El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica este martes al lanzar duras acusaciones contra el Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, una de las más grandes del país, con más de 5,7 millones de afiliados. En una alocución televisada, el mandatario tildó de “criminal” al presidente de la empresa, el empresario español Joseba Grajales, y aseguró que su gestión ha significado un daño masivo al sistema de salud colombiano.
“Se llevaron el billete (…) y se robaron la plata que nosotros mismos hicimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y mata niños en masa en Colombia. Es un crimen de lesa humanidad”, declaró Petro. Además, denunció que Keralty habría financiado campañas políticas en Colombia, lo cual está prohibido por ley para compañías de capital extranjero. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, agregó.
En medio de estas declaraciones, el presidente anticipó que llevará el tema al plano internacional: “Y me toca hablar con el rey de España (…) menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano”, dijo, sin mencionar directamente a Joseba Grajales, pero haciendo referencia a su nacionalidad y residencia en Madrid o en el País Vasco.
La respuesta de Keralty no se hizo esperar. A través de una carta pública dirigida a sus colaboradores y a la opinión pública colombiana, la organización calificó los señalamientos del Gobierno como parte de una campaña sostenida de desprestigio. En el comunicado, Keralty recuerda que la intervención de Sanitas fue declarada ilegal por la Corte Constitucional el pasado 26 de junio y acusa al presidente y a su equipo de gobierno de persistir en un discurso basado en desinformación.
Esta es la carta:
“Frente a esta verdad jurídica, las reacciones del presidente Gustavo Petro y algunos de sus colaboradores… no solo constituyen un atropello a las instituciones, sino una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos que buscan socavar, sin fundamento alguno, la legitimidad de nuestro trabajo”, señala el documento.
El presidente del Grupo Keralty, en la misiva, también resalta que la organización ha liderado con responsabilidad y compromiso, y que su trayectoria no puede ser destruida por quienes, según él, se basan en falsedades: “La honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona —y de una organización— no pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros”, afirmó.
Además de rechazar categóricamente los señalamientos, el directivo anunció que el grupo tomará acciones legales. “He dado instrucciones a nuestro equipo legal para actuar con firmeza y claridad: vamos a denunciar ante los juzgados nacionales e internacionales, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de Gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras”, indicó.
El conflicto entre el Gobierno y Keralty no es nuevo. La intervención a Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, en abril de este año, generó una intensa controversia. Mientras el Ejecutivo argumentaba problemas financieros y de prestación del servicio, la empresa y diversos sectores calificaron la medida como un abuso de poder. Con el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró ilegal dicha intervención, se abrió una nueva etapa de confrontación, esta vez en el terreno jurídico y mediático.
Durante su intervención, Petro defendió las decisiones del Gobierno y reiteró que no hay deudas pendientes del Estado con las EPS. Según él, la crisis del sistema de salud es consecuencia directa de la mala gestión de las propias entidades promotoras. “El Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales”, afirmó.
El mandatario también aseguró que la deuda reportada por la Contraloría General —32,9 billones de pesos— no refleja la magnitud real del problema, que, según él, podría superar los 100 billones. En defensa de las intervenciones realizadas, Petro aseguró que gracias a esas medidas, la deuda de EPS como Sanitas con hospitales y clínicas ha comenzado a disminuir.
(Vea también: ¿Quién es el dueño de Sanitas y Colsanitas? No es colombiano y tiene más empresas famosas)
Más allá del enfrentamiento discursivo, lo que está en juego es el modelo de salud del país. Mientras el Gobierno insiste en que las EPS han sido responsables de una mala administración de los recursos públicos y deben reformarse o desaparecer, grupos empresariales como Keralty defienden su papel en la prestación del servicio y aseguran ser víctimas de una persecución política.
El enfrentamiento entre el presidente Petro y el Grupo Keralty parece escalar a nuevas dimensiones. Ahora, con amenazas de acciones judiciales internacionales y un fuerte choque diplomático en el horizonte, el conflicto entre el Ejecutivo y una de las EPS más importantes del país podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y los actores privados del sistema de salud.
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