Dos semanas después de que el expresidente Gustavo Petro convocara a movilizaciones sociales para defender las reformas de su administración, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella publicó el borrador de un decreto para regular las protestas en el país. No debe existir necesariamente una relación de causalidad entre los dos hechos, pero es claro que el Gobierno que comienza no quiere permitir que el derecho a la protesta, constitucionalmente protegido, degenere en hechos violentos vandálicos y hasta terroristas.
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El país todavía recuerda que Petro capitalizó políticamente el descontento social del estallido de 2021, y en varios momentos incluso impulsó esas protestas en las que se hicieron tristemente célebres las ‘primeras líneas’, grupos de encapuchados responsables de hechos de violencia, vandalismo y delincuencia organizados. De hecho, según registros de la Fiscalía, las investigaciones e imputaciones a miembros de esos grupos incluyen cargos como concierto para delinquir (por asociarse para cometer delitos de manera organizada).
También, cargos por violencia contra servidor público (por agresiones físicas y ataques a integrantes de la fuerza pública), daño en bien ajeno y vandalismo (por la destrucción de infraestructura pública, estaciones de transporte masivo y bienes privados), tortura y secuestro/retención ilegal (Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, exlíder de la ‘primera línea’ autodenominada ‘Resistencia Portal Américas’ en Bogotá, recibió condena ratificada por tribunales superiores), y terrorismo y ataques a instituciones (señalamientos por coordinar acciones destinadas a sembrar caos y bloquear vías o ciudades).
Gustavo Petro vuelve a convocar a las calles
Los integrantes y defensores de estos movimientos aseguran que se organizaron como un mecanismo de autodefensa ciudadana para repeler los abusos y la represión policial durante las manifestaciones, negando que se trate de organizaciones criminales centralizadas. En cambio, otros sectores políticos y judiciales los señalan de ser estructuras criminales o urbanas con un plan deliberado para vandalizar ciudades, deslegitimar a la autoridad y afectar el orden público.
Como sea, Petro terminaría reconociendo que el movimiento de la ‘primera línea’ visibilizó a juventudes que impulsaron su llegada a la presidencia en 2022. Desde su discurso de posesión, se refirió a los integrantes de la ‘primera línea’ detenidos durante las movilizaciones como “presos políticos”, intentó sin éxito liberar a decenas de detenidos nombrándolos gestores de paz, lo que generó fuertes críticas de sectores que señalaron un riesgo de impunidad frente a delitos graves. Alias ‘19’ lo cuestionó públicamente por considerar que Petro, después de llegar al poder, no cumplió las promesas hechas a los miembros de la ‘primera línea’.
Hace quince días, en la réplica que la Constitución le garantiza a la oposición, el expresidente Petro respondió al discurso del presidente De la Espriella y volvió por sus fueros: llamó a sindicatos, campesinos e indígenas para salir a las calles porque, según él, las conquistas sociales, como la reforma laboral y la agraria, pueden ser derogadas sin resistencia ciudadana. Insistió en que la oposición debe ejercerse “en la calle, con resistencia pacífica pero contundente”. Así, dejó clara la línea de acción en la que busca activar a sus bases y mantener viva la agenda progresista después de la derrota en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, el hecho de que el expresidente hable de “resistencia pacífica, pero contundente” no garantiza que, como ha ocurrido en otros momentos, y como sucedió particularmente con el surgimiento de las ‘primeras líneas’, la protesta no se salga de madre. El borrador de decreto que publicó el Gobierno de De la Espriella para comentarios de la ciudadanía hasta este domingo 4 de octubre no es una respuesta al llamado de Petro. Coincide en el tiempo. Su propósito es dar una base legal desde muy temprano en este Gobierno para garantizar que las protestas que se avecinan en los próximos cuatro años sean efectivamente pacíficas.
El diálogo sigue siendo la prioridad
“El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma. Este decreto busca equilibrar los derechos de quien protesta con los de quien no participa”, subrayó en X el ministro del Interior, Rodrigo Lara. “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí. El diálogo no se cierra: sigue con quien marcha y, a la vez, se actúa contra quien agrede”.
Esto quiere decir que el diálogo sigue siendo la prioridad para las autoridades en el abordaje de una protesta que se torne violenta. El diálogo directo es el primer nivel de actuación, a los que le siguen la mediación, la disuasión, y el restablecimiento del orden mediante la intervención de Undmo u otra unidad policial disponible. Además, el borrador de decreto estableces que la Policía podría actuar sin esperar a que termine el diálogo frente a actos violentos.
Esto es especialmente importante porque se advierte que, si desde el comienzo hay armas de fuego o cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, retención de personas, agresiones o destrucción de infraestructura, la intervención contra quienes ejecuten esas conductas puede hacerse al mismo tiempo que continúa el diálogo con quienes protestan pacíficamente.
Para la oposición, sin embargo, el borrador de decreto es “preocupante” porque podría propiciar violaciones a los derechos humanos durante las protestas, y buscaría perseguir y criminalizar esas protestas. Temen quienes así piensan que la calificación de “acto violento” durante una protesta quede en el campo de la subjetividad de las autoridades, y que los uniformados decidan actuar sin darle prioridad al diálogo.
Pero el borrador de decreto es claro al establecer como regla que solo se pasa al siguiente nivel si el anterior resulta ineficaz. En determinados casos de violencia o cuando se configure una causal de agotamiento del diálogo, se puede prescindir de los tres primeros niveles.
Y entre las causales para dar como agotado el diálogo están impedir el paso de ambulancias o misión médica; afectar servicios hospitalarios; generar desabastecimiento verificado de alimentos, agua, combustible o medicamentos; portar o utilizar armas, explosivos o artefactos incendiarios; destruir infraestructura; retener personas; o agredir a servidores públicos, policías, misión médica o periodistas.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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