El proceso de liquidación de la recordada comercializadora ilegal de dinero DMG, liderada por David Murcia Guzmán, se encuentra en su etapa final, según detalló en entrevista con El Tiempo la abogada María Mercedes Perry, quien funge como liquidadora de la entidad desde hace más de década y media. La experta se refirió al complejo panorama que ha significado la repartición de bienes a los miles de afectados, un tema que volvió al centro de la discusión pública tras la entrega de un apartamento en Unicentro a más de 4.290 personas.
De acuerdo con la liquidadora en el citado medio, en su momento más de 240.000 personas presentaron reclamaciones formales documentadas —un proceso masivo que debió realizarse entre 2008 y 2009 en el estadio El Campín de Bogotá— por un valor total superior a 1,2 billones de pesos. Sin embargo, el principal cuello de botella que ha enfrentado el proceso es que no se han podido incautar suficientes bienes o dinero frente al monto reclamado, debido principalmente a que David Murcia no ponía los inmuebles a su nombre ni al de sus sociedades, sino a nombre de terceros.
Hasta la fecha, se han pagado alrededor de 100.000 millones de pesos, lo que ha permitido que muchas personas con montos menores o de hasta 600.000 pesos salgan del proceso, quedando actualmente pendientes 60.064 personas. El grueso de los reclamantes originales se encontraba en rangos de inversión entre 1 y 3,5 millones de pesos, tratándose en su mayoría de personas de bajos recursos que usaron sus ahorros o vendieron sus viviendas, procedentes principalmente de departamentos como Valle del Cauca, Nariño y Bogotá, según el informe periodístico.
Ante la imposibilidad de vender algunos inmuebles incautados —la Fiscalía logró entregar 520 propiedades que ya fueron vendidas o adjudicadas—, la ley establece que, tras dos meses sin comprador, los bienes deben adjudicarse obligatoriamente entre los afectados en partes proporcionales. Esto ha llevado a situaciones inusuales donde miles de copropietarios quedan dueños de un mismo predio, como ocurrió en municipios como Gachancipá. No obstante, los afectados pueden renunciar a la adjudicación dentro de los cinco días hábiles siguientes, o bien esperar que terceros interesados busquen adquirir sus cuotas partes para consolidar porcentajes mayores.
Perry recordó además que el dinero que ingresa se divide bajo el principio de igualdad estricta en partes proporcionales entre quienes aún conservan saldos pendientes, sin que existan reparaciones preferenciales. Asimismo, advirtió que las demandas interpuestas contra el Estado han fracasado, ya que la justicia determinó que entregar dinero a esquemas piramidales se hizo bajo el riesgo de cada ciudadano, y descartó la viabilidad de demandas civiles independientes contra David Murcia, dado que todos sus bienes están bajo la custodia exclusiva de la agente liquidadora. Toda la información detallada del proceso continúa pública en la página web oficial de la Superintendencia de Sociedades y de DMG.
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