El 28 de julio de 2025, el Juzgado 44 Penal de Bogotá emitirá el fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por la Fiscalía General de la Nación de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.
(Ver también: ¿Álvaro Uribe podría ser culpable de un solo delito? Dicen qué pasaría y si pagaría prisión en ese caso)
Este proceso, que marca la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta un juicio penal, ha captado la atención nacional e internacional por sus implicaciones judiciales, políticas y sociales. Con raíces que se remontan a más de una década, el caso refleja las complejidades del sistema judicial colombiano y las tensiones políticas en un país con profundas divisiones históricas.
Cuál es el contexto del juicio a Álvaro Uribe Vélez
El caso se originó en 2012, cuando Uribe, entonces senador por el Centro Democrático, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo. Uribe acusó a Cepeda de recolectar testimonios de exparamilitares en cárceles para vincularlo con el paramilitarismo, específicamente con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su gobernación en Antioquia (1995-1997).
Entre los testigos estaban Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes señalaron presuntos nexos de Uribe con grupos paramilitares. En 2018, la Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe, alegando que él y su entorno habrían intentado manipular testigos para desacreditar las acusaciones en su contra.
En 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe, quien renunció al Senado, trasladando el caso a la Fiscalía tras perder su fuero. En abril de 2024, la fiscal Luz Adriana Camargo formalizó la acusación contra Uribe por tres delitos, marcando el inicio del juicio en mayo de 2024.
Cuáles son los cargos por los que se le acusa a Álvaro Uribe Vélez
La Fiscalía, representada por el fiscal Gilberto Villarreal, acusa a Uribe de ser el “determinador” de acciones para manipular testigos, ejecutadas principalmente por su abogado Diego Cadena. Según la acusación, Cadena visitó cárceles como La Picota y ofreció beneficios jurídicos o económicos a exparamilitares, como Monsalve y Carlos Enrique Vélez (‘Víctor’), para que modificaran sus testimonios a favor de Uribe o señalaran a Cepeda. Entre las pruebas presentadas están interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, validadas por el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 2025, y una grabación de 2018 donde Cadena ofrece beneficios a Monsalve, captada con un reloj espía.
La defensa, liderada por Jaime Granados, sostiene que Uribe no ordenó sobornos ni manipulaciones. Argumenta que las acciones de Cadena fueron independientes, que las grabaciones carecen de contexto o fueron manipuladas, y que las comunicaciones entre Uribe y su abogado están protegidas por el secreto profesional. Además, cuestiona la credibilidad de testigos como Monsalve, señalándolo como contradictorio.
El juicio, iniciado en mayo de 2024, incluyó 25 sesiones con más de 60 horas de testimonios. Entre los testigos destacaron Monsalve, Vélez, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes ofrecieron perspectivas sobre el manejo del caso. La Fiscalía cerró su argumentación en julio de 2025, y la defensa presentó sus alegatos finales, confiando en una absolución.
Qué repercusiones tiene el juicio a Álvaro Uribe Vélez
El juicio se desarrolla en un contexto de alta polarización política. Uribe, presidente entre 2002 y 2010, es una figura central en la política colombiana, reconocido por su política de ‘seguridad democrática’ que debilitó a las guerrillas, pero también cuestionado por casos como los ‘falsos positivos’ y presuntos nexos con el paramilitarismo.
El caso ha causado debates en plataformas como X, donde seguidores de Uribe denuncian una persecución política, mientras otros sectores celebran el proceso como un avance en la rendición de cuentas.
Qué escenarios enfrenta Álvaro Uribe Vélez
El fallo del 28 de julio de 2025, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, podría absolver a Uribe o condenarlo a una pena de entre 6 y 12 años, según los delitos imputados. Expertos estiman que, en caso de condena, la sanción no superaría los 9 años, y la defensa ya ha anunciado que apelará si el veredicto es adverso.
Si no hay decisión de segunda instancia antes del 8 de octubre de 2025, el caso podría prescribir. Cualquiera que sea el resultado, el fallo influirá en el panorama político de cara a las elecciones de 2026.
(Ver también: Álvaro Uribe y otros expresidentes que han sido procesados por la justicia en Colombia)
El juicio de Uribe no solo determinará la responsabilidad penal del expresidente, sino que pondrá a prueba la independencia del sistema judicial colombiano. Este proceso, seguido de cerca por observadores nacionales e internacionales, es un reflejo de los desafíos de un país que busca equilibrar justicia, memoria histórica y estabilidad política.
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