El presidente señaló a firmas investigadas por presuntos nexos con ‘Los Costeños’, el Clan Vega Daza y anomalías en el control de armas. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló quiénes aparecen como sus propietarios.
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El presidente Abelardo de la Espriella puso la lupa sobre varias empresas de vigilancia y seguridad privada por presuntos vínculos con estructuras criminales y posibles irregularidades en el manejo de armas.
El mandatario aseguró el primero de octubre que, tras la llegada de Wilson Caballero Ariza a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impartió la orden de perseguir las compañías que eventualmente estén siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales.
Según explicó De la Espriella, la Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por posibles conexiones con ‘Los Costeños’, el Clan Vega Daza y anomalías relacionadas con el control de armamento.
En ese contexto, el jefe de Estado informó que Maximus Seguridad Privada tiene su licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas ya se adoptaron decisiones de cancelación que están pendientes de quedar en firme. En el caso de OL Security Group–Servisecurity, permanece una suspensión y el proceso de cancelación está en trámite.
Estas son las empresas señaladas por De la Espriella
La Unidad Investigativa de El Tiempo indagó por las compañías mencionadas por el presidente y estableció quiénes aparecen como sus propietarios, además de documentar algunos de los antecedentes que rodean a estas firmas.
Una de ellas es Atenas de Seguridad Privada Limitada, cuya decisión de cancelación está pendiente de quedar en firme. De acuerdo con los documentos consultados por la Unidad Investigativa de El Tiempo, en un acta de la compañía aparecen Jacqueline de la Rosa Paternina, con el 90 % de participación, y su hermano Andrés Felipe de la Rosa Paternina.
La empresa quedó además bajo atención de las autoridades después de un ataque ocurrido el 25 de mayo en su sede de Barranquilla, donde hombres armados intentaron asesinar al comerciante Raúl Antonio Montes. El hecho dejó un escolta muerto y tres personas heridas, según la investigación de El Tiempo.
Otra de las compañías mencionadas es Seguridad Privada Lost Prevention LTDA, que tiene sede en Barranquilla y registra presencia en Urabá y La Guajira.
Según los registros mercantiles consultados por la Unidad Investigativa de El Tiempo, Lilian Dolores López Romano aparece como gerente y accionista junto con Martha Lucía López de Los Ríos.
La investigación periodística también encontró que Rafael Vega Cuello, conocido como alias ‘Kike’ y señalado como jefe del clan Vega Daza, tenía un carné que lo acreditaba como directivo de la empresa. Sus hijos, Ronald y Roberto Vega Daza, figuraban como escoltas de la compañía, de acuerdo con los documentos revisados por El Tiempo.
Entre las empresas mencionadas por el mandatario también está Maximus Seguridad Privada Ltda., que, a diferencia de las otras compañías mencionadas, ya tiene la licencia cancelada, según informó De la Espriella.
La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que esta firma fue matriculada en Barranquilla en junio de 2022, con un capital de $605 millones.
En los documentos de constitución aparecen como propietarias Jalma Rina Pacheco Zapata, con el 60 % de las acciones; Beatriz Eugenia Ospina Cerro, con el 20 %, y Jhosselyn Andrea Torregosa Viaña, con el 20 % restante.
También aparece Blink Seguridad, compañía matriculada en Barranquilla en agosto de 2022 con un capital de 602 millones de pesos. En su constitución figuran Marta María Guillot González y José Ángel Romero Muñoz.
La firma fue objeto de una intervención de la Superintendencia de Vigilancia y la Policía de Barranquilla en junio de 2025. En ese procedimiento, según los hallazgos citados por la Unidad Investigativa de El Tiempo, se encontraron presuntas fallas en la custodia, trazabilidad y control del armamento, además de posibles irregularidades en la selección del personal operativo.
Finalmente está OL Security Group, matriculada en Barranquilla en marzo de 2022. En los documentos de constitución consultados por El Tiempo aparecen Jaime Oliveros Caicedo, Gloria Eugenia Madrid y Leonel Gutiérrez Rodríguez.
Esta compañía tiene una situación diferente: permanece suspendida y su cancelación está en trámite, de acuerdo con lo informado por el presidente.
¿Por qué el Gobierno quiere cancelar las licencias?
De la Espriella explicó que la ofensiva busca impedir que las empresas de seguridad privada sean utilizadas como fachada por organizaciones criminales para acceder a armas o contar con mecanismos de protección.
“¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!”, afirmó el presidente, quien agregó que había dado al nuevo superintendente la instrucción de perseguir las compañías que pudieran estar siendo utilizadas con ese propósito.
El mandatario también exigió establecer qué ocurrió con armas cuyo paradero no estaría plenamente determinado y advirtió que quienes tengan responsabilidades deberán responder ante la justicia.
La situación administrativa no es igual para todas las compañías: mientras Maximus tiene la licencia cancelada, Blink, Lost Prevention y Atenas enfrentan decisiones de cancelación que todavía no están en firme, y OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida mientras avanza su proceso.
Además, El Tiempo recogió la versión de OL Security Group. Jaime Oliveros, representante legal y accionista de la empresa, negó que la compañía tenga relación con estructuras criminales y aseguró que desconocen los argumentos utilizados para vincularla con esos grupos.
Según dijo el representante a ese medio, el único proceso que actualmente enfrenta la compañía es administrativo y está relacionado con una visita de la Superintendencia en la que se cuestionó la vigencia de su licencia.
De la Espriella, entretanto, anunció que los controles continuarán en todo el país y que la revisión se hará “departamento por departamento”, con especial atención al manejo y destino del armamento de las empresas de seguridad privada.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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