto al millonario contrato, Agudelo desmintió que se trate de un proceso oculto y aclaró que por el momento se trata de un “estudio de mercado meramente indicativo”. Según el funcionario, la entidad ha presentado graves intermitencias y caídas en su conectividad en los últimos días, lo que ha paralizado el servicio de registro de tierras en el país, haciendo que la adquisición de estos bienes tecnológicos sea una “atención prioritaria”.
A pesar de las justificaciones técnicas presentadas por la Supernotariado, fuentes de la mesa de transición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmaron que no validarán estas movidas a ciegas. El equipo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya incluyó estos decretos y solicitudes de información en la lista de riesgos del Estado y exigirá respuestas detalladas a partir del próximo martes, bajo la premisa de que no se puede comprometer el presupuesto ni la estructura institucional del país en el último minuto del partido.
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