A ocho meses de la muerte de Yeison Jiménez, su madre y su hermana acudieron a la Fiscalía General de la Nación para pedir que se investiguen una serie de actuaciones relacionadas con las empresas que hacen parte del patrimonio que dejó el cantante de música popular. La denuncia señala a Fabián Mauricio Cáceres Otálora, quien hizo parte del círculo cercano del artista, explicó Semana.
El caso no está enfocado directamente en definir quién tiene derecho a la herencia del intérprete, sino en revisar movimientos societarios que se habrían presentado días antes de su fallecimiento. El abogado Romario Camargo Pizarro explicó a Focus Noticias que la solicitud busca establecer si las decisiones tomadas en las compañías se ajustaron a la ley.
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Uno de los puntos que llamó la atención de la familia está relacionado con Santi Music S. A. S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S. Según la denuncia, Laura Daniela Sarmiento aparecía inicialmente como propietaria del 100 % de las acciones de Santi Music, pero esa composición habría cambiado mediante un acta fechada el 2 de enero de 2026.
En ese documento se habría aprobado la emisión de 190.000 acciones por un valor de 190 millones de pesos, que quedaron en manos de Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S. De acuerdo con lo expuesto por la representación de la familia, el pago habría sido hecho en efectivo y, como consecuencia de la operación, Sarmiento habría pasado a tener el 5 % de la sociedad, correspondiente a 10.000 acciones.
La fecha de esa actuación es uno de los elementos que la denuncia solicita revisar. El acta aparece fechada ocho días antes de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. La defensa sostiene que durante los primeros días de ese mes el cantante estaba en Cartagena, donde se encontraba con personas cercanas y atendía compromisos relacionados con su actividad musical.
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Otro aspecto señalado por la familia es que el documento de la sociedad fue inscrito ante la Cámara de Comercio el 28 de enero de 2026, es decir, después del fallecimiento del artista. Por eso, la Fiscalía deberá determinar las circunstancias en las que se elaboraron, firmaron y posteriormente registraron los documentos relacionados con los cambios empresariales.
La denuncia pide investigar ocho conductas que, según la familia, podrían estar relacionadas con estos hechos: falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa, tentativa de estafa y ocultamiento de documento privado. También se solicitó establecer si otras personas tuvieron participación. Estos delitos corresponden a señalamientos incluidos en la denuncia y no constituyen hechos comprobados judicialmente.
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