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El municipio de Chiriguaná, ubicado en el departamento del Cesar, Colombia, se encuentra actualmente en una situación crítica debido a la intensificación de la violencia relacionada con las disputas territoriales entre grupos armados ilegales, como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante esta coyuntura, el Ministerio del Interior convocó a más de 30 instituciones nacionales, regionales y locales para definir un plan de acción que garantice la seguridad de la población civil. Esta iniciativa surgió en respuesta a la Alerta Temprana N° 009 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre graves riesgos para sectores vulnerables de la población, según lo documentado por el periódico elPilón.
La alerta destaca la agudización de la vulnerabilidad para campesinos, comunidades afrodescendientes, pescadores artesanales y el pueblo indígena Zenú. Todos enfrentan riesgos de homicidios selectivos, desplazamiento forzado, extorsiones y restricciones a la movilidad, como consecuencia de las estrategias de control social implementadas por estos grupos armados ilegales. Esta situación no solo afecta la seguridad inmediata, sino que también debilita derechos fundamentales y genera impactos sociales duraderos, profundizando el tejido de desigualdad histórica en la región.
Durante dos jornadas de trabajo interinstitucional, se diseñó un plan integral que articula seis ejes estratégicos clave: fortalecimiento de la seguridad rural mediante la coordinación de Policía y Ejército Nacional; aplicación de acciones preventivas con enfoque en derechos humanos; especial protección para mujeres y la infancia a través del programa “Atrapasueños”; impulso al desarrollo social con inversiones en infraestructura y programas productivos; acompañamiento a proyectos agrícolas como el café y el cacao en el contexto de la reforma agraria; y apoyo técnico y financiero a la administración municipal para optimizar su capacidad de respuesta frente al conflicto (elPilón).
Estos lineamientos coinciden con hallazgos de instituciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), que señala el incremento de acciones violentas en la región del Cesar como resultado de la disputa por rutas y economías ilícitas. Las comunidades rurales y étnicas, históricamente desatendidas por el Estado, son especialmente vulnerables en este escenario, según el reporte de INDEPAZ emitido en 2024. Además, investigaciones de Human Rights Watch en el mismo año resaltan la necesidad de que la seguridad, la justicia y el desarrollo trabajen en estrecha articulación para cortar la reproducción de las violencias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció avances como la reducción de extorsiones y hurtos, aunque advirtió sobre el subregistro de delitos por el temor de la población a denunciar, así como un preocupante aumento de los homicidios en zonas urbanas (elPilón). Este panorama llega a respaldar los análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han alertado sobre la relación entre el miedo, la percepción de impunidad y la baja denuncia, factores que dificultan la capacidad de respuesta efectiva de las autoridades (CIDH, 2023).
Otro punto clave es la próxima instalación del Comité de Justicia Transicional antes de agosto de 2025, que busca no sólo abordar la seguridad inmediata sino también atender el impacto sobre las víctimas y promover la reconciliación. El enfoque restaurativo, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, es fundamental para romper ciclos de violencia en contextos donde coexisten múltiples actores armados y se arrastran tensiones estructurales históricas.
Sin embargo, el verdadero reto se plantea en el sostenimiento de una presencia estatal robusta y de un desarrollo social efectivo, dado que Chiriguaná y su entorno rural han experimentado pobreza estructural y abandono institucional a lo largo del tiempo. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mencionados en 2024 evidencian elevados índices de pobreza multidimensional y carencias básicas, generando condiciones proclives a la incursión de organizaciones criminales.
En otras regiones como Cauca, la experiencia demuestra que la combinación de estrategias multisectoriales, participación comunitaria y alianzas territoriales fortalecidas logra disminuir los niveles de violencia y aumentar la resiliencia social. Así, según el Observatorio de Paz del Cauca en 2024, resulta vital potenciar los mecanismos locales de cohesión y participación en el Cesar.
La próxima sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Citrap), programada para noviembre de 2025, ofrecerá un balance sobre los avances del plan y permitirá reajustar estrategias de acuerdo con los resultados y las transformaciones de la realidad territorial. La complejidad del conflicto en Cesar requiere una acción coordinada basada en información confiable, articulando la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo como claves para proteger la vida y fortalecer la democracia local en Chiriguaná.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué significa la justicia transicional y cuál es su importancia en regiones afectadas por la violencia?
La justicia transicional abarca un conjunto de medidas judiciales y no judiciales, como procesos penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y reformas institucionales, orientadas a enfrentar las consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos en contextos de conflicto armado. Su relevancia radica en que promueve la verdad, el reconocimiento a las víctimas, la reparación del daño y la no repetición de las violencias.
En Chiriguaná y otras zonas afectadas por la acción de múltiples grupos armados, la aplicación de la justicia transicional permite abordar tanto las causas como los efectos del conflicto. Además de fortalecer la legitimidad estatal, ayuda a restablecer la confianza en las instituciones y abre un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, según el análisis del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
¿Por qué es crucial fortalecer la participación comunitaria en la prevención de la violencia en el Cesar?
La participación comunitaria es un factor clave en la prevención de la violencia, porque permite identificar riesgos y necesidades específicas a nivel local, adaptando las respuestas institucionales a las realidades de cada territorio. Cuando las comunidades se involucran, pueden aportar conocimiento, construir alianzas y colaborar activamente en la protección de sus derechos.
La experiencia del departamento del Cauca, como lo refleja el Observatorio de Paz del Cauca, demuestra que la inclusión de organizaciones sociales, juntas de acción comunal y autoridades locales en la construcción de estrategias de seguridad y desarrollo es decisiva. Tal enfoque no solo disminuye la violencia, sino que potencia la resiliencia y el desarrollo sostenible en contextos de alta conflictividad.
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