Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Oct 2, 2026 - 5:45 pm
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Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero, enfrentará una investigación judicial bajo medida de prisión domiciliaria. Así lo determinó el juez 27 de control de garantías de Medellín el pasado 2 de octubre, tras evaluar el riesgo de obstrucción y de posible inasistencia ante la justicia. La decisión fue solicitada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entidades que consideran que el exconcejal podría intervenir indebidamente en el proceso.

En este mismo proceso judicial, están involucradas otras figuras. Sebastián Ortega, hijo del excongresista William de Jesús Ortega, recibió una medida no restrictiva de la libertad, hecho que fue apelado por la Fiscalía, la cual presentará sus argumentos el 5 de octubre. Por su parte, Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la Subdirección Ambiental, y Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, también fueron imputados por la presunta participación en este esquema de corrupción, según información de El Espectador.

La investigación liderada por la fiscal Magda Sofía Ramírez gira en torno al posible direccionamiento de tres contratos del AMVA al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en el contexto de la emergencia por covid 19. Estos contratos, cuyo valor suma 17.656 millones de pesos, tenían el objetivo de dotar a la población con kits de bioseguridad entre 2020 y 2023. De acuerdo con la Fiscalía, Miguel Quintero, aunque no firmó ni aprobó formalmente ninguno de los documentos, habría dado instrucciones directas para beneficiar a terceros y organizar un entramado cuyo mecanismo implicó el pago de coimas que inicialmente correspondían al 20 % del valor de los contratos y, tras una renegociación, pasaron al 15 %.

Entre las pruebas reveladas se encuentra un chat de WhatsApp, primero llamado "Alternativos" y luego "Amigos", donde Quintero se habría identificado como "Mr. M" o "nuestro jefe". Este grupo sería, según la Fiscalía, una pieza clave para demostrar cómo se coordinaba el presunto desvío de fondos, que habría beneficiado a los involucrados con la suma de 2.481 millones de pesos, de los cuales Miguel Quintero habría recibido 1.387 millones. El testimonio de Misael Alberto Cadavid, hoy testigo principal, respalda la tesis de que este esquema utilizó la estructura administrativa del AMVA para canalizar los recursos de manera irregular. La Fiscalía sostiene que los estudios previos de las licitaciones, elaborados irregularmente por Vanessa Álvarez, fueron esenciales para concretar el direccionamiento de los contratos.

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¿Por qué Miguel Quintero enfrenta prisión domiciliaria en el caso del AMVA?

Miguel Quintero enfrenta prisión domiciliaria porque el juez identificó riesgo de que obstruya el proceso o no comparezca ante la justicia, luego de que fuera solicitado por la Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se trata de una medida de aseguramiento mientras avanza la investigación sobre su presunta participación en delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el direccionamiento irregular de recursos durante la pandemia.

¿Cómo funcionaba el presunto entramado de corrupción detectado en el AMVA?

Según la Fiscalía, el esquema consistía en orientar contratos del AMVA hacia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y, a través de intermediarios, desviar recursos mediante coimas de hasta el 20 % y luego el 15 % del total. El mecanismo utilizaba estudios previos, pagos a personas de confianza y coordinación a través de chats, permitiendo que los fondos públicos terminaran en manos de los implicados, según testimonios y documentos recabados en el proceso.


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