La EPS Sanitas, corporación del grupo español Keralty (el segundo operador de salud más grande de Colombia, que tiene 5,7 millones de afiliados), decidió llevar las polémicas declaraciones de Gustavo Petro a los estrados judiciales.
(Vea también: Abogado De la Espriella denunció a Petro por aparente delito en proceso de pasaportes)
Esto después de la alocución presidencial del pasado martes 15 de julio en la que el mandatario señalara a esa Entidad Promotora de Salud de “crímenes de lesa humanidad” y de matar “colombianos y niños en masa en Colombia”.
Además, el presidente Petro en fuertes declaraciones públicas, tildó al dueño de Keralty de ser un “criminal” y como si fuera poco, gestionó su salida del país. De la misma manera, Petro sugirió que la empresa habría participado en financiamientos irregulares de campañas políticas, aunque sin presentar pruebas concretas.
Frente a este panorama, Semana dio a conocer detalles de los procesos judiciales que emprendió la compañía, no solo contra el jefe de Estado, sino también contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Detalles de la demanda de Sanitas contra Gustavo Petro y ministro de Salud
La representación legal de Keralty, bajo la dirección del jurista Juan David Riveros, interpuso dos denuncias penales: una contra el presidente Gustavo Petro y otra contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Además, se presentó una tutela ante el Consejo de Estado contra el Jefe de Estado, buscando proteger los derechos fundamentales del grupo empresarial.
En respuesta a lo dicho por Petro, Joseba Grajales, presidente de la compañía de origen español, publicó una carta en la que anunció las medidas legales con un duro llamado al dirigente.
“La historia siempre acaba por separar al justo del oportunista, al ético del manipulador. No vamos a permitir que se mancille con impunidad el nombre de quienes han dedicado su vida a servir a los demás con honestidad”, se lee en la misiva.
En cuanto a los detalles de las acciones penales, el citado medio indicó que ya fue radicada la demanda en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por tres delitos: calumnia, injuria y discriminación.
Los documentos revelados por la revista explican por qué se considera que Petro cometió el tercer delito del que se le señala y dejan en claro los derechos que habrían sido vulnerados.
“Las declaraciones que prohíben la permanencia del directivo de Keralty en Colombia constituyen una restricción del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales que (…) revelan una clara motivación discriminatoria basada en la nacionalidad”, se lee en el texto.
Antecedentes a demanda de Sanitas y grupo Keralty contra Gustavo Petro
Desde abril de 2024, el Gobierno de Petro ordenó la intervención de Sanitas, poniendo en control a la Superintendencia Nacional de Salud. En respuesta, Sanitas acusó al Gobierno de utilizar una “estrategia deliberada de destrucción”, señalando que la intervención ha causado daño a múltiples niveles a la empresa y sus usuarios.
La Corte Constitucional suspendió la intervención, sin embargo, para Sanitas el daño ya se había hecho, por lo que responsabilizan al Gobierno de una “estrategia premeditada, arbitraria, malévola y anunciada”.
A medida que la crisis de la salud se intensifica, los ciudadanos deben lidiar con la incertidumbre sobre el acceso y la calidad de la atención en salud, lo que genera preocupación y ansiedad.
Esta situación es el reflejo de la polarización existente en el país, donde se cruzan denuncias penales, tutelas y graves acusaciones en ambos sentidos, generando una profunda crisis en el sistema de salud ya golpeado por la pandemia del COVID-19.
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