El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un fallo histórico que puede marcar un precedente en la política y la jurisprudencia del país. Las circunstancias de su caso han despertado el análisis y la discusión de múltiples aspectos legales de gran importancia en Colombia. Su defensa se encuentra en proceso de apelar la condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal.
La defensa de Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar su apelación frente al fallo de 1.114 páginas emitido por la juez Sandra Heredia. La juez, en su fallo, calificó a Uribe como determinador de los delitos. Esta es la primera vez en la historia de Colombia que un ex presidente es condenado por un tribunal ordinario.
Dentro de la apelación, la defensa de Uribe alegará la ausencia de pruebas directas e indirectas que señalen que el expresidente dio instrucciones para pagar a testigos con el fin de manipular testimonios en su contra, y que hubo una distorsión o falta de valoración adecuada de los testimonios y pruebas técnicas en el expediente.
Uno de los argumentos de la defensa es la declaración de Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, quien afirmó que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le ofreció 200 millones de pesos para retractarse. Sin embargo, Vélez había declarado en años anteriores sin mencionar pagos, tal y como informó Infobae.
El fallo por parte de la Corte Suprema que condenó a Uribe por sobornar a testigos y fraude procesal fue un hecho inédito en la historia política de Colombia. Es la primera vez topamos con un precedente donde un ex presidente es condenado por un tribunal ordinario en el país.
El caso Uribe refleja las tensiones políticas que enfrenta Colombia de cara a las próximas elecciones. Paralelamente, Uribe y su defensa interpusieron una tutela con el objetivo de lograr su libertad durante el proceso de apelación.
A su vez, Diego Cadena, el abogado acusado por los mismos delitos que Uribe, y supuestamente actuando en beneficio de este último, espera su fallo para el 15 de agosto, según lo revela El Tiempo. Una condena confirmada en segunda instancia podría llevar a la defensa a acudir a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, lo cual podría retrasar la resolución final del caso por años. Sin embargo, la condena podría quedar en suspenso si la decisión final favorece a Uribe, llevando a la Fiscalía y a las víctimas a recurrir a la misma instancia.
Los acontecimientos cumplen 12 años de presencia en la esfera pública y han pasado por varias etapas desde denuncias, interceptaciones telefónicas, a cambios de juez.
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