El debate institucional abierto tras la decisión de un juez de Medellín de compulsar copias contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por los calificativos empleados al presentar ante la opinión pública a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc —como el caso de alias ‘Primo Gay’—, provocó el pronunciamiento de abogados penalistas que cuestionan el fundamento jurídico de dicha medida. De acuerdo con los juristas consultados, la divulgación de resultados operativos de la Fuerza Pública corresponde a una facultad estrictamente política del jefe de Estado que, si bien puede generar controversia por su tono o estilo comunicativo, se encuentra amparada por el ordenamiento constitucional y legal colombiano.
En ese sentido, el abogado Wilson Pulido sostuvo que las declaraciones del mandatario no vulneran las garantías fundamentales de los detenidos ni invaden la órbita de los jueces, pues responden a su mandato directo sobre la seguridad nacional. “No se atenta contra la presunción de inocencia, al buen nombre y a la dignidad; desde mi punto de vista, el presidente está haciendo un señalamiento político amparado en lo consagrado en el artículo 189 de la Constitución Política, que establece que el presidente es el encargado de velar por el orden público, incluso restablecerlo cuando se haya alterado o se haya perdido”, explicó el especialista al analizar la controversia.
El experto recordó además que la legislación procesal vigente autoriza expresamente la difusión pública de los requerimientos judiciales vigentes contra personas solicitadas por las autoridades, razón por la cual resulta improcedente atribuirle efectos penales a una postura gubernamental. “Es una posición política no judicial. El artículo 298 de la ley 906 del año 2004, el Código de Procedimiento Penal, establece que se podrán exponer en los medios de comunicación las órdenes de captura en las cuales va el nombre de la persona, el alias, los delitos, la autoridad que ordenó la captura, entre otros detalles, y por qué no acompañarlos con una foto. Varios presidentes lo han hecho, no de la manera que lo hace el presidente Abelardo”, puntualizó Pulido.
Finalmente, los juristas recalcaron que la legalidad de un procedimiento de aprehensión en Colombia depende exclusivamente del cumplimiento de los requisitos materiales y formales exigidos durante el operativo, y no de las expresiones utilizadas posteriormente por el Ejecutivo. “Para que una captura sea declarada ilegal por los jueces de la república, se deben incumplir los señalamientos o mandatos que establecen los artículos 297 a 303 del código de procedimiento penal y en el caso no hemos visto que nunca se afecten esas garantías y esas exigencias que establece la ley por ello considero que las apreciaciones o calificativos como presidente de la república no son otra cosa que su posición política”, concluyó el defensor frente a la compulsa ordenada por el despacho judicial en Antioquia.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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