Chats y encuentros salieron a flote luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación penal contra Gloria Arizabaleta, exrepresentante del Pacto Histórico.
El expediente penal contiene un auto de 46 páginas redactado detalladamente por el magistrado Misael Rodríguez, de los que el diario El Tiempo puso varios detalles reveladores.
La decisión judicial recopila testimonios claves emitidos por la exdirectora del Dapre, Nhora Mondragón, y el jurista penalista Alejandro Carranza.
Ambos testigos ratificaron presuntas presiones indebidas ejercidas por la excongresista en el desarrollo de sus funciones legislativas.
Las autoridades judiciales documentaron encuentros privados entre Carranza, Arizabaleta y el secretario de la célula parlamentaria, Jairo Corzo.
En dichas reuniones, la exparlamentaria presuntamente distorsionó sus labores oficiales como integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones.
Según la providencia, la exrepresentante entregó a la defensa el borrador de una decisión dentro del caso por supuesta violación de topes electorales.
“En la presente actuación obran elementos que permitirían inferir que Gloria Elena Arizabaleta Corral, en primer lugar, habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego; en este último caso, de manera indirecta a través de su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda. En ambas situaciones, las solicitudes o exigencias presentadas por la aforada tendrían un vínculo con la adopción de decisiones y el curso de actuaciones contra el presidente de la República en el seno de la Comisión de Investigación y Acusaciones, enfatizó el auto dictado por el tribunal supremo, respecto a estas maniobras al interior del órgano legislativo.
El primer encuentro de Arizabaleta y el abogado ocurrió entre octubre y noviembre de 2025 en un establecimiento gastronómico provisto de áreas reservadas en Bogotá.
Durante la velada, Arizabaleta solicitó al defensor actuar como un enlace directo para aproximarla al Poder Ejecutivo.
La excongresista sugirió adelantar gestiones políticas en los expedientes del presidente para clausurarlos antes de un eventual relevo gubernamental.
La segunda cita tuvo lugar el 27 de enero de 2026 en la vivienda de la exrepresentante, ubicada en el condominio Sikasue, en la vía Bogotá-La Calera.
Los registros de acceso confirman la llegada inicial del secretario Jairo Corzo, seguida una hora después por el arribo del abogado Carranza.
Durante el desayuno, los funcionarios reiteraron la necesidad de tender puentes con el Gobierno nacional, según confirmó la defensa presidencial.
La tercera reunión ocurrió el 8 de junio de 2026 en un restaurante Buffalo Wings de Bogotá, cita reconstruida mediante cámaras e historiales telefónicos.
Carranza declaró que la exparlamentaria analizó los votos requeridos en la comisión, sugiriéndole negociar respaldos parlamentarios estratégicos.
“Ella hizo cuentas de que hay un representante que está en la cárcel; me habló de los del Centro Democrático. ‘Ellos, pues, por ser Centro Democrático, van a votar en contra. Entonces ahí somos cuatro o cinco. Ustedes tienen que mirar cómo lo hacen’. Inclusive me dijo que, dado el caso, ella podía retirar su salvamento de voto. Yo le dije todo el tiempo: ‘Esto me parece que no es conveniente, doctora; esto es irregular, debería pensarlo bien’. Y ella me dijo: ‘No, eso está en manos de ustedes; ya es un tema de ustedes; tienen que negociar'”, recomendó Arizabaleta al abogado defensor en el marco de esas conversaciones registradas en el expediente.
El abogado manifestó que rechazó las sugerencias por considerarlas sumamente improcedentes, sugiriendo a la excongresista reconsiderar sus planteamientos.
Asimismo, la exrepresentante expresó su molestia por la falta de respuestas del jefe de Estado y criticó duramente al ministro Germán Ávila.
“[Arizabaleta Corral] dijo una palabra supremamente gruesa: ‘Es que Germán es una gonorrea”. […] Le dije: ‘Doctora, ¡ese vocabulario con esa boca, por Dios!’. O sea, nos miramos con el doctor Corzo [Ordóñez] y nos dio una risa, como incómoda, de escuchar esa palabra. [Arizabaleta Corral] dijo: ‘Sí, es una gonorrea porque yo he hablado con él y no me ha cumplido”. […] Le dije: ‘Nuevamente, doctora, recuerde que yo no me quiero meter en nada de eso. No quiero saber nada. Conmigo hable de derecho, hable de decisiones, hable de resoluciones, hablemos de los debates en el proceso en la Comisión, pero no puedo saber eso’. Entonces me dijo: ‘Pues esto depende ya de ustedes […] porque ustedes tienen que negociar’. […] Le dije: ‘Doctora, yo voy a buscar las mejores palabras para tratar de transmitirle esto al presidente [Gustavo Petro], pero esté segura de que el presidente va a decir que esto es una extorsión'”, detalló el expediente sobre la reacción del jurista frente al lenguaje empleado y los reclamos formulados en la mesa.
El tribunal investiga además solicitudes indebidas ante Nhora Mondragón en la Casa de Nariño durante febrero de 2026.
Mondragón testificó que la excongresista pidió la designación de una ciudadana en Fiduprevisora, enviando el currículo mediante la aplicación Signal.
Tras consultar al mandatario, la directora del Dapre vinculó a una persona diferente a la postulada originalmente por la excongresista.
La localización de las antenas celulares situó a los involucrados en la sede presidencial el 20 de febrero de 2026.
Paralelamente, la exparlamentaria buscó afanosamente encuentros con el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, desde agosto de 2025.
La asesora María Mónica Martínez confirmó al menos cinco llamadas recibidas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 para agendar citas discretas.
Finalmente, el ministro Ávila aceptó reunirse el 5 de febrero de 2026 en el restaurante Chalet Suizo, en la zona de La Soledad.
Ávila declaró que la excongresista utilizó expresiones orientadas a obtener beneficios financieros a cambio de votos favorables en los procesos.
“La representante pretendía eran millones y buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones”, sostuvo categóricamente el exministro ante los magistrados de la Corte Suprema sobre las intenciones de la investigada.
El exfuncionario reveló que el 13 de mayo de 2026 la excongresista insistió en la misma propuesta dentro de las instalaciones del Congreso.
Todas estas pruebas y registros documentales del 9 de junio (cuando Arizabaleta radicó el polémico auto de suspensión a Petro) sustentan la apertura formal del proceso penal por prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto.
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