La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) respondió oficialmente a la Corte Constitucional tras el fallo SU-277 de 2025, que revocó la intervención administrativa sobre la EPS Sanitas por vulneración del debido proceso.
El 28 de julio, la entidad presentó un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración ante el alto tribunal.
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La Supersalud busca claridad sobre los procedimientos que deben seguirse tras el fallo y asegura que también ha sido afectada en su derecho al debido proceso como parte accionada en el caso.
La Corte había dejado sin efecto las resoluciones que permitieron la toma de posesión de Sanitas, señalando que estas se emitieron sin respetar garantías procesales.
Las resoluciones anuladas incluían la que ordenó la intervención por un año en abril de 2024, su modificación y la prórroga dictada en abril de 2025.
El pronunciamiento judicial favoreció a las entidades del Grupo Keralty, entre ellas EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas, al considerar que se violaron sus derechos fundamentales.
Aunque la Supersalud no detalló los puntos específicos que busca aclarar, intenta revertir o suspender los efectos del fallo mientras se resuelven sus solicitudes, en un intento por mantener alguna medida de control sobre la situación de la EPS.
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