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El exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, enfrenta una investigación judicial junto a otras siete personas, según información de la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en el contrato de interventoría destinado al puente elevado de la calle 60. El caso se fundamenta en sospechas de que, tanto en la fase de selección como en el desarrollo contractual, los responsables habrían omitido controles indispensables y permitido desembolsos que no estaban en correspondencia con el avance real de la obra.
Además de Hurtado Barrera, el proceso involucra a la exsecretaria de Infraestructura, Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata; y al contratista Francisco José Restrepo Albarello. De acuerdo con El Espectador, estos funcionarios y colaboradores afrontan cargos relacionados con sus supuestas actuaciones durante la estructuración y seguimiento del contrato.
El contrato investigado, cuyo monto superó los 2.997 millones de pesos colombianos, establecía un plazo de ejecución de ocho meses. Su propósito era asegurar vigilancia técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica en la construcción del puente y sus interconexiones. Sin embargo, la investigación señala graves falencias en los controles internos y en la aprobación de pagos. Por ejemplo, la policía judicial encontró que más de 1.000 millones de pesos fueron pagados al consorcio interventor cuando el avance físico del proyecto era menor al 6 %. Según la Fiscalía, los pagos debían corresponder proporcionalmente al progreso demostrado en la obra, lo que no sucedió.
Un punto relevante es que el comité evaluador jurídico, integrado por Arenas Plata y Rojas Millán, habría gestionado y avalado la propuesta de Restrepo Albarello pese a que este estaría inhabilitado para contratar con el Estado. La Fiscalía sostiene que esta inhabilidad debió bloquear su participación en el proceso, lo que marca una posible violación al régimen de contratación pública. Ninguna de las ocho personas implicadas aceptó los cargos imputados, entre los que figuran peculado por apropiación en favor propio y de terceros, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y violación de inhabilidades e incompatibilidades.
Finalmente, la Fiscalía acusa a Hurtado Barrera de no ejercer controles efectivos como alcalde, mientras que a Guzmán González se le atribuye la adjudicación y apoyo a actuaciones que propiciaron pagos no pactados contractualmente. Por su parte, Restrepo Albarello, en calidad de representante legal del consorcio, habría reclamado cobros no justificables, mientras que los supervisores y exasesores habrían respaldado o permitido los desembolsos sin prever las medidas necesarias para impedirlos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué judicializaron a Andrés Hurtado y otros funcionarios de Ibagué por el puente de la calle 60?
Andrés Fabián Hurtado Barrera y varios exfuncionarios de la Alcaldía de Ibagué enfrentan cargos porque, según la Fiscalía General de la Nación, habrían permitido pagos irregulares y trámites contractuales indebidos en la ejecución del contrato de interventoría del puente elevado de la calle 60. Las acusaciones incluyen peculado, prevaricato por omisión y violación de inhabilidades contractuales, dado que presuntamente omitieron controles y autorizaron desembolsos que no reflejaban el verdadero avance de la obra, vulnerando así los procedimientos legales y administrativos.
¿Qué es el contrato de interventoría y cómo se relaciona con el caso del puente de la calle 60 en Ibagué?
El contrato de interventoría es un acuerdo que establece la vigilancia y control técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico sobre una obra pública, con el fin de garantizar que se cumpla conforme a lo estipulado. En este caso, el contrato tenía como finalidad supervisar la construcción del puente de la calle 60 de Ibagué. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que se aprobaron y realizaron pagos a pesar de que el progreso real de la obra era mínimo, lo cual constituye uno de los ejes centrales de la investigación judicial.
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