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En menos de 24 horas, dos decisiones judiciales esta semana sacudieron el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Por un lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó las capturas de dos poderosos del Congreso: los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivamente, porque supuestamente recibieron millonarios sobornos de altos funcionarios del gobierno Petro.
Y por el otro, la Fiscalía vinculó formalmente a María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos, pues se habría prestado para entregarle dádivas a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
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Dos noticias que revolvieron el avispero político y judicial y cuyas investigaciones dejan entrever que en el entramado de corrupción que llevó al saqueo de recursos que debían destinarse para afectados por desastres y emergencias naturales, hay alfiles del gobierno Petro que, pese a las evidencias que pesan en su contra, siguen sin ser llamados por la Fiscalía.
La lista va en dos exministros, Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior); un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; el entonces enlace de la Presidencia con el Congreso, Jaime Ramírez Cobo; y, por último, el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha. Estas son las pruebas y testimonios que ha revelado la propia Fiscalía, pero que siguen sin traducirse en avances o decisiones judiciales.
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