Un nuevo capítulo judicial sacude la carrera del reconocido cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, artísticamente conocido como Charlie Zaa. Este martes 29 de septiembre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá emitió una decisión de fondo que declara la extinción de dominio sobre seis bienes vinculados al intérprete, los cuales superan los 20.000 millones de pesos en avalúo comercial, según informó Blu Radio.
De acuerdo con la información expuesta por los organismos de control y las autoridades judiciales, estos activos habrían sido adquiridos utilizando recursos provenientes del desmovilizado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El expediente señala que el exjefe de dicha estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, presuntamente instrumentalizó a terceros y testaferros para canalizar flujos de dinero e inyectarlos en el sector inmobiliario con el propósito de enmascarar su origen ilegal y eludir el destino de los fondos hacia la indemnización de las víctimas del conflicto armado colombiano, de acuerdo con el citado portal.
Este fallo se anuda a las actuaciones adelantadas desde el pasado mes de julio, cuando la Fiscalía General de la Nación procedió a la ocupación material de varios bienes del artista bajo la misma línea investigativa. Con la reciente determinación del Tribunal Superior de Bogotá, la propiedad de los inmuebles pasa formalmente a manos del Estado colombiano, específicamente bajo la administración de las entidades encargadas de gestionar los recursos destinados a la reparación integral de las víctimas.
Frente a la determinación judicial, la defensa del artista, de 52 años y con una dilatada trayectoria en géneros románticos como la balada pop y la salsa, ha mantenido una postura categórica. Los abogados del cantante han argumentado sistemáticamente que su patrimonio e inmuebles se han originado de manera honesta y lícita, producto directo de las cuantiosas regalías y los ingresos generados por sus producciones discográficas, álbumes y conciertos realizados a lo largo de décadas de vida artística nacional e internacional.
No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la figura jurídica de la extinción de dominio recae exclusivamente sobre los bienes materiales y no constituye, por sí misma, una sentencia o condena de carácter penal contra el intérprete. La investigación penal orientada a esclarecer el grado de presunta participación o los nexos específicos del cantante con la estructura paramilitar continúa en curso, mientras los fiscales a cargo evalúan las pruebas documentales y los testimonios entregados por excombatientes que habrían mencionado al artista dentro del entramado financiero del Bloque Tolima. El proceso sigue abierto y bajo la lupa de los tribunales de justicia transicional en el país.
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