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El proyecto de vivienda Santa Teresita, ubicado en la localidad de San Cristóbal, ha sido centro de una prolongada controversia que se remonta a más de una década. Esta iniciativa, de carácter prioritario y promovida como un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), enfrentó innumerables retrasos, disputas legales e irregularidades administrativas, tal como lo reportó la Contraloría de Bogotá. La entidad encontró hallazgos fiscales que involucran supuestos pagos a obras jamás ejecutadas, lo que derivó en la imputación de una elevada responsabilidad fiscal sobre quienes participaron del proceso.
En sus orígenes, Santa Teresita fue concebido por la Caja de la Vivienda Popular (CVP) bajo la administración de 2014, con el objetivo de edificar 1.032 viviendas VIP. Los trabajos de construcción comenzaron al año siguiente y, a pesar de esto, el proceso se extendió durante diez años debido a varios incidentes. Entre estos, en 2019, un deslizamiento de tierra afectó considerablemente la obra poniendo en pausa su avance. Luego, en 2021, debido al incumplimiento contractual, la CVP tuvo que asumir la dirección de la construcción para evitar su estancamiento definitivo.
Ya en 2024, la administración distrital se vio obligada a retomar y finalizar los trabajos, comprometiéndose a entregar el proyecto a la ciudadanía. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de la documentación de obra e interventoría, la Contraloría de Bogotá aseguró haber encontrado pagos arbitrarios por conceptos de urbanismo, torres habitacionales, el salón comunal y el parque lineal. De acuerdo con declaraciones de María Teresa Zuluaga, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, "encontramos pagos por actividades que no fueron ejecutadas", lo que representa un presunto detrimento del patrimonio público.
Por tales circunstancias, la Contraloría determinó la imputación de “responsabilidad fiscal solidaria” a los contratistas responsables de la ejecución y la supervisión de las obras, así como a dos aseguradoras involucradas. Esta figura jurídica exige a los responsables responder por el daño al patrimonio estatal.
La reactivación del proyecto implicó una inversión adicional de 3.865 millones de pesos para recuperar la infraestructura abandonada y desfinanciada. Durante abril, la CVP inició la entrega de 500 apartamentos por etapas a familias provenientes de zonas de riesgo. Sin embargo, la Alcaldía advirtió que aún existen obras pendientes, como adecuación de salones comunales y mejoramiento de parques, para cuyo financiamiento se gestionan cerca de 20 mil millones de pesos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles fueron las principales irregularidades encontradas en el proyecto Santa Teresita?
De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, las principales irregularidades se centraron en pagos realizados por trabajos nunca ejecutados o no finalizados correctamente, especialmente en áreas de urbanismo, torres de vivienda, salones comunales y parques. Estas acciones generaron un posible detrimento del patrimonio público, por lo que se imputó responsabilidad fiscal a contratistas y aseguradoras.
¿Qué significa la figura de “responsabilidad fiscal solidaria” en proyectos públicos?
La responsabilidad fiscal solidaria es una figura jurídica señalada por la Contraloría que obliga a todos los involucrados en una pérdida patrimonial contra el Estado a responder conjuntamente por el daño causado. Esto implica que tanto los contratistas como entidades de supervisión e incluso aseguradoras pueden ser llamados a responder económicamente ante la administración pública.
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