Escrito por:  Redacción Nación
Ago 14, 2025 - 10:14 am

Coosalud se convirtió en la primera EPS intervenida en Colombia en contratar una auditoría forense externa, como parte de las medidas ordenadas por el presidente Gustavo Petro y supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, señaló que este proceso, que también deberán adelantar otras EPS intervenidas, busca garantizar la transparencia y el seguimiento del uso de los recursos públicos del sistema de salud, con trazabilidad similar a la de las operaciones financieras.

La auditoría forense de Coosalud fue contratada con una alianza entre una firma colombiana y otra internacional con amplia experiencia en este tipo de investigaciones.

El proceso se da tras denuncias de presunta corrupción divulgadas en 2024, que motivaron auditorías oficiales cuyos hallazgos se enviaron a la Fiscalía. En noviembre de 2024, la Supersalud ordenó la intervención de la EPS debido a graves deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que ponían en riesgo a sus afiliados.

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En diciembre de 2024, se advirtió sobre la posible pérdida de más de 200.000 millones de pesos.

La interventora actual, Gloria Libia Polanía, aseguró que la auditoría se realizará con independencia y rigor técnico, para verificar la veracidad de la información, evaluar sistemas de control y detectar riesgos, irregularidades o fraudes.

Cómo funcionan las EPS en Colombia

En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son organizaciones, públicas o privadas, encargadas de afiliar a las personas al sistema de salud y garantizarles el acceso a los servicios médicos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Funcionan como intermediarias entre el Estado, que financia el sistema, y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que son hospitales, clínicas o centros médicos. Las EPS reciben recursos del sistema a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un monto fijo que el Gobierno entrega por cada afiliado, con el cual deben cubrir los costos de atención, medicamentos, tratamientos y prevención. Su labor no es prestar directamente los servicios, sino administrarlos y coordinarlos con la red de prestadores contratados.

El funcionamiento de una EPS comienza con la afiliación de los usuarios al régimen contributivo o subsidiado. En el primero, las personas cotizan un porcentaje de sus ingresos, mientras que en el segundo, el Estado asume el pago para población vulnerable.

Una vez afiliado, el usuario puede acceder a servicios como consultas médicas, cirugías, hospitalización, medicamentos, exámenes diagnósticos y programas de prevención. La EPS está obligada a garantizar la oportunidad, calidad y continuidad de la atención, así como a brindar información clara sobre los procedimientos, derechos y deberes del paciente.

En términos operativos, las EPS administran una red de IPS propias o contratadas, definen protocolos de atención y manejan autorizaciones para procedimientos que requieren mayor control. Además, deben llevar registros precisos sobre la atención brindada, reportar información financiera y asistencial a la Superintendencia Nacional de Salud, y asegurar que los recursos públicos destinados a la salud se utilicen de forma eficiente y transparente. También tienen un papel importante en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, mediante campañas de vacunación, chequeos periódicos y educación en hábitos saludables.

Sin embargo, el modelo de EPS en Colombia ha sido objeto de críticas y reformas debido a problemas como demoras en la atención, negación de servicios, deudas con hospitales y casos de corrupción en el manejo de recursos. El Estado, a través de la Superintendencia de Salud, puede imponer sanciones, ordenar planes de mejoramiento o incluso intervenir una EPS cuando su situación administrativa, financiera o asistencial ponga en riesgo la atención de los usuarios. A pesar de las dificultades, las EPS siguen siendo el eje del sistema de salud colombiano, ya que son las encargadas de coordinar el acceso de millones de ciudadanos a los servicios médicos y de administrar los recursos que los financian.

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