La magistrada María Leonor Oviedo, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló la legalidad del procedimiento mediante el cual fueron capturados los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Las detenciones se llevaron a cabo en la noche del jueves 18 de diciembre, por orden de la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala de Control de Garantías del mismo tribunal.
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La diligencia judicial correspondió a la audiencia de legalización de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Para el ente acusador, los dos exfuncionarios habrían integrado un entramado criminal que operó al interior de la Ungrd, con impacto directo en el manejo de recursos públicos.
Bonilla fue detenido minutos después de concluir la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, una vez se conoció que la decisión judicial contemplaba una medida de aseguramiento intramural. En contraste, Luis Fernando Velasco se presentó de manera voluntaria ante las autoridades en la ciudad de Cali, donde reside actualmente, quedando también a disposición de la justicia.
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Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron a la magistrada María Leonor Oviedo impartir legalidad a las capturas, petición que finalmente fue avalada. En su intervención, ambos exministros manifestaron que durante los procedimientos se respetaron sus garantías procesales y que no se presentaron irregularidades en el momento de las detenciones.
La magistrada Oviedo indicó que Bonilla y Velasco podrían ser trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá o al centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Finalmente, entre los principales argumentos del Tribunal Superior de Bogotá para imponer una medida intramural figura la persistencia de un riesgo institucional, así como el estado actual de la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero sostuvo que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, pues no impediría una eventual influencia institucional o interferencia funcional asociada, según indicó, a estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.
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