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El hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, en la región del Tolima, enfrenta una difícil encrucijada que expone de manera preocupante la fragilidad financiera del sistema hospitalario público en Colombia. La actual protesta pacífica liderada por el personal de salud se desencadenó tras el reiterado retraso en el pago de sus salarios, situación que, según informó El Nuevo Día, se debe fundamentalmente a la insuficiencia en los recursos y a los retrasos en los giros por parte de la Nueva EPS, una de las Entidades Promotoras de Salud claves en el país. Aunque recientemente el hospital recibió un desembolso parcial de $2.300 millones, estos fondos fueron destinados a cumplir con obligaciones prioritarias como el pago de la seguridad social e impuestos. Como resultado, el salario del personal quedó relegado, lo que llevó al personal a recurrir a la manifestación como medio de visibilización de la problemática.
La gerente del hospital, Martha Palacios, explicó que se encuentran a la espera de otro giro por $7.640 millones por parte de la Nueva EPS, el cual permitiría no solo cubrir la nómina atrasada de médicos y administrativos, sino también responder a otras necesidades operativas. Tal como detalló la gerente en declaraciones recogidas por El Espectador, la solicitud de giro ya fue tramitada a través de la plataforma oficial y existe la esperanza de que muy pronto los recursos se hagan efectivos. Mientras tanto, la gestión directiva asegura que respeta el derecho a la protesta sindical, en la medida en que no se vea comprometida la atención a los pacientes ni el trabajo ordinario de quienes no participan en la manifestación, reflejando así la dificultad de equilibrar los derechos laborales con la obligación de asegurar la prestación de servicios de salud.
Esta coyuntura no es un hecho aislado. Según el Observatorio del Sistema de Salud de la Universidad del Rosario (2024), los hospitales públicos colombianos dependen en un 70%-80% de los ingresos provenientes de las aseguradoras como la Nueva EPS para operar. Por tanto, cualquier retraso en los giros genera un efecto dominó que impacta la estabilidad financiera, la moral de los trabajadores y, en última instancia, la calidad del servicio. La Contraloría General de la Nación (2023) ha documentado que la Nueva EPS mantiene incumplimientos regulares en sus compromisos financieros con hospitales públicos, sumando a la incertidumbre del sector razones administrativas y controversias contractuales no resueltas.
A este panorama se suma la preocupación de sindicatos, que en entrevistas con El Nuevo Día y El Espectador han evidenciado cómo la situación está minando la moral del personal de salud y propiciando la deserción de profesionales en áreas críticas. Esta migración de talento empeora la cobertura en zonas rurales y semiurbanas, profundizando las brechas de equidad en el acceso a servicios médicos.
Desde la óptica institucional, reportajes y análisis como el publicado por la revista The Lancet Regional Health (2025) sugieren que el modelo actual de financiación, basado en la intermediación de entidades como las EPS, es estructuralmente vulnerable y requiere una supervisión estatal reforzada para evitar que la situación se repita en otros hospitales del país. Por ello, tanto la administración local como el gobierno departamental buscan diversificar las fuentes de ingreso y fortalecer capacidades organizacionales, convencidos de que la sostenibilidad hospitalaria requiere soluciones integrales y reformas de fondo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se generan retrasos en los pagos de las EPS a los hospitales públicos?
El atraso en los giros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia los hospitales públicos es una problemática crónica en Colombia. La Contraloría General de la Nación ha documentado como principales causas los inconvenientes administrativos internos de las EPS, controversias contractuales con las instituciones hospitalarias, así como deficiencias en la supervisión y regulación estatal. Esta situación resulta especialmente grave para hospitales que dependen mayoritariamente del flujo constante de estos recursos, ya que cualquier demora afecta pagos a proveedores, salarios y compromete la atención médica.
En el caso particular de la Nueva EPS, uno de los actores más relevantes en el sistema de aseguramiento colombiano, los incumplimientos reportados generan incertidumbre financiera en numerosas instituciones y pueden conducir a protestas laborales y deterioro en la prestación de los servicios, como se evidencia actualmente en el Federico Lleras Acosta, sede La Francia.
¿Qué significa una EPS en el contexto del sistema de salud colombiano?
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son organizaciones encargadas de afiliar a los ciudadanos al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y administrar los recursos del Estado destinados a la atención médica. Su rol es fundamental, ya que actúan como intermediarias entre el Estado, los usuarios y las instituciones prestadoras de salud (IPS), como hospitales y clínicas.
Si bien las EPS facilitan la cobertura y gestión de servicios para millones de colombianos, la dependencia de los hospitales públicos del flujo de recursos proveniente de estas entidades ha creado vulnerabilidades sistémicas. La falta de cumplimiento en los pagos, sumada a la limitada supervisión, repercute en la estabilidad financiera de la red hospitalaria y, por extensión, en la calidad y oportunidad de la atención médica que reciben los pacientes.
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