La Superintendencia Nacional de Salud emitió una resolución que modifica medidas cautelares contra la Nueva EPS, ajustando plazos y procedimientos para garantizar la protección de los usuarios y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
A partir del primero de octubre de 2025, la Administradora de Recursos (Adres) solo podrá efectuar giros directos a la EPS si cuenta con un informe técnico previo emitido por el contralor designado, quien validará la legalidad, oportunidad y correcta destinación de los recursos.
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La modificación responde a las dificultades tecnológicas, operativas y financieras que la EPS, con más de 11 millones de afiliados en 33 departamentos, manifestó para cumplir con la resolución inicial del 31 de julio.
Las nuevas disposiciones ordenan la conformación de un equipo interno de control financiero, la ejecución del proyecto Factramed y la entrega mensual de informes a la Supersalud.
El contralor deberá auditar los giros de agosto y septiembre, prevenir concentraciones de pagos y verificar el orden legal de prelación.
Esta medida busca mejorar la trazabilidad, evitar riesgos en la prestación de servicios y asegurar que los recursos públicos en salud se utilicen de manera eficiente y transparente.
Cómo funcionan las EPS en Colombia
En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las encargadas de afiliar a las personas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y garantizar que tengan acceso a los servicios médicos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Su función principal es administrar los recursos que el Estado les gira, provenientes de las cotizaciones de los trabajadores y de los aportes del régimen subsidiado, para cubrir la atención médica de sus afiliados. Las EPS no prestan directamente los servicios de salud; en cambio, contratan a una red de Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), como hospitales, clínicas y consultorios, que atienden a los pacientes según la cobertura establecida por la ley.
Cuando una persona se afilia a una EPS, esta se encarga de registrar sus datos, asignarle un médico de atención primaria y garantizar el acceso a consultas, tratamientos, medicamentos y procedimientos. Las EPS reciben un pago mensual por cada afiliado, denominado Unidad de Pago por Capitación (UPC), que varía dependiendo de si el usuario pertenece al régimen contributivo (trabajadores formales y sus beneficiarios) o al régimen subsidiado (personas de bajos ingresos). Este monto es entregado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y debe ser administrado de forma eficiente para cubrir la atención de toda la población afiliada.
El funcionamiento de una EPS implica procesos administrativos y financieros que incluyen autorizar procedimientos, auditar las cuentas que presentan las IPS y garantizar que se respeten los tiempos y la calidad de la atención. También deben llevar un control estricto sobre el gasto para evitar desvíos de recursos y cumplir con las obligaciones legales en materia de pagos a prestadores.
En teoría, las EPS actúan como intermediarias que organizan y regulan la prestación de servicios, evitando que el sistema colapse por desorden en la demanda o por sobrecostos innecesarios.
Sin embargo, en la práctica, su gestión ha sido objeto de críticas debido a demoras en autorizaciones, negación de servicios, retrasos en pagos a hospitales y clínicas, y problemas de sostenibilidad financiera. El Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, vigila y regula su operación, pudiendo imponer sanciones, medidas cautelares o incluso intervenirlas cuando hay riesgo para los usuarios o para la adecuada utilización de los recursos.
De esta forma, aunque las EPS son actores centrales en el modelo de salud colombiano, su correcto funcionamiento depende tanto de una administración eficiente como de una supervisión constante que garantice que los derechos en salud de la población sean respetados y que el dinero público se use de forma transparente.
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