Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, aparece en una investigación sobre contratos entregados por entidades del Gobierno de Gustavo Petro. Una de esas vinculaciones estuvo relacionada con las comunidades indígenas de La Guajira y tenía como propósito apoyar el cumplimiento de compromisos del Estado con esa población.
(Vea también: Juliana Guerrero dijo si tenía relación con Deicy Jiménez, luego del video en el que sale Petro)
Sin embargo, una investigación publicada por Semana detalla que la mayor de las hermanas Guerrero consiguió tres contratos por contratación directa entre el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente. Uno de ellos tenía el propósito de apoyar las acciones estatales dirigidas a responder a las necesidades de la población indígena de La Guajira.
Para ese momento, Verónica tenía 24 años. La revista .señala que su formación académica era de bachiller y que contaba con una experiencia laboral de pocos meses, acreditada por la Fundación Raíces Afro. A pesar de esa trayectoria, fue contratada para cumplir funciones relacionadas con la gestión pública y las políticas dirigidas a poblaciones vulnerables.
El vínculo con el Ministerio del Interior estaba conectado con las obligaciones fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. En ese fallo, el alto tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de las comunidades wayú, especialmente en asuntos esenciales como el agua potable, la alimentación y la salud.
La sentencia exigía que las instituciones estatales avanzaran en medidas concretas para atender esa situación. No obstante, la revisión del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) citado por Semana no permitió localizar un informe de gestión a nombre de Verónica Guerrero que demostrara las labores desarrolladas durante su vinculación. En contraste, sí se pudo establecer que recibió la totalidad de los pagos pactados.
La alerta sobre los recursos destinados a La Guajira
La situación de ese contrato aparece dentro de un balance más amplio sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales. Semana conoció una alerta del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior que advierte que los contratos celebrados durante la administración anterior para atender la Sentencia T-302 no consiguieron los objetivos establecidos.
El documento señala que las comunidades protegidas por la decisión judicial seguían sin recibir las garantías que debía proporcionar el Estado. También advierte sobre el manejo de los recursos destinados a esas obligaciones, cuyo monto fue estimado en cerca de 3.000 millones de pesos.
En ese contexto, el contrato de Verónica Guerrero quedó relacionado con una gestión que no cuenta con soportes documentales disponibles para acreditar su cumplimiento. La publicación no atribuye a la contratista la responsabilidad por la totalidad de los recursos cuestionados, sino que expone su vinculación dentro de los acuerdos revisados.
Los otros contratos de la hermana de Juliana Guerrero
Además del trabajo relacionado con La Guajira, Verónica Guerrero obtuvo dos contratos con Colombia Compra Eficiente en Gobierno Petro. Ambos estaban orientados a prestar apoyo en actividades administrativas, logísticas y de divulgación sobre los servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública.
El primero fue firmado el 7 de octubre de 2022, por seis millones de pesos y con un plazo de 85 días. El segundo llegó el 20 de febrero de 2023: tenía el mismo objeto contractual, pero su valor se acercaba a los 13 millones de pesos y su duración era de 182 días.
Al revisar esos acuerdos, Semana tampoco encontró informes de gestión que permitieran verificar las tareas que habría desarrollado la contratista. De esta manera, los tres vínculos identificados en la investigación tienen un punto en común por la ausencia de documentación que dé cuenta de las actividades realizadas por Verónica Guerrero durante la ejecución de los contratos.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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