La historia de Colombia lleva escrito en sus páginas un singular capítulo en el que figuran los casos de expresidentes que, luego de haber dejado el poder, han sido objeto de juicios y hasta detenidos por diversos motivos. En la actualidad, un ejemplo de ello es el caso de Álvaro Uribe Vélez quien actualmente enfrenta un largo proceso judicial que inició contra Iván Cepeda y ahora este lunes 28 de julio se tomará una decisión final sobre si será condenado o no.
(Vea también: El abecé del caso en contra de Álvaro Uribe: aciertos y desaciertos del proceso legal)
El último caso de detención de un expresidente en la historia reciente fue el de Gustavo Rojas Pinilla. Este militar llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1953 y gobernó de facto hasta mayo de 1957. Este hombre, señalado de ser dictador, fue arrestado temiendo que intentara conspirar para recuperar el poder. Fue encarcelado en la fragata Capitán Tono y luego en Galerazamba, Bolívar, hasta su liberación en 1958. Resulta paradójico que al igual que Uribe, Rojas también era políticamente activo al momento de su arresto.
Además de Rojas, el expresidente Ernesto Samper también estuvo envuelto en un proceso judicial denominado “proceso 8000”, en el que se le acusaba de haber recibido financiación de su campaña con dinero proveniente del narcotráfico. Este caso fue archivado en 1996, no sin dejar un fuerte rastro de cuestionamientos y daños a la legitimidad del mandatario.
El siglo XIX fue un siglo complicado para Colombia. El país vivió conflictos armados casi constantes, que también produjeron procesos judiciales contra sus líderes. Uno de los más recordados es el caso de Francisco de Paula Santander, quien fue condenado a muerte bajo el cargo de haber conspirado para asesinar a Simón Bolívar. Finalmente, su pena fue conmutada por el exilio, permitiéndo su regreso y asunción a la presidencia años después.
De hecho, según el abogado Francisco Bernate en diálogo con El Tiempo, prácticamente a cada conflicto colombiano en el siglo XIX le seguía el encarcelamiento y exilio de un presidente y la redacción de una nueva Constitución.
Otros mandatarios del siglo XIX como José María Melo, José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera, también fueron encarcelados o exiliados como consecuencia de derrotas militares y conflictos políticos.
En cuanto a los casos menos graves, también aparece mencionado el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con la financiación de su campaña y otros temas, como lo que sucedió con el llamado capítulo de “la silla vacía”, en medio de las negociaciones que hacía con las Farc durante su mandato.
La figura presidencial en Colombia, en sus dimensiones política y legal, ha logrado construir un infranqueable escudo que protege a los mandatarios, ya sean en ejercicio o retirados, de ser juzgados por actos relacionados con su gestión.
La inmunidad presidencial, que ha sido una constante en la historia colombiana, se establece debido a una combinación de diseño institucional rígido y una polarización política que impiden la legitimación del proceso judicial. La Constitución de 1991, y la construcción de la figura presidencial como un ‘protector supremo’ y ‘un símbolo de unidad nacional’, fortalecen una cultura que tiende a eximir a los mandatarios de responsabilidades y errores cometidos durante su gestión.
Esta protección es tan fuerte que, en acuerdos tan esenciales como el pactado con las Farc, se incluyó una cláusula que protege a los expresidentes de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
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