La captura del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla produjo tumulto en la política colombiana. Días antes de su detención, Bonilla esbozó una carta a sus cercanos, poniendo en tela de juicio las acusaciones que pesan sobre él. El escrito, al que El Tiempo tuvo acceso, fue dispuesto como parte de su estrategia de defensa, liderada por el penalista Mauricio Pava.
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Su defensa se centra en desacreditar los cargos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en contratos, que están siendo revisados por la Corte Suprema. Esta situación también afecta a cerca de una decena de congresistas, algunos de los cuales buscan la reelección.
Además, Bonilla en su carta cuestiona el testimonio de su exasesora María Alejandra Benavides, al describirla como alguien que “recibió información privilegiada que, como quien escucha las conversaciones en las mesas de al lado y mira detrás de las cortinas, convirtió en relato” a la Fiscalía y la Corte. Según informó el periódico, el exministro quiso rebatir la tesis de “cupos indicativos” que, de acuerdo a la Fiscalía, habrían sido usados para supuestamente comprar congresistas y favorecer al Gobierno del presidente Petro.
Aquí es donde entra en juego el cronograma del presupuesto General de la Nación (PGN) 2024. De acuerdo a Bonilla, todos los procedimientos al respecto fueron regulados y legalmente aprobados. Hizo énfasis en que “no hay una sola partida a nombre de personas naturales y, mucho menos, de congresistas”.
Enfatizó que la función de los “cupos indicativos” es legítimamente legislativa y no criminal. Si la Fiscalía cree que se incurrió en delito, tendría que demandar una ley que ya ha caducado. Aclara Bonilla que “toda asignación fue a entidades jurídicas del Gobierno Nacional con ordenadores de gasto legales”. Al mismo tiempo, su defensa también intenta desacreditar a Benavides, afirmando que su testimonio sería una prueba de inocencia ya que muchas de las afirmaciones las interpreta como conclusiones personales y no órdenes directas.
La respuesta rápida de su abogado, Jaime Andrés López, fue que dichas afirmaciones están descontextualizadas, ya que la Fiscalía ha examinado las pruebas de manera integral, incluyendo videos, chats y otros testimonios. El presidente Petro, de su parte, ha defendido a sus exfuncionarios, diciendo en su mensaje navideño que “no se robaron un peso. Los juzgan por tramitar proyectos de congresistas que yo frené, unos de Duque y otros de la comisión interparlamentaria”.
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El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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