En medio de revelaciones que han surgido en Colombia, nuevos documentos en poder del concejal Juan David Quintero revelan presuntas irregularidades en la aprobación financiera del proyecto para construir el nuevo estadio El Campín en Bogotá, obra liderada por la empresa Sencia.
La compañía aparentemente no demostró contar con la capacidad financiera exigida para ejecutar este megaproyecto deportivo y cultural, cuya inversión total asciende a una cifra estimada en $ 2,4 billones de pesos, según los soportes replicados por La FM.
La controversia gira en torno a si la sociedad originadora de la iniciativa, APP CDEC S.A.S., cumplió efectivamente los requisitos financieros establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para aprobar la factibilidad.
De acuerdo con los pliegos oficiales, la firma debía acreditar tres indicadores puntuales: un patrimonio neto equivalente mínimo al 50 % del capital aportado, índice de liquidez superior a 1,0 y endeudamiento inferior al 80 %.
No obstante, la Unión Temporal ANTEA-D&O-EY, conformada por Antea Group, Durán & Osorio y EY, contratada por el IDRD para auditar el proceso, dejó constancia de que faltaban soportes para validar dichos indicadores financieros.
Esa auditoría técnica advirtió además que resultaba improcedente acreditar capacidad financiera mediante una potencial financiación externa, pues los lineamientos expedidos por el IDRD excluían esa alternativa para demostrar solvencia económica propia en dicha etapa.
A pesar de las advertencias consignadas durante la evaluación para el proyecto del nuevo Campín, el 28 de agosto de 2023 el IDRD emitió concepto favorable de viabilidad aceptando una carta de intención de crédito de CAXXOR Group por 170 millones de dólares.
El reparo central formulado por el concejal Juan David Quintero radica en que una simple carta de intención financiera no garantiza por sí sola patrimonio, liquidez ni solvencia real para afrontar una megaobra.
Bajo esta óptica, el debate jurídico y técnico distingue claramente entre comprobar los indicadores financieros propios de una sociedad y presentar una eventual expectativa de obtener recursos mediante terceros inversionistas para desarrollar el proyecto.
A este panorama se suman serios interrogantes sobre la trayectoria empresarial de APP CDEC S.A.S., firma constituida apenas el 17 de noviembre de 2020, pocos días después de aprobarse la etapa de prefactibilidad inicial.
También surgieron dudas respecto a la experiencia específica acreditada en construcción de estadios por las empresas aliadas y el rol de la firma española LANIK I S.A., titular apenas del 1 % accionario en Sencia.
Adicionalmente, un documento fechado el 30 de enero de 2026 y remitido por el Consorcio C.C.A., responsable de la interventoría contractual, notificó a los representantes legales de Sencia S.A.S. avances clave en este trámite administrativo.
En dicha comunicación oficial, la firma interventora expidió un concepto técnico de No Objeción para que Sencia prosiguiera formalmente con el proceso contractual correspondiente a la acreditación definitiva del cierre financiero del proyecto.
El informe señala que el consorcio verificó los soportes radicados por el concesionario para demostrar una estructura financiera acorde con las exigencias estipuladas dentro del contrato de asociación público privada firmado con el Distrito.
Conviene precisar que el cierre financiero constituye el hito contractual mediante el cual se asegura la disponibilidad efectiva de los recursos necesarios para ejecutar las obras, combinando créditos bancarios y aportes directos de inversionistas.
Frente a los señalamientos públicos, fuentes de Sencia consultadas por La FM sostuvieron que los requisitos exigidos pueden acreditarse mediante dos caminos válidos: demostrar capacidad financiera propia o comprobar suficiente capacidad de financiación externa.
Bajo esa interpretación jurídica, los voceros de la compañía aseguraron que durante el trámite de factibilidad presentaron debidamente los soportes documentales correspondientes a la capacidad de financiación proyectada para respaldar la ejecución integral.
Estos cuestionamientos sobre la solidez económica de la concesión emergen justo después de que la Administración Distrital anunciara la posibilidad de ampliar el aforo del nuevo escenario deportivo de 50.000 a 60.000 espectadores totales.
Sobre este ajuste arquitectónico, el IDRD precisó que el contrato vigente contempla un aforo mínimo de 50.000 asistentes, por lo cual ampliarlo a 60.000 demandaría modificaciones técnicas y contractuales posteriores mientras avanzan tres frentes de obra.
Por su parte, voceros de Sencia indicaron a La FM que durante el acto inaugural de obras entregaron formalmente al Distrito la propuesta de expansión, iniciativa que actualmente continúa bajo estudio técnico de las autoridades.
Otro flanco de críticas involucra una presunta puerta giratoria entre el IDRD y Sencia, debido a la contratación de una exfuncionaria distrital que aparentemente participó en la estructuración contractual mientras trabajaba para la entidad pública.
Al respecto, la empresa aclaró que dicha excontratista laboró como asesora distrital hasta mayo del 2019, transcurriendo exactamente 4 años y 4 meses antes de su vinculación privada, superando ampliamente los dos años de inhabilidad.
Finalmente, los órganos de control y el Concejo de Bogotá mantienen abierta la lupa sobre la ejecución financiera y jurídica de esta monumental transformación urbana en el corazón deportivo de la capital colombiana.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
